Foto: Agência Brasil

Andressa Pellanda: “El Costo Alumno-Calidad trae la dignidad para cada escuela del país”

27 de agosto de 2020
Andressa Pellanda: «Esta conquista es una victoria todavía más importante porque a través de la Enmienda Constitucional 108/2020 logramos incluir en la Constitución Federal el Fundeb con el Costo Alumno-Calidad, que es un mecanismo construido por la Campaña hace 18 años». Foto: Archivo/twitter

Aprobada por unanimidad en el Senado Federal de Brasil este último martes (25), la Enmienda Constitucional 108/2020 crea e incluye el nuevo Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica (Fundeb) en la Constitución Federal del país. Más que eso, la enmienda garantiza que sean parte de este nuevo Fundeb el Costo Alumno-Calidad (CAQ), mecanismo que une calidad, y control social y financiero adecuado a la educación brasileña, y el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Básica (Sinaeb).

El hecho es histórico y es considerado por educadoras y educadores, activistas, docentes, organizaciones y movimientos sociales como una de las más importantes victorias en términos de la garantía de los derechos humanos en los últimos tiempos. 

Uno de los principales actores responsables por este marco en la educación brasileña fue la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil. Miembro de la CLADE, la Campaña es la red más grande, amplia y plural en defensa del derecho a la educación en Brasil y fue la responsable de formular los argumentos técnicos y políticos, y de coordinar una amplia y decisiva movilización, que culminó en una victoria para la educación pública brasileña. 

Para abordar con mayor profundidad la importancia del hecho, conversamos con Andressa Pellanda, coordinadora general de la Campaña. En la entrevista, Andressa hizo un análisis del contexto político, social y educativo del país, de la lucha de toda la comunidad educativa para lograr conquistar un Fundeb con CAQ y de los próximos pasos para que se garantice el derecho a la educación en Brasil.

A continuación, lee la entrevista completa: 

¿Cuál es el contexto político y educativo de Brasil?

Andressa Pellanda – Brasil vive un contexto muy difícil, tanto en materia educativa como en términos políticos y democráticos. Desde 2015 hemos vivido turbulencias, golpes e inestabilidades políticas y económicas que han impactado decisivamente en los derechos sociales de la población de Brasil y han comprometido la garantía de esos derechos que antes estaban en camino hacia la universalización.

Con el gobierno de Bolsonaro, la educación en Brasil pasa a vivir una situación todavía más oscura, ya que sus ministros y toda la agenda de gobierno deja al margen el eje principal de la educación en Brasil, que es el Plan Nacional de Educación”

La educación no queda por fuera de este contexto. Desde el gobierno de Michel Temer [2016-2018] hemos vivido un proceso de privatizaciones muy intensas en nuestra educación, de recortes enormes en el área, especialmente después de la aprobación de la Enmienda Constitucional 95/2016, que impone una política de austeridad absurda en las áreas sociales y que no fue anulada ni en el contexto de COVID-19, a pesar de las recomendaciones nacionales e internacionales que defendían más inversiones en las áreas sociales y también en la educación. 

Con el gobierno de Bolsonaro, la educación en Brasil pasa a vivir una situación todavía más oscura, ya que sus ministros y toda la agenda de gobierno deja al margen el eje principal de la educación en Brasil, que es el Plan Nacional de Educación, sustituyéndolo con estructuras de censura, de militarización de escuelas, de privatización y de una política de Estado mínimo para el área. 

No es un escenario fácil, es uno de los peores y quizás el peor escenario que hemos vivido desde la redemocratización y, por lo tanto, ha sido muy complicado actuar por el derecho a la educación en Brasil, no solo por esta situación sino también por el debilitamiento de los espacios de participación social, de la propia democracia.


¿Cuál es la importancia de la votación del Fundeb con el CAQ?

Andressa Pellanda – Ante este contexto, el logro que conseguimos con la votación por unanimidad del nuevo Fundeb en el Senado Federal, después de una votación casi unánime en la Cámara de los Diputados, representa una gran victoria de la sociedad, de la comunidad educativa, especialmente de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, ya que  defender el financiamiento adecuado de la educación en Brasil ha sido una de nuestras banderas más importantes. 

Esta conquista es una victoria todavía más importante porque a través de la Enmienda Constitucional 108/2020 logramos incluir en la Constitución Federal el Fundeb con el Costo Alumno-Calidad, que es un mecanismo construido por la Campaña hace 18 años. Una vez en la Constitución, ya no hay manera de impedir que el CAQ se realice en nuestras escuelas.

“El Costo Alumno-Calidad trae la dignidad para cada escuela del país, con independencia de la región en la que viva el estudiante, además de garantizar que haya justicia educativa, justicia social en nuestros centros educativos. Por ello es que fue tan importante que se votara un Fundeb con el Costo Alumno-Calidad”

La realidad que el Costo Alumno-Calidad trae para nuestras escuelas es la valorización de los profesionales de la educación, mejores condiciones de trabajo, formación adecuada para estos profesionales, infraestructuras adecuadas en las escuelas, para que todas ellas tengan baños, bibliotecas, clases de recursos multifuncionales, gimnasios de deportes, laboratorios de ciencias y con todos los materiales necesarios para que haya una estructura de escuela de calidad en todas las regiones del país. También está previsto en el mecanismo que esta escuela tenga garantizados los recursos para su gestión democrática, como la construcción de proyectos político-pedagógicos, y la infraestructura y formación adecuada de docentes para garantizar la educación inclusiva. 

Además, el CAQ incluye el control de los recursos para la educación, haciendo que los recursos de complementación, provenientes del gobierno federal, puedan llegar a los lugares que los necesitan.

El Costo Alumno-Calidad trae la dignidad para cada escuela del país, con independencia de la región en la que viva el estudiante, además de garantizar que haya justicia educativa, justicia social en nuestros centros educativos. Por ello es que fue tan importante que se votara un Fundeb con el Costo Alumno-Calidad.


¿Cuáles fueron las otras conquistas que el Fundeb trajo para el derecho a la educación en el país?

Andressa Pellanda – Además del CAQ, logramos que fuera incluido en Fundeb el Sistema de Evaluación de la Educación Básica [Sinaeb], que ya está en el Plan Nacional de Educación, pero que nunca había sido puesto en práctica, además de la construcción de un nuevo sistema de distribución de los recursos para la educación, que es un sistema híbrido que trae más garantía de equidad, sin que ninguna red de enseñanza sea perjudicada.

Además, este nuevo Fundeb también garantiza que el mínimo de 70% de los recursos sean dedicados a los profesionales de educación, ya sea para su formación, salarios, etc., valorándolos más. 

En nuestro sistema educativo, la oferta de la educación básica es de responsabilidad de las municipalidades y de los Estados, pero hay una demanda de que el gobierno federal colabore técnicamente y financieramente, de manera activa, para la garantía del acceso y calidad de la educación básica. Con el nuevo fondo, logramos garantizar nuevos recursos del gobierno federal.


A partir de la votación, ¿cuáles serán los próximos pasos para que el derecho a la educación en Brasil sea garantizado?

Andressa Pellanda –  La reglamentación del Fundeb necesita ser realizada en secuencia, de manera de garantizar el funcionamiento pleno de la Enmienda Constitucional 108/2020, relativa al Fundeb, profundizando algunos elementos que esta presenta. 

En este contexto, será necesario que el CAQ sea parte de esta reglamentación, ya que el mecanismo es el responsable de proveer las bases para las condiciones adecuadas de calidad de la educación brasileña. Además, es fundamental que el CAQ sea parte de la Ley del Sistema Nacional de Educación, cuya votación ha tardado en ser debatida y aprobada pero que ahora, después de la votación del Fundeb, puede ser realizada con más facilidad y calidad.


Además de la votación del Fundeb, ¿cuáles son las otras áreas de actuación de la Campaña este año?

Andressa Pellanda – Hemos actuado en algunas agendas intersectoriales, con un trabajo muy cercano a otros actores de la sociedad civil, como el Foro Brasileño de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MST) y la ActionAid Brasil para garantizar y mejorar los procesos de distribución de la alimentación escolar en este contexto de pandemia, que ha perjudicado la seguridad alimentaria de niños y niñas brasileños. 

Otro trabajo que hemos hecho es junto al Foro Nacional de Erradicación y Prevención del Trabajo Infantil que, a través de la plataforma Cada Criança [Cada niño/niña], lucha para garantizar prioridad y protección absoluta a las niñas, niños y adolescentes bajo el lema “toda niña y niño debe ser libre y tiene derecho a la educación”.

“Este año es un año muy duro por la pandemia y por el escenario político y económico en Brasil y en el mundo, pero seguramente es un año que será recordado como el año en que garantizamos un Fundeb permanente, con el Costo Alumno-Calidad, y que también vencimos en el Supremo Tribunal Federal los ataques discriminatorios de ‘Escuela Sin Partido’”

También hemos dedicado muchos esfuerzos en el sentido de garantizar la equidad y la no discriminación en las políticas educativas que han sido desarrolladas en este periodo de pandemia. Con la suspensión de las clases en las escuelas y la intensificación de las actividades remotas, hemos luchado mucho contra la privatización de la educación en esta agenda y en otras.

Por último, pero no menos importante, hemos actuado por una educación que sea diversa y por espacios de participación democráticos frente a este momento oscurantista de la política brasileña, caracterizado por la censura, la militarización, el conservadurismo y la discriminación. Junto con otras organizaciones, hemos formado un grupo que ha actuado a nivel jurídico para declarar acciones de inconstitucionalidad referentes al movimiento de “Escuela Sin Partido” en el Supremo Tribunal Federal y que hasta ahora obtuvo victorias.

Este año es un año muy duro por la pandemia y por el escenario político y económico en Brasil y en el mundo, pero seguramente es un año que será recordado como el año en que garantizamos un Fundeb permanente, con el Costo Alumno-Calidad, y que también vencimos en el Supremo Tribunal Federal los ataques discriminatorios de “Escuela Sin Partido”. 

Son victorias de la Campaña, construidas por todas y todos, con el liderazgo incansable de nuestro coordinador general hasta este año, Daniel Cara. Sin todo su trabajo y estrategia, no hubiéramos llegado a este resultado.


Testimonio de Andressa Pellanda, en portugués, trás la votación del nuevo Fundeb en el Senado brasileño:

Andressa Pellanda, coordenadora da Campanha, comemora vitória do Fundeb no Senado

A voz embargada da nossa coordenadora-geral, Andressa Pellanda, não mente: a aprovação do #FundebPraValer no Senado Federal é histórica! Há 20 anos, é para isso que lutamos!Saiba mais em nossa Carta à Sociedade Brasileira: https://campanha.org.br/noticias/2020/08/25/vitoria-da-escola-publica-com-caq-na-constituicao-e-fundeb-permanente-realidade-da-escola-publica-no-brasil-sera-transformada/#VaiCampanha #FundebPraValer #FundebComCAQ

Posted by Campanha Nacional pelo Direito à Educação on Tuesday, August 25, 2020


Foto: De Olho nos Planos

Brasil: ¿Por qué es imprescindible constitucionalizar el Costo Alumno-Calidad?

18 de agosto de 2020

Con el objetivo de sistematizar los principales puntos para comprender qué es el Costo Alumno-Calidad (CAQ), la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE) lanzó la nota técnica “¿Por qué es imprescindible constitucionalizar el Costo Alumno Calidad?”. 

El documento, disponible en portugués, destaca la importancia del CAQ ‒mecanismo que une calidad, y control social y financiero adecuado a la educación brasileña‒ para el nuevo Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y de Valoración de los Profesionales de la Educación (Fundeb), además de presentar sus 18 años de historia, sus investigaciones y debates públicos, y deshacer mitos e incomprensiones sobre el mecanismo.

“Al considerar los insumos necesarios para garantizar un patrón de calidad, el CAQ pauta las inversiones que cubren los costos de mantenimiento  de las guarderías, pre-escuelas y educación primaria y secundaria, en sus distintas modalidades, conforme lo previsto en la Constitución Federal, en la Ley de Directrices y Bases de la Educación de Brasil (Ley nº 9.394/1996) y en el Plan Nacional de Educación (Ley nº 13.005/2014), entre otras leyes”.

La inserción del CAQ en la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 26/2020 que institucionaliza el nuevo Fundeb fue aprobada en la Cámara de los Diputados de Brasil. El Senado brasileño debe votarla en esta semana, pero los legisladores que apoyan al gobierno y otros partidos conservadores se han resistido a mantener el CAQ en la PEC.

Al publicar la nota técnica, la CNDE subraya la importancia del CAQ para garantizar la calidad de la educación pública brasileña. “La implementación del CAQ para mejorar el financiamiento de las escuelas públicas brasileñas se justifica por al menos tres razones: 1) la persistencia de una enorme desigualdad de acceso, condiciones dispares de permanencia y calidad educativa entre personas de diferentes clases sociales; 2) evidencia de condiciones insuficientes en las ofertas en las escuelas públicas; y 3) las limitaciones de la actual política de financiamiento”, se explica en el documento.

>> Nota técnica “¿Por qué es imprescindible constitucionalizar el Costo Alumno Calidad?” (disponible en portugués) 

 


Foto: Adam Jones

¿Cómo garantizar la EPJA en tiempos de pandemia?

28 de julio de 2020

¿Qué se está haciendo para garantizar la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en América Latina y el Caribe? ¿Qué pueden hacer las y los educadores? Buscando contestar esa y otras interrogantes sobre el derecho a la educación a lo largo de la vida en la región, especialmente en el contexto de pandemia por el Covid-19, el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) y el Grupo de Incidencia en Políticas Educativas (GIPE), que forma parte del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), lanzaron la publicación “La Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en América Latina y el Caribe durante la pandemia por la Covid-19″. 

«Las medidas de aislamiento evidencian las asimetrías existentes y las profundizan, y suponen un retroceso educativo que tiende a profundizar las desigualdades, principalmente por las condiciones económicas y sociales de la gran mayoría de la población»

Con cinco capítulos divididos en 15 páginas, la publicación analiza el escenario actual del derecho a la educación de personas jóvenes y adultas en la región, además de subrayar algunos desafíos para garantizarlo, como la importancia de desarrollar políticas de democratización de la conectividad, especialmente para zonas urbanas marginales, rurales, amazónicas; y para personas afrodescendientes. Asimismo, subraya la necesidad de fortalecer el trabajo territorial ligado a la educación comunitaria que responda a las necesidades y demandas de las organizaciones y personas para construir una sociedad educadora, compartiendo saberes, el autocuidado, estrechando lazos de solidaridad y fortaleciendo los valores ciudadanos.

“En el mundo entero y en América Latina y el Caribe, estamos viviendo las consecuencias de una crisis que se inicia como sanitaria, ocasionada por el Covid-19, y que hoy tiene graves consecuencias en lo económico, educacional, ambiental, en el cuidado de la vida y de la naturaleza. (…) Las medidas de aislamiento evidencian las asimetrías existentes y las profundizan, y suponen un retroceso educativo que tiende a profundizar las desigualdades, principalmente por las condiciones económicas y sociales de la gran mayoría de la población”, afirma la publicación.

Según el documento, la educación de personas jóvenes, adultas y adultas mayores está caracterizada no solo por la edad de aquellos que están por fuera del sistema educativo, sino también por su condición social. “En otras palabras, son aquellos y aquellas que el sistema ya ha excluido. Son aquellos y aquellas a los y las que hoy el sistema vuelve a golpear en esta situación de aislamiento. Esta población se encuentra en situación de vulnerabilidad en todos sus sentidos”.

La publicación también presenta una muestra de lo que siete países de la región están haciendo, a partir de informes de países recopilados por miembros del GIPE-CEAAL. A continuación se presenta un resumen de cada uno de ellos. 

Argentina 

En lo que hace a política educativa, poco se habla de la situación de jóvenes y adultos en esta emergencia educativa. Las propuestas oficiales por parte del Estado no contemplan la particularidad del trabajo con este sector de la población. En cambio, apuntan a cierta democratización del acceso a la educación, a través de la elaboración de cuadernillos para educación primaria y secundaria (con el fin de que lleguen a los territorios más remotos de la geografía local) y a la generación de contenidos audiovisuales o radiales, que se presentan como sustitutos de los y las docentes: las clases continúan; el Ministerio de Educación educa a través de estos dispositivos.


Brasil 

La gran mayoría de los departamentos de educación, estatales y municipales, suspendió las actividades en el aula a fines de marzo. Recién el 28 de abril el Consejo Nacional de Educación (CNE) aprobó por unanimidad las directrices para guiar a las escuelas de educación básica y las instituciones de educación superior durante la pandemia de coronavirus. Durante este intervalo de un mes, los estados y municipios trataron de crear sus propias estrategias para la enseñanza y la asistencia alimentaria. En términos de estrategias pedagógicas, es posible identificar tres: las que usan Google Classroom, las aplicaciones desarrolladas específicamente para esta misión, las clases de video u otras plataformas de la propia secretaría, las que usan canales de TV abiertos para transmitir clases, y la preparación de material impreso y folletos que los estudiantes pueden recibir en casa o recoger en la escuela.


Chile 

En todo el sistema educacional chileno se ha enfrentado la emergencia sanitaria y su impacto en la vida escolar a través de la educación a distancia, con todas las limitaciones que ello tiene en materia de capacitación de los y las docentes. Además, la educación en línea es un recurso de emergencia en la actualidad pero no puede ser sólo una réplica de la educación presencial, como tampoco simular en las casas las actividades y los procedimientos de estudio y evaluación que son propios de la vida escolar regular. Directivos, docentes y equipos psicosociales de los establecimientos de la EPJA han debido asumir el desafío de enfrentar el cierre escolar con acciones de educación a distancia a través del uso de plataformas de tecnologías de comunicación remota (como Zoom y Whatsapp), preparación de guías de aprendizaje, entrega domiciliaria de estas guías donde no se tiene conexión a internet o no existen condiciones para la concentración y el estudio, al mismo tiempo que se procuraban ayudas alimentarias y apoyo psicosocial a los y las estudiantes que lo necesitaban.


El Salvador 

Se mantienen programas de alfabetización, educación básica y alfabetización para jóvenes y adultos, particularmente programas de modalidades flexibles como segunda oportunidad para quienes abandonaron el sistema y no lograron una educación oportuna. Estas modalidades han sufrido recortes presupuestarios y de cobertura en los últimos años. Se pasó de una inversión de $ 9,5 millones en 2019 a $ 8,1 millones en 2020 (este monto incluye los recursos asignados a través de instituciones implementadoras y los administrados desde las direcciones departamentales de Educación).


Guatemala

Guatemala mantiene enormes rezagos educativos a todo nivel. La cobertura del subsistema escolarizado es baja (80% en el nivel primario) y en algunos casos extremadamente baja (cercana al 50% en el primer ciclo de la secundaria y cerca del 25% en el segundo ciclo), mantiene una tasa de alfabetización absoluta del 20% según datos oficiales (2018) y tradicionalmente la EPJA ha sido mínima frente a la educación escolarizada. El sistema educativo en su conjunto se ha orientado hacia los procesos virtuales, lo que solo permite un alcance parcial, dada la baja cobertura de internet. Hasta ahora las principales acciones son: entrega de alimentos (alimentación escolar) a las familias de los estudiantes del nivel primario y, desde mayo, distribución de guías educativas impresas para todos los grados del nivel primario (para dos semanas, con baja calidad).


Nicaragua 

No ha interrumpido oficialmente las actividades educativas. Según el Ministerio de Educación se ha instado a los centros educativos a tomar medidas como el lavado de manos al menos dos veces al día y mantener distanciamiento de no menos de un metro con los estudiantes. No hay información específica sobre la Educación de Jóvenes y Adultos, y se continúan desarrollando como en tiempos normales las diversas modalidades de educación presencial y a distancia.


Perú 

El Ministerio de Educación (MINEDU) ha implementado una estrategia de enseñanza a distancia denominada “Aprendo en casa” que, según datos oficiales, está llegando a más de seis millones de estudiantes de colegios públicos de la Educación Básica Regular, Básica Alternativa y Especial, a través de diversos medios como internet, radio y televisión. Según un informe del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el Perú solo el 46% de peruanos tiene acceso a Internet; la penetración de Internet es casi inexistente en las zonas rurales (1%), mientras que en las zonas urbanas es del 30,2%.


República Dominicana

A partir de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional, el 19 de marzo de 2020, y la suspensión de la docencia presencial, el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) marcó la necesidad de diseñar e implementar estrategias y actividades para dar continuidad al aprendizaje desde casa, utilizando diversos recursos y herramientas virtuales disponibles para esos fines, y otras como medio de comunicación e información. La respuesta educativa ha integrado la televisión, la radio, las plataformas diversas, las herramientas y los recursos virtuales múltiples. En general, ha dado respuestas a casi tres millones de estudiantes a nivel nacional. En EPJA, se ha atendido alrededor de 300 mil estudiantes, sin contabilizar los de alfabetización, en mil centros y con alrededor de diez mil docentes. 


>> “La Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en América Latina y el Caribe durante la pandemia por la Covid 19″


A imagem é uma fotografia ao meio de duas faixas pretas, localizadas nas partes superior e inferior da imagem. Na foto, aparece o rosto de uma mulher negra de cabelos presos. Ela usa óculos escuros e segura um cartaz branco com bordas vermelhas, no qual se lê a mensagem: “Diga não! Ao corte na educação”. Abaixo da foto, sobre a faixa preta inferior, está o crédito de autoria da foto: Campanha Nacional pelo Direito à Educação (CNDE). Fim da descrição.
Foto: Campanha Nacional pelo Direito à Educação (CNDE)

Brasil: reclaman más recursos para escuelas, estudiantes y docentes

21 de julio de 2020

Con el hashtag #FundebpraValer, a través de las redes sociales, estudiantes, docentes, activistas, educadoras y educadores y todos y todas quienes luchan por garantizar el derecho a la educación en Brasil reclaman a los políticos del país que se vote en el Congreso el texto del Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y de Valoración de los Profesionales de la Educación (Fundeb) presentado por la diputada y profesora Dorinha, sin modificaciones.

La movilización brasileña se da en el marco de la votación del nuevo Fundeb en la Cámara de Diputados, ya que el plazo de vigencia del fondo actual termina en diciembre de este año. 

La falta de definición de una propuesta adecuada para la renovación del fondo ha generado un contexto de incertidumbre y riesgos para la educación pública brasileña, que culminó en disputas sociales. Por ello, más de 200 organizaciones y movimientos sociales, liderados por la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE), defienden que se aplique el Costo Alumno Calidad (CAQ) y el Costo Alumno Calidad Inicial (CAQi), mecanismos desarrollados por la coalición que calculan la inversión adecuada por estudiante, para que todas y todos tengan acceso a la educación básica de calidad. Este mecanismo considera las diferentes etapas y modalidades educativas, y además tiene en cuenta los costos de mantenimiento. 

“Este texto presentado por la profesora Dorinha amplía la complementación de recursos de la Unión, garantiza las condiciones de calidad a través del Costo Alumno Calidad y la valoración de los profesionales de Educación a través de la distribución de un sistema híbrido que no desestabiliza las redes [educativas], fortaleciendo [la construcción de] un sistema más equitativo”, afirmó Andressa Pellanda, coordinadora de la CNDE, en un video. 


Foto: Pixabay

Brasil: ¿Cuándo y cómo reabrir las escuelas?

8 de julio de 2020

¿En qué condiciones se puede volver a las clases en las escuelas? ¿Cómo construir colectivamente los protocolos para el regreso? ¿Qué recomendaciones podemos seguir? Sobre estas y otras cuestiones buscó reflexionar y responder la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE) al lanzar la “Guía 8 COVID-19 – Reapertura de las Escuelas” (disponible en portugués) y al realizar un debate virtual sobre el tema.

La publicación contextualiza la educación brasileña en el escenario de emergencia, presenta experiencias de ese y de otros países -con recomendaciones de organizaciones-, analiza el estado actual del sistema educativo de Brasil y presenta recomendaciones y orientaciones, en conjunto con protocolos de seguridad exigidos y recomendados por el área de salud. 

Entre las orientaciones presentes en la guía está el desarrollo de protocolos sanitarios a partir de acciones transparentes, democráticas y colaborativas intersectoriales entre la educación y otras áreas y la definición de la reapertura (o no) de las escuelas a partir del análisis participativo de toda la comunidad escolar sobre la situación de cada región y su respectivo centro educativo. 

El debate virtual, realizado el 29 de junio, reunió educadores de Brasil para reflexionar sobre las orientaciones de la guía publicada por la CNDE en diálogo con las medidas tomadas por el gobierno brasileño.

Mira la grabación del video (en portugués):

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Foto: Mídia Ninja

Brasil: Redes e investigadoras/es presentan nota técnica para el monitoreo de políticas educativas durante la pandemia

10 de junio de 2020

“El deber de la transparencia pública por parte de los sistemas de enseñanza es un compromiso con la garantía del derecho a la educación de los y las estudiantes, principalmente en el contexto de urgencia de la pandemia”, afirma la Nota Técnica “Recomendaciones para la disponibilidad y recolección de datos sobre las acciones de las redes de enseñanza relacionadas a las actividades educativas durante la pandemia COVID-19”, divulgada por grupos de investigadoras/es, organizaciones y redes de la sociedad civil, entre ellas la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación (CNDE). 

El documento afirma que es deber del Estado producir y disponibilizar datos e información que permitan monitorear eventuales efectos de la discriminación en la educación. Recomienda que las redes de enseñanza presenten datos fiables respecto a las medidas tomadas, democratizando el acceso a la información y facilitando el control social de las políticas. Según la CNDE, eso permitirá mejorar las acciones emergenciales, mientras todavía es posible corregir los rumbos y prevenir distorsiones. 

“Desde el principio de la pandemia, hemos alertado para los riesgos de discriminación que políticas de educación remota pueden causar, y hemos producido guías de orientación a las comunidades y al poder público para evitar y prevenir violaciones”, afirmó Andressa Pellanda, coordinadora de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación. Ella explica que la nota técnica es un esfuerzo colectivo para monitorear y evaluar las políticas de educación remota que ya fueron y serán implementadas. 

>> Nota técnica de la CNDE


Guía 6: Las voces de la comunidad escolar

Publicada por la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación ayer, 9 de junio, esta guía forma parte en una serie de otros recursos lanzados por la campaña para apoyar comunidades educativas y autoridades en el contexto de pandemia, desde diferentes enfoques. Esta última guía tiene por objetivo ampliar las voces de las comunidades educativas de diferentes rincones del país, sobre cómo están vivenciando el derecho a la educación en el contexto de crisis sanitaria.

Con la publicación, se quiere contribuir a concretar el principio constitucional de la gestión democrática – que necesariamente involucra la participación de las trabajadoras y trabajadores de la escuela, las familias y estudiantes.

>>  Guia 6 – Comunidade Escolar

>> Otras guías lanzadas recientemente por la CNDE


Foto: Felipe Barros/ExLibris/PMI

¿Cómo llevar a cabo las evaluaciones educativas en plena pandemia?

8 de junio de 2020

La actual crisis sanitaria en América Latina y el Caribe provocada por el COVID-19 ha movilizado estudiantes, docentes, gestoras y gestores de la educación, autoridades, activistas y personas estudiosas del área de la educación para construir acciones y políticas públicas que lleven a reducir al máximo los impactos de la pandemia en la educación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas. 

Durante el proceso de aislamiento social, escuelas fueron cerradas y, muchas y muchos estudiantes tuvieron que recurrir a la Internet para acceder a los contenidos educativos, contexto que terminó por agravar las disparidades sociales, ya que gran parte del estudiantado no cuenta con infraestructura suficiente para lograr aprender mínimamente a la distancia – Internet de calidad, computadora, ambiente propicio para estudios, etc. 

En este escenario, ¿es posible realizar una evaluación educativa justa para todas/os las y los estudiantes? Para empezar a analizar el tema, presentamos dos casos dispares en América Latina y el Caribe: Argentina y Brasil que, a pesar de vecinos, llevan adelante políticas educativas completamente distintas. 

Argentina

Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno argentino, desde la llegada del COVID-19 a su país, ha tomado las más estrictas decisiones para contener el avance del virus: distanciamiento social, apoyo financiero a poblaciones en situación de vulnerabilidad y cierre de instituciones privadas y públicas, como las escuelas, entre otras. 

En el campo educativo, la respuesta a la crisis sanitaria en Argentina fue casi que instantánea. “Como toda emergencia tuvo su momento de caos creativo, de distribución de contenidos y tareas que poco a poco intenta ordenarse, a través de políticas públicas con un Ministerio de Educación activo y articulador de consensos, con las jurisdicciones, organizaciones sociales y sindicales”, dijo Marcela Browne, de la Fundación SES y miembro de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE).

Según la activista, el actual contexto de educación en el hogar, atravesado por las desigualdades, con por lo menos un 50% de niñas y niños en situación de pobreza, con una gran diversidad de realidades educativas y la falta de conectividad y equipos tecnológicos, apunta hacia enormes desafíos. “En este tiempo, hay experiencias educativas interesantísimas, ventanas que se abrieron y es necesario sistematizar y evaluar para seguir aprendiendo. Al mismo tiempo, hay circunstancias muy difíciles donde la prioridad ha sido resolver el derecho a la alimentación, el acceso al agua, entre otros, y las tareas escolares aún no llegaron o no se les pudo dar respuesta”, afirmó Marcela Browne. 

«Celebramos que el Consejo Federal de Educación haya decidido no transitar y sí poner el foco en el restablecimiento y fortalecimiento del vínculo entre los/as educadores y los/as estudiantes como andamiajes indispensables para el fortalecimiento del proceso de aprendizajes»

En este sentido, seguir con el mismo proceso de evaluación educativa y acreditación de contenidos, como si no hubiera pandemia, podría agudizar aún más las desigualdades educativas que afectan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Por ello, el Consejo Federal de Educación de Argentina decidió en mayo, de forma unánime, que en el territorio nacional en este contexto de excepcionalidad, la evaluación será de carácter formativo y tendrá por propósito retroalimentar el proceso de aprendizaje, adaptar contenidos y hacer devoluciones orientativas a las y los estudiantes y a las familias.

De esta manera, la evaluación de estudiantes en este período se centrará en el acompañamiento, seguimiento, registro y devolución a familias y estudiantes del proceso.

“La posibilidad de evaluación y acreditación de contenidos sería un camino de profundización de la exclusión educativa. Celebramos que el Consejo Federal de Educación haya decidido no transitar y sí poner el foco en el restablecimiento y fortalecimiento del vínculo entre los/as educadores y los/as estudiantes como andamiajes indispensables para el fortalecimiento del proceso de aprendizajes”, añadió la integrante de la CADE.


Brasil

El gobierno brasileño, por otro lado, se ha negado a seguir las recomendaciones de la OMS, como el aislamiento social para contener la crisis sanitaria. “En un momento en que Brasil es reconocido como el principal foco de la pandemia en América Latina y el Caribe, el gobierno asume una postura burlesca ante la gravedad de la situación, y a la vez irresponsable y violenta, en el sentido de que estimula conflictos sociales y la polarización política, y defiende que la población se arme, contribuyendo a profundizar los impactos negativos del COVID-19 y a agravar la inestabilidad política, social, sanitaria y económica en la que el país se encuentra”, afirmó la CLADE en nota publicada la semana pasada.

Esta política negacionista no fue diferente en términos de educación: el gobierno brasileño se niega a hacer cualquier tipo de cambio en relación a las evaluaciones educativas, ya que desde el principio de la crisis sanitaria en el país, ha defendido la reapertura de las escuelas y universidades, en un escenario de graves riesgos de contagio por el COVID-19 y ante un recorte de 19.8 mil millones de reales (3.62 mil millones de dólares) en el presupuesto de la educación para el 2020.

“Someter todos estos y estas jóvenes, en situación de excepcional desigualdad de oportunidades, a un mismo examen para acceder a la Educación Superior es injusto e inconstitucional”

Hubo fuerte presión de organizaciones, redes y movimientos sociales, entre ellos la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE), exigiendo al Ministerio de Educación la suspensión del calendario previsto para el Examen Nacional de la Secundaria (Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM), la evaluación educativa más relevante para la etapa secundaria en el país, cuya realización permite que las y los estudiantes puedan ingresar a la universidad pública. El Congreso Nacional de Brasil también se manifestó a favor de la suspensión de la prueba. Solo después de estas expresiones de la población y del parlamento, el gobierno decidió posponer la realización de la evaluación, que estaba prevista para noviembre. 

“Someter todos estos y estas jóvenes, en situación de excepcional desigualdad de oportunidades, a un mismo examen para acceder a la Educación Superior es injusto e inconstitucional”, manifestó la CNDE en entrevista al periódico O Globo

La Campaña, al lado de otros movimientos y organizaciones que defienden el derecho a la educación pública en el país, luchan para que el examen nacional se suspenda de manera definitiva. 

“No basta que el gobierno federal imponga una nueva fecha simplemente para disminuir el debate alrededor del tema. Por lo contrario, el diálogo con las Secretarías de Educación, consejos, entidades de clase, representaciones estudiantiles, municipales y estaduales, y organizaciones y movimientos de la sociedad civil es una medida que se impone en un escenario de incertidumbre generalizada y que es exigida por la Constitución Federal”, afirman la CNDE y otras organizaciones en demanda al Tribunal Regional Federal por la suspensión del ENEM.


Foto: Campanha Nacional pelo Direito à Educação

CLADE: repudio a las actuales políticas del gobierno brasileño ante la pandemia COVID-19

27 de mayo de 2020

Ante el crecimiento rápido del número de contagios y muertes por la pandemia COVID-19 en Brasil y la negligencia pública de la presidencia del país respecto a la gravedad de la crisis sanitaria, la CLADE divulga hoy, 26 de mayo, un posicionamiento público en solidaridad y apoyo a la sociedad brasileña.

“(…) En un momento en que Brasil es reconocido como principal foco de la pandemia en América Latina y el Caribe, el gobierno asume una postura burlesca ante la gravedad de la situación, y a la vez irresponsable y violenta, en el sentido de que estimula conflictos sociales y la polarización política, y defiende que la población se arme, contribuyendo a profundizar los impactos negativos del COVID-19 y a agravar la inestabilidad política, social, sanitaria y económica en la que el país se encuentra. Lamentamos la absoluta ausencia de duelo por parte de la máxima autoridad del país, ante las más de veinte y una mil muertes que el país registra y extendemos todo nuestro sentimiento a las víctimas, sus familias y entes queridos, y a todo el pueblo brasileño”, afirma la nota.

El comunicado también subraya los problemas que la educación brasileña enfrenta en este contexto de crisis sanitaria y política. “El presidente ha defendido la reapertura de las escuelas y universidades, en un escenario de graves riesgos de contagio por el COVID-19 y ante un recorte de 19.8 mil millones de reales (3.62 mil millones de dólares) en el presupuesto de la educación para el 2020”.

A través del posicionamiento, la CLADE se suma a la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, estudiantes, docentes y otros sectores movilizados del país, que cobran medidas serias del gobierno nacional para la superación del actual contexto de crisis y por la inversión de los recursos necesarios en salud, educación y otros derechos sociales.

>> Nota de la CLADE completa.


A imagem é uma fotografia ao meio de duas faixas pretas, localizadas nas partes superior e inferior da imagem. Na foto, aparece o rosto de uma mulher negra de cabelos presos. Ela usa óculos escuros e segura um cartaz branco com bordas vermelhas, no qual se lê a mensagem: “Diga não! Ao corte na educação”. Abaixo da foto, sobre a faixa preta inferior, está o crédito de autoria da foto: Campanha Nacional pelo Direito à Educação (CNDE). Fim da descrição.
Foto: Campanha Nacional pelo Direito à Educação (CNDE)

Brasil: Financiamiento de la educación no puede poner en riesgo a otros programas esenciales

18 de mayo de 2020

“En este momento de pandemia COVID-19, en que las desigualdades sociales y educacionales tienden a profundizarse, la respuesta de aquellos y aquellas que están verdaderamente comprometidos con el derecho a la educación debe ser la aprobación de un Fundeb [Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y Valoración de los Profesionales de Educación] robusto, con la constitucionalización de parámetros que garantizan la calidad y con inversión adecuada para tal fin, sin que para eso se utilicen fuentes de recursos que ponen en riesgo a otros programas esenciales, y sin la permisibilidad con mecanismos de evaluación y distribución de recursos que solo presionen por más disparidades socioeconómicas y educativas”, afirmó la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil en su posicionamiento público divulgado el último martes, 12 de mayo. 

Respecto a la votación de la propuesta legislativa para el nuevo Fundeb, que será llevada a cabo en el Congreso Nacional, la Campaña manifiesta la necesidad de realizar cambios en el texto actual del proyecto, pues de aprobarse como está se podrían generar impactos drásticos en la financiación de la educación básica, en especial en lo que toca a los programas sociales que son todavía más esenciales en el momento de crisis que vivimos por la pandemia COVID-19. 

>> Lee el texto completo en portugués: “O Fundeb em novo cenário: a pandemia da COVID-19”


Foto: Campanha Nacional pelo Direito à Educação

ONU denuncia gobierno brasileño por irresponsabilidad durante la pandemia COVID-19

5 de mayo de 2020

En comunicado reciente, relatoras/es de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunciaron el gobierno brasileño por realizar “políticas irresponsables” durante la pandemia COVID-19. Para las autoridades, el país debería abandonar inmediatamente políticas de austeridad económica mal orientadas, que ponen en riesgo a las vidas. Recomiendan también que el Estado aumente los gastos en el combate a la desigualdad y la pobreza que se vienen profundizando con la pandemia. 

La nota fue divulgada después que organizaciones brasileñas denunciaron a la ONU la postura del presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien ha ignorado las recomendaciones de cuidado con la vida y la salud de las poblaciones, emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Los recortes de financiamiento gubernamentales violaron los parámetros internacionales de derechos humanos, incluso en educación, vivienda, alimentación, agua y saneamiento e igualdad de género”, afirmaron relatoras/es especiales de la ONU en el comunicado conjunto. Firmaron la declaración: Léo Heller, relator sobre el derecho humano al agua potable y saneamiento; Hilal Elver, relator sobre el derecho a la alimentación; Leilani Farha, relatora sobre el derecho a la vivienda adecuada; Dainius Pūras, relator sobre el derecho a la salud física y mental; Koumbou Boly Barry, relatora sobre el derecho a la educación; y el Grupo de Trabajo sobre discriminación contra las mujeres y niñas.

La noticia fue publicada por el periodista brasileño Jamil Chade en su columna. De acuerdo al comunicador, esta es la declaración más dura ya presentada por relatoras/es de la ONU contra Brasil, debido a su gestión de la crisis. Así mismo, es de las raras comunicaciones de la Organización dirigidas a un país específico, por su gestión sanitaria.

Para las y los relatoras/es de la ONU, el sistema de salud de Brasil está debilitado y con sobrecarga, lo que pone en riesgo a los derechos a la vida y la salud de millones de brasileñas y brasileños. “Es hora de revocar la Enmienda Constitucional 95 y otras medidas de austeridad contrarias al derecho internacional de los derechos humanos”, afirmaron. Las autoridades denuncian el hecho de que el gobierno brasileño ha priorizado la economía sobre la vida de las personas. “En el 2018, pedimos a Brasil que reconsiderase su programa de austeridad económica y pusiera a los derechos humanos en el centro de sus políticas económicas”, afirmaron. “También expresamos preocupaciones específicas sobre los más vulnerables, particularmente mujeres, niñas y niños que viven en situación de pobreza, afrodescendientes, poblaciones rurales y personas que habitan viviendas informales”, señalaron también.


Enmienda Constitucional 95 y el COVID-19 

Al lado de otras medidas económicas regresivas llevadas a cabo por el gobierno del ex presidente de Brasil, Michel Temer, la Enmienda Constitucional 95 (EC 95) de 2016 estableció un nuevo régimen tributario y determinó que las inversiones públicas en los campos sociales no pueden superar el ajuste por la inflación, durante el período de 20 años. Así, por dos décadas, educación, salud y protección social no recibirán nuevos recursos. 

La Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil y otras entidades y movimientos sociales del país rechazan vehementemente la medida. Al inicio de la crisis sanitaria debido a la pandemia COVID-19, presentaron una demanda ante el Supremo Tribunal Federal (STF), corte máxima del país, por la suspensión inmediata de la EC 95.

La motivación tiene carácter emergencial, ya que la pandemia pone en riesgo al funcionamiento del Sistema Único de Salud (SUS). Así mismo, la suspensión de las clases presenciales en el sistema público de educación, como forma de mitigar la transmisión del virus, acompañada de la interrupción de la oferta de alimentación escolar, ha expuesto niños, niñas y adolescentes de familias con menos ingresos a la miseria y al hambre.