Asia, África, América Latina y El Caribe: justicia fiscal es la respuesta para garantizar el financiamiento público educativo
15 de septiembre de 2023Las transferencias de riquezas al norte global mina nuestro derecho de tener un desarrollo sustentable. Fue lo que afirmaron especialistas de todo el mundo durante el Taller Regional-global “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: experiencias y perspectivas para la incidencia”, realizado durante los días 8 y 9 de septiembre en Santiago de Chile. En la ocasión, se debatió la importancia de luchar contra la evasión y elusión fiscal para garantizar el derecho a la educación.
Chenai Mukumba, de la Red de Justicia Fiscal en África (TJNA) mencionó que los países africanos están dando el 3% del PIB (Producto Interno Bruto), en contraposición con el 6% que exigen los compromisos internacionales. “En Ghana, con 20% de lo que se pierde en incentivos fiscales, si se invirtiera en educación, asistirían 300 mil niños y niñas más a las escuelas. Se podrían contratar 10 mil profesores más. Y se podrían repartir 557 mil comidas para niños y niñas en los comedores de los centros educativos”, afirma.
En ese sentido, Aida Jean Nacpil Manipon, de la Red de Justicia Fiscal en Asia, aseguró que “las transferencias de riquezas al norte global erosiona nuestra propia capacidad de tener un desarrollo sustentable”. La representante de Asia dijo ser necesario un llamado para mejorar los servicios públicos, con más inversión en educación y salud pública.
Desde América Latina y el Caribe, Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad), habló sobre la correlación del derecho humano a la educación y la justicia fiscal: a corto plazo, la justicia fiscal posibilita que la sociedad disponga de más recursos para servicios públicos – como la educación – y a largo plazo, la educación pública fortalece la justicia fiscal.
Desde una mirada regional, Amparo Naranjo, de Unesco, plantea afirma que “una inversión en educación produce retornos importantes no solo el individuo sino en el planeta.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 [que trata del derecho a la educación] es apalancador como otros objetivos. Hay que pasar de las palabras a la acción”.
Sobre el evento
El Taller Regional-global “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: experiencias y perspectivas para la incidencia” es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Adrián Falco, Chenai Mukumba, Amparo Naranjo y Aida Jean Nacpil Manipon, Vernor Muñoz, Mariana Huepe y Dereje Alemanyehu, el encuentro contó con la participación de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación (CME), Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); de Mariana Huepe, Dereje Alemanyehu y Seruwagi Jane Nalunga. También participaron las senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
¿Cuáles son los impactos de la fiscalidad en la educación mundial?
9 de septiembre de 2023En el marco del Taller Regional – Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación”, realizado el 8 y 9 de septiembre en Santiago (Chile), se presentaron una serie de exposiciones que graficaron las experiencias sobre justicia fiscal y su relación con el derecho a la educación pública.
En el primer bloque titulado “Estado de la Situación Mundial sobre Fiscalidad e Impacto en la Educación”, intervinieron Dereje Alemayehu, de la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ), Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y Mariana Huepe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La primera intervención fue realizada por Dereje Alemayehu, quien puso énfasis en la necesidad de la repartición equitativa del presupuesto público: “Respecto a la asignación de presupuestos es bueno que ya exista una torta para poder repartirla, pero debe ser dividida de forma justa”, señaló.
Por su parte Vernor Muñoz describió la cruda realidad de la discriminación y exclusión que sufre la población indígena en el norte global y como no basta con aumentar la recaudación sin darle un enfoque de derechos humanos: “El caso de Finlandia que es famosa por sus conquistas educativas, según un informe de la Unión Europea muestra casos de discriminación y acoso racista. El incremento fiscal y la consecución de los ingresos de forma eficiente no aseguran necesariamente mayores recursos para combatir la desigualdad”, concluyó.
Finalmente intervino Mariana Huepe de la CEPAL quien destacó que: “En promedio América Latina cumple con los mínimos acordados en la Declaración de Incheon con relación a los porcentajes del PIB como porcentaje del gasto público total” pero a la vez puso énfasis en que “para aumentar la financiación nacional para la educación, se requiere: ampliar la base fiscal, prevenir la evasión fiscal, aumentar la proporción del presupuesto nacional asignado a educación, esto tiene que ir de la mano de instituciones fortalecidas para utilizar más equitativa y eficientemente los recursos existentes”, comentó.
Sobre el evento
El encuentro es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Vernor Muñoz, Mariana Huepe y Dereje Alemanyehu, el encuentro cuenta con la participación de Además de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
“La justicia fiscal no involucra solamente el sistema de recaudación, sino que implica invertirlo adecuadamente”
8 de septiembre de 2023
El segundo momento del primer día del Taller Regional – Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación” se enfocó en las reflexiones sobre la situación mundial sobre fiscalidad e impacto en la educación.
“La justicia fiscal no involucra solamente el sistema de recaudación, sino que implica invertirlo adecuadamente”, afirmó Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por el Derecho a la Educación (CME). Según el representante de la Campaña Mundial por la Educación, incluso en países de altos ingresos, la educación universal y de calidad sigue siendo esquiva, ya que los fondos fiscales a menudo se desvían hacia sectores privados o se utilizan para pagar deudas públicas.
Para Vernor Muñoz, toda reforma tributaria debería responder a políticas de Estado basadas en derechos humanos. No es conveniente hablar de justicia fiscal, ni de ningún tipo de justicia, fuera del ecosistema de derechos humanos, pues es allí donde se definen los parámetros de distribución de la riqueza y de construcción de sociedades igualitarias y más precisamente donde se definen los fines de la educación y de su gobernanza. No interesa, por lo tanto, financiar cualquier educación, sino aquella en la que quepan todas las personas, en la que no se discrimine a nadie.
Dereje Alemanyehu, de la Alianza Global por Justicia Fiscal -GATJ, enfatizó la necesidad de aumentar los ingresos fiscales para garantizar la equidad en el acceso a la educación. Hizo hincapié en que la educación es la piedra angular para asegurar muchos otros derechos y desafió la percepción de que África depende de las contribuciones de otros países cuando, en realidad, África contribuye significativamente al mundo.
“Cobrar impuestos no es un fin en sí, sino recaudarlos para repartirlos, distribuirlos y garantizar que toda la población tenga acceso a servicios públicos como una #educación de calidad. Existen los recursos, pero hay que repartirlos”, afirma.
América Latina y el Caribe
Mariana Huepe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) enfocó su presentación en la región latinoamericana y caribeña. En su intervención afirma que “en América Latina en las últimas décadas han hecho esfuerzos para aumentar su carga tributaria e invertir en educación, pero aún son insuficientes”.
La representante de CEPAL destaca la importancia del financiamiento educativo adecuado y el camino para su incremento. Invertir en educación es invertir en el activo más importante que tienen los países para alcanzar un desarrollo social e inclusivo sostenible: sus personas. La educación no es un gasto, es una inversión, una inversión que beneficios privados y públicos, para el mundo del trabajo y la ciudadanía. Para aumentar la financiación nacional para la educación, se requiere: ampliar la base fiscal, prevenir la evasión fiscal y aumentar la proporción del presupuesto nacional asignado a educación.
Para Mariana Huepe, “cobrar impuestos no es un fin en si, sino [es necesario] recaudarlos para repartirlos, distribuirlos y garantizar que toda la población tenga acceso a servicios públicos como una educación de calidad”.
Sobre el evento
El encuentro se realiza el 8 y 9 de septiembre en Santiago, Chile y es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Vernor Muñoz y Dereje Alemanyehu, el encuentro cuenta con la participación de Además de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); Mariana Huepe, de CEPAL; de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
El derecho humano a la educación solo se garantiza con justicia fiscal
Concentración de la riqueza y mantenimiento de la pobreza. Para cambiar este escenario, que ha estado presente en América Latina y el Caribe en los últimos tiempos, hay que garantizar los derechos humanos, entre ellos la educación. Para eso, es fundamental asegurar un sistema tributario justo, afirman especialistas y autoridades presentes en el Taller Regional-Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación”, que se realiza el 8 y 9 de septiembre en Santiago, Chile.
Nelsy Lizarazo: “En términos de ejercicio pleno del Derecho a la Educación, no basta con el acceso a la educación, es necesario invertir en calidad educativa”
El encuentro es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
“Han sido dos años de aprendizaje súper interesante, no solamente en asuntos técnicos, sino también en construcción de posición política y también en términos humanos”, dice Nelsy Lizarazo, coordinadora de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) durante la apertura del taller.
Según ella, en términos de ejercicio pleno del Derecho a la Educación, no basta con el acceso a la educación, es necesario invertir en calidad educativa. “Son necesarios cuatro criterios para tener en cuenta: el primero, la proporción dedicada a la educación debe de ser suficiente; el segundo, que ese presupuesto debe de ser del tamaño adecuado, que responda a las necesidades educativas del país, a sus brechas, a sus desigualdades; el tercero, presupuesto ser sensible a los grupos históricamente excluidos; y el cuarto, que el presupuesto sea transparente, construido, evaluado de forma participativamente con la ciudadanía.
Adrián Falco: “Para superar la pobreza, la desigualdad, para dar y garantizar derechos a toda la población y dar acceso a servicios públicos de calidad a toda la ciudadanía, para eso promovemos la #JusticiaFiscal”
Para Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad), la región latinoamericana y caribeña, mantiene 30% de pobreza y 19% de indigencia y, sin embargo, se concentra cada vez más la riqueza y los gobiernos dan cada vez más concesiones a los ricos y al gran capital. “Para superar la pobreza, la desigualdad, para dar y garantizar derechos a toda la población y dar acceso a servicios públicos de calidad a toda la ciudadanía, para eso promovemos la #JusticiaFiscal”, afirma.
Además de Nelsy Lizararo y Adrián Falco, el encuentro cuenta con la participación de Dereje Alemanyehu, de la Alianza Global por Justicia Fiscal -GATJ; Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación; Mariana Huepe, de CEPAL; de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
Marcela Browne, CADE: “El Estado debe incluir políticas que garanticen la redistribución de ingresos”
20 de enero de 2023Las empresas multinacionales evaden en Argentina un total de 1.200 millones de dólares anuales operando en paraísos fiscales. Según datos de Tax Justice Network, si se destinara esta cantidad a salarios docentes, se podrían incrementar las remuneraciones en un 45%.
Argentina cuenta con diversos mecanismos que establecen un porcentaje en los presupuestos de las provincias, sin embargo la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) observa en los datos desde 2015 una tendencia general de disminución de la inversión educativa.
Juan Colicigno (JC), de la CADE y del grupo de trabajo de comunicación de la CLADE entrevistó a Marcela Browne (MB), coordinadora de educación de Fundación SES y secretaria de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE).
Las convergencias entre la educación y la justicia fiscal
JC: ¿Qué es la justicia fiscal y cómo se relaciona con la educación?
MB: La justicia fiscal es un enfoque de derechos que permite la redistribución de ingresos y de riquezas para promover la equidad y la inclusión social. Esta distribución es posible a partir del aporte fiscal que realizan las personas y empresas.
El sistema tributario argentino es sumamente regresivo. Por ejemplo, los bienes personales, que son los impuestos más progresivos, sólo representan el 2% de la recaudación total del Estado Nacional, mientras que el 40% recaudado proviene de impuestos al consumo, que son los más regresivos.
Garantizar el derecho humano a la educación requiere una mayor inversión educativa, que podría lograrse con modificaciones impositivas que permitan una redistribución más equitativa de los recursos.
JC: ¿Cuál debe ser el papel de los gobiernos?
MB: El rol del Estado debe ser incluir políticas que garanticen la redistribución de ingresos y que aquellas personas que tienen mayor cantidad de recursos paguen proporcionalmente más. Lo cual se volvió aún más relevante en el contexto actual, donde la desigualdad aumenta. La evasión tributaria profundiza las desigualdades sociales y desfinancia al sistema educativo.
Medidas y recomendaciones para la justicia fiscal y educativa
JC: ¿Cuáles son las medidas necesarias?
MB: Es posible alcanzar el objetivo educativo si combatimos la opacidad global tributaria, promoviendo el fin de las guaridas fiscales, la eliminación del secreto bancario y la penalización de la utilización de sociedades offshore (empresa multinacional que debido a la ubicación de sus fuentes de riqueza está sujeta a varias jurisdicciones, con frecuencia utilizadas para evadir normativas fiscales en los países de origen).
Es necesario incorporar más voces a estos debates para plantear las batallas necesarias que fortalecerán la acción coordinada que mejore las condiciones de vida ciudadana, sin apelar a endeudamientos irresponsables o al ajuste irrestricto de los programas sociales con la participación de los gobiernos, congresistas, sindicatos, sector académico, las organizaciones y los movimientos sociales.
JC: ¿Cómo se puede conseguir el presupuesto necesario para garantizar el derecho a la educación?
MB: Las distintas organizaciones que expresamos la necesidad de justicia fiscal aseguramos que, con modificaciones impositivas es posible una redistribución más equitativa de los recursos y acercarse al cumplimiento del derecho universal a la educación.
Proponemos modificaciones para mejorar un 16% el presupuesto educativo nacional anual:
- Incremento del 10% el impuesto a los bienes personales.
- Anualización del 50% del impuesto a las grandes fortunas.
- Reducción del 20% gastos tributarios.
Estudio sobre el financiamiento educativo y la justicia fiscal
La investigación sobre Financiamiento Educativo y Propuestas de Justicia Fiscal para el derecho a la educación de iniciativa de la CLADE en alianza con la Fundación SES, la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), Latindadd, y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe determinó que la educación pública argentina lograría recibir más en su financiamiento anual si las acciones de justicia fiscal fueran realizadas dentro del país. Este proyecto es coordinado por Marcela Browne y Adrián Falco, con la participación de las investigadoras Marisa Álvarez, Natalia Gardyn y Eva Sacco.
Movimientos sociales de América Latina y el Caribe se reúnen para discutir sobre los derechos digitales en la región
12 de octubre de 2022
¿Qué derechos individuales y colectivos están siendo vulnerados por este modelo pro-empresarial e inconsulto? ¿Cómo adecuar la acción desde la comunidad y las políticas públicas en el ámbito digital para favorecer las aspiraciones de justicia social de los pueblos? ¿Cómo avanzar hacia tecnologías digitales abiertas, democráticas, equitativas y libres?
Para reflexionar sobre estos y muchos otros interrogantes en el área de los derechos digitales Internet Ciudadana -iniciativa latinoamericano y caribeña- conformada por organizaciones e individuos de distintos ámbitos, entre ellos la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) – se llevará a cabo entre el 13 y el 14 de octubre el encuentro “Por el derecho a un futuro digital justo y soberano”.
Será realizado de manera híbrida (presencialmente/ virtualmente) en Buenos Aires, Argentina, el encuentro tendrá como núcleo el análisis y el intercambio de propuestas de acción colectiva entre la comunidad y los Estados para recuperar el sentido democratizador de la tecnología digital.
Participación de la CLADE: movimientos sociales, educación y derechos digitales
Nelsy Lizarazo, participará del panel “Los movimientos sociales ante la era digital en el segundo día del encuentro (14/10)”, que también contará con la presencia de Leandro Monk (Facttic, Argentina); Perla Álvarez (Paraguay, CLOC-La Vía Campesina), Jordania Ureña (República Dominicana, Sec. Políticas Sociales CSA); Pablo Antonini (Argentina, FARCO ); Cecilia Ortmann (Argentina, Universidad de Buenos Aires) y la mediación de Carolina Osorio, de la CLADE.
“La comprensión de lo que significa, de lo que implica en términos de oportunidades, riesgos y amenazas la corporativización de las tecnologías digitales tan presentes en nuestras vidas es una tarea fundamental para efectivamente lograr las democracias reales”, afirma Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE.
Mira el vídeo:
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Episodio 2: Juventudes en Podcast Educación ¿Qué onda?
4 de octubre de 2022La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) comparte el segundo episodio de su Podcast, Educación ¿qué onda?, como una nueva oportunidad de posibilitar diálogos en favor del derecho a la educación dedicado a las juventudes y a las iniciativas que se comparten en favor del derecho humano a la educación en nuestro continente América Latina y El Caribe.
El segundo episodio destaca el tema sobre Juventudes y Educación, en consonancia con la Campaña #EducaciónEnEmergencias que se realiza este 2022 en todo el mundo y que a nivel regional tuvo la equidad de género como uno de sus destaques.
Este segundo episodio sobre Juventudes cuenta con la participación de Facundo Ariel Pajon del equipo de coordinación de la CADE; Timothy Ireland, vicepresidente del Consejo Internacional de Educación de Adultos (ICAE); Diana Ayala del Foro Dakar Honduras participa en la Campaña Mundial por la Educación (CME); Sandra Milena Correa, joven docente que integra la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación y la Red de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) y David Gómez, joven de la CADEM, la Campaña por el Derecho a la Educación en México.
Escucha el podcast completo:
Notas en la Pizarra
Contamos con la experiencia desde la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) quienes acompañan la observación de jóvenes sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos como ODS, en especial el referido a la calidad de la educación desde un enfoque juvenil.
También compartimos la importancia de concretar desde los Estados el cumplimiento de este Marco de Acción de Marrakech, con el acompañamiento de la sociedad civil. El Marco de Acción fue el resultado de la Conferencia Internacional de Educación (CONFINTEA VII) realizada en junio del año 2022 y marcará las políticas en la Educación de Personas jóvenes y Adultas (EPJA) los próximos 12 años.
El segundo episodio también destaca los espacios de debate y reflexión con jóvenes, generado por la Campaña Mundial por la Educación (CME). Diana Ayala del Foro Dakar Honduras ha participado activamente en estos intercambios y relata cómo ha sido este proceso.
Ecos y Voces
Otra experiencia relacionada a las y los jóvenes fue desarrollada en Colombia, por la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación y la Red de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), que han organizado la formación política a través de un curso que apunta a la apropiación de la agenda de derechos humanos como un eje indispensable de la formación integral. En este episodio, Sandra Milena Correa, joven que integra las dos organizaciones, nos invita a visitar su experiencia.
Tejiendo en Red
Para finalizar, el podcast da luz a los Trueques de Saberes, espacios virtuales donde jóvenes de América Latina y el Caribe que suman esfuerzos de diálogo intergeneracional sobre la agenda educativa. Esta iniciativa ha sido impulsada por la CADEM, la Campaña por el Derecho a la Educación en México.
Créditos:
Entrevistas y Producción: María Cianci Bastidas
Locución: Héctor Escandell (Federación Internacional Fe y Alegría) y Carolina Osorio (CLADE)
Canción: AnónimA Arte y Comunicación
Apoyo musical: Anónima. Jaque.
Ilustración: Renata Dorea
Producción General: Nelsy Lizarazo, Thais Iervolino, Carolina Osorio y María Cianci Bastidas
Agenda 2030 es tema de proyectos desarrollados en cinco países de América Latina y el Caribe
25 de agosto de 2022Incidencia política, formación con docentes y estudiantes; producción de contenidos de comunicación para la radio y redes sociales; investigación e informes; mapeo de actores claves y creación de comité juvenil sobre el tema son algunas de las acciones que han sido desarrolladas por cinco miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación para difundir y fortalecer la Agenda 2030, en especial destaque para el Objetivo Sostenible 4 (ODS 4) relacionado con el derecho a la educación en Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador y Perú.
Por intermedio de la CLADE y financiados por la Campaña Mundial por el Derecho a la Educación (CME), la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) , la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE), el Contrato Social por la Educación de Ecuador, la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) y la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación han desarrollado este año acciones y actividades para fortalecer la garantía de las metas y objetivos de la Agenda 2030 en sus respectivos países. Los proyectos seguirán siendo realizados a lo largo del año 2023.
Lee las acciones y actividades que han sido planeadas y realizadas en cada uno de los países:
Argentina
Organización responsable: Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE)
Actividades/acciones:
- Fortalecimiento de la membresía de la CADE, especialmente estableciendo nuevos vínculos con jóvenes.
- Realización de un mapeo de actores claves.
- Producción de una jornada formativa sobre el ODS4 en línea.
- Realización de una jornada de sensibilización en los territorios de Argentina.
- Producción de una guía juvenil sobre los ODS.
- Acciones de incidencia política hacia las autoridades.
Colombia
Organización responsable: Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación
Actividades/acciones:
- Incidencia en torno al financiamiento de la educación, con énfasis en la no discriminación.
- Fortalecimiento de la membresía de la Coalición.
- Realización de una formación sobre el sistema educativo, con destaque al financiamiento y desigualdades en el sistema educativo.
- Elaboración del análisis de investigación sobre el tema de la formación.
- Realización de un encuentro de intercambio sobre el tema de la formación.
- Elaboración de un informe sobre la implementación del ODS 4
Ecuador
Organización responsable: Contrato Social por la Educación de Ecuador
Actividades/acciones:
- Realización de un sondeo sobre el conocimiento de la población y organizaciones sociales sobre la Agenda de Desarrollo Sostenible y los ODS en el país.
- Incidencia política.
- Desarrollo de una acción de exploración de los ODS con las y los jóvenes.
- Realización de pastillas radiales y contenidos para redes sociales sobre el tema.
- Realización de reuniones con autoridades para presentar las expectativas de jóvenes sobre la Agenda 2030 en el país.
- Producción de un paquete de cinco pastillas informativas sobre todos los ODS, con un lenguaje amigable.
- Realización de entrevistas con las y los jóvenes sobre la Agenda 2030.
El Salvador
Organización responsable: Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE)
Actividades/acciones:
- Creación de un comité juvenil en RESALDE para trabajar incidencia a partir de la Agenda 2030.
- Realización de un mapeo de organizaciones nacionales e internacionales que actúan con jóvenes.
- Realización de un foro público con organizaciones que trabajan con jóvenes para sensibilizarlos sobre el ODS4.
- A principios del 2023, las y los jóvenes se sumarán a las actividades de la campana por el 6% del PIB para la educación.
Perú
Organización responsable: Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE)
Actividades/acciones:
- Difusión de la Agenda de Educación 2030 entre estudiantes y docentes, con énfasis en la meta 4.5 del ODS4.
- Realización de un mapeo de organizaciones juveniles en el país.
- Realización de dos talleres con jóvenes y docentes sobre el tema.
Argentina: Concluye la III Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe
6 de junio de 2022
“Reconocemos a la educación como un derecho humano fundamental que pone a las y a los estudiantes y a las comunidades en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. La educación es una herramienta para combatir la desigualdad y construir sociedades justas, equitativas y pacíficas”, subraya la Declaración de Buenos Aires 2022 “El derecho a la educación en contexto: recuperar y transformar, aprobada durante la III Reunión Regional de Ministras y Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, encuentro convocado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y realizado entre el 26 y 27 de mayo en Buenos Aires, Argentina.
El encuentro afirmó los compromisos asumidos por las máximas autoridades educativas de la región durante la anterior, realizada en 2018 en Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia, y tuvo por finalidad dar seguimiento a la implementación del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, para todas las personas”.
El documento aprobado renueva también el compromiso por reducir la desigualdad social y educativa, considerando que la educación es un derecho humano universal y un bien público social para todas y todos los ciudadanos de nuestros pueblos. “Ponemos toda nuestra voluntad para seguir trabajando por la calidad y pertinencia de la educación a lo largo de toda la vida, desde la primera infancia hasta la educación superior y de adultos y por la expansión de la cobertura en todos los niveles educativos.
Trabajaremos también por el compromiso de enriquecer los contenidos educativos y las prácticas de los sistemas educativos para el desarrollo de conocimientos, valores y habilidades, necesarios para enfrentar los desafíos de nuestro mundo cambiante, con un enfoque de derechos y con miras al desarrollo sostenible y la cultura de paz”.
Se suman voces y voluntades por el derecho a la educación
Durante la reunión, el presidente de Argentina Alberto Fernández dijo “La igualdad para aprender debería ser una consigna para toda América Latina y el Caribe.” Por su parte, el ministro de Educación Perczyk en la apertura expresó: “La educación es una de las vías más importantes para alcanzar mayor justicia social, emancipación y liberación de los seres humanos, y para transformar nuestras sociedades”.
La ministra de Educación de Colombia, María Victoria Angulo, formó parte de la apertura y dijo que “los sistemas educativos de la región enfrentan viejas y nuevas tensiones en su objetivo de garantizar el derecho a la educación a lo largo de la vida para todos y todas y en ese marco, ello nos invita a un llamado a la acción que redoble esfuerzos, la realidad del retorno a las clases presenciales nos exige un trabajo arduo en el cierre de brechas de aprendizaje, así como en la innovación y la inversión de recursos que promueven trayectorias educativas y desarrollo integral para una educación de calidad”.
Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) afirmó que “la pérdida en los aprendizajes y en el bienestar que millones de niños y niñas y jóvenes sufrieron durante la pandemia pone en riesgo su futuro y su esperanza. No hay tiempo que perder para poner en marcha todas las medidas necesarias para reparar este daño y así evitar que sus consecuencias se tornen permanentes o irreparables”.
En el contexto regional, Venezuela y Cuba pidieron solidaridad ya que el bloqueo económico que persiste hacia sus países afecta de manera directa a la educación.
Cambios en la economía para cambiar la sociedad
En los aspectos mencionados durante la reunión hubo coincidencia respecto a que los sistemas educativos requieren una mayor inversión para ser más justos y equitativos, para lo cual se deben considerar acciones destinadas a favorecer el encuentro de todos los actores que conforman la comunidad educativa. Además, se hizo hincapié en revalorizar el papel de las familias y las organizaciones de la comunidad que se han construido como una fuerza catalizadora de soluciones en cada entorno.
El modelo económico requiere ser transformado, porque la pobreza afecta de manera directa el derecho a la educación. En la actualidad, el creciente endeudamiento de los países hace que los esfuerzos económicos de los países fueran destinados al pago de la deuda y por lo tanto, los presupuestos educativos decrecieron; sin embargo no tendría que mantenerse esta tendencia a futuro.
Volver a la escuela implica la oportunidad de repensar el sistema educativo en términos de regímenes académicos y recursos pedagógicos que incluyan la diversidad de trayectorias, especialmente para aquellas personas que acumulan desventajas y requieren de medidas educativas alternativas y de protección social complementaria para garantizar el derecho humano a la educación.
Es importante consolidar una voz regional que respalde la necesidad de priorizar la educación en la agenda pública, garantizando el financiamiento y la voluntad política para reintegrar al conjunto de estudiantes a la escuela, establecer sistemas de alerta temprana para identificar a los que están en riesgo de abandono escolar, recuperar los aprendizajes, fortalecer el bienestar socio emocional de toda la comunidad educativa, y valorar, apoyar y formar a los y las docentes, que también se encuentran atravesados/as por los efectos traumáticos de la pandemia.
CLADE presenta hoja de Ruta
Para seguir trabajando en las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible en el ámbito regional, Marcela Browne en nombre de la CLADE, presentó la Hoja de Ruta (2022-2025). Agenda de Educación 2030 en América Latina y el Caribe junto a Claudia Uribe, Directora de la Oficina de la OREALC/UNESCO; Hugo Yasky, presidente del Comité Regional de la Internacional de la Educación; Jaime Perczyk, Ministro de Educación de la Nación Argentina; Andrea García, Secretaria de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias del Ministerio de Educación de la Argentina.
Entre 2016 y el presente: la educación argentina presenta avances y retrocesos
8 de febrero de 2022Si bien entre los años 2006 y 2014 hubo mejoras significativas en términos de políticas públicas y normativas garantes del derecho a la educación en Argentina, solo en el año 2015 se cumplió con la inversión educativa prevista en la ley y los años posteriores marcaron un retroceso en todos los aspectos. Esta es la afirmación de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en respuesta al Informe País 2021, documento publicado la semana pasada por el gobierno argentino que presenta indicadores relacionados con el derecho a la educación en Argentina en el Objetivo 4 de la Agenda 2030.
“La Ley de Educación Nacional sancionada en el año 2006 establece que el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al 6 % del Producto Interno Bruto (PIB)”. Sin embargo, entre 2015 y 2019 solo se llegó a ese porcentaje en el año 2015, para luego descender entre el 1,6% a 1,1% del PIB (-33%) hasta el 2019.
Educación durante la pandemia
La profundización de las desigualdades y el impacto de la pandemia por el COVID-19 afectaron fuertemente el acceso al derecho a la educación en el país. El análisis de la CADE cita el informe “Impacto de la pandemia en la educación de niños, niñas y adolescentes” presentado por UNICEF Argentina en julio de 2021 que muestra que “más de 1 millón de estudiantes no pudieron regresar a las aulas desde el inicio del ciclo lectivo 2021”. La CADE subraya que, si bien en el período 2020-2021 se pueden observar programas específicos para atender a estas dificultades, será necesario incrementar la inversión educativa y diseñar políticas inclusivas para la garantía del derecho a la educación en el país.
“Lo mencionado hasta aquí hace suponer que aun con las leves mejoras en términos de algunos indicadores de eficiencia interna en el periodo 2018 y 2019 mencionados en el informe argentino, ante la profundización de las desigualdades y la inequidad en el acceso al derecho a la educación en el marco de la pandemia, las metas de la Agenda 2030 serán muy difíciles de alcanzar sin políticas públicas integrales y una fuerte inversión orientada a la equidad y justicia educativa”, subraya la CADE.
Recomendaciones*
Destacamos los grandes esfuerzos realizados por los Estados argentinos y en particular por la gran mayoría de los equipos docentes y directivos de los establecimientos educativos en el periodo de pandemia. Aun así, se requieren de una serie de políticas educativas tendientes a garantizar derecho a la educación en el país, por lo que la CADE presenta una serie de recomendaciones. Son ellas:
1. Ampliación de las ofertas educativas en términos de aumento de secciones y unidades de servicio que contemplen la cantidad de estudiantes proyectados según las trayectorias teóricas y reales de los y las estudiantes. En particular del nivel inicial y medio.
2. Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento escolar, con igualdad de recursos en términos de justicia educativa.
3. Disminución de la brecha digital: conectividad, equipamiento tecnológico para cada uno de los establecimientos y la entrega anual de dispositivos electrónicos a la totalidad de ingresantes del nivel primario y secundario. Mantenimiento y actualización del equipamiento y la entrega, reemplazo o actualización de notebooks para uso de los y las docentes. Formación docente para la inclusión educativa con tecnologías.
4. Mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje con actualización de salarios docentes y reconocimiento de horas de trabajo remunerado fuera del aula; fortalecimiento a la gestión institucional y pedagógica del nivel secundario; acompañamiento a las trayectorias educativas reales del estudiantado considerando acceso, permanencia y egreso; articulación entre niveles educativos, en particular entre el nivel medio y la educación superior; formación inicial (con énfasis en el número de docentes requeridos en el nivel inicial para el cumplimiento de las metas) y formación continua y mayor articulación entre la formación y el mundo del trabajo.
5. Transferencias económicas desde el nacimiento hasta los 19 años, teniendo en cuenta la sobre edad del estudiantado del nivel medio y los colectivos más discriminados por género, identidad y orientación sexual, población migrante, entre otros.
6. Garantía de transporte de los y las estudiantes: en el caso del ámbito rural por el impacto que esta prestación tiene en el presentismo.
7. Diseño integral y articulado de las políticas educativas para el logro de los Objetivos de la Agenda 2030 con áreas vinculadas a la salud, al trabajo, a la promoción social y a la cultura.
8. Inversión económica que garantice el derecho fundamental a la educación con el 8% del PIB requerido para el costeo de las políticas mencionadas, teniendo en cuenta el nivel universitario y la inversión necesaria en cada una de las 24 jurisdicciones del país para que la justicia educativa sea una realidad.
* En base a Browne, M.; Alvarez, M.; Paredes, D.; Gardyn, N.; Oviedo, M.; Herbón, M. “El Derecho a la educación en números: ¿cuál es la inversión necesaria para cumplirlo en los próximos 10 años? Metas de inversión para el cumplimiento del derecho a la educación al 2030 en Argentina. Propuesta para abrir la discusión de mediano y largo plazo.”, Fundación SES, UNIPE, con el apoyo de CADE; GCFE, UNICEF Argentina, 2020. https://fundses.org.ar/es/biblioteca/derecho-la-educacion-en-numeros.
