
La justicia social solo será posible con un sistema fiscal adecuado
13 de marzo de 2023El avance del derecho a la educación y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el número cuatro, referido a la educación global, demandan una ampliación de recursos destinados a los sistemas públicos educativos cuya consecución puede encaminarse con acciones y medidas creciente de la base impositiva en la región.
Con miras a profundizar los mecanismos de aporte que puede trazar la justicia fiscal al ejercicio de los derechos humanos en la región se comparte el Informe Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación – Una mirada regional desde América Latina realizado en el marco del proyecto “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: diagnóstico, participación e incidencia desde América Latina y Caribe” liderado por LATINDADD, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe (RJFLAC) y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE).
Con el objetivo de visibilizar la agenda conjunta de convergencia entre justicia fiscal y el derecho a la educación se realizó el foro público virtual “Justicia fiscal para financiar una educación pública transformadora”.
Importancia de la educación como inversión social
La mirada estratégica de la educación como inversión social y no como gasto implica asumir un compromiso con el enfoque de derechos que ponen a los Estados en cuestionamiento por evidenciar las prioridades presupuestarias, y proponer la revisión del proceso de recaudación tributaria, incentivos, deducciones y exenciones. La correlación de fuerzas políticas y su gestión expone diversas preguntas desde la sociedad civil ¿Cuánto se destina a la educación? ¿Qué proporciones se mantienen entre gastos de seguridad y militar frente a la educación y/o la salud? ¿Cómo se definen las prioridades presupuestarias? ¿Qué porcentajes aumentan del endeudamiento público?, entre otras.
La justicia fiscal y la ampliación de la base impositiva son mecanismos para que los Estados establezcan mayor protección y políticas públicas con enfoque de derechos humanos, pudiendo ser el camino para garantizar mayores recursos para los sistemas públicos educativos, afirmó en las palabras de apertura, Luis Moreno coordinador del área de Justicia Fiscal de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social Latindadd y presidente de la Alianza Global por la Justicia Fiscal (en inglés Global Alliance for Tax Justice).
Durante el foro se mantuvo la idea fuerza que la justicia fiscal viabiliza la posibilidad de recuperación de los recursos perdidos por prácticas tributarias abusivas, y que la medida de incrementar la recaudación de impuestos progresivos así como priorizar los gastos de los presupuestos permitiría a la región multiplicar los recursos disponibles para educación a corto plazo.
Relación virtuosa: derecho humano a la educación y justicia fiscal
El investigador y consultor, Alejandro Mencías señaló durante la presentación del informe, la importancia de “la relación bidireccional virtuosa entre justicia fiscal y derecho humano a la educación” ya que se despliegan a nivel regional posibilidades de fuentes de ingresos para la educación, por lo cual si se activa la voluntad política pudiera facilitar el financiamiento educativo adecuado para América Latina y el Caribe.
El informe subraya que “las diferencias en el ámbito fiscal entre las regiones con mejores desempeños en lo educativo frente a aquellas en peores condiciones contemplan tres aspectos: un Estado como garante del derecho y proveedor principal del servicio público educativo, sistemas fiscales más justos, y más capacidades y responsabilidad a los diferentes niveles de gobierno. Estas características son compartidas por gran parte del mundo desarrollado, pero son ajenas a la realidad de América Latina y de regiones como África y gran parte del Asia”.
“América Latina gasta 3.8 veces menos por estudiante, ocupando el quinto lugar entre las siete regiones a nivel mundial” según el informe Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación – Una mirada regional desde América Latina, por lo que las organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado para que se destine en promedio al menos el 4.4% del Producto Interno Bruto (PIB) o el 15.6 % del gasto total en educación (UNESCO, 2022).
Los impuestos a bienes y servicios llegan a un 11,2% del Producto Interno Bruto en la región, mientras que los impuestos a la renta y a la propiedad un 6.2% elementos que hacen considerar estos sistemas fiscales como regresivos, es decir, los impuestos recaen sobre la mayoría de la población con gastos corrientes y en condiciones de franca desventaja para quienes concentran ganancias económicas y financieras.
En términos de justicia fiscal debe existir una transformación para que la generación de ingresos provenga de la movilización interna de recursos mediante el recaudo de impuestos de manera progresiva, “lo que significa que quienes más tienen contribuyan más, y que a la vez más personas lo hagan bajo ese principio”.
Más recursos para educación con sistemas fiscales progresivos
La CEPAL en el año 2020 presentó un alerta cuando refirió que en la región un 6.1% del Producto Interno Bruto (PIB) se perdía por evasión o elusión fiscal, y se estima que el 1% se pierde anualmente por el uso de guaridas fiscales. “Entre ambos valores se pierde lo correspondiente al 160% de lo gastado anualmente en educación, valor que podría ser aún mayor, ya que lo contemplado por el abuso de guaridas fiscales corresponde únicamente a lo referido por los intercambios de información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”.
La comprensión del sistema tributario en la región es el primer paso para exigir su transformación con enfoque de justicia social. Actualmente, como se ha señalado, los sistemas fiscales son regresivos e cinsuficientes, ya que la mayor proporción de los ingresos proviene de impuestos indirectos. Como lo explica el informe esto se debe a varias razones, entre ellas: “la alta concentración del ingreso y la riqueza que no tributa; los altos niveles de informalidad del mercado laboral; el uso desmedido de guaridas fiscales; las pérdidas por flujos financieros ilícitos; la falsa facturación; y la evasión y elusión tributaria”. Si bien las estimaciones publicadas sobre evasión fiscal y flujos financieros ilícitos a nivel regional son escasas.
Para la región latinoamericana y caribeña invertir adecuadamente en educación es urgente. Por ello se exhorta a aumentar el control de quienes usan el comercio internacional y las guaridas fiscales para alterar y esconder ingresos y riquezas, a fin de obtener los beneficios sociales requeridos para la población como disponer de inversión de recursos para garantizar el derecho a la educación, fomentar la igualdad de género y el desarrollo social.
En el año 2021, la Red de Justicia Fiscal (en inglés Tax Justice Network) denuncia que a nivel mundial se pierden 483 mil millones de dólares por parte de corporaciones y personas que se valen de paraísos fiscales. El 1.4% de pérdida promedio representa alrededor del 31% del promedio que invierten en educación los países a nivel mundial.
La privatización amenaza la garantía a la educación
Maria Ron Balsera, integrante de la Campaña Mundial por la Educación, realizó comentarios al informe recalcando la importancia de exigir como sociedad civil mayores niveles de compromisos políticos de los Estados con el derecho humano a la educación. La especialista afirmó sobre los impuestos indirectos que son “la otra cara de la moneda de la deuda pública es la justicia fiscal” ya que afectan a la población en situación de pobreza. También señaló que es relevante reconsiderar las referencias establecidas por la OCDE, ya que obedecen a la lógica de los países más ricos, privilegiando a sectores de élite y en consecuencia profundizando las exclusiones y desigualdades. Del mismo modo, problematizar la relación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) con muchas de las políticas de recorte social llevando a cabo en los países de la región, incluso generando condiciones de incentivo a medidas privatizadoras.
La Campaña Mundial por la Educación hace un llamado a la fiscalidad progresiva, esto es aumentar la asignación equitativa y con sensibilidad de género de los presupuestos, aumentar el financiamiento público a educación, aumentar el impuesto de las ganancias de empresas y ampliar la participación ciudadana de iniciativas públicas, desde su concepción, monitoreo y ejecución.
No sólo es importante cuánto se invierte, sino cómo se invierte
Daniela Trucco, Oficial Superior de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la CEPAL compartió comentarios y refirió el informe Educación en tiempos de pandemia: una oportunidad para transformar los sistemas educativos en América Latina y el Caribe, en el cual se hace referencia a que no sólo es importante cuánto se invierte, sino la manera en que se realiza dicha inversión, además de la distribución del gasto público en los distintos niveles educativos.
La mayoría de los recursos educativos se concentran en gastos corrientes, y en su mayoría destinados a infraestructura, lo cual se hizo más evidente al regreso de la pandemia, y la demanda que significó la readecuación de las estructuras básicas educativas como baños, ventilación, agua potable, entre otras, señaló la especialista. Hablar de la recuperación educativa implica generar debates sobre la inclusión social.
Más y mejor inversión educativa, apuntó la investigadora, señalando que “América Latina y el Caribe es una de las regiones más desiguales del mundo y debe trabajar en hacerse cargo de las causas estructurales de su desigualdad, entre las que se encuentra el acceso inequitativo a las oportunidades educativas de calidad. En este sentido, es necesario que la financiación educativa siga criterios de equidad horizontal y vertical, es decir, que asegure un mismo trato a estudiantes en condiciones similares y dirija mayores recursos hacia aquellos estudiantes pertenecientes a contextos más vulnerables que cuentan con mayores necesidades y requieren más apoyo”.
Aumentar la inversión en la cartera educativa no debe traducirse en desmedro de otras garantías sociales, al contrario deben fortalecerse en la garantía de los derechos bajo el amparo de los Estados. Dado que las asimetrías y las desigualdades existentes se profundizaron aún más con la crisis económica y sanitaria, se hace urgente la promoción de políticas eficientes, de calidad y más equitativas de distribución de recursos destinados a la educación, atendiendo particularmente al estudiantado en condiciones de mayor vulnerabilidad.
La integración regional potenciará caminos conjuntos
En el foro participaron María Rosa Martínez, diputada nacional por Buenos Aires de Argentina, José Luis Vargas, especialista en políticas públicas de Perú y Victoria Avendaño, especialista en investigación educativa desde Colombia. Estas intervenciones ratificaron el reconocimiento de espacios de debate que amplíen la información de la población sobre la viabilidad de justicia social desde las políticas tributarias oportunas.
Finalmente, Nelsy Lizarazo, coordinadora de la CLADE invitó a ampliar la mirada integral y de proceso en la incidencia política que mantenga los compromisos con la garantía de los derechos, entre los que se encuentra el derecho humano a la educación, lo que a su vez amerita interlocuciones sectoriales y superar las fragmentaciones. Al mismo tiempo hizo un llamado a impulsar instancias de integración regionales que faciliten caminos conjuntos para sustentar la movilización y demandas ciudadanas.
También se presentaron informe de países
Paraguay
Colombia
Perú
Guatemala
República Dominicana
Argentina

Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación – Una mirada regional desde América Latina
6 de marzo de 2023Publicación presenta datos regionales sobre la Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación, que implica movilizar los recursos, a corto plazo, para crear la simbiosis virtuosa entre ambos conceptos a largo plazo.
Las secciones del presente reporte desarrollan la relación bidireccional virtuosa entre justicia fiscal y derecho humano a la educación; despliegan a nivel regional las fuentes de ingresos, los gastos en educación y su comparación con otros rubros, para finalmente dibujar una propuesta destinada a duplicar el financiamiento educativo para América Latina y el Caribe a corto plazo.
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Marcela Browne, CADE: “El Estado debe incluir políticas que garanticen la redistribución de ingresos”
20 de enero de 2023Las empresas multinacionales evaden en Argentina un total de 1.200 millones de dólares anuales operando en paraísos fiscales. Según datos de Tax Justice Network, si se destinara esta cantidad a salarios docentes, se podrían incrementar las remuneraciones en un 45%.
Argentina cuenta con diversos mecanismos que establecen un porcentaje en los presupuestos de las provincias, sin embargo la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) observa en los datos desde 2015 una tendencia general de disminución de la inversión educativa.
Juan Colicigno (JC), de la CADE y del grupo de trabajo de comunicación de la CLADE entrevistó a Marcela Browne (MB), coordinadora de educación de Fundación SES y secretaria de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE).
Las convergencias entre la educación y la justicia fiscal
JC: ¿Qué es la justicia fiscal y cómo se relaciona con la educación?
MB: La justicia fiscal es un enfoque de derechos que permite la redistribución de ingresos y de riquezas para promover la equidad y la inclusión social. Esta distribución es posible a partir del aporte fiscal que realizan las personas y empresas.
El sistema tributario argentino es sumamente regresivo. Por ejemplo, los bienes personales, que son los impuestos más progresivos, sólo representan el 2% de la recaudación total del Estado Nacional, mientras que el 40% recaudado proviene de impuestos al consumo, que son los más regresivos.
Garantizar el derecho humano a la educación requiere una mayor inversión educativa, que podría lograrse con modificaciones impositivas que permitan una redistribución más equitativa de los recursos.
JC: ¿Cuál debe ser el papel de los gobiernos?
MB: El rol del Estado debe ser incluir políticas que garanticen la redistribución de ingresos y que aquellas personas que tienen mayor cantidad de recursos paguen proporcionalmente más. Lo cual se volvió aún más relevante en el contexto actual, donde la desigualdad aumenta. La evasión tributaria profundiza las desigualdades sociales y desfinancia al sistema educativo.
Medidas y recomendaciones para la justicia fiscal y educativa
JC: ¿Cuáles son las medidas necesarias?
MB: Es posible alcanzar el objetivo educativo si combatimos la opacidad global tributaria, promoviendo el fin de las guaridas fiscales, la eliminación del secreto bancario y la penalización de la utilización de sociedades offshore (empresa multinacional que debido a la ubicación de sus fuentes de riqueza está sujeta a varias jurisdicciones, con frecuencia utilizadas para evadir normativas fiscales en los países de origen).
Es necesario incorporar más voces a estos debates para plantear las batallas necesarias que fortalecerán la acción coordinada que mejore las condiciones de vida ciudadana, sin apelar a endeudamientos irresponsables o al ajuste irrestricto de los programas sociales con la participación de los gobiernos, congresistas, sindicatos, sector académico, las organizaciones y los movimientos sociales.
JC: ¿Cómo se puede conseguir el presupuesto necesario para garantizar el derecho a la educación?
MB: Las distintas organizaciones que expresamos la necesidad de justicia fiscal aseguramos que, con modificaciones impositivas es posible una redistribución más equitativa de los recursos y acercarse al cumplimiento del derecho universal a la educación.
Proponemos modificaciones para mejorar un 16% el presupuesto educativo nacional anual:
- Incremento del 10% el impuesto a los bienes personales.
- Anualización del 50% del impuesto a las grandes fortunas.
- Reducción del 20% gastos tributarios.
Estudio sobre el financiamiento educativo y la justicia fiscal
La investigación sobre Financiamiento Educativo y Propuestas de Justicia Fiscal para el derecho a la educación de iniciativa de la CLADE en alianza con la Fundación SES, la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), Latindadd, y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe determinó que la educación pública argentina lograría recibir más en su financiamiento anual si las acciones de justicia fiscal fueran realizadas dentro del país. Este proyecto es coordinado por Marcela Browne y Adrián Falco, con la participación de las investigadoras Marisa Álvarez, Natalia Gardyn y Eva Sacco.

¡Felices fiestas! Por un 2023 con una educación transformadora
22 de diciembre de 2022A lo largo de todo este año, caminamos juntas y juntos fortaleciendo la lucha por el derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe.
Muchos fueron los temas y acciones desarrollados por toda nuestra red.
Desde la CLADE deseamos que en el 2023, compartamos con más fuerza y unión, el camino rumbo a la justicia social desde una educación pública, que tenga como pilares el cuidado y la transformación.
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Podcast Educación ¿qué onda? Retrospectiva de CLADE 2022
Les compartimos una emisión especial con 25 minutos sobre el recuento de lo realizado colectivamente en la CLADE. Sabemos que se han trabajado muchos y diversos temas, sin embargo hemos seleccionado 5 de ellos para recordar las iniciativas en favor del derecho humano a la educación en nuestro continente América Latina y El Caribe.
Hemos compilado una síntesis y testimonios sobre temas como la atención y protección de primera infancia (AEPI), género, educación de personas jóvenes y adultas (EPJA), justicia fiscal y derechos digitales. Indudablemente la XII Asamblea de CLADE también abonó de forma significativa a nuestra marcha institucional como red regional, por lo que también hacemos una paradita celebrando ese proceso que cosechamos en 2022.
Atención y Educación de Primera Infancia (AEPI)
En cuanto a la Atención y Educación de Primera Infancia (AEPI) recordamos como la CLADE acompañó su II Conferencia Mundial y celebró la Declaración Final en tanto que ratificó la garantía de una atención, educación y protección de primera infancia equitativa, inclusiva y de calidad para el período de vida que va desde el nacimiento hasta los ocho años de edad, considerado como primera infancia.
Género
Para aportar al fortalecimiento de estrategias de promoción de igualdad de género y prevención de las violencias en escuelas rurales, se desarrolla el proyecto Estrategias para prevenir la violencia sexual y de género, así como fomentar la equidad en las escuelas rurales de Haití, Honduras y Nicaragua, iniciativa con el apoyo del Intercambio de Conocimiento e Innovación (KIX).
También se convocó y consolidó el Grupo de Trabajo de Género con esfuerzos formativos y de investigación así como la construcción de la política institucional de género.
Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA)
La Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) contó con la VII Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA), proceso en el cual la CLADE se movilizó desde la Plataforma de Redes Regionales construyendo un decálogo de recomendaciones y propuestas, participó de la consulta pública así como de la Consulta que condujo al Marco de Acción de Marrakech que reúne los compromisos de la agenda para los próximos doce años.
Por otra parte, la Campaña Mundial por la Educación impulsó el Caucus Global de Jóvenes y Estudiantes en el cual se congregaron los debates prioritarios desde la mirada juvenil centrada en la defensa del derecho humano a la educación.
Justicia Fiscal
Es indispensable profundizar un proceso de exigencia para sincerar la justicia fiscal, con modificaciones urgentes que permita reconducir los recursos públicos para la consecución del derecho a la educación.
La justicia fiscal y tributaria progresiva encamina la recuperación del 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a exoneraciones de grandes corporaciones, lo que equivale al compromiso que deben asumir los Estados para el financiamiento educativo, marcado internacionalmente en al menos 6%.
Derechos digitales
Otro punto clave se refiere a la importancia de la alfabetización digital crítica abordado durante el año 2022 y especialmente en el evento regional que abogó para que el internet sea asumido como un derecho humano y bien común de los pueblos, registrando que como necesidad social amerita la comprensión de complejidades que trastocan el ámbito educativo, como la protección y uso de datos, acceso y conectividad, la concentración monopólica de empresas privatistas, soberanía tecnológica, por nombrar algunas.
XII Asamblea CLADE
Finalmente la XII Asamblea CLADE inició en el mes de octubre, con la realización de cuatro eventos virtuales y culminó en noviembre con un encuentro presencial con la asistencia de más de 70 representaciones de la región, en Tegucigalpa, con el apoyo de Foro Dakar Honduras como anfitrión.
En este encuentro se formalizó la renovación del comité directivo y la declaración final haciendo un llamado a los Estados para que garanticen el financiamiento de la educación pública. El tema central de la asamblea se tituló “Por el derecho a la educación pública: cuidado, transformación y justicia social”, sobre sujetos y condiciones, el sentido de lo público, el sentido de la diversidad y el sentido de la transformación. Compartimos un poema producido por las juventudes de los foros nacionales presentes en la inauguración de la Asamblea.
Muchos temas, procesos, iniciativas, proyectos se desarrollaron en este 2022, ha sido una verdadera ruta apasionante por el derecho humano a la educación la compartimos con un radioarte collage que nos revisita lo transitado.
Declaraciones de Mercedes Mayol Lasalle, presidenta de la Organización Mundial de Educación Preescolar (OMEP); Ana Felicia Torres, coordinadora de la Red de Educación Popular Entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe (REPEM LAC); Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE; Andrés Ramos, joven integrante de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación y participante del Caucus; Adrian Falco, Co-Presidente de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) quien participó del webinario: la Educación con justicia fiscal ¿dónde están los recursos para la educación? y Adelaida Entenza, consultora que compartió las reflexiones sobre la brecha digital.
Deseamos que tengan un buen cierre de año 2022, así como una linda oportunidad de seguir tejiendo esfuerzos conjuntos con esperanza y compromiso ético por el derecho humano a la educación tanto en el 2023, como en los años subsiguientes.
Créditos:
Locución: Thais Iervolino (CLADE), Juan Colicigno de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE).
Entrevistas, producción e investigación: María Cianci Bastidas
Musicalización podcast: Anónima Arte y Comunicación.
Canción a Paulo Freire: Davina Guadalupe Ponce Martínez, Ciudad de México, 2021.
Ilustración: Renata Dorea
Voces collage: Gabriela Arrunátegui, Carolina Osorio, Marcos Alcântara, Fellipe Abreu, Lorena Osorio, Mariana Ovalle, Jesús Juárez, Ederson Kornst, Luis Chera. Los niños Daniel Enrique y Marcello Sánchez Cianci.
Producción General: Nelsy Lizarazo, Thais Iervolino, Carolina Osorio y María Cianci Bastidas

Video: Financiamiento de la educación
13 de diciembre de 2022En el marco de la XII Asamblea CLADE, María Ron Balsera, coordinadora de Alianza y Justicia Fiscal y Educación de ActionAid, hizo una presentación sobre el financiamiento de la educación.
En su video, María Ron Balsera analiza el origen del financiamiento educativo, los cuatro ejes importantes para que un financiamiento educativo garantice el derecho a la educación: presupuesto justo, impuestos, asignaciones en la educación centradas en la equidad, y escrutinio necesario para que el dinero llegue en la práctica.
Al fin de su presentación, ella explica la importancia de garantizar la justicia fiscal. Según ella, la justicia fiscal aumenta la sostenibilidad, la rendición de cuentas democrática, la transparencia, etc.
Mira el video completo:
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Ministro Daniel Sponda, 5 claves para la educación: la alimentación, la infraestructura, el mobiliario, los textos y los ambientes escolares.
28 de noviembre de 2022En ocasión de la XII Asamblea de la CLADE se realizó en el Auditorio Juan Lindo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras – UNAH, el Foro Público “Financiación de la educación pública gratuita como mecanismo de transformación educativa y garantía del derecho humano a la educación”, en la mañana del martes 8 de noviembre.
La actividad principal contó con la participación de Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO – OREALC), y el Ministro de Educación de Honduras, Daniel Sponda, y la moderación de la Coordinadora General de la CLADE, Nelsy Lizarazo.
Cooperación regional para la educación transformadora
Las demandas de la sociedad civil exigen mayores compromisos con la garantía del derecho a la educación, los que se deben traducir en presupuesto dedicado a su protección, por ello se suman las solicitudes de fortalecer una educación estatal gratuita y de calidad, señalado en la Declaración Final de Tegucigalpa.
En ese sentido, CLADE dialogó con el Ministro de Educación de Honduras, Daniel Sponda, te invitamos a leer y escuchar sus declaraciones:
1- ¿Cómo aporta la educación a la justicia social en Honduras?
Daniel Sponda.- Nosotros estamos determinados a hacer de la Secretaría de Educación la estrategia del crecimiento del país. Reconocer que si hay una legislación que establece que un porcentaje del Producto Interno Bruto se debe destinar a la educación, entonces al crecer la economía del país, vamos a tener más recursos para invertir en educación.
En esta lógica neoliberal de 25 años atrás, nuestro sistema educativo y los profesores hemos estado muy enfrascados en alcanzar contenidos, en llegar a los estándares. Lamentablemente hemos dejado de tocar el alma de nuestros niños y niñas, necesitamos construir democracia, también que las escuelas agrícolas cuenten con buenos productores, además que sean buenos comerciantes, y sobre todo que sean solidarios.
Los elementos fundamentales que hoy no están en las mallas curriculares, como la solidaridad, la empatía, la construcción de la democracia, que deben ser ejes transversales de nuestro sistema, nos va a permitir construir la democracia y, esa va a ser la mayor ganancia, haciendo que nuestros estudiantes terminen su proceso educativo con calificación para integrarse de manera digna a la vida económicamente activa el país.
2.- ¿Cuál es la importancia para Honduras el diálogo con otras instituciones y otros gobiernos en materia educativa?
Daniel Sponda.- Estamos muy contentos por el evento [XII Asamblea Regional CLADE], pero somos conscientes que como país solos no vamos avanzar.
Es el trabajo colaborativo con otros países, como en la Coordinación Educativa Cultural de Centroamerica del Sistema de la Integración Centroamericana – CECC/SICA que se desarrolló hace algunos meses en Panamá, en el cual tomamos un acuerdo de manera unánime en el que se definieron los estándares de evaluación de la calidad regionales con relación a los contextos nacionales.
Recientemente, en el mes de mayo tuvimos un encuentro de alto nivel técnico en San Salvador, que culminó con el compromiso de generar una estructura regional en todos los países del SICA para hacer las evaluaciones, orientadas a los cinco elementos claves: la alimentación escolar, la infraestructura, el mobiliario, los libros de texto y los ambientes escolares.
Escuche la entrevista
Foro público por la financiación de educativa
La XII Asamblea Regional de la CLADE que se reunió en Tegucigalpa, Honduras entre el lunes 7 y el viernes 11 de noviembre, con más de 70 personas entre ellas docentes, estudiantes, personas investigadoras y activistas de derechos humanos, organizó el foro público “Financiación de la educación pública gratuita como mecanismo de transformación educativa y garantía del derecho humano a la educación”.

CLADE presente en la Asamblea de la Campaña Mundial por la Educación
22 de noviembre de 2022Reimaginar el futuro de la educación, con la etiqueta #EducationReImagined (en inglés) es el llamado que realiza la Campaña Mundial por la Educación para su Asamblea Mundial VIl. Este evento reunirá a más de 180 personas delegadas provenientes de más de 130 países.
En la convocatoria de la CME se señala que es la mayor movilización del planeta con la agenda educativa como prioridad, por tal motivo argumentan que a nivel global “desempeña un importante papel geopolítico en la configuración y redefinición del trabajo de incidencia sobre el derecho a una educación gratuita, inclusiva y de calidad”.
La convocatoria a la Asamblea también afirma que “en los últimos años, la agenda de la reforma educativa, incluido el financiamiento, ha durado tanto que en realidad no se está reformando nada. La pandemia actual ha exacerbado muchas desigualdades en la sociedad y en la educación: esa reforma ya no es necesaria. Lo que se necesita es una transformación completa y radical de la escolarización y del sistema educativo en general para que la educación pueda volver a ser transformadora”.
Un debate abierto sobre cuestiones urgentes y emergentes
Este movimiento mundial observará el avance del derecho a una educación gratuita, inclusiva y de calidad para todas las personas, para así profundizar la ruta que podría enfrentar los obstáculos, retos y oportunidades a fin de superar la exclusión, la discriminación, las crisis de violencia y desigualdad que afectan a la educación.
La CME también ha expresado en la promoción de la Asamblea Mundial que la pandemia complejizó la situación del derecho humano a la educación, “dejando a millones de personas sin escolarizar y amenazando la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 (ODS4) y la Agenda de Desarrollo Sostenible en general”, igualmente apunta una preocupación por la disminución de los recursos destinados a la educación, así como por el desplazamiento de personas víctimas de las guerras, conflictos o situaciones que son consecuencias del cambio climático y de cuestiones ecológicas.
Grant Kasowanjete, el coordinador global de la CME señaló que “como movimiento de la CME, vamos a abordar los principales problemas y desafíos a los que se enfrenta la educación además de idear formas loables de contribuir a resolver estos problemas”.
De esta manera, se notifica en la convocatoria que “será una oportunidad de discutir y debatir cuestiones urgentes y emergentes, así como acordar y aclarar las posturas colectivas, aprender e intercambiar con los demás, y establecer las prioridades y la dirección del movimiento educativo mundial”.
Además, se espera que puedan generarse los consensos sobre el plan estratégico que definirá las acciones de los próximos 4 años (2023 – 2027) junto a la nueva directiva que surja de las elecciones en dicha Asamblea.
La región latinoamericana y caribeña presente
América Latina y El Caribe, como región contará con una delegación de 16 representantes de la sociedad civil en la Asamblea de la Campaña Mundial por la Educación.
Para Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE, “es un momento importante del proceso institucional, ya que saliendo de la XII Asamblea regional de la CLADE, -dichas representaciones- participan en la asamblea mundial”, señala que es el primer encuentro presencial luego de la pandemia.
“Es una Asamblea desafiante en varios sentidos, el primero de ellos, que significa obviamente reunirse en un escenario aún más complejo que aquel escenario que se tenía antes de la pandemia con relación al derecho humano a la educación” subrayó la coordinadora general de la CLADE.
A juicio de Nelsy Lizarazo, las expectativas son muchas y diversas, ya que se procura incluir en el plan estratégico temas como el género, la educación pública, la inclusión, la primera infancia, la digitalización, la educación en emergencia y el financiamiento que han sido profundamente debatidos en la región latinoamericana y caribeña para manifestar las preocupaciones compartidas y las movilizaciones necesarias.
La juventud de la región participa en la apertura de la Asamblea
Diana Ayala de Honduras, miembro del GAG de la CME representó a la coalición nacional Foro Dakar Honduras, a la juventud de la coalición latinoamericana de la CLADE y así como al Grupo de Líderes Juveniles de la CME.

En la intervención de la mesa inaugural, Diana Ayala afirmó que “el contexto de los jóvenes y estudiantes ha sido limitado por muchos años en los espacios de decisión y creación de políticas, y sumado a eso la pandemia ha dejado aún más barreras de equidad, mostrando que los sistemas educativos, específicamente en los países de más bajos ingresos, no estaban listos para atender las necesidades de los estudiantes más marginados, que los maestros no estaban completamente preparados para cambiar a un aprendizaje digital; que las áreas rurales siguen siendo excluidas; que no tenemos planes y respuestas para los niños y niñas que tienen alguna discapacidad; y las oportunidades de trabajo para las y los jóvenes son muy limitadas, que la privatización de la educación superior es una barrera para muchos”.
Agenda general de la Asamblea
La agenda pública tendrá foros de debate para profundizar los temas centrales de la movilización y buscar consenso sobre las acciones para un nuevo pacto que garantice el financiamiento educativo, el género y la inclusión.
Las mesas serán la base para que se hacer frente a los efectos de la privatización, el endeudamiento, la rendición de cuentas de los Estados y la fiscalidad regresiva. Además serán debatidas las condiciones docentes y la participación de jóvenes y estudiantes.
Tomando la agenda pública de la Asamblea Mundial se señalan tres componentes programáticos principales:
- Foro de políticas para un debate de alto nivel sobre el futuro de la educación;
- Construir un movimiento sostenible y resiliente que sea apto para su propósito
- Una reflexión sobre el impacto de la educación para la ciudadanía global (ECM, por sus siglas en inglés) y sobre el camino a seguir para alcanzar las metas del objetivo desarrollo sostenible referido a la educación (ODS 4).
Los debates de alto nivel del foro de políticas así como los paneles de discusión paralelos facilitarán la mirada sistémica en las cuatro áreas:
- Transformación completa y radical de los sistemas de educación pública.
- Descolonizar la financiación de la educación.
- Interseccionalidad, género e inclusión.
- Digitalización de la educación.
Sobre la CME
La Campaña Mundial por la Educación (CME) reúne a organizaciones, redes y coaliciones de la sociedad civil de 130 países, además de representar a una diversidad de actores, tales como jóvenes y estudiantes, docentes, líderes/as sindicales, activistas, investigadores/as y académicos/as de todo el mundo.
La Campaña Mundial por la Educación representa la voz de la sociedad civil en los espacios y procesos de política educativa en todo el mundo. Trabaja desde 1999, fecha en la que el Foro Mundial de la Educación se convocó en Dakar, acordando una plataforma unificada que sumara diversas iniciativas sobre la educación.
La misión de la CME “es promover y defender la educación pública y gratuita de calidad como un derecho humano básico además de movilizar la presión pública” expresada en su página. La CME se identifica como un movimiento internacional que integra las dinámicas de las coaliciones nacionales de educación, así como organizaciones internacionales y regionales.