Foto: Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile

Chile: Sociedad civil denuncia ante organizaciones internacionales la militarización y la destrucción de la educación pública

18 de Julio de 2019

Por: Foro por el Derecho a la Educación Pública

Se denuncian prácticas punitivas, violencia político-institucional, criminalización y persecución a estudiantes y docentes movilizados/as

Organizaciones sociales y educativas de Chile reunidas en la Red Contra la Represión a Estudiantes, entre ellas el Foro por el Derecho a la Educación Pública, denuncian prácticas punitivas, violencia político-institucional, criminalización y persecución a estudiantes y docentes movilizados/as por parte del Estado chileno, ante instancias internacionales de derechos humanos.

Carta a la CIDH por cautelación al Estado ante abusos y atropellos contra estudiantes

El pasado 03 de julio en Santiago de Chile, distintas organizaciones de Apoderados, Estudiantes, la Sociedad Civil y de Defensa de los Derechos Humanos agrupadas en la Red Contra la Represión a Estudiantes emitieron una carta dirigida al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Sr. Paulo Abrão, basada en evidencias, testimonios y hechos ocurridos durante el actual año escolar en curso, en la que constan los múltiples abusos y atropellos a los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes que estudian en los liceos públicos de Chile y la capital, en especial en los que son sostenidos por el Municipio de Santiago, al mando de Felipe Alessandri (RN).

Esto tras la aplicación de Manuales de Convivencia Escolar (reglamentos disciplinarios) antidemocráticos, punitivos y discriminatorios en los centros educativos, así como también de la “Ley Aula Segura” (2018), la cual otorga “atribuciones especiales” a los/as Directores/as de establecimientos escolares para, inclusive, expulsar a estudiantes (principalmente secundarios) y permitir la intervención de la fuerza policial (militarizada) en contra de estos/as al interior de los liceos y de sus comunidades educativas.

Un contexto siniestro: represión e invisibilización a niños, niñas y jóvenes movilizados/os

Lo anterior se ha desarrollado en un contexto en que las comunidades educativas, cansadas de promesas y de soluciones a medias, exigen mayores niveles de transparencia y mejoras sustanciales a la Educación Pública, la que hoy en Chile se encuentra bajo la amenaza del mercado y con una alta tasa de privatización (del 63%); esto en desmedro del pleno ejercicio del Derecho a la Educación.

Recordemos que, en Chile, este derecho humano fundamental no tiene garantía constitucional, y es en este sentido que la respuesta del Estado de Chile, en vez de darse en pos de una salida educativa y apelando a la participación de las comunidades educativas, ha consistido hasta hoy en la sistemática inversión de recursos públicos y en el fomento de prácticas punitivas, como por ejemplo, la violencia político-institucional por parte del poder, la criminalización y persecución a los/as estudiantes movilizados/as y la apuesta por la desarticulación y deslegitimación de las orgánicas y organizaciones estudiantiles y de apoderados/as por parte de la propia institucionalidad estatal (dentro de los propios establecimientos, inclusive).

Todo esto, a su vez, mientras los/as estudiantes son ignorados/as e invisibilizados/as sistemáticamente por el Estado; esto toda vez que los diálogos y las negociaciones son truncadas, las autoridades incumplen total o parcialmente los acuerdos alcanzados y desprecian y desatienden constantemente los intereses y las necesidades de los/as niños/as y jóvenes vulnerados/as.

Otro paso más hacia la verdad de Chile, un Estado que firma y promete, pero no cumple

Además de la carta a la CIDH, el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile entregó y difundió en el marco de la realización del Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas, realizado la semanada pasada en Nueva York, el Informe Luz sobre la “Situación de la Educación en Chile al 2019”, documento en que se demuestran con pruebas la preocupante realidad y las consecuencias que están generando el actual sistema educativo y sus lógicas de mercado en Chile.

En dicha instancia, se emplazó al Gobierno de Chile a que respondiera sobre cómo afectan estas políticas educativas neoliberales a la Educación Pública y al debido cumplimiento del Objetivo Nº4 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, suscrito por el mismo Estado Chileno, el que sobre estas cuestiones no dio respuesta alguna.