Foro Socioeducativo de República Dominicana se une al llamado del Colectivo Pacto Nacional por la Reforma Educativa
23 de septiembre de 2024El Foro Socioeducativo de República Dominicana parte de la directiva de la CLADE se sumó al pronunciamiento que demanda al Estado respetar lo acordado en el Pacto Educativo. El pronunciamiento presentado por el Colectivo del Pacto Educativo muestra la adhesión de más de 32 organizaciones educativas entre las que se encuentran centros de investigación, formación, universidades, institutos, fundaciones, foros y redes de la sociedad civil del país.
El Colectivo manifestó su pronunciamiento en el marco de la coyuntura gubernamental que anunció una nueva iniciativa por el pacto por la calidad de la educación. En el pronunciamiento se expresan demandas a propósito del décimo aniversario de dicho Pacto Nacional para la Reforma Educativa. Se destacan cuatro puntos de atención: 1) la evaluación exhaustiva del Pacto, 2) considerar las recomendaciones con una consulta nacional, 3) implementar el decreto 84-15 sobre la modernización de la gestión del sistema educativo y 4) priorizar la agenda educativa.
A continuación, lee el pronunciamiento:
Colectivo reitera su llamado a respetar lo acordado en el Pacto Educativo
El Colectivo Pacto Educativo, agrupación de diversas instituciones civiles comprometidas con la educación dominicana, llama nuevamente a respetar y continuar de manera creativa el Pacto Nacional para la Reforma Educativa (2014-2030). Se reitera este llamado ante la sorpresiva noticia de que el gobierno se propone convocar a un “pacto por la calidad de la educación”. Aprovechando esta coyuntura noticiosa, el Colectivo cree oportuno compartir las razones que fundan su posición. El propósito es que se interprete la noticia como una oportunidad para realizar una evaluación exhaustiva del Pacto Educativo en su décimo aniversario.
Después de la pandemia de 2020, el Pacto Educativo quedó en el olvido. Para reactivarlo, un grupo de organizaciones comprometidas con la educación dominicana redactó un comunicado dirigido al Comité de Coordinación Conjunta del Pacto, planteando la necesidad de retomar este compromiso histórico. El comunicado especificaba cuatro puntos clave: reactivar el Pacto; presentar, con data sólida, un estado actualizado de su situación; revisar la composición y el accionar de sus comités y activar sus mecanismos de seguimiento de manera transparente y eficiente. Además, se consideró necesario reiterar el propósito de despolitizar la educación dominicana. Este documento, publicado en marzo de 2022, tuvo buen eco en la prensa nacional.
En respuesta, el gobierno reaccionó positivamente convocando a una sesión de la Asamblea del Pacto en el Palacio Nacional, pero las organizaciones civiles asistieron a una conferencia que se limitó a presentar las acciones educativas realizadas durante la pandemia, sin abordar los contenidos del Pacto ni cómo se le daría seguimiento.
Para que lo solicitado en el comunicado de marzo de 2022 no se perdiera en saco roto, las organizaciones firmantes, junto a otros grupos interesados en mejorar la educación dominicana, conformaron entonces el Colectivo Pacto Educativo, una agrupación civil a la que se han adherido diversas organizaciones. El objetivo de este Colectivo es claro: incidir a través del Consejo Económico y Social (CES) y en el espacio público para que se retomen de manera crítica pero firme, los propósitos del Pacto Nacional para la Reforma Educativa (2014-2030).
La primera acción pública del Colectivo, en septiembre de 2022, contribuyó significativamente a impedir que el gobierno reasignara los fondos del 4% a otros fines, evitando así que se incumpliera uno de los acuerdos clave del Pacto. La segunda misión de este Colectivo ha sido preservar la singularidad del Pacto Educativo como un mecanismo de democracia directa para mejorar la educación dominicana. Este Pacto es una institución única respaldada por el decreto presidencial 84 -15, que establece su forma de funcionamiento. Sin embargo, hasta ahora, no se ha logrado que la sociedad ni las autoridades actuales comprendan y reconozcan la importancia de este decreto, que otorga a la Asamblea el rol de máxima autoridad en la gobernanza del Pacto.
El Colectivo Pacto Educativo manifiesta su apoyo a la continuidad de las políticas educativas. No podemos olvidar que los estudios sistematizados por el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE) indican que aquí radica el principal obstáculo para alcanzar la mejora educativa que todos anhelamos.
Para que no volvamos a caer en el mismo error, el Colectivo Pacto Educativo, en ejercicio de su deber ciudadano consagrado constitucionalmente, reafirma su razón de ser enfatizando los siguientes cuatro puntos:
- Realizar una evaluación exhaustiva del Pacto Nacional para la Reforma Educativa en su décimo aniversario (2014-2024).
- A partir de los resultados de esta evaluación y el nuevo Plan Decenal Horizonte 2034, diseñado con amplia participación social por el Ministerio de Educación (MINERD), introducir cambios pertinentes en el Pacto existente y actualizarlo a partir de una reflexión sistemática y profunda, extendiendo su vigencia hasta el 2034 garantizando así su continuidad por la próxima década.
- Acabar de implementar íntegramente el decreto 84-15, como solicitamos en la Asamblea del Pacto de junio de 2023, en documento entregado y dialogado con la dirección del Consejo Económico y Social (CES). Sin una gobernanza clara de la Asamblea, apoyada sobre un Comité Técnico que trabaje de manera ardua y sistemática, el Pacto volverá a ser letra muerta. Valoramos los esfuerzos ya hechos por el CES en este sentido.
- Retomar la agenda de trabajos prioritarios del Pacto que fue realizada por miembros del Colectivo a raíz de un mandato de la Asamblea.
Necesitamos un nuevo comienzo, reafirmando nuestro compromiso con la educación, realizando los ajustes necesarios en nuestras respectivas agendas de trabajo y consolidando los cimientos que ya hemos construido juntos.
Santo Domingo, 9 de septiembre de 2024
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República Dominicana: Lanzamiento de dos investigaciones que profundizan sobre la calidad educativa y el rendimiento escolar
15 de agosto de 2024La situación educativa en República Dominicana ha sido compartida a través de dos estudios que destacan las perspectivas y las soluciones propuestas por directivos y docentes. La Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC), presentó dos investigaciones fundamentales sobre la calidad educativa en el país, en un evento de lanzamiento celebrado en el auditorio de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) el 19 de junio del 2024. Estos estudios, que reflejan la voz de las escuelas y los factores asociados al rendimiento de las escuelas públicas, ofrecen una visión integral basada en evidencia de los desafíos y oportunidades en el sector educativo.
Los estudios aportan en el diseño e implementación de programas que mejoran la calidad educativa en República Dominicana. Se sugiere la incorporación de prácticas inspiradoras identificadas, como la referida a “docentes espejo” y los “padrinos/madrinas” en el aula, así como futuras investigaciones centradas en las percepciones de las familias y estudiantes sobre el proceso educativo.
Durante el evento de lanzamiento, los estudios fueron comentados en un panel en el que participaron la viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación (MINERD), Ancell Scheker y Cheila Valera, directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Además, se abrió al diálogo con el público, compuesto por especialistas del sector, personal técnico del ministerio de educación y organizaciones aliadas de IDEC como el Foro Socioeducativo, el cual integra la membresía y directiva de la CLADE.
Ambas investigaciones no solo ofrecen una comprensión profunda de los retos que enfrenta el sistema educativo dominicano, igualmente proporcionan recomendaciones prácticas y contextualizadas para promover una mayor equidad educativa.
La voz de los centros educativos sobre la calidad de la educación
El estudio titulado ¿Cómo lograr la educación de calidad? La voz de los centros educativos de República Dominicana analiza las perspectivas del personal directivo y docente sobre los principales problemas que afectan la calidad educativa en República Dominicana y las soluciones identificadas por los centros educativos. Utilizando un enfoque mixto cualitativo y cuantitativo, la investigación contó con la participación de 8.037 personas, incluyendo directivos y docentes de las 18 regionales educativas del ámbito nacional, tanto de los niveles primario como secundario.
El estudio identifica siete factores clave que afectan la educación: 1) debilidades con la gobernanza; 2) altos niveles de violencia escolar; 3) carencia de recursos y espacios educativos; 4) dificultades por la insuficiente participación de las familias; 5) dificultades con el acceso a internet; 6) debilidades en los procesos de acompañamiento pedagógico; y 7) debilidades curriculares por la sobrecarga de contenidos e incoherencias entre los registros de grado y libros de texto. También se subraya la necesidad de fortalecer la gestión educativa y la búsqueda de recursos alternativos para la enseñanza, la participación en la elaboración y revisión del currículo y la utilización de herramientas tecnológicas para mejorar la comunicación con las familias.
La investigación realizada por Berenice Pacheco-Salazar y Joan Noboa señala en su reseña que “directivos y docentes proponen diversas soluciones a los problemas identificados (…) la búsqueda de recursos alternativos para la enseñanza de la ciencia y la tecnología, la participación en la elaboración y revisión del currículo, registros y libros de texto; y la utilización de herramientas tecnológicas que faciliten la traducción y la comunicación en el intercambio con las familias”.
Con relación a la violencia escolar, el estudio sugiere que se debe mejorar la capacitación docente, fortalecer la colaboración entre la escuela y las familias. Dentro del proceso de investigación se reitera la importancia de impulsar la formación inicial y continua del personal docente en materia de promoción de la convivencia escolar y prevención de la violencia con enfoque de derechos humanos.
La optimización de recursos y el uso de tecnologías de la comunicación son mediadas como herramientas de información, haciendo un aprovechamiento de los grupos de mensajería instantánea para promover un entorno educativo más armonioso. La cooperación entre la escuela y la comunidad con un enfoque de promoción de respeto resalta en la investigación como un factor crucial para la comprensión de la calidad educativa.
El rendimiento escolar y la adecuación de las escuelas necesarias
Por otro lado, el estudio La escuela nos necesita aborda los factores asociados al buen rendimiento escolar. A través de un enfoque cualitativo, fueron consideradas 37 escuelas públicas entre 2017 y 2018. La investigación resalta la importancia del liderazgo y la gestión pedagógica, estrategias como actividades de integración familiar, además de la resiliencia y adaptabilidad del personal docente. Las escuelas con resultados favorables suelen contar con mejor infraestructura y apoyo de organizaciones no gubernamentales, además de una gestión más eficiente de recursos.
El rendimiento académico es una de las medidas esenciales para conocer el funcionamiento de las escuelas, idea que toma el propósito de la investigación que se centra en conocer, comprender y describir cómo contribuyen la gestión del centro, las estrategias pedagógicas, el clima escolar y la comunidad en los resultados de aprendizaje en escuelas públicas de República Dominicana.
El estudio realiza un abordaje cualitativo sobre los factores asociados al rendimiento escolar, es de autoría compartida por Rossina Matos, Laura Sánchez y Mary Francis Benzo. Dicha investigación revela que el liderazgo y la gestión pedagógica son cruciales para el rendimiento escolar. A nivel nacional, las escuelas valoradas con mejor rendimiento implementan prácticas como visitas domiciliarias, reuniones frecuentes con el personal docente y actividades para la integración de las familias. Estas escuelas también tienden a contar con mejores instalaciones y mayores recursos, lo que se traduce en un entorno de aprendizaje más adecuado. Además, reciben apoyo de organizaciones no gubernamentales y gestionan recursos de manera más eficiente. Se destaca la actitud positiva del personal docente, su resiliencia y su adaptabilidad al contexto y la realidad del estudiantado, lo que promueve una actitud positiva hacia el aprendizaje y contribuye a la integración de la comunidad educativa.
“El clima y la cultura escolar también juegan un papel fundamental. Un ambiente de respeto, cooperación y apoyo entre docentes, estudiantes y familias promueve una dinámica escolar más armoniosa y menos interrumpida. Las escuelas de estudio reportan un mayor apoyo de las familias y de la comunidad, lo que se correlaciona con mejores resultados de aprendizaje” señala la nota de prensa del IDEC en el marco de la publicación.
La reseña del estudio llama la atención sobre la relación que se establece entre mayor apoyo de la comunidad y las familias con mejores resultados de aprendizaje, por lo cual el estudio recoge prácticas inspiradoras que pueden ampliarse en el sistema educativo dominicano.
La Escuela nos necesita: un abordaje cualitativo sobre los factores asociados al buen rendimiento de las escuelas
El rendimiento académico es una de las medidas esenciales para conocer el funcionamiento de las escuelas. El propósito de este estudio es conocer, comprender y describir cómo contribuyen la gestión del centro, las estrategias pedagógicas, el clima escolar y la comunidad en los resultados de aprendizaje en escuelas públicas de la República Dominicana.
La pregunta principal que guía esta investigación es: ¿Cómo contribuyen la gestión del centro, las estrategias pedagógicas, el clima escolar y la comunidad en los resultados de aprendizaje en escuelas públicas de la República Dominicana? Se identificaron escuelas de estudio entre 2017 y 2018, que sirvieron como escuelas de comparación. Empleando un enfoque cualitativo a la luz de un análisis interpretativo, se administraron encuestas estructuradas y entrevistas a profundidad a los directores y docentes, así como observaciones de campo y análisis de documentos. Los resultados revelan que el liderazgo y la gestión pedagógica de las 37 escuelas contribuyen a una rutina escolar marcada por los procesos educativos dictados por el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), donde emplean estrategias como visitas domiciliarias, seguimiento a la práctica docente y actividades para la integración de las familias.
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¿Cómo lograr la educación de calidad? La voz de los centros educativos de República Dominicana
La investigación buscó analizar las perspectivas del personal directivo y docente sobre los principales problemas que afectan la calidad educativa en República Dominicana y las soluciones que identifican para lograr centros educativos de calidad. Se realizó un estudio de enfoque mixto a través de un diseño exploratorio secuencial, transversal no experimental. Participaron del estudio personal directivo de centros educativos y docentes pertenecientes a las 18 regionales educativas a nivel nacional y de los niveles primario y secundario. Para la recolección se información, se utilizaron los grupos focales y una encuesta diseñada de 69 ítems.
Las conclusiones del presente estudio son relevantes para la evaluación, diseño e implementación de programas y proyectos para la mejora de la calidad educativa en República Dominicana, así como para optimizar los programas de formación inicial docente.
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Invertir en el futuro: Curso para una fiscalidad justa para una educación de calidad
26 de abril de 2024¿De dónde vienen los recursos para financiar la educación de niños, niñas, adolescentes, personas jóvenes y adultas de los países de América Latina y el Caribe? ¿Cómo ampliar los recursos públicos a la educación? Fue a partir de esas y otras cuestiones que la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en alianza con la Red para la Justicia Fiscal para América latina y el Caribe y la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD) realizó entre febrero y abril el curso virtual “Invertir en el futuro: fiscalidad justa para una educación de calidad”.
Prevista para una dedicación de 40 horas, la formación en línea fue ofertada de manera gratuita y contó con más de 100 personas inscriptas. El objetivo de la iniciativa fue acercar a los principales conceptos del derecho humano a la educación y la justicia fiscal de forma interrelacional.
Autodirigido, el curso tuvo cuatro módulos que abordaron temas clave: (a) lo público y la educación, (b) justicia fiscal y su impacto en la educación, (c) financiamiento del Estado y reformas tributarias progresivas y (d) incidencia social e historias de cambio. A través de él, se actualizaron los marcos conceptuales, y el análisis estratégico del propio contexto identificando áreas de oportunidad que los Estados puedan asumir para garantizar el acceso pleno a educación pública de calidad.
Las organizaciones preveen la realización de más ediciones a partir del segundo semestre.
Justicia Fiscal para garantizar el derecho humano a la educación
El curso es resultado del Proyecto Justicia Fiscal y Educación, realizado entre 2022 y 2023 por la CLADE, Latinddad y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe e investigó la inversión en educación entre 2015 y 2022 en la región y en los países Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Según las organizaciones, el ejercicio investigativo sirvió para entender el origen de la “falta de recursos” para el sector educativo en los países participantes. “La mayoría de los sistemas fiscales de la región son altamente regresivos y cargan impuestos a toda la población sin diferenciar su nivel de ingreso, su riqueza y su capital. La búsqueda de sistemas fiscales progresivos es una lucha histórica que viene tomando fuerza; tanto así, que autoridades económicas se reunieron en julio de 2023 en Cartagena para discutir sobre la Convención Fiscal de Naciones Unidas, un espacio alterno a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que agrupa a los países ricos y responde a sus intereses”, afirman.
Lee más:
Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación – Una mirada regional desde América Latina
El sistema tributario en Argentina y el financiamiento en educación de 2015-2021
El sistema tributario y su impacto en la financiación de la educación en Colombia entre 2015 y 2021
El sistema tributario en Guatemala y el financiamiento de educación entre el 2015 y 2021
El sistema tributario en Paraguay y el financiamiento en educación entre el 2015 y 2021
El sistema tributario en Perú y el financiamiento de educación entre el 2015 y 2021
El sistema tributario en República Dominicana y el financiamiento de educación entre 2015 y 2021
Evolución de la inversión en Educación en Argentina entre 2015 y 2021
Evolución del Gasto en Educación en Colombia entre el 2015-2021
Evolución del Gasto en Educación en Guatemala entre el 2015-2021
Evolución del Gasto en Educación en Paraguay entre el 2015-2021
Evolución del gasto en Educación en el Perú 2015-2021
Evolución del Gasto en Educación en República Dominicana entre el 2015 y 2021
República Dominicana: Foro Socioeducativo llama al diálogo entre el sector docente y las autoridades educativas.
25 de abril de 2024El 23 de abril de 2024, el Foro Socioeducativo de República Dominicana expresó en un comunicado público su “preocupación frente a la reciente convocatoria a huelga por parte de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). Reconocemos y respetamos el derecho a la protesta y a las reivindicaciones laborales de nuestros educadores, quienes desempeñan un papel fundamental en el desarrollo del país. Sin embargo, consideramos que las huelgas en el ámbito educativo tienen repercusiones significativas en el derecho constitucional de nuestros niños, niñas y adolescentes a recibir una educación continua y de calidad.”
El Foro Socioeducativo es una red de organizaciones involucradas en el campo de la política educativa de República Dominicana y realiza una evaluación continua de las políticas educativas del país con monitoreo de la asignación del gasto público. También coordina y participa activamente en movimientos para la implementación de una agenda educativa progresiva.
Reafirmando el compromiso del Foro con la defensa del derecho humano a la educación, el documento hace un llamado a la búsqueda de alternativas de diálogo y negociación, evitando la interrupción del proceso educativo, por lo cual exhorta a las autoridades educativas para que sean atendidas las demandas del sector docente.
Estudio de fiscalidad y derecho a la educación. República Dominicana
2 de febrero de 2024La garantía de una educación digna y de calidad representa uno de los grandes desafíos de la República Dominicana y los países de América Latina y el Caribe.
Abordar de manera integral estos desafíos implica la movilización de mayores recursos financieros públicos y su sostenibilidad en el tiempo. La evasión fiscal tiene un impacto negativo en la capacidad del gobierno para financiar programas de educación y otros servicios públicos. Esto se debe a que cuando las personas y las empresas evaden impuestos, se reduce el presupuesto disponible para invertir en áreas cruciales como educación, salud e infraestructura.
En el caso específico de la República Dominicana, la relación entre el gasto en educación y la evasión fiscal constituye un tema relevante para analizar y debatir. En ese sentido, se puede estudiar cómo la evasión fiscal afecta la cantidad de recursos disponibles para la educación, y cómo esto puede perjudicar el acceso y la calidad educativa en el país. Además, se puede examinar cómo las políticas tributarias pueden influir en el financiamiento de la educación y en la reducción de la evasión fiscal para mejorar la inversión en el sistema educativo.
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Asia, África, América Latina y El Caribe: justicia fiscal es la respuesta para garantizar el financiamiento público educativo
15 de septiembre de 2023Las transferencias de riquezas al norte global mina nuestro derecho de tener un desarrollo sustentable. Fue lo que afirmaron especialistas de todo el mundo durante el Taller Regional-global “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: experiencias y perspectivas para la incidencia”, realizado durante los días 8 y 9 de septiembre en Santiago de Chile. En la ocasión, se debatió la importancia de luchar contra la evasión y elusión fiscal para garantizar el derecho a la educación.
Chenai Mukumba, de la Red de Justicia Fiscal en África (TJNA) mencionó que los países africanos están dando el 3% del PIB (Producto Interno Bruto), en contraposición con el 6% que exigen los compromisos internacionales. “En Ghana, con 20% de lo que se pierde en incentivos fiscales, si se invirtiera en educación, asistirían 300 mil niños y niñas más a las escuelas. Se podrían contratar 10 mil profesores más. Y se podrían repartir 557 mil comidas para niños y niñas en los comedores de los centros educativos”, afirma.
En ese sentido, Aida Jean Nacpil Manipon, de la Red de Justicia Fiscal en Asia, aseguró que “las transferencias de riquezas al norte global erosiona nuestra propia capacidad de tener un desarrollo sustentable”. La representante de Asia dijo ser necesario un llamado para mejorar los servicios públicos, con más inversión en educación y salud pública.
Desde América Latina y el Caribe, Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad), habló sobre la correlación del derecho humano a la educación y la justicia fiscal: a corto plazo, la justicia fiscal posibilita que la sociedad disponga de más recursos para servicios públicos – como la educación – y a largo plazo, la educación pública fortalece la justicia fiscal.
Desde una mirada regional, Amparo Naranjo, de Unesco, plantea afirma que “una inversión en educación produce retornos importantes no solo el individuo sino en el planeta.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 [que trata del derecho a la educación] es apalancador como otros objetivos. Hay que pasar de las palabras a la acción”.
Sobre el evento
El Taller Regional-global “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: experiencias y perspectivas para la incidencia” es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Adrián Falco, Chenai Mukumba, Amparo Naranjo y Aida Jean Nacpil Manipon, Vernor Muñoz, Mariana Huepe y Dereje Alemanyehu, el encuentro contó con la participación de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación (CME), Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); de Mariana Huepe, Dereje Alemanyehu y Seruwagi Jane Nalunga. También participaron las senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
¿Cuáles son los impactos de la fiscalidad en la educación mundial?
9 de septiembre de 2023En el marco del Taller Regional – Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación”, realizado el 8 y 9 de septiembre en Santiago (Chile), se presentaron una serie de exposiciones que graficaron las experiencias sobre justicia fiscal y su relación con el derecho a la educación pública.
En el primer bloque titulado “Estado de la Situación Mundial sobre Fiscalidad e Impacto en la Educación”, intervinieron Dereje Alemayehu, de la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ), Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y Mariana Huepe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La primera intervención fue realizada por Dereje Alemayehu, quien puso énfasis en la necesidad de la repartición equitativa del presupuesto público: “Respecto a la asignación de presupuestos es bueno que ya exista una torta para poder repartirla, pero debe ser dividida de forma justa”, señaló.
Por su parte Vernor Muñoz describió la cruda realidad de la discriminación y exclusión que sufre la población indígena en el norte global y como no basta con aumentar la recaudación sin darle un enfoque de derechos humanos: “El caso de Finlandia que es famosa por sus conquistas educativas, según un informe de la Unión Europea muestra casos de discriminación y acoso racista. El incremento fiscal y la consecución de los ingresos de forma eficiente no aseguran necesariamente mayores recursos para combatir la desigualdad”, concluyó.
Finalmente intervino Mariana Huepe de la CEPAL quien destacó que: “En promedio América Latina cumple con los mínimos acordados en la Declaración de Incheon con relación a los porcentajes del PIB como porcentaje del gasto público total” pero a la vez puso énfasis en que “para aumentar la financiación nacional para la educación, se requiere: ampliar la base fiscal, prevenir la evasión fiscal, aumentar la proporción del presupuesto nacional asignado a educación, esto tiene que ir de la mano de instituciones fortalecidas para utilizar más equitativa y eficientemente los recursos existentes”, comentó.
Sobre el evento
El encuentro es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Vernor Muñoz, Mariana Huepe y Dereje Alemanyehu, el encuentro cuenta con la participación de Además de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
“La justicia fiscal no involucra solamente el sistema de recaudación, sino que implica invertirlo adecuadamente”
8 de septiembre de 2023
El segundo momento del primer día del Taller Regional – Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación” se enfocó en las reflexiones sobre la situación mundial sobre fiscalidad e impacto en la educación.
“La justicia fiscal no involucra solamente el sistema de recaudación, sino que implica invertirlo adecuadamente”, afirmó Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por el Derecho a la Educación (CME). Según el representante de la Campaña Mundial por la Educación, incluso en países de altos ingresos, la educación universal y de calidad sigue siendo esquiva, ya que los fondos fiscales a menudo se desvían hacia sectores privados o se utilizan para pagar deudas públicas.
Para Vernor Muñoz, toda reforma tributaria debería responder a políticas de Estado basadas en derechos humanos. No es conveniente hablar de justicia fiscal, ni de ningún tipo de justicia, fuera del ecosistema de derechos humanos, pues es allí donde se definen los parámetros de distribución de la riqueza y de construcción de sociedades igualitarias y más precisamente donde se definen los fines de la educación y de su gobernanza. No interesa, por lo tanto, financiar cualquier educación, sino aquella en la que quepan todas las personas, en la que no se discrimine a nadie.
Dereje Alemanyehu, de la Alianza Global por Justicia Fiscal -GATJ, enfatizó la necesidad de aumentar los ingresos fiscales para garantizar la equidad en el acceso a la educación. Hizo hincapié en que la educación es la piedra angular para asegurar muchos otros derechos y desafió la percepción de que África depende de las contribuciones de otros países cuando, en realidad, África contribuye significativamente al mundo.
“Cobrar impuestos no es un fin en sí, sino recaudarlos para repartirlos, distribuirlos y garantizar que toda la población tenga acceso a servicios públicos como una #educación de calidad. Existen los recursos, pero hay que repartirlos”, afirma.
América Latina y el Caribe
Mariana Huepe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) enfocó su presentación en la región latinoamericana y caribeña. En su intervención afirma que “en América Latina en las últimas décadas han hecho esfuerzos para aumentar su carga tributaria e invertir en educación, pero aún son insuficientes”.
La representante de CEPAL destaca la importancia del financiamiento educativo adecuado y el camino para su incremento. Invertir en educación es invertir en el activo más importante que tienen los países para alcanzar un desarrollo social e inclusivo sostenible: sus personas. La educación no es un gasto, es una inversión, una inversión que beneficios privados y públicos, para el mundo del trabajo y la ciudadanía. Para aumentar la financiación nacional para la educación, se requiere: ampliar la base fiscal, prevenir la evasión fiscal y aumentar la proporción del presupuesto nacional asignado a educación.
Para Mariana Huepe, “cobrar impuestos no es un fin en si, sino [es necesario] recaudarlos para repartirlos, distribuirlos y garantizar que toda la población tenga acceso a servicios públicos como una educación de calidad”.
Sobre el evento
El encuentro se realiza el 8 y 9 de septiembre en Santiago, Chile y es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Vernor Muñoz y Dereje Alemanyehu, el encuentro cuenta con la participación de Además de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); Mariana Huepe, de CEPAL; de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
