Foto: Carolina Valenzuela

Nicaragua: Las mujeres no son libres, las mujeres no están seguras

22 de diciembre de 2021

Para hablar sobre la violencia basada en género en Nicaragua, se debe reconocer que los nicaragüenses se encuentran en una sociedad patriarcal. Desde que las personas nacen se les asignan roles en dependencia de su sexo biológico, como consecuencia, las mujeres y niñas están creciendo en un sistema que dicta lo que deberán hacer el resto de sus vidas.

Es importante señalar que la violencia basada en género está sustentada por el sistema patriarcal en el que dominan los hombres sobre las mujeres, la mayoría de las veces, las mujeres sufren violencia a raíz de su cuerpo y la concepción de los hombres sobre él.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 736 millones de mujeres (una de cada tres), son víctimas de violencia física o sexual realizada por un compañero íntimo o agresiones sexuales perpetradas por otras personas, unas cifras que se han mantenido estables a lo largo del decenio más reciente.

También, para ONU mujeres, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo y se producen muchos casos cada día en todos los rincones del planeta, y Nicaragua no es la expepción.

Así se manifiesta la violencia basada en género

“¿Ya tenes novia en la escuelita?”, todas las personas en Nicaragua ya han escuchado esta expresión que le dicen a los niños. Desde que son infantes se crían a los niños con la idea de que deben ser coquetos, que deben decirles ¨piropos¨ a las niñas y mujeres en la calle, pero no se les dice que en realidad eso es acoso y violencia normalizada porque invaden el espacio y la privacidad de las niñas y mujeres.

De igual forma, es violencia de género cuando a las niñas solo se les permite jugar con muñecas y jugar a ¨la cocinita¨, usar faldas y ser sumisas, porque eso es lo que la sociedad ha construido desde hace mucho tiempo. Es violencia también, que a los niños no se les permita llorar en público porque ¨los verdaderos hombres no lloran¨, porque los hombres son fuertes y deben dedicarse a trabajar para el hogar, no pueden ser sensibles porque no es parte de su naturaleza… criar a los niños con estas ideas, es violencia.

La violencia basada en género también se manifiesta con acoso callejero, con micromachismos,  y en palabras de la activista Integrante de la red de mujeres contra la violencia, Evelyn Flores, estos comportamientos y conductas no deben celebrarse porque son expresiones de violencia determinadas por las relaciones de poder de los hombres hacia las mujeres, que se producen como:

  • Violencia física
  • Violencia psicológica
  • Violencia sexual
  • Violencia económica
  • Violencia emocional

Una de las expresiones más graves de violencia, es la conducta normalizada de hombres adultos que buscan una relación amorosa con adolescentes y jóvenes, quienes son vulnerables a ceder por algún tipo de amenaza y violencia ejercida por el adulto que goza de poder y por ello abusa del mismo. Las niñas, adolescentes y jóvenes deben ser protegidas de este tipo de abusadores.

Quiénes ejercen violencia

Generalmente, son los hombres quienes ejercen violencia hacia las mujeres, no necesariamente se puede ver en una pareja, la violencia basada en género sucede independientemente de si existe o no un vínculo entre el victimario y la víctima. La violencia también está presente en sitios de trabajo, en las calles, en las iglesias, en la familia, en las escuelas y universidades.

Qué ha cambiado en los últimos años

Gracias a los esfuerzos de las mujeres feministas, con el pasar de los años, las mujeres se han empoderado y muchas cosas del pasado han cambiado, antes los hombres eran los dueños de tierras en las zonas rurales, ahora hay mujeres productoras y dueñas de sus tierras, antes era muy común que los hombres fuesen los titulares de las casas y las herencias, ahora hay más mujeres siendo incluidas, hay más mujeres tomando responsabilidades y siendo parte de esta revolución que con el tiempo será una normalidad.

En busca de una sociedad justa

Para Flores, se debe luchar en contra de la violencia basada en género, pero para ello se necesita un trabajo armónico entre hombres y mujeres, no se trata de una competencia, si no de la construcción de una sociedad más justa y democrática, en la que los hombres y las mujeres puedan vivir en paz. Asimismo, en medida que hay democracia e institucionalidad se puede combatir la violencia de género de forma más efectiva, ya que, esto permite a las mujeres y niñas gozar de sus derechos.

Las organizaciones en Nicaragua aportan a la eliminación de la violencia de género

Gracias a la lucha feminista, hay muchas mujeres que gozan de su libertad, las organizaciones de sociedad civil y personas profesionales aportan a la eliminación de la violencia de género con sus conocimientos, sus acciones y actividades dirigidas a mujeres nicaragüenses. Con esto, se pretende compartir a la ciudadanía las herramientas para que gocen plenamente de sus derechos y no sufran de discriminación, exclusión, y en un futuro se logre erradicar el machismo. Para ello, se debe educar sobre derechos humanos y los hombres deben admitir que el sistema patriarcal les provee privilegios de los que deben desprenderse para ser parte de esta lucha en contra de la violencia. Las organizaciones en Nicaragua son fundamentales para generar opinión, conocimiento, y para ayudar a las comunidades más necesitadas.

¿En Nicaragua hay leyes que protejan a las mujeres?

La activista Flores comenta que, a pesar de las últimas reformas en la Constitución Política de Nicaragua, sí existen leyes que protegen a las mujeres, así como la ley 779. Sin embargo, entre el marco legal, los operadores de justicia y las instituciones estatales y acciones, existe una brecha significativa, pues en Nicaragua se está viviendo una coyuntura muy fuerte, porque existe una centralización de poder y poca seguridad para la ciudadanía y a la vez múltiples crisis, en las que los niños, niñas, adolescentes y mujeres son más afectadas debido a su nivel de vulnerabilidad. Según la abogada Flores, el marco legal relacionado a la protección y defensa de las mujeres no debe cambiarse, pero si se pudiese aplicar a como expresa la ley, sería lo ideal para brindar justicia a las víctimas.

Femicidios en Nicaragua

Al día de hoy, el número de víctimas de violencia supera las 66, y la cifra de femicidio en grado de frustración asciende las 100, las mujeres nicaragüenses han tenido que ser resilientes y luchar por sus vidas todos los días. No hay un espacio seguro en el que las mujeres se puedan desarrollar, por ello en conjunto se necesita erradicar la violencia de género. Y según afirma Flores, solo una parte de las mujeres logra denunciar la violencia que sufre. A pesar de las leyes no se protege la integridad y dignidad de las víctimas, y a nivel de ejemplo, la activista comenta que, cuando un profesor abusa de una estudiante,  la familia de la víctima tiene que presentar muchas pruebas para que se reconozca al profesor como abusador, en lugar de apoyar y proteger a la niña, y si se confirma que el maestro es abusador, como respuesta, únicamente cambian al abusador de escuela, lo que le permite cometer nuevamente esos delitos y queda impune. No hay justicia para las niñas, no hay protección para ellas.

¿Cuál es la ruta para acabar con esta problemática?

La educación, desde el enfoque de derechos humanos en la que se les enseñe a las personas que los hombre y mujeres tienen los mismos derechos y capacidades, se debe construir una educación formal e informal más sana, más humanista y facilitadora de un futuro más próspero en Nicaragua.

Los cambios culturales también son importantes, los hombres y mujeres deben tener control de su sexualidad, la responsabilidad del futuro como familia debe ser planificado por los hombres y mujeres, la carga no tiene que ser solo de la mujer. Los derechos sexuales y reproductivos deben ser parte de las nuevas formaciones.

Las víctimas son afectadas de por vida

Las víctimas de violencia no pueden desarrollarse de manera óptima, su vida corre peligro y en vista de la impunidad tienen secuelas que aumentan con el tiempo, sufren la violencia del victimario y la violencia estatal porque no tienen justicia. Si las víctimas no son atendidas pueden estar afectadas durante toda su vida.

Cuando sepas que una mujer ha sido víctima de violencia, intenta acercarte para ayudarla, escucharla y protegerla, si podes buscar ayuda psicológica, hazlo, no podemos dejarlas solas.

¿Vos cómo ayudarás a la eliminación de la violencia de género?


Foto: Proyecto Lechuza/Alexander Reyes Guevara

Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar: Necesitamos superar la violencia sexual y de género y fomentar la equidad en las escuelas rurales

5 de noviembre de 2021

Los Estados miembros de la UNESCO designaron el primer jueves de noviembre de cada año como el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, el cual se celebró ayer, 4 de noviembre de 2021. Se busca reconocer así que la violencia en el entorno escolar, bajo todas sus formas, atenta contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes, su salud y bienestar.

El bullying o acoso escolar es la forma de comportarse o dirigirse a otra persona, ya sea de forma verbal o física, que causa un daño temporal o permanente en la víctima. Consiste en un tipo de hostigamiento reiterativo de una o más personas hacia sus semejantes, en el cual la persona sufre de amenazas, intimidación, manipulación e inclusive agresiones físicas. Es un enemigo silencioso que se nutre de la soledad, la tristeza y el miedo.

De acuerdo con estudios realizados por UNICEF referenciados por el Observatorio de la Discriminación en Radio y TV, de Argentina, un alto porcentaje de los niños, niñas y adolescentes de todo el mundo sufre de acoso escolar en alguna oportunidad, por lo que se estima que uno de cada tres es víctima de este tipo de comportamiento. Quienes cometen estos actos de violencia y acoso en el entorno escolar son principalmente los propios compañeros y compañeras, pero en algunos casos también docentes y personal escolar.

La violencia de género, una de las formas de violencia presentes en los espacios educativos, se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas y patriarcales. El término se utiliza para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres, las niñas y todas las personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas a los patrones heteronormativos, en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia y discriminación.

Según María Guadalupe Ramos Ponce, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CADEM), la violencia contra las mujeres y las niñas se define como todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la víctima, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. “La violencia contra las mujeres y niñas abarca, con carácter no limitativo, la violencia física, sexual y psicológica que se produce en el seno de la familia o de la comunidad, así como la perpetrada o tolerada por el Estado”, explica.

Para responder a esta problemática, planteando formas de superarla, se impulsa el proyecto “Estrategias para prevenir la violencia sexual y de género y fomentar la equidad en las escuelas rurales”, iniciativa que se implementa entre 2021 y 2023 en Nicaragua, Honduras y Haití, bajo la coordinación de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en alianza con Alternatives (Canadá) y en los países con Foro Dakar Honduras, Reagrupación para Todas y Todos de Haití y el Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua.

Con el enfoque de investigación acción participativa, el proyecto se propone desarrollar el conocimiento y la capacidad local para identificar y prevenir las múltiples expresiones de violencia y de violencia de género y para diseñar y adaptar las herramientas e instrumentos existentes, contribuyendo así para incorporar este tema en las prácticas locales y de las comunidades educativas, y también en los instrumentos de política nacional y regional. Todo el proceso contará con una estrategia comunicativa y educomunicativa que dará cuenta del mismo en cada una de sus etapas, como una forma de compartir aprendizajes con toda CLADE y con los aliados nacionales, regionales y globales.

>> Lee más sobre la iniciativa aquí.


Fase inicial: Entérate de algunos hallazgos preliminares del proceso de diagnóstico que se está desarrollando en los tres países, sobre la violencia escolar

1. En Nicaragua, la violencia escolar de género se vive desde agresiones, intimidaciones, exclusión y coacción, hostigamiento verbal y hasta robos. Además, el bullying ejercido por autoridades educativas va desde el menosprecio, la exclusión, las notas injustas, burlas e insinuaciones sexuales, mayormente por personal del género masculino.

2. En Honduras, se verifica que las violencias que sufren niñas y niños siguen creciendo en el país, particularmente por la presión de maras y pandillas, así como por el incremento en el número de niños/as (particularmente en varones) que consumen drogas tanto lícitas (alcohol, tabaco), como ilícitas (principalmente mariguana).

Otro fenómeno que se ha extendido en algunas regiones del país es el llamado prepago, modalidad de explotación sexual comercial de niños y niñas. Una exploración preliminar ha permitido identificar el surgimiento de violencias desde nuevos residentes, principalmente en el municipio de Ojojona, donde se han asentado pobladores provenientes de la capital, Tegucigalpa.

Por un lado, se observa una gran disponibilidad por parte de docentes, madres y padres de familia y diversos sectores, por la puesta en marcha de la temática del enfrentamiento a la violencia; por otro lado alguna incomodidad o temor de identificación de posibles casos de los cuales todos en la comunidad están enterados, pero que solo se quedan entre ellos.

Además, como resultado de la exploración preliminar, se considera que se encontrarán diversas expresiones de violencia, sin abordajes o con abordajes muy superficiales, que no contribuyen a su resolución, e incluso constituyen una especie de cortina para mantenerlas fuera de la mirada pública.

3. En Haití, el contexto actual es de muchas violencias de grupos armados en los entornos educativos. Recientemente invadieron un centro educativo en Puerto Príncipe, la capital, para matar y herir a un padre de familia y estudiantes. En este escenario, es imperativo proteger a la sociedad de la violencia y, con ella, los espacios y establecimientos escolares, asegurando que no haya violencia en las escuelas.

Los espacios escolares no son zonas de delincuencia y de guerra, y las autoridades y la sociedad son responsables de protegerlos de cualquier tipo de violencia.


Foto: Zach Vessels | Unsplash

CLADE inicia acción para fortalecer la igualdad de género en las escuelas rurales

26 de agosto de 2021

Contribuir al fortalecimiento de la igualdad de género y prevención de la violencia de género en las escuelas rurales, generando y divulgando datos empíricos y estrategias que puedan orientar el tratamiento y la prevención de la violencia en los espacios educativos y contribuyendo al desarrollo y difusión de materiales y políticas públicas para abordar este tema. Este es el objetivo del proyecto recién lanzado “Estrategias para prevenir la violencia sexual y de género y fomentar la equidad en las escuelas rurales”, iniciativa que se implementa entre 2021 y 2023 en Nicaragua, Honduras y Haití, bajo la coordinación de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en alianza con Alternatives (Canadá) y en los países con Foro Dakar Honduras, Reagrupación para Todas y Todos de Haití y el Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua.   

“Esta propuesta es innovadora ya que trata un tema invisible y poco investigado para la sociedad y propone un método participativo con el involucramiento directo de los actores, como partícipes centrales en el proceso de investigación-acción y posterior propuesta de política pública. Es importante anotar que la CLADE participa en diversos escenarios regionales e internacionales de debate y decisión en torno al Derecho Humano a la Educación; en estos espacios, divulga sus productos, posiciona temas de discusión y actúa de forma articulada con actores de otras regiones, como África, Asia, el mundo árabe y otras regiones del planeta. Los resultados de este proyecto podrán compartirse al interior de la región latinoamericana y viajar a otras latitudes”, afirmó Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE. 

Con el enfoque de investigación acción participativa, el proyecto se propone desarrollar el conocimiento y la capacidad local para identificar y prevenir las múltiples expresiones de violencia y de violencia de género y para diseñar y adaptar las herramientas e instrumentos existentes, contribuyendo así para incorporar este tema en las prácticas locales y también en los instrumentos de política nacional y regional. Todo el proceso contará con una estrategia comunicativa y educomunicativa que dará cuenta del mismo en cada una de sus etapas, como una forma de compartir aprendizajes con toda CLADE y con los aliados nacionales, regionales y globales.

Taller formativo de arranque del proyecto: temas y metodología en debate

Como actividad preparatoria del proyecto, la CLADE realizó la semana pasada, entre los días 16 y 19 de agosto, una serie de talleres para definir conceptos y metodologías comunes sobre el tema y el desarrollo del proyecto. En dicha actividad, participaron los equipos nacionales responsables del proceso y también los equipos coordinadores del mismo en CLADE y Alternatives. Se contó, además, profesionales de investigación y comunicación, tanto en temas de violencia como del enfoque investigación acción participativa.

Una de las especialistas que participó en la formación fue María Guadalupe Ramos Ponce, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CADEM). Durante su exposición, habló sobre la violencia de género. 

“La violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia”, explicó.

Según Guadalupe Ramos, la violencia contra las mujeres y las niñas se define como todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la víctima, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. “La violencia contra las mujeres y niñas abarca, con carácter no limitativo, la violencia física, sexual y psicológica que se produce en el seno de la familia o de la comunidad, así como la perpetrada o tolerada por el Estado”, dijo.

Añadió que los feminismos han señalado la urgencia de desmontar el modelo hegemónico del patriarcado, que está detrás de todas las violencias, desigualdades y opresiones de la sociedad actual. “Eso porque el patriarcado [organización social en la que el varón goza de una condición de supremacía sobre la mujer, la cual se encuentra en una situación de opresión tanto en la esfera pública como en la esfera privada] está en el capital, en la apropiación de la riqueza, restringiendo las libertades y los derechos, congelando sueldos, y fomentando los empleos en precario. En el precio de la vivienda, la especulación, la privatización de la sanidad, la destrucción del planeta y en la pobreza y la educación sexista y discriminatoria”, subrayó.

Metodología de Investigación Acción-Participación

Para abordar, estudiar el tema y actuar en las comunidades educativas de los tres países que participan en el proyecto, la metodología adoptada es la Investigación Acción-Participativa (IAP). Durante los talleres mencionados, la investigadora y docente argentina, directora de la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, Maria Cristina Mata, explicó qué significa este enfoque metodológico. 

La IAP se define, según sus intervenciones, como un modo específico de abordar el quehacer científico. Es la producción de conocimiento que se realiza de modo colaborativo entre investigadores profesionales y determinados grupos sociales con una explícita intencionalidad política: contribuir a la transformación social, a suprimir las inequidades y situaciones de dominación existentes que afectan principalmente a las grandes mayorías populares y a sectores subalternos de la sociedad. 

“La IAP representa una opción de trabajo junto a los grupos o clases sociales dominadas y excluidas, que busca incidir en su organización y en su capacidad de participar en las decisiones que afectan su vida cotidiana, potenciando así su condición de protagonistas activos de su historia”, afirmó.

La investigación acción participativa no es exclusivamente una metodología de investigación, explica Maria Cristina Mata. Es al mismo tiempo una práctica educativa – porque supone que los sujetos que la desarrollan realizan aprendizajes y avances en la comprensión de sí mismos y de su realidad – y es también una estrategia de intervención social – porque se opera sobre la realidad investigada.  

“Este tipo particular de investigación es también acción. En general esta afirmación suele asociarse al hecho de que se trata de un tipo de investigación que tiene finalidades prácticas. Y eso es cierto. Porque los problemas que se investigan, y que son en general aquellos donde se expresan las múltiples opresiones y desigualdades que se viven – desde la falta de tierra para los campesinos hasta la incomprensión que suelen sufrir los jóvenes por parte de adultos autoritarios, para dar algunos ejemplos-, se abordan para provocar cambios en esas situaciones; es decir, para desarrollar acciones que las modifiquen”, destacó.

El proyecto abarca diversas acciones y etapas que se impulsarán hasta el 2023. La CLADE seguirá difundiendo los hallazgos, experiencias, aprendizajes y logros del proyecto, sobre la marcha, y especialmente desde producciones educomunicativas y dando a la comunicación un rol transversal y estratégico en la expresión, visibilidad y construcción de conocimientos sobre la temática de la violencia de género y su superación, en y con las comunidades que forman parte de la iniciativa. 


Foto: Mauricio Castañedas

CLADE lanza informe sobre la criminalización de la lucha estudiantil

10 de diciembre de 2020

Con el apoyo del fondo Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund (SAIH), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanza hoy (10/12) el informe “Criminalización y violación a los derechos humanos de estudiantes en América Latina y el Caribe. Reflexiones a partir de los casos de estudiantes secundarios y universitarios en Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras”.

Entre los objetivos del documento está el análisis y la visibilización de la situación de las y los estudiantes de la región como protagonistas de la defensa del derecho a la educación y de otros derechos humanos y su creciente criminalización en contextos de protestas sociales en Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras.

“Levantar información desde los territorios y las voces de los actores sociales y sus luchas, resulta fundamental no solamente en la visibilización de una tendencia que gana terreno en los últimos años en nuestro continente, sino también de cara a las propuestas y la urgente necesidad de que los Estados cumplan su rol de garantes de todos los derechos y, en este caso, del derecho a participar, asociarse, expresarse libremente y movilizarse, pacíficamente, exigiendo el cumplimiento del Derecho Humano a la Educación”, afirma Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE.

Para la elaboración del informe se entrevistó a estudiantes de los países mencionados y se analizó su situación como protagonistas de la defensa del derecho a la educación y de otros derechos humanos y su creciente criminalización en contextos de protestas sociales en esos cuatro países.  Además de los casos concretos presentados, la investigación hace un análisis, en alianza con la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), sobre el rol de los medios de comunicación en el proceso de criminalización de estudiantes y movimientos estudiantiles.

El documento también considera la existencia, extensión y singularidades de este fenómeno, así como la profunda afectación que supone no solo para el derecho a la educación, también para otro conjunto de derechos humanos fundamentales. En términos generales, se puede mencionar: impacto en los derechos de participación, libertad de expresión, reunión y asociación; represión y uso excesivo de la fuerza; actuaciones penales infundadas con el fin de paralizar o deslegitimar sus causas; arrestos; imposición de sanciones penales, civiles y administrativas; vigilancia de organizaciones de estudiantes; asesinato de estudiantes. En el ámbito educativo: expulsiones, suspensiones, cancelación de becas u otros beneficios estudiantiles.


Hallazgos y resultados

Los hallazgos y resultados de este proceso ratifican algunas tendencias que ya se habían identificado en otros procesos y acciones que viene llevando adelante CLADE en torno a este tema, así como los graves impactos que suponen para el derecho a la educación y para todo el conjunto de derechos humanos.

En cuanto a los responsables, el informe identificó una multiplicidad de actores y factores que interactúan en los procesos de criminalización, con una relevante participación del Estado, como el aumento de la militarización (con la presencia sobre todo del ejército) en las escuelas y universidades (violando la autonomía universitaria); la aprobación de leyes que dificultan la realización de manifestaciones y protestas sociales o la penalización a conductas relacionadas a la protesta social; la apertura de procesos en contra de estudiantes bajo diferentes figuras penales sin fundamento y sin las pruebas pertinentes o en base a pruebas falsas;  la detención ilegal, agresión física y psicológica de estudiantes y de la comunidad escolar; el asesinato durante manifestaciones o luego de haber participado en protestas por parte de grupo paramilitares y el énfasis en los inconvenientes causados por las protestas y no en las causas de las reivindicaciones y/o las consecuencias de la criminalización por parte de los medios de comunicación.

Entre los impactos y consecuencias del proceso de criminalización, la investigación identificó graves restricciones a su derecho a educarse en las instituciones de educación secundaria y superior, impidiendo o generando obstáculos para que la reincorporación de estudiantes pueda ser posible, en algunos casos, como ya se señaló, incluso ha sido de forma definitiva; usos de violencia física incluyendo, en algunos casos situaciones de tortura, abuso sexual, e incluso la muerte.


Consideraciones y recomendaciones

El informe trata de aportar el panorama regional y reafirma la necesidad de fortalecer urgentemente estrategias que ayuden a revertir este fenómeno y contribuyan a garantizar los derechos de todos los actores de la comunidad educativa, en particular de las y los estudiantes, ofreciendo una serie de recomendaciones generales y otras específicas dirigidas a diferentes ámbitos (ámbito estatal gubernamental, organismos de derechos  humanos, medios de comunicación, sociedad civil,  y a la comunidad educativa).

Entre las recomendaciones están: la relevancia de profundizar en el análisis del contexto, la visibilidad, comprensión, denuncia y sistematización de situaciones de criminalización, desde un enfoque de derechos humanos y de género y la articulación de esfuerzos y medidas desde todas las esferas de la sociedad para avanzar en un mayor reconocimiento y consolidación del derecho a la protesta social como un derecho humano fundamental y como mecanismo de defensa e incidencia por el derecho a la educación, el rol de las y los estudiantes como defensores de derechos humanos.


Foto: Adam Jones

¿Cómo garantizar la EPJA en tiempos de pandemia?

28 de julio de 2020

¿Qué se está haciendo para garantizar la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en América Latina y el Caribe? ¿Qué pueden hacer las y los educadores? Buscando contestar esa y otras interrogantes sobre el derecho a la educación a lo largo de la vida en la región, especialmente en el contexto de pandemia por el Covid-19, el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) y el Grupo de Incidencia en Políticas Educativas (GIPE), que forma parte del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), lanzaron la publicación “La Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en América Latina y el Caribe durante la pandemia por la Covid-19″. 

Las medidas de aislamiento evidencian las asimetrías existentes y las profundizan, y suponen un retroceso educativo que tiende a profundizar las desigualdades, principalmente por las condiciones económicas y sociales de la gran mayoría de la población”

Con cinco capítulos divididos en 15 páginas, la publicación analiza el escenario actual del derecho a la educación de personas jóvenes y adultas en la región, además de subrayar algunos desafíos para garantizarlo, como la importancia de desarrollar políticas de democratización de la conectividad, especialmente para zonas urbanas marginales, rurales, amazónicas; y para personas afrodescendientes. Asimismo, subraya la necesidad de fortalecer el trabajo territorial ligado a la educación comunitaria que responda a las necesidades y demandas de las organizaciones y personas para construir una sociedad educadora, compartiendo saberes, el autocuidado, estrechando lazos de solidaridad y fortaleciendo los valores ciudadanos.

“En el mundo entero y en América Latina y el Caribe, estamos viviendo las consecuencias de una crisis que se inicia como sanitaria, ocasionada por el Covid-19, y que hoy tiene graves consecuencias en lo económico, educacional, ambiental, en el cuidado de la vida y de la naturaleza. (…) Las medidas de aislamiento evidencian las asimetrías existentes y las profundizan, y suponen un retroceso educativo que tiende a profundizar las desigualdades, principalmente por las condiciones económicas y sociales de la gran mayoría de la población”, afirma la publicación.

Según el documento, la educación de personas jóvenes, adultas y adultas mayores está caracterizada no solo por la edad de aquellos que están por fuera del sistema educativo, sino también por su condición social. “En otras palabras, son aquellos y aquellas que el sistema ya ha excluido. Son aquellos y aquellas a los y las que hoy el sistema vuelve a golpear en esta situación de aislamiento. Esta población se encuentra en situación de vulnerabilidad en todos sus sentidos”.

La publicación también presenta una muestra de lo que siete países de la región están haciendo, a partir de informes de países recopilados por miembros del GIPE-CEAAL. A continuación se presenta un resumen de cada uno de ellos. 

Argentina 

En lo que hace a política educativa, poco se habla de la situación de jóvenes y adultos en esta emergencia educativa. Las propuestas oficiales por parte del Estado no contemplan la particularidad del trabajo con este sector de la población. En cambio, apuntan a cierta democratización del acceso a la educación, a través de la elaboración de cuadernillos para educación primaria y secundaria (con el fin de que lleguen a los territorios más remotos de la geografía local) y a la generación de contenidos audiovisuales o radiales, que se presentan como sustitutos de los y las docentes: las clases continúan; el Ministerio de Educación educa a través de estos dispositivos.


Brasil 

La gran mayoría de los departamentos de educación, estatales y municipales, suspendió las actividades en el aula a fines de marzo. Recién el 28 de abril el Consejo Nacional de Educación (CNE) aprobó por unanimidad las directrices para guiar a las escuelas de educación básica y las instituciones de educación superior durante la pandemia de coronavirus. Durante este intervalo de un mes, los estados y municipios trataron de crear sus propias estrategias para la enseñanza y la asistencia alimentaria. En términos de estrategias pedagógicas, es posible identificar tres: las que usan Google Classroom, las aplicaciones desarrolladas específicamente para esta misión, las clases de video u otras plataformas de la propia secretaría, las que usan canales de TV abiertos para transmitir clases, y la preparación de material impreso y folletos que los estudiantes pueden recibir en casa o recoger en la escuela.


Chile 

En todo el sistema educacional chileno se ha enfrentado la emergencia sanitaria y su impacto en la vida escolar a través de la educación a distancia, con todas las limitaciones que ello tiene en materia de capacitación de los y las docentes. Además, la educación en línea es un recurso de emergencia en la actualidad pero no puede ser sólo una réplica de la educación presencial, como tampoco simular en las casas las actividades y los procedimientos de estudio y evaluación que son propios de la vida escolar regular. Directivos, docentes y equipos psicosociales de los establecimientos de la EPJA han debido asumir el desafío de enfrentar el cierre escolar con acciones de educación a distancia a través del uso de plataformas de tecnologías de comunicación remota (como Zoom y Whatsapp), preparación de guías de aprendizaje, entrega domiciliaria de estas guías donde no se tiene conexión a internet o no existen condiciones para la concentración y el estudio, al mismo tiempo que se procuraban ayudas alimentarias y apoyo psicosocial a los y las estudiantes que lo necesitaban.


El Salvador 

Se mantienen programas de alfabetización, educación básica y alfabetización para jóvenes y adultos, particularmente programas de modalidades flexibles como segunda oportunidad para quienes abandonaron el sistema y no lograron una educación oportuna. Estas modalidades han sufrido recortes presupuestarios y de cobertura en los últimos años. Se pasó de una inversión de $ 9,5 millones en 2019 a $ 8,1 millones en 2020 (este monto incluye los recursos asignados a través de instituciones implementadoras y los administrados desde las direcciones departamentales de Educación).


Guatemala

Guatemala mantiene enormes rezagos educativos a todo nivel. La cobertura del subsistema escolarizado es baja (80% en el nivel primario) y en algunos casos extremadamente baja (cercana al 50% en el primer ciclo de la secundaria y cerca del 25% en el segundo ciclo), mantiene una tasa de alfabetización absoluta del 20% según datos oficiales (2018) y tradicionalmente la EPJA ha sido mínima frente a la educación escolarizada. El sistema educativo en su conjunto se ha orientado hacia los procesos virtuales, lo que solo permite un alcance parcial, dada la baja cobertura de internet. Hasta ahora las principales acciones son: entrega de alimentos (alimentación escolar) a las familias de los estudiantes del nivel primario y, desde mayo, distribución de guías educativas impresas para todos los grados del nivel primario (para dos semanas, con baja calidad).


Nicaragua 

No ha interrumpido oficialmente las actividades educativas. Según el Ministerio de Educación se ha instado a los centros educativos a tomar medidas como el lavado de manos al menos dos veces al día y mantener distanciamiento de no menos de un metro con los estudiantes. No hay información específica sobre la Educación de Jóvenes y Adultos, y se continúan desarrollando como en tiempos normales las diversas modalidades de educación presencial y a distancia.


Perú 

El Ministerio de Educación (MINEDU) ha implementado una estrategia de enseñanza a distancia denominada “Aprendo en casa” que, según datos oficiales, está llegando a más de seis millones de estudiantes de colegios públicos de la Educación Básica Regular, Básica Alternativa y Especial, a través de diversos medios como internet, radio y televisión. Según un informe del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el Perú solo el 46% de peruanos tiene acceso a Internet; la penetración de Internet es casi inexistente en las zonas rurales (1%), mientras que en las zonas urbanas es del 30,2%.


República Dominicana

A partir de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional, el 19 de marzo de 2020, y la suspensión de la docencia presencial, el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) marcó la necesidad de diseñar e implementar estrategias y actividades para dar continuidad al aprendizaje desde casa, utilizando diversos recursos y herramientas virtuales disponibles para esos fines, y otras como medio de comunicación e información. La respuesta educativa ha integrado la televisión, la radio, las plataformas diversas, las herramientas y los recursos virtuales múltiples. En general, ha dado respuestas a casi tres millones de estudiantes a nivel nacional. En EPJA, se ha atendido alrededor de 300 mil estudiantes, sin contabilizar los de alfabetización, en mil centros y con alrededor de diez mil docentes. 


>> “La Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en América Latina y el Caribe durante la pandemia por la Covid 19″


Foto: Gajendra Bhati

Nicaragua: ¿Cómo viven los niños, niñas y adolescentes la crisis sanitaria generada por el COVID-19?

3 de julio de 2020

Ante la situación generada por la pandemia del COVID-19, la Federación Coordinadora Nicaragüense de Organizaciones que trabajan con la Niñez y Adolescencia (CODENI) realizó la consulta virtual “Percepciones de Niñas, Niños y Adolescentes ante la Pandemia del Coronavirus” para saber cuáles son las demandas y las realidades de niños, niñas y adolescentes en este contexto. 

La consulta se realizó entre el 6 de abril y el 8 de mayo de este año y contó con la participación de 131 niños, niñas y adolescentes de 11 organizaciones, que presentaron sus percepciones referentes a cómo viven la emergencia generada por el COVID-19 a nivel personal, familiar y en sus comunidades.

Según el reporte, 24% de las niñas, niños y adolescentes que respondieron a la consulta manifestaron su preocupación por el riesgo del contagio, ya que todavía siguen asistiendo a la escuela. Este mismo porcentaje de participantes de la encuesta considera que el Ministerio de Salud de Nicaragua (MINSA) debe brindar información a la población para que las familias conozcan y tomen medidas de higiene y prevención ante la pandemia, y 20% de los niños, niñas y adolescentes consultadas y consultados defienden la suspensión de las clases durante la crisis sanitaria. 

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La foto muestra a un niño, del pecho para arriba, de aproximadamente 6 años de edad, Tiene el cabello rapado y de color negro, ojos negros, un poco rasgados, que miran fijamente a la cámara. Lleva una camisa de botones de color blanco. Atrás del niño, al fondo de la foto, se ve un tablero de color verde, con una frase escrita, en letra infantil, con tiza de color blanco que dice: “Qué bonita es mi lengua”.  En el extremo inferior derecho de la foto, están los créditos de la foto, con el texto de color negro: “Foto: GPE/Paul Martinez”. Fin de la descripción.
GPE/Paul Martinez

Nicaragua: Organizaciones exigen la inmediata suspensión de las clases presenciales durante la pandemia

8 de junio de 2020

“En el contexto de crisis socio política y la pandemia, denunciamos que la falta de acceso a estadísticas confiables, claras y actualizadas, que imposibilita conocer el estado de situación en que se encuentran y las afectaciones que sufren. (…) La no suspensión de las clases tiene como consecuencia que personal administrativo, docentes y estudiantes estén vulnerables al contagio y por consiguiente afecten a sus familiares”, afirma la nota divulgada por la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONGs que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI), en el marco de la realización de la Semana de la Niñez y Adolescencia en el país. 

Diferente de otros países de América Latina y el Caribe, Nicaragua todavía no ha cerrado las escuelas. “La no suspensión de las clases tiene como consecuencia que personal administrativo, docentes y estudiantes estén vulnerables al contagio y por consiguiente afecten a sus familiares. Exigimos al Estado nicaragüense aplicar de manera urgente las medidas sanitarias recomendadas por la OMS [Organización Mundial de Salud] y la inmediata suspensión de las clases presenciales a nivel nacional para reducir los riesgos de contagios en los más de 1 millón 800 mil estudiantes, docentes y personal administrativo del sistema de educación y sus familias, debido a la falta de agua potable y condiciones básicas de higiene y salud en los centros de educación pública”, dice la nota. 

En el comunicado, también se condena la agudización de la violencia sexual, el embarazo adolescente, la maternidad impuesta y los feminicidios contra niñas, adolescentes y mujeres, quienes se encuentran en la indefensión por la inoperancia del Estado, al no garantizar las medidas de protección pertinentes. “Demandamos al Estado asumir y cumplir su rol de garante y protector de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la implementación de acciones que los proteja; destinar los recursos económicos necesarios para las instituciones públicas y realizar investigaciones transparentes ante las situaciones de violaciones a los Derechos Humanos, para determinar los responsables y alcanzar justicia y reparación a las víctimas”. 

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El Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua (FEDH-IPN), socio de la CLADE en el país, es miembro de la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONGs que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI).


Foto: Wokandapix

Nicaragua: Para proteger las comunidades educativas, Foro demanda el cierre de escuelas

16 de abril de 2020

Ante el avance del COVID-19 en Nicaragua, el Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua (FEDH-IPN), miembro de la CLADE en el país, divulgó una declaración pública, en la que rechaza la decisión del Ministerio de Educación (MINED) de no haber decretado medidas de protección y prevención efectivas contra el virus. El Foro comparte sus preocupaciones sobre cómo la crisis de salud puede afectar el aprendizaje y la seguridad de niñas, niños y adolescentes. “La salud y la vida de las niñas, niños y adolescentes es primero”, subraya. (más…)


agencia-efe

Nicaragua y Ecuador: Agendas educativas para garantizar el derecho a la educación

8 de noviembre de 2019

Una de las acciones que foros nacionales miembros de la CLADE vienen utilizando para presionar y presentar propuestas por la garantía del derecho a la educación es la elaboración participativa de agendas educativas y su presentación a gobiernos y candidatos a la presidencia de sus países. Desde la construcción de estas agendas, han actuado de forma propositiva y constructiva, presentando lineamientos, demandas y planteamientos, con el objetivo de contribuir con la realización de políticas que aseguren una educación pública, gratuita, transformadora y de calidad para todas las personas.  (más…)


Foto: Luis Fernando Arellano

Jóvenes de América Latina y el Caribe transformando la educación

12 de agosto de 2019

El 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, una celebración anual que busca promover el papel de las y los jóvenes en los procesos de cambio, así como generar conciencia sobre los desafíos y contextos a los que las juventudes se enfrentan. (más…)