Foto: Felipe Barros/ExLibris/PMI

¿Cómo llevar a cabo las evaluaciones educativas en plena pandemia?

8 de Junio de 2020

La actual crisis sanitaria en América Latina y el Caribe provocada por el COVID-19 ha movilizado estudiantes, docentes, gestoras y gestores de la educación, autoridades, activistas y personas estudiosas del área de la educación para construir acciones y políticas públicas que lleven a reducir al máximo los impactos de la pandemia en la educación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas. 

Durante el proceso de aislamiento social, escuelas fueron cerradas y, muchas y muchos estudiantes tuvieron que recurrir a la Internet para acceder a los contenidos educativos, contexto que terminó por agravar las disparidades sociales, ya que gran parte del estudiantado no cuenta con infraestructura suficiente para lograr aprender mínimamente a la distancia – Internet de calidad, computadora, ambiente propicio para estudios, etc. 

En este escenario, ¿es posible realizar una evaluación educativa justa para todas/os las y los estudiantes? Para empezar a analizar el tema, presentamos dos casos dispares en América Latina y el Caribe: Argentina y Brasil que, a pesar de vecinos, llevan adelante políticas educativas completamente distintas. 

Argentina

Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno argentino, desde la llegada del COVID-19 a su país, ha tomado las más estrictas decisiones para contener el avance del virus: distanciamiento social, apoyo financiero a poblaciones en situación de vulnerabilidad y cierre de instituciones privadas y públicas, como las escuelas, entre otras. 

En el campo educativo, la respuesta a la crisis sanitaria en Argentina fue casi que instantánea. “Como toda emergencia tuvo su momento de caos creativo, de distribución de contenidos y tareas que poco a poco intenta ordenarse, a través de políticas públicas con un Ministerio de Educación activo y articulador de consensos, con las jurisdicciones, organizaciones sociales y sindicales”, dijo Marcela Browne, de la Fundación SES y miembro de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE).

Según la activista, el actual contexto de educación en el hogar, atravesado por las desigualdades, con por lo menos un 50% de niñas y niños en situación de pobreza, con una gran diversidad de realidades educativas y la falta de conectividad y equipos tecnológicos, apunta hacia enormes desafíos. “En este tiempo, hay experiencias educativas interesantísimas, ventanas que se abrieron y es necesario sistematizar y evaluar para seguir aprendiendo. Al mismo tiempo, hay circunstancias muy difíciles donde la prioridad ha sido resolver el derecho a la alimentación, el acceso al agua, entre otros, y las tareas escolares aún no llegaron o no se les pudo dar respuesta”, afirmó Marcela Browne. 

«Celebramos que el Consejo Federal de Educación haya decidido no transitar y sí poner el foco en el restablecimiento y fortalecimiento del vínculo entre los/as educadores y los/as estudiantes como andamiajes indispensables para el fortalecimiento del proceso de aprendizajes»

En este sentido, seguir con el mismo proceso de evaluación educativa y acreditación de contenidos, como si no hubiera pandemia, podría agudizar aún más las desigualdades educativas que afectan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Por ello, el Consejo Federal de Educación de Argentina decidió en mayo, de forma unánime, que en el territorio nacional en este contexto de excepcionalidad, la evaluación será de carácter formativo y tendrá por propósito retroalimentar el proceso de aprendizaje, adaptar contenidos y hacer devoluciones orientativas a las y los estudiantes y a las familias.

De esta manera, la evaluación de estudiantes en este período se centrará en el acompañamiento, seguimiento, registro y devolución a familias y estudiantes del proceso.

“La posibilidad de evaluación y acreditación de contenidos sería un camino de profundización de la exclusión educativa. Celebramos que el Consejo Federal de Educación haya decidido no transitar y sí poner el foco en el restablecimiento y fortalecimiento del vínculo entre los/as educadores y los/as estudiantes como andamiajes indispensables para el fortalecimiento del proceso de aprendizajes”, añadió la integrante de la CADE.


Brasil

El gobierno brasileño, por otro lado, se ha negado a seguir las recomendaciones de la OMS, como el aislamiento social para contener la crisis sanitaria. “En un momento en que Brasil es reconocido como el principal foco de la pandemia en América Latina y el Caribe, el gobierno asume una postura burlesca ante la gravedad de la situación, y a la vez irresponsable y violenta, en el sentido de que estimula conflictos sociales y la polarización política, y defiende que la población se arme, contribuyendo a profundizar los impactos negativos del COVID-19 y a agravar la inestabilidad política, social, sanitaria y económica en la que el país se encuentra”, afirmó la CLADE en nota publicada la semana pasada.

Esta política negacionista no fue diferente en términos de educación: el gobierno brasileño se niega a hacer cualquier tipo de cambio en relación a las evaluaciones educativas, ya que desde el principio de la crisis sanitaria en el país, ha defendido la reapertura de las escuelas y universidades, en un escenario de graves riesgos de contagio por el COVID-19 y ante un recorte de 19.8 mil millones de reales (3.62 mil millones de dólares) en el presupuesto de la educación para el 2020.

“Someter todos estos y estas jóvenes, en situación de excepcional desigualdad de oportunidades, a un mismo examen para acceder a la Educación Superior es injusto e inconstitucional”

Hubo fuerte presión de organizaciones, redes y movimientos sociales, entre ellos la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE), exigiendo al Ministerio de Educación la suspensión del calendario previsto para el Examen Nacional de la Secundaria (Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM), la evaluación educativa más relevante para la etapa secundaria en el país, cuya realización permite que las y los estudiantes puedan ingresar a la universidad pública. El Congreso Nacional de Brasil también se manifestó a favor de la suspensión de la prueba. Solo después de estas expresiones de la población y del parlamento, el gobierno decidió posponer la realización de la evaluación, que estaba prevista para noviembre. 

“Someter todos estos y estas jóvenes, en situación de excepcional desigualdad de oportunidades, a un mismo examen para acceder a la Educación Superior es injusto e inconstitucional”, manifestó la CNDE en entrevista al periódico O Globo

La Campaña, al lado de otros movimientos y organizaciones que defienden el derecho a la educación pública en el país, luchan para que el examen nacional se suspenda de manera definitiva. 

“No basta que el gobierno federal imponga una nueva fecha simplemente para disminuir el debate alrededor del tema. Por lo contrario, el diálogo con las Secretarías de Educación, consejos, entidades de clase, representaciones estudiantiles, municipales y estaduales, y organizaciones y movimientos de la sociedad civil es una medida que se impone en un escenario de incertidumbre generalizada y que es exigida por la Constitución Federal”, afirman la CNDE y otras organizaciones en demanda al Tribunal Regional Federal por la suspensión del ENEM.


#ParaQueTodosVean La foto muestra varios pupitres y sillas de madera de color blanco con los bordes gastados que dejan ver el color de una madera oscura. En el extremo inferior izquierdo, sobre un fondo verde claro, se ve el logotipo de la CLADE, que es un círculo naranja, dentro del cual personas dibujadas en color blanco se dan las manos. Al lado del logotipo, sobre el mismo fondo verde, está el texto blanco que dice: “Honduras: guía presenta recomendaciones para la garantía del derecho a la educación en tiempos de Covid-19”. En el extremo inferior derecho están los créditos de autoría de la foto, con el texto: “Foto: Public Domain Pictures.net”. Fin de la descripción.
Foto: Public Domain Pictures.net

Honduras: Guía presenta recomendaciones para la garantía del derecho a la educación en tiempos de COVID-19

2 de Junio de 2020

“Consideraciones para el análisis de contexto educativo frente al COVID-19” es el título de un documento elaborado por el Foro Dakar Honduras, que presenta análisis sobre el sistema educativo del país en tiempos de pandemia. 

La guía aborda elementos, como la reapertura presencial o no de los centros educativos hondureños a corto, mediano y largo plazo, y reúne algunas recomendaciones al gobierno nacional, para que la educación se garantice como un derecho humano de todas las personas, pese a la coyuntura de crisis. 

“La pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia la fragilidad y carencia de distintos servicios en los centros educativos y en las comunidades, lo que viene a impactar de forma no halagadora en aspectos que ya eran frágiles como el acceso, la calidad, la inclución, la retención escolar, el aprendizaje; tomemos la oportunidad que ofrece el COVID-19 para el cierre presencial temporal del sistema para trabajar en la transformación total del sistema educativo”, afirma el documento. 

>> Guía completa 


Foto: Campanha Nacional pelo Direito à Educação

CLADE: repudio a las actuales políticas del gobierno brasileño ante la pandemia COVID-19

27 de Mayo de 2020

Ante el crecimiento rápido del número de contagios y muertes por la pandemia COVID-19 en Brasil y la negligencia pública de la presidencia del país respecto a la gravedad de la crisis sanitaria, la CLADE divulga hoy, 26 de mayo, un posicionamiento público en solidaridad y apoyo a la sociedad brasileña.

“(…) En un momento en que Brasil es reconocido como principal foco de la pandemia en América Latina y el Caribe, el gobierno asume una postura burlesca ante la gravedad de la situación, y a la vez irresponsable y violenta, en el sentido de que estimula conflictos sociales y la polarización política, y defiende que la población se arme, contribuyendo a profundizar los impactos negativos del COVID-19 y a agravar la inestabilidad política, social, sanitaria y económica en la que el país se encuentra. Lamentamos la absoluta ausencia de duelo por parte de la máxima autoridad del país, ante las más de veinte y una mil muertes que el país registra y extendemos todo nuestro sentimiento a las víctimas, sus familias y entes queridos, y a todo el pueblo brasileño”, afirma la nota.

El comunicado también subraya los problemas que la educación brasileña enfrenta en este contexto de crisis sanitaria y política. “El presidente ha defendido la reapertura de las escuelas y universidades, en un escenario de graves riesgos de contagio por el COVID-19 y ante un recorte de 19.8 mil millones de reales (3.62 mil millones de dólares) en el presupuesto de la educación para el 2020”.

A través del posicionamiento, la CLADE se suma a la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, estudiantes, docentes y otros sectores movilizados del país, que cobran medidas serias del gobierno nacional para la superación del actual contexto de crisis y por la inversión de los recursos necesarios en salud, educación y otros derechos sociales.

>> Nota de la CLADE completa.


Dos adolescentes protestando en São Paulo, con la palabra
Romerito Pontes

CLADE apoya decisión judicial que suspende recortes al presupuesto educativo en Ecuador

22 de Mayo de 2020

“La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), red plural de organizaciones y redes de la sociedad civil que defiende el derecho humano a la educación pública, laica, inclusiva, gratuita, transformadora y a lo largo de la vida, como responsabilidad de los Estados, quiere con este comunicado expresar su respaldo a la reciente decisión de la Corte Constitucional del Ecuador que determina la suspensión del recorte presupuestario a la educación en el país”, afirma la CLADE en nota publicada hoy, 22 de mayo. 

El comunicado respalda las demandas y la movilización de organizaciones, redes y movimientos sociales ecuatorianos, entre ellos el Contrato Social por la Educación (CSE), ante las medidas económicas del gobierno nacional que han generado la precarización de la educación, como la reducción de más de 98 millones de dólares del presupuesto destinado a las universidades. Tras reciente medida cautelar en respuesta a demandas presentadas por la sociedad civil, la Corte Constitucional de Ecuador suspendió este recorte al presupuesto de la educación universitaria en el país. 

En apoyo a posicionamiento que el CSE divulgó esta semana, la CLADE también solicita a la Corte que falle de manera definitiva a favor de la suspensión del recorte de financiamiento educativo. “Nos sumamos a las voces de otros sectores de la sociedad ecuatoriana y de movimientos y organizaciones de la sociedad civil de toda la región de América Latina y el Caribe, para instar a la Corte Constitucional para que adopte una sentencia definitiva por la suspensión del recorte presupuestario para la educación en Ecuador”, afirma la CLADE.

>> Comunicado de la CLADE completo


Foto: Facebook TeleAmazonas

Ecuador: Contrato Social por la Educación respalda decisión judicial que suspende el recorte de financiamiento para la educación superior

18 de Mayo de 2020

Tras la medida cautelar de la Corte Constitucional de Ecuador, que deja sin efecto la reducción de más de 98 millones de dólares del presupuesto destinado a las universidades y que obliga al Ministerio de Economía y Finanzas a abstenerse de hacer modificaciones que puedan tener un impacto negativo en las instituciones de educación superior del país, el Contrato Social por la Educación (CSE) divulgó una nota pública, en la que respalda la decisión y exhorta a la Corte para que falle de manera definitiva contra el recorte presupuestario por el gobierno.

“Consideramos crucial esta decisión porque respalda las voces de protesta de diferentes sectores frente a las medidas económicas y el inminente riesgo que estas conllevan para las universidades: despido y precarización del trabajo docente, masificación estudiantil, deterioro de la calidad educativa e investigación, supresión de becas, suspensión de carreras, entre otros”, dice la nota.

Según informaciones de la Agencia Pressenza, el recorte de casi 100 millones de dólares afectaría a 31 universidades públicas y un organismo del sistema de educación superior del país. Pressenza también informa que las medidas cautelares de la Corte Constitucional del Ecuador responden a una acción de incumplimiento interpuesta por el colectivo Acción Jurídica Popular y disponen al Ministerio de Economía y Finanzas, así como a las autoridades de la función ejecutiva pertinentes, que suspendan y se abstengan de realizar modificaciones presupuestarias que puedan tener un impacto negativo en el presupuesto de las instituciones de educación superior. Adicionalmente, la Corte detuvo los efectos de la Circular Nro. MEF-VGF-2020-0003-C, emitida por el Ministerio de Economía, en relación a los presupuestos de las instituciones de educación superior. 

En las próximas semanas, la Corte Constitucional analizará los argumentos de fondo y determinará si, en efecto, ha habido incumplimiento a los parámetros constitucionales que deben regir lo referido al presupuesto para la educación en estado de excepción. La Corte también deberá decidir sobre otras causas pendientes de resolución por el mismo tema, entre ellas una acción por incumplimiento interpuesta por varias universidades.

“Es indispensable que organizaciones sociales, movimientos, estudiantes y docentes mantengan activas las formas de exigibilidad social y también la recopilación de información y envío de escritos de amicus curiae a la Corte Constitucional. Todos estos elementos serán de utilidad para que este órgano jurisdiccional adopte la decisión más favorable en la protección del derecho a la educación”, afirma el artículo publicado por Agencia Pressenza.

Educación básica y regular

Para el Contrato Social por la Educación, el recorte de financiamiento a las universidades es parte de una serie de acciones que han afectado la educación regular y básica en el país, así como el bachillerato de Educador, generando despidos de docentes con contratos ocasionales, disminución de dos categorías en el escalafón y baja de sueldos, recortes en los niveles preescolares y ajustes en programas emblemáticos de educación de personas adultas. 

“Reiteramos la premisa de que el Estado es el garante del derecho a la educación y tiene la obligación de protegerla en todos sus niveles. Sin embargo, el sistema educativo desde inicial, básica y bachillerato está debilitado por la situación actual del país y las decisiones económicas adoptadas”, subrayó el CSE en su nota.

Lee a continuación el posicionamiento completo:

Respaldo a la decisión de la Corte Constitucional

La educación es un derecho humano fundamental que promueve el ejercicio de otros derechos. Es un bien público y estratégico que se debe proteger y potenciar.

Como Contrato Social por la Educación respaldamos la decisión de la Corte Constitucional del Ecuador de suspender el recorte presupuestario a las universidades y la disposición al Ministerio de Economía y Finanzas de abstenerse de hacer modificaciones que puedan tener un impacto negativo en las instituciones de educación superior.

Consideramos crucial esta decisión porque respalda las voces de protesta de diferentes sectores frente a las medidas económicas y el inminente riesgo que estas conllevan para las universidades: despido y precarización del trabajo docente, masificación estudiantil, deterioro de la calidad educativa e investigación, supresión de becas, suspensión de carreras, entre otras.

Reiteramos la premisa de que el Estado es el garante del derecho a la educación y tiene la obligación de protegerla en todos sus niveles. Sin embargo, el sistema educativo desde inicial, básica y bachillerato está debilitado por la situación actual del país y las decisiones económicas adoptadas.  

Afectación a programas de alfabetización, despidos de docentes con contratos ocasionales, recortes en los niveles preescolares, ajustes en programas de educación de adultos son algunas de las consecuencias. 

Exhortamos a la Corte Constitucional por una sentencia definitiva frente al recorte presupuestario y a las autoridades de gobierno que canalicen esfuerzos que protejan y garanticen el derecho a la educación como herramienta de desarrollo.

Quito, mayo de 2020


A imagem é uma fotografia ao meio de duas faixas pretas, localizadas nas partes superior e inferior da imagem. Na foto, aparece o rosto de uma mulher negra de cabelos presos. Ela usa óculos escuros e segura um cartaz branco com bordas vermelhas, no qual se lê a mensagem: “Diga não! Ao corte na educação”. Abaixo da foto, sobre a faixa preta inferior, está o crédito de autoria da foto: Campanha Nacional pelo Direito à Educação (CNDE). Fim da descrição.
Foto: Campanha Nacional pelo Direito à Educação (CNDE)

Brasil: Financiamiento de la educación no puede poner en riesgo a otros programas esenciales

“En este momento de pandemia COVID-19, en que las desigualdades sociales y educacionales tienden a profundizarse, la respuesta de aquellos y aquellas que están verdaderamente comprometidos con el derecho a la educación debe ser la aprobación de un Fundeb [Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y Valoración de los Profesionales de Educación] robusto, con la constitucionalización de parámetros que garantizan la calidad y con inversión adecuada para tal fin, sin que para eso se utilicen fuentes de recursos que ponen en riesgo a otros programas esenciales, y sin la permisibilidad con mecanismos de evaluación y distribución de recursos que solo presionen por más disparidades socioeconómicas y educativas”, afirmó la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil en su posicionamiento público divulgado el último martes, 12 de mayo. 

Respecto a la votación de la propuesta legislativa para el nuevo Fundeb, que será llevada a cabo en el Congreso Nacional, la Campaña manifiesta la necesidad de realizar cambios en el texto actual del proyecto, pues de aprobarse como está se podrían generar impactos drásticos en la financiación de la educación básica, en especial en lo que toca a los programas sociales que son todavía más esenciales en el momento de crisis que vivimos por la pandemia COVID-19. 

>> Lee el texto completo en portugués: “O Fundeb em novo cenário: a pandemia da COVID-19”


Foto de la marcha de estudiantes en Colombia, con un cartel amarillo en el cual se lee
Infobae

CIES 2020: Ninguno de los países latinoamericanos y caribeños prohíbe categóricamente el incentivo público al lucro en la educación

12 de Mayo de 2020

Chile, Haití y Paraguay son los tres países de América Latina y el Caribe que poseen legislaciones claramente inductoras a la generación del lucro y a la privatización en y desde la educación. A su vez, Argentina, Brasil, Colombia, Honduras, México y Perú poseen legislaciones permisivas al lucro en la educación. Estos son algunos de los hallazgos preliminares del estudio “Lucro y educación en los marcos legales de América Latina y el Caribe”, que la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) está realizando. 

Algunas de las conclusiones de la investigación fueron presentadas por Teise Garcia, del Grupo de Estudios e Investigaciones en Política Educativa (GREPPE) de Brasil, durante el panel virtual “La comercialización y el lucro en y desde la educación: Perspectivas globales y regionales de América Latina y el Caribe”. El debate se realizó en el marco del CIES 2020, el 15 de abril. 

“En ninguno de los países [entre los Estados de la región que son analizados en el estudio] encontramos una prohibición completa, que impida el incentivo público al lucro en la educación de manera categórica. Solamente Argentina merece un destaque, pues prohíbe acuerdos bilaterales y multilaterales relacionados a la obtención de lucro”, afirmó Teise García.

Al lado de la investigadora, participaron en el panel: David Archer, de ActionAid International; y Cecilia Gómez, de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE). Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE, y Toni Verger, de la Universidad Autónoma de Barcelona, se hicieron cargo, respectivamente, del debate y de la moderación.

Organizado por la CLADE, el panel tuvo el objetivo de impulsar reflexiones y diálogos sobre los procesos de privatización y lucro en la educación de la región, así como sus impactos negativos en la realización de la educación como un derecho humano de todas las personas.  

Mira la grabación del diálogo:


Falta de financiamiento y generación de la pobreza

Para David Archer, de ActionAid, la ascensión de la comercialización y del lucro en la educación se debe fundamentalmente a la falta de financiamiento público para este derecho, problema en cual, desde su perspectiva educadoras/es, activistas y gestoras/es deberían enfocarse.

“La cobertura educativa pública insuficiente, combinada con un déficit estructural y creciente en el financiamiento de la educación pública, ha abierto camino para el surgimiento y la consolidación de un mercado de educación privada con fines de lucro, que se presenta cada vez más como norma en la región”, afirmó. 

Añadió que la falta de financiamiento adecuado para el derecho a la educación se debe, en gran parte de los casos, a la deuda externa de los países y a la ausencia de justicia tributaria. “Hay una nueva crisis de la deuda externa. En este momento, hay 60 países que destinan más de 12% de su Producto Interno Bruto (PIB) al pago de la deuda externa. Eso significa que el pago de la deuda es más grande que el financiamiento de la educación y la salud, lo que representa un absurdo en este contexto de la crisis del COVID-19 que enfrentamos”, señaló. 

Según Cecilia Gómez, la falta de financiación de derechos por los Estados y, consecuentemente, la privatización de los servicios públicos, generan pobreza. “Considero que este modelo neoliberal que en nuestros países se traduce en privatización – del agua, de la energía, de la educación, etc. – lo que genera es un incremento impresionante de la pobreza, un empobrecimiento de la gente que ya era pobre y se ha convertido en casi miserable”. 


Foto: Campanha Nacional pelo Direito à Educação

ONU denuncia gobierno brasileño por irresponsabilidad durante la pandemia COVID-19

5 de Mayo de 2020

En comunicado reciente, relatoras/es de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunciaron el gobierno brasileño por realizar “políticas irresponsables” durante la pandemia COVID-19. Para las autoridades, el país debería abandonar inmediatamente políticas de austeridad económica mal orientadas, que ponen en riesgo a las vidas. Recomiendan también que el Estado aumente los gastos en el combate a la desigualdad y la pobreza que se vienen profundizando con la pandemia. 

La nota fue divulgada después que organizaciones brasileñas denunciaron a la ONU la postura del presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien ha ignorado las recomendaciones de cuidado con la vida y la salud de las poblaciones, emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Los recortes de financiamiento gubernamentales violaron los parámetros internacionales de derechos humanos, incluso en educación, vivienda, alimentación, agua y saneamiento e igualdad de género”, afirmaron relatoras/es especiales de la ONU en el comunicado conjunto. Firmaron la declaración: Léo Heller, relator sobre el derecho humano al agua potable y saneamiento; Hilal Elver, relator sobre el derecho a la alimentación; Leilani Farha, relatora sobre el derecho a la vivienda adecuada; Dainius Pūras, relator sobre el derecho a la salud física y mental; Koumbou Boly Barry, relatora sobre el derecho a la educación; y el Grupo de Trabajo sobre discriminación contra las mujeres y niñas.

La noticia fue publicada por el periodista brasileño Jamil Chade en su columna. De acuerdo al comunicador, esta es la declaración más dura ya presentada por relatoras/es de la ONU contra Brasil, debido a su gestión de la crisis. Así mismo, es de las raras comunicaciones de la Organización dirigidas a un país específico, por su gestión sanitaria.

Para las y los relatoras/es de la ONU, el sistema de salud de Brasil está debilitado y con sobrecarga, lo que pone en riesgo a los derechos a la vida y la salud de millones de brasileñas y brasileños. “Es hora de revocar la Enmienda Constitucional 95 y otras medidas de austeridad contrarias al derecho internacional de los derechos humanos”, afirmaron. Las autoridades denuncian el hecho de que el gobierno brasileño ha priorizado la economía sobre la vida de las personas. “En el 2018, pedimos a Brasil que reconsiderase su programa de austeridad económica y pusiera a los derechos humanos en el centro de sus políticas económicas”, afirmaron. “También expresamos preocupaciones específicas sobre los más vulnerables, particularmente mujeres, niñas y niños que viven en situación de pobreza, afrodescendientes, poblaciones rurales y personas que habitan viviendas informales”, señalaron también.


Enmienda Constitucional 95 y el COVID-19 

Al lado de otras medidas económicas regresivas llevadas a cabo por el gobierno del ex presidente de Brasil, Michel Temer, la Enmienda Constitucional 95 (EC 95) de 2016 estableció un nuevo régimen tributario y determinó que las inversiones públicas en los campos sociales no pueden superar el ajuste por la inflación, durante el período de 20 años. Así, por dos décadas, educación, salud y protección social no recibirán nuevos recursos. 

La Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil y otras entidades y movimientos sociales del país rechazan vehementemente la medida. Al inicio de la crisis sanitaria debido a la pandemia COVID-19, presentaron una demanda ante el Supremo Tribunal Federal (STF), corte máxima del país, por la suspensión inmediata de la EC 95.

La motivación tiene carácter emergencial, ya que la pandemia pone en riesgo al funcionamiento del Sistema Único de Salud (SUS). Así mismo, la suspensión de las clases presenciales en el sistema público de educación, como forma de mitigar la transmisión del virus, acompañada de la interrupción de la oferta de alimentación escolar, ha expuesto niños, niñas y adolescentes de familias con menos ingresos a la miseria y al hambre.


Foto: ONU

COVID-19: Organizaciones internacionales se posicionan ante la pandemia

16 de Abril de 2020

“Cada día, millones de niños y niñas no van a la escuela debido a situaciones de emergencia y crisis humanitarias en curso. El brote del COVID-19 ha agravado la difícil situación de estudiantes en los países afectados o emergentes de conflictos y desastres”, afirma en nota la Campaña Mundial por la Educación (CME). 

Reconociendo como necesaria la decisión de la salud pública de cerrar las escuelas en el actual contexto, la Campaña también defiende el desarrollo de planes de contingencia para garantizar el derecho a la educación incluso en tiempos de crisis. “Todas y todos las/os estudiantes, sin importar dónde vivan y las circunstancias, tienen derecho a la educación. La educación es un derecho esencial para niños, niñas, jóvenes y personas adultas en situación de emergencia, y debe ser una prioridad desde el principio de cualquier y todas las respuestas de emergencia”, subraya el posicionamiento.

En otra nota pública, la CME destaca el rol de la sociedad civil organizada, la comunidad educativa y de sus miembros para diseñar soluciones para la crisis actual. Según la Campaña, esta es una oportunidad para reafirmar el papel fundamental que las organizaciones de la sociedad civil deben desempeñar para superar y responder a situaciones de emergencia. 

“Necesitamos asegurarnos de que la educación en situaciones de emergencia se tome en serio a nivel mundial, y que los nuevos escenarios y planes de contingencia estén a la altura del desafío”, dice la nota. 

Más recientemente, redes y organizaciones que defienden el derecho a la educación en todo el mundo y forman parte en la CME, entre ellas la CLADE, hicieron un llamado para que las respuestas de los gobiernos a la pandemia sean equitativas, inclusivas y basadas en los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.


Educadoras y educadores piden solidaridad mundial

El Consejo Ejecutivo de la Internacional de la Educación (IE) adoptó una resolución, en la que se esbozan las principales demandas de los educadores y las educadoras de todo el mundo, a los gobiernos e instituciones internacionales que se ocupan de la pandemia COVID-19.

“Pedimos a los gobiernos que hagan un esfuerzo extraordinario para proteger la salud y el bienestar de todas las personas y los grupos vulnerables de la población, entre ellos, las personas mayores, los refugiados, los migrantes, los pobres, los más desfavorecidos, las personas con discapacidad, las mujeres, sobre todo la que sean cuidadoras o víctimas de violencia de género, los pueblos indígenas, y otras personas excluidas”, afirma IE en la resolución. 

>> Lee la resolución completa aquí

>> Centro de información de la IE para docentes y sus sindicatos durante la crisis de COVID-19: entérate de lo que otros sindicatos están haciendo e inspírate

>> Monitoreo del COVID-19 por la Internacional de la Educación y otras noticias

>> Los cambios que la pandemia de Covid-19 producirá en la educación dependen de la atención que se ponga en las respuestas educativas”, por Fernando M. Reimers

>> “Teletrabajo docente”, por Miguel Duhalde


Salud de niñas y niños

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el UNICEF anunciaron un acuerdo para trabajar juntos en respuesta a la pandemia COVID-19, a través del Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19, creado para apoyar el Plan Estratégico de Preparación y Respuesta de la OMS. Según el acuerdo, una parte inicial de los recursos del Fondo – que actualmente ultrapasa los US$ 127 millones – será destinada a UNICEF para el trabajo con niñas y niños en comunidades vulnerables de todo el mundo.

El dinero será usado para entrenar y equipar comunidades y profesionales de la salud para prevenir, detectar y tratar casos de COVID-19. Así mismo, apoyará los países a expandir sus capacidades de asistencia a la salud y a mitigar el impacto social de la pandemia, especialmente en mujeres, niños, niñas y grupos vulnerables, promocionando el desarrollo de investigaciones sobre tratamientos y vacunas. 


Contra las fakenews

Para contrarrestar la difusión de noticias y datos falsos sobre el nuevo coronavirus, y de esa manera evitar la desinformación y posible desprotección, desde mediados de marzo, UNICEF pone a la disposición una página web con las informaciones confirmadas sobre la pandemia. 

“UNICEF está trabajando a contrarreloj con expertos en salud de todo el mundo para proporcionar información rigurosa. La información de la que puedes fiarte es la que se basa en las pruebas científicas más recientes. Seguiremos compartiendo las últimas noticias, artículos de referencia para padres y profesores y recursos para los medios de comunicación tan pronto como haya información nueva disponible, así que permanece atento para estar informado de las mejores formas de protegerte a ti mismo y a tu familia”, afirma el organismo de la ONU en su plataforma. 

Así mismo, UNICEF, junto a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), y a la OMS, publicó una guía con directrices para la protección de niños, niñas y escuelas contra la transmisión del COVID-19. 

La publicación presenta consideraciones fundamentales y listas de control prácticas para mantener las escuelas seguras. También presta asesoramiento a las autoridades nacionales y locales sobre cómo adaptar y aplicar planes de emergencia en las instalaciones educativas.


CEPAL: Observatorio sobre COVID-19

Para apoyar el seguimiento y monitoreo del progreso de la pandemia en la región a mediano y largo plazo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) pone a la disposición el Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe – Impacto económico y social

La plataforma recopila y ofrece información, tanto sobre las políticas públicas que los 33 países de la región latinoamericana y caribeña están tomando para limitar el impacto de la pandemia, como respecto a análisis de los impactos económicos y sociales que éstas tienen a nivel nacional y sectorial. Son videos, presentaciones, gráficos, noticias y publicaciones que analizan e informan la situación sobre la coyuntura, escenarios y proyecciones hacia 2030.


Mitigación de los impactos del cierre de escuelas

La mayoría de los gobiernos de todo el mundo ha cerrado temporalmente las instituciones educativas en un intento de contener la propagación del COVID-19. Estos cierres a nivel nacional están afectando a más del 91% de la población estudiantil del mundo. Varios otros países han implementado cierres localizados que impactan a millones de estudiantes adicionales.

UNESCO está apoyando a los países en sus esfuerzos por mitigar el impacto inmediato del cierre de escuelas, particularmente para las comunidades más vulnerables y desfavorecidas, y en facilitar la continuidad de la educación a través del aprendizaje remoto. 

Para ello, la organización creó una página web con recursos pedagógicos, datos sobre el COVID-19 en relación a estudiantes y el cierre de las escuelas, así como enlaces con informaciones sobre la educación en cada país. 

Lee también: Según UNESCO y UNICEF, la educación debe continuar durante la pandemia COVID-19

En el ámbito latinoamericano, UNESCO ha publicado datos, noticias y recursos pedagógicos en su página regional. 

A su vez, la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE) ha creado una colección de datos, informaciones y recursos para apoyar a los servicios educativos en lugares afectados por el COVID-19. Se trata de herramientas y una serie de blogs y seminarios web para entregar apoyo técnico y práctico a quienes están trabajando en este contexto. Lee más. 

El Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina de UNESCO también presenta una sistematización de respuestas de los sistemas educativos de América Latina a la crisis del COVID-19.


Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y OCDE también se pronuncian

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señaló que el COVID-19 pone a prueba a sociedades, gobiernos, comunidades y ciudadanía. “Este es el momento de ejercer la solidaridad y la cooperación para hacer frente al virus y atenuar las repercusiones, a veces involuntarias, de las medidas adoptadas para frenar su propagación”, afirmó. 

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró que es esencial que los gobiernos tomen medidas para detener la difusión del coronavirus COVID-19 y también que emprendan otras iniciativas para reducir la posible repercusión negativa que esas medidas podrían tener sobre la vida de las personas.   

“El COVID-19 pone a prueba a nuestras sociedades y todos aprendemos y nos adaptamos a medida que respondemos al virus. Pero es preciso que la dignidad y los derechos humanos sean los pilares fundamentales de ese esfuerzo y no una consideración accesoria”, agregó Bachelet.

>> En esta página, encontrarás otros pronunciamientos, comunicados de prensa y recursos ofrecidos por el Alto Comisionado, sobre la crisis del COVID-19

A su vez, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en alianza con Global Education Innovation Initiative, divulgó un informe con el objetivo de apoyar la toma de decisiones en el sector educativo, en el sentido de desarrollar e implementar respuestas efectivas de la educación para la pandemia COVID-19. 

El documento explica por qué las medidas de aislamiento social necesarias provocarán la interrupción de las clases por varios meses, con graves impactos para el aprendizaje de estudiantes, y propone que líderes de los sistemas y organizaciones del campo educativo desarrollen planes para la continuidad de la educación a partir de modalidades alternativas. 

>> Informe completo (disponible en portugués).


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Miembros de la CLADE actúan para enfrentar los impactos del COVID-19 en la educación

Recomendaciones y medidas para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, recursos didácticos para que sean utilizados durante la suspensión de las clases y círculos de diálogos para reflexionar sobre los desafíos que se presentan y cómo enfrentarlos, son algunas de las contribuciones de miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) frente a los impactos del COVID-19 en diferentes países.

Lee más sobre estas acciones a continuación:

Argentina

La Fundación Voz, miembro de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), reunió materiales didácticos, con la sugerencia de que sean utilizados durante la suspensión de clases presenciales en el sistema educativo. 

“Por ser una problemática que ha sucedido en diferentes lugares del mundo, hay ya experiencias y materiales desarrollados, que pueden servir de ejemplo, aportar ideas, transformarse en recursos que pueden ser utilizados con provecho”, afirman las organizadoras y organizadores del material. 

La colección de recursos es colaborativa y fue armada a partir del envío de informaciones útiles por educadoras y educadores. Accede al contenido aquí. 

Otros aportes de la CADE y de sus miembros al enfrentamiento y a la superación de los impactos de la pandemia: 

>> COVID-19 en Argentina: Campaña se moviliza para defender la educación ante la pandemia

>> Análisis sobre la pandemia y las clases virtuales, por Alberto Croce, coordinador de la CADE. 


Brasil

La Campaña Nacional por el Derecho a la Educación (CNDE) lanzó una colección de guías sobre la educación y protección de niñas, niños y adolescentes, en el contexto de la pandemia. El objetivo es ofrecer informaciones comprobadas, fiables y accesibles sobre cómo los ciudadanos y las ciudadanas del campo educativo pueden actuar, cobrar y trabajar por la protección de todas y todos de manera colaborativa. Una de las guías se dirige a autoridades y profesionales del sector público, con recomendaciones para que garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de emergencia. 

>> Accede aquí a un resumen de las guías en español.

La CNDE también realiza diálogos virtuales sobre los efectos de la pandemia en la educación nacional y formas de enfrentarlos. Estos encuentros se transmiten a través de la página de la Campaña en el Facebook, donde también están disponibles las grabaciones de los eventos.

>> A continuación, puedes descargar todas las guías de la colección (disponibles en portugués):

Guia 1 – Educação e Proteção de crianças e adolescentes – Comunidade escolar, família e profissionais da educação e proteção da criança e do adolescente

Guia 2 – Educação e Proteção de crianças e adolescentes – Tomadores de decisão do poder público em todas as esferas federativas

Guia 3 – Educação a Distância: Informe-se e saiba como agir, cobrar, e trabalhar pela educação de todos de maneira colaborativa

Guia 4 – COVID-19: Boas Práticas em Proteção

Guia 5 – COVID-19: Alimentação Escolar


México

Con la iniciativa “Aprendizaje, Reflexión y Propuesta” (ARP), la Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM) está reuniendo las voces de maestras, maestros, activistas y estudiantes sobre sus estrategias para hacer frente a los retos del momento, entre ellos dar clases en línea ante la precariedad en algunos sectores del país. 

La Campaña participa activamente en los diálogos de cara a la construcción del Foro Social Mundial y, en alianza con la iniciativa Acciones de Difusión de Análisis Alternativos en Relación al COVID, hace reflexiones y propuestas sobre la educación ciudadana y aspectos relevantes que se relacionan con este derecho, como: las implicaciones del aprendizaje en casa, la importancia de las y los docentes y el silencio pedagógico, entre otros. 

>> Lee más: análisis de Jesús Juárez, coordinador de la CADEM


Perú

En una publicación sobre la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes frente al impacto del COVID-19 en el Perú, el  Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, en el cual forma parte la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE), señala medidas prioritarias que deberían ser implementadas por el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales, con enfoques de ciclo de vida, inclusión, interculturalidad, género y adaptabilidad para el ámbito rural y los pueblos originarios. 

>> Recomendaciones para proteger a la niñez frente al impacto del coronavirus


Fe y Alegría: acción en diferentes países para mitigar los impactos de la pandemia

En su página en Instagram y a través de dos ediciones de su boletín de noticias, Fe y Alegría da a conocer las acciones que sus asociados están realizando en diferentes países de América Latina y el Caribe, para contribuir con la mitigación de los efectos negativosdel COVID-19 en la educación y los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por ejemplo, en Ecuador, Fe y Alegría está participando en la campaña «Dar una mano sin dar la mano», una iniciativa de donación de alimentos a familias, con subempleo y de labores informales, que tienen más dificultades para sobrellevar la cuarentena. Así mismo, se realiza en el país una campaña a nivel local con jóvenes, para dialogar y plantear medidas sobre temas cómo: lo que significa quedarse en casa para familias empobrecidas y el uso del agua.

Ya en Uruguay, las escuelas y los centros de educación no formal están cerrados y los equipos se turnan en guardias para atender necesidades de alimentación, acompañamiento y apoyo en situaciones de violencia que se agudizan por el encierro.

En Argentina, Venezuela, Perú y República Dominicana, se están impartiendo reflexiones, informaciones, clases y orientaciones académicas a través de Internet. En el caso de Perú, inclusive, se ha creado un grupo whatsapp con directores, directoras, promotores y promotoras de las escuelas, para hacer más fluida la comunicación. A través de este medio se comparte información de todo tipo: normativas de emergencia que el gobierno saca diariamente; iniciativas de las escuelas para afrontar la cuarentena y ejercicios pedagógicos. Todo esto lo convierten en formatos audiovisuales y los comparten.

Lee más:

>> Boletín #SomosFeyAlegria sobre COVID-19 – primera edición

>> Boletín #SomosFeyAlegria sobre COVID-19 – segunda edición