Episodio 9: Educación pública ante la privatización en el Podcast Educación ¿qué onda?
28 de julio de 2023La educación pública enfrenta continuas amenazas de privatización de las empresas que promueven iniciativas sobre la tecnología, la formación docente, la infraestructura educativa, entre otras, por ello la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) comparte el noveno episodio de su podcast educación ¿qué onda? con este tema central.
En la sección Notas en la Pizarra participan Andressa Pellanda y Daniel Cara de la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación con valoraciones desde el Foro Político de Alto Nivel y Tamara Montalvo del equipo regional de la CLADE expresa algunas de las recomendaciones de la sociedad civil sobre justicia fiscal presentadas en la Cumbre Ministerial para la región de América Latina y el Caribe hacia una tributación global incluyente, sostenible y equitativa.
Ecos y Voces, la sección de opinión cuenta con Erika Moreira Martins, investigadora en política educativa en entrevista a CLADE señala algunos mecanismos que naturalizan la privatización y mercantilización de la educación.
Oscar Jara Holliday, sociólogo, educador popular y expresidente de CEAAL junto a Raimunda Olivera Silva (Mundinha) del equipo de coordinación de CEAAL y de la Escuela de Formación (ENFOC – CONTAG) nos hacen llegar la alegría del aniversario 40 de CEAAL junto al compromiso por fortalecer la educación popular en todos los espacios de formación en la sección Tejido en Red.
Con locución de Nelsy Lizarazo, coordinadora de CLADE y Salvador De Leon integrante del Grupo de Trabajo de Juventudes por la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE).
Escucha el episodio completo:
Notas en la Pizarra: Foro Político de Alto Nivel y Cumbre Ministerial por la Tributación
El Foro Político de Alto Nivel tuvo como título y tema central Acelerar la recuperación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la plena implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en todos los niveles, es convocado anualmente por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) y tuvo lugar en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos entre el 10 y el 19 de julio de 2023. Andressa Pellanda y Daniel Cara de la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación participaron de este Foro y nos comparten su preocupación por la convergencia tecnológica y la educación en esta agenda multilateral.
Tamara Montalvo del equipo regional de la CLADE afirma la importancia de visibilizar las demandas por una justicia fiscal como camino para la justicia social, como parte de las recomendaciones de la sociedad civil presentadas en la Cumbre Ministerial para la región de América Latina y el Caribe hacia una tributación global incluyente, sostenible y equitativa, y que se realizó entre el 27 y el 28 de julio en Cartagena de Indias, Colombia.
Ecos y Voces: privatización y mercantilización de la educación
Erika Moreira Martins, doctora en educación con énfasis en ciencias sociales e investigadora en política educativa en la Universidad de Lisboa, ha realizado el seguimiento a procesos de privatización, compartiendo algunas de sus reflexiones en espacios de la CLADE, entre ellos el Banco Mundial. Lineamientos para educación y Proyectos financiados en América Latina y el Caribe.
La investigadora comparte la preocupación sobre el hecho que la mayoría de las políticas de educación se centran en la reducción de la desigualdad y la pobreza, potenciar la productividad y la innovación, y en reforzar la integración económica; sin embargo esta mirada refleja en menor o mayor medida la influencia neoliberal y en consecuencia determina las decisiones que favorecen la privatización en la agenda educativa.
Tejido en Red: Educación Popular vigente con el aniversario 40 de CEAAL
El Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) integra CLADE en su calidad de membresía regional y participa de la Plataforma regional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) así como en otras agendas compartidas.
A propósito de su aniversario número 40, CEAAL mantiene viva la base inspiradora de Paulo Freire como camino para profundizar la democracia desde la educación popular. Declaraciones de Oscar Jara Holliday, sociólogo, educador popular y expresidente de CEAAL junto a Raimunda Olivera Silva (Mundinha) del equipo de coordinación de CEAAL y de la Escuela de Formación (ENFOC – CONTAG).
Al cierre del Podcast: Educación ¿qué onda? les invitamos a visitar el informe regional sobre Financiamiento del Derecho Humano a la Educación en América Latina y Caribe, que muestra los resultados de la actualización del Sistema de Monitoreo del Financiamiento del Derecho Humano a la Educación. Este informe muestra indicadores en tres dimensiones de análisis: esfuerzo financiero público; disponibilidad de recursos por persona en edad escolar; y equidad en el acceso escolar.
Lee más:
Especial:Junio por la educación y el cuidado en la primera infancia.
Podcast: Educación ¿qué onda?, episodio 1 Género y Educación
Episodio 2 Juventudes en Podcast Educación ¿Qué onda?
Episodio 3 en Podcast Educación ¿qué onda? Retrospectiva de CLADE 2022
Episodio 5: Educación no sexista en Podcast Educación ¿qué onda?
Episodio 6: Educación Inclusiva en el podcast Educación ¿Qué onda?
Episodio 7: Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) en el podcast Educación ¿Qué onda?
Episodio 8: Primera Infancia en el podcast Educación ¿Qué onda?
Créditos:
Producción: María Cianci Bastidas
Entrevistas: María Cianci Bastidas, Thais Iervolino y Carolina Osorio.
Locución: Nelsy Lizarazo, coordinadora de CLADE y Salvador De Leon integrante del Grupo de Trabajo de Juventudes por la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE).
Canción: AnónimA Arte y Comunicación
Apoyo musical: Pregón de pieza comunicativa (mensajería instantánea) del Movimiento por la Unidad Docente (MUD). Chile.
Ilustración: Renata Dorea
Producción General: Nelsy Lizarazo, Thais Iervolino, Carolina Osorio y María Cianci Bastidas
José Marcelino, Brasil: 4 mantras y 6 desafíos para la decolonización del financiamiento educativo
13 de julio de 2023El profesor e investigador de la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Universidad de São Paulo, José Marcelino de Rezende Pinto comparte sus reflexiones producto del seguimiento que ha desarrollado a la composición del financiamiento educativo, las implicaciones que considera convergen en su gestión.
Las narrativas sobre los recursos destinados a educación se basan en frases e ideas preconcebidas que se repiten una y otra vez en diversos espacios en los cuales se conforma la opinión pública, desde los medios de comunicación hasta las conversaciones cotidianas de la población en la calle o en el autobús.
Por eso el investigador considera importante deconstruir los mitos que se instalan en la opinión generalizada y con perspectiva crítica desmontar lo que él denomina “mantras” que se imponen como verdades absolutas, señala que “hay una lógica que se repite todos los días en los editoriales de los periódicos en las páginas de los organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y que es este mantra de los colonizadores” refiriéndose a nuevas o viejas ideas que sustentan la neocolonización.
Además para José Marcelino se hace necesario puntualizar algunos desafíos sobre el financiamiento de la educación en América Latina y el Caribe, esto con la intención de garantizar una escuela de calidad. Se sintetizan 4 mantras y 6 desafíos claves para la decolonización del financiamiento educativo.
Mantra 1: No se necesitan más recursos para educación, porque no se trata de falta de dinero.
Una enseñanza de calidad tiene un costo significativo y representa un esfuerzo presupuestario de parte del Estado. Los países ricos no renuncian a gastar cerca del 6% de sus gigantescos Productos Internos Brutos (PIBs) en educación, pero lo sugieren como recomendaciones para los países con menor renta básica, señala el investigador. Por consiguiente, se sobreentiende que de una educación barata se deriva una enseñanza de baja calidad.
La misma disparidad se observa en la mayoría de los países de la región de América Latina y el Caribe cuando se comparan los costos promedio por estudiante en la red pública a las cuotas anuales que pagan en instituciones privadas.
En este sentido, el hecho de que las universidades sean gratuitas significa un problema para Latinoamérica. Sin embargo, a juicio del investigador en el mundo desarrollado predomina la gratuidad o aranceles mínimos para la educación en general y en especial la universitaria.
Mantra 2: El personal docente recibe los salarios que necesita.
El personal docente no tiene malos ingresos, especialmente repetido por especialistas del ámbito financiero y económico, como Samuel Pessoa en Brasil, vinculado con la Fundación Getulio Vargas, organismo que promueve las unidades de negocio y el corporativismo.
Refiriendo las investigaciones de Gabriela Moriconi de la Fundación Carlos Chagas, se muestra lo contrario, es decir que en los países desarrollados la mayoría del personal docente tiene como dedicación exclusiva a una escuela, mientras que en Brasil trabajan con mucha frecuencia en más de una escuela, superando la atención de 300 estudiantes por cada profesor. Adicionalmente se indica que hay una tendencia hegemónica a priorizar los contenidos, concentrando el currículo en la enseñanza de lenguaje (portugués en el caso de Brasil) y matemáticas, reduciendo cada vez más la consideración de horas dedicadas a otras materias, como historia y geografía.
Mantra 3: Los organismos internacionales tienen la autoridad necesaria.
Las organizaciones internacionales ubican el presupuesto con la responsabilidad de las asignaciones nacionales, es decir la injerencia del Banco Mundial y la OCDE justifican que “saben lo que es mejor para el colonizado”, tomando la expresión de José Marcelino. Lo que tiene serias repercusiones en la distribución y calidad de educación que responde a intereses que jerarquizan otras organizaciones, va en detrimento del financiamiento de calidad para escuelas gratuitas en las zonas populares de las ciudades.
Muchas personas dedicadas al asesoramiento sobre financiamiento vienen del sector empresarial o el mercado financiero, desplazando el enfoque de derecho por el de mercancía. Un factor incluyente sería considerar las posturas de la ciudadanía, participantes de instancias públicas que defienden una postura más crítica al respecto.
La OCDE es un organismo de cooperación internacional compuesto por 38 Estados, de la región solamente se encuentran México y Chile, tiene como objetivo es coordinar políticas con enfoque predominantemente economicista.
El especialista señala la importancia de valorar el costo que se destina a cada estudiante, no únicamente con el rendimiento escolar como indicador, puesto que esto conduce a una selección discriminatoria y segregacionista.
En el informe publicado por CLADE, Banco Mundial: lineamientos para educación y proyectos financiados en América Latina y el Caribe se afirma que “el Banco Mundial (BM) ha apoyado al sector educativo a través de la cooperación técnica y financiera para el desarrollo de la educación básica y superior. Dicha asistencia se brinda a través de proyectos de cofinanciamiento desarrollados en el ámbito de los gobiernos de América Latina. Hasta noviembre de 2019, a través de su sitio web, el BM informa que 48 proyectos en el área de educación reciben financiamiento en América Latina y el Caribe”.
Mantra 4: La calidad de la educación se evalúa con exámenes.
Los patrones de evaluación estandarizados con criterio internacional registran el rendimiento de estudiantes. La denuncia del especialista expresa la preocupación sobre este criterio que justifica la neocolonización, cuando se limita a resultados de determinadas pruebas.
El Informe PISA es un estudio llevado a cabo por la OCDE a nivel mundial que mide el rendimiento académico de estudiantes de básica y secundaria en matemáticas, ciencia y lectura.
Distintos países participan en sistemas internacionales de evaluación, como el Programa Internacional de Evaluación de Alumnos (PISA), sin embargo, estas evaluaciones, que se resumen a pruebas estándares a que se someten estudiantes, están lejos de una verdadera evaluación de procesos y entornos de aprendizaje.
Desafío 1: diversidades como oportunidades.
Uno de los mayores retos de la región se evidencia con la permanencia de las desigualdades, José Marcelino hace referencia al coeficiente de GINI, en el cual se registran Brasil con 54, Bolivia con 62, y el país que tiene un indicador ligeramente mejor es Uruguay con 39.
El índice de GINI, es un instrumento económico utilizado para medir la desigualdad salarial, suele emplearse para medir la concentración de ingresos entre habitantes por un periodo de tiempo determinado. También puede ser utilizado para medir la desigualdad de la riqueza. Oscila entre 0 y 1, donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (mismos ingresos) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno).
Esto confirma que en la región existe una diversidad de realidades que conviven, las que existen entre el campo y la ciudad, un caso importante es el de Paraguay, en el que 59 % de la población se encuentra en zonas rurales, de los cuales 43% se ubican en la diversidad étnica; en el caso de Brasil, un 51% de la población es negra, mientras que en Cuba es de 36%; por otro lado, la presencia de la población indígena es muy fuerte en Bolivia con 62% y en México un estimado de 15%. La composición diversa de identidades complejiza los proyectos educativos, más allá del desafío de la lengua, también de la integración diálogo intercultural con enfoque decolonial, por ello la comprensión de las diversidades amerita un esfuerzo de romper con la lógica colonial en los ámbitos educativos.
Según José Marcelino “cuando analizo las condiciones educativas de la población indígena, vemos que son mucho peores que las de población blanca, lo mismo pasa con la población negra, comparada con la población blanca, cuando analizo las condiciones educativas de la población rural, también son mucho peores. Por mencionar un ejemplo de Brasil en el que se abandonaron cerca 30 mil escuelas rurales en los últimos 20 años”.
Desafío 2: La recaudación fiscal podría garantizar la educación.
El financiamiento de la educación pone en debate la porción de la riqueza social que pasa a manos del Estado en forma de impuestos. Los países que tienen los mejores niveles educativos del mundo son también los que tienen una alta carga tributaria. Por lo tanto, quien defiende la educación pública de calidad debe defender una tributación significativa. Entretanto, si la economía es pobre, y el PIB pequeño, de poco sirve una carga elevada de tributos.
Producto Interno o interior Bruto (PIB) es el conjunto de los bienes y servicios producidos en un país durante un espacio de tiempo, generalmente un año, es un indicador que se utiliza con frecuencia para conocer la riqueza nacional.
Aun considerando los límites del crecimiento posible en un capitalismo con crisis permanentes, los países deben enfrentar el desafío de mejorar la distribución de los ingresos con mayor equidad.
En América Latina y el Caribe, con excepción de Cuba, existe un bajo nivel de recaudación fiscal en relación con el PIB. En Paraguay, por ejemplo, la recaudación fiscal es sólo del 13% del PIB, en Brasil la situación es ligeramente mejor, cerca de 32%, y en Cuba se estima que es de 41.15%.
No obstante, debe cuestionarse este indicador, ya que solamente expresa un porcentaje proporcional al PIB en términos de recaudación fiscal, pero no la referencia que se asigna en función a la cantidad de habitantes.
“Si el PIB por habitante es inferior, si representa una tasa menor por cada habitante, incluso esto puede ser insuficiente, entonces Bolivia tiene una recaudación fiscal alrededor del 27% del PIB, lo que representa 2.500 dólares de recursos asignados por habitante, pero en Brasil son 5.000 dólares” afirma José Marcelino. En contraste, Argentina tiene un poco menos de carga tributaria que Brasil con relación al PBI, pero por habitante destina casi 7.000 dólares. Comparativamente, Argentina tiene 8 veces más que Perú y 9 más que Paraguay.
El promedio destinado por cada habitante de los países ricos oscila en 15.000 dólares, lo que se traduce en recaudación que mejora políticas de atención.
Existe una injusticia generalizada en las economías nacionales de la región, ya que el grueso de la fiscalidad se recarga sobre el consumo de los sectores empobrecidos, quienes pagan los impuestos incrustados en los precios de los bienes, mientras que los grupos de élite reciben ingresos provienen de las ganancias el capital y no del salario de la clase trabajadora.
Las condiciones económicas reproducen las desigualdades y favorecen la acumulación de propiedades como objeto de riqueza, que además son exoneradas en calidad de herencias. Los grupos millonarios se favorecen de concesiones tributarias, declaraciones complacientes y evasión de impuestos. En Brasil, subraya que la tributación que viene de la renta sobre las ganancias y plusvalía es de 19% y sobre la propiedad es de 4%, en Dinamarca cerca del 65%, Portugal con 31%.
Desafío 3: El peso de la deuda pública ralentiza la inversión social.
El presupuesto que cada país rinde en los pagos de la deuda pública constituye otra situación insuficientemente mencionada por los medios de comunicación, apunta el docente, “Colombia gasta el 7% de su PIB en servicios de la deuda, Brasil 4.5% de su PIB. Es lo que el gobierno gasta para pagar los intereses cada año”. La mayoría de los países de América Latina y el Caribe gastan alrededor del 5% del PIB en pagos de la deuda pública. Adicionalmente hay un marco especulativo de quienes compran deuda pública exigiendo altas tasas de interés.
Para quienes hacen seguimiento del financiamiento educativo es interesante analizar el porcentaje del PIB que se destina a educación, pero esto es estimativo pues en términos reales puede significar un presupuesto inadecuado en función a las necesidades educativas. José Marcelino menciona lo que destina Corea con 13.000 dólares, un país que ha resaltado por los resultados PISA, que supera diez veces la cantidad de Bolivia, que es de 1.300 dólares por estudiante, también compara a Finlandia quien gasta tres veces más que Brasil, siendo éste último un total de 3.000 dólares por estudiante.
Decolonizar el financiamiento significa cuestionar estos mitos propagados por el Banco Mundial, enfrentar las noticias falsas o “fakes news” impulsados por organizaciones empresariales interesadas en la educación como oportunidad de negocio, señala el docente. La venta de paquetes educativos para el sistema público ha resultado muy atractivo y rentable para muchas empresas, como el Instituto Ayrton Senna, continúa, estos paquetes incluyen material didáctico, capacitación, soporte entre otros.
El Mapeo sobre Tendencias de la Privatización de la Educación en América Latina y el Caribe que cita José Marcelino, cuando se muestra la fragilidad de soberanía sobre cuestiones públicas y el riesgo constante de injerencia que ejercen las empresas, destaca “como parte de estos obstáculos, en las últimas décadas nuestra región ha presenciado el despliegue de políticas que introducen lógicas mercantiles en el campo educativo, y bajo su abrigo han crecido verdaderas industrias ligadas a la extracción de lucro en la educación. En ese sentido, lejos de limitarse a la simple existencia de las escuelas privadas, que tienen un crecimiento desordenado en varios países, la privatización avanza, bajo múltiples facetas y juega un papel notable en los procesos de fragilización de lo público”.
Se suman a las preocupaciones el impulso de las llamadas escuelas voucher en Chile y Brasil, así como sus equivalentes en Colombia, modalidades bajo las cuales se justifica la apropiación de recurso público para que se orienten a escuelas privadas, precarizando el presupuesto de escuelas públicas estatales.
Desafío 5: Encaminar justicia social con cargas fiscales según las ganancias.
Exigir condiciones de pago oportuno a las riquezas podría encaminar una optimización del proceso de recaudación, a fin de reducir el pago indirecto de impuestos que recae sobre el consumo de bienes y servicios; podría recaudarse la tasa impositiva, a sugerencia de José Marcelino, sobre los grandes patrimonios, ganancias y herencias. En la región existen impuestos a la renta muy bajos, en Brasil es del 27,5%, mientras que en Estados Unidos es del 45%.
Desafío 6: Los procesos evaluativos con enfoque formativo.
Con frecuencia, para José Marcelino, las evaluaciones se reducen a las pruebas o concursos, tanto de estudiantes como de docentes, lo cual es un instrumento muy limitado y coyuntural, que no considera elementos del entorno de aprendizaje, como las condiciones familiares, comunitarias. No puede adjudicarse la calidad como acción causal del desempeño laboral docente al rendimiento estudiantil, hay que hacer esfuerzos por generar otros procesos de evaluación y acompañamiento, “no vamos a utilizar un mecanismo para castigar o castigar al maestro. La escuela es un elemento de diagnóstico y formativo” afirmó. Existen otros componentes relevantes como la capacidad de argumentación, de comprensión, de autonomía, su posicionamiento crítico, y la formación para la ciudadanía.
La labor docente debe promover consensos y debates democráticos en la comunidad educativa, con condiciones dignas de trabajo. Corresponde cuestionar el ambiente de clientelismo político en que se ha transformado la asignación de cargos en el sector educativo, y en su lugar, animar una gestión democrática inclusiva en el que el personal docente resulte de un proceso electoral en la comunidad escolar, valorando capacidades de gestión de conflictos y diálogo, para que quienes enseñan realmente estén en satisfacción con su trabajo, “si la comunidad participa del proceso de la escuela, también para generar compromiso con ella.” Favorecer espacios como los de consejo escolar con recursos transferidos a las escuelas facilitan la definición de prioridades en consenso, teniendo en cuenta que se representan intereses para la defensa de la escuela pública.
Más recursos por sí solos no implican necesariamente más calidad de la educación, y para que esto suceda es necesario mayor control social de la utilización de los recursos, lo que únicamente es posible por medio de la creación de mecanismos de gestión democrática en la escuelas y en los sistemas de enseñanza.
Llamado a la decolonización del financiamiento
Tomando las afirmaciones del investigador son necesarias las gestiones de incidencia en demanda por mayores recursos destinados a la educación, procurando un enfoque decolonial, a fin de garantizar la calidad en función al gasto por cada estudiante, sabiendo que actualmente se destina en promedio entre la tercera o cuarta parte en la región de lo considerado como mínimo.
En Brasil, hubo una experiencia sobre el costo calidad por estudiante propuesta por la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, integrante de la CLADE y la Campaña Mundial por el Derecho a la Educación. Esta experiencia relevó inquietudes sobre los elementos de una escuela de calidad, un salario adecuado, proporción de estudiantes por clase, dedicación docente exclusiva, acciones afirmativas para situaciones de vulnerabilidad, entre otras.
Las iniciativas principales impulsadas consisten en el Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) y el Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). El avance significativo de la igualación del gasto de estudiantes en educación básica en un sistema federal, con un rol clave del Estado federal, aunque persisten desafíos en torno a garantizar un estándar aceptable de calidad de la enseñanza. La discusión por la continuidad del Fundeb abre perspectivas positivas al brindar apoyo constitucional al concepto de Costo Estudiantil de Calidad (CAQi) como contribución del gobierno federal.
Los proyectos educativos son a largo plazo, por lo que la educación debe ser una política permanente de Estado, no puede ser coyuntural o paliativa, deben centrarse en la calidad de la enseñanza pública, para que concretemos una educación decolonizada, es decir, una educación justa, democrática y de calidad para todos, finalizó José Marcelino.
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Lee más:
Financiamiento educativo en América Latina: indicadores y análisis de algunas experiencias.
Andressa Pellanda, Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación: SAME desafía las desigualdades que reproducen el racismo y la colonización
27 de junio de 2023Con el objetivo de llamar la atención de la sociedad civil e instar los gobiernos, sobre la necesidad de hacer real y efectivo el compromiso por el derecho a la educación, especialmente debatiendo sobre las relaciones de financiamiento y cooperación, destacando la importancia de garantizar un sistema de financiamiento que tenga como eje fundamental la decolonialidad. Organizaciones y movimientos, estudiantes, docentes tuvieron al realizar la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME)al realizar, entre mayo y junio, la más grande y amplia movilización educativa del mundo.
En las vísperas de la realización de la Semana de Acción Mundial por la Educación en Brasil, entre el 19 al 26 de junio, Andressa Pellanda, coordinadora general de la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación conversó con la CLADE, habla sobre cómo es el contexto de financiamiento educativo y los ejes centrales de la gran movilización por el derecho a la educación en su país.
“El primer desafío [para la garantía del derecho humano a la educación] se refiere a la exigencia de una política económica desde la problematización de cómo decolonizarla y garantizar la financiación absoluta de todas las políticas sociales. Para este año de 2023, especialmente, estamos entrando en el último año de implementación del Plan Nacional de Educación en Brasil, que es un plan de diez años, que expira en junio de 2024”.
Lee a continuación la entrevista completa.
El compromiso con el derecho desde el plan y el sistema de educación
¿Cómo es posible reflejar procesos de decolonización en el financiamiento educativo?
Andressa Pellanda- En Brasil tenemos un enorme desafío con relación a la decolonización de la financiación de la educación ya que estamos bajo una política económica de austeridad muy fuerte desde el año 2016. Esta política puso un “techo”, es decir, un límite a la financiación de todas las inversiones sociales, incluida la educación.
Actualmente nuestro reto es derrumbar esta política de austeridad que se debate en el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados/as y el Senado Federal, lo que se traduce en una nueva política de marco fiscal para Brasil.
Como Campaña, estamos promoviendo la inclusión en esta política para establecer un renovado fondo que garantice el Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica (FUNDEB) y de valoración de profesionales de la educación, que son los principales fondos de financiamiento para toda la educación básica en Brasil. También hemos denunciado la necesidad de retomar lo que estaba antes de la implementación de la política de austeridad, que significó un retroceso inmenso y sería un enorme revés si llegara a mantenerse en el futuro.
Valoramos que apenas se ha cubierto un 85% de lo previsto en el Plan Nacional de Educación, poniendo en riesgo la financiación en varias etapas y modalidades, como la educación escolar indígena, quilombola, afrodescendiente, rurales y ribereñas que son las poblaciones que ocupan el territorio y habitaron mucho antes que se diera la llegada de la conquista portuguesa.
Andressa Pellanda, Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación
El primer desafío [para garantizar el derecho humano a la educación] se refiere a la exigencia de una política económica desde la problematización de cómo decolonizarla y garantizar la financiación absoluta de todas las políticas sociales. Para este año de 2023, especialmente, estamos entrando en el último año de implementación del Plan Nacional de Educación en Brasil, que es un plan de diez años, que expira en junio de 2024.
En junio de 2023 estaremos en el último año de ejecución del plan y, a pesar que se han cumplido nueve años, ninguno de sus 20 objetivos se han cumplido completamente. De hecho [como campaña] valoramos que apenas se ha cubierto un 85% de lo previsto en el Plan Nacional de Educación, poniendo en riesgo la financiación en varias etapas y modalidades, como la educación escolar indígena, quilombola, afrodescendiente, rurales y ribereñas que son las poblaciones que ocupan el territorio y habitaron mucho antes que se diera la llegada de la conquista portuguesa.
La colonización también se evidencia cuando la educación de estos grupos no es adecuadamente financiada. Resaltamos que el plan nacional de educación es la columna vertebral de la principal política educativa brasileña y por ello debería ser el motor que enfrente las desigualdades sociales y regionales étnico-raciales en Brasil.
Construir un nuevo plan nacional de educación para el futuro deseamos que en su proyección no retroceda en relación a las metas actuales, incluyendo el financiamiento, y que no profundice la desigualdad, procurando políticas afirmativas con presupuesto a fin de enfrentar estructuralmente el sistema.
El primer desafío [para garantizar el derecho humano a la educación] se refiere a la exigencia de una política económica desde la problematización de cómo decolonizarla y garantizar la financiación absoluta de todas las políticas sociales. Para este año de 2023, especialmente, estamos entrando en el último año de implementación del Plan Nacional de Educación en Brasil, que es un plan de diez años, que expira en junio de 2024.
Andressa Pellanda, Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación
También tenemos el desafío de aprobar un Sistema Nacional de Educación. El Plan Nacional de Educación prevé este sistema, recordando que Brasil es un país federativo, entonces tenemos unidades federativas de gestión y gobierno federal con responsabilidades específicas sobre las etapas y modalidades de educación.
Con frecuencia las poblaciones no cuentan con un sistema que coordine de forma cooperativa en su propio Estado y municipio, lo que hace que tengamos enormes desigualdades regionales. Se ven Estados y municipios más pobres justamente los que tienen mayor concentración de población negra, indígena, quilombola y rural.
El sistema nacional de educación debe ser decolonizado en su financiamiento así como en la propia educación. Dentro de esta disputa nos enfrentamos, por supuesto, al sector privado y a la privatización de la educación en Brasil, ya que ésta ha aumentado en los últimos años.
Hemos pasado de un modelo de privatización incremental a un modelo de privatización estructural, con reformas neoliberales que reducen el papel del Estado en la educación. Dentro de eso, observamos la regulación de las acciones del sector privado, para asegurar que la oferta que se haga por parte de estos grupos sea de calidad y que, a su vez, las decisiones sobre políticas públicas consideren las voces de los sectores de la sociedad civil, los movimientos sociales, las entidades representativas de los profesionales, los sindicatos, las agrupaciones de estudiantes para que al debatir sea una decisión con fines públicos para la educación pública.
De esta manera, tenemos enormes desafíos en términos de financiación que toca todas las etapas y modalidades, pero con atención particular a los grupos que sufren desde la colonización y actualmente también con las estructuras neocoloniales en Brasil.
La evaluación amerita decolonizarse
¿Cuáles son las propuestas de medición para abrir la mirada decolonizada del financiamiento?
Andressa Pellanda.- Un tema central en nuestra lucha ha sido desde el escenario mundial, con la aprobación del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 [relativo a la educación], tuvimos avances y victorias de sectores progresistas y defensores de la educación a nivel global. Pero vemos que al diseñar las métricas, la perspectiva de derecho se había reducido, ya que es una mirada neocolonial.
No deja de suceder en Brasil, incluso en el propio plan nacional, que el sistema de evaluación de la calidad que se ofrece resulta muy restringido, limitado al IDEB (Índice de Desarrollo de la Educación Básica), que es una prueba de evaluación de competencia a gran escala, de portugués y matemáticas.
Si esto sucede es porque las políticas de reducción del Estado no promueven mejoras de la profesión docente. Este tipo de evaluación es muy restringido y no garantiza la valoración de la educación. Actualmente existe una propuesta dentro del Sistema Nacional de Educación que se previó en la enmienda constitucional del Fondo Básico (FUNDEB) que se llama el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Básica (Sinaeb), cuya propuesta amplía la evaluación de la educación para considerar otros indicadores, tales como el porcentaje de población afrodescendiente e indígena, evaluación de la infraestructura de las escuelas, a través del CAQ.
El CAQ es un mecanismo construido por la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación y ahora está presente en la Constitución Federal por el FUNDEB, pero todavía no ha sido reglamentado para que garantice la financiación de calidad y para que también sirva como mecanismo de evaluación de la política educativa, valorando la transferencia de los recursos, su tratamiento, inversión en infraestructura, la valoración de profesionales docentes, la proporción de estudiantes por clase, lo que integra un factor importante para la calidad de la educación, entre otros.
Nuestra propuesta fue diseñada en 2015 y se hizo una política junto al Ministerio de Educación, pero esta fue una de las primeras políticas suspendidas cuando se ejecutó el golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff, y el entonces ministro de educación del gobierno de Michel Temer suspendió todo lo referido al sistema nacional de evaluación de educación básica. Desde entonces tenemos una resistencia, frente al modelo de los grupos neoliberales que también fueron cómplices del golpe a la presidenta constitucionalmente electa Dilma Rousseff.
Así que tenemos este reto de ampliar su evaluación a través de la regulación del sistema que está dentro de la reglamentación del Sistema Nacional de Educación en su conjunto.
La medición decolonial de la calidad
El CAQi es el estándar mínimo de calidad, razón por la cual recibe la “i” inicial. El CAQ avanza en relación al estándar mínimo porque considera el carácter dinámico del concepto de coste por estudiante y también la capacidad económica de Brasil, posicionado como la sexta economía del mundo. (CNDE)
¿Cómo aporta el estándar mínimo de calidad (CAQi) y el Costo Alumno Calidad (CAQ) a la defensa de un financiamiento decolonial?
Andressa Pellanda.- Desde el año 2002, lanzamos el primer libro sobre el Costo Alumno Calidad (CAQ), con la propuesta de calidad social y educación, que promueve las condiciones para que el proceso de enseñanza-aprendizaje suceda con la calidad, es decir, con condiciones adecuadas y equitativas en todas las instituciones educativas, con agua potable, saneamiento básico, infraestructura, internet, canchas deportivas, laboratorios de ciencias así como temas relacionados con la valoración de profesionales docentes, sus condiciones laborales, planes de carrera, escala salarial, también infraestructura inclusiva, gestión democrática, financiamiento para espacios para realización de asamblea, de encuentro de gremios, buen funcionamiento del Consejo Escolar, integración de los espacios de participación. La visión de conjunto significa contemplar condiciones de aprendizaje e intercambio que garantice autonomía, que considere los contextos y sea territorializada, para favorecer un diálogo conjunto del conocimiento.
La propuesta inicial del Costo Alumno Calidad se fue mejorando a lo largo de los años, a partir de los congresos de educación, cuando se sumó la participación de todos los sectores, entidades y movimientos de educación para llegar al congreso nacional de educación básica de 2008. Se han repetido los congresos nacionales de educación en 2010, 2014 y 2018, mientras que el congreso nacional popular de educación en 2018 y 2022.
A partir de la sistematización de participaciones en las conferencias, hicimos una interlocución con el Consejo Nacional de Educación y la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación, haciendo una resolución normativa indicando el segmento de estudiante y calidad. Lamentablemente esta resolución nunca fue homologada por el Ministerio de Educación, es decir, no fue puesta en práctica.
Por otro lado, logramos incidencia política en el Conferencias Nacional junto con toda la sociedad para demandar que el índice de CAQ fuera considerado el parámetro para el cálculo del financiamiento de la educación. Fue a través del costo por estudiante que calculamos el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación en el plan nacional de educación.
Sin embargo, este plan fue dejado de lado por las políticas de austeridad y la gestión de los últimos gobiernos autoritarios que no siguieron la legislación educativa.
Han pasado 11 años de lucha y hemos llegado a la Constitución Federal, que fue el primer mecanismo extenso en Brasil totalmente construido por la sociedad, pero todavía tenemos mucha lucha por delante, para pensar temas como los mecanismos de financiación, la evaluación de la calidad y el control social de la educación en Brasil.
Andressa Pellanda, Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación
La aprobación en la Constitución Federal como el principal parámetro para el fondo para la educación básica en Brasil consideramos una conquista del proceso social. Nuestra propuesta era tomarlo como parámetro para el cálculo de la calidad del valor por estudiante, así como en el Plan Nacional de Educación.
La regulación del parámetro es un reto, porque hay un debate sobre lo que sería este costo – estudiante con el criterio de calidad, que implica llegar al consenso sobre el sentido de la calidad y sus parámetros de medición, a lo que sigue su regulación y el seguimiento a su aplicación.
Han pasado 11 años de lucha y hemos llegado a la Constitución Federal, que fue el primer mecanismo extenso en Brasil totalmente construido por la sociedad, pero todavía tenemos mucha lucha por delante, para pensar temas como los mecanismos de financiación, la evaluación de la calidad y el control social de la educación en Brasil.
Los aprendizajes deben transformar las desigualdades
¿Cuáles son las prioridades para lograr un financiamiento decolonial en la región latinoamericana y caribeña?
Andressa Pellanda.- El primer punto es que la educación debe ser entendida como un derecho y no como un servicio, mucho menos aquella dirigida a la formación precaria de una mano de obra que no desafía el status quo en América Latina. El status quo es elitista, racista, colonial que se vive en todas las estructuras sociales y culturales.
Tenemos que dar un giro hacia una visión de la educación de los territorios, para que la política educativa y de financiamiento contemple las diversas necesidades, las demandas y diversidades de todo tipo, también culturales presentes en nuestros países. Considerar a los pueblos indígenas, los pueblos tradicionales originarios, los pueblos quilombolas, los pueblos rurales y las propias diversidades que existen incluso dentro de estos pueblos.
Sólo si construimos un sistema de gestión democrática veremos una transformación de la legislación, institucional y de la calidad de la educación. Por supuesto, sabemos que la educación no salva el mundo, pero no salvaremos el mundo sin la educación, así que tendremos que asegurarnos de que nuestras poblaciones puedan verse a sí mismas y formar parte de estas políticas educativas, que significan mejorar el financiamiento con las diversidades y territorialidades, especialmente considerando las desigualdades históricas.
Invitación al cierre desde la tierra de Paulo Freire, nuestro maestro popular mundial
Andressa Pellanda.- Paulo Freire es nuestro gran maestro educador que dijo que la educación por sí sola no transforma el mundo, pero la educación si transforma a las personas que van a transformar el mundo. Así que tenemos que poner a las personas en el centro de nuestra agenda para la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) para garantizar que este mundo se transforme y que en el siglo veintiuno, podamos finalmente superar la estructura colonial que todavía existe a nivel global y dentro de nuestros países.
Mira video de la entrevista
Episodio 6: Educación Inclusiva en el podcast Educación ¿Qué onda?
26 de abril de 2023La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) comparte el episodio número seis del Podcast, Educación ¿Qué onda?, dedicado a la educación inclusiva desde las diversidades. Procurando que en 22 minutos se cuente con un nuevo recorrido que nos permita conocer más sobre iniciativas en la región latinoamericana y caribeña, profundizando el intercambio de la educación con enfoque de derechos humanos.
Contamos con la participación de Ana Rocío Kerguelen, psicóloga y magíster en educación, docente universitaria y miembro de la junta directiva de Asdown Colombia; Suelaine Carneiro, coordinadora ejecutiva de Geledés, el Instituto da Mulher Negra, activista feminista negra, graduada en sociología, con maestría en educación; Miguel Marca Barrientos, director ejecutivo de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación y Víctor Cristales, coordinador del Colectivo de Educación para Todos y Todas de Guatemala.
Ederson Knorst del equipo regional de la CLADE y Lorena Osorio, colaboradora voluntaria brindaron las locuciones de este episodio.
Escucha el podcast completo:
Notas en la Pizarra: Observatorio Regional de Educación Inclusiva (OREI) y un llamado a la no discriminación de niñas y jóvenes negras
La educación inclusiva es uno de los ejes fundamentales para la transformación social hacia sociedades más justas, dignas e igualitarias por ello la CLADE animó la reactivación del Observatorio Regional de Educación Inclusiva (OREI). Contamos con las palabras de Ana Rocío Kerguelen, psicóloga y magíster en educación, docente universitaria y miembro de la junta directiva de Asdown Colombia quien participó de la consulta a especialistas.
También en esta sección informativa tenemos un llamado a fortalecer la movilización social para exigir que los gobiernos cumplan los compromisos asumidos en los tratados internacionales y las legislaciones nacionales, que realiza Suelaine Carneiro, coordinadora ejecutiva de Geledés, el Instituto da Mulher Negra, activista feminista negra, graduada en sociología, con maestría en educación.
Ecos y Voces: potenciar las diversidades ante la pretendida homogeneización
Miguel Marca Barrientos, director ejecutivo de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación señala la importancia de construir una escuela desde la justicia social, superando la discriminación, abrazando la diversidad y aumentando compromisos de financiamiento por el derecho humano a la educación.
Tejiendo en Red: la inclusión educativa en 2023
El Colectivo de Educación para Todos y Todas de Guatemala ha trabajado un enfoque inclusivo en la educación intercultural desde las diversidades, Víctor Cristales, coordinador del colectivo nos comparte los logros que han cosechado colaborativamente en la demanda del financiamiento, así como políticas de inclusión en contextos excluidos como las zonas rurales. Del mismo modo comparte el enfoque inclusivo que se considera en la educación intercultural.
Finalmente invitamos a visitar el Informe Regional sobre el derecho humano a una educación libre de violencias de género disponible en www.redclade.org que muestra el proceso de construcción colectiva y participativa de datos empíricos relevantes, claros y pertinentes para la lectura crítica de discriminaciones, desigualdades y violencias de género en el ámbito educativo rural.
Créditos:
Entrevistas: Vanessa Paola Vélez Loza, comunicadora de la Coalición Boliviana por el Derecho a la Educación, María Cianci Bastidas y Thais iervolino del equipo de comunicación de la CLADE.
Locuciones: Ederson Knorst del equipo regional de la CLADE y Lorena Osorio, colaboradora voluntaria.
Canción: Anónima.
Apoyo musical: Raule – Soy Yo (Centro Asprodeme Puerto Real).
Ilustración: Renata Dorea.
Producción general: Nelsy Lizarazo, Thais Iervolino, Carolina Osorio y María Cianci Bastidas.
Cerrada. Convocatoria. Términos de Referencia para elaboración del informe nacional para el diagnóstico: Oportunidades educativas para mujeres jóvenes y adultas indígenas en Brasil, Colombia, Guatemala y Paraguay
11 de abril de 2023Antecedentes sobre la CLADE
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) es una red plural de organizaciones de sociedad civil con presencia en 18 países de América Latina y el Caribe (ALC), que impulsa acciones de movilización social e incidencia política para defender el derecho humano a una educación transformadora, pública, laica y gratuita para todos y todas, a lo largo de la vida y como responsabilidad del Estado.
Además de trabajar por la afirmación de la educación como un derecho humano, la CLADE busca fortalecer las democracias activas y participativas en América Latina y el Caribe. Para cumplir con su misión y realizar su agenda política, la CLADE utiliza como estrategias: la incidencia en las políticas públicas; la movilización social; la exigibilidad política y jurídica; la articulación interinstitucional con actores nacionales, regionales e internacionales; la producción de conocimiento e investigación; y acciones de comunicación interna y externa.
Para calificar sus acciones de incidencia política, la CLADE suele desarrollar estudios de alta calidad. El presente estudio, que tiene el apoyo de Oxfam IBIS, investiga cuáles son las oportunidades educativas públicas para mujeres indígenas jóvenes y adultas en Brasil, Colombia, Guatemala y Paraguay. Eso es relevante porque las evidencias muestran que aún hay mucho que hacer por la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA), especialmente por mujeres indígenas jóvenes y adultas.
Según estudio publicado por la Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM), las mujeres indígenas que viven en áreas rurales de Guatemala son excluidas del sistema educativo, completando menos de dos años de escolaridad (REPEM, 2022). El mismo problema se hace presente en Paraguay, donde además de la exclusión de mujeres de los espacios educativos, existe la percepción de que la educación formal excluye los saberes ancestrales indígenas (CECTEC, 2022). El fenómeno de alcance regional implica, por lo tanto, la necesidad de comprender mejor la oferta educativa pública disponible para mujeres indígenas jóvenes y adultas en los cuatro países mencionados.
Objetivos del Diagnóstico
Objetivo general
Realizar una investigación diagnóstica (cualitativa y cuantitativa) sobre la situación del derecho humano a la educación de mujeres indígenas jóvenes y adultas de Brasil, Colombia, Guatemala y Paraguay. Se indagará particularmente las dimensiones de interculturalidad, neocolonialismo y de género presente en las políticas y prácticas direccionadas a esa población desde los respectivos sistemas públicos de educación. Se incorporará al menos una buena práctica por país.
Objetivos específicos
- Indagar sobre la oferta educativa existente para mujeres indígenas jóvenes y adultas en Brasil, Colombia, Guatemala y Paraguay con énfasis en dimensiones de interculturalidad, neocolonialismo y de género.
- Desarrollar recomendaciones de políticas públicas que partan del reconocimiento de las particularidades encontradas para la plena realización de la educación intercultural bilingüe y transformadora de género de las mujeres indígenas jóvenes y adultas.
- Implementar una estrategia de comunicación, movilización e incidencia política a partir de los resultados encontrados con actores clave de CLADE y conjuntamente con Oxfam.
Metodología de trabajo
La investigación se realizará de manera dialogada con los miembros de CLADE en cada país (en este caso Paraguay), el equipo de Coordinación Ejecutiva de CLADE y responsables por la realización del informe regional.
El trabajo de investigación nacional se centrará alrededor de los siguientes componentes:
- Apoyo al refinamiento de la metodología del informe regional;
- Recolección sistemática de literatura sobre oportunidades educativas públicas en educación básica y superior para mujeres indígenas jóvenes y adultas a nivel nacional;
- Revisión de estudios, políticas y datos recientes en ámbito nacional;
- Ejecución de entrevistas a especialistas en el tema;
- Redacción del documento de investigación nacional, de acuerdo con la metodología regional desarrollada y la estructura acordada para los cuatro estudios.
Manifestación de interés
Personas interesadas en hacer el diagnóstico deben enviar correo con el título “Investigación sobre oportunidades educativas para mujeres indígenas” a seleccion@redclade.org, durante el mes de abril, su hoja de vida, mencionando investigaciones de su autoría ya realizadas.
También deben enviar una carta de motivación para hacer la investigación y la bibliografía de referencia que proponen para el estudio nacional.
La CLADE invita particularmente a personas indígenas, y especialmente mujeres indígenas, a que envíen sus propuestas.
Ver Términos de referencia por país
Brasil post elecciones: el mayor desafío es evitar el avance del bolsonarismo en las escuelas
7 de noviembre de 2022En vísperas de la realización de la etapa presencial de la Asamblea Regional de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), conversamos con Andressa Pellanda, coordinadora de la Campaña Brasileña, sobre la importancia del trabajo de la red para garantizar el derecho humano a la educación.
Brasil acaba de celebrar una de sus elecciones más disputadas de los últimos tiempos. De un lado estaban los sectores de ultraderecha, representados por el actual presidente Jair Messias Bolsonaro, y, del otro, sectores más progresistas, cuyo candidato -y vencedor- fue Luiz Inácio Lula da Silva. Durante la entrevista, Andressa Pellanda relata el papel fundamental de la Campaña en la incidencia política y en el desafío de superación del movimiento de derecha que -incluso con la derrota de Bolsonaro- avanza en las escuelas y en la sociedad.
¡Buena lectura!
- Brasil acaba de elegir a un presidente progresista. ¿Cuál es el papel de la Campaña Brasileña de ahora en adelante?
Andressa Pellanda – La Campaña Nacional por el Derecho a la Educación nació el 5 de octubre de 1999, 11 años después de la promulgación de la Constitución Federal de Brasil, hecha el 5 de octubre de 1988, y el papel de la Campaña Brasileña – independientemente del contexto político- siempre ha sido la defensa de la Constitución, la democracia, la justicia social y el derecho a la educación como está escrito en la Carta Magna.
Después de todos estos años de gobiernos conservadores -que comenzaron con el golpe de Estado de 2016- volvemos a tener espacios y respiros para poder avanzar en la defensa del derecho a la educación en un ámbito democrático. Esta victoria de Lula [Luiz Inácio Lula da Silva] en esta elección representa una reanudación de la perspectiva democrática y de garantía de los derechos en Brasil, con la educación inmersa en ese contexto.
De esta forma, nuestro papel será seguir incidiendo para que tengamos mejoras en las políticas educativas y participar en todos los espacios de decisión posibles que se abran para la sociedad civil y trabajar para abrir más espacios de participación de la sociedad civil.
Un caso es el Foro Nacional de Educación, que fue desmontado en el gobierno de [Michel Temer], cuya Campaña era una de las integrantes. La idea es que podamos volver a participar, así como las demás entidades que se retiraron del foro cuando fue desmontado en el gobierno de Temer.
Seguramente tendremos que seguir ejerciendo un rol de control, vigilancia y presión social para que las políticas educativas avancen más en el camino del cumplimiento de lo que está previsto en nuestra Constitución.
También es importante fortalecer el trabajo de debate en las Conferencias de Educación, que fueron citadas por el mismo Lula en su discurso de victoria como uno de los ejes principales de la agenda de trabajo de su gobierno.
Sabemos que el gobierno de Lula será un gobierno de coalición, que ya les ha hecho señales a grupos con una postura política de centro y por lo tanto no será un gobierno que automáticamente reciba todas nuestras agendas progresistas, pero presenta, incomparablemente, un mejor escenario que el que teníamos hasta ahora, representando – simbólicamente – un hito que fortalece la democracia brasileña.
Seguramente tendremos que seguir ejerciendo un rol de control, vigilancia y presión social para que las políticas educativas avancen más en el camino del cumplimiento de lo dispuesto en nuestra Constitución.
- ¿Cómo fue el desempeño de la campaña brasileña en estas elecciones (incidencia política, carta a los candidatos, etc.)?
Andressa Pellanda – La Campaña tiene como prioridad en 2022 el trabajo de incidencia en las elecciones de octubre/noviembre de este año, ya que la definición del presidente y de los parlamentarios del Senado y de la Cámara Federal impactará el rumbo de la garantía de derechos, entre ellos el derecho a la educación, y de la propia democracia para los próximos años. Nuestra perspectiva dentro de la planificación estratégica y política fue precisamente poner la centralidad de la incidencia en las elecciones.
Lanzamos una carta de compromiso por el derecho a la educación con 40 puntos que van desde cuestiones estructurales de la economía y el estado brasileños, pasando por la financiación, el Plan Nacional de Educación (PNE), políticas de inclusión y diversidad y cuestiones específicas de etapas y modalidades, llegando a la Educación Superior, con la reanudación de las inversiones en investigación, ciencia y tecnología, y con acciones afirmativas como la ley de cuotas.
Llevamos la carta a todos los Estados, hicimos un lanzamiento nacional y la llevamos a las candidaturas de diputados estatales y federales, senadores y presidente para que, desde la firma del documento, los candidatos se comprometieran -si resultaran electos- con los 40 puntos. Obtuvimos 502 firmas de todos los cargos electos, de 26 de los 32 partidos, obteniendo un amplio espectro político, obteniendo la confirmación del apoyo de los entonces candidatos presidenciales Ciro Gomes y Lula. Esta carta es un resumen de la carta de la ciudad de Natal (RN) aprobada en la Conferencia Nacional Popular de Educación en julio de este año.
En los meses de noviembre y diciembre realizaremos reuniones y un diálogo nacional con un llamado a todas las candidaturas que firmaron el documento y, luego de este proceso, realizaremos diálogos regionales para territorializar la carta y llevarla a aquellas autoridades que firmaron el documento – 60% de las firmas – y hacer que esos compromisos salgan del papel.
- ¿Cuáles son los desafíos que enfrentará con relación a la lucha por el derecho a la educación en el escenario político, con nuevos y viejos gobernadores, diputados, senadores?
Andressa Pellanda – Nuestro Congreso Nacional sigue siendo muy desafiante. Tenemos una bancada de extrema derecha que ha aumentado con partidos como el PL (Partido Liberal), União Brasil, pero tenemos una bancada de izquierda, de autoridades que fueron electas con el compromiso de trabajar por garantizar el derecho a la educación. Aunque el Senado tiene representantes de la derecha, tenemos una importante representación del ala progresista.
Nuestro trabajo en el Congreso será muy duro, en un ambiente muy árido. Nuestro mayor desafío es regular el Sistema Nacional de Educación, culminar el proceso de regulación del Fundeb [Fondo para el Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y para la Valorización de los Profesionales de la Educación] y un desafío estructural que es la construcción del nuevo Plan Educación Nacional cuya vigencia comienza en menos de dos años.
El escenario brasileño, en términos de garantía de derechos para los próximos años, presenta desafíos muy duros. Esa fue la elección presidencial más disputada que hemos tenido. Le ganamos a Bolsonaro en la presidencia, pero necesitamos vencer al bolsonarismo en las escuelas y en la sociedad.
También vemos, poco después del final de las elecciones, la implementación del Proyecto de Ley de Educación en el Hogar (PL), cuya segunda audiencia contará con mi participación y se realizará dentro de dos semanas. El regreso de esta agenda presenta un escenario muy riesgoso, ya que con el fin del gobierno de Bolsonaro, la tendencia es que haya un movimiento para aprobar varios proyectos de ley que representan un retroceso a la garantía del derecho a la educación, como es el caso de la educación en el hogar. Nuestro papel es continuar en la resistencia a este tipo de proyectos.
El escenario brasileño, en términos de garantía de derechos para los próximos años, presenta desafíos muy duros. Esa fue la elección presidencial más disputada que hemos tenido. Le ganamos a Bolsonaro en la presidencia, pero necesitamos vencer al bolsonarismo en las escuelas y en la sociedad. Necesitamos acciones de mediano y largo plazo para que este escenario pueda revertirse.
- ¿Cuál será la agenda prioritaria de la campaña para 2023?
Andressa Pellanda – Nuestra agenda prioritaria para los próximos años fue aprobada por la Asamblea en enero de 2022 y tiene como lineamientos de política de construcción el Sistema Nacional de Educación, el nuevo PNE y el financiamiento vía Fundeb y la regulación del Costo de Calidad Estudiantil (CAQ) y el Sistema de Evaluación de la Educación Básica (Sinaeb) y, al mismo tiempo, continuaremos resistiendo las agendas conservadoras que han pautado el área y fueron destaques del gobierno de Bolsonaro, como la militarización de las escuelas, la educación en el hogar, la censura y los enfrentamientos a la libertad de cátedra.
También tenemos una agenda programática que toca las infancias y las adolescencias que son invisibles en Brasil, como las pertenecientes a pueblos indígenas, quilombolas, comunidades de migrantes, las que se encuentra en situación de calle, entre otros grupos que han sido marginados. Estamos en un gran frente intersectorial para visibilizar a estas poblaciones y también trabajamos para fortalecer la gestión democrática de las escuelas a través de la promoción y fortalecimiento de los gremios estudiantiles, en un fuerte trabajo con las juventudes en las escuelas.
Además, tenemos una agenda de producción de conocimiento y articulación con relación al conservadurismo y fundamentalismo religioso en un proyecto sobre religión y laicidad en la educación y, finalmente, tenemos un trabajo de fortalecimiento de la red propia de la Campaña, nuestras bases, diversidad de nuestros comités y movimientos que componen nuestra red y seguiremos trabajando para que la educación brasileña tenga un sistema transformador y antirracista a través del proyecto Seta, que es una iniciativa desarrollada en alianza con organizaciones educativas y movimientos negros de Brasil.
- ¿Cuál es la importancia de ser miembro de la CLADE y participar en su Asamblea?
Andressa Pellanda – Ser parte de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación permite intercambiar experiencias y análisis con países hermanos frente a los desafíos, además de aprender de esa diversidad y multiplicidad de miradas, de la producción de documentos formales y conocimiento no formal en esta red. También sumamos esfuerzos para que nuestra América Latina y el Caribe pueda crecer en el debate internacional, pueda incidir en ese debate para que las decisiones internacionales se tomen de manera más democrática, incorporando una agenda decolonial y de garantía de derechos de manera transversal con una interculturalidad, que es una marca importante en nuestra región.
La Asamblea de CLADE es un momento para reunir a todos los miembros de su red en vivo, especialmente después de la pandemia, y fortalecer el pacto colectivo para garantizar el derecho a la educación en América Latina y el Caribe y en el mundo.
Privatización Educativa en Brasil: reinventando las Escuelas de Bajo Costo
19 de octubre de 2021Las tendencias de privatización educativa han proliferado tras el auge del neoliberalismo en los años 70. Entre tantos esquemas de privatización (por ejemplo, alianzas público-privadas), las escuelas de bajo costo (EBC) se han reproducido de manera alarmante en los países de bajos y medios ingresos donde se localizan fuertes déficits de oferta educativa estatal. Así, las actividades empresariales han encontrado un fértil campo para cubrir la demanda educativa necesaria. Esta modalidad de negocio se puede mapear en África, Asia y América Latina (Moschetti et al., 2017).
En algunos contextos, las EBC son introducidas mediante asociaciones público-privadas o por medio de ofertas educativas que compiten en los casi-mercados educativos de los países. Esta última, es la situación que se ha experimentado en el contexto brasileño. Las EBC se están convirtiendo en un producto atractivo para parte de la población donde son instaladas, ya que presentan infraestructuras “mejoradas,” propuestas curriculares competitivas para el mercado, presentan modelos pedagógicos basados en la innovación y, en algunos casos, evalúan sus actividades haciéndolas públicas posteriormente para competir.
Privatización Educativa en Brasil
El equipo responsable por la investigación “Privatización Educativa en Brasil: reinventando las Escuelas de Bajo Costo” (2020) – Cristina Pulido, Ana Ancheta y Wislleyn Oliveira-Dri – analiza la instalación reciente y novedosa de las EBC como iniciativa de una corporación en el contexto brasileño desde finales de 2018. En concreto, las investigadoras y el investigador disciernen el Grupo Sistema Educativo Brasileño (GSEB), una entidad financiera y de inversión que encabeza actividades empresariales en educación en Brasil. En septiembre de 2018, el GSEB lanzó la publicidad del modelo piloto de EBC denominadas Escolas Luminova, las cuales empezaron actividades en 2019 con 4 nuevas escuelas en el estado de São Paulo.
Dado el auge de las EBC, es necesario e importante estudiar estos modelos de escuelas en sus contextos, para identificar cómo las actividades comerciales y el rol del Estado han permitido hacer de la educación un negocio. De esta manera, la educación como negocio es una perspectiva de análisis interesante que ayuda a denunciar la vulneración del derecho a la educación pública. Las EBC ya han sido denunciadas como un modelo de comercialización que juega con las ilusiones de las personas en situación de pobreza y que vulnera el derecho a la educación produciendo beneficios privados y pérdidas públicas; es decir, que producen un alto impacto social polarizando a las ciudadanas y ciudadanos, cada vez más, por su estatus socioeconómico y condición de género. Para ver estas acciones, el equipo de investigación observa ampliamente el discurso, las estrategias, la audiencia o a quiénes se dirigen y las y los empresarias/os que hay detrás de este modelo de negocio, para denunciar un modelo de actividad económica que exacerba las desigualdades y socava el derecho a la educación de las personas más pobres.
Las EBC existen en el contexto brasileño desde hace ya algunas décadas. Algunas EBC son propiedad de personas de la región y cuentan con: una estructura física precaria, patrimonio restringido, recursos humanos mínimos, y una mayor interacción de las familias en las escuelas. Por otro lado, escuelas como las EBC Luminova, forman parte de grandes corporaciones y cuentan con un mayor capital inversor. El GSEB está entre los mayores grupos privados de educación de Brasil y cuenta con una historia de poco más de 50 años que nace en el estado de São Paulo, donde están los posibles mayores consumidores de educación privada.
De acuerdo con el estudio, GSEB ha realizado varias estrategias mercantiles, expandiendo su rol en el negocio educativo:
- En 2007 entró en el mercado abierto y en la bolsa de valores;
- En 2010 vendió parte de su programa tecnológico de enseñanza en inglés a Pearson. A partir de aquí, aumentó su capital y expandió el negocio por otras zonas de Brasil (más allá de São Paulo).
- En 2013, realizó un estudio de mercado notando que el crecimiento del negocio está en la educación básica y focaliza ahí todas sus actividades, dejando el campo comercial de la educación superior en un segundo plano. Desde esta iniciativa, se nota “turismo educativo” en busca de sistemas educativos internacionales de éxito para ofertar una educación “basada en evidencias”, a lo largo del continente americano y europeo.
- En 2018 se reinventan y, en su lectura del nicho de mercado que ocupan las EBC, ofrecen educación a la clase C (media-baja), tal y lanzan su propuesta de EBC con una estrategia de márquetin, presentándola como un “derecho” de la clase trabajadora.
- En septiembre de 2018 se lanza la iniciativa de las escuelas Luminova.
La estrategia de márquetin de las EBC Luminova se basa en el discurso de que sus propuestas son necesidades reales que un Estado debilitado no ha podido satisfacer. Por ejemplo, se ve una pedagogía concentrada en proporcionar a sus estudiantes lo que llaman una “metodología de enseñanza innovadora direccionada por los resultados”, destacando el uso de las tecnologías y la enseñanza diaria del inglés. Así, el modelo o producto ofertado en sus páginas web utiliza la herramienta discursiva de la polarización, destacando las virtudes de un sistema educativo moderno, frente al arcaico y saturado modelo educativo público. Igualmente, también estrategias enfocadas con la seguridad del estudiantado y con el profesor influyente. Por un lado, se propone que todos los espacios de aprendizaje estén vigilados por cámaras de seguridad, siendo una escuela que preserva las relaciones sociales, no permitiendo el acoso escolar. Por otro lado, la figura del “profesor influyente”, se justifica por medio de un equipo comprometido con el aprendizaje y la formación integral de las y los estudiantes, frente a la figura del profesorado público como una de las figuras más desprestigiadas desde la ideología neoliberal.
Siendo sus principales clientes la población de bajos o medios ingresos, las EBC se dan como una oportunidad para que las empresas educativas puedan establecer nuevos clientes en el negocio de la educación. Esto reafirma el hecho de que la educación se ha visto tratada por especialistas de otros campos (periodistas, médicas/os, abogadas/os) e incluso grandes empresarias/os, ya que la educación es una “preocupación” de todas y todos (aunque con diferentes intereses). Esto la convierte en algo susceptiblemente comerciable.
La publicidad del GSEB es muy semejante a las otras cadenas de EBC, pues hay una propuesta pedagógica según lo que demanda el mercado, o sea, el estudiantado es “entrenado”. La idea central de estos negocios educativos no es la de educar, sino la de formar para un mercado que promete el ascenso social, pero que en la realidad no necesita un ciudadano y una ciudadana con pensamiento crítico y con profundidad en sus reflexiones, sino alguien que sepa manejar las nuevas tecnologías a fin de seguir nutriendo una clase trabajadora que genera más ganancias y lucro a los gigantes del mercado. Al final, las escuelas Luminova son producto del capitalismo creativo y del discurso neoliberal polarizado, que se utiliza para destacar los defectos de la oferta pública frente a las virtudes de la privada.
Para saber más a detalle de las estrategias de márquetin utilizadas por GSEB y así entender cómo el surgimiento de este mercado educativo vulnera el derecho a la educación, puedes acceder al estudio completo aquí: Privatización Educativa en Brasil: reinventando las Escuelas de Bajo Costo.
Estudio revela que no es crisis, es un proyecto: las reformas estructurales que reducen el Estado y limitan el derecho a la educación en Brasil
Estudio elaborado por la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación (CNDE) demuestra que las reformas recientes realizadas en Brasil, en base al discurso de la austeridad económica y la crisis financiera, han reforzado desigualdades estructurales, a contracorriente de la necesidad de aumentar financiamiento para derechos sociales en el país, entre ellos el derecho a la educación.
Estas reformas, al tiempo en que reducen el rol del Estado brasileño como garante de derechos, impactan de manera negativa los avances en los campos sociales que se habían conquistado en las últimas décadas en el país, precarizando los servicios públicos. Con características de complementariedad y continuidad, las medidas que están en línea con las demandas de las élites económicas atacan a las bases del funcionalismo público, incluyendo la educación pública, y refuerzan desigualdades estructurales del contexto brasileño, situación que se agrava en el contexto de pandemia.
Estos son hallazgos del estudio intitulado “No es una crisis, es un proyecto: los efectos de las Reformas del Estado entre 2016 y 2021 en la educación” (en portugués), elaborado por la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación (CNDE), con el apoyo de ActionAid, y en colaboración técnica de Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Plataforma DHESCA y coalición “Direitos Valem Mais”.
El estudio es la colaboración brasileña a una investigación global coordinada por ActionAid sobre cómo las políticas de austeridad económica están precarizando el trabajo de servidores y servidoras públicas/os, en especial de la educación, en diversos países donde la organización actúa. En este esfuerzo, los países mapearon los impactos de las reformas de austeridad fiscal promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus contextos.
La investigación en Brasil observa las reformas implementadas en el país a partir de 2016, cuando tuvieron lugar el impeachment de Dilma Rousseff y la aprobación de la Enmienda Constitucional (EC) 95/2016, la cual estableció un techo para los gastos públicos, congelando inversiones en educación, salud y asistencia social por 20 años. Luego, mira la serie de reformas que fueron impulsadas en el país bajo el argumento de la crisis financiera: las reformas laboral, tributaria y administrativa que fueron aprobadas, o están en debate en el Congreso Nacional brasileño. El estudio sistematiza informaciones esenciales y analiza las justificativas que se presentaron para las medidas, presentando argumentos contrarios que demuestran el impacto y los riesgos de las reformas para los campos sociales, especialmente la educación. Se verifica que las medidas analizadas tienen múltiples camadas, como la reducción del papel del Estado, la precarización de vínculos laborales y el desmonte de servicios públicos.
“Hace años que estamos denunciando y actuando sistemáticamente contra una serie de reformas propuestas en los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Brasil, que han dañado los derechos sociales, especialmente el derecho a la educación. Este estudio va de la mano con ese trabajo, mostrando en detalle que se trata de una agenda amplia que está en curso, combinada y complementaria, de reformas que contrarían principios constitucionales y de derechos, buscando deformar el rol del Estado”, afirmó Andressa Pellanda, coordinadora general de la CNDE y una de las coordinadoras del estudio en Brasil.
>> Descarga el estudio completo aquí.
Mira la grabación del evento de lanzamiento de la publicación:
Parte 2: Un análisis de la austeridad a partir de la raza y del género
Las reformas que reducen la capacidad del Estado brasileño de atender a su población impactan de manera más grave a las mujeres y niñas negras, de acuerdo con la segunda parte del estudio elaborado por la Campaña Brasileña [disponible aquí – en portugués].
El análisis “No es crisis, es un proyecto: los efectos de las reformas del Estado entre 2016 y 2021 en la educación – Subsidios para un análisis desde la raza y el género” hace un mapeo de parte de las medidas de austeridad implementadas y en debate en el país, poniendo luz en la lógica del obstáculo que crean a las políticas públicas.
En esta parte 2, la investigación se enfoca en mostrar que la desfinanciación de políticas públicas y protección social generadas por estas medidas profundizan desigualdades educativas. Grupos de la población históricamente marginalizados, en especial mujeres y niñas negras, son las personas más afectadas.
Mira a continuación la grabación del lanzamiento de la segunda parte del estudio de la Campaña Brasileña.
Pedido de impeachment contra el ministro de Economía Paulo Guedes
Poco antes del lanzamiento del estudio de la CNDE, la coalición “Direitos Valem Mais” [Derechos valen más], una articulación que reúne a más de 200 entidades de Brasil, entre ellas la Campaña Brasileña, presentó una demanda ante la máxima corte judicial del país, el Supremo Tribunal Federal (STF), en la que se hace un pedido de impeachment contra el ministro de Economía del gobierno de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes.
En la denuncia, se acusa al ministro de crimen de responsabilidad durante la gestión de la pandemia COVID-19. En septiembre, la Coalición “Direitos Valem Mais” y la Plaforma Dhesca Brasil presentaron los principales argumentos de la denuncia en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual abordó violaciones de derechos cometidas por el Estado brasileño en el contexto de pandemia.
El principal punto de la acusación es que el ministro Paulo Guedes dejó de asignar en la propuesta de presupuesto para el año 2021, enviada para aprobación por el Congreso Nacional, recursos para el enfrentamiento de la COVID-19 este año, enfermedad que tuvo hasta el mes de agosto de 2021 aproximadamente el 65% de muertes y el 62% de contagios desde el inicio de la pandemia. El ministerio de Economía brasileño confesó ante comisión parlamentaria del Congreso Brasileño, que no dedicó recursos específicos para combatir la pandemia en la ley presupuestal de 2021, la cual fue elaborada por el gobierno en el 2020.
“Bloquear el presupuesto público brasileño e impedirlo de servir a la concretización de derechos fundamentales previstos en la Constitución Federal es crimen de responsabilidad, en la medida que representa violación a los principios de la Ley Presupuestal”, afirma la abogada Eloísa Machado, representante de la coalición “Direitos Valem Mais”.
El pedido de impeachment también llama la atención para los impactos negativos a las políticas sociales y ambientales causados por la gestión de Paulo Guedes, quien ocupa el puesto desde enero de 2019. Según “Direitos Valem Mais”, el ministro viene actuando en el sentido de profundizar la pobreza en el país. De acuerdo con datos del Cadastro Único para programas sociales (CadÚnico), la pandemia profundizó la desigualdad social, aumentando el número de personas en situación de extrema pobreza en Brasil. En marzo de 2020, inicio de la pandemia, había cerca de 13,5 millones de personas en esta situación. El número aumentó para 784 mil personas em marzo de este año, representando un crecimiento de 5,8%.
>> Lee más aquí (en portugués).
Paulo Guedes y otras autoridades de la región son acusadas de evasión fiscal
Cinco años después de los escándalos de Panamá Papers, acción que expuso la existencia de cuentas de millonarios de todo el mundo en paraísos fiscales, una nueva investigación del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ), llamada Pandora Papers, revela que jefes de Estado y autoridades están escondiendo montos grandes de dinero bajo el nombre de empresas fraudulentas y enviando sus recursos a países donde son más bajas las tasas de tributos, y son menos transparentes las reglas e informaciones fiscales.
Entre las autoridades de todo el mundo denunciadas porque estarían enviando grandes montos de recursos propios o sin origen claro, a destinos considerados paraísos fiscales, como Dubai, Singapura y Hong Kong, están 14 líderes de América Latina y el Caribe, entre ellos Paulo Guedes y el presidente del Banco Central de Brasil, Roberto Campos Neto, así como Sebastián Piñera, de Chile; Guillermo Lasso, de Ecuador; y Luis Abinader de República Dominicana, entre otros.
Estas noticias e investigaciones refuerzan la necesidad de articular la lucha contra la austeridad económica y por justicia fiscal, a la demanda por más recursos públicos para la educación pública y gratuita, entre otros derechos humanos fundamentales.
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Diálogos para la transformación social: entrevistas destacan el legado de Paulo Freire para las democracias
16 de octubre de 2021En el marco de la campaña “Paulo Freire Vive: Una educación para la democracia” que impulsó durante el último septiembre la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), articulada a la Campaña Latinoamericana y Caribeña en Defensa del Legado de Paulo Freire, organizada por el Consejo de la Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), se impulsó una serie de entrevistas en las que se abordó la importancia del legado del educador brasileño para la realización de una educación emancipadora y transformadora, que fortalezca las democracias, no solo en Brasil, sino también en América Latina y el Caribe y otros continentes del mundo.
Mira a continuación las entrevistas.
Entrevistada: Antônia Vanderlucia de Oliveira Simplício, de MST Brasil.
Integrante del sector de formación del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, Antônia forma parte de la coordinación de Cursos sobre la Realidad Brasileña del movimiento, y dialogó con la CLADE sobre la importancia de Paulo Freire en la educación popular practicada por el MST.
Nacido oficialmente en 1984, cuando en Brasil se vivía un régimen militar dictatorial, el MST es el movimiento social más antiguo del país, siendo hoy constituido por alrededor de 350 mil familias que luchan por el derecho a la tierra en el país.
Más allá de su lucha por la cuestión agraria, el MST es referencia también en la actuación por el logro de otros derechos, entre ellos la educación en el campo y la agroecología. En este diálogo, la entrevistada aborda puntos clave, como el contexto político-pedagógico brasileño, la influencia de Paulo Freire en la educación y práctica pedagógica del MST y la importancia de la educación para el fortalecimiento de la igualdad de género, la ciudadanía y la superación de las injusticias, así como el enfrentamiento de las crisis ambiental y sanitaria que vivimos.
Mira la entrevista completa:
>> El diálogo también esta disponible en portugués aquí.
Entrevistado: Iván Terceros, cofundador de OpenLab Ecuador
Un diálogo inspirado por este encuentro que tuvo lugar en la década de 1980, entre el educador Paulo Freire y Seymour Papert, matemático e investigador, que defendía el uso de la tecnología y las computadoras para el aprendizaje.
Analizando y contrastando las perspectivas de estos dos referentes de la educación, Iván Terceros y María Cianci, de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), reflexionan en base a preguntas, como ¿qué tecnología se necesita para una educación liberadora y emancipadora? ¿cómo generar una lectura crítica de la tecnología cuando la pandemia ha evidenciado la brecha digital? ¿existen contrapropuestas a una visión predominante de que la tecnología favorece la acumulación de conocimiento y la idea de mercancía – usuario/a? En el debate sobre el uso de la tecnología en los espacios educativos ¿cómo se puede impulsar la curiosidad?
Mira el diálogo completo a continuación.
Entrevistada: Crispina Rodriguez, doctora en Sociología de Cabo Verde
Doctora en Sociología de Cabo Verde, Crispina Rodríguez ocupó varios puestos políticos en el país, nombrada diputada por 10 años y vicepresidenta del Parlamento y del Partido de la Independencia del país, el PAICV. Fue aun presidenta y cofundadora de la organización de las mujeres de Cabo Verde. Actualmente retirada, su última ocupación fue como Embajadora de Cabo Verde en la República de Cuba. Tiene estatuto de combatiente de la libertad de la Patria y es miembro de la Fundación Amílcar Cabral, héroe nacional y líder de la independencia de Cabo Verde.
Crispina conoció al educador brasileño Paulo Freire durante su jornada en Cabo Verde y Guiné-Bissau, luego del proceso de independencia de estos dos países. Según Crispina, el pensamiento y el legado de Paulo Freire fueron fundamentales para implementar una política de alfabetización de personas jóvenes y adultas en el país, a partir de una perspectiva de educación descolonizadora, para la democracia y liberadora de las opresiones e imposiciones de que era objeto el pueblo africano en aquel momento histórico.
En este diálogo con la CLADE, Crispina relató sus vivencias en el contacto con Paulo Freire y como testigo del proceso de implementación de políticas educativas y de alfabetización inspiradas en la perspectiva freireana de educación liberadora y democrática, así como sus efectos en términos de democratización y transformación social en Cabo Verde.
Paulo Freire estuvo en Guiné-Bissau y Cabo Verde en 1977 y 1979, en el posindependencia de estos países (la independencia de Cabo Verde tuvo lugar en 1975, siendo que Freire llegó al país 2 años después, invitado por autoridades que eran responsables por implementar políticas de educación y alfabetización para los contextos de estos Estados).
Freire defendía una educación descolonizadora y descolonizada, pensada a partir de los propios africanos y africanas, para el pensamiento crítico, la participación social, la democracia y pertinente para su propia realidad. Según Crispina, este pensamiento se instauró y fue reconocido en las políticas de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) y educación básica y secundaria de Cabo Verde, estando este legado vivo en el país hasta los días de hoy.
Entrevista completa (en portugués):
>> La entrevista está también disponible en español aquí.
Entrevistado: José Santis, profesor de Historia y Geografía, en Chile
Pressenza entrevistó al profesor chileno de Historia y Geografía, José Santis, sobre el centenario de Paulo Freire, que ha inspirado a generaciones de maestros y profesoras en todo nuestro continente, especialmente en Chile, donde vivió varios años aportando al proceso de la Educación Popular y la Educación para Adultos en los períodos en que gobernaron Eduardo Frei y Salvador Allende.
Mira el diálogo:
“La educación de calidad es la realización de los DDHH en y por la educación”
3 de septiembre de 2021
Como especialista en el área del derecho humano a la educación, es el autor de la tesis “Norma de Calidad de la enseñanza: Desafíos institucionales y Bases para la construcción de una Teoría Jurídica”, en la que analiza el significado de la disposición constitucional sobre la calidad de la educación en Brasil y establece un marco conceptual para el contenido normativo de este principio en relación con la educación básica.
En una entrevista con la CLADE, Ximenes defiende la importancia de discutir la calidad en un momento de impulso a la regulación legal de la calidad de la educación básica en Brasil y en otros países de América Latina y el Caribe. Por lo tanto, dice: “No podemos caer en la respuesta fácil de establecer solamente normas mínimas de calidad, ya que reduciría la amplia dimensión del derecho a la educación.” Aquí está la entrevista.
Tu investigación tiene como punto de partida la Constitución brasileña, que establece una serie de principios que se tienen que seguir en la educación, como garantía de un estándar de calidad. ¿A qué conclusión llegaste sobre el sentido de esta disposición constitucional en la educación básica?
En el caso del principio constitucional de la calidad estándar de la educación, mi estudio dice que el derecho a la educación básica de calidad es el derecho a la más alta calidad bajo las condiciones existentes. Esto ya contradice la perspectiva tradicional del derecho, que haría un camino contrario: para ser un derecho, sería necesario que sea ejecutable inmediatamente y estar bien definido. Por esta línea de pensamiento, nosotros sólo podríamos considerar un derecho los niveles mínimos que la ley considera como una regla, por ejemplo, el número mínimo de alumnos por clase, cantidad mínima de recursos, las disposiciones mínimas que pueden ser de ejecución inmediata a través de los tribunales. Este enfoque minimalista no da cuenta de una agenda para la realización del derecho a la educación como un derecho humano. Así que invierto esta lógica para argumentar que el derecho a la calidad debe realizarse al máximo, y que el establecimiento de las condiciones básicas mínimas para la concreción de este derecho debería ser un proceso gradual hacia su plena realización.
¿Y cuál sería el contenido del cumplimiento de la plena realización de acuerdo a su investigación?
El contenido del logro de la máxima calidad del derecho a la educación de calidad será determinado de manera interdisciplinaria, y yo establezco esta proposición básica de la interpretación del derecho humano a la educación en base a los instrumentos de derecho internacional, que contienen en gran medida las perspectivas de la comunidad educativa internacional. Lo más legítimo para hablar sobre el contenido de esta máxima calidad es el campo de la educación, y no el campo legal. De ahí que la integración y la interdisciplinariedad son necesarias, dentro de una perspectiva que escapa a la idea del Derecho como ciencia pura, y de un tecnicismo legal centrado en sí mismo.
¿Cuál es, en su opinión, la relación entre educación de calidad y la teoría de los derechos humanos?
La educación de calidad es la que realiza el derecho humano a la educación (DHE), realiza los derechos humanos en la educación y por medio de la educación. En este sentido, contamos con la contribución del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU, que estipula que el DHE debe tener las siguientes características: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. En esta perspectiva ampliada, este es el contenido del derecho a la educación que yo relaciono con los principios constitucionales de la educación presentes en la Constitución Federal.
El derecho a una educación de calidad tiene la dimensión de determinar que el Estado adopte medidas para la realización directa de este derecho, por ejemplo, invirtiendo recursos para garantizar las condiciones de trabajo a las escuelas, pero también implica posiciones fundamentales de derechos humanos que son salvaguardias contra acción arbitraria por parte del Estado o de otros. Por lo tanto, el derecho humano a la educación es también aquel que garantiza el espacio de la libertad académica de los estudiantes y profesores, el derecho a la pluralidad de conceptos pedagógicos, la posibilidad de que la escuela construya con relativa autonomía sus proyectos educativos, etc. Se trata de derechos que sin duda requieren la acción directa del Estado, pero van más alla de esta dimensión: exigen que se den condiciones de autonomía relativa a la escuela y a los estudiantes.
En este sentido, ¿cuál es su opinión sobre los medios y métodos de evaluación externa y estandarizada de la enseñanza? ¿Se podría decir que estos formatos no son suficientes para asegurar y medir la calidad de la educación?
En general, se tiene una opinión contraria a la mía respecto a las políticas que interpretan la calidad de la educación a partir de la estandarización, de la adopción de textos apostillados y de la entrada de los sistemas de educación privados. Entiendo que esta es una interpretación de la idea de la norma de calidad que no se justifica, ya que reduce casi por completo el espacio para la realización de otros principios constitucionales, como el principio de la libertad de enseñanza y el aprendizaje, el principio de la autonomía relativa escuelas y de la pluralidad, que están de acuerdo con la adaptabilidad prevista por el Comité DESC.
El respeto de los derechos humanos en el proceso educativo también es fundamental para comprender y llevar a cabo una educación de calidad. Es decir, no sólo promover ciertas capacidades y habilidades valoradas por el mercado y por las pruebas estandarizadas, la realización de DHE también debe permitir la realización de otros derechos humanos en la educación, por ejemplo, el derecho a la participación y la ciudadanía.
Por otra parte, la realización de los derechos humanos a través de la educación se debe lograr en la medida en que la escuela y el sistema educativo promuevan una cultura de derechos humanos y de lucha contra las desigualdades y las discriminaciones estructurales como el racismo, la dominación de género y la homofobia. Aquí relaciono el derecho humano a la educación con el principio de la igualdad, lo que implica, para la educación, la igualdad de oportunidades y la igualdad de condiciones. En la educación básica, la igualdad de condiciones debe prevalecer pues en esta etapa el derecho humano a la educación se rige por el principio de la universalidad. Esto implica la búsqueda de la eliminación de las desigualdades sociales a través de educación y la promoción de políticas públicas que garanticen condiciones básicas de calidad a todas y todos, y que fortalezcan los segmentos explotados y marginalizados. Una escuela que tiene un buen resultado en el examen PISA, pero que promueve la desigualdad y la segmentación, está interpretando la calidad con estrechez al sobrevalorar una prueba estandarizada.
En tu estudio, tú indicas las dimensiones para evaluar el cumplimiento de una educación de calidad. ¿Cuáles son?
He buscado en la literatura y en los documentos internacionales los factores relacionados con la mejora de la calidad del derecho humano a la educación. Sistematicé la información sobre estas dimensiones de la realización del derecho humano a la educación, que tienen algun nivel de protección jurídica. Ellas son siete: la dimensión de los estudiantes; ambiente escolar; condiciones de infraestructura y suministros básicos; contenido; procesos educativos pertinentes; resultados y la financiación pública. Hoy, sin embargo, hay una tendencia a la definición de las dimensiones jurídicas de la educación de calidad solamente a partir de niveles mínimos.
La Constitución brasileña de 1988 (art. 206, VII) y los tratados internacionales no facultan esta interpretación. En ellos, la educación de calidad es el derecho a recibir la máxima calidad, considerando las sietes dimensiones. Establecer niveles mínimos puede ser importante en contextos en los cuales ni siquiera estos se cumplen, pero el derecho a la educación, y el derecho a reivindicar el derecho a una educación de calidad van mucho más allá. En este sentido, sostengo en este estudio que la realización del derecho humano a la educación de calidad implica la realización de estas dimensiones de manera integrada, para que todas contribuyan con el derecho humano a la educación de calidad en esta perspectiva maximalista, es decir, que todas se realicen al máximo.
Es muy común afirmar que la ley brasileña no protege, no establece cuál es el contenido de la educación de calidad, y que necesitaríamos un estándar más objetivo. Esto no es cierto. Tú encontrarás una gran cantidad de definiciones de cada una de estas dimensiones en el contenido de la legislación brasileña. Lo que pasa es que algunas de estas dimensiones son más detalladas, y otras menos, en términos de contenido jurídico. En verdad sería útil integrar estas dimensiones amplias a un documento jurídico con fuerza normativa, pero para ello tendríamos que huír del intento minimalista y de la homogeinización de los resultados a través de pruebas estandarizadas.
¿Por qué esta financiación es una dimensión importante de la realización de una educación de calidad, y, en consecuencia, cuál sería el impacto de la privatización de la educación en este nivel de calidad?
Elegí incluir la financiación de la educación como una dimensión de su calidad en el contexto específico del debate jurídico sobre este tema en Brasil hoy, que está relacionado con la definición del costo calidad del estudiante (“custo aluno qualidade” en portugués). Este concepto ha sido creado por la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil y expresa una formulación original que se ha logrado en el país, que acerca el tema del financiamiento al de la calidad. En realidad, esta fórmula somete la lógica de la financiación de la educación a la de la garantía de las condiciones de realización progresiva de la calidad socialmente exigida.
En cuanto a la segunda pregunta, estoy convencido de que la única manera de lograr el derecho humano a la educación es a través de un sistema público coherente y equitativo, en el que el sistema privado se coloca como subsidiario, como una opción eficaz de las familias, o de los estudiantes, y no en la perspectiva de hoy en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe y en Brasil, donde el sistema privado se justifica por la segmentación social. En este sentido, el propio sistema viola los derechos humanos y el principio de la igualdad. Además, ahora hay un proceso de ingreso de la lógica privada y de la ganancia en la educación pública. Esto trae riesgos para la realización del derecho humano a la educación, cuando se canalizan recursos públicos para estas empresas que venden materiales apostillados, estandarizados, además de sistemas privados de gestión, a las escuelas públicas.
Estos materiales y sistemas se insertan con poca o ninguna participación de la comunidad escolar del municipio o de la escuela, imponiendo regímenes educativos estandarizados, que por un lado, tienden a reducir el contenido de la educación a contenidos mínimos y le retiran otras dimensiones esenciales del derecho humano a la educación (como la libertad, el pluralismo, la autonomía relativa de las escuelas, la gestión escolar democrática en las escuelas, etc). Otro problema que existe hoy en día es una generalización de la formación de nuevos profesionales de la educación básica en instituciones privadas, oligopolios de baja calidad, que inclusive se promocionan valiéndose de precios bajos.
¿Cuál es el límite de la actuación del sistema de justicia en relación con el sistema educativo?
En Brasil hoy se puede exigir el derecho a la educación en la corte. La pregunta es cómo efectuar la demanda para hacer efectiva una decisión judicial, y cuáles son los límites del control judicial sobre la política educativa. Debido a que hay situaciones que pueden ser interpretadas como justiciabilidad negativa, que es aquella que se realiza sin diálogo con el campo educativo, o que se limita a repetir determinados registros de decisión que no tienen grandes impactos en la realización efectiva del derecho humano a la educación. También existe la posibilidad de que la legalización todavía le dé más peso a la dimensión de los resultados, provocando distorsiones en el sistema educativo, en relación con la calidad educativa. Cuestiones más objetivas y menos relacionados con el campo pedagógico son más apropiadas para el control judicial.
Yo recomendaría una actuación del poder judicial con el fin de exigir que se cumpla la garantía de una infraestructura adecuada en las escuelas, que todas las escuelas tengan espacios físicos adecuados, número suficiente de maestros, que se cumpla con los requisitos legales relacionados con la valoración de los trabajadores de la educación, las condiciones para la inclusión de los estudiantes con discapacidades, la supervisión de la aplicación de los recursos públicos para la educación, y, por supuesto, el requisito de disponibilidad de cupos accesibles y apropiados para todos.
Sobre este último punto, nuestra experiencia en la Ação Educativa ha demostrado que más eficaz que la acción individual es la promoción de demandas judiciales de carácter colectivo, que lleven al poder judicial a ampliar su diálogo con el campo de la educación – mediante la realización de Audiencias Públicas, por ejemplo, – y a fortalecer el programa de monitoreo para realizar el derecho a la educación. El objetivo debe ser el de obtener decisiones judiciales que demanden al Estado eliminar las omisiones de las políticas públicas, mediante la presentación de planes específicos para la expansión y la valoración de sus sistemas educativos, cuyo desarrollo pueda ser monitoreado por las organizaciones de la sociedad civil.
