"Existen disposiciones constitucionales que aseguran el acceso gratuito a la educación, pero dentro de los programas neoliberales han inventado un organismo que reúne las escuelas privadas y, seguramente, están preparando todo un contexto legal para favorecer la privatización y mantener lo que ya han conquistado: el 84% del sistema educativo nacional es de escuelas privadas"¿Existe alguna legislación nacional que prohíbe o restringe el lucro en la educación? Camille Chalmers: Por supuesto, existen disposiciones constitucionales que aseguran el acceso gratuito a la educación, pero dentro de los programas neoliberales, han inventado un organismo que reúne las escuelas privadas y, seguramente, están preparando todo un contexto legal para favorecer la privatización y mantener lo que ya han conquistado: el 84% del sistema educativo nacional es de escuelas privadas. Existe también el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue ratificado por el gobierno haitiano, y por lo tanto, tiene fuerza de ley. Este pacto ofrece provisiones para avanzar hacia la prohibición del lucro en actividades educativas, y hacia la previsión del acceso universal libre y equitativo a los servicios educativos.
¿Cómo se da el lucro en la educación de Haití? Camille Chalmers: La privatización de la educación aquí hace parte de un plan global neoliberal, que ya avanzó bastante. Hay una ley nacional [la llamada Ley de Tasas Escolares] que fue publicada recientemente, y trata de regular el aumento de los gastos reclamados a las y los estudiantes por el sector privado, pero todavía no se está aplicando realmente esta norma. Sin embargo, la ley abre posibilidad para la creación de reglamentos interesantes en términos de prohibir el lucro en la educación. El proyecto de la Ley de Tasas Escolares quedó 10 años en el parlamento, hasta que finalmente la ley fue publicada, hace un año y medio. Esta norma realmente prohíbe un aumento abusivo de los gastos reclamados a las y los estudiantes, por el sector privado, pero no hay ningún instrumento legal que regule realmente la actividad educativa en términos de prohibir la mercantilización.
Respecto a la definición de las legislaciones en Haití, ¿destacaría algún actor o proceso particularmente determinante? Camille Chalmers: Los actores más importantes en este sentido, en la coyuntura actual, son los sindicatos de profesores y educadores, que tienen un peso importante en la lucha democrática global y, cuando están debidamente informados y sensibilizados, pueden jugar un papel determinante en la presión sobre el Estado y la Asamblea Legislativa.
¿Qué actores han sido los responsables por impulsar el lucro en la educación en Haití? Camille Chalmers: El gobierno, la USAID, que es muy activa y apoya la asociación de escuelas privadas, y sobretodo las escuelas religiosas, protestantes. La asociación de directores de escuelas privadas y también este frente de educadores protestantes tienen mucho financiamiento directo del gobierno de Estados Unidos, de la USAID. Estos actores están presionando hacia la privatización de la educación y para mantener el estado negativo que tenemos en este momento.
La definición de 'organizaciones sin fines de lucro' varía según el país, siendo a menudo un nombramiento jurídico establecido por las propias organizaciones. En Haití, ¿considera que estas organizaciones actúan con coherencia en relación a su nomenclatura?
"Llevamos a cabo, hace muchos años, una lucha para tener una legislación general que regule, defina y estabilice el sector de las asociaciones, pero no existe todavía"Camille Chalmers: En Haití no existe una ley general sobre asociaciones que permitiría definir muy claramente qué es un organismo sin fines de lucro. Llevamos a cabo, hace muchos años, una lucha para tener una legislación general que regule, defina y estabilice el sector de las asociaciones, pero no existe todavía. Lo que existe son textos legislativos antiguos que fueron adoptados durante la dictadura de [François ] Duvalier, y son represivas. No son aplicables porque fueron adoptadas en un contexto legal totalmente distinto al que tenemos ahora. Hay, entonces, una situación de vacío legal, donde realmente no se define lo que es un organismo sin fines de lucro.
Respecto al marco legislativo vigente en su país, ¿qué ajustes o mejoras se debería hacer para consolidar la educación como un derecho humano fundamental? Camille Chalmers: Es una lucha que tenemos que impulsar. La Asamblea actual es una legislatura muy reaccionaria y conservadora, controlada por el gobierno y el PHTK [Haitian Tèt Kale - partido político], que no tiene ninguna sensibilidad social y no está de acuerdo en aplicar medidas para la universalización del acceso a la educación. Como estamos en un período de crisis política profunda y de crisis institucional, que probablemente deben retrasar el proceso electoral para la próxima legislatura, esperamos que mientras tanto surjan organismos más sensibles a este tipo de cuestiones. Nos mantenemos en la lucha contra la orientación neoliberal y contra la privatización de los servicios básicos y también contra el hecho de que están quitando cada vez más las competencias del Estado para transferirlas al sector privado. Es una lucha que llevamos a cabo hace muchos años, y que seguiremos impulsando. Por supuesto, aprovecharemos la transición política para enfatizar estas demandas.
"Se necesita una campaña global hacia la sociedad, que promueva la presión y recomendaciones, así como la preparación de instrumentos legales nuevos en interlocución con el Ejecutivo y con el Parlamento"¿Qué recomendaciones haría a las organizaciones de la sociedad civil que actúan contra la mercantilización de la educación y en defensa de la educación pública y gratuita? Camille Chalmers: Creo que hay que hacer una campaña global, que abarque la sensibilización de la opinión pública, pero también otros aspectos. En Haití, la gente cree mucho en la educación e invierte mucho en este derecho. Más del 60% de los ingresos educativos es asegurado por la gente directamente. Se necesita una campaña global hacia la sociedad, que promueva la presión y recomendaciones, así como la preparación de instrumentos legales nuevos en interlocución con el Ejecutivo y con el Parlamento. Hay también todo un trabajo a hacer directamente con las organizaciones gremiales del sector educativo. Pensando en los sindicatos de los profesores y también en algunas asociaciones de directores de escuelas, creo que hay todo un trabajo por hacer con ellos directamente, para darle legitimidad a los nuevos instrumentos legales que permiten asegurar un acceso universal a la educación pública de calidad.
¿Le gustaría añadir otras informaciones? Camille Chalmers: Es importante modificar los compromisos internacionales firmados por el Estado haitiano, los cuales a veces condicionan e impulsan la mercantilización de la educación pública. Por ejemplo, el acuerdo que la Unión Europea acaba de firmar con Haití tiene provisiones muy estrictas sobre lo que llaman de servicios educativos, y favorece la tramitación de las transnacionales europeas en la educación nacional, sobretodo en el campo de la investigación y la educación superior. Así, es muy importante que tengamos en la tradición política que se abre la posibilidad de modificar los compromisos tomados, para realmente generar las condiciones favorables a la creación de un plan educativo nacional global, autónomo y soberano, pero también para limitar todo lo que se haga contra la soberanía del país.
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En Haití, país donde el 84% del sistema educativo es formado por escuelas privadas, defender una educación pública y gratuita para todas las personas es uno de los retos más grandes en la lucha por la realización de los derechos humanos en el ámbito nacional.
La CLADE conversó con Camille Chalmers, uno de los representantes de esta lucha, para conocer mejor cómo se da la mercantilización y el lucro en la educación haitiana y cómo la sociedad civil ha resistido a este proceso.
Camille Chalmers es profesor representante de la Plataforma para un Desarrollo Alternativo (PAPDA) e integrante de la red Jubileo Sur/Américas. Durante el diálogo, Camille Chalmers expuso la vulnerabilidad en relación a las leyes y la reglamentación existentes en el país, respecto al sistema educativo privado.
“Hay una ley, cuyo proyecto quedó 10 años en el parlamento, y que fue publicada hace un año y medio. Esta norma realmente prohíbe un aumento abusivo de los gastos reclamados a las y los estudiantes, por el sector privado, pero no hay ningún instrumento legal que regule realmente la actividad educativa en términos de prohibir la mercantilización”, explicó.
Lee a continuación la entrevista completa. (más…)
Haití: Sociedad civil se moviliza por un cambio y contra la corrupción
5 de noviembre de 2019Desde febrero del año en curso, el pueblo de Haití ha tomado las calles, luego de que el Poder Judicial del país informó que funcionarios de alto nivel del gobierno haitiano habían utilizado indebidamente hasta 3.800 millones de dólares en préstamos. Así mismo, se informó que el presidente Jovenel Moïse había estado involucrado en estos casos de corrupción. Los problemas económicos, incluido el aumento del costo de vida en el país, también alimentaron las protestas contra el gobierno. (más…)
Experiencias de lucha por el financiamiento adecuado para una educación de calidad
26 de julio de 2019El documento “La incidencia política por el derecho humano a la educación: relatos y aprendizajes desde América Latina y el Caribe”, presenta experiencias de activistas en la defensa de diferentes aspectos del derecho humano a la educación. Entre ellos, se destaca la temática del financiamiento educativo, la cual se enfocó en las acciones llevadas a cabo por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en ámbito regional, así como por sus miembros en El Salvador y Haití, respectivamente: Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) y Reagrupación Educación para Todos y Todas (REPT). (más…)
“En este momento, de creciente debilidad democrática en América Latina y el Caribe, con leyes que dificultan el derecho a la protesta y a la participación social, persecuciones y criminalización de activistas, es oportuno darle visibilidad a la acción de la sociedad civil y a su positivo impacto en las políticas educativas”, afirma CLADE.
Lanzamiento
En el marco del Foro Político de Alto Nivel de la ONU, que tiene lugar del 9 al 18 de julio, con énfasis en revisar el estado de cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, referido a la educación, y para recordar la importancia de la participación de la sociedad civil en la realización del derecho a la educación, la CLADE lanzó la publicación en el evento paralelo “Derechos humanos en riesgo: reflejos para la educación en América Latina y el Caribe”. Lee a continuación un resumen de las actividades realizadas por la red CLADE, que se presentan en la publicación:ALER
El caso de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER) muestra cómo la institución tuvo que innovar y repensarse, construyendo una planificación estratégica clara y de largo plazo, que le permitiera hacer frente al modelo hegemónico de desarrollo capitalista, explotador y excluyente, a través de la puesta en marcha de acciones de educomunicación e incidencia política por el buen vivir y la realización del derecho a la educación.Espacio Sin Fronteras
La experiencia de la red se refiere a la iniciativa “Tiendas de Ciudadanía”, que buscó facilitar la integración de estudiantes migrantes en las escuelas de educación básica de São Paulo, Brasil, y sensibilizar estudiantes, docentes, autoridades y la población en general a favor de la educación inclusiva y contra la xenofobia.CLADE
El caso regional de CLADE, a su vez, presenta la movilización “¡Financien lo Justo! Por una educación pública y gratuita para todas y todos” que, a partir del lanzamiento del “Sistema de Monitoreo del Financiamiento del DHE en AL&C” - el cual presenta datos sobre el financiamiento educativo público en 20 países de la región - creó estrategias de comunicación, movilización social e incidencia política para exigir la gratuidad educativa y un financiamiento justo y adecuado para la educación en los distintos países, así como el incremento progresivo del presupuesto educativo, a través de la adopción de mecanismos de justicia tributaria.Argentina
La elaboración de un informe con datos fiables fue la apuesta de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) para hacer incidencia y contraponerse a las políticas de reducción de derechos y de recorte del financiamiento para la educación en su país. En alianza con la academia y los sindicatos docentes, la CADE elaboró el informe “El derecho a la educación en Argentina: ¿Hacia dónde van las políticas educativas actuales?”, que logró poner en la agenda pública un análisis crítico respecto a las políticas educativas, despertando el interés de la sociedad civil y entablando debates con las comunidades educativas, defensoras y defensores de derechos, medios de comunicación, autoridades políticas, parlamentarias y parlamentarios.Bolivia
La participación en espacios de incidencia, tanto nacionales como internacionales, y la articulación con actores de la sociedad civil de otros campos, más allá del educativo, fueron estrategias adoptadas por la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) para defender una educación sin discriminaciones y a lo largo de toda la vida. Su experiencia muestra que la articulación a nivel internacional, así como la producción de investigaciones y documentos con propuestas fuertes y factibles, puede llevar al reconocimiento de la coalición como representante legítima de la sociedad civil, abriendo caminos para el diálogo con el gobierno de Bolivia.Brasil
En un contexto de inestabilidad democrática y de congelamiento de la inversión de recursos públicos en áreas como salud y educación, la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación, que ya venía incidiendo por la garantía del derecho humano a la educación en el ámbito internacional, comienza a actuar con más fuerza en el exterior, como una forma de fortalecer el debate y presionar al gobierno de Brasil para que cumpla sus responsabilidades con la educación pública.Ecuador
El Contrato Social por la Educación (CSE) se articuló a otras 16 organizaciones de sociedad civil para elaborar la “Agenda Ciudadana por la Educación”, la cual expresa un conjunto de propuestas para la implementación de una educación de calidad. En el marco de las elecciones del 2017, candidatos a la presidencia y a la Asamblea Nacional de Ecuador firmaron públicamente la Agenda, que ahora queda como un compromiso de gobierno, al cual el CSE da seguimiento.El Salvador
La Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) elaboró una investigación con datos fiables para justificar la necesidad de aumentar las inversiones públicas en educación en el país, acercándose a diputadas y diputados, y a la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa Nacional, para elaborar y proponer, en alianza con la sociedad civil, un Anteproyecto de Ley Especial para el Financiamiento de la Educación.Haití
La articulación con el Parlamento y la incidencia en la opinión pública fueron estrategias adoptadas por la Reagrupación Educación para Todos y Todas (REPT) de Haití, para hacer frente al cobro indiscriminado de cuotas escolares por parte del sector privado en el país, donde más del 80% de las escuelas son privadas. La presión en contra de la regulación de estas tasas era tan fuerte que, aunque en el 2009 se haya aprobado una ley para regular las cuotas escolares, la norma solo fue publicada ocho años después. Mantener viva en la agenda pública, la importancia de la ley durante todo este período y demandar desde las bases su publicación fueron dos de los aprendizajes que se recogieron de esta persistente acción de incidencia.Honduras
El caso del Foro Dakar Honduras presenta la participación de la coalición en el Grupo Local de Educación para incidir en el Plan Estratégico del Sector Educación 2017-2030, integrando a este documento los compromisos asumidos por el Estado Hondureño al firmar la Agenda de Educación 2030.Nicaragua
El Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua (FEDH-IPN), desde el 2010, tiene dificultades para dialogar con el gobierno. En este contexto, decidió elaborar la “Agenda para Transformar la Educación del País”, a partir de consultas a las comunidades educativas en distintas partes de Nicaragua, que movilizaron a docentes, madres y padres y estudiantes para discutir y analizar la situación de la educación en el país.Perú
La Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) viene apoyando y acompañando el desarrollo de estudios y análisis sobre el estado del derecho humano a la educación a nivel nacional, y en base a sus hallazgos, en el 2017, decidió diseñar y elaborar, en articulación con otras redes y organizaciones de la sociedad civil, un informe-luz, como aporte a la evaluación del Estado peruano ante el Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU.República Dominicana
El caso del Foro Socioeducativo (FSE) de República Dominicana explica cómo la coalición logró incorporarse de manera orgánica al proceso de revisión del Anteproyecto de Ley de Ordenamiento y Coordinación Intersectorial para la Atención y el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, desde su articulación con otras organizaciones de sociedad civil.">En nueva publicación, CLADE comparte experiencias, estrategias y aprendizajes de lucha por el derecho a la educación
10 de julio de 2019La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanza la publicación “La incidencia política por el derecho humano a la educación: relatos y aprendizajes desde América Latina y el Caribe – Volumen 3”.
En este tercer volumen, miembros de la CLADE y la coordinación ejecutiva de la Campaña cuentan sus experiencias en la lucha por el derecho humano a la educación: los desafíos, avances logrados y aprendizajes, las estrategias y recomendaciones que quedan para otros movimientos y organizaciones de la sociedad civil. Se presentan casos de incidencia, comunicación, investigación, articulación interinstitucional y movilización en 10 países de América Latina y el Caribe, así como 3 experiencias de ámbito regional, impulsadas por la CLADE y 2 redes regionales que son miembros de la Campaña: Espacio sin Fronteras y Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER).
El documento resulta de un esfuerzo permanente de la CLADE, en registrar y darle visibilidad al recorrido de sus miembros. Además, es una oportunidad para reflexionar sobre los aciertos y equívocos en la lucha, promoviendo la autoevaluación y formación de la red.
“En este momento, de creciente debilidad democrática en América Latina y el Caribe, con leyes que dificultan el derecho a la protesta y a la participación social, persecuciones y criminalización de activistas, es oportuno darle visibilidad a la acción de la sociedad civil y a su positivo impacto en las políticas educativas”, afirma CLADE.
Lanzamiento
En el marco del Foro Político de Alto Nivel de la ONU, que tiene lugar del 9 al 18 de julio, con énfasis en revisar el estado de cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, referido a la educación, y para recordar la importancia de la participación de la sociedad civil en la realización del derecho a la educación, la CLADE lanzó la publicación en el evento paralelo “Derechos humanos en riesgo: reflejos para la educación en América Latina y el Caribe”.
Lee a continuación un resumen de las actividades realizadas por la red CLADE, que se presentan en la publicación: (más…)
SAME 2019 en Haití: REPT impulsa acciones para demandar un financiamiento adecuado al derecho a la educación
3 de junio de 2019Las celebraciones de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) 2019 en Haití se impulsaron con el lema “Hacer realidad el derecho a una educación pública inclusiva, justa, de calidad y gratuita”.
En este marco, la Reagrupación Educación para Todos y Todas (REPT), en alianza con otras organizaciones sociales de Haití, realizó actividades con miras a fortalecer la participación de la sociedad civil en el seguimiento a la Agenda de Educación 2030 en el país y demandar al Estado el financiamiento adecuado del derecho humano a la educación, para ello aplicando la ley que establece el Fondo Nacional de Educación (FNE). Se demandó también la creación de mecanismos de seguimiento a la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4) – referido a la educación – en el país, que incluyan la participación de la sociedad civil. (más…)
Especialistas y activistas discuten la realidad educativa de cinco países de América Latina y el Caribe
16 de mayo de 2019En este segundo encuentro virtual sobre el derecho a la educación realizado por la CLADE en el marco de la SAME 2019, se destacaron temas como: Agenda de Educación 2030, acceso escolar, financiamiento educativo y cobertura de la red pública de educación (más…)
SAME 2019: ¡Participa en nuestro segundo diálogo virtual sobre la educación en América Latina y el Caribe!
3 de mayo de 2019El evento tendrá lugar el próximo martes, en el marco de la Semana de Acción Mundial por la Educación, con la participación de integrantes de la CLADE en diferentes países, así como un invitado especial (más…)
Incidencia de la REPT
Con miras a garantizar la implantación del LEG en Haití, la REPT impulsó un plan de incidencia para promoverlo en los espacios de ONGs y asociaciones de educación. Además, se reunió con ministros y la Oficina Nacional de Contrapartes en la Educación (ONAPE, por su acrónimo en francés), y realizó encuentros con representes de la UNESCO para ofrecer su colaboración a la difusión de la idea. A su vez, en el contexto de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) 2018, la REPT se articuló con un conjunto de organizaciones de la sociedad civil y ONGs para promover un taller en el cual participaron representantes de UNESCO, UNICEF y Banco Interamericano de Desarrollo, así como miembros de sindicatos docentes, sector privado, donantes y fundaciones, entre otros. El taller tuvo el objetivo de presentar la GPE, discutir el rol del LEG para auxiliar el gobierno haitiano a cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), referido a la educación, y planear los próximos pasos para su creación. En seguida, la REPT presentó una primera propuesta de Términos de Referencia para el funcionamiento del mecanismo. Paralelamente, se acercó a la representación de la GPE en Haití con miras a intercambiar saberes sobre el LEG y planes para avanzar en su implementación. “La creación de la Comisión Ministerial es un paso importante para la creación y el funcionamiento del Grupo Local de Educación. A través de ella, la REPT pudo participar de manera directa de la elaboración de los Términos de Referencia del LEG, incidiendo por la incorporación de la educación como un derecho humano, la necesidad de aumentar el financiamiento educativo y la oferta pública de la educación, así como por la consideración de jóvenes, habitantes de áreas rurales y mujeres como miembros del Grupo”, afirma William Thelusmond, coordinador general de la REPT. Las versiones finales de los términos de referencia, elaboradas por la Comisión en principio de enero, incluyen las sugerencias de la Reagrupación. Adelante, la Comisión tiene como retos la formación de los sectores que formarán parte en el LEG, la validación final y la designación (elección y selección) de las y los representantes de los distintos sectores en el LEG. Se espera que el Grupo se instale y empiece a actuar en este semestre.Lea+
Haití: REPT envía carta a Ministro de Educación con propuestas para garantizar un financiamiento justo para la educación pública en el país Comité de los Derechos del Niño expresa preocupación con el derecho a la educación en Haití y la violencia de género en este ámbito">Haití: Reagrupación Educación para Todas y Todos incide por la creación de un Grupo Local de Educación
29 de marzo de 2019El grupo, que iniciará sus trabajos este semestre, tiene el objetivo de fomentar un diálogo inclusivo y transparente sobre las políticas educativas en el país (más…)
Right to Education Initiative[/caption]
Se espera que los “Principios de Abidjan”, cuya versión final se dará a conocer en breve, sean tomados como un documento de referencia para que gobiernos cumplan con sus obligaciones de respetar, proteger y ofertar el derecho a la educación pública y gratuita, así como para que impulsen la reglamentación, monitoreo y fiscalización de la actuación del sector privado en la educación, en sus contextos. El documento presenta directrices para la elaboración de leyes, políticas públicas y mecanismos de reparación en caso de violaciones, y busca también asegurar la no interferencia de intereses privados en la garantía del derecho a la educación pública y de calidad para todas y todos. Las directrices presentes en el documento abordan una serie de temáticas, entre ellas: la gobernanza, el respeto a la libertad académica y pedagógica, la protección contra todas las formas de discriminación y la garantía de la accesibilidad e inclusión en las instituciones de enseñanza.
En los últimos 20 años, distintos países de América Latina y el Caribe y del mundo han experimentado el avance del sector privado en la educación, lo que se ha hecho sin reglamentación u orientaciones previas desde el poder público, y en la ausencia del monitoreo y de control por parte del Estado, para que las instituciones educativas privadas cumplan con parámetros mínimos de calidad y garantía de derechos.
El documento resulta de una serie de consultas internacionales, regionales y temáticas, que fueron realizadas entre 2016 y 2018, con la participación de organizaciones de la sociedad civil de más de 40 países de todo el mundo. En América Latina y el Caribe, la CLADE y la Campanha Nacional pelo Direito à Educação de Brasil aportaron al documento, buscando fortalecer su orientación en lo que se refiere a la reglamentación del sector privado y la no mercantilización de la educación. Las dos Campañas son integrantes del Consorcio Global sobre Privatización de la Educación y Derechos Humanos, que impulsó las consultas mencionadas, así como la elaboración del documento. Para saber más, entra a https://www.abidjanprinciples.org/">
Organizaciones firman directrices sobre la obligación de los Estados en ofertar educación pública y reglamentar la participación del sector privado en la educación
26 de febrero de 2019Los llamados “Principios de Abidjan” fueron adoptados en un evento realizado en Costa de Marfil, donde la CLADE participó (más…)
Maria Khan (ASPBAE)[/caption]
Camilla Croso y Maria Khan sustituyen Laura Giannecchini, coordinadora de desarrollo institucional de la CLADE, y Zehra Arshad, coordinadora nacional de la Coalición por la Educación de Pakistán, que antes ocupaban estos cupos en el Consejo.
“Se nos presenta un gran reto y responsabilidad, que asumimos con el apoyo de la red CLADE, de la Campaña Mundial por la Educación y de redes hermanas de los otros continentes, comprometidas con la defensa del derecho humano a la educación para todas y todos y con el fortalecimiento de los sistemas públicos de educación”, afirma Camilla Croso.">
CLADE fue elegida para nuevo mandato en el Consejo Directivo de la Alianza Mundial por la Educación
13 de febrero de 2019
Camilla Croso, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), fue elegida para representar a las organizaciones de la sociedad civil de los países en desarrollo en el Consejo Directivo de la Alianza Mundial por la Educación (GPE, por su sigla en inglés), al lado de Maria Khan, secretaria general de la Asociación Asia-Pacífico Sur para la Educación Básica y de Adultos (ASPBAE, en inglés). (más…)
