En el marco de la semana de la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) liderada por la CLADE los invitamos a la muestra “Otras lecturas del mundo: miradas de personas jóvenes y adultas” que reúne una serie de expresiones artísticas, culturales, narrativas y comunicativas sobre experiencias EPJA este 26 de marzo.
Justicia fiscal y educación en el Perú. Urgencias, prioridades y realidades
2 de febrero de 2024El presente documento contiene la investigación solicitada por el Grupo Nacional de Presupuesto Público y la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación, cuya finalidad es analizar la forma en que viene evolucionando el financiamiento de la educación pública en el Perú —responsabilidad del Estado como garante de derechos—; y cómo dicho financiamiento se ve limitado y condicionado por la disponibilidad de recursos fiscales, los cuales, pese a un crecimiento nominal significativo en años recientes, presentan problemas persistentes de insuficiencia y precariedad.
En esa línea, la investigación explora cuáles han sido las prioridades en la distribución de recursos para la educación, y si dichas prioridades efectivamente se corresponden con los objetivos de inclusión y equidad, así como con los compromisos que ha asumido el Estado peruano para garantizar el derecho a la educación.
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Asia, África, América Latina y El Caribe: justicia fiscal es la respuesta para garantizar el financiamiento público educativo
15 de septiembre de 2023Las transferencias de riquezas al norte global mina nuestro derecho de tener un desarrollo sustentable. Fue lo que afirmaron especialistas de todo el mundo durante el Taller Regional-global “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: experiencias y perspectivas para la incidencia”, realizado durante los días 8 y 9 de septiembre en Santiago de Chile. En la ocasión, se debatió la importancia de luchar contra la evasión y elusión fiscal para garantizar el derecho a la educación.
Chenai Mukumba, de la Red de Justicia Fiscal en África (TJNA) mencionó que los países africanos están dando el 3% del PIB (Producto Interno Bruto), en contraposición con el 6% que exigen los compromisos internacionales. “En Ghana, con 20% de lo que se pierde en incentivos fiscales, si se invirtiera en educación, asistirían 300 mil niños y niñas más a las escuelas. Se podrían contratar 10 mil profesores más. Y se podrían repartir 557 mil comidas para niños y niñas en los comedores de los centros educativos”, afirma.
En ese sentido, Aida Jean Nacpil Manipon, de la Red de Justicia Fiscal en Asia, aseguró que “las transferencias de riquezas al norte global erosiona nuestra propia capacidad de tener un desarrollo sustentable”. La representante de Asia dijo ser necesario un llamado para mejorar los servicios públicos, con más inversión en educación y salud pública.
Desde América Latina y el Caribe, Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad), habló sobre la correlación del derecho humano a la educación y la justicia fiscal: a corto plazo, la justicia fiscal posibilita que la sociedad disponga de más recursos para servicios públicos – como la educación – y a largo plazo, la educación pública fortalece la justicia fiscal.
Desde una mirada regional, Amparo Naranjo, de Unesco, plantea afirma que “una inversión en educación produce retornos importantes no solo el individuo sino en el planeta.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 [que trata del derecho a la educación] es apalancador como otros objetivos. Hay que pasar de las palabras a la acción”.
Sobre el evento
El Taller Regional-global “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: experiencias y perspectivas para la incidencia” es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Adrián Falco, Chenai Mukumba, Amparo Naranjo y Aida Jean Nacpil Manipon, Vernor Muñoz, Mariana Huepe y Dereje Alemanyehu, el encuentro contó con la participación de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación (CME), Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); de Mariana Huepe, Dereje Alemanyehu y Seruwagi Jane Nalunga. También participaron las senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
¿Cuáles son los impactos de la fiscalidad en la educación mundial?
9 de septiembre de 2023En el marco del Taller Regional – Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación”, realizado el 8 y 9 de septiembre en Santiago (Chile), se presentaron una serie de exposiciones que graficaron las experiencias sobre justicia fiscal y su relación con el derecho a la educación pública.
En el primer bloque titulado “Estado de la Situación Mundial sobre Fiscalidad e Impacto en la Educación”, intervinieron Dereje Alemayehu, de la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ), Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y Mariana Huepe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La primera intervención fue realizada por Dereje Alemayehu, quien puso énfasis en la necesidad de la repartición equitativa del presupuesto público: “Respecto a la asignación de presupuestos es bueno que ya exista una torta para poder repartirla, pero debe ser dividida de forma justa”, señaló.
Por su parte Vernor Muñoz describió la cruda realidad de la discriminación y exclusión que sufre la población indígena en el norte global y como no basta con aumentar la recaudación sin darle un enfoque de derechos humanos: “El caso de Finlandia que es famosa por sus conquistas educativas, según un informe de la Unión Europea muestra casos de discriminación y acoso racista. El incremento fiscal y la consecución de los ingresos de forma eficiente no aseguran necesariamente mayores recursos para combatir la desigualdad”, concluyó.
Finalmente intervino Mariana Huepe de la CEPAL quien destacó que: “En promedio América Latina cumple con los mínimos acordados en la Declaración de Incheon con relación a los porcentajes del PIB como porcentaje del gasto público total” pero a la vez puso énfasis en que “para aumentar la financiación nacional para la educación, se requiere: ampliar la base fiscal, prevenir la evasión fiscal, aumentar la proporción del presupuesto nacional asignado a educación, esto tiene que ir de la mano de instituciones fortalecidas para utilizar más equitativa y eficientemente los recursos existentes”, comentó.
Sobre el evento
El encuentro es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Vernor Muñoz, Mariana Huepe y Dereje Alemanyehu, el encuentro cuenta con la participación de Además de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
“La justicia fiscal no involucra solamente el sistema de recaudación, sino que implica invertirlo adecuadamente”
8 de septiembre de 2023
El segundo momento del primer día del Taller Regional – Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación” se enfocó en las reflexiones sobre la situación mundial sobre fiscalidad e impacto en la educación.
“La justicia fiscal no involucra solamente el sistema de recaudación, sino que implica invertirlo adecuadamente”, afirmó Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por el Derecho a la Educación (CME). Según el representante de la Campaña Mundial por la Educación, incluso en países de altos ingresos, la educación universal y de calidad sigue siendo esquiva, ya que los fondos fiscales a menudo se desvían hacia sectores privados o se utilizan para pagar deudas públicas.
Para Vernor Muñoz, toda reforma tributaria debería responder a políticas de Estado basadas en derechos humanos. No es conveniente hablar de justicia fiscal, ni de ningún tipo de justicia, fuera del ecosistema de derechos humanos, pues es allí donde se definen los parámetros de distribución de la riqueza y de construcción de sociedades igualitarias y más precisamente donde se definen los fines de la educación y de su gobernanza. No interesa, por lo tanto, financiar cualquier educación, sino aquella en la que quepan todas las personas, en la que no se discrimine a nadie.
Dereje Alemanyehu, de la Alianza Global por Justicia Fiscal -GATJ, enfatizó la necesidad de aumentar los ingresos fiscales para garantizar la equidad en el acceso a la educación. Hizo hincapié en que la educación es la piedra angular para asegurar muchos otros derechos y desafió la percepción de que África depende de las contribuciones de otros países cuando, en realidad, África contribuye significativamente al mundo.
“Cobrar impuestos no es un fin en sí, sino recaudarlos para repartirlos, distribuirlos y garantizar que toda la población tenga acceso a servicios públicos como una #educación de calidad. Existen los recursos, pero hay que repartirlos”, afirma.
América Latina y el Caribe
Mariana Huepe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) enfocó su presentación en la región latinoamericana y caribeña. En su intervención afirma que “en América Latina en las últimas décadas han hecho esfuerzos para aumentar su carga tributaria e invertir en educación, pero aún son insuficientes”.
La representante de CEPAL destaca la importancia del financiamiento educativo adecuado y el camino para su incremento. Invertir en educación es invertir en el activo más importante que tienen los países para alcanzar un desarrollo social e inclusivo sostenible: sus personas. La educación no es un gasto, es una inversión, una inversión que beneficios privados y públicos, para el mundo del trabajo y la ciudadanía. Para aumentar la financiación nacional para la educación, se requiere: ampliar la base fiscal, prevenir la evasión fiscal y aumentar la proporción del presupuesto nacional asignado a educación.
Para Mariana Huepe, “cobrar impuestos no es un fin en si, sino [es necesario] recaudarlos para repartirlos, distribuirlos y garantizar que toda la población tenga acceso a servicios públicos como una educación de calidad”.
Sobre el evento
El encuentro se realiza el 8 y 9 de septiembre en Santiago, Chile y es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Vernor Muñoz y Dereje Alemanyehu, el encuentro cuenta con la participación de Además de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); Mariana Huepe, de CEPAL; de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
El derecho humano a la educación solo se garantiza con justicia fiscal
Concentración de la riqueza y mantenimiento de la pobreza. Para cambiar este escenario, que ha estado presente en América Latina y el Caribe en los últimos tiempos, hay que garantizar los derechos humanos, entre ellos la educación. Para eso, es fundamental asegurar un sistema tributario justo, afirman especialistas y autoridades presentes en el Taller Regional-Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación”, que se realiza el 8 y 9 de septiembre en Santiago, Chile.
Nelsy Lizarazo: “En términos de ejercicio pleno del Derecho a la Educación, no basta con el acceso a la educación, es necesario invertir en calidad educativa”
El encuentro es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
“Han sido dos años de aprendizaje súper interesante, no solamente en asuntos técnicos, sino también en construcción de posición política y también en términos humanos”, dice Nelsy Lizarazo, coordinadora de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) durante la apertura del taller.
Según ella, en términos de ejercicio pleno del Derecho a la Educación, no basta con el acceso a la educación, es necesario invertir en calidad educativa. “Son necesarios cuatro criterios para tener en cuenta: el primero, la proporción dedicada a la educación debe de ser suficiente; el segundo, que ese presupuesto debe de ser del tamaño adecuado, que responda a las necesidades educativas del país, a sus brechas, a sus desigualdades; el tercero, presupuesto ser sensible a los grupos históricamente excluidos; y el cuarto, que el presupuesto sea transparente, construido, evaluado de forma participativamente con la ciudadanía.
Adrián Falco: “Para superar la pobreza, la desigualdad, para dar y garantizar derechos a toda la población y dar acceso a servicios públicos de calidad a toda la ciudadanía, para eso promovemos la #JusticiaFiscal”
Para Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad), la región latinoamericana y caribeña, mantiene 30% de pobreza y 19% de indigencia y, sin embargo, se concentra cada vez más la riqueza y los gobiernos dan cada vez más concesiones a los ricos y al gran capital. “Para superar la pobreza, la desigualdad, para dar y garantizar derechos a toda la población y dar acceso a servicios públicos de calidad a toda la ciudadanía, para eso promovemos la #JusticiaFiscal”, afirma.
Además de Nelsy Lizararo y Adrián Falco, el encuentro cuenta con la participación de Dereje Alemanyehu, de la Alianza Global por Justicia Fiscal -GATJ; Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación; Mariana Huepe, de CEPAL; de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
Episodio 4: sobre Proyecciones 2023 ¿Qué esperamos para el derecho humano a la educación? en el Podcast Educación ¿Qué onda?
23 de febrero de 2023La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) comparte el cuarto episodio de su Podcast, Educación ¿qué onda? En esta primera emisión del año 2023 se comparten las proyecciones que soñamos y luchamos para que el derecho humano a la educación sea ejercido en plenitud por toda la población de nuestra región latinoamericana y caribeña.
Este cuarto episodio con una duración de 24 minutos destaca las Proyecciones para este 2023, en el marco de la Campaña #EducaciónEnEmergencias que impulsa desde diversas latitudes esfuerzos por la incidencia y protección del derecho humano a la educación.
El episodio sobre Proyecciones cuenta con la participación de Madeleine Zúñiga, coordinadora nacional de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación; Raúl Valdés, coordinador de programa del Instituto de Aprendizaje a lo Largo de toda la vida UIL- UNESCO y director del programa de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje; Vernor Muñoz, jefe de política y activismo de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y ex relator especial para el derecho a la educación y Belén Arcucci, coordinadora del Programa de derechos de las personas con discapacidad de la Asociación civil por la igualdad y la justicia (ACIJ) y coordinadora de la Red Regional por la Educación Inclusiva de Latinoamérica (RREI).
Escucha el podcast completo:
Notas en la Pizarra: incertidumbre política en Perú y el monitoreo de datos de la EPJA
Contamos con el análisis del contexto político de Perú que se mantiene en incertidumbre, siguen las movilizaciones en diversos puntos del país, estas acciones han sido fuertemente reprimidas por las autoridades policiales y militares, al mismo tiempo se evidencian decisiones ministeriales que vulneran el derecho humano a la educación.
También compartimos la mirada crítica del Informe Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos (GRALE, por sus siglas en inglés) del Instituto de Aprendizaje a lo Largo de toda la vida UIL- UNESCO, que facilita el seguimiento de la evolución del aprendizaje y la educación en la política de los Estados para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA).
Ecos y Voces: digitalización y derecho a la educación
El derecho a la educación ha sufrido un impacto por la virtualización, lo que a su vez ha exigido a la sociedad civil profundizar en el debate sobre el uso de las tecnologías.
La posibilidad de la digitalización de ningún modo debe entenderse como una sustitución de la escuela, al contrario debe facilitar la valoración de la educación pública con un financiamiento justo y pertinente.
En este episodio, Vernor Muñoz, jefe de política y activismo de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y ex relator especial para el derecho a la educación nos comparte su análisis sobre la creciente digitalización y comparte su visión sobre la actuación de la CLADE en el escenario internacional.
Tejiendo en Red: la inclusión educativa en 2023
Para finalizar, invitamos a escuchar la labor que adelanta la Red Regional por la Educación Inclusiva de Latinoamérica (RREI), que trabaja por el derecho de las personas con discapacidad a recibir educación inclusiva en una escuela para todas y todos, presente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Honduras.
Declaraciones de Belén Arcucci, Coordinadora del Programa de derechos de las personas con discapacidad de la Asociación civil por la igualdad y la justicia (ACIJ) y coordinadora de la RREI.
Créditos:
Entrevistas y producción: María Cianci Bastidas
Locuciones: Gabriela Arrunátegui, equipo regional de la CLADE y Alejandro Suárez, comunicador de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación
Canción: Anónima.
Apoyo musical: Anónima. Jaque.
Ilustración: Renata Dorea
Producción general: Nelsy Lizarazo, Thais Iervolino, Carolina Osorio y María Cianci Bastidas
Perú: contexto político inestable amenaza el derecho humano a la educación
30 de enero de 2023La educación peruana sufrió hoy temprano (viernes 27 de enero) otro golpe de parte del Ministerio de Educación. Por Decreto Supremo DS 002-2023 se disolvió el Consejo Nacional de Educación (CNE), órgano especializado, consultivo y autónomo, creado hace 22 años, adscrito al Ministerio de Educación (MINEDU).
El CNE ha sido el responsable por la elaboración, concertación, seguimiento y evaluación de los Proyectos Educativos Nacionales (PEN). El último PEN al 2036 fue producto de una amplia consulta nacional, se sustenta en el derecho humano a la educación y los principios de inclusión, equidad, calidad y afianza el derecho a la educación a lo largo de la vida.
¿Por qué se disuelve el CNE?
Según la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE), los dos últimos pronunciamientos del Consejo, que respondieron a un contexto extremadamente complejo para el país, no fueron del agrado del actual ministro que considera que ese órgano no puede expresar su discrepancia con políticas y acciones que vulneran los principios antes señalados. Esta reacción, plasmada en el DS 002-2023, es totalmente inusual y solo se explica por el carácter autoritario que está imperando de parte del Ejecutivo en el país, en consonancia con el legislativo.
“En diversos momentos, el CNE ha manifestado su opinión frente a las políticas educativas emanadas del congreso o del MINEDU, ya sea para aprobarlas u observarlas si, de alguna manera, limitaban o vulneraban el derecho a una educación de calidad con inclusión y equidad”, afirma la CPDE.
La Campaña explica que las numerosas gestiones por las que ha pasado el sector Educación, incluyendo los últimos cinco ministros de la gestión de Pedro Castillo, respetaron la autonomía del CNE al pronunciarse a favor del enfoque de género, de la regulación de la educación superior, en contra del retroceso en medidas necesarias a la educación bilingüe intercultural, entre varias otras, que no eran de su agrado, demostrando el comportamiento democrático que se espera de representantes de gobiernos que declaran serlo.
“La actual gestión afirma día a día su poder rechazando drásticamente, castigando cualquier posición tan solo discrepante, eliminando de un plumazo su esperado comportamiento democrático, pilar de la formación ciudadana que el PEN al 2036 propugna por convicción”, afirma la CPDE.
El CNE disuelto tenía vigencia hasta el 2026; según el decreto supremo mencionado, en 12 días ya se debe haber conformado el nuevo consejo, que reduce su número de 25 a 12 líderes educativos, en el que ya no cabe la pluralidad en su conformación que tenía el disuelto.
Según la Campaña, la apuesta es que el Consejo tenga como nuevos integrantes personas que den luz verde en silencio o con halagos a lo que pueda seguir haciendo esta gestión que gobierna por intereses particulares, cero ideología o posición política, cero EJE Personas de la Agenda 2030 que el Estado peruano suscribió.
Entrevista con Madeleine Zúñiga C.: coyuntura política y el derecho a la educación en Perú
En diálogo con CLADE, Madeleine Zúñiga C., coordinadora nacional de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación manifestó su preocupación por la compleja y difícil situación que atraviesa Perú, a su juicio es un contexto multidimensional que genera mucha incertidumbre.
Mira el video:
Según ella, la inestabilidad de las instituciones democráticas que vive Perú desde inicios de diciembre han generado para la profesora razones justificadas para las protestas, sin embargo debe reconocerse el acumulado histórico nacional sobre el centralismo, la discriminación y las denuncias de corrupción que ha atravesado a representantes gubernamentales.
Las calles se han sumado al llamado “que se vayan todos” lo cual ha sido ampliamente difundido por los medios de comunicación. El mayor detonante para la coordinadora nacional de la campaña peruana ha sido el intento de golpe de Estado, con el anuncio del cierre del congreso, del tribunal constitucional.
“Si bien Pedro Castillo construyó su liderazgo desde la lucha magisterial y gremialista docente, le faltaron condiciones para sostener la gobernabilidad, demostrando dificultades operativas ante los continuos ataques de las fuerzas conservadoras y de derecha que defendían sus propios intereses. Inicialmente el proceso de elecciones que le dio ganador a Pedro Castillo estaba cargado de mucha expectativa de cambio, lo cual con el paso del tiempo desembocó en reducción de muchas de las simpatías iniciales” dice Madeleine Zúñiga.
Amenazas contra el derecho humano a la educación
Para la coordinadora, el derecho humano más afectado ha sido la educación, así como el de salud que desde la pandemia venía con mucho debilitamiento.
Ha habido varios retrocesos en los últimos meses, en el recuento que realiza la coordinadora por un lado se deja en manos de propietarios de las universidades particulares las directivas de la instancia estatal encargada de acreditar y certificar la calidad. Por otro, al enfoque de género, se aprueba la ley número 31.498 fuertemente cuestionada, ya que atenta contra los derechos adquiridos y otorga a los padres de familia la potestad de aprobación o no de los contenidos y textos escolares, este espacio está liderado por el grupo “con mis hijos no te metas”.
Madeleine Zúñiga expresa su alerta con la censura del enfoque crítico en historia, así como el recorte de la capacitación docente de la educación intercultural bilingüe, a lo que se sumó la flexibilización de criterios de selección docente y el proceso de nombramiento que le apareja.
Criminalización y amedrentamiento de las movilizaciones
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos ubicada en Lima fue utilizada como sitio de acogida de personas que se movilizaron a la capital. Madeleine Zúñiga comparte su inquietud por las múltiples grabaciones de estudiantes que demostraban el ingreso de una tanqueta que dañó la puerta del recinto universitario, pudiendo hacerlo sin uso de la violencia, lo cual para la docente era una muestra de amedrentamiento, abuso y humillación de varias decenas de personas que fueron detenidas arbitrariamente. “No hay estado de emergencia que justifique la humillación (…) la gente se siente impotente, porque la gente ha hecho marchas por la paz, pero parece que no tiene ninguna fuerza”, afirmó.
La población se ve afectada en diversos sentidos, entre ellos las dificultades de transporte público y los cierres de vías que a su vez evidencian la escasez de alimentos e intercambios entre las regiones para bienes de subsistencia. El sector del turismo también ha mermado considerablemente, afectando las economías locales.
Fuerte incertidumbre para el inicio de clases
Existe una gran interrogante sobre las verdaderas condiciones de inicio de clase en Perú, previsto para el 13 de febrero. Además de lo que significa la organización operativa, se deben enfrentar dos desafíos indispensables. Madeleine Zúñiga señaló que existe “una gran desigualdad, injusticia e inequidad educativa, se hace presente en el acceso a la educación y en el acceso a los aprendizajes.”
Por un lado el esfuerzo especial por la reintegración de la población escolar que durante la pandemia dejaron de estudiar bien por no poder pagar las matrículas de centros particulares o tener la necesidad de trabajar para apoyar la economía familiar, al reingresar presencialmente las clases, una buena parte del estudiantado migró a la educación pública que se mostró insuficiente para garantizar la cobertura.
Por otro lado, la adaptación curricular que se debe considerar luego que el período de pandemia forzosamente hiciera mediación tecnológica de algunos contenidos, afectando para la docente los procesos de aprendizaje acordados para las respectivas etapas educativas.
El viernes 27 se dio a conocer un comunicado suscrito por consejeros/as y exconsejeros/as del Consejo Nacional de Educación, en el que expresan que estas disposiciones no sólo minan la razón de ser del Consejo, sino que contribuyen a debilitar aún más la vida democrática e institucional en Perú.
Agenda 2030 es tema de proyectos desarrollados en cinco países de América Latina y el Caribe
25 de agosto de 2022Incidencia política, formación con docentes y estudiantes; producción de contenidos de comunicación para la radio y redes sociales; investigación e informes; mapeo de actores claves y creación de comité juvenil sobre el tema son algunas de las acciones que han sido desarrolladas por cinco miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación para difundir y fortalecer la Agenda 2030, en especial destaque para el Objetivo Sostenible 4 (ODS 4) relacionado con el derecho a la educación en Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador y Perú.
Por intermedio de la CLADE y financiados por la Campaña Mundial por el Derecho a la Educación (CME), la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) , la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE), el Contrato Social por la Educación de Ecuador, la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) y la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación han desarrollado este año acciones y actividades para fortalecer la garantía de las metas y objetivos de la Agenda 2030 en sus respectivos países. Los proyectos seguirán siendo realizados a lo largo del año 2023.
Lee las acciones y actividades que han sido planeadas y realizadas en cada uno de los países:
Argentina
Organización responsable: Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE)
Actividades/acciones:
- Fortalecimiento de la membresía de la CADE, especialmente estableciendo nuevos vínculos con jóvenes.
- Realización de un mapeo de actores claves.
- Producción de una jornada formativa sobre el ODS4 en línea.
- Realización de una jornada de sensibilización en los territorios de Argentina.
- Producción de una guía juvenil sobre los ODS.
- Acciones de incidencia política hacia las autoridades.
Colombia
Organización responsable: Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación
Actividades/acciones:
- Incidencia en torno al financiamiento de la educación, con énfasis en la no discriminación.
- Fortalecimiento de la membresía de la Coalición.
- Realización de una formación sobre el sistema educativo, con destaque al financiamiento y desigualdades en el sistema educativo.
- Elaboración del análisis de investigación sobre el tema de la formación.
- Realización de un encuentro de intercambio sobre el tema de la formación.
- Elaboración de un informe sobre la implementación del ODS 4
Ecuador
Organización responsable: Contrato Social por la Educación de Ecuador
Actividades/acciones:
- Realización de un sondeo sobre el conocimiento de la población y organizaciones sociales sobre la Agenda de Desarrollo Sostenible y los ODS en el país.
- Incidencia política.
- Desarrollo de una acción de exploración de los ODS con las y los jóvenes.
- Realización de pastillas radiales y contenidos para redes sociales sobre el tema.
- Realización de reuniones con autoridades para presentar las expectativas de jóvenes sobre la Agenda 2030 en el país.
- Producción de un paquete de cinco pastillas informativas sobre todos los ODS, con un lenguaje amigable.
- Realización de entrevistas con las y los jóvenes sobre la Agenda 2030.
El Salvador
Organización responsable: Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE)
Actividades/acciones:
- Creación de un comité juvenil en RESALDE para trabajar incidencia a partir de la Agenda 2030.
- Realización de un mapeo de organizaciones nacionales e internacionales que actúan con jóvenes.
- Realización de un foro público con organizaciones que trabajan con jóvenes para sensibilizarlos sobre el ODS4.
- A principios del 2023, las y los jóvenes se sumarán a las actividades de la campana por el 6% del PIB para la educación.
Perú
Organización responsable: Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE)
Actividades/acciones:
- Difusión de la Agenda de Educación 2030 entre estudiantes y docentes, con énfasis en la meta 4.5 del ODS4.
- Realización de un mapeo de organizaciones juveniles en el país.
- Realización de dos talleres con jóvenes y docentes sobre el tema.
Podcast: Educación ¿qué onda?, episodio 1 Género y Educación
15 de agosto de 2022Equidad, inclusión, financiamiento, digitalización, juventudes, género, alfabetización, migración, privatización son algunos de los temas y banderas que estudiantes, docentes y activistas que trabajan en la promoción de la garantía del derecho a la educación en América Latina y el Caribe para dar voz a las personas, activistas y luchas cotidianas en la región, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanza su Podcast, Educación ¿qué onda?
Con 22 minutos, el primer episodio destaca el tema sobre Género y Educación, en consonancia con la Campaña #EducaciónEnEmergencias que se realiza este 2022 en todo el mundo y que a nivel regional tuvo la equidad de género como uno de sus destaques.
Desde diferentes puntos de vista, el episodio llama la atención sobre la presión del sector conservador para limitar acciones que promuevan la educación sexual integral y señala la importancia de iniciativas educativas desarrolladas en las escuelas de intercambio de conocimiento y el involucramiento en la prevención de la violencia basada en género, además de destacar organizaciones e iniciativas que son referencias en el tema de género.
Este primer episodio cuenta con la participación de Carmen Bautista, profesora de Fe y Alegría en Chiclayo, Caroll Camarena, INPARRES, organizaciones que integran la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación; Erlen María Mendoza, coordinadora del Observatorio del Foro de Educación de Nicaragua; Guadalupe Ramos, CLADEM; Diana María Ocampo (Colombia) y María Elena Reynoso (Guatemala) de REPEM LAC.
Escucha el podcast completo:
Notas en la Pizarra
Perú y Nicaragua son los países destacados en esta sección informativa. El primero ha sufrido ataques del sector conservador que intenta impedir que haya una educación sexual integral; y el segundo cuenta una iniciativa que busca desarrollar acciones para prevenir la violencia basada en género en las escuelas rurales.
Ecos y Voces
Guadalupe Ramos, integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), organización que cumple 35 años de incidencia política en cuestiones de género, fue la entrevistada en esta sección de opinión. En su participación destaca el rol fundamental de la educación en la equidad de género.
Tejido en Red
En la sección que destaca el trabajo de la red CLADE, se presenta la actuación de la Red de Educación Popular Entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe conocida como REPEM LAC, en las voces de dos de sus integrantes Diana María Ocampo (Colombia) y María Elena Reynoso (Guatemala).
Créditos:
Producción: María Cianci Bastidas
Entrevistas: María Cianci Bastidas, Thais Iervolino
Locución: Javier Barrios, Fe y Alegría; María Cianci Bastidas
Canción: AnónimA Arte y Comunicación
Apoyo musical: Hysteria Revelando. Canción sin miedo, Colombia. Original de Vivir Quintana. Adaptación letra: Natalia Rojas. Arreglo y dirección musical: Brina Quoya. https://www.youtube.com/watch?v=dTzx6gV5LdQ
Ilustración: Renata Dorea
Producción General: Nelsy Lizarazo, Thais Iervolino, Carolina Osorio y María Cianci Bastidas
Muestra artística latinoamericana y caribeña
25 de abril de 2021Estas acciones se vienen desarrollando en diversos países de nuestra región, destacando su importancia como derecho humano fundamental, su potencial transformador para la promoción de una vida digna y la realización de otros derechos humanos.
Esta iniciativa, que forma parte de un continuo proceso de promoción de este derecho e incidencia por la priorización de este campo de la educación, se propone ampliar la visibilidad de experiencias y reflexiones desde la mirada y trayectoria de sus propios protagonistas. Busca ofrecer otras aproximaciones hacia la consolidación de este derecho, a través del lenguaje y la sensibilidad de propuestas de índole narrativas-artístico-culturales desde sus múltiples manifestaciones y articulando dimensiones artísticas, conceptuales, políticas y poéticas.
Texto originalmente publicado por: Fe y Alegría leer más
