Episodio 13: Justicia social en el Podcast Educación ¿Qué onda?

5 de diciembre de 2023

Con una producción de 25 minutos el nuevo episodio del podcast de la CLADE educación ¿qué onda? comparte las reflexiones y prácticas sobre la defensa del derecho humano a la educación como uno de los puentes que fortalece otros derechos humanos. Con esta producción queremos invitarte a visitar este itinerario que desea ahondar la justicia con perspectiva integral para todos, todas y todes como parte de los caminos que nos llevan a la transformación social que aspiramos logren superar las desigualdades y discriminaciones. 

En la sección informativa Notas en la pizarra abordamos detalles sobre primera infancia, migración y Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA). Iniciamos con la reunión ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes en la cual Ileana Lo Priore de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) e integrante del equipo directivo de la CLADE hizo un llamado a priorizar los derechos humanos. Patricia Gainza del Consejo Internacional de la Red Sin Fronteras ofrece sus palabras a propósito del  aniversario número 15 y los desafíos para que la movilidad humana se asuma como un derecho. También en esta sección contamos con la voz de Timothy Ireland, vicepresidente del Consejo Internacional de Educación de Adultos (ICAE, por sus siglas en inglés) e integrante del Consejo de Educación Popular de América Latina y El Caribe (CEAAL) quien intervino en la Conferencia Regional de Seguimiento a la CONFINTEA VII en América Latina y el Caribe, evento que orienta la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA).

En la sección de opinión, Ecos y Voces seguimos en la celebración de los 20 años de la CLADE, en este episodio vas a escuchar a Valtencir Mendes, jefe de Educación de la Oficina Regional de Educación para América Latina y El Caribe de la UNESCO; Liz Marco de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación; Milton Luna del Contrato Social por la Educación; Rosana Heringer, docente e investigadora brasileña e integrante del Comité Directivo de la CLADE y desde República Dominicana, Pedro Acevedo del Foro Socioeducativo

En la sección Tejido en Red se relata la experiencia del Foro por el Derecho a la Educación Pública quienes para celebrar sus veinte años abrazan la consigna “contra 50 años de mercado en la Educación, 20 años de lucha y movilización”. Compartimos el diálogo con parte de los y las integrantes del Comité Ejecutivo Ampliado, escucha a René Varas, Consuelo Chaparro y Danton Vera.

Con locución de María Paula Arango de la Federación Internacional de Fe y Alegría y Víctor Ibarra del Consejo de Educación Popular para América Latina y el Caribe (CEAAL).  

Escucha el episodio completo: 

 

Notas en la pizarra: primera infancia, migración y Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) 

Ileana Lo Priore de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) e integrante del equipo directivo de la CLADE asistió a la reunión ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes realizada en Jamaica, en la cual hizo un llamado a priorizar el espíritu de los derechos humanos y el derecho a la educación en la primera infancia.

La Red Sin Fronteras celebró su aniversario número 15 con la realización de su asamblea en Brasilia y como acción de incidencia entregando al gobierno brasileño una declaración que pone luz a los principales desafíos para que la movilidad humana sea un derecho. Escuchamos a Patricia Gainza del Consejo Internacional de la Red Sin Fronteras, que explica la situación de movilidad humana en América Latina y el Caribe con un enfoque indispensable de derecho.

En ocasión de la Conferencia Regional de Seguimiento a la CONFINTEA VII en América Latina y el Caribe que orienta la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) se convocaron representantes de 17 gobiernos de la región, organizaciones de la sociedad civil, universidades, personal directivo y docente de centros educativos para proponer líneas de compromiso que aterricen el Marco de Acción de Marrakech (MAM) en cuanto a la  organización del sistema EPJA, la participación e inclusión; así como la calidad de la EPJA para los aprendizajes a lo largo de la vida. Declaraciones de Timothy Ireland, vicepresidente del Consejo Internacional de Educación de Adultos (ICAE, por sus siglas en inglés) e integrante del Consejo de Educación Popular de América Latina y El Caribe (CEAAL).

 

Ecos y Voces: justicia fiscal hacia la justicia social y los veinte años de CLADE

En la sección de opinión Ecos y Voces seguimos en la celebración de los 20 años de la CLADE como expresión del fuerte compromiso latinoamericano y caribeño por la defensa y promoción del derecho humano a la educación. 

Una muestra de diversas voces animan y se suman al festejo deseando aumentar los compromisos desde las diferentes experiencias e iniciativas. Valtencir Mendes, jefe de Educación de la Oficina Regional de Educación para América Latina y El Caribe de la UNESCO reconoció el aporte de la CLADE a la justicia social desde muchas iniciativas, en especial de la justicia fiscal.

Manteniendo la mirada crítica y apuntando hacia la transformación social, CLADE realizó un viaje por las memorias en el marco de su aniversario. La membresía compartió esta alegría y la fuerza de la articulación regional que anima colectivamente, subrayando la participación en las movilizaciones que expresan las demandas sociales, procurando visibilizar el llamado a una oportuna atención y priorización estatal para la educación, como lo señala Liz Marco de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación. También se sumaron las voces de Milton Luna del Contrato Social por la Educación, Rosana Heringer, docente e investigadora brasileña e integrante del Comité Directivo de la CLADE y desde República Dominicana, Pedro Acevedo del Foro Socioeducativo.

 

Tejido en Red: Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile

Celebrando 20 años del Foro por el Derecho a la Educación Pública se pronuncian en torno a la consigna “contra 50 años de mercado en la Educación, 20 años de lucha y movilización”. El Foro por el Derecho a la Educación Pública es una coalición de organizaciones, actores sociales, educativas y de la sociedad civil, que entiende y defiende la educación como un derecho social, público, inclusivo, democrático y cohesionado, en un contexto donde el Estado chileno no garantiza constitucionalmente este derecho fundamental. 

Compartimos el diálogo con parte de los y las integrantes del Comité Ejecutivo Ampliado del Foro, escuchamos a René Varas, Consuelo Chaparro y Danton Vera. Contamos con las valoraciones colectivas acerca de la situación de los derechos humanos y la educación en Chile. También se subraya otra de las vulneraciones vinculadas a la educación, como la alimentación escolar, que en Chile ha sido mercantilizada, del mismo modo que las expulsiones estudiantiles o cancelaciones de matrículas asociadas a las movilizaciones que compromete la prioridad del foro en la agenda de lucha desde la educación, misma que quiere seguir siendo una voz que se escuche fuerte y claro en favor de los derechos.

Al cierre del Podcast: Educación ¿Qué onda? les invitamos a visitar el Informe sobre Financiamiento del Derecho Humano a la Educación en América Latina y Caribe que junto a otras publicaciones de interés.

Lee más:

Podcast: Educación ¿qué onda?, episodio 1 Género y Educación 

Episodio 2 Juventudes en Podcast Educación ¿Qué onda?

Episodio 3 en Podcast Educación ¿qué onda? Retrospectiva de CLADE 2022

Episodio 4 sobre Proyecciones 2023 ¿Qué esperamos para el derecho humano a la educación? en el Podcast Educación ¿Qué onda?

Episodio 5: Educación no sexista en Podcast Educación ¿qué onda?

Episodio 6: Educación Inclusiva en el podcast Educación ¿Qué onda?

Episodio 7: Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) en el podcast Educación ¿Qué onda?

Episodio 8: Primera Infancia en el podcast Educación ¿Qué onda?

Episodio 9: Educación pública ante la privatización en el Podcast Educación ¿qué onda?

Episodio 10: Interculturalidad y juventudes en el Podcast Educación ¿qué onda?

Episodio 11: Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en el Podcast Educación ¿qué onda?

Episodio 12: Lucha docente en el Podcast Educación ¿qué onda?

Créditos:

Producción y Entrevistas: María Cianci Bastidas

Locución: María Paula Arango de la Federación Internacional de Fe y Alegría y Víctor Ibarra del Consejo de Educación Popular para América Latina y el Caribe (CEAAL).  

Intervención artística musical del evento aniversario (Sao Paulo, Brasil): Odisseia das Flores

Canción: AnónimA Arte y Comunicación.

Cortina 20 Aniversario CLADE: 

Colaboración de voces, Juan Carlos González, Sandra Luz Cruz. 

Música: 1.- Autor: Lawrence Beamen Título: Round and Round. Licencia: CC BY-SA // 2.- Autor: Spectacular Sound Productions Título: Breathing. Licencia: Atribución-Compartir Igual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0) // 3.- Autor: Broke For Free Título: Night Owl. Licencia: CC BY

Voces collage: 1.- Infantiles Producción audiovisual original de Carolina Osorio con aportes de OMEP. Adaptación: María Cianci Bastidas. 2.- Collage: Gabriela Arrunátegui, Carolina Osorio, Marcos Alcântara, Fellipe Abreu, Lorena Osorio, Mariana Ovalle, Jesús Juárez, Ederson Kornst, Luis Chera, Israel Coelho, William Thelusmond, Mary Alves. Los niños Daniel Enrique y Marcello Sánchez Cianci.

Ilustración: Renata Dorea

Producción General: Nelsy Lizarazo, Thais Iervolino, Carolina Osorio y María Cianci Bastidas


CLADE 20 años de lucha por el derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe

1 de diciembre de 2023
Pexels Will Mu

Estado de la situación mundial sobre fiscalidad e impacto en la educación

18 de septiembre de 2023
Vernor Muñoz. Archivo CLADE

Vernor Muñoz

Jefe de Política y Activismo de la Campaña Mundial por la Educación y ex-relator especial para el derecho a la educación.

El proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.

 

La CLADE convocó entre el 8 y 9 de septiembre en Santiago de Chile, el Taller Regional-Global Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación que contó con la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.

 

Vernor Muñoz, jefe de política y activismo de la Campaña Mundial por la Educación intervino en el panel para comentar la situación internacional que afecta a la educación desde la fiscalidad.

 

Compartimos su texto. 

Las discriminaciones estructurales del contexto mundial

En los últimos 20 años, docenas de fallos en tribunales regionales y nacionales europeos, y un puñado de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se remontan al 2005, han verificado la rampante segregación escolar de estudiantes romaníes o gitanos, que resulta abiertamente discriminatoria, ilegal y lamentablemente se mantiene en nuestros días.

Pero, además, para el año 2020, los niños y niñas gitanas constituían el 50% de los estudiantes en clases especiales y el 42% de los niños de escuelas especiales.

La discriminación educativa en el Norte Global que han sufrido los gitanos o romaníes, también se extiende a la población indígena. En una encuesta reciente realizada en Noruega, por ejemplo, las personas encuestadas de la nación sámi, informaron haber experimentado discriminación en múltiples entornos y con mayor frecuencia en la educación.

En Alberta, Canadá, el 30% de estudiantes indígenas, se han reportado como ausentes crónicos en el sistema educativo y en algunos distritos ese porcentaje se eleva al 80%.

Además, en el caso de Finlandia, famosa por sus conquistas educativas, en el informe Being Black in the EU, publicado este año 2023, los padres y madres finlandeses informaron de los niveles más altos de acoso racista y discriminación racial experimentados por sus hijos e hijas en la escuela.

El incremento fiscal y la consecución de sistemas tributarios eficientes y progresivos, no aseguran por sí mismos mayores recursos para la educación pública.

Las barreras para la inclusión educativa

La falta de acceso a la escuela regular en Europa de estudiantes con discapacidad, ha sido también seriamente documentada por UNICEF y Alemania es un caso paradigmático. Pero también lo es porque en este país los y las estudiantes de origen migrante enfrentan clarísimas limitaciones de acceso educativo, y esto es algo que pude constatar personalmente cuando realicé una visita oficial a ese país siendo relator especial de las Naciones Unidas. Y basta un dato para comprobarlo: en el grupo de edad de 30 a 35 años, sólo el 18% de las personas inmigrantes nacidas en Alemania han obtenido un título universitario.

Estos casos del norte global, no solo recuerdan que la lucha por la universalización del derecho a la educación incumbe a todos y todas, y principalmente mantener presente que, en los países con altos ingresos tributarios, no se han logrado mecánicamente impactos en la equidad y en la justicia educativa. Y según esto, los sistemas educativos adecuadamente financiados tampoco han sido siempre capaces de garantizar el acceso universal, ni la educación de calidad a todas las personas.

 

Llamado por la justicia fiscal como camino a la justicia educativa

De manera decidida y firme, nos sumamos a la lucha por la justicia fiscal. Sin embargo, pensamos que el incremento fiscal y la consecución de sistemas tributarios eficientes y progresivos, no aseguran por sí mismos mayores recursos para la educación pública.

En algunos casos más bien podría ocurrir lo contrario, por ejemplo, los países optan por trasladar mayores recursos fiscales al sector privado, como ha sucedido desde hace mucho tiempo en Chile y como propone el candidato que lidera las encuestas electorales en Argentina y como ocurre en Finlandia, Islandia y el Reino Unido, en donde instituciones privadas reciben al menos el 50% de su financiación del sector público (2020, p.175).

En contextos de alto endeudamiento, además, puede preverse que el incremento fiscal se utilice no para financiar la educación, sino para pagar la deuda pública, honrando así la sumisión colonial a la que se ven sometidos muchos países de renta media y baja.

Los ejemplos que he citado, además parecieran indicar que mayores presupuestos educativos, provenientes de la recaudación fiscal, tampoco llevan automáticamente a resolver problemas de discriminación y marginalización estructurales, pues bien puede suceder que los recursos nunca lleguen a las comunidades históricamente excluidas que más los necesitan.

La justicia fiscal, por lo tanto, no involucra únicamente los sistemas de recaudación, sino además los destinos de la inversión.

Recaudar bien, invertir adecuadamente

La justicia fiscal, por lo tanto, no involucra únicamente los sistemas de recaudación, sino además los destinos de la inversión: no basta recaudar bien, sino que es además necesario invertir adecuadamente.

Con ello entendemos que no es conveniente hablar de justicia fiscal, ni de ningún tipo de justicia, fuera del ecosistema de derechos humanos, pues es allí donde se definen los parámetros de distribución de la riqueza y de construcción de sociedades igualitarias y más precisamente donde se definen los fines de la educación y de su gobernanza. No interesa, por lo tanto, financiar cualquier educación, sino aquella en la que quepan todas las personas, en la que no se discrimine a nadie.

Con esto comprendemos que toda reforma tributaria debería responder a políticas de Estado basadas en derechos humanos y que la justicia fiscal no es una maniobra técnica para aumentar el producto per cápita, porque, como dice Richard Falk, a menos que el pueblo se beneficie, el crecimiento económico es solo un subsidio para los sectores ricos.

Riesgo de las miradas economicistas y demandas sociales

Un énfasis desmedido en los temas de financiamiento educativo, tiene el riesgo de encerrarnos en las lógicas utilitarias y en las razones eficientistas por las que aboga el Banco Mundial. Y bien sabemos que existen retos mayúsculos en torno a la desigualdad en los aprendizajes, el trabajo docente y los contenidos de la educación, que no lo definen los banqueros ni mucho menos las corporaciones.

Finalmente, quisiera recordar que las luchas contra la evasión, la elusión y la corrupción fiscal no son temas sobre los cuales las y los actores de la educación y los activistas tenemos dominio y por eso frecuentemente incursionamos con mucha cautela en espacios como éste. Sin embargo, también es cierto que estos temas deben ser debatidos en los espacios educativos, porque implican dinámicas de poder que afectan todos los ámbitos institucionales y comunitarios.

Desde la Campaña Mundial por la Educación nos alistamos a iniciar una campaña para apoyar la adopción de una convención de las Naciones Unidas sobre justicia fiscal. Creemos que la educación pública se vería muy positivamente impactada por un Convención Fiscal de la ONU, considerando que los países de bajos ingresos, incluyendo aquellos que gastan una parte significativa de sus presupuestos nacionales en educación, no pueden cumplir sus compromisos con el ODS 4, porque no hay ingresos suficientes para financiar una educación pública de calidad.


Imagen: CLADE. Justicia Fiscal 2023

Asia, África, América Latina y El Caribe: justicia fiscal es la respuesta para garantizar el financiamiento público educativo

15 de septiembre de 2023

Las transferencias de riquezas al norte global mina nuestro derecho de tener un desarrollo sustentable. Fue lo que afirmaron especialistas de todo el mundo durante el Taller Regional-global “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: experiencias y perspectivas para la incidencia”, realizado durante los días 8 y 9 de septiembre en Santiago de Chile. En la ocasión, se debatió la importancia de luchar contra la evasión y elusión fiscal para garantizar el derecho a la educación.

Chenai Mukumba, de la Red de Justicia Fiscal en África (TJNA) mencionó que los países africanos están dando el 3% del PIB (Producto Interno Bruto), en contraposición con el 6% que exigen los compromisos internacionales. “En Ghana, con 20% de lo que se pierde en incentivos fiscales, si se invirtiera en educación, asistirían 300 mil niños y niñas más a las escuelas. Se podrían contratar 10 mil profesores más. Y se podrían repartir 557 mil comidas para niños y niñas en los comedores de los centros educativos”, afirma.

En ese sentido, Aida Jean Nacpil Manipon, de la Red de Justicia Fiscal en Asia, aseguró que “las transferencias de riquezas al norte global erosiona nuestra propia capacidad de tener un desarrollo sustentable”. La representante de Asia dijo ser necesario un llamado para mejorar los servicios públicos, con más inversión en educación y salud pública. 

Desde América Latina y el Caribe, Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad), habló sobre la correlación del derecho humano a la educación y la justicia fiscal: a corto plazo, la justicia fiscal posibilita que la sociedad disponga de más recursos para servicios públicos – como la educación – y a largo plazo, la educación pública fortalece la justicia fiscal. 

Desde una mirada regional, Amparo Naranjo, de Unesco,  plantea afirma que “una inversión en educación produce retornos importantes no solo el individuo sino en el planeta.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 [que trata del derecho a la educación] es apalancador como otros objetivos. Hay que pasar de las palabras a la acción”.

Sobre el evento

El Taller Regional-global “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: experiencias y perspectivas para la incidencia”  es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.

Además de Adrián Falco, Chenai Mukumba, Amparo Naranjo y Aida Jean Nacpil Manipon, Vernor Muñoz, Mariana Huepe y Dereje Alemanyehu, el encuentro contó con la participación de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación (CME), Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); de Mariana Huepe, Dereje Alemanyehu y Seruwagi Jane Nalunga. También participaron las senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.

Sobre el proyecto

La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal  tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.

Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales. 

El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC) 

En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay;  Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.


¿Cuáles son los impactos de la fiscalidad en la educación mundial?

9 de septiembre de 2023

En el marco del Taller Regional – Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación”, realizado el 8 y 9 de septiembre en Santiago (Chile),  se presentaron una serie de exposiciones que graficaron las experiencias sobre justicia fiscal y su relación con el derecho a la educación pública.

En el primer bloque titulado “Estado de la Situación Mundial sobre Fiscalidad e Impacto en la Educación”, intervinieron Dereje Alemayehu, de la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ), Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y Mariana Huepe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La primera intervención fue realizada por Dereje Alemayehu, quien puso énfasis en la necesidad de la repartición equitativa del presupuesto público: “Respecto a la asignación de presupuestos es bueno que ya exista una torta para poder repartirla, pero debe ser dividida de forma justa”, señaló.

Por su parte Vernor Muñoz describió la cruda realidad de la discriminación y exclusión que sufre la población indígena en el norte global y como no basta con aumentar la recaudación sin darle un enfoque de derechos humanos: “El caso de Finlandia que es famosa por sus conquistas educativas, según un informe de la Unión Europea muestra casos de discriminación y acoso racista. El incremento fiscal y la consecución de los ingresos de forma eficiente no aseguran necesariamente mayores recursos para combatir la desigualdad”, concluyó.

Finalmente intervino Mariana Huepe de la CEPAL quien destacó que: “En promedio América Latina cumple con los mínimos acordados en la Declaración de Incheon con relación a los porcentajes del PIB como porcentaje del gasto público total” pero a la vez puso énfasis en que “para aumentar la financiación nacional para la educación, se requiere: ampliar la base fiscal, prevenir la evasión fiscal, aumentar la proporción del presupuesto nacional asignado a educación, esto tiene que ir de la mano de instituciones fortalecidas para utilizar más equitativa y eficientemente los recursos existentes”, comentó. 

Sobre el evento

El encuentro es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.

Además de Vernor Muñoz, Mariana Huepe y Dereje Alemanyehu, el encuentro cuenta con la participación de Además de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.

Sobre el proyecto

La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal  tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.

Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales. 

El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC) 

En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay;  Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana. 


Foto: thais iervolino

“La justicia fiscal no involucra solamente el sistema de recaudación, sino que implica invertirlo adecuadamente”

8 de septiembre de 2023

El segundo momento del primer día del Taller Regional – Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación” se enfocó en las reflexiones sobre la situación mundial sobre fiscalidad e impacto en la educación. 

“La justicia fiscal no involucra solamente el sistema de recaudación, sino que implica invertirlo adecuadamente”, afirmó Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por el Derecho a la Educación (CME). Según el representante de la Campaña Mundial por la Educación,  incluso en países de altos ingresos, la educación universal y de calidad sigue siendo esquiva, ya que los fondos fiscales a menudo se desvían hacia sectores privados o se utilizan para pagar deudas públicas.

Para Vernor Muñoz, toda reforma tributaria debería responder a políticas de Estado basadas en derechos humanos. No es conveniente hablar de justicia fiscal, ni de ningún tipo de justicia, fuera del ecosistema de derechos humanos, pues es allí donde se definen los parámetros de distribución de la riqueza y de construcción de sociedades igualitarias y más precisamente donde se definen los fines de la educación y de su gobernanza.  No interesa, por lo tanto, financiar cualquier educación, sino aquella en la que quepan todas las personas, en la que no se discrimine a nadie. 

Dereje Alemanyehu, de la Alianza Global por Justicia Fiscal -GATJ, enfatizó la necesidad de aumentar los ingresos fiscales para garantizar la equidad en el acceso a la educación. Hizo hincapié en que la educación es la piedra angular para asegurar muchos otros derechos y desafió la percepción de que África depende de las contribuciones de otros países cuando, en realidad, África contribuye significativamente al mundo.

“Cobrar impuestos no es un fin en sí, sino recaudarlos para repartirlos, distribuirlos y garantizar que toda la población tenga acceso a servicios públicos como una #educación de calidad. Existen los recursos, pero hay que repartirlos”, afirma.

América Latina y el Caribe

Mariana Huepe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) enfocó su presentación en la región latinoamericana y caribeña. En su intervención afirma que  “en América Latina en las últimas décadas han hecho esfuerzos para aumentar su carga tributaria e invertir en educación, pero aún son insuficientes”.

La representante de CEPAL destaca la importancia del financiamiento educativo adecuado y el camino para su incremento.  Invertir en educación es invertir en el activo más importante que tienen los países para alcanzar un desarrollo social e inclusivo sostenible: sus personas. La educación no es un gasto, es una inversión, una inversión que beneficios privados y públicos, para el mundo del trabajo y la ciudadanía. Para aumentar la financiación nacional para la educación, se requiere: ampliar la base fiscal, prevenir la evasión fiscal y aumentar la proporción del presupuesto nacional asignado a educación.

Para Mariana Huepe, “cobrar impuestos no es un fin en si, sino [es necesario] recaudarlos para repartirlos, distribuirlos y garantizar que toda la población tenga acceso a servicios públicos como una educación de calidad”.

Sobre el evento

El encuentro se realiza el 8 y 9 de septiembre en Santiago, Chile y es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.

Además de Vernor Muñoz y Dereje Alemanyehu, el encuentro cuenta con la participación de Además de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); Mariana Huepe, de CEPAL; de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.

Sobre el proyecto

La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal  tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.

Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales. 

El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC) 

En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay;  Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana. 


El derecho humano a la educación solo se garantiza con justicia fiscal

Concentración de la riqueza y mantenimiento de la pobreza. Para cambiar este escenario, que ha estado presente en América Latina y el Caribe en los últimos tiempos, hay que garantizar los derechos humanos, entre ellos la educación. Para eso, es fundamental asegurar un sistema tributario justo, afirman especialistas y autoridades presentes en el Taller Regional-Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación”, que se realiza el 8 y 9 de septiembre en Santiago, Chile. 

Nelsy Lizarazo: “En términos de ejercicio pleno del Derecho a la Educación, no basta con el acceso a la educación, es necesario invertir en calidad educativa”

El encuentro es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.

“Han sido dos años de aprendizaje súper interesante, no solamente en asuntos técnicos, sino también en construcción de posición política y también en términos humanos”, dice Nelsy Lizarazo, coordinadora de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) durante la apertura del taller. 

Según ella, en términos de ejercicio pleno del Derecho a la Educación, no basta con el acceso a la educación, es necesario invertir en calidad educativa. “Son necesarios cuatro criterios para tener en cuenta: el primero, la proporción dedicada a la educación debe de ser suficiente; el segundo, que ese presupuesto debe de ser del tamaño adecuado, que responda a las necesidades educativas del país, a sus brechas, a sus desigualdades; el tercero, presupuesto ser sensible a los grupos históricamente excluidos; y el cuarto, que el presupuesto sea transparente, construido, evaluado de forma participativamente con la ciudadanía. 

Adrián Falco: “Para superar la pobreza, la desigualdad, para dar y garantizar derechos a toda la población y dar acceso a servicios públicos de calidad a toda la ciudadanía, para eso promovemos la #JusticiaFiscal”

Para Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad), la región latinoamericana y caribeña,  mantiene  30% de pobreza y  19% de indigencia y, sin embargo, se concentra cada vez más la riqueza y los gobiernos dan cada vez más concesiones a los ricos y al gran capital. “Para superar la pobreza, la desigualdad, para dar y garantizar derechos a toda la población y dar acceso a servicios públicos de calidad a toda la ciudadanía, para eso promovemos la #JusticiaFiscal”, afirma.

Además de Nelsy Lizararo y Adrián Falco, el encuentro cuenta con la participación de Dereje Alemanyehu, de la Alianza Global por Justicia Fiscal -GATJ;  Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación; Mariana Huepe, de CEPAL; de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.

Sobre el proyecto

La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal  tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.

Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales. 

El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC) 

En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay;  Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana. 


GEM Report

Sociedad civil demanda enfrentar la brecha digital y los intereses privados en presentación de Informe de Seguimiento de la Educación

11 de agosto de 2023

Las tecnologías pueden al mismo tiempo favorecer la inclusión y poner en riesgo la privacidad de los datos, afirma Laura Giannecchini, coordinadora de programas de la CLADE, al analizar el evento realizado el 26 de julio en Montevideo, Uruguay, de lanzamiento del 6º Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de UNESCO titulado Tecnología en la educación: ¿Una herramienta en términos de quién? (conocido como GEM, por sus siglas en inglés). 

El documento fue publicado junto a 20 documentos de antecedentes y 200 perfiles de países PEER sobre leyes y políticas referidas a la tecnología en la educación. Durante 3 días diversas autoridades, académicos y representantes de la sociedad civil intercambiaron opiniones en torno al Informe. Laura Giannecchini, Marcela Browne de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE); Patricia Gainza de la Red Sin Fronteras; Mercedes Mayol Lasalle, presidenta de Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) y Vernor Muñoz, coordinador de política de incidencia de la Campaña Mundial por la Educación (CME) participaron del encuentro

Compartimos sus análisis luego de asistir a los eventos vinculados a este informe. 

Los dilemas de la tecnología: acceso y equidad

Marcela Browne y Laura Giannecchini realizaron este análisis del evento de lanzamiento y del propio Informe.

Para ellas, el informe plantea al menos cuatro preguntas provocadoras que orientan las reflexiones respecto al uso de la tecnología en la educación. 

En sus opiniones, desde las primeras páginas del documento se cuestiona si las tecnologías democratizan los conocimientos o si pueden controlar la información en nuestra sociedad. También subrayan si efectivamente las tecnologías ofrecen oportunidades ilimitadas o por el contrario las aprisionan en el futuro; cabe la pregunta en qué medida las tecnologías ofrecen oportunidades iguales para todas las personas y sí se podrían utilizar las tecnologías en la educación de primera infancia o representan un riesgo para los niños y niñas. 

Cuatro conceptos transversales a las tecnologías en la educación, que son la equidad, la inclusión, la escalabilidad y la sostenibilidad

Por otra parte, se decantan cuatro conceptos transversales a las tecnologías en la educación, que son la equidad, la inclusión, la escalabilidad y la sostenibilidad. Por ello, existe la intención de convocar a docentes, estudiantes, comunidades educativas en general y las familias para debatir sobre los términos en que se desea usar la tecnología en la educación. Para ellas, si bien se reconoce como una herramienta más en el ambiente educativo es necesario que ésta dialogue con las demandas y expectativas de este contexto. 

Marcela Browne resalta que en “el informe no existen evidencias robustas sobre el valor agregado que aportan las tecnologías a la calidad de los aprendizajes. Las pocas evidencias que se mencionan son débiles y están producidas por los proveedores de las tecnologías, es decir, las empresas”. Llama la atención sobre el rol que han desempeñado las empresas al difundir la idea de que el estudiantado aprende más y mejor con las tecnologías. 

La representante de la CADE, afirma que, en contraste, UNESCO señala su relatividad reconociendo las desigualdades de acceso y de conectividad, continúa reflexionando sobre las brechas en los niveles socioeducativos vulnerables que enfrentan también dificultades en los entornos familiares, como insuficientes equipos, ya que la mayoría de los casos accede desde dispositivos celulares. 

Laura Giannecchini comenta que se difundió en algunos medios de comunicación hegemónicos la idea simplificada sobre el informe de que UNESCO cuestionaba el uso de los teléfonos móviles en las escuelas como elemento de distracción del estudiantado, yendo en perjuicio de la calidad de los aprendizajes. Aunque sirvió de promoción para despertar el interés sobre el informe, las analistas, Marcela Browne y Laura Giannecchini comentan que esto se debe a una mala interpretación sobre algunos de los mensajes que se expresan en el informe, ya que UNESCO no desaconseja expresamente el uso de celulares en los ámbitos educativos. 

La importancia del contexto educativo

Para Marcela Browne, es necesario subrayar la recomendación para que el sistema educativo sea el responsable de determinar el modo en que la tecnología dialoga con la agenda educativa, a fin de que haya una soberanía de contenido. Ella comenta que sin embargo, otro de los mensajes claves que llama la atención, es que son muy pocos los países que generan contenidos propios y se exhorta en las recomendaciones a que pueda impulsarse en el futuro producción de contenidos locales y contextualizados. 

Otro elemento importante es la necesidad de profundizar las críticas a la inteligencia artificial, ya que como señala Marcela Browne, existe un sesgo en los contenidos ya que se privilegian los producidos en los países del norte y en idioma inglés, con lo cual se limitan las fuentes de consulta, pudiendo ser parte de la colonización y su reproducción. 

Demandas por la transparencia de fondos públicos para la tecnología 

En el mismo sentido, Marcela Browne y Laura Giannecchini indican que los cambios en el ámbito tecnológico se proyectan con renovación cada tres años, lo que dificulta la generación de evidencias, para evaluar el funcionamiento en la educación. Es decir, el ritmo de generación de la evidencia es diferente al ritmo de la producción de las propias tecnologías. Una de las implicaciones a considerar es el alto costo que representa, y al mismo tiempo se produce mucho desperdicio, ya que la gente compra lo que no resulta efectivo, derivando una dispersión de recursos.

Añaden Marcela Browne y Laura Giannecchini a las recomendaciones críticas el interés de aumentar la transparencia en la contratación de servicios tecnológicos, para que pueda acompañarse un escalamiento adecuado con la participación y control de la sociedad civil. 

En cuanto a la equidad e igualdad de acceso a tecnologías en la educación se recomienda en el informe que sean gratuitas, y que los bienes digitales sean públicos, incluyendo los libros de textos y recursos educativos de manera que las propias plataformas de aprendizaje sean inclusivas, especialmente a los grupos que históricamente son más marginados o excluidos.

Exclusión y derechos digitales

En cuanto a los currículos y las plataformas en el resumen del informe también se hace un llamado a la adaptación de las necesidades de cada estudiante y docente, por lo cual las plataformas deben ser accesibles a las personas con discapacidad, para contextos de escuelas rurales, de personas indígenas, afrodescendientes y personas migrantes. Se hizo referencia a la creación de plataformas que pueden dar seguimiento a las trayectorias educativas de estudiantes a lo largo de los años, acompañando su movilidad territorial, lo cual sería clave para la relevancia y pertinencia de la educación.

Para Laura Giannecchini “si bien se estima que el 85% de los países tienen normativas vinculadas a las tecnologías, solo el 16% tiene medidas de protección del uso de datos privados como la huella digital, esto es una gran falencia al exponerse a niñas, niños y adolescentes sin mecanismos de seguridad y ciberseguridad”. 

A pesar que se hacen continuos llamados de atención al uso excesivo o inapropiado de las tecnologías por la relación negativa y perjudicial con el abuso de dispositivo, es necesario incorporar al debate las propias voces del estudiantado y de docentes.

Marcela Browne apunta que este informe recuerda que, dado que muchas tecnologías no fueron diseñadas para la educación, su idoneidad y valor deben demostrarse con una visión de la educación centrada en el ser humano.

Tomando el resumen del informe que facilitan las analistas, “los responsables de la toma de decisiones se enfrentan a cuatro difíciles disyuntivas: 

  1. El llamado a la personalización y la adaptación choca con la necesidad de mantener la dimensión social de la educación. Los partidarios de una mayor individualización pueden estar perdiendo de vista la esencia de la educación. 
  2. Existe un conflicto entre inclusividad y exclusividad. La tecnología puede ofrecer un salvavidas educativo a muchas personas. Sin embargo, para muchas más supone una barrera adicional a la igualdad de oportunidades educativas, con la aparición de nuevas formas de exclusión digital.
  3. La esfera comercial y el procomún -referida a la utilidad pública- tiran en direcciones diferentes. La creciente influencia de la industria de la tecnología educativa en la política educativa a nivel nacional e internacional es motivo de preocupación. 
  4. Generalmente se asume que cualquier ventaja de eficiencia que la tecnología educativa ofrezca a corto plazo se mantendrá a largo plazo. Sin embargo, se suelen subestimar todos sus costes económicos y medioambientales.”

Escucha el audio:

Estudiantes y docentes brillan por su ausencia

Por su parte Patricia Gainza, socióloga y coordinadora de Red Sin Fronteras, también resaltó una mirada crítica sobre los resultados del informe, el riesgo que puede representar para el derecho a la educación, una priorización tecnológica en los ámbitos escolares. Extendemos su comentario al respecto. 

Para ella, cuando se hace referencia a la tecnología educativa deben considerarse los sujetos que participan de los ámbitos, así como sus experiencias, expectativas y necesidades. A juicio de Patricia Gainza, llama mucho la atención que durante el evento de lanzamiento no se consideró la participación y experiencia de estudiantes o docentes. “Todas las autoridades que asistieron pertenecen al sur global, no había ninguna autoridad del norte” dijo, que en muy pocos casos asistieron personas con responsabilidad académica de investigación, si aunque en menor medida de rectorías de las universidades, “no se piensa en ellos (las, los y les estudiantes) como el motor para la incorporación y el buen uso de las tecnologías en la educación, al contrario todo el tiempo se está hablando de empresas de aplicaciones” afirma. 

El ambiente general del evento promovía las intervenciones como una exposición para la venta de servicios educativos digitales

Según Patrícia Gainza, el ambiente general del evento promovía las intervenciones como una exposición para la venta de servicios educativos digitales. “Colocar los enfoques desde la especialización técnica puede ser un factor de exclusión para ampliar el debate sobre las implicaciones de las tecnologías aplicadas a la educación”, analiza Patricia Gainza y continúa: “no hubo prácticamente reflexiones sobre grupos minoritarios o en desventajas y las diferentes formas de facilitar el acceso, las personas en situación de discapacidad.” 

Intereses privatistas a favor de la tecnologización educativa

Se consideró particular atención a la situación de la educación en Uruguay y con ello la fuerte influencia del Plan Ceibal, que es el centro de innovación educativa con tecnologías digitales a nivel nacional. Compartieron las lecciones aprendidas de la última década, que asomaba un cambio de lógica con autoreferencias empresariales, comentó Patricia Gainza. 

Para Patricia Gainza, en Uruguay se atraviesa un proceso de desmantelamiento del sistema educativo o al menos de reducción de presupuesto importantísimo, Uruguay ha perdido cuatro décimas del Producto Interno Bruto destinado al rubro.

En el análisis de Patricia Gainza, el ministro de educación de Uruguay, Pablo Da Silveira exhortaba a mantener la continuidad de las políticas públicas más allá de la rotación de los gobiernos, y los partidos. Destacaba en su intervención la relevancia del conocimiento técnico, de la creatividad y del compromiso, la relevancia del modelo de gestión con fuerte tendencia a la estructura privada, aludiendo eficiencia en los procesos de licitaciones, agilidad en compras y decisiones; sin embargo se desplaza la responsabilidad política del Estado poniendo en riesgo la transparencia pública, subraya la coordinadora de la Red Sin Fronteras. 

Ella también apunta que es muy importante tener claro el vínculo entre lo tecnológico y lo educativo, inicialmente el plan Ceibal nació al interior de la gestión gubernamental, y luego pasa a ser una agencia de tecnología ligada al sistema educativo. En la reflexión se apunta que la ausencia de referencias a la centralidad de los procesos educativos, o al financiamiento que demanda el marco de derechos; para lo cual hace falta voluntad política en una adecuada priorización del presupuesto nacional. 

La coordinadora de la Red Sin Fronteras marcó la participación de Fiorella Haim, gerenta general de Ceibal indicó que al referirse a la tecnología digital hay que considerar que es mucho más que pantallas, ya que también son líneas de robótica o hacedores de laboratorios con impresiones 3D, manejo de drones, sensores, muchas cosas ilustran este ecosistema de innovación al servicio de la educación.

Sistema de datos para ausentismo y la labor docente

Patricia Gainza, de la Red Sin Fronteras, trazó dentro de las buenas prácticas que se compartieron algunas aplicaciones tecnológicas, llamó particularmente la atención la que hiciera Irene González, gerenta de datos de Ceibal expuso una aplicación del sistema y sobre todo de los datos que surgen del ausentismo escolar, señalaba que la inasistencia crónica tiene una proporción en la cual siete de cada 10 niños y niñas son provenientes generalmente de contextos vulnerables, lo que quiere decir dos o tres faltas al mes. Estas alertas del sistema de datos facilita la comunicación con las familias que registran altos niveles de ausentismo, como parte de estrategias de seguimiento. 

Según su análisis, existe una constante que expresa la preocupación de articulación conjunta con las tecnologías y el protagonismo de la labor docente, insistiendo en el valor del vínculo relacional del proceso educativo, que es insustituible. Su valoración es que vivimos un contexto de fuertes discursos de neoliberalismo que pretende mercantilizar y ganar en el mercado, flexibiliza las condiciones laborales en general y también del personal docente. 

Frente a las posibilidades de empoderamiento de la comunidad educativa, es necesario recuperar la centralidad del estudiantado teniendo en cuenta el contexto sociocultural, en el cual la tecnología es enriquecedora del intercambio entre estudiantes y docentes, para Patricia Gainza, se propone una práctica crítica que logre transformar el rol simplista de usuario/as o destinatarios/as de tecnologías que se imponen externamente. 

Escucha el audio

La valoración de la labor docente ante la tecnología educativa

Para Vernor Muñoz de la CME, la versión más reciente que se ha centrado en la educación y tecnología, da seguimiento al objetivo cuatro de desarrollo sostenible –de la Agenda 2030, referido al derecho humano a la educación- y permite discutir diversos temas en materia de tecnología digital y educación.

A juicio del coordinador de políticas de incidencia de la CME la contundencia del valor de docentes es relevante, ya que “el informe pone en evidencia que existe poco valor agregado de la tecnología digital en materia de educación y esto es importante porque confirma una vez más que el rol que juegan los maestros y maestras en la educación es insustituible, es decir que es un trabajo que no se puede relevar con el uso de la de la tecnología”.

La atención que las empresas y corporaciones tecnológicas ponen en la educación evidencia el interés en el negocio y su mercantilización

Para él, la atención que las empresas y corporaciones tecnológicas ponen en la educación evidencia el interés en el negocio y su mercantilización, y lo que significa actualmente tanto como en el futuro. En palabras de Vernor Muñoz, “muchas empresas tecnológicas y de software educativo intentan tomar el liderazgo en la venta de sus productos y de alguna manera intentan también insistir en la primacía de la tecnología educativa.”

Según él, las tecnologías pueden ofrecer una posibilidad para la inclusión, pero deben ir acompañadas de políticas que generen las condiciones para que sean posible, ya que la realización del derecho humano a la educación no se define únicamente en las aulas, y entre otras garantías deben considerarse las de conectividad, electricidad, acceso a dispositivos por mencionar algunos. “El informe pone en relevancia cómo la tecnología en la educación abre ciertamente oportunidades, como apoyo al trabajo docente, y esto ha sido muy evidente durante la pandemia del Covid-19, hace hincapié en cómo se han beneficiado, por ejemplo, personas con discapacidad” señaló.

Sobre la dinámica del evento, Vernor Muñoz destacó que, además de una agenda que priorizó el protocolo, la participación de bancos y de empresas, al mismo tiempo que se ha reducido la asistencia de la sociedad, se ha dificultado el diálogo interactivo, en su lugar se han dado a conocer diferentes opiniones de quienes lideran el campo tecnológico.

Escucha el audio

Foco sobre el financiamiento, la pedagogía y las amenazas de la privatización

Imagen: OMEP
Imagen: OMEP

Mercedes Mayol Lasalle, presidenta mundial de OMEP, comparte un análisis de tres aspectos relevantes en la convergencia de la educación y la tecnología, el financiamiento, la pedagogía y la no privatización.

Sobre el financiamiento educativo, señaló: “Este informe contiene un problema sobre la transformación y el financiamiento para ofrecer acceso a la tecnología dentro del sistema educativo a todas las niñas, niños y personas. En el contexto tenemos enormes deudas en relación al financiamiento educativo alrededor del mundo”. Este es un gran punto y tenemos muchas cuestiones con relación a ello. 

A su juicio, un segundo aspecto está relacionado a la construcción de una nueva pedagogía desde el desafío de la conectividad con la participación de las y los docentes. En tercer y último aspecto tiene que ver con la ética, la privatización y la falta de regulación de las grandes empresas que venden tecnología a los sistemas públicos de educación.

Mira el video [en inglés]

Educación y tecnología en la primera infancia: discusiones urgentes

La Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) junto a la Campaña Mundial por la Educación (CME) y el Instituto Interamericano del Niño IIN/OEA convocaron a un evento público el 28 de julio, en el marco del lanzamiento del Informe de Seguimiento a la educación, titulado Educación y tecnología en la primera infancia: discusiones urgentes.

La OMEP definió como parte de su fundamento en la convocatoria que “los primeros años de vida constituyen la etapa fundante de ese proceso, por lo que el acceso a una Atención y Educación de la primera infancia (AEPI) inclusiva, equitativa y de calidad, es el primer paso para garantizar aprendizajes fundacionales y oportunidades para un desarrollo pleno (…) La transformación de la AEPI requiere el desarrollo de un debate pendiente y urgente sobre las políticas, la pedagogía y las prácticas relacionadas, apostando a superar miradas simplistas que condenan o enaltecen a las tecnologías computacionales, para construir posicionamientos críticos sobre su papel real en la enseñanza, el aprendizaje y la crianza de las infancias.”

Mira el video 

Más sobre el Informe GEM 2023 

Esta fue la primera vez que el lanzamiento global del informe se realiza en América Latina. El encuentro contó con un evento híbrido global al que asistieron 18 ministros y ministras de educación. Convocado por UNESCO, auspiciado por el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay y la Fundación Ceibal, el lanzamiento del informe se concretó el 26 de julio, y a lo largo de tres días se llevaron a cabo diversos eventos en Montevideo, Uruguay. 

Los eventos de alto nivel organizados en el marco de este lanzamiento son los siguientes:

  • Diálogo Sur-Sur entre ministros/as de educación de América Latina y África.
  • Mesa redonda cerrada con ministros/as de educación, representantes de la UNESCO y responsables de organismos internacionales de América Latina.
  • Reunión anual de la Alianza para la Digitalización de la Educación en América Latina (ADELA).
  • Discusión con proveedores privados sobre cómo apoyar el desarrollo sostenible de la educación en América Latina.
  • Evento sobre perspectivas globales y regionales de la tecnología en la educación en América Latina organizado por la Fundación Ceibal.
  • Evento organizado por la UNESCO sobre nuevas formas de enseñar, aprender y evaluar con tecnología en la Universidad Católica del Uruguay.

UNESCO señala que el informe “sostiene que los sistemas educativos deben garantizar siempre que los intereses de los alumnos se sitúen en el centro y que las tecnologías digitales se utilizan para apoyar una educación basada en la interacción humana en lugar de pretender sustituirla”, 

Esta edición tuvo como objetivo examinar cómo la tecnología puede ayudar a llegar a los alumnos desfavorecidos, pero también a garantizar que más conocimientos lleguen a más alumnos en formatos más atractivos y baratos. 

Tomando en cuenta la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el referido a educación (ODS4), la tecnología se vincula con seis de las diez metas, según la UNESCO en un nota conceptual las metas “reconocen que la tecnología afecta a la educación a través de cinco canales distintos, como insumo, medio de entrega, habilidad, herramienta para la planificación, y proporcionando un contexto social y cultural”

Desde el resumen del informe se muestran oportunidades y amenazas, en tal sentido, “los desafíos educativos a los que el uso adecuado de la tecnología puede ofrecer soluciones (acceso, equidad e inclusión; calidad; avance tecnológico; gestión de sistemas), al tiempo que reconoce que muchas de las soluciones propuestas también pueden ser perjudiciales”.

En el resumen del informe se destacan algunos de los siguientes mensajes claves: 

  • No abundan pruebas adecuadas e imparciales sobre el impacto de la tecnología educativa. Muchas de las pruebas proceden de quienes intentan vender la tecnología. Pearson financió sus propios estudios para refutar análisis independientes donde se demostraba que sus productos no tenían ninguna incidencia.
  • La tecnología ofrece la esperanza de una educación a millones de personas, pero excluye a muchas más. Si bien el derecho a la educación es, cada vez más, sinónimo de derecho a una conectividad significativa, el acceso es desigual. 
  • Algunas tecnologías educativas pueden mejorar ciertas modalidades de aprendizaje en determinados contextos. Debe centrarse en los resultados del aprendizaje, no en el aporte tecnológico. En Perú, se distribuyeron más de un millón de portátiles sin incorporarse en la pedagogía, por lo que el aprendizaje no mejoró. 
  • El contenido en línea ha aumentado sin suficiente regulación sobre el control de calidad y la diversidad. En 2021 más de 220 millones de estudiantes asistieron a cursos en línea masivos y abiertos.

El informe GEM se centra en una temática particular en cada entrega anual. Para el 2024, el tema será sobre liderazgo y educación que, según UNESCO, resalta que el liderazgo “es el segundo factor escolar más importante para explicar los resultados del aprendizaje”.


Episodio 9: Educación pública ante la privatización en el Podcast Educación ¿qué onda?

28 de julio de 2023

La educación pública enfrenta continuas amenazas de privatización de las empresas que promueven iniciativas sobre la tecnología, la formación docente, la infraestructura educativa, entre otras, por ello la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) comparte el noveno episodio de su podcast educación ¿qué onda? con este tema central.

En la sección Notas en la Pizarra participan Andressa Pellanda y Daniel Cara de la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación con valoraciones desde el Foro Político de Alto Nivel y Tamara Montalvo del equipo regional de la CLADE expresa algunas de las recomendaciones de la sociedad civil sobre justicia fiscal presentadas en la Cumbre Ministerial para la región de América Latina y el Caribe hacia una tributación global incluyente, sostenible y equitativa.

Ecos y Voces, la sección de opinión cuenta con Erika Moreira Martins, investigadora en política educativa en entrevista a CLADE señala algunos mecanismos que naturalizan la privatización y mercantilización de la educación. 

Oscar Jara Holliday, sociólogo, educador popular y expresidente de CEAAL junto a Raimunda Olivera Silva (Mundinha) del equipo de coordinación de CEAAL y de la Escuela de Formación (ENFOC – CONTAG) nos hacen llegar la alegría del aniversario 40 de CEAAL junto al compromiso por fortalecer la educación popular en todos los espacios de formación en la sección Tejido en Red. 

Con locución de Nelsy Lizarazo, coordinadora de CLADE y Salvador De Leon integrante del Grupo de Trabajo de Juventudes por la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE).

Escucha el episodio completo:

Notas en la Pizarra: Foro Político de Alto Nivel y Cumbre Ministerial por la Tributación

El Foro Político de Alto Nivel tuvo como título y tema central Acelerar la recuperación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la plena implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en todos los niveles, es convocado anualmente por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) y tuvo lugar en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos entre el 10 y el 19 de julio de 2023. Andressa Pellanda y Daniel Cara de la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación participaron de este Foro y nos comparten su preocupación por la convergencia tecnológica y la educación en esta agenda multilateral.

Tamara Montalvo del equipo regional de la CLADE afirma la importancia de visibilizar las demandas por una justicia fiscal como camino para la justicia social, como parte de las recomendaciones de la sociedad civil presentadas en la Cumbre Ministerial para la región de América Latina y el Caribe hacia una tributación global incluyente, sostenible y equitativa, y que se realizó entre el 27 y el 28 de julio en Cartagena de Indias, Colombia.

Ecos y Voces: privatización y mercantilización de la educación

Erika Moreira Martins, doctora en educación con énfasis en ciencias sociales e investigadora en política educativa en la Universidad de Lisboa, ha realizado el seguimiento a procesos de privatización, compartiendo algunas de sus reflexiones en espacios de la CLADE, entre ellos el Banco Mundial. Lineamientos para educación y Proyectos financiados en América Latina y el Caribe.

La investigadora comparte la preocupación sobre el hecho que la mayoría de las políticas de educación se centran en la reducción de la desigualdad y la pobreza, potenciar la productividad y la innovación, y en reforzar la integración económica; sin embargo esta mirada refleja en menor o mayor medida la influencia neoliberal y en consecuencia determina las decisiones que favorecen la privatización en la agenda educativa. 

Tejido en Red: Educación Popular vigente con el aniversario 40 de CEAAL

El Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) integra CLADE en su calidad de membresía regional y participa de la Plataforma regional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) así como en otras agendas compartidas. 

A propósito de su aniversario número 40, CEAAL mantiene viva la base inspiradora de Paulo Freire como camino para profundizar la democracia desde la educación popular. Declaraciones de Oscar Jara Holliday, sociólogo, educador popular y expresidente de CEAAL junto a Raimunda Olivera Silva (Mundinha) del equipo de coordinación de CEAAL y de la Escuela de Formación (ENFOC – CONTAG).

Al cierre del Podcast: Educación ¿qué onda? les invitamos a visitar el informe regional sobre Financiamiento del Derecho Humano a la Educación en América Latina y Caribe, que muestra los resultados de la actualización del Sistema de Monitoreo del Financiamiento del Derecho Humano a la Educación. Este informe muestra indicadores en tres dimensiones de análisis: esfuerzo financiero público; disponibilidad de recursos por persona en edad escolar; y equidad en el acceso escolar.

Lee más:

Especial:Junio por la educación y el cuidado en la primera infancia.

Podcast: Educación ¿qué onda?, episodio 1 Género y Educación  

Episodio 2 Juventudes en Podcast Educación ¿Qué onda?

Episodio 3 en Podcast Educación ¿qué onda? Retrospectiva de CLADE 2022

Episodio 4 sobre Proyecciones 2023 ¿Qué esperamos para el derecho humano a la educación? en el Podcast Educación ¿Qué onda?

Episodio 5: Educación no sexista en Podcast Educación ¿qué onda?

Episodio 6: Educación Inclusiva en el podcast Educación ¿Qué onda?

Episodio 7: Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) en el podcast Educación ¿Qué onda?

Episodio 8: Primera Infancia en el podcast Educación ¿Qué onda?

 

Créditos:

Producción: María Cianci Bastidas 

Entrevistas: María Cianci Bastidas, Thais Iervolino y Carolina Osorio.

Locución: Nelsy Lizarazo, coordinadora de CLADE y Salvador De Leon integrante del Grupo de Trabajo de Juventudes por la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE).

Canción: AnónimA Arte y Comunicación

Apoyo musical: Pregón de pieza comunicativa (mensajería instantánea) del Movimiento por la Unidad Docente (MUD). Chile.

Ilustración: Renata Dorea

Producción General: Nelsy Lizarazo, Thais Iervolino, Carolina Osorio y María Cianci Bastidas


50 organizaciones de América Latina y el Caribe instan autoridades por un nuevo Pacto Fiscal para garantizar derechos humanos en la región

27 de julio de 2023

Se busca la concreción de Consejo Consultivo Permanente de la sociedad civil que participe de las decisiones y acompañe las acciones de reformulación regional de los sistemas tributarios; la incorporación del enfoque de derechos humanos y del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) – entre ellos el 4, que trata de la educación – como principio para la creación y reformulación de los sistemas tributarios así como la implementación de reformas tributarias progresivas, que priorizarán los impuestos con potencial redistributivo y recaudatorio real. Estas son tres de las ocho recomendaciones que organizaciones y movimientos de la sociedad civil, entre ellas la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), presentaron hoy (27) a ministros y ministras de América Latina y el Caribe, a través de una carta.

Nelsy Lizarazo: “Desde nuestro lugar como CLADE, impulsar políticas fiscales progresivas con el horizonte puesto en el financiamiento suficiente para garantizar el derecho a la educación, en alianza con organizaciones de toda la región, es estratégico”

El documento fue entregado durante el primer día de realización de la Cumbre Ministerial para la región de América Latina y el Caribe hacia una tributación global incluyente, sostenible y equitativa, que se realiza del 27 al 28 de julio en Cartagena de las Indias, Colombia y tiene como objetivo reunir líderes de la región para definir la estructura de gobernanza de la nueva plataforma de cooperación tributaria y acordar las priorizaciones de los temas más apremiantes para la agenda de discusión regional y global; encontrar soluciones sostenibles que den al sistema tributario internacional la estabilidad y flexibilidad deseables para enfrentar el entorno cambiante de negocios y movilidad global.

“Esta primera cumbre regional no hubiera sido posible sin el impulso y los procesos participativos de organizaciones sociales y academia, en diálogo con gobiernos que han sabido escuchar y convocar. Las recomendaciones que estamos entregando son el resultado de procesos de años desde el campo de las luchas sociales y conectan la política fiscal con los derechos humanos, la justicia social y económica, la equidad. Es el final de una primera etapa y el comienzo de un proceso en el que será necesario sostener el impulso. Desde nuestro lugar como CLADE, impulsar políticas fiscales progresivas con el horizonte puesto en el financiamiento suficiente para garantizar el derecho a la educación, en alianza con organizaciones de toda la región, es estratégico”, afirma Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE.

>> Lee el documento completo con las ocho recomendaciones a ministras y ministros de América Latina y el Caribe

Proceso: reforma tributaria para la garantía de derechos

La carta con las recomendaciones presentada a ministras y ministros es resultado de un proceso de construcción colectiva entre movimientos, redes y organizaciones preocupados en establecer un sistema de política fiscal justo en la región para garantizar entre otros derechos, el derecho humano a la educación. 

Bogotá (Colombia) y Ciudad de Panamá (Panamá) fueron las dos ciudades donde se realizaron encuentros, en mayo y junio de este año, respectivamente, para debatir y definir algunas de las principales preocupaciones y necesidades de la sociedad civil en términos de política fiscal.

Según las organizaciones, América Latina y el Caribe es la región con mayor desigualdad de riqueza del planeta, además de presentar altos niveles de pobreza, con más de 80 millones de personas viviendo en situación de pobreza extrema. “A pesar de esto, los países de la región no utilizan todo el potencial de la tributación para abordar estos problemas. Este escenario se contradice con los compromisos de derechos humanos ampliamente asumidos en la región, por fuera de otros complementarios como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, afirman las organizaciones en la carta entregada a las autoridades.

Con justicia fiscal, la región multiplicaría recursos para la educación pública

Uno de los derechos humanos más impactados por la falta de un sistema tributario justo en América Latina y el Caribe es la educación. Según el Informe Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación – Una mirada regional desde América Latina realizado en el marco del proyecto “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: diagnóstico, participación e incidencia desde América Latina y Caribe” liderado por LATINDADD, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe (RJFLAC) y la CLADE, la región gasta 3.8 veces menos por estudiante, ocupando el quinto lugar entre las siete regiones a nivel mundial.

Con justicia fiscal, a partir de la recuperación de los recursos perdidos por prácticas tributarias abusivas, de la incrementación de la recaudación de impuestos progresivos y priorizando los gastos de los presupuestos, es posible multiplicar los recursos disponibles para educación  en la región a corto plazo. 

“Se estima que alrededor de 5.6% del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe se pierde, tanto por la evasión como la elusión fiscal. La recuperación de ese dinero equivaldría al monto comprometido por nuestros países desde la Declaración de Incheon para avanzar en un financiamiento público adecuado de sistemas públicos de educación que garanticen el derecho para todos y todas a lo largo de toda la vida”, afirma Nelsy Lizarazo.