Foto: Mídia Ninja

Brasil: Redes e investigadoras/es presentan nota técnica para el monitoreo de políticas educativas durante la pandemia

10 de Junio de 2020

“El deber de la transparencia pública por parte de los sistemas de enseñanza es un compromiso con la garantía del derecho a la educación de los y las estudiantes, principalmente en el contexto de urgencia de la pandemia”, afirma la Nota Técnica “Recomendaciones para la disponibilidad y recolección de datos sobre las acciones de las redes de enseñanza relacionadas a las actividades educativas durante la pandemia COVID-19”, divulgada por grupos de investigadoras/es, organizaciones y redes de la sociedad civil, entre ellas la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación (CNDE). 

El documento afirma que es deber del Estado producir y disponibilizar datos e información que permitan monitorear eventuales efectos de la discriminación en la educación. Recomienda que las redes de enseñanza presenten datos fiables respecto a las medidas tomadas, democratizando el acceso a la información y facilitando el control social de las políticas. Según la CNDE, eso permitirá mejorar las acciones emergenciales, mientras todavía es posible corregir los rumbos y prevenir distorsiones. 

“Desde el principio de la pandemia, hemos alertado para los riesgos de discriminación que políticas de educación remota pueden causar, y hemos producido guías de orientación a las comunidades y al poder público para evitar y prevenir violaciones”, afirmó Andressa Pellanda, coordinadora de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación. Ella explica que la nota técnica es un esfuerzo colectivo para monitorear y evaluar las políticas de educación remota que ya fueron y serán implementadas. 

>> Nota técnica de la CNDE


Guía 6: Las voces de la comunidad escolar

Publicada por la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación ayer, 9 de junio, esta guía forma parte en una serie de otros recursos lanzados por la campaña para apoyar comunidades educativas y autoridades en el contexto de pandemia, desde diferentes enfoques. Esta última guía tiene por objetivo ampliar las voces de las comunidades educativas de diferentes rincones del país, sobre cómo están vivenciando el derecho a la educación en el contexto de crisis sanitaria.

Con la publicación, se quiere contribuir a concretar el principio constitucional de la gestión democrática – que necesariamente involucra la participación de las trabajadoras y trabajadores de la escuela, las familias y estudiantes.

>>  Guia 6 – Comunidade Escolar

>> Otras guías lanzadas recientemente por la CNDE


Foto: Felipe Barros/ExLibris/PMI

¿Cómo llevar a cabo las evaluaciones educativas en plena pandemia?

8 de Junio de 2020

La actual crisis sanitaria en América Latina y el Caribe provocada por el COVID-19 ha movilizado estudiantes, docentes, gestoras y gestores de la educación, autoridades, activistas y personas estudiosas del área de la educación para construir acciones y políticas públicas que lleven a reducir al máximo los impactos de la pandemia en la educación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas. 

Durante el proceso de aislamiento social, escuelas fueron cerradas y, muchas y muchos estudiantes tuvieron que recurrir a la Internet para acceder a los contenidos educativos, contexto que terminó por agravar las disparidades sociales, ya que gran parte del estudiantado no cuenta con infraestructura suficiente para lograr aprender mínimamente a la distancia – Internet de calidad, computadora, ambiente propicio para estudios, etc. 

En este escenario, ¿es posible realizar una evaluación educativa justa para todas/os las y los estudiantes? Para empezar a analizar el tema, presentamos dos casos dispares en América Latina y el Caribe: Argentina y Brasil que, a pesar de vecinos, llevan adelante políticas educativas completamente distintas. 

Argentina

Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno argentino, desde la llegada del COVID-19 a su país, ha tomado las más estrictas decisiones para contener el avance del virus: distanciamiento social, apoyo financiero a poblaciones en situación de vulnerabilidad y cierre de instituciones privadas y públicas, como las escuelas, entre otras. 

En el campo educativo, la respuesta a la crisis sanitaria en Argentina fue casi que instantánea. “Como toda emergencia tuvo su momento de caos creativo, de distribución de contenidos y tareas que poco a poco intenta ordenarse, a través de políticas públicas con un Ministerio de Educación activo y articulador de consensos, con las jurisdicciones, organizaciones sociales y sindicales”, dijo Marcela Browne, de la Fundación SES y miembro de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE).

Según la activista, el actual contexto de educación en el hogar, atravesado por las desigualdades, con por lo menos un 50% de niñas y niños en situación de pobreza, con una gran diversidad de realidades educativas y la falta de conectividad y equipos tecnológicos, apunta hacia enormes desafíos. “En este tiempo, hay experiencias educativas interesantísimas, ventanas que se abrieron y es necesario sistematizar y evaluar para seguir aprendiendo. Al mismo tiempo, hay circunstancias muy difíciles donde la prioridad ha sido resolver el derecho a la alimentación, el acceso al agua, entre otros, y las tareas escolares aún no llegaron o no se les pudo dar respuesta”, afirmó Marcela Browne. 

«Celebramos que el Consejo Federal de Educación haya decidido no transitar y sí poner el foco en el restablecimiento y fortalecimiento del vínculo entre los/as educadores y los/as estudiantes como andamiajes indispensables para el fortalecimiento del proceso de aprendizajes»

En este sentido, seguir con el mismo proceso de evaluación educativa y acreditación de contenidos, como si no hubiera pandemia, podría agudizar aún más las desigualdades educativas que afectan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Por ello, el Consejo Federal de Educación de Argentina decidió en mayo, de forma unánime, que en el territorio nacional en este contexto de excepcionalidad, la evaluación será de carácter formativo y tendrá por propósito retroalimentar el proceso de aprendizaje, adaptar contenidos y hacer devoluciones orientativas a las y los estudiantes y a las familias.

De esta manera, la evaluación de estudiantes en este período se centrará en el acompañamiento, seguimiento, registro y devolución a familias y estudiantes del proceso.

“La posibilidad de evaluación y acreditación de contenidos sería un camino de profundización de la exclusión educativa. Celebramos que el Consejo Federal de Educación haya decidido no transitar y sí poner el foco en el restablecimiento y fortalecimiento del vínculo entre los/as educadores y los/as estudiantes como andamiajes indispensables para el fortalecimiento del proceso de aprendizajes”, añadió la integrante de la CADE.


Brasil

El gobierno brasileño, por otro lado, se ha negado a seguir las recomendaciones de la OMS, como el aislamiento social para contener la crisis sanitaria. “En un momento en que Brasil es reconocido como el principal foco de la pandemia en América Latina y el Caribe, el gobierno asume una postura burlesca ante la gravedad de la situación, y a la vez irresponsable y violenta, en el sentido de que estimula conflictos sociales y la polarización política, y defiende que la población se arme, contribuyendo a profundizar los impactos negativos del COVID-19 y a agravar la inestabilidad política, social, sanitaria y económica en la que el país se encuentra”, afirmó la CLADE en nota publicada la semana pasada.

Esta política negacionista no fue diferente en términos de educación: el gobierno brasileño se niega a hacer cualquier tipo de cambio en relación a las evaluaciones educativas, ya que desde el principio de la crisis sanitaria en el país, ha defendido la reapertura de las escuelas y universidades, en un escenario de graves riesgos de contagio por el COVID-19 y ante un recorte de 19.8 mil millones de reales (3.62 mil millones de dólares) en el presupuesto de la educación para el 2020.

“Someter todos estos y estas jóvenes, en situación de excepcional desigualdad de oportunidades, a un mismo examen para acceder a la Educación Superior es injusto e inconstitucional”

Hubo fuerte presión de organizaciones, redes y movimientos sociales, entre ellos la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE), exigiendo al Ministerio de Educación la suspensión del calendario previsto para el Examen Nacional de la Secundaria (Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM), la evaluación educativa más relevante para la etapa secundaria en el país, cuya realización permite que las y los estudiantes puedan ingresar a la universidad pública. El Congreso Nacional de Brasil también se manifestó a favor de la suspensión de la prueba. Solo después de estas expresiones de la población y del parlamento, el gobierno decidió posponer la realización de la evaluación, que estaba prevista para noviembre. 

“Someter todos estos y estas jóvenes, en situación de excepcional desigualdad de oportunidades, a un mismo examen para acceder a la Educación Superior es injusto e inconstitucional”, manifestó la CNDE en entrevista al periódico O Globo

La Campaña, al lado de otros movimientos y organizaciones que defienden el derecho a la educación pública en el país, luchan para que el examen nacional se suspenda de manera definitiva. 

“No basta que el gobierno federal imponga una nueva fecha simplemente para disminuir el debate alrededor del tema. Por lo contrario, el diálogo con las Secretarías de Educación, consejos, entidades de clase, representaciones estudiantiles, municipales y estaduales, y organizaciones y movimientos de la sociedad civil es una medida que se impone en un escenario de incertidumbre generalizada y que es exigida por la Constitución Federal”, afirman la CNDE y otras organizaciones en demanda al Tribunal Regional Federal por la suspensión del ENEM.


Foto: Campanha Nacional pelo Direito à Educação

CLADE: repudio a las actuales políticas del gobierno brasileño ante la pandemia COVID-19

27 de Mayo de 2020

Ante el crecimiento rápido del número de contagios y muertes por la pandemia COVID-19 en Brasil y la negligencia pública de la presidencia del país respecto a la gravedad de la crisis sanitaria, la CLADE divulga hoy, 26 de mayo, un posicionamiento público en solidaridad y apoyo a la sociedad brasileña.

“(…) En un momento en que Brasil es reconocido como principal foco de la pandemia en América Latina y el Caribe, el gobierno asume una postura burlesca ante la gravedad de la situación, y a la vez irresponsable y violenta, en el sentido de que estimula conflictos sociales y la polarización política, y defiende que la población se arme, contribuyendo a profundizar los impactos negativos del COVID-19 y a agravar la inestabilidad política, social, sanitaria y económica en la que el país se encuentra. Lamentamos la absoluta ausencia de duelo por parte de la máxima autoridad del país, ante las más de veinte y una mil muertes que el país registra y extendemos todo nuestro sentimiento a las víctimas, sus familias y entes queridos, y a todo el pueblo brasileño”, afirma la nota.

El comunicado también subraya los problemas que la educación brasileña enfrenta en este contexto de crisis sanitaria y política. “El presidente ha defendido la reapertura de las escuelas y universidades, en un escenario de graves riesgos de contagio por el COVID-19 y ante un recorte de 19.8 mil millones de reales (3.62 mil millones de dólares) en el presupuesto de la educación para el 2020”.

A través del posicionamiento, la CLADE se suma a la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, estudiantes, docentes y otros sectores movilizados del país, que cobran medidas serias del gobierno nacional para la superación del actual contexto de crisis y por la inversión de los recursos necesarios en salud, educación y otros derechos sociales.

>> Nota de la CLADE completa.


A imagem é uma fotografia ao meio de duas faixas pretas, localizadas nas partes superior e inferior da imagem. Na foto, aparece o rosto de uma mulher negra de cabelos presos. Ela usa óculos escuros e segura um cartaz branco com bordas vermelhas, no qual se lê a mensagem: “Diga não! Ao corte na educação”. Abaixo da foto, sobre a faixa preta inferior, está o crédito de autoria da foto: Campanha Nacional pelo Direito à Educação (CNDE). Fim da descrição.
Foto: Campanha Nacional pelo Direito à Educação (CNDE)

Brasil: Financiamiento de la educación no puede poner en riesgo a otros programas esenciales

18 de Mayo de 2020

“En este momento de pandemia COVID-19, en que las desigualdades sociales y educacionales tienden a profundizarse, la respuesta de aquellos y aquellas que están verdaderamente comprometidos con el derecho a la educación debe ser la aprobación de un Fundeb [Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y Valoración de los Profesionales de Educación] robusto, con la constitucionalización de parámetros que garantizan la calidad y con inversión adecuada para tal fin, sin que para eso se utilicen fuentes de recursos que ponen en riesgo a otros programas esenciales, y sin la permisibilidad con mecanismos de evaluación y distribución de recursos que solo presionen por más disparidades socioeconómicas y educativas”, afirmó la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil en su posicionamiento público divulgado el último martes, 12 de mayo. 

Respecto a la votación de la propuesta legislativa para el nuevo Fundeb, que será llevada a cabo en el Congreso Nacional, la Campaña manifiesta la necesidad de realizar cambios en el texto actual del proyecto, pues de aprobarse como está se podrían generar impactos drásticos en la financiación de la educación básica, en especial en lo que toca a los programas sociales que son todavía más esenciales en el momento de crisis que vivimos por la pandemia COVID-19. 

>> Lee el texto completo en portugués: “O Fundeb em novo cenário: a pandemia da COVID-19”


Foto: Campanha Nacional pelo Direito à Educação

ONU denuncia gobierno brasileño por irresponsabilidad durante la pandemia COVID-19

5 de Mayo de 2020

En comunicado reciente, relatoras/es de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunciaron el gobierno brasileño por realizar “políticas irresponsables” durante la pandemia COVID-19. Para las autoridades, el país debería abandonar inmediatamente políticas de austeridad económica mal orientadas, que ponen en riesgo a las vidas. Recomiendan también que el Estado aumente los gastos en el combate a la desigualdad y la pobreza que se vienen profundizando con la pandemia. 

La nota fue divulgada después que organizaciones brasileñas denunciaron a la ONU la postura del presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien ha ignorado las recomendaciones de cuidado con la vida y la salud de las poblaciones, emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Los recortes de financiamiento gubernamentales violaron los parámetros internacionales de derechos humanos, incluso en educación, vivienda, alimentación, agua y saneamiento e igualdad de género”, afirmaron relatoras/es especiales de la ONU en el comunicado conjunto. Firmaron la declaración: Léo Heller, relator sobre el derecho humano al agua potable y saneamiento; Hilal Elver, relator sobre el derecho a la alimentación; Leilani Farha, relatora sobre el derecho a la vivienda adecuada; Dainius Pūras, relator sobre el derecho a la salud física y mental; Koumbou Boly Barry, relatora sobre el derecho a la educación; y el Grupo de Trabajo sobre discriminación contra las mujeres y niñas.

La noticia fue publicada por el periodista brasileño Jamil Chade en su columna. De acuerdo al comunicador, esta es la declaración más dura ya presentada por relatoras/es de la ONU contra Brasil, debido a su gestión de la crisis. Así mismo, es de las raras comunicaciones de la Organización dirigidas a un país específico, por su gestión sanitaria.

Para las y los relatoras/es de la ONU, el sistema de salud de Brasil está debilitado y con sobrecarga, lo que pone en riesgo a los derechos a la vida y la salud de millones de brasileñas y brasileños. “Es hora de revocar la Enmienda Constitucional 95 y otras medidas de austeridad contrarias al derecho internacional de los derechos humanos”, afirmaron. Las autoridades denuncian el hecho de que el gobierno brasileño ha priorizado la economía sobre la vida de las personas. “En el 2018, pedimos a Brasil que reconsiderase su programa de austeridad económica y pusiera a los derechos humanos en el centro de sus políticas económicas”, afirmaron. “También expresamos preocupaciones específicas sobre los más vulnerables, particularmente mujeres, niñas y niños que viven en situación de pobreza, afrodescendientes, poblaciones rurales y personas que habitan viviendas informales”, señalaron también.


Enmienda Constitucional 95 y el COVID-19 

Al lado de otras medidas económicas regresivas llevadas a cabo por el gobierno del ex presidente de Brasil, Michel Temer, la Enmienda Constitucional 95 (EC 95) de 2016 estableció un nuevo régimen tributario y determinó que las inversiones públicas en los campos sociales no pueden superar el ajuste por la inflación, durante el período de 20 años. Así, por dos décadas, educación, salud y protección social no recibirán nuevos recursos. 

La Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil y otras entidades y movimientos sociales del país rechazan vehementemente la medida. Al inicio de la crisis sanitaria debido a la pandemia COVID-19, presentaron una demanda ante el Supremo Tribunal Federal (STF), corte máxima del país, por la suspensión inmediata de la EC 95.

La motivación tiene carácter emergencial, ya que la pandemia pone en riesgo al funcionamiento del Sistema Único de Salud (SUS). Así mismo, la suspensión de las clases presenciales en el sistema público de educación, como forma de mitigar la transmisión del virus, acompañada de la interrupción de la oferta de alimentación escolar, ha expuesto niños, niñas y adolescentes de familias con menos ingresos a la miseria y al hambre.


Foto: Beatriz Ferraz

Brasil: Tribunal decidió que la prohibición del abordaje de género en la educación es inconstitucional

29 de Abril de 2020

El pasado viernes, 24 de abril, el Supremo Tribunal Federal (STF), corte máxima de Brasil, decidió que la prohibición del tratamiento a cuestiones relacionadas a género y sexualidad en las escuelas del país es inconstitucional. (más…)


Foto: Agência Brasil

El derecho a la educación en Brasil: El momento es de resistencia y lucha

14 de Abril de 2020

Para conocer el actual escenario del derecho a la educación en Brasil, dialogamos con Andressa Pellanda, coordinadora ejecutiva de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación (CNDE), miembro de la CLADE en el país. Entre los principales desafíos, Pellanda destaca la disminución de recursos públicos para la educación y la fragilidad de la democracia brasileña.

“Brasil se enfrenta actualmente a un contexto serio de austeridad [financiera], acompañado por el incumplimiento de los objetivos educativos nacionales e internacionales y con recursos insuficientes para el área, debilitando las instancias de participación y democracia”, afirmó.

Lee el diálogo completo:  (más…)


COVID-19: Guías sobre la educación y protección de niñas, niños y adolescentes

9 de Abril de 2020

En este momento de crisis, la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación (CNDE), miembro de la CLADE en Brasil, en alianza con la plataforma Cada Criança, ha disponibilizado dos guías dirigidas a familias, escuelas, agentes locales de seguridad social y autoridades para que puedan garantizar la protección y educación de niños, niñas y adolescentes.

«El objetivo es ofrecer informaciones comprobadas y accesibles sobre cómo la ciudadanía vinculada a la educación puede actuar, demandar y trabajar para la protección de todas y todos de manera colaborativa y también, por parte de las autoridades públicas, garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en situaciones de emergencia», afirma la CNDE.

Lee a continuación un resumen de las guías en español o descarga el documento completo en portugués dirigido a las familias y profisionales de la educación aquí, y la guía para autoridades aquí. (más…)


Foto: Agência Brasil

Coronavirus en Brasil: organizaciones demandan al Supremo Tribunal la inmediata suspensión de la limitación de gastos para educación y salud

20 de Marzo de 2020

Organizaciones que actúan en defensa de los derechos humanos en Brasil presentaron, el último 18 de marzo, una demanda ante el Supremo Tribunal Federal (STF), corte máxima del país, por la suspensión inmediata de la Emenda Constitucional 95 de 2016 (EC 95/2016), que limita los gastos públicos en educación, salud, asistencia social y otros derechos. La motivación tiene carácter emergencial, ya que la pandemia del COVID-19 (coronavirus) pone en riesgo el funcionamiento del Sistema Único de Salud (SUS). Así mismo, la suspensión de las clases presenciales en el sistema público de educación, como forma de mitigar la transmisión del virus, acompañada de la interrupción de la oferta de alimentación escolar, ha expuesto niños, niñas y adolescentes de familias con menos ingresos a la miseria y al hambre. (más…)


Jaime Herrera Espinoza

¿Cómo está el financiamiento educativo en Brasil, Chile, El Salvador y Guatemala?

8 de Enero de 2020

Informes elaborados por foros nacionales miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en Brasil, Chile, El Salvador y Guatemala, muestran que los gobiernos de estos países no cumplen las leyes de financiamiento educativo, afectando de manera negativa a la calidad de la educación en ámbito nacional. Además, en el caso de Chile, hay una fuerte tendencia hacia la privatización de la educación.

Los documentos fueron presentados ante el último Foro Político de Alto Nivel de la ONU (julio de 2019), donde se revisó el estado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos el ODS 4, referido a la educación.

A continuación, lee más informaciones sobre cada uno de dichos países.  (más…)