Asia, África, América Latina y El Caribe: justicia fiscal es la respuesta para garantizar el financiamiento público educativo
15 de septiembre de 2023
Las transferencias de riquezas al norte global mina nuestro derecho de tener un desarrollo sustentable. Fue lo que afirmaron especialistas de todo el mundo durante el Taller Regional-global “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: experiencias y perspectivas para la incidencia”, realizado durante los días 8 y 9 de septiembre en Santiago de Chile. En la ocasión, se debatió la importancia de luchar contra la evasión y elusión fiscal para garantizar el derecho a la educación.
Chenai Mukumba, de la Red de Justicia Fiscal en África (TJNA) mencionó que los países africanos están dando el 3% del PIB (Producto Interno Bruto), en contraposición con el 6% que exigen los compromisos internacionales. “En Ghana, con 20% de lo que se pierde en incentivos fiscales, si se invirtiera en educación, asistirían 300 mil niños y niñas más a las escuelas. Se podrían contratar 10 mil profesores más. Y se podrían repartir 557 mil comidas para niños y niñas en los comedores de los centros educativos”, afirma.
En ese sentido, Aida Jean Nacpil Manipon, de la Red de Justicia Fiscal en Asia, aseguró que “las transferencias de riquezas al norte global erosiona nuestra propia capacidad de tener un desarrollo sustentable”. La representante de Asia dijo ser necesario un llamado para mejorar los servicios públicos, con más inversión en educación y salud pública.
Desde América Latina y el Caribe, Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad), habló sobre la correlación del derecho humano a la educación y la justicia fiscal: a corto plazo, la justicia fiscal posibilita que la sociedad disponga de más recursos para servicios públicos – como la educación – y a largo plazo, la educación pública fortalece la justicia fiscal.
Desde una mirada regional, Amparo Naranjo, de Unesco, plantea afirma que “una inversión en educación produce retornos importantes no solo el individuo sino en el planeta.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 [que trata del derecho a la educación] es apalancador como otros objetivos. Hay que pasar de las palabras a la acción”.
Sobre el evento
El Taller Regional-global “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: experiencias y perspectivas para la incidencia” es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Adrián Falco, Chenai Mukumba, Amparo Naranjo y Aida Jean Nacpil Manipon, Vernor Muñoz, Mariana Huepe y Dereje Alemanyehu, el encuentro contó con la participación de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación (CME), Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); de Mariana Huepe, Dereje Alemanyehu y Seruwagi Jane Nalunga. También participaron las senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
¿Cuáles son los impactos de la fiscalidad en la educación mundial?
9 de septiembre de 2023
En el marco del Taller Regional – Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación”, realizado el 8 y 9 de septiembre en Santiago (Chile), se presentaron una serie de exposiciones que graficaron las experiencias sobre justicia fiscal y su relación con el derecho a la educación pública.
En el primer bloque titulado “Estado de la Situación Mundial sobre Fiscalidad e Impacto en la Educación”, intervinieron Dereje Alemayehu, de la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ), Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y Mariana Huepe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La primera intervención fue realizada por Dereje Alemayehu, quien puso énfasis en la necesidad de la repartición equitativa del presupuesto público: “Respecto a la asignación de presupuestos es bueno que ya exista una torta para poder repartirla, pero debe ser dividida de forma justa”, señaló.
Por su parte Vernor Muñoz describió la cruda realidad de la discriminación y exclusión que sufre la población indígena en el norte global y como no basta con aumentar la recaudación sin darle un enfoque de derechos humanos: “El caso de Finlandia que es famosa por sus conquistas educativas, según un informe de la Unión Europea muestra casos de discriminación y acoso racista. El incremento fiscal y la consecución de los ingresos de forma eficiente no aseguran necesariamente mayores recursos para combatir la desigualdad”, concluyó.
Finalmente intervino Mariana Huepe de la CEPAL quien destacó que: “En promedio América Latina cumple con los mínimos acordados en la Declaración de Incheon con relación a los porcentajes del PIB como porcentaje del gasto público total” pero a la vez puso énfasis en que “para aumentar la financiación nacional para la educación, se requiere: ampliar la base fiscal, prevenir la evasión fiscal, aumentar la proporción del presupuesto nacional asignado a educación, esto tiene que ir de la mano de instituciones fortalecidas para utilizar más equitativa y eficientemente los recursos existentes”, comentó.
Sobre el evento
El encuentro es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Vernor Muñoz, Mariana Huepe y Dereje Alemanyehu, el encuentro cuenta con la participación de Además de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
“La justicia fiscal no involucra solamente el sistema de recaudación, sino que implica invertirlo adecuadamente”
8 de septiembre de 2023
El segundo momento del primer día del Taller Regional – Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación” se enfocó en las reflexiones sobre la situación mundial sobre fiscalidad e impacto en la educación.
“La justicia fiscal no involucra solamente el sistema de recaudación, sino que implica invertirlo adecuadamente”, afirmó Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por el Derecho a la Educación (CME). Según el representante de la Campaña Mundial por la Educación, incluso en países de altos ingresos, la educación universal y de calidad sigue siendo esquiva, ya que los fondos fiscales a menudo se desvían hacia sectores privados o se utilizan para pagar deudas públicas.
Para Vernor Muñoz, toda reforma tributaria debería responder a políticas de Estado basadas en derechos humanos. No es conveniente hablar de justicia fiscal, ni de ningún tipo de justicia, fuera del ecosistema de derechos humanos, pues es allí donde se definen los parámetros de distribución de la riqueza y de construcción de sociedades igualitarias y más precisamente donde se definen los fines de la educación y de su gobernanza. No interesa, por lo tanto, financiar cualquier educación, sino aquella en la que quepan todas las personas, en la que no se discrimine a nadie.
Dereje Alemanyehu, de la Alianza Global por Justicia Fiscal -GATJ, enfatizó la necesidad de aumentar los ingresos fiscales para garantizar la equidad en el acceso a la educación. Hizo hincapié en que la educación es la piedra angular para asegurar muchos otros derechos y desafió la percepción de que África depende de las contribuciones de otros países cuando, en realidad, África contribuye significativamente al mundo.
“Cobrar impuestos no es un fin en sí, sino recaudarlos para repartirlos, distribuirlos y garantizar que toda la población tenga acceso a servicios públicos como una #educación de calidad. Existen los recursos, pero hay que repartirlos”, afirma.
América Latina y el Caribe
Mariana Huepe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) enfocó su presentación en la región latinoamericana y caribeña. En su intervención afirma que “en América Latina en las últimas décadas han hecho esfuerzos para aumentar su carga tributaria e invertir en educación, pero aún son insuficientes”.
La representante de CEPAL destaca la importancia del financiamiento educativo adecuado y el camino para su incremento. Invertir en educación es invertir en el activo más importante que tienen los países para alcanzar un desarrollo social e inclusivo sostenible: sus personas. La educación no es un gasto, es una inversión, una inversión que beneficios privados y públicos, para el mundo del trabajo y la ciudadanía. Para aumentar la financiación nacional para la educación, se requiere: ampliar la base fiscal, prevenir la evasión fiscal y aumentar la proporción del presupuesto nacional asignado a educación.
Para Mariana Huepe, “cobrar impuestos no es un fin en si, sino [es necesario] recaudarlos para repartirlos, distribuirlos y garantizar que toda la población tenga acceso a servicios públicos como una educación de calidad”.
Sobre el evento
El encuentro se realiza el 8 y 9 de septiembre en Santiago, Chile y es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Vernor Muñoz y Dereje Alemanyehu, el encuentro cuenta con la participación de Además de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); Mariana Huepe, de CEPAL; de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
El derecho humano a la educación solo se garantiza con justicia fiscal
Concentración de la riqueza y mantenimiento de la pobreza. Para cambiar este escenario, que ha estado presente en América Latina y el Caribe en los últimos tiempos, hay que garantizar los derechos humanos, entre ellos la educación. Para eso, es fundamental asegurar un sistema tributario justo, afirman especialistas y autoridades presentes en el Taller Regional-Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación”, que se realiza el 8 y 9 de septiembre en Santiago, Chile.
Nelsy Lizarazo: “En términos de ejercicio pleno del Derecho a la Educación, no basta con el acceso a la educación, es necesario invertir en calidad educativa”
El encuentro es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
“Han sido dos años de aprendizaje súper interesante, no solamente en asuntos técnicos, sino también en construcción de posición política y también en términos humanos”, dice Nelsy Lizarazo, coordinadora de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) durante la apertura del taller.
Según ella, en términos de ejercicio pleno del Derecho a la Educación, no basta con el acceso a la educación, es necesario invertir en calidad educativa. “Son necesarios cuatro criterios para tener en cuenta: el primero, la proporción dedicada a la educación debe de ser suficiente; el segundo, que ese presupuesto debe de ser del tamaño adecuado, que responda a las necesidades educativas del país, a sus brechas, a sus desigualdades; el tercero, presupuesto ser sensible a los grupos históricamente excluidos; y el cuarto, que el presupuesto sea transparente, construido, evaluado de forma participativamente con la ciudadanía.
Adrián Falco: “Para superar la pobreza, la desigualdad, para dar y garantizar derechos a toda la población y dar acceso a servicios públicos de calidad a toda la ciudadanía, para eso promovemos la #JusticiaFiscal”
Para Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad), la región latinoamericana y caribeña, mantiene 30% de pobreza y 19% de indigencia y, sin embargo, se concentra cada vez más la riqueza y los gobiernos dan cada vez más concesiones a los ricos y al gran capital. “Para superar la pobreza, la desigualdad, para dar y garantizar derechos a toda la población y dar acceso a servicios públicos de calidad a toda la ciudadanía, para eso promovemos la #JusticiaFiscal”, afirma.
Además de Nelsy Lizararo y Adrián Falco, el encuentro cuenta con la participación de Dereje Alemanyehu, de la Alianza Global por Justicia Fiscal -GATJ; Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación; Mariana Huepe, de CEPAL; de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
Regional: Por el derecho a la educación de la cuna a la tumba
29 de marzo de 2023
Promover la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA) como derecho implica dejar de tratarla como remedial, es decir en desprotección de los Estados, por el contrario, la defensa del acceso a una educación de calidad y gratuita es un camino, una alternativa para la inclusión de quienes por diversas razones no pudieron seguir en el sistema formal.
La educación popular se centra en ser sujetos y sujetas políticas de transformación, esto es favorecer procesos de intercambio de saberes que permitan soñar una sociedad que supere las violencias y discriminaciones en sus múltiples expresiones.
Diálogo con Miriam Camilo Recio, educadora popular de formación y por opción, lasallista y con larga trayectoria en el acompañamiento de Personas Jóvenes y Adultas, tiene una amplia experiencia en gestión de políticas públicas en todo el sistema educativo y en sociedad civil, integrante y fundadora del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL). Ha publicado recientemente el libro Construyendo sueños. Una década de política y gestión para la inclusión educativa de personas jóvenes y adultas (2010-2020) tomando en cuenta las prácticas en República Dominicana.
República Dominicana: Foro Socieducativo promueve la reactivación del Pacto Nacional para la Reforma Educativa
22 de marzo de 2022
Con el propósito de revertir los efectos negativos de la pandemia al derecho a la educación de estudiantes en República Dominicana, el Foro Socioeducativo, junto a otras organizaciones y personas comprometidas con la educación de país, convocó para este miércoles (23/3) una plenária pública para reactivar el Pacto Nacional de la Reforma Educativa en el país.
“Entendemos que es un momento de trabajar juntos para pensar, colectivamente, en cómo resarcir a la sociedad, y particularmente a nuestros niños y jóvenes de las oportunidades perdidas”, se afirma en la nota publicada por el Foro.
Llamado urgente a cada maestro y maestra
Entre las organizaciones llamadas a dialogar para la construcción del pacto nacional está la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que es el principal sindicato de profesores del país.
“Hacemos un llamado urgente a cada maestro y maestra, de manera particular, y a la ADP, como gremio de profesores, a deponer ese medio de lucha y a integrarse a la mesa del diálogo del Pacto Nacional para la Reforma Educativa para que, en un ambiente democrático, plantear los problemas y buscar soluciones. El Foro Socioeducativo está comprometido a luchar por el bienestar de los maestros y las maestras, tanto como por el de las y los estudiantes, pero en un clima de respeto y de diálogo civilizado que tenga como base el respeto al derecho de los más vulnerables: nuestros niños, niñas y jóvenes”, se comunica en la nota.
Foro Político de Alto Nivel de la ONU 2021: ¿Qué está en juego y cuál es su importancia para América Latina y el Caribe?
12 de julio de 2021
En el 2015, los Estados miembros de las Naciones Unidas (ONU) adoptaron una agenda internacional con objetivos comunes para alcanzar un mundo más sostenible, justo e inclusivo, que deberían cumplirse hasta el 2030: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), o Agenda 2030. Pasada la mitad del plazo previsto para el logro de esta agenda, falta mucho por hacer y son incontables los desafíos pendientes, especialmente en lo que toca la realización del ODS 4, referido al derecho a la educación. Tales retos y rezagos se desnudaron, e incluso se profundizaron a partir del año pasado con el inicio de la pandemia COVID-19.
La crisis sanitaria global ha traído graves consecuencias, impactando de manera diferente a las distintas poblaciones, exacerbando las desigualdades estructurales históricas, y poniendo aún más en evidencia la debilidad de las políticas y sistemas públicos de atención a la salud, educación, empleo, protección social, entre otros, como se abordó en esta serie de reportajes de la CLADE.
El derecho humano a la educación se ha vulnerado aún más durante la pandemia, amenazando la garantía de una educación pública, gratuita, laica y de calidad, a lo largo de toda la vida. Alrededor de 800 millones de estudiantes en el mundo no retoman aún su trayecto educativo, con grave perjuicio en términos de aprendizaje, especialmente para las niñas y las mujeres; se han deteriorado las condiciones estructurales para el ejercicio docente y el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Además, se ha profundizado la brecha digital sobre todo en las zonas rurales, ahondando aún más las desigualdades de acceso, la deserción y la continuidad de estudios. El cuadro se complejiza ante las proyecciones de disminución de presupuestos públicos, ya insuficientes.
En este contexto, se llevan a cabo las actividades y los debates del Foro Político de Alto Nivel de la ONU (FPAN 2021), que tienen lugar del 6 al 15 de julio. Se trata de la principal instancia de seguimiento y monitoreo de los ODS en ámbito internacional.
En esta segunda semana de Foro, que arranca hoy [12 de julio], se hace la presentación de las revisiones nacionales voluntarias sobre el estado de cumplimiento de los ODS, por parte de los Estados. De América Latina y el Caribe, rinden cuentas en esta edición del Foro, los países Bolivia, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.
Las sesiones de revisiones nacionales voluntarias se transmitirán en vivo, con la posibilidad de que se presenten preguntas desde la sociedad civil a los gobiernos. Foros de sociedad civil nacionales miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en Bolivia, Colombia, Guatemala, México y República Dominicana participarán en los debates y/o presentarán informes luces, como contribución al seguimiento al ODS 4 en sus contextos.
>> Mira las recomendaciones regionales al Foro Político de Alto Nivel:
¿Qué está en juego para América Latina y el Caribe?
En el 2016, la CLADE logró status consultivo en el Consejo Social y Económico de Naciones Unidas (ECOSOC), lo que le ha permitido participar de manera calificada en el Foro Político de Alto Nivel (FPAN). Es así que la CLADE presentó un posicionamiento regional, como contribución a la edición 2021 del FPAN, en el cual afirma la centralidad del derecho a la educación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, como derecho sinérgico y habilitante para el logro de todos los ODS y como una obligación de los Estados.
“Es urgente el máximo esfuerzo de los Estados en el cumplimiento de los compromisos asumidos en la Agenda 2030 y en su rol de garantes de los derechos humanos, desde una perspectiva de igualdad de género e interseccionalidad, considerando la indivisibilidad de los mismos. Asimismo, es indispensable garantizar la participación amplia, inclusiva, sustantiva y permanente de la sociedad civil en la toma de decisiones en los asuntos públicos”, afirma la CLADE.
Siendo integrante de los Grupos Principales y Otras Partes Interesadas de la ONU, espacio de participación de la sociedad civil en el seguimiento a los ODS, la CLADE también se suma a un llamado para que esta semana, en el cierre del FPAN 2021, se adopte una Declaración Ministerial consensuada que formalice compromisos para hacer cumplir la Agenda 2030.
Participación de la CLADE en las revisiones nacionales voluntarias
Bolivia: La Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) participa en el Grupo de Trabajo (GT) nacional de desarrollo de un posicionamiento desde la sociedad civil respecto a la revisión del Estado Boliviano. La CBDE elaboró un informe luz sobre el estado de cumplimiento del ODS 4 en Bolivia, y trabaja para que se incluya el tema educativo en la intervención de la sociedad civil durante la sesión oficial de revisión al país.
Colombia: La Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación participa en el GT de redacción del posicionamiento de sociedad civil ante la revisión del Estado colombiano. Logró incluir una mención al tema educativo en la intervención que se hará desde la sociedad civil, pero el foco será denunciar las persecuciones a activistas y defensoras y defensores de derechos humanos en el país.
Guatemala: El Colectivo de Educación para Todas y Todos participó en la redacción del posicionamiento de sociedad civil ante la revisión del Estado Guatemalteco. Incluyó el tema educativo y será el vocero del grupo en la sesión oficial, destacando puntos del informe luz que ha elaborado sobre el estado del ODS 4 en Guatemala.
>> Mira a continuación las recomendaciones del Colectivo al gobierno de Guatemala, para que se cumpla el ODS 4.
México: La Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM) participó en el GT de redacción del posicionamiento de sociedad civil ante la revisión del Estado Mexicano. Logró incluir una mención al tema educativo en la intervención que se hará desde sociedad civil en la revisión oficial, pero los focos principales de la indagación al gobierno serán la crisis ambiental y de participación ciudadana.
República Dominicana: El Foro Socioeducativo (FSE), igualmente, participa en las discusiones sobre el posicionamiento desde sociedad civil ante la revisión del Estado dominicano, tratando de darle más visibilidad al tema educativo. Elaboró, así mismo, este informe luz sobre el estado de cumplimiento del ODS 4 en el país. Lee también:
¿Qué se está haciendo para garantizar la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en América Latina y el Caribe? ¿Qué pueden hacer las y los educadores? Buscando contestar esa y otras interrogantes sobre el derecho a la educación a lo largo de la vida en la región, especialmente en el contexto de pandemia por el Covid-19, el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) y el Grupo de Incidencia en Políticas Educativas (GIPE), que forma parte del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), lanzaron la publicación “La Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en América Latina y el Caribe durante la pandemia por la Covid-19″.
“Las medidas de aislamiento evidencian las asimetrías existentes y las profundizan, y suponen un retroceso educativo que tiende a profundizar las desigualdades, principalmente por las condiciones económicas y sociales de la gran mayoría de la población”
Con cinco capítulos divididos en 15 páginas, la publicación analiza el escenario actual del derecho a la educación de personas jóvenes y adultas en la región, además de subrayar algunos desafíos para garantizarlo, como la importancia de desarrollar políticas de democratización de la conectividad, especialmente para zonas urbanas marginales, rurales, amazónicas; y para personas afrodescendientes. Asimismo, subraya la necesidad de fortalecer el trabajo territorial ligado a la educación comunitaria que responda a las necesidades y demandas de las organizaciones y personas para construir una sociedad educadora, compartiendo saberes, el autocuidado, estrechando lazos de solidaridad y fortaleciendo los valores ciudadanos.
“En el mundo entero y en América Latina y el Caribe, estamos viviendo las consecuencias de una crisis que se inicia como sanitaria, ocasionada por el Covid-19, y que hoy tiene graves consecuencias en lo económico, educacional, ambiental, en el cuidado de la vida y de la naturaleza. (…) Las medidas de aislamiento evidencian las asimetrías existentes y las profundizan, y suponen un retroceso educativo que tiende a profundizar las desigualdades, principalmente por las condiciones económicas y sociales de la gran mayoría de la población”, afirma la publicación.
Según el documento, la educación de personas jóvenes, adultas y adultas mayores está caracterizada no solo por la edad de aquellos que están por fuera del sistema educativo, sino también por su condición social. “En otras palabras, son aquellos y aquellas que el sistema ya ha excluido. Son aquellos y aquellas a los y las que hoy el sistema vuelve a golpear en esta situación de aislamiento. Esta población se encuentra en situación de vulnerabilidad en todos sus sentidos”.
La publicación también presenta una muestra de lo que siete países de la región están haciendo, a partir de informes de países recopilados por miembros del GIPE-CEAAL. A continuación se presenta un resumen de cada uno de ellos.
Argentina
En lo que hace a política educativa, poco se habla de la situación de jóvenes y adultos en esta emergencia educativa. Las propuestas oficiales por parte del Estado no contemplan la particularidad del trabajo con este sector de la población. En cambio, apuntan a cierta democratización del acceso a la educación, a través de la elaboración de cuadernillos para educación primaria y secundaria (con el fin de que lleguen a los territorios más remotos de la geografía local) y a la generación de contenidos audiovisuales o radiales, que se presentan como sustitutos de los y las docentes: las clases continúan; el Ministerio de Educación educa a través de estos dispositivos.
Brasil
La gran mayoría de los departamentos de educación, estatales y municipales, suspendió las actividades en el aula a fines de marzo. Recién el 28 de abril el Consejo Nacional de Educación (CNE) aprobó por unanimidad las directrices para guiar a las escuelas de educación básica y las instituciones de educación superior durante la pandemia de coronavirus. Durante este intervalo de un mes, los estados y municipios trataron de crear sus propias estrategias para la enseñanza y la asistencia alimentaria. En términos de estrategias pedagógicas, es posible identificar tres: las que usan Google Classroom, las aplicaciones desarrolladas específicamente para esta misión, las clases de video u otras plataformas de la propia secretaría, las que usan canales de TV abiertos para transmitir clases, y la preparación de material impreso y folletos que los estudiantes pueden recibir en casa o recoger en la escuela.
Chile
En todo el sistema educacional chileno se ha enfrentado la emergencia sanitaria y su impacto en la vida escolar a través de la educación a distancia, con todas las limitaciones que ello tiene en materia de capacitación de los y las docentes. Además, la educación en línea es un recurso de emergencia en la actualidad pero no puede ser sólo una réplica de la educación presencial, como tampoco simular en las casas las actividades y los procedimientos de estudio y evaluación que son propios de la vida escolar regular. Directivos, docentes y equipos psicosociales de los establecimientos de la EPJA han debido asumir el desafío de enfrentar el cierre escolar con acciones de educación a distancia a través del uso de plataformas de tecnologías de comunicación remota (como Zoom y Whatsapp), preparación de guías de aprendizaje, entrega domiciliaria de estas guías donde no se tiene conexión a internet o no existen condiciones para la concentración y el estudio, al mismo tiempo que se procuraban ayudas alimentarias y apoyo psicosocial a los y las estudiantes que lo necesitaban.
El Salvador
Se mantienen programas de alfabetización, educación básica y alfabetización para jóvenes y adultos, particularmente programas de modalidades flexibles como segunda oportunidad para quienes abandonaron el sistema y no lograron una educación oportuna. Estas modalidades han sufrido recortes presupuestarios y de cobertura en los últimos años. Se pasó de una inversión de $ 9,5 millones en 2019 a $ 8,1 millones en 2020 (este monto incluye los recursos asignados a través de instituciones implementadoras y los administrados desde las direcciones departamentales de Educación).
Guatemala
Guatemala mantiene enormes rezagos educativos a todo nivel. La cobertura del subsistema escolarizado es baja (80% en el nivel primario) y en algunos casos extremadamente baja (cercana al 50% en el primer ciclo de la secundaria y cerca del 25% en el segundo ciclo), mantiene una tasa de alfabetización absoluta del 20% según datos oficiales (2018) y tradicionalmente la EPJA ha sido mínima frente a la educación escolarizada. El sistema educativo en su conjunto se ha orientado hacia los procesos virtuales, lo que solo permite un alcance parcial, dada la baja cobertura de internet. Hasta ahora las principales acciones son: entrega de alimentos (alimentación escolar) a las familias de los estudiantes del nivel primario y, desde mayo, distribución de guías educativas impresas para todos los grados del nivel primario (para dos semanas, con baja calidad).
Nicaragua
No ha interrumpido oficialmente las actividades educativas. Según el Ministerio de Educación se ha instado a los centros educativos a tomar medidas como el lavado de manos al menos dos veces al día y mantener distanciamiento de no menos de un metro con los estudiantes. No hay información específica sobre la Educación de Jóvenes y Adultos, y se continúan desarrollando como en tiempos normales las diversas modalidades de educación presencial y a distancia.
Perú
El Ministerio de Educación (MINEDU) ha implementado una estrategia de enseñanza a distancia denominada “Aprendo en casa” que, según datos oficiales, está llegando a más de seis millones de estudiantes de colegios públicos de la Educación Básica Regular, Básica Alternativa y Especial, a través de diversos medios como internet, radio y televisión. Según un informe del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el Perú solo el 46% de peruanos tiene acceso a Internet; la penetración de Internet es casi inexistente en las zonas rurales (1%), mientras que en las zonas urbanas es del 30,2%.
República Dominicana
A partir de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional, el 19 de marzo de 2020, y la suspensión de la docencia presencial, el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) marcó la necesidad de diseñar e implementar estrategias y actividades para dar continuidad al aprendizaje desde casa, utilizando diversos recursos y herramientas virtuales disponibles para esos fines, y otras como medio de comunicación e información. La respuesta educativa ha integrado la televisión, la radio, las plataformas diversas, las herramientas y los recursos virtuales múltiples. En general, ha dado respuestas a casi tres millones de estudiantes a nivel nacional. En EPJA, se ha atendido alrededor de 300 mil estudiantes, sin contabilizar los de alfabetización, en mil centros y con alrededor de diez mil docentes.
Incidencia en defensa de la Atención Integral a la Primera Infancia
Hasta el 2017, República Dominicana no contaba aún con una política pública específica para la Atención Integral a la Primera Infancia (AIPI), lo que explica en parte la actual brecha en la cobertura educativa en el Nivel Inicial. Así, en dicho año, el FSE y otros espacios de articulación y movilización de la sociedad civil consideraron estratégico incidir en el proceso de formulación del “Anteproyecto de Ley de Ordenamiento y Coordinación Intersectorial para la Atención y el Desarrollo Integral de la Primera Infancia”, de manera a fortalecer el marco institucional de esta política.
El proceso de revisión del Anteproyecto de Ley fue liderado por la Dirección General de Programas Especiales (DIGEPEP), adscrita al Ministerio de la Presidencia, a través de la creación de una Mesa Consultiva de la Primera Infancia, un espacio de articulación entre instituciones gubernamentales, sociedad civil y organismos internacionales que desarrollan políticas, programas e iniciativas a favor de la población de 0 a 5 años. En el 2016, el FSE solicitó a la DIGEPEP integrarse al proceso, buscando generar sinergias con la Mesa Consultiva y otros actores, para amplificar la voz de las organizaciones de la sociedad civil.
De las 28 propuestas presentadas por el FSE y organizaciones aliadas, 22 fueron integradas al Anteproyecto de manera cabal o parcial.
Algunos de los puntos clave integrados al Anteproyecto fueron: mayor claridad sobre su objeto; reforzamiento del Estado como garante de los derechos de las niñas y niños; universalidad del acceso a la AIPI, en línea con los principios del Código de Protección de niñas, niños y adolescentes (NNA) y énfasis en las y los más vulnerables; y mejor claridad de roles, funciones y responsabilidades entre entidades supervisoras y prestadoras de servicios para la niñez.
En el 30 de agosto de 2019, el Anteproyecto fue presentado al presidente dominicano, Danilo Medina.
Mira a continuación el testimonio de Dario Gil, gerente de programas e influencia de Plan International República Dominicana y miembro del Foro Socioeducativo, sobre este proceso de incidencia:
La incidencia política por el derecho humano a la educación
Además de esta experiencia, el 3º volumen del documento “La incidencia política por el derecho humano a la educación: relatos y aprendizajes desde América Latina y el Caribe” reúne otros 12 casos de incidencia, comunicación, investigación, articulación interinstitucional y movilización de miembros de la CLADE.
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Al lado de otras organizaciones, el Foro Socioeducativo participó en la creación de un sistema nacional de protección y atención integral a la primera infancia
República Dominicana: Incidencia por una política pública para los derechos de la infancia
20 de diciembre de 2019
Una de las estrategias que los miembros de la red CLADE vienen utilizando para defender el derecho humano a la educación es la participación en la elaboración de marcos legales y políticos. (más…)
celebración de los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), más de 25 organizaciones de la sociedad civil de República Dominicana, entre ellas el Foro Socioeducativo, articuladas en la Coalición ONGs por la Infancia, publicaron una nota en la que instan el gobierno del país y toda la sociedad a pagar su deuda histórica con la niñez.
De acuerdo a la Coalición, la deuda consiste en que la mortalidad infantil alcanza una tasa de 31 para cada mil personas nacidas vivas en el país; la desnutrición infantil crónica es del 7%; y casi medio millón de niños y niñas están fuera del sistema educativo, con el 13% trabajando en lugar de estar en la escuela. En relación al derecho a la participación, aún persiste la exclusión de las niñas y los niños de los espacios de toma de decisiones que les afectan.
Para pagar esta deuda con la niñez, la Coalición ONGs por la Infancia propone que se priorice la inversión en la niñez en la aprobación y ejecución del Presupuesto General del Estado. “Esto incluye una mayor asignación a aquellas instituciones con obligaciones directas de garantizar el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes”, afirman las organizaciones.
Las declaraciones fueron divulgadas en el marco de una conferencia de prensa, con la cual se dio apertura a los actos de celebración de los 30 años de la CDN en el país. Dentro de las actividades, se realizó un encuentro con adolescentes y un conversatorio con actores del sistema de protección a la niñez y la sociedad civil.
Las organizaciones exigen la mejora de la calidad de la educación, incluyendo el fortalecimiento de las capacidades docentes, la aplicación efectiva del currículo educativo en la tanda extendida y el incremento de la calidad de la alimentación escolar. Asimismo, instan para que se pongan en marcha políticas y acciones dirigidas al empoderamiento de los niños, niñas y adolescentes sobre sus derechos y como ejercerlos. “Al mismo tiempo, es necesario dotarles de herramientas prácticas que les permitan actuar frente a cualquier vulneración de sus derechos”, subrayan.
Hacen también un llamado a las y los precandidatas/os a la presidencia del país y a puestos electivos en los gobiernos locales, para que prioricen en sus agendas de gobierno la protección de los derechos de la niñez y la juventud, por medio de política públicas efectivas y sostenibles, que cuenten con la participación de todos los sectores políticos y sociales interesados, incluyendo las niñas y los niños.
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En celebración al aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño (CND), organizaciones de República Dominicana hicieron un llamado a que el país pague su deuda histórica con la niñez
El segundo momento del primer día del Taller Regional – Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación” se enfocó en las reflexiones sobre la situación mundial sobre fiscalidad e impacto en la educación. 
