Crisis climática: ¿qué alternativas tenemos?

30 de septiembre de 2019

En el marco de la huelga internacional por el clima, realizada del 20 al 27 de septiembre de 2019, Fe y Alegría Ecuador, movimiento de educación popular integral y promoción social, se sumó a las protestas por el cuidado y protección del planeta e invitó a la sociedad civil a dialogar sobre las causas, consecuencias y soluciones a la actual emergencia climática. 

El día 26 de septiembre, tuvo lugar el conversatorio virtual: Crisis climática ¿qué alternativas tenemos? En este espacio, participaron como panelistas: Luis Tupac Yupanqui, responsable del proceso Interacción Escuela-Comunidad; Belén Cisneros, Coordinadora del movimiento de liderazgo juvenil CEFA en Pichincha y de la escuela móvil Cuéntamelo todo Quito (CTQ), ambos miembros de Fe y Alegría Ecuador; además se contó con la intervención de Irma Lucía Mariño, Coordinadora de la Red Panamazónica y de Educación Rural en Fe y Alegría Perú. 

El diálogo enfatizó problemas que alarman a la población mundial, como el reconocimiento de que los últimos cinco años han sido los más calientes de la historia, que los ecosistemas más biodiversos del mundo como la Amazonía están siendo destruidos, o que líderes ambientalistas están siendo asesinados por la causa que defienden. 

Se cuestionó también el actual modelo de desarrollo como causa de dichos fenómenos y, bajo este marco, a las personas y entidades que se están beneficiando en términos económicos de esta catástrofe. El conversatorio, sin embargo, tendió a centrarse en posibles soluciones que pueden contribuir a frenar la crisis climática; en este sentido se habló de la esfera educativa como un ámbito privilegiado para lograr cambios mediante la toma de conciencia y de la necesidad de desarrollar capacidades en la gente para incidir políticamente. 

Mira a continuación la grabación del diálogo:

Diálogo de saberes 2.0 con el tema: Crisis climática ¿qué alternativas tenemos?

[TRANSMISIÓN EN VIVO]Diálogo de saberes 2.0 con el tema: Crisis climática ¿qué alternativas tenemos?En #FeyAlegria, ponemos el corazón por el planeta, #NoAceptamosLoInaceptable, y cuidamos la #CasaComun #panamazonia, #FridayforFuture.

Posted by Fe y Alegría – Ecuador on Thursday, September 26, 2019


<span style=El tercer volumen de la publicación de la CLADE, “La incidencia política por el derecho humano a la educación: relatos y aprendizajes desde América Latina y el Caribe” presenta experiencias, aprendizajes y estrategias de redes y organizaciones de la sociedad civil latinoamericana y caribeña, en su lucha por la garantía del derecho a la educación y de otros derechos humanos. En este texto, nos enfocaremos en dos de las experiencias que se presentan en la publicación, las cuales desde la articulación entre diferentes temas, movimientos sociales y luchas, consistieron en acciones exitosas e inspiradoras de defensa del derecho a la educación. El primer caso es de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), que desde el vínculo entre la educación y la comunicación ha disputado narrativas y cuestionado el modelo de desarrollo capitalista en América Latina y el Caribe. La segunda experiencia es de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE), que viene actuando junto a otros movimientos y luchas sociales, como feministas, indígenas, de jóvenes y LGBTI, entre otros, para demandar la garantía de una educación reflexiva, inclusiva, para la libertad y la diversidad en Bolivia.  A continuación, lee más sobre cada uno de los casos. 

ALER: educación y comunicación para el buen vivir

[caption id="attachment_12258" align="alignright" width="300"] Foto: Aler[/caption] Cuestionar los modos de hacer educación y comunicación. Este fue el compromiso asumido por la ALER, red de educación y comunicación popular presente en 19 países de América Latina y el Caribe, cuando decidió impulsar un proceso de reflexión, auto-crítica y planificación estratégica de largo plazo ante al contexto de las crecientes amenazas para quienes ejercen la defensa del territorio, de los derechos humanos y de la naturaleza en la región. Para ello, ALER optó por promover narrativas y modelos alternativos al desarrollo capitalista, y por presentar la diversidad de otros mundos posibles desde el/los buen(os) vivir(es) y de la educación y la comunicación como proyectos políticos. La iniciativa propuso una ruptura con el discurso hegemónico que impone un crecimiento extractivista depredador de la naturaleza y el progreso lineal y consumista, atentando contra la continuidad de la vida en el planeta. Con la iniciativa, se actuó en 3 frentes:
  1. Técnica y tecnológica, cuestionando e investigando los programas de software y hardware que confirman el monopolio en la creación y difusión de contenidos, a través de plataformas virtuales, así como la privatización del conocimiento y la utilización de información privada, personal y colectiva, con fines no autorizados y mercantiles.
  2. Formación e investigación, con el lanzamiento de tres publicaciones sobre comunicación y educación para el buen vivir: “La palabra que camina: Comunicación popular para el vivir bien”; “Comunicar la Esperanza: Camino al buen (con)vivir” y “Siembras del buen vivir: Entre utopías y dilemas posibles”.
  3. Producción de contenidos para plantear una disputa de sentidos, así como promover agendas periodísticas alternativas para confrontar y evitar un monopolio de los medios sobre la opinión pública. En el caso de la educación, se promueven y difunden discursos a favor del financiamiento y fortalecimiento de la educación pública, entre otros. 
Dentro de su “Proyecto de Comunicación para el Buen Vivir”, ALER le ha dado seguimiento permanente a denuncias y casos de violación a los derechos humanos en distintos países, por ejemplo: acciones de criminalización contra estudiantes en Honduras; manifestaciones contra la reforma constitucional en Paraguay; conflictos por tierra y pacificación en Colombia; y persecución a movimientos sociales en Panamá, Honduras y El Salvador.  “En estos casos, el derecho a la comunicación popular fue sinónimo del derecho a la vida, pues la cobertura periodística contribuyó con la sensibilización y protección de varias personas en situación de vulnerabilidad, impulsando procesos de solidaridad internacional”, subraya María Cianci, coordinadora de Formación e Investigación de la Coordinación General de ALER.  ALER, asimismo, acompaña y convoca diferentes iniciativas de la sociedad civil en la lucha por la educación desde una perspectiva de derechos. “En alianza con la CLADE, hemos desarrollado campañas comunicativas, investigaciones y posicionamientos por el derecho a la educación, así como guías de producción periodística. Utilizamos el poder de la palabra para sumar esfuerzos y fomentar una visión más humanitaria sobre la educación”, cuenta Cianci. Como desafíos, el contexto regional apunta a retrocesos para los derechos y libertades humanas. Las y los periodistas, comunicadoras y comunicadores encuentran amenazas y obstáculos para realizar su labor con seguridad, autonomía y libertad en estos ambientes de restricción a los derechos y garantías individuales, así como de privatización y mercantilización de derechos.  “Consideramos que uno de los elementos importantes del desarrollo es mirar la educación y la comunicación como derecho, y desde la educación y comunicación como derecho compreender que son las ventanas, son las puertas que nos permiten también apropiarnos, defender otros derechos, derechos humanos y derechos de la naturaleza”, afirma Cianci. En el video abajo, la coordinadora de Formación e Investigación de ALER comparte su experiencia en promover narrativas y modelos alternativos, desde la educación y la comunicación como derechos y ventanas para el buen vivir: [advanced_iframe src="https://www.youtube.com/embed/RjpLkQFtuno" width="100%" height="600"]

Bolivia: movimientos de diferentes sectores se unen en la lucha por el derecho a la educación

[caption id="attachment_12264" align="alignright" width="300"] Foto: CBDE[/caption] En Bolivia, desde inicios del siglo XXI, feministas, jóvenes, pueblos indígenas y originarios, colectivos que luchan por el respeto a la diversidad sexual y de género, activistas del campo del arte y de la cultura comparten la misma lucha para defender el derecho humano a la educación, y han consolidado procesos de incidencia política para su reconocimiento y participación en las políticas educativas. Tras este contexto, la CBDE se ha articulado con distintos sectores y movimientos sociales para demandar la garantía de una educación reflexiva, inclusiva, para la libertad y la diversidad, descolonizadora y despatriarcalizadora en la agenda educativa nacional. Este objetivo se concretó, en parte, con la incorporación de estas pautas de la sociedad civil en la Ley Avelino Siñani - Elizardo Pérez, aprobada en el 2010. Luego de ese logro, le tocó a la sociedad civil organizarse para exigir el cumplimiento de los compromisos políticos y legislativos alcanzados. En ese sentido, a partir del 2009, fueron creadas plataformas como la CBDE, con miras a constituir un brazo técnico y reflexivo que pudiera trabajar por la realización de las propuestas y demandas sociales incluidas en la legislación nacional, a través del desarrollo de nuevas políticas hacia una educación liberadora y respetuosa de las diversidades. En esta trayectoria, la Campaña Boliviana ha trabajado en articulación con las diferentes agendas de la sociedad civil, planteando propuestas educativas en diálogo con distintos sectores, proyectos y programas que defienden una mirada integral e intersectorial de la realización de derechos. Ello se observa, por ejemplo, en la alianza de la CBDE con movimientos y organizaciones de mujeres y que defienden la equidad y no discriminación de género, para presionar por la implementación de la Agenda de Desarrollo 2030 en el país. En el video abajo, David Aruquipa, director ejecutivo de la CBDE, comparte la experiencia de la Campaña Boliviana en los procesos de incidencia política: [advanced_iframe src="https://www.youtube.com/embed/8ahJdHrkZ5U" width="100%" height="600"]

Sobre la Publicación

Resultado de un esfuerzo permanente de la CLADE en registrar y darle visibilidad al recorrido de sus miembros, la publicación presenta casos de incidencia, comunicación, investigación, articulación interinstitucional y movilización en 10 países de América Latina y el Caribe, así como 3 experiencias de ámbito regional, impulsadas por la CLADE y 2 redes regionales que son miembros de la Campaña: Espacio sin Fronteras y ALER. >> Para leer más sobre estas experiencias y otras iniciativas, descarga la publicación completa
“La CBDE nació como una coalición de la sociedad civil que dialoga y se articula con activistas de otros campos de los derechos humanos, como el movimiento de mujeres y las organizaciones que trabajan la cultura y la cuestión de género en la educación. En ese proceso, observamos que las relaciones con distintos sectores dan más fuerza al movimiento y fortalecen la incidencia. Es necesario identificar sectores sociales con los cuales se puede trabajar en conjunto y establecer alianzas, apoyando sus causas y también incentivándolos a asumir nuestras luchas”, cuenta David Aruquipa, director ejecutivo de la CBDE. Como aprendizaje de esta trayectoria, la CBDE señala la importancia de realizar un análisis exhaustivo de los contextos en que se trabaja, identificando los posibles interlocutores, instituciones, instancias, voceras/os, autoridades, sujetos, organizaciones y marcos políticos y legislativos que determinan la realización de la agenda educativa en cada coyuntura.  “Nuestra experiencia demuestra que, a cada tiempo, es necesario asumir de manera colectiva un eje de lucha prioritario, que genere impacto también sobre otros campos de la política educativa. En base a esta concepción, asumimos desde el 2015 como tema prioritario y transversal la lucha contra la discriminación y la violencia en la educación. Hemos definido desde el debate democrático con los miembros de la Campaña las emergencias, teniendo como norte la realización de los derechos humanos, y sin perder de vista que las demás temáticas deben seguirse empujando desde otros espacios y actividades específicas de cada miembro”, afirmó Aruquipa. Como principal desafío en su lucha actual, la CBDE destaca el contexto de polarización política y la afirmación de posturas intransigentes en el debate sobre las políticas públicas. Para enfrentar este reto, la CBDE seguirá reafirmando que el derecho a la educación debe ser priorizado como elemento clave para el desarrollo del país y la realización de todos los demás derechos humanos.    ">
Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación y Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular abordan diferentes temáticas y se articulan con diversos movimientos sociales, para promover y demandar la realización de los derechos humanos

Educación se fortalece con la unión entre distintas luchas y movimientos sociales

29 de agosto de 2019

El tercer volumen de la publicación de la CLADE, “La incidencia política por el derecho humano a la educación: relatos y aprendizajes desde América Latina y el Caribe” presenta experiencias, aprendizajes y estrategias de redes y organizaciones de la sociedad civil latinoamericana y caribeña, en su lucha por la garantía del derecho a la educación y de otros derechos humanos.
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<span style=El 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, una celebración anual que busca promover el papel de las y los jóvenes en los procesos de cambio, así como generar conciencia sobre los desafíos y contextos a los que las juventudes se enfrentan. Este año, la ONU celebra la fecha con énfasis en el tema “Transformando la Educación”. Se eligió este mote para “destacar los esfuerzos que se hacen en general por conseguir una educación más inclusiva y accesible para todos los jóvenes y, en particular, el empeño de los propios jóvenes”.  Datos divulgados por la ONU expresan que hoy existen en el mundo 1800 millones de personas con entre 10 y 24 años de edad. Más de la mitad de niños, niñas y adolescentes con entre 6 y 14 años no tienen acceso a una educación de calidad. 
Día Internacional de la Juventud y el ODS 4 Este año, el Día Internacional de la Juventud hace hincapié en el Objetivo de número 4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS 4), donde los Estados miembros de la ONU se comprometen a: “garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos”. Así se quiere estimular el análisis y el debate sobre cómo los gobiernos, la juventud y las organizaciones y colectivos de jóvenes, además de otras partes interesadas, están transformando la educación para que se convierta en un elemento clave para alcanzar el desarrollo sostenible.
La población joven con entre 18 y 24 años de edad en América Latina y el Caribe ya había ultrapasado la cifra de 108 millones en el 2015, y son muchos los desafíos para la garantía de sus derechos: educación, trabajo, violencia y pertinencia de la escuela ante las trayectorias de vida de las y los jóvenes, son algunos de los temas que se destacan en este debate. A su vez, la educación secundaria ha tenido un relieve particularmente importante en los últimos años. Muchos Estados de la región han consensuado que la garantía de una ciudadanía plena y participativa involucra la realización de una trayectoria educativa que concluya la educación secundaria, lo que los empujó a elaborar y aprobar marcos legales, reconociendo esta etapa educativa como obligatoria y gratuita. Sin embargo, según datos del Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL), en el 2013 el 21% de las y los jóvenes de entre 15 y 17 años estaba fuera de la escuela y solo el 63,4% de las y los jóvenes de entre 21 y 23 años se había graduado en el nivel medio. Frente a esta realidad, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) ha puesto en marcha un conjunto de iniciativas, incluyendo diálogos y encuentros virtuales y presenciales con integrantes del movimiento estudiantil y jóvenes de la región, para discutir retos y avances en la realización de su derecho a la educación. Estas acciones se impulsan con el objetivo de conocer y apoyar sus miradas, planteamientos y demandas para la mejora de los sistemas educativos, fortaleciendo a la vez su participación en espacios clave del debate y seguimiento de las políticas educativas en ámbito regional y nacional. >> Conoce aquí las acciones más recientes, realizadas a nivel regional A continuación, compartimos también algunas de las acciones que los foros nacionales miembros de la CLADE llevan a cabo actualmente, presionando por la garantía del derecho a la educación y participación de las juventudes en sus países.

Argentina

La Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) se dedica al monitoreo de acuerdos del Consejo Federal argentino que hacen referencia a los cambios en la secundaria, e incide por la garantía de una educación sexual integral y el enfrentamiento a la violencia escolar en esta etapa educativa. El mes pasado, la CADE también se ha manifestado contra el servicio voluntario de adolescentes y jóvenes, implementado por la Gendarmería Nacional del país.  >> Lee +: Argentina: Campaña rechaza servicio voluntario de adolescentes y jóvenes anunciado por la Ministra de Seguridad [caption id="attachment_10812" align="alignleft" width="300"] Foto: Campanha Nacional pelo Direito à Educação[/caption]

Brasil

La Campaña Nacional por el Derecho a la Educación (CNDE) fue una de las organizaciones que impulsó la promulgación del Plan Nacional de Educación (PNE) 2014-2024, una de las más importantes conquistas para la garantía del derecho a la educación en Brasil. El plan establece alrededor de 11 metas relacionadas a los derechos de adolescentes y jóvenes, como la que se propone universalizar la atención escolar para toda la población de 15 a 17 años y aumentar, hasta el 2024, el número de matrículas de la secundaria para el 85%. Pasados cinco años de la aprobación del PNE, la CNDE hace seguimiento y presión para que sus metas de cumplan. Así mismo, en junio de este año, la Campaña denunció ante la ONU el actual escenario regresivo para los derechos de niñas, niños y adolescentes en Brasil. 
> Lee +: Brasil: En mensaje a la ONU, Campaña Nacional expresa preocupación con los derechos de niñas, niños y adolescentes

Bolívia

El 15 de agosto se inauguró el Tercer Foro Nacional de Jóvenes Rurales y Urbanos de Bolivia. El evento, organizado por el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), se enfocó en el tema: “Construcción y concertación de agendas de la juventud para fortalecer la democracia en Bolivia”, y reunió a más de 300 jóvenes de nueve departamentos del país, que, a partir del encuentro, construyen agendas políticas en distintos ejes.  La Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) apoya en el eje sobre educación. [caption id="attachment_11792" align="alignleft" width="300"] Foto: UNED[/caption]

Costa Rica

Este més el Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica organizó la XII Edición del Seminario Internacional “Valores y Prácticas Democráticas para el Liderazgo Joven”.  El evento se enmarca en un programa dedicado a la investigación, docencia, extensión y capacitación enfocadas en las poblaciones jóvenes del país, y buscó reflexionar sobre cuestiones como la perspectiva de género y el reconocimiento de subjetividades negadas históricamente en la educación. Se discutió, así mismo, sobre la importancia de trascender hacia la economía social solidaria como alternativa para una mejor distribución de la riqueza, y la necesidad de reforzar la democracia para promover la inclusión y el desarrollo humano. Lee +: Costa Rica: Seminario discute valores y prácticas democráticas para el liderazgo joven [caption id="attachment_11467" align="alignleft" width="300"] Foto: Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile[/caption]

Chile

Organizaciones sociales y educativas reunidas en la Red Contra la Represión a Estudiantes, entre ellas el Foro por el Derecho a la Educación Pública, han denunciado prácticas punitivas, violencia político-institucional, criminalización y persecución a estudiantes y docentes movilizados/as por parte del Estado chileno, ante instancias internacionales de derechos humanos. En la revisión del ODS 4 en Naciones Unidas, el Foro también reforzó la necesidad de garantizar el derecho a la educación sexual integral para estudiantes y jóvenes, y mejorar las políticas para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA). Lee +: Sociedad civil de Chile denuncia ante organizaciones internacionales la militarización y la destrucción de la educación pública Chile y Guatemala fueron revisados respecto al cumplimiento del ODS 4 en la ONU

Colombia

[caption id="attachment_10690" align="alignleft" width="300"] Foto: Grupo Comunicarte[/caption] La Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE) viene participando en las movilizaciones convocadas por organizaciones estudiantiles y de docentes en el país, para exigir que el gobierno nacional cumpla sus acuerdos por el financiamiento adecuado y justo del derecho a la educación, garantizando presupuesto digno para las universidades y la EPJA. En este sentido, realizó el último mes de mayo un seminario para discutir el financiamiento educativo, el derecho a la educación en el nuevo plan nacional de desarrollo y la actual situación de docentes, estudiantes, jóvenes, personas adultas y comunidades indígenas.  Lee +: Realizan balance del Derecho Humano a la Educación en Colombia

Ecuador

El Contrato Social por la Educación (CSE) elaboró la publicación “Agenda Joven”, que presenta las expectativas de jóvenes y adolescentes de Colta, Chunchi, Guamote, Latacunga y Pujilí, respecto a su calidad de vida y el cumplimiento de una educación que les permita continuar sus procesos de formación y realizar sus proyectos de vida.  Lee +: Agenda Joven [caption id="attachment_11752" align="alignleft" width="300"] Foto: Katie Von/Franklin Reyes[/caption]

Guatemala

En el marco de la revisión del ODS 4 en Naciones Unidas, el Colectivo de Educación para Todas y Todos presentó algunos de los retos para la educación y alfabetización de personas jóvenes y adultas en ámbito nacional.  El Colectivo denunció la desatención del gobierno a la educación secundaria y demandó mayor inversión en la educación de personas jóvenes y adultas en el país. Actualmente, sólo 20 de cada 100 jóvenes que egresan de la escuela primaria asisten a la secundaria en Guatemala. Asimismo, más del 50% de estudiantes de los cursos nocturnos no terminan la secundaria. Lee +: Miembros de la CLADE presentan datos sobre la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en Brasil, Chile, El Salvador y Guatemala [caption id="attachment_11864" align="alignleft" width="300"] Foto: CLADE[/caption]

Honduras

El Foro Dakar Honduras ha presentado denuncias y realizado acciones de incidencia contra la criminalización y represión de estudiantes en el país. Así mismo, ha actuado para garantizar que las voces de las y los estudiantes y jóvenes se tomen en cuenta en los debates sobre las políticas educativas. Son ejemplos: la serie de reuniones y conversatorios que el Foro ha impulsado en articulación con comunidades educativas y estudiantiles para la implementación de la Agenda 2030 en el país, y el apoyo permanente a su lucha por el derecho a la educación y participación.  Lee +: En visita a Honduras con relatora de la ONU, instamos por la garantía del derecho a la educación y participación en el país Honduras: Manifestantes enfrentan represión y violencia en protestas contra la privatización de la salud y la educación [caption id="attachment_4538" align="alignleft" width="300"] Foto: Jorge Mejía Peralta[/caption]

Nicaragua

El Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua (FEDH-IPN) se ha articulado con estudiantes de distintas universidades del país, así como organizaciones y colectivos de jóvenes para elaborar el estudio “Participación Juvenil y Procesos de Transformación Social: Implicancia, Impacto, Retos y Compromisos”.  El estudio, aún en proceso de elaboración, busca sistematizar la participación de las juventudes organizadas frente a los contextos sociopolíticos de transformación social y en la construcción de nuevos paradigmas educativos. Así mismo, el Foro ha actuado para presentar las demandas y perspectivas de estudiantes y jóvenes del país, ante el proceso de Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU, al Estado de Nicaragua.  Lee +: Nicaragua: Foro realiza acciones de incidencia por la educación y la participación social en alianza con estudiantes y jóvenes

México

La Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM) tiene en su membresía colectivos estudiantiles de jóvenes a través de la Red Nacional de Bachilleratos Disruptivos y colectivos de jóvenes. Las acciones de la CADEM en alianza con la Red Nacional de Bachilleratos Disruptivos se centra en la defensa y el reconocimiento de la educación comunitaria e intercultural.">
Conoce algunas de las acciones que los foros nacionales miembros de la CLADE llevan a cabo actualmente, presionando por la garantía del derecho a la educación y participación de las juventudes en sus países.

Jóvenes de América Latina y el Caribe transformando la educación

12 de agosto de 2019

El 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, una celebración anual que busca promover el papel de las y los jóvenes en los procesos de cambio, así como generar conciencia sobre los desafíos y contextos a los que las juventudes se enfrentan. (más…)


La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanza la publicación <a href=“La incidencia política por el derecho humano a la educación: relatos y aprendizajes desde América Latina y el Caribe - Volumen 3”. En este tercer volumen, miembros de la CLADE y la coordinación ejecutiva de la Campaña cuentan sus experiencias en la lucha por el derecho humano a la educación: los desafíos, avances logrados y aprendizajes, las estrategias y recomendaciones que quedan para otros movimientos y organizaciones de la sociedad civil. Se presentan casos de incidencia, comunicación, investigación, articulación interinstitucional y movilización en 10 países de América Latina y el Caribe, así como 3 experiencias de ámbito regional, impulsadas por la CLADE y 2 redes regionales que son miembros de la Campaña: Espacio sin Fronteras y Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER). El documento resulta de un esfuerzo permanente de la CLADE, en registrar y darle visibilidad al recorrido de sus miembros. Además, es una oportunidad para reflexionar sobre los aciertos y equívocos en la lucha, promoviendo la autoevaluación y formación de la red.
“En este momento, de creciente debilidad democrática en América Latina y el Caribe, con leyes que dificultan el derecho a la protesta y a la participación social, persecuciones y criminalización de activistas, es oportuno darle visibilidad a la acción de la sociedad civil y a su positivo impacto en las políticas educativas”, afirma CLADE.
Lanzamiento
En el marco del Foro Político de Alto Nivel de la ONU, que tiene lugar del 9 al 18 de julio, con énfasis en revisar el estado de cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, referido a la educación, y para recordar la importancia de la participación de la sociedad civil en la realización del derecho a la educación, la CLADE lanzó la publicación en el evento paralelo “Derechos humanos en riesgo: reflejos para la educación en América Latina y el Caribe”. Lee a continuación un resumen de las actividades realizadas por la red CLADE, que se presentan en la publicación:
ALER
El caso de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER) muestra cómo la institución tuvo que innovar y repensarse, construyendo una planificación estratégica clara y de largo plazo, que le permitiera hacer frente al modelo hegemónico de desarrollo capitalista, explotador y excluyente, a través de la puesta en marcha de acciones de educomunicación e incidencia política por el buen vivir y la realización del derecho a la educación.
Espacio Sin Fronteras
La experiencia de la red se refiere a la iniciativa “Tiendas de Ciudadanía”, que buscó facilitar la integración de estudiantes migrantes en las escuelas de educación básica de São Paulo, Brasil, y sensibilizar estudiantes, docentes, autoridades y la población en general a favor de la educación inclusiva y contra la xenofobia.
CLADE
El caso regional de CLADE, a su vez, presenta la movilización “¡Financien lo Justo! Por una educación pública y gratuita para todas y todos” que, a partir del lanzamiento del “Sistema de Monitoreo del Financiamiento del DHE en AL&C” - el cual presenta datos sobre el financiamiento educativo público en 20 países de la región - creó estrategias de comunicación, movilización social e incidencia política para exigir la gratuidad educativa y un financiamiento justo y adecuado para la educación en los distintos países, así como el incremento progresivo del presupuesto educativo, a través de la adopción de mecanismos de justicia tributaria.
Argentina
La elaboración de un informe con datos fiables fue la apuesta de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) para hacer incidencia y contraponerse a las políticas de reducción de derechos y de recorte del financiamiento para la educación en su país. En alianza con la academia y los sindicatos docentes, la CADE elaboró el informe “El derecho a la educación en Argentina: ¿Hacia dónde van las políticas educativas actuales?”, que logró poner en la agenda pública un análisis crítico respecto a las políticas educativas, despertando el interés de la sociedad civil y entablando debates con las comunidades educativas, defensoras y defensores de derechos, medios de comunicación, autoridades políticas, parlamentarias y parlamentarios.
Bolivia
La participación en espacios de incidencia, tanto nacionales como internacionales, y la articulación con actores de la sociedad civil de otros campos, más allá del educativo, fueron estrategias adoptadas por la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) para defender una educación sin discriminaciones y a lo largo de toda la vida. Su experiencia muestra que la articulación a nivel internacional, así como la producción de investigaciones y documentos con propuestas fuertes y factibles, puede llevar al reconocimiento de la coalición como representante legítima de la sociedad civil, abriendo caminos para el diálogo con el gobierno de Bolivia.
Brasil
En un contexto de inestabilidad democrática y de congelamiento de la inversión de recursos públicos en áreas como salud y educación, la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación, que ya venía incidiendo por la garantía del derecho humano a la educación en el ámbito internacional, comienza a actuar con más fuerza en el exterior, como una forma de fortalecer el debate y presionar al gobierno de Brasil para que cumpla sus responsabilidades con la educación pública.
Ecuador
El Contrato Social por la Educación (CSE) se articuló a otras 16 organizaciones de sociedad civil para elaborar la “Agenda Ciudadana por la Educación”, la cual expresa un conjunto de propuestas para la implementación de una educación de calidad. En el marco de las elecciones del 2017, candidatos a la presidencia y a la Asamblea Nacional de Ecuador firmaron públicamente la Agenda, que ahora queda como un compromiso de gobierno, al cual el CSE da seguimiento.
El Salvador
La Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) elaboró una investigación con datos fiables para justificar la necesidad de aumentar las inversiones públicas en educación en el país, acercándose a diputadas y diputados, y a la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa Nacional, para elaborar y proponer, en alianza con la sociedad civil, un Anteproyecto de Ley Especial para el Financiamiento de la Educación.
Haití
La articulación con el Parlamento y la incidencia en la opinión pública fueron estrategias adoptadas por la Reagrupación Educación para Todos y Todas (REPT) de Haití, para hacer frente al cobro indiscriminado de cuotas escolares por parte del sector privado en el país, donde más del 80% de las escuelas son privadas. La presión en contra de la regulación de estas tasas era tan fuerte que, aunque en el 2009 se haya aprobado una ley para regular las cuotas escolares, la norma solo fue publicada ocho años después. Mantener viva en la agenda pública, la importancia de la ley durante todo este período y demandar desde las bases su publicación fueron dos de los aprendizajes que se recogieron de esta persistente acción de incidencia.
Honduras
El caso del Foro Dakar Honduras presenta la participación de la coalición en el Grupo Local de Educación para incidir en el Plan Estratégico del Sector Educación 2017-2030, integrando a este documento los compromisos asumidos por el Estado Hondureño al firmar la Agenda de Educación 2030.
Nicaragua
El Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua (FEDH-IPN), desde el 2010, tiene dificultades para dialogar con el gobierno. En este contexto, decidió elaborar la “Agenda para Transformar la Educación del País”, a partir de consultas a las comunidades educativas en distintas partes de Nicaragua, que movilizaron a docentes, madres y padres y estudiantes para discutir y analizar la situación de la educación en el país.
Perú
La Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) viene apoyando y acompañando el desarrollo de estudios y análisis sobre el estado del derecho humano a la educación a nivel nacional, y en base a sus hallazgos, en el 2017, decidió diseñar y elaborar, en articulación con otras redes y organizaciones de la sociedad civil, un informe-luz, como aporte a la evaluación del Estado peruano ante el Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU.
República Dominicana
El caso del Foro Socioeducativo (FSE) de República Dominicana explica cómo la coalición logró incorporarse de manera orgánica al proceso de revisión del Anteproyecto de Ley de Ordenamiento y Coordinación Intersectorial para la Atención y el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, desde su articulación con otras organizaciones de sociedad civil.">
El documento reúne a 13 experiencias de incidencia, comunicación, investigación, articulación interinstitucional y movilización de miembros de la CLADE en diferentes países, así como relatos de iniciativas que se impulsaron a nivel regional, para defender la educación como un derecho humano

En nueva publicación, CLADE comparte experiencias, estrategias y aprendizajes de lucha por el derecho a la educación

10 de julio de 2019

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanza la publicación “La incidencia política por el derecho humano a la educación: relatos y aprendizajes desde América Latina y el Caribe – Volumen 3”.

En este tercer volumen, miembros de la CLADE y la coordinación ejecutiva de la Campaña cuentan sus experiencias en la lucha por el derecho humano a la educación: los desafíos, avances logrados y aprendizajes, las estrategias y recomendaciones que quedan para otros movimientos y organizaciones de la sociedad civil. Se presentan casos de incidencia, comunicación, investigación, articulación interinstitucional y movilización en 10 países de América Latina y el Caribe, así como 3 experiencias de ámbito regional, impulsadas por la CLADE y 2 redes regionales que son miembros de la Campaña: Espacio sin Fronteras y Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER).

El documento resulta de un esfuerzo permanente de la CLADE, en registrar y darle visibilidad al recorrido de sus miembros. Además, es una oportunidad para reflexionar sobre los aciertos y equívocos en la lucha, promoviendo la autoevaluación y formación de la red.

“En este momento, de creciente debilidad democrática en América Latina y el Caribe, con leyes que dificultan el derecho a la protesta y a la participación social, persecuciones y criminalización de activistas, es oportuno darle visibilidad a la acción de la sociedad civil y a su positivo impacto en las políticas educativas”, afirma CLADE.

Lanzamiento

En el marco del Foro Político de Alto Nivel de la ONU, que tiene lugar del 9 al 18 de julio, con énfasis en revisar el estado de cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, referido a la educación, y para recordar la importancia de la participación de la sociedad civil en la realización del derecho a la educación, la CLADE lanzó la publicación en el evento paralelo “Derechos humanos en riesgo: reflejos para la educación en América Latina y el Caribe”.

Lee a continuación un resumen de las actividades realizadas por la red CLADE, que se presentan en la publicación: (más…)


Diálogo virtual analiza políticas educativas, el avance de grupos conservadores y la falta de presupuesto educativo en la región

21 de mayo de 2019

Argentina, Bolivia, Ecuador y México fueron los países analizados en este tercer encuentro virtual organizado por la CLADE (más…)


<em>CLADE participa del evento, que discute la relación entre las evaluaciones estandarizadas y la privatización educativa, así como alternativas a este modelo</em><!--more-->

Se inició ayer (10/5) y sigue hasta el 12 de mayo, en la Universidad Central del <a href=Ecuador, en Quito, el Seminario Internacional “Tendencias actuales de la evaluación estandarizada en educación: Resistencias y Alternativas”. El evento, organizado por la Red Social para la Educación Pública en las Américas (Red SEPA), busca avanzar en la revisión del estado actual del uso de la “evaluación” como elemento de dominio del gran capital financiero internacional sobre los procesos educativos y la profesión docente. Asimismo, el evento busca promover una reflexión crítica sobre los procesos de estandarización de la educación en el contexto del neoliberalismo globalizado, y la situación específica de cada país, así como el impacto en la exclusión de niñas, niños y jóvenes. Camilla Croso, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), participó en el evento, integrando  una mesa de diálogos con el tema “Estado de las evaluaciones estandarizadas en el marco continental”. Además, el seminario se enfoca en los procesos de resistencia y construcción de alternativas a las pruebas estandarizadas. Docentes, investigadoras e investigadores de la educación intercambian puntos de vista en la perspectiva de desarrollar una agenda de investigación que permita avanzar en la conformación de una instancia de trabajo internacional sobre el tema. "Fueron muy buenas las discusiones.  Quedamos de charlar sobre cómo la CLADE podrá colaborar con esa red de investigación sobre evaluación educativa. ¡Me alegra mucho saber que ya están articulados desde allí!", añade Croso. Lee más sobre el seminario y conoce la agenda completa

¿Cuál es el problema con las evaluaciones estandarizadas?

Según la Red SEPA, las evaluaciones educativas estandarizadas y aplicadas en gran escala se han convertido en un lucrativo mercado en las últimas décadas, tanto para las corporaciones que desarrollan las pruebas, como para aquellas que diseñan textos y formación profesional. Este negocio desvía cantidades enormes de recursos públicos en manos de empresas privadas, siendo una forma de privatización de la educación. “Cuando decimos privatización de la educación pública es realmente cuando empiezan a entrar en la educación pública paquetes privados: la venta de currículos, la venta de libros, la venta de evaluaciones estandarizadas, la venta de informes. O sea, las escuelas públicas, aunque sean públicas y gratuitas, cargan en sí un gran proceso de privatización con estas ventas y lucros que tienen lugar. La educación pública pasa a ser un mercado en sí mismo profundamente lucrativo”, afirmó Camilla Croso en una entrevista al programa radial Pressenza En la Oreja. Así, las evaluaciones como mecanismo de control y herramienta para la privatización han jugado un papel central en la definición de las políticas públicas. “Actualmente, son uno de los componentes fundamentales de las reformas educativas de los últimos años, que lejos de mejorar las condiciones escolares, han deteriorado el sentido de la educación pública y la profesión docente”, afirma la organización del seminario.">
CLADE participa del evento, que discute la relación entre las evaluaciones estandarizadas y la privatización, así como alternativas a este modelo

Seminario internacional aborda alternativas a las evaluaciones estandarizadas

10 de mayo de 2019

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<em>ALER y Pressenza recuerdan el Día Mundial de la Radio, resaltando que este medio juega un rol fundamental para la construcción del diálogo, la pluralidad de voces y la transformación social hacia la paz</em><!--more-->

En el marco del Día Mundial de la Radio [13 de febrero], que este año se celebra con el tema “Tolerancia, Diálogo y Paz”, la <a href=Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER) publicó un comunicado, en el cual señala la necesidad de crear marcos jurídicos para democratizar el espectro radioeléctrico, y establecer modelos de medios de comunicación que garanticen la diversidad y la pluralidad de voces. “No es posible promover la ‘tolerancia, el diálogo y la paz’ manteniendo modelos mediáticos concentrados que, muchas veces, promueven antivalores, fomentan el irrespeto a la diversidad y hacen apología de la violencia”, afirmó en la nota pública. En la misma fecha, ALER difundió también una carta abierta a la Asamblea Nacional y al gobierno de Ecuador, en la cual demanda acciones afirmativas para los medios comunitarios del país. En la carta, la Asociación expresa preocupación respecto a las reformas de la Ley Orgánica de Comunicación ecuatoriana que se discuten actualmente en el parlamento nacional, especialmente en lo que toca a la amenaza de veto al artículo 86 de dicha ley. Este artículo determina que “el Estado implementará las políticas públicas que sean necesarias para la creación y el fortalecimiento de los medios de comunicación comunitarios como un mecanismo para promover la pluralidad”. ALER apuntó que eliminarlo de la ley representaría un resquebrajamiento de la democracia, que se sustenta en la garantía de los derechos a la libertad de expresión y a la comunicación. A su vez, la Agencia Pressenza destacó en una publicación en las redes sociales el potencial que tiene la radio para la unión, el diálogo y la promoción de cambios. “La radio nos informa, transforma y une. Reúne a comunidades de todas las profesiones y condiciones sociales para promover un diálogo constructivo para el desarrollo. Más concretamente, la radio es el medio ideal para pedir que se apacigüen y contrarresten la violencia y los conflictos, en particular en zonas remotas, que están potencialmente más expuestas a esas realidades”, subrayó.">
ALER y Pressenza recuerdan el Día Mundial de la Radio, resaltando que este medio juega un rol fundamental para la construcción del diálogo, la pluralidad de voces y la transformación social hacia la paz

Día Mundial de la Radio: Redes regionales subrayan la importancia de este medio para la tolerancia, el diálogo y la paz

14 de febrero de 2019

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6 adolescentes, 3 niños y 3 niñas, celebrando
Miantos

Ecuador: Corte reconoce derechos sexuales y reproductivos de jóvenes

20 de agosto de 2018

La Corte afirma que “dada la trascendencia de estos derechos, se debe poner especial énfasis en dotar a los y las adolescentes, como sujetos especiales de protección, de instrumentos normativos, científicos, educativos, de salud, informativos, que tengan por objeto la construcción de un criterio libre y responsable sobre cómo ejercer su sexualidad y controlar su capacidad reproductiva. Permitiéndoles vivir una adolescencia plena y feliz y garantizando su salud sexual y reproductiva”. (más…)


<em>La Corte afirma que “dada la trascendencia de estos derechos, se debe poner especial énfasis en dotar a los y las adolescentes, como sujetos especiales de protección, de instrumentos normativos, científicos, educativos, de salud, informativos, que tengan por objeto la construcción de un criterio libre y responsable sobre cómo ejercer su sexualidad y controlar su capacidad reproductiva. Permitiéndoles vivir una adolescencia plena y feliz y garantizando su salud sexual y reproductiva”.</em>

<hr id= Con informaciones del Portal de la Corte Constitucional de Ecuador La Sentencia de 27 de junio de 2018, que avala la intervención estatal en la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes, tiene como antecedente una acción presentada por un representante de la Fundación Ciudadana “Papá por Siempre” en el año 2011, contra una campaña para prevenir el embarazo adolescente llevada adelante por el Ministerio de Salud Pública, que incluía la entrega de preservativos a las y los adolescentes. La Fundación argumentaba que el Ministerio había omitido considerar el punto de vista de los padres antes de iniciar tal campaña, y que con ello se habría menoscabado su deber constitucional de educar a sus hijos e hijas. En el análisis jurídico del caso, la Corte se centró en determinar cuáles son los alcances y límites de la posibilidad de intervención de los padres, madres o la persona a cuyo cuidado se encuentran los y las adolescentes, en relación a sus derechos sexuales y reproductivos; y en determinar en qué momento cesa la autoridad tuitiva de los padres y las madres, y puede intervenir el Estado. En relación al primer punto, la sentencia luego de un extenso análisis refiere a aquellas situaciones en las que las decisiones de las personas adultas dejan “de tener sentido para proteger el interés superior del adolescente y se convierte en una imposición coactiva al individuo que vulnera sus derechos constitucionales y su calidad de sujeto de derechos, lo cual contradice el principio de autonomía y afecta gravemente su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad entendida como la potestad de la persona de autodeterminarse, autoposeerse y autogobernarse, es decir, sentirse como dueña de sí misma, de sus actos y de su entorno, derechos esenciales de nuestro ordenamiento jurídico”. El fallo también afirma que no es aceptable cualquier intervención en los derechos de las y los adolescentes por parte de sus padres, madres o las personas a cuyo cuidado se encuentran. En cuanto al alcance de los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes, la Corte señala que: “El contenido de los derechos sexuales y reproductivos tiene relación directa con aspectos esenciales de los seres humanos: sus libertades, sus formas de comunicación y afectos. Así, el efectivo goce de estos derechos implica el ejercicio del principio de autonomía del cuerpo, es decir de la potestad de las personas de sentar sus propias normas sobre su cuerpo, de ejercer una completa soberanía sobre el mismo, libre de principios normalizadores fundamentados en meras consideraciones médicas, histórico-políticas, legales o de otra índole distinta de la autonomía de la persona”. La sentencia también hace referencia a que el tema de la sexualidad en la adolescencia y los derechos que se derivan de su ejercicio (derechos sexuales y reproductivos) ha sido abordado en diversos instrumentos internacionales y se remite a los mismos. En igual sentido, refiere a las normas constitucionales existentes en la materia. Sostiene que la intervención estatal no puede de ninguna manera entenderse como una injerencia indebida dado que: “El ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos exige la adopción de medidas no únicamente desde el seno familiar, sino también desde la perspectiva social y estatal, pues la salud sexual y reproductiva es una cuestión de salud pública y educación, confiada no sólo a la familia, sino impuesta al Estado como garante del derecho a la salud (art. 32C.R.), a la educación (art. 26 C.R.) y corresponsable del ejercicio pleno de los derechos de las y los adolescentes”. Finalmente, esta sentencia emite las siguientes reglas jurisprudenciales: La primera regla refiere a cuáles son los alcances y límites de la posibilidad de intervención de los padres, madres o las personas a cuyo cuidado se encuentran los y las adolescentes, en relación a sus derechos sexuales y reproductivos:

“122. La intervención de los padres, madres o la persona a cuyo cuidado se encuentran, sobre los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes, debe encaminarse a dotarles de la guía y las herramientas necesarias y suficientes que les permitan adoptar decisiones libres, informadas y responsables. Por lo tanto, corresponde únicamente a la o el adolescente decidir sobre su vida y salud sexual y reproductiva, fundamentando sus decisiones en las herramientas otorgadas por la familia y el Estado, para la adopción de decisiones libres, informadas y responsables”

La segunda regla refiere a en qué momento cesa la autoridad tuitiva de las personas responsables y puede intervenir el Estado:

“123. La autoridad tuitiva de los padres, madres o de cualquier persona encargada del cuidado de niñas, niños y adolescentes, cesa el momento en el que el ejercicio de la obligación de cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, vulnera su derecho a la información, a la educación y a la salud sexual y reproductiva, transgrediendo los principios constitucionales de su interés superior, su derecho a ser consultados en los asuntos que les afecten, y su calidad de sujetos de derechos, activando la intervención del Estado como un “salvador externo” que imponga medidas que operen a favor del efectivo ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes”

En respuesta a las diversas críticas e interpretaciones que se suscitaron con motivo de esta sentencia, la Corte Constitucional emitió un comunicado, haciendo una serie de precisiones. En tal sentido, señaló que en ningún momento se pronunció sobre las relaciones sexuales de las y los adolescentes, sino que “el contenido de la sentencia está relacionado a la educación en torno a los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, en tanto sujetos de derecho, esto en los términos previstos en la Constitución, Instrumentos Internacionales y normativa infraconstitucional pertinente”. Precisó que la sentencia hace referencia al marco de la obligación de los Estados de adoptar medidas normativas, informativas, de salud, educación, entre otras, que permitan a las y los adolescentes adoptar decisiones responsables, de manera que puedan asumir los impactos positivos o negativos de sus conductas y determinaciones. Añadió que la decisión se fundamenta en el principio constitucional del interés superior de las y los adolescentes, y en las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales de derechos humanos relacionados, tales como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995, entre otros. Finalmente, expresó que no se ha desconocido el rol fundamental que desempeña la familia en torno a los derechos sexuales y reproductivos de las/os adolescentes y a su educación, sino que se ha ratificado la obligación de protección del adolescente, en tanto sujeto de derechos. Acceda aquí al texto completo de la Sentencia No. 003-18-PJO-CC">

Ecuador: Corte reconoce derechos sexuales y reproductivos de jóvenes

La Corte afirma que “dada la trascendencia de estos derechos, se debe poner especial énfasis en dotar a los y las adolescentes, como sujetos especiales de protección, de instrumentos normativos, científicos, educativos, de salud, informativos, que tengan por objeto la construcción de un criterio libre y responsable sobre cómo ejercer su sexualidad y controlar su capacidad reproductiva. Permitiéndoles vivir una adolescencia plena y feliz y garantizando su salud sexual y reproductiva”.


Con informaciones del Portal de la Corte Constitucional de Ecuador

La Sentencia de 27 de junio de 2018, que avala la intervención estatal en la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes, tiene como antecedente una acción presentada por un representante de la Fundación Ciudadana “Papá por Siempre” en el año 2011, contra una campaña para prevenir el embarazo adolescente llevada adelante por el Ministerio de Salud Pública, que incluía la entrega de preservativos a las y los adolescentes. La Fundación argumentaba que el Ministerio había omitido considerar el punto de vista de los padres antes de iniciar tal campaña, y que con ello se habría menoscabado su deber constitucional de educar a sus hijos e hijas.

En el análisis jurídico del caso, la Corte se centró en determinar cuáles son los alcances y límites de la posibilidad de intervención de los padres, madres o la persona a cuyo cuidado se encuentran los y las adolescentes, en relación a sus derechos sexuales y reproductivos; y en determinar en qué momento cesa la autoridad tuitiva de los padres y las madres, y puede intervenir el Estado.

En relación al primer punto, la sentencia luego de un extenso análisis refiere a aquellas situaciones en las que las decisiones de las personas adultas dejan “de tener sentido para proteger el interés superior del adolescente y se convierte en una imposición coactiva al individuo que vulnera sus derechos constitucionales y su calidad de sujeto de derechos, lo cual contradice el principio de autonomía y afecta gravemente su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad entendida como la potestad de la persona de autodeterminarse, autoposeerse y autogobernarse, es decir, sentirse como dueña de sí misma, de sus actos y de su entorno, derechos esenciales de nuestro ordenamiento jurídico”. El fallo también afirma que no es aceptable cualquier intervención en los derechos de las y los adolescentes por parte de sus padres, madres o las personas a cuyo cuidado se encuentran.

En cuanto al alcance de los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes, la Corte señala que: “El contenido de los derechos sexuales y reproductivos tiene relación directa con aspectos esenciales de los seres humanos: sus libertades, sus formas de comunicación y afectos. Así, el efectivo goce de estos derechos implica el ejercicio del principio de autonomía del cuerpo, es decir de la potestad de las personas de sentar sus propias normas sobre su cuerpo, de ejercer una completa soberanía sobre el mismo, libre de principios normalizadores fundamentados en meras consideraciones médicas, histórico-políticas, legales o de otra índole distinta de la autonomía de la persona”.

La sentencia también hace referencia a que el tema de la sexualidad en la adolescencia y los derechos que se derivan de su ejercicio (derechos sexuales y reproductivos) ha sido abordado en diversos instrumentos internacionales y se remite a los mismos. En igual sentido, refiere a las normas constitucionales existentes en la materia.

Sostiene que la intervención estatal no puede de ninguna manera entenderse como una injerencia indebida dado que: “El ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos exige la adopción de medidas no únicamente desde el seno familiar, sino también desde la perspectiva social y estatal, pues la salud sexual y reproductiva es una cuestión de salud pública y educación, confiada no sólo a la familia, sino impuesta al Estado como garante del derecho a la salud (art. 32C.R.), a la educación (art. 26 C.R.) y corresponsable del ejercicio pleno de los derechos de las y los adolescentes”.

Finalmente, esta sentencia emite las siguientes reglas jurisprudenciales:

La primera regla refiere a cuáles son los alcances y límites de la posibilidad de intervención de los padres, madres o las personas a cuyo cuidado se encuentran los y las adolescentes, en relación a sus derechos sexuales y reproductivos:

“122. La intervención de los padres, madres o la persona a cuyo cuidado se encuentran, sobre los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes, debe encaminarse a dotarles de la guía y las herramientas necesarias y suficientes que les permitan adoptar decisiones libres, informadas y responsables. Por lo tanto, corresponde únicamente a la o el adolescente decidir sobre su vida y salud sexual y reproductiva, fundamentando sus decisiones en las herramientas otorgadas por la familia y el Estado, para la adopción de decisiones libres, informadas y responsables”

La segunda regla refiere a en qué momento cesa la autoridad tuitiva de las personas responsables y puede intervenir el Estado:

“123. La autoridad tuitiva de los padres, madres o de cualquier persona encargada del cuidado de niñas, niños y adolescentes, cesa el momento en el que el ejercicio de la obligación de cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, vulnera su derecho a la información, a la educación y a la salud sexual y reproductiva, transgrediendo los principios constitucionales de su interés superior, su derecho a ser consultados en los asuntos que les afecten, y su calidad de sujetos de derechos, activando la intervención del Estado como un “salvador externo” que imponga medidas que operen a favor del efectivo ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes”

En respuesta a las diversas críticas e interpretaciones que se suscitaron con motivo de esta sentencia, la Corte Constitucional emitió un comunicado, haciendo una serie de precisiones. En tal sentido, señaló que en ningún momento se pronunció sobre las relaciones sexuales de las y los adolescentes, sino que “el contenido de la sentencia está relacionado a la educación en torno a los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, en tanto sujetos de derecho, esto en los términos previstos en la Constitución, Instrumentos Internacionales y normativa infraconstitucional pertinente”.

Precisó que la sentencia hace referencia al marco de la obligación de los Estados de adoptar medidas normativas, informativas, de salud, educación, entre otras, que permitan a las y los adolescentes adoptar decisiones responsables, de manera que puedan asumir los impactos positivos o negativos de sus conductas y determinaciones. Añadió que la decisión se fundamenta en el principio constitucional del interés superior de las y los adolescentes, y en las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales de derechos humanos relacionados, tales como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995, entre otros.

Finalmente, expresó que no se ha desconocido el rol fundamental que desempeña la familia en torno a los derechos sexuales y reproductivos de las/os adolescentes y a su educación, sino que se ha ratificado la obligación de protección del adolescente, en tanto sujeto de derechos.

Acceda aquí al texto completo de la Sentencia No. 003-18-PJO-CC


Santiago Bolaños - Pressenza Ecuador

Lanzamiento de la campaña “MICROagresiones- MACROimpactos”

17 de marzo de 2017

La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, abrió sus puertas para el lanzamiento de la campaña “Transforma la norma: Microagresiones- Macroimpactos”, impulsada por Nicole Tejada y Andrea Ortiz, ambas estudiantes de la Facultad de Comunicación Organizacional, de la Universidad San Francisco de Quito y por La Comunidad para el Desarrollo Humano, organización humanista que trabaja impulsando Consejos Permanentes por la Noviolencia Activa en diversas instituciones educativas de Quito. (más…)