El derecho humano a la educación solo se garantiza con justicia fiscal
8 de septiembre de 2023
Concentración de la riqueza y mantenimiento de la pobreza. Para cambiar este escenario, que ha estado presente en América Latina y el Caribe en los últimos tiempos, hay que garantizar los derechos humanos, entre ellos la educación. Para eso, es fundamental asegurar un sistema tributario justo, afirman especialistas y autoridades presentes en el Taller Regional-Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación”, que se realiza el 8 y 9 de septiembre en Santiago, Chile.
Nelsy Lizarazo: “En términos de ejercicio pleno del Derecho a la Educación, no basta con el acceso a la educación, es necesario invertir en calidad educativa”
El encuentro es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
“Han sido dos años de aprendizaje súper interesante, no solamente en asuntos técnicos, sino también en construcción de posición política y también en términos humanos”, dice Nelsy Lizarazo, coordinadora de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) durante la apertura del taller.
Según ella, en términos de ejercicio pleno del Derecho a la Educación, no basta con el acceso a la educación, es necesario invertir en calidad educativa. “Son necesarios cuatro criterios para tener en cuenta: el primero, la proporción dedicada a la educación debe de ser suficiente; el segundo, que ese presupuesto debe de ser del tamaño adecuado, que responda a las necesidades educativas del país, a sus brechas, a sus desigualdades; el tercero, presupuesto ser sensible a los grupos históricamente excluidos; y el cuarto, que el presupuesto sea transparente, construido, evaluado de forma participativamente con la ciudadanía.
Adrián Falco: “Para superar la pobreza, la desigualdad, para dar y garantizar derechos a toda la población y dar acceso a servicios públicos de calidad a toda la ciudadanía, para eso promovemos la #JusticiaFiscal”
Para Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad), la región latinoamericana y caribeña, mantiene 30% de pobreza y 19% de indigencia y, sin embargo, se concentra cada vez más la riqueza y los gobiernos dan cada vez más concesiones a los ricos y al gran capital. “Para superar la pobreza, la desigualdad, para dar y garantizar derechos a toda la población y dar acceso a servicios públicos de calidad a toda la ciudadanía, para eso promovemos la #JusticiaFiscal”, afirma.
Además de Nelsy Lizararo y Adrián Falco, el encuentro cuenta con la participación de Dereje Alemanyehu, de la Alianza Global por Justicia Fiscal -GATJ; Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación; Mariana Huepe, de CEPAL; de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
Regional: Por el derecho a la educación de la cuna a la tumba
29 de marzo de 2023
Promover la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA) como derecho implica dejar de tratarla como remedial, es decir en desprotección de los Estados, por el contrario, la defensa del acceso a una educación de calidad y gratuita es un camino, una alternativa para la inclusión de quienes por diversas razones no pudieron seguir en el sistema formal.
La educación popular se centra en ser sujetos y sujetas políticas de transformación, esto es favorecer procesos de intercambio de saberes que permitan soñar una sociedad que supere las violencias y discriminaciones en sus múltiples expresiones.
Diálogo con Miriam Camilo Recio, educadora popular de formación y por opción, lasallista y con larga trayectoria en el acompañamiento de Personas Jóvenes y Adultas, tiene una amplia experiencia en gestión de políticas públicas en todo el sistema educativo y en sociedad civil, integrante y fundadora del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL). Ha publicado recientemente el libro Construyendo sueños. Una década de política y gestión para la inclusión educativa de personas jóvenes y adultas (2010-2020) tomando en cuenta las prácticas en República Dominicana.
República Dominicana: Foro Socieducativo promueve la reactivación del Pacto Nacional para la Reforma Educativa
22 de marzo de 2022
Con el propósito de revertir los efectos negativos de la pandemia al derecho a la educación de estudiantes en República Dominicana, el Foro Socioeducativo, junto a otras organizaciones y personas comprometidas con la educación de país, convocó para este miércoles (23/3) una plenária pública para reactivar el Pacto Nacional de la Reforma Educativa en el país.
“Entendemos que es un momento de trabajar juntos para pensar, colectivamente, en cómo resarcir a la sociedad, y particularmente a nuestros niños y jóvenes de las oportunidades perdidas”, se afirma en la nota publicada por el Foro.
Llamado urgente a cada maestro y maestra
Entre las organizaciones llamadas a dialogar para la construcción del pacto nacional está la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que es el principal sindicato de profesores del país.
“Hacemos un llamado urgente a cada maestro y maestra, de manera particular, y a la ADP, como gremio de profesores, a deponer ese medio de lucha y a integrarse a la mesa del diálogo del Pacto Nacional para la Reforma Educativa para que, en un ambiente democrático, plantear los problemas y buscar soluciones. El Foro Socioeducativo está comprometido a luchar por el bienestar de los maestros y las maestras, tanto como por el de las y los estudiantes, pero en un clima de respeto y de diálogo civilizado que tenga como base el respeto al derecho de los más vulnerables: nuestros niños, niñas y jóvenes”, se comunica en la nota.
Foro Político de Alto Nivel de la ONU 2021: ¿Qué está en juego y cuál es su importancia para América Latina y el Caribe?
12 de julio de 2021
En el 2015, los Estados miembros de las Naciones Unidas (ONU) adoptaron una agenda internacional con objetivos comunes para alcanzar un mundo más sostenible, justo e inclusivo, que deberían cumplirse hasta el 2030: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), o Agenda 2030. Pasada la mitad del plazo previsto para el logro de esta agenda, falta mucho por hacer y son incontables los desafíos pendientes, especialmente en lo que toca la realización del ODS 4, referido al derecho a la educación. Tales retos y rezagos se desnudaron, e incluso se profundizaron a partir del año pasado con el inicio de la pandemia COVID-19.
La crisis sanitaria global ha traído graves consecuencias, impactando de manera diferente a las distintas poblaciones, exacerbando las desigualdades estructurales históricas, y poniendo aún más en evidencia la debilidad de las políticas y sistemas públicos de atención a la salud, educación, empleo, protección social, entre otros, como se abordó en esta serie de reportajes de la CLADE.
El derecho humano a la educación se ha vulnerado aún más durante la pandemia, amenazando la garantía de una educación pública, gratuita, laica y de calidad, a lo largo de toda la vida. Alrededor de 800 millones de estudiantes en el mundo no retoman aún su trayecto educativo, con grave perjuicio en términos de aprendizaje, especialmente para las niñas y las mujeres; se han deteriorado las condiciones estructurales para el ejercicio docente y el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Además, se ha profundizado la brecha digital sobre todo en las zonas rurales, ahondando aún más las desigualdades de acceso, la deserción y la continuidad de estudios. El cuadro se complejiza ante las proyecciones de disminución de presupuestos públicos, ya insuficientes.
En este contexto, se llevan a cabo las actividades y los debates del Foro Político de Alto Nivel de la ONU (FPAN 2021), que tienen lugar del 6 al 15 de julio. Se trata de la principal instancia de seguimiento y monitoreo de los ODS en ámbito internacional.
En esta segunda semana de Foro, que arranca hoy [12 de julio], se hace la presentación de las revisiones nacionales voluntarias sobre el estado de cumplimiento de los ODS, por parte de los Estados. De América Latina y el Caribe, rinden cuentas en esta edición del Foro, los países Bolivia, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.
Las sesiones de revisiones nacionales voluntarias se transmitirán en vivo, con la posibilidad de que se presenten preguntas desde la sociedad civil a los gobiernos. Foros de sociedad civil nacionales miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en Bolivia, Colombia, Guatemala, México y República Dominicana participarán en los debates y/o presentarán informes luces, como contribución al seguimiento al ODS 4 en sus contextos.
>> Mira las recomendaciones regionales al Foro Político de Alto Nivel:
¿Qué está en juego para América Latina y el Caribe?
En el 2016, la CLADE logró status consultivo en el Consejo Social y Económico de Naciones Unidas (ECOSOC), lo que le ha permitido participar de manera calificada en el Foro Político de Alto Nivel (FPAN). Es así que la CLADE presentó un posicionamiento regional, como contribución a la edición 2021 del FPAN, en el cual afirma la centralidad del derecho a la educación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, como derecho sinérgico y habilitante para el logro de todos los ODS y como una obligación de los Estados.
“Es urgente el máximo esfuerzo de los Estados en el cumplimiento de los compromisos asumidos en la Agenda 2030 y en su rol de garantes de los derechos humanos, desde una perspectiva de igualdad de género e interseccionalidad, considerando la indivisibilidad de los mismos. Asimismo, es indispensable garantizar la participación amplia, inclusiva, sustantiva y permanente de la sociedad civil en la toma de decisiones en los asuntos públicos”, afirma la CLADE.
Siendo integrante de los Grupos Principales y Otras Partes Interesadas de la ONU, espacio de participación de la sociedad civil en el seguimiento a los ODS, la CLADE también se suma a un llamado para que esta semana, en el cierre del FPAN 2021, se adopte una Declaración Ministerial consensuada que formalice compromisos para hacer cumplir la Agenda 2030.
Participación de la CLADE en las revisiones nacionales voluntarias
Bolivia: La Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) participa en el Grupo de Trabajo (GT) nacional de desarrollo de un posicionamiento desde la sociedad civil respecto a la revisión del Estado Boliviano. La CBDE elaboró un informe luz sobre el estado de cumplimiento del ODS 4 en Bolivia, y trabaja para que se incluya el tema educativo en la intervención de la sociedad civil durante la sesión oficial de revisión al país.
Colombia: La Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación participa en el GT de redacción del posicionamiento de sociedad civil ante la revisión del Estado colombiano. Logró incluir una mención al tema educativo en la intervención que se hará desde la sociedad civil, pero el foco será denunciar las persecuciones a activistas y defensoras y defensores de derechos humanos en el país.
Guatemala: El Colectivo de Educación para Todas y Todos participó en la redacción del posicionamiento de sociedad civil ante la revisión del Estado Guatemalteco. Incluyó el tema educativo y será el vocero del grupo en la sesión oficial, destacando puntos del informe luz que ha elaborado sobre el estado del ODS 4 en Guatemala.
>> Mira a continuación las recomendaciones del Colectivo al gobierno de Guatemala, para que se cumpla el ODS 4.
México: La Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM) participó en el GT de redacción del posicionamiento de sociedad civil ante la revisión del Estado Mexicano. Logró incluir una mención al tema educativo en la intervención que se hará desde sociedad civil en la revisión oficial, pero los focos principales de la indagación al gobierno serán la crisis ambiental y de participación ciudadana.
República Dominicana: El Foro Socioeducativo (FSE), igualmente, participa en las discusiones sobre el posicionamiento desde sociedad civil ante la revisión del Estado dominicano, tratando de darle más visibilidad al tema educativo. Elaboró, así mismo, este informe luz sobre el estado de cumplimiento del ODS 4 en el país. Lee también:
¿Qué se está haciendo para garantizar la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en América Latina y el Caribe? ¿Qué pueden hacer las y los educadores? Buscando contestar esa y otras interrogantes sobre el derecho a la educación a lo largo de la vida en la región, especialmente en el contexto de pandemia por el Covid-19, el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) y el Grupo de Incidencia en Políticas Educativas (GIPE), que forma parte del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), lanzaron la publicación “La Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en América Latina y el Caribe durante la pandemia por la Covid-19″.
“Las medidas de aislamiento evidencian las asimetrías existentes y las profundizan, y suponen un retroceso educativo que tiende a profundizar las desigualdades, principalmente por las condiciones económicas y sociales de la gran mayoría de la población”
Con cinco capítulos divididos en 15 páginas, la publicación analiza el escenario actual del derecho a la educación de personas jóvenes y adultas en la región, además de subrayar algunos desafíos para garantizarlo, como la importancia de desarrollar políticas de democratización de la conectividad, especialmente para zonas urbanas marginales, rurales, amazónicas; y para personas afrodescendientes. Asimismo, subraya la necesidad de fortalecer el trabajo territorial ligado a la educación comunitaria que responda a las necesidades y demandas de las organizaciones y personas para construir una sociedad educadora, compartiendo saberes, el autocuidado, estrechando lazos de solidaridad y fortaleciendo los valores ciudadanos.
“En el mundo entero y en América Latina y el Caribe, estamos viviendo las consecuencias de una crisis que se inicia como sanitaria, ocasionada por el Covid-19, y que hoy tiene graves consecuencias en lo económico, educacional, ambiental, en el cuidado de la vida y de la naturaleza. (…) Las medidas de aislamiento evidencian las asimetrías existentes y las profundizan, y suponen un retroceso educativo que tiende a profundizar las desigualdades, principalmente por las condiciones económicas y sociales de la gran mayoría de la población”, afirma la publicación.
Según el documento, la educación de personas jóvenes, adultas y adultas mayores está caracterizada no solo por la edad de aquellos que están por fuera del sistema educativo, sino también por su condición social. “En otras palabras, son aquellos y aquellas que el sistema ya ha excluido. Son aquellos y aquellas a los y las que hoy el sistema vuelve a golpear en esta situación de aislamiento. Esta población se encuentra en situación de vulnerabilidad en todos sus sentidos”.
La publicación también presenta una muestra de lo que siete países de la región están haciendo, a partir de informes de países recopilados por miembros del GIPE-CEAAL. A continuación se presenta un resumen de cada uno de ellos.
Argentina
En lo que hace a política educativa, poco se habla de la situación de jóvenes y adultos en esta emergencia educativa. Las propuestas oficiales por parte del Estado no contemplan la particularidad del trabajo con este sector de la población. En cambio, apuntan a cierta democratización del acceso a la educación, a través de la elaboración de cuadernillos para educación primaria y secundaria (con el fin de que lleguen a los territorios más remotos de la geografía local) y a la generación de contenidos audiovisuales o radiales, que se presentan como sustitutos de los y las docentes: las clases continúan; el Ministerio de Educación educa a través de estos dispositivos.
Brasil
La gran mayoría de los departamentos de educación, estatales y municipales, suspendió las actividades en el aula a fines de marzo. Recién el 28 de abril el Consejo Nacional de Educación (CNE) aprobó por unanimidad las directrices para guiar a las escuelas de educación básica y las instituciones de educación superior durante la pandemia de coronavirus. Durante este intervalo de un mes, los estados y municipios trataron de crear sus propias estrategias para la enseñanza y la asistencia alimentaria. En términos de estrategias pedagógicas, es posible identificar tres: las que usan Google Classroom, las aplicaciones desarrolladas específicamente para esta misión, las clases de video u otras plataformas de la propia secretaría, las que usan canales de TV abiertos para transmitir clases, y la preparación de material impreso y folletos que los estudiantes pueden recibir en casa o recoger en la escuela.
Chile
En todo el sistema educacional chileno se ha enfrentado la emergencia sanitaria y su impacto en la vida escolar a través de la educación a distancia, con todas las limitaciones que ello tiene en materia de capacitación de los y las docentes. Además, la educación en línea es un recurso de emergencia en la actualidad pero no puede ser sólo una réplica de la educación presencial, como tampoco simular en las casas las actividades y los procedimientos de estudio y evaluación que son propios de la vida escolar regular. Directivos, docentes y equipos psicosociales de los establecimientos de la EPJA han debido asumir el desafío de enfrentar el cierre escolar con acciones de educación a distancia a través del uso de plataformas de tecnologías de comunicación remota (como Zoom y Whatsapp), preparación de guías de aprendizaje, entrega domiciliaria de estas guías donde no se tiene conexión a internet o no existen condiciones para la concentración y el estudio, al mismo tiempo que se procuraban ayudas alimentarias y apoyo psicosocial a los y las estudiantes que lo necesitaban.
El Salvador
Se mantienen programas de alfabetización, educación básica y alfabetización para jóvenes y adultos, particularmente programas de modalidades flexibles como segunda oportunidad para quienes abandonaron el sistema y no lograron una educación oportuna. Estas modalidades han sufrido recortes presupuestarios y de cobertura en los últimos años. Se pasó de una inversión de $ 9,5 millones en 2019 a $ 8,1 millones en 2020 (este monto incluye los recursos asignados a través de instituciones implementadoras y los administrados desde las direcciones departamentales de Educación).
Guatemala
Guatemala mantiene enormes rezagos educativos a todo nivel. La cobertura del subsistema escolarizado es baja (80% en el nivel primario) y en algunos casos extremadamente baja (cercana al 50% en el primer ciclo de la secundaria y cerca del 25% en el segundo ciclo), mantiene una tasa de alfabetización absoluta del 20% según datos oficiales (2018) y tradicionalmente la EPJA ha sido mínima frente a la educación escolarizada. El sistema educativo en su conjunto se ha orientado hacia los procesos virtuales, lo que solo permite un alcance parcial, dada la baja cobertura de internet. Hasta ahora las principales acciones son: entrega de alimentos (alimentación escolar) a las familias de los estudiantes del nivel primario y, desde mayo, distribución de guías educativas impresas para todos los grados del nivel primario (para dos semanas, con baja calidad).
Nicaragua
No ha interrumpido oficialmente las actividades educativas. Según el Ministerio de Educación se ha instado a los centros educativos a tomar medidas como el lavado de manos al menos dos veces al día y mantener distanciamiento de no menos de un metro con los estudiantes. No hay información específica sobre la Educación de Jóvenes y Adultos, y se continúan desarrollando como en tiempos normales las diversas modalidades de educación presencial y a distancia.
Perú
El Ministerio de Educación (MINEDU) ha implementado una estrategia de enseñanza a distancia denominada “Aprendo en casa” que, según datos oficiales, está llegando a más de seis millones de estudiantes de colegios públicos de la Educación Básica Regular, Básica Alternativa y Especial, a través de diversos medios como internet, radio y televisión. Según un informe del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el Perú solo el 46% de peruanos tiene acceso a Internet; la penetración de Internet es casi inexistente en las zonas rurales (1%), mientras que en las zonas urbanas es del 30,2%.
República Dominicana
A partir de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional, el 19 de marzo de 2020, y la suspensión de la docencia presencial, el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) marcó la necesidad de diseñar e implementar estrategias y actividades para dar continuidad al aprendizaje desde casa, utilizando diversos recursos y herramientas virtuales disponibles para esos fines, y otras como medio de comunicación e información. La respuesta educativa ha integrado la televisión, la radio, las plataformas diversas, las herramientas y los recursos virtuales múltiples. En general, ha dado respuestas a casi tres millones de estudiantes a nivel nacional. En EPJA, se ha atendido alrededor de 300 mil estudiantes, sin contabilizar los de alfabetización, en mil centros y con alrededor de diez mil docentes.
República Dominicana: Incidencia por una política pública para los derechos de la infancia
20 de diciembre de 2019
Una de las estrategias que los miembros de la red CLADE vienen utilizando para defender el derecho humano a la educación es la participación en la elaboración de marcos legales y políticos. (más…)
Parlatino apoya protocolo para análisis de los presupuestos educativos, desarrollado por CLADE y CECC-SICA
14 de noviembre de 2019
Culminó el último viernes (8 de noviembre) la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino). La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) fue invitada a participar en el evento, que tuvo lugar en Lima, Perú, representada en la oportunidad por Madeleine Zúñiga, coordinadora de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE). (más…)
Usamos cookies para asegurar que te damos la mejor experiencia en nuestra web. Si continúas usando este sitio, asumiremos que estás de acuerdo con ello.AceptarPolítica de privacidad