Brasil: políticas para niños y niñas retroceden, y se trasladan del campo educativo a la asistencia
Según el informe realizado por la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación (CNDE), aunque la sociedad civil del país haya luchado y alcanzado avances en las políticas y acciones para la garantía de una educación de calidad en la primera infancia, todavía restan grandes desafíos para la realización de este derecho para todas las niñas y niños. “La meta 1 del Plan Nacional de Educación (2014-2024), que busca la universalización del acceso a la escuela para niños y niñas de 4 y 5 años de edad hasta el 2016, no fue cumplida. Desde el 2014, primer año de vigencia del Plan, la tasa de escolarización en esta etapa creció apenas 4 de los 11% necesarios para alcanzar la meta”, señala la Campaña en su informe. En el documento, también se afirma que “para que la mitad de las niñas y niños de Brasil con hasta 3 años estén en la escuela en el 2024, según establece el Plan, sería necesario invertir lo suficiente para garantizar 20% más cupos en guarderías para la población de esta edad. En el 2017, el aumento en esta tasa había sido de apenas 4%”. Además de la falta de cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Educación, las políticas más recientes para la primera infancia en Brasil retrocedieron y se trasladaron de la perspectiva del derecho humano a la educación para el campo de la asistencia social. “Las políticas relacionadas a la primera infancia apoyan la adopción de propuestas de atención en espacios inadecuados para atender las especificidades de la educación de niñas y niños, por profesionales sin la formación específica para esta atención”, alerta el informe.Chile: la mitad de niños y niñas con 4 y 5 años de edad no accede a la escuela
En Chile, la educación para la primera infancia, llamada de parvularia, es el nivel que más presenta deficiencias en el sistema educativo nacional. Esta etapa contempla estudiantes de 0 a 6 años de edad, iniciando en la sala cuna y terminando en el segundo nivel de transición, antes del ingreso a la educación básica. Según informe elaborado por el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile, en el 2018, la matrícula total en la educación parvularia ascendía a 800.083 niños y niñas, correspondiendo a una cobertura del 54,8%, fuertemente concentrada entre los 4 y 5 años de edad, y alcanzando a sólo el 20,1% de las niñas y niños con entre 0 y 2 años de vida. La provisión de la educación para la primera infancia en el país contempla la participación de entidades públicas y privadas, con fuerte presencia de estas últimas, que representan casi el 60% del total de matrículas. “Es necesario comprender la importancia de frenar en esta etapa escolar la enorme segregación existente, a la vez que se construye una educación pertinente a las necesidades de niños y niñas, considerándolos así en su momento actual y no desde una óptica adultocéntrica, mucho menos propiciando un estrechamiento curricular por medio del énfasis en contenidos (lenguaje y matemáticas) que serán de utilidad para su posterior evaluación dentro de un sistema que tiende a la estandarización y homogeneización”, afirma el documento. Según el Foro, las nuevas propuestas para la educación en la primera infancia en el país tienden a precarizar y privatizar aún más esta etapa educativa, a través del establecimiento de un sistema de subvenciones por parte del Estado, que beneficia proveedores privados sin garantizar un financiamiento basal al sistema público, y aumentando el desapego familiar por las largas horas en que los niños y niñas permanecerán en los jardines infantiles. “Es necesario establecer un financiamiento por asistencia a las instituciones que imparten la educación parvularia, teniendo como evidencia que existe una diferencia concreta en la tasa de asistencia entre el primer y el quinto quintil, un 45,3% y un 57,8% respectivamente, es decir, niños y niñas de una mejor situación económica tienen una mayor asistencia. Significa estar entregando más recursos para la educación de un sector determinado y privilegiado de la población, lo que provoca un aumento de la segregación y exclusión en los niveles pre-escolares del sistema educativo”, alerta el documento.El Salvador: matrícula triplica en tres años
Según el informe presentado por la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación, la educación en la primera infancia ha conquistado avances en el país. Hubo un incremento de la cobertura y atención sobre todo en la educación inicial, que atiende a niñas y niños de 0 a 4 años. “El incremento se debe a la apertura y relevancia que le ha dado el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, triplicando la matrícula de educación inicial del 2.1% en el 2015, a 6.4% en el 2018”, destaca el informe. RESALDE explica que este avance resulta de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, lanzada en el 2018 como un instrumento para la implementación de las líneas de acción de la Política de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, la cual a su vez se generó como respuesta a los compromisos establecidos en el Plan “El Salvador Educado”. “La estrategia aspira a garantizar las oportunidades para el desarrollo integral de niñas y niños desde su gestación hasta cumplir 9 años, a través de la potencialización de los factores vinculados a la familia y a la comunidad que favorecen el desarrollo integral; del aumento de acceso y cobertura de servicios y atenciones integrales y de calidad; de la generación de ambientes saludables y entornos protectores y de la protección y restitución de los derechos de las niñas y niños en su primera infancia”, expresa el informe.Guatemala: financiamiento para la educación en la primera infancia disminuye
Según el informe elaborado por el Colectivo de Educación para Todas y Todos, la educación en la primera infancia no logra atender a todos los niños y niñas del país y es más deficitaria en departamentos que tienen poblaciones mayoritarias indígenas como Izabal, Sololá, Totonicapán, Chimaltenango, San Marcos, Quetzaltenango Huehuetenango, Alta Verapaz y el Quiché. El Colectivo explica que, al inicio del actual gobierno, entraron en revisión los programas sociales de ayuda monetaria condicionada para educación y salud, y se ha observado una reducción en la cobertura de la escuela primaria a un 84%. En relación a la formación docente para esta etapa educativa, el informe indica que, según estimativas del Ministerio de Educación, la ampliación de cobertura en el nivel pre-primario requiere la formación de aproximadamente 40,000 docentes. “Una porción de ellos tendrá que especializarse en educación bilingüe intercultural para atender con pertinencia lingüística y cultural a la población infantil de los pueblos originarios”, afirma el documento.">
Seguimiento a la Agenda 2030: ¿Cómo está la educación en la primera infancia en Brasil, Chile, El Salvador y Guatemala?
27 de agosto de 2019Informes elaborados por foros nacionales miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en Brasil, Chile, El Salvador y Guatemala, muestran riesgos para la llamada educación en la primera infancia, la cual se refiere al derecho a la educación de niños y niñas de 0 a 8 años, según define el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas (ONU). (más…)
Chile
La reforma constitucional de Chile en el 2002 estableció la enseñanza secundaria obligatoria y con opciones gratuitas. Asimismo, se comenzó a desarrollar la EPJA, buscando la finalización de estudios básicos o medios, y sumándose iniciativas para lograr una alfabetización básica y contar con alternativas educativas en contextos de encierro. Sin embargo, la eficacia de estos programas es cuestionable, según el informe luz elaborado por el Foro por el Derecho a la Educación Pública. El documento demuestra que, por una parte, quienes más han participado en los programas educativos mencionados son personas con entre 14 y 18 años de edad, en mayor proporción que durante años anteriores, lo que indica que las personas de más edad están dejando de participar. Aunque las cifras sobre escolarización en Chile muestran un aumento en los años de escolaridad con el paso del tiempo, existen complejas realidades, como las que muestran los últimos datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) de 2017: el 5,2% de la población entre 30 y 44 años de edad no ha completado su Educación Básica, y el 8,8% no concluyó su Educación Media. Es peor la situación en tramos de más edad, como el de 45 a 59 años, donde el 4,7% de las personas no ha completado su Educación Básica, y un 13,2% no terminó la Educación Media. “Es urgente volver a plantearse la población objetivo de estos programas, y preguntarse por qué una parte considerable de la población adulta en Chile aún no logra completar su educación obligatoria, que debería estar garantizada por el Estado”, afirma el Foro.El Salvador
En su informe luz, la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) destaca como un avance para la EPJA el establecimiento del Plan El Salvador Educado (PESE). Uno de los objetivos del PESE es la implementación de una política de educación permanente para la población joven y adulta. Además, el plan establece el “Sistema de seguimiento y evaluación de los programas de educación permanente de la población joven y adulta”.Guatemala
Según el informe luz del Colectivo de Educación para Todas y Todos, el país continúa enfrentando pobreza sistémica, desigualdad, discriminación y exclusión, lo que influye en la deserción escolar desde la primaria. Además, el nuevo gobierno de Guatemala manifestó que en relación a la educación secundaria hay una desatención del 80%, de manera que sólo 20 de cada 100 jóvenes que egresan de la escuela primaria pueden asistir a la secundaria. Asimismo, más del 50% de las y los estudiantes de los cursos nocturnos no terminan la secundaria. Dichos indicadores apuntan que en el país hay una gran parcela de la población que necesitaría retornar a los centros educativos. Por lo tanto, es muy necesario que el Estado guatemalteco invierta en la educación de personas jóvenes y adultas.">Miembros de la CLADE presentan datos sobre la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en Brasil, Chile, El Salvador y Guatemala
4 de agosto de 2019En el marco del Foro Político de Alto Nivel (FPAN) de las Naciones Unidas, que este año revisó por primera vez en profundidad el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de numero 4, referente a la educación, los miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en Brasil, Chile, El Salvador y Guatemala presentaron informes sobre la implementación del ODS 4 y el estado del derecho humano a la educación en sus contextos nacionales. (más…)
Experiencias de lucha por el financiamiento adecuado para una educación de calidad
26 de julio de 2019El documento “La incidencia política por el derecho humano a la educación: relatos y aprendizajes desde América Latina y el Caribe”, presenta experiencias de activistas en la defensa de diferentes aspectos del derecho humano a la educación. Entre ellos, se destaca la temática del financiamiento educativo, la cual se enfocó en las acciones llevadas a cabo por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en ámbito regional, así como por sus miembros en El Salvador y Haití, respectivamente: Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) y Reagrupación Educación para Todos y Todas (REPT). (más…)
“En este momento, de creciente debilidad democrática en América Latina y el Caribe, con leyes que dificultan el derecho a la protesta y a la participación social, persecuciones y criminalización de activistas, es oportuno darle visibilidad a la acción de la sociedad civil y a su positivo impacto en las políticas educativas”, afirma CLADE.
Lanzamiento
En el marco del Foro Político de Alto Nivel de la ONU, que tiene lugar del 9 al 18 de julio, con énfasis en revisar el estado de cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, referido a la educación, y para recordar la importancia de la participación de la sociedad civil en la realización del derecho a la educación, la CLADE lanzó la publicación en el evento paralelo “Derechos humanos en riesgo: reflejos para la educación en América Latina y el Caribe”. Lee a continuación un resumen de las actividades realizadas por la red CLADE, que se presentan en la publicación:ALER
El caso de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER) muestra cómo la institución tuvo que innovar y repensarse, construyendo una planificación estratégica clara y de largo plazo, que le permitiera hacer frente al modelo hegemónico de desarrollo capitalista, explotador y excluyente, a través de la puesta en marcha de acciones de educomunicación e incidencia política por el buen vivir y la realización del derecho a la educación.Espacio Sin Fronteras
La experiencia de la red se refiere a la iniciativa “Tiendas de Ciudadanía”, que buscó facilitar la integración de estudiantes migrantes en las escuelas de educación básica de São Paulo, Brasil, y sensibilizar estudiantes, docentes, autoridades y la población en general a favor de la educación inclusiva y contra la xenofobia.CLADE
El caso regional de CLADE, a su vez, presenta la movilización “¡Financien lo Justo! Por una educación pública y gratuita para todas y todos” que, a partir del lanzamiento del “Sistema de Monitoreo del Financiamiento del DHE en AL&C” - el cual presenta datos sobre el financiamiento educativo público en 20 países de la región - creó estrategias de comunicación, movilización social e incidencia política para exigir la gratuidad educativa y un financiamiento justo y adecuado para la educación en los distintos países, así como el incremento progresivo del presupuesto educativo, a través de la adopción de mecanismos de justicia tributaria.Argentina
La elaboración de un informe con datos fiables fue la apuesta de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) para hacer incidencia y contraponerse a las políticas de reducción de derechos y de recorte del financiamiento para la educación en su país. En alianza con la academia y los sindicatos docentes, la CADE elaboró el informe “El derecho a la educación en Argentina: ¿Hacia dónde van las políticas educativas actuales?”, que logró poner en la agenda pública un análisis crítico respecto a las políticas educativas, despertando el interés de la sociedad civil y entablando debates con las comunidades educativas, defensoras y defensores de derechos, medios de comunicación, autoridades políticas, parlamentarias y parlamentarios.Bolivia
La participación en espacios de incidencia, tanto nacionales como internacionales, y la articulación con actores de la sociedad civil de otros campos, más allá del educativo, fueron estrategias adoptadas por la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) para defender una educación sin discriminaciones y a lo largo de toda la vida. Su experiencia muestra que la articulación a nivel internacional, así como la producción de investigaciones y documentos con propuestas fuertes y factibles, puede llevar al reconocimiento de la coalición como representante legítima de la sociedad civil, abriendo caminos para el diálogo con el gobierno de Bolivia.Brasil
En un contexto de inestabilidad democrática y de congelamiento de la inversión de recursos públicos en áreas como salud y educación, la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación, que ya venía incidiendo por la garantía del derecho humano a la educación en el ámbito internacional, comienza a actuar con más fuerza en el exterior, como una forma de fortalecer el debate y presionar al gobierno de Brasil para que cumpla sus responsabilidades con la educación pública.Ecuador
El Contrato Social por la Educación (CSE) se articuló a otras 16 organizaciones de sociedad civil para elaborar la “Agenda Ciudadana por la Educación”, la cual expresa un conjunto de propuestas para la implementación de una educación de calidad. En el marco de las elecciones del 2017, candidatos a la presidencia y a la Asamblea Nacional de Ecuador firmaron públicamente la Agenda, que ahora queda como un compromiso de gobierno, al cual el CSE da seguimiento.El Salvador
La Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) elaboró una investigación con datos fiables para justificar la necesidad de aumentar las inversiones públicas en educación en el país, acercándose a diputadas y diputados, y a la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa Nacional, para elaborar y proponer, en alianza con la sociedad civil, un Anteproyecto de Ley Especial para el Financiamiento de la Educación.Haití
La articulación con el Parlamento y la incidencia en la opinión pública fueron estrategias adoptadas por la Reagrupación Educación para Todos y Todas (REPT) de Haití, para hacer frente al cobro indiscriminado de cuotas escolares por parte del sector privado en el país, donde más del 80% de las escuelas son privadas. La presión en contra de la regulación de estas tasas era tan fuerte que, aunque en el 2009 se haya aprobado una ley para regular las cuotas escolares, la norma solo fue publicada ocho años después. Mantener viva en la agenda pública, la importancia de la ley durante todo este período y demandar desde las bases su publicación fueron dos de los aprendizajes que se recogieron de esta persistente acción de incidencia.Honduras
El caso del Foro Dakar Honduras presenta la participación de la coalición en el Grupo Local de Educación para incidir en el Plan Estratégico del Sector Educación 2017-2030, integrando a este documento los compromisos asumidos por el Estado Hondureño al firmar la Agenda de Educación 2030.Nicaragua
El Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua (FEDH-IPN), desde el 2010, tiene dificultades para dialogar con el gobierno. En este contexto, decidió elaborar la “Agenda para Transformar la Educación del País”, a partir de consultas a las comunidades educativas en distintas partes de Nicaragua, que movilizaron a docentes, madres y padres y estudiantes para discutir y analizar la situación de la educación en el país.Perú
La Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) viene apoyando y acompañando el desarrollo de estudios y análisis sobre el estado del derecho humano a la educación a nivel nacional, y en base a sus hallazgos, en el 2017, decidió diseñar y elaborar, en articulación con otras redes y organizaciones de la sociedad civil, un informe-luz, como aporte a la evaluación del Estado peruano ante el Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU.República Dominicana
El caso del Foro Socioeducativo (FSE) de República Dominicana explica cómo la coalición logró incorporarse de manera orgánica al proceso de revisión del Anteproyecto de Ley de Ordenamiento y Coordinación Intersectorial para la Atención y el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, desde su articulación con otras organizaciones de sociedad civil.">En nueva publicación, CLADE comparte experiencias, estrategias y aprendizajes de lucha por el derecho a la educación
10 de julio de 2019La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanza la publicación “La incidencia política por el derecho humano a la educación: relatos y aprendizajes desde América Latina y el Caribe – Volumen 3”.
En este tercer volumen, miembros de la CLADE y la coordinación ejecutiva de la Campaña cuentan sus experiencias en la lucha por el derecho humano a la educación: los desafíos, avances logrados y aprendizajes, las estrategias y recomendaciones que quedan para otros movimientos y organizaciones de la sociedad civil. Se presentan casos de incidencia, comunicación, investigación, articulación interinstitucional y movilización en 10 países de América Latina y el Caribe, así como 3 experiencias de ámbito regional, impulsadas por la CLADE y 2 redes regionales que son miembros de la Campaña: Espacio sin Fronteras y Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER).
El documento resulta de un esfuerzo permanente de la CLADE, en registrar y darle visibilidad al recorrido de sus miembros. Además, es una oportunidad para reflexionar sobre los aciertos y equívocos en la lucha, promoviendo la autoevaluación y formación de la red.
“En este momento, de creciente debilidad democrática en América Latina y el Caribe, con leyes que dificultan el derecho a la protesta y a la participación social, persecuciones y criminalización de activistas, es oportuno darle visibilidad a la acción de la sociedad civil y a su positivo impacto en las políticas educativas”, afirma CLADE.
Lanzamiento
En el marco del Foro Político de Alto Nivel de la ONU, que tiene lugar del 9 al 18 de julio, con énfasis en revisar el estado de cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, referido a la educación, y para recordar la importancia de la participación de la sociedad civil en la realización del derecho a la educación, la CLADE lanzó la publicación en el evento paralelo “Derechos humanos en riesgo: reflejos para la educación en América Latina y el Caribe”.
Lee a continuación un resumen de las actividades realizadas por la red CLADE, que se presentan en la publicación: (más…)
Especialistas y activistas discuten la realidad educativa de cinco países de América Latina y el Caribe
16 de mayo de 2019En este segundo encuentro virtual sobre el derecho a la educación realizado por la CLADE en el marco de la SAME 2019, se destacaron temas como: Agenda de Educación 2030, acceso escolar, financiamiento educativo y cobertura de la red pública de educación (más…)
SAME 2019: ¡Participa en nuestro segundo diálogo virtual sobre la educación en América Latina y el Caribe!
3 de mayo de 2019El evento tendrá lugar el próximo martes, en el marco de la Semana de Acción Mundial por la Educación, con la participación de integrantes de la CLADE en diferentes países, así como un invitado especial (más…)
Encuentro aborda políticas y prácticas educativas como instrumentos de lucha para superar la violencia de género en y desde la educación
6 de junio de 2018Como parte del programa del “Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación: Estrategias de transformación”, que se realizó del 28 al 30 de mayo en San Salvador, El Salvador, impulsado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), con el apoyo de UNICEF, y la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) como alfitriona local, se realizó el día 28 de mayo el panel “Igualdad y violencia de género en y desde la educación: políticas y prácticas educativas como instrumentos de lucha”. (más…)
Participaron Ingrid Sánchez Tapia, de United Nations Girls' Education Initiative (UNGEI/ONU), Luisa Martínez, de UNICEF Perú, y Gloria Oqueli, diputada del PARLACEN por Honduras y Presidenta del Foro de la Mujer de Eurolat.
En su intervención, Ingrid Sánchez Tapia presentó el panorama mundial sobre la violencia de género en las escuelas, señalando que son múltiples las formas de violencia presentes en estos espacios, como castigos corporales, acoso verbal, violación y tocamientos no consentidos. De acuerdo con la representante de UNGEI, se estima a nivel mundial que cerca de 246 millones de niños y niñas sean víctimas de acoso o abuso sexual en las escuelas o su entorno a cada año, aunque muchos de los casos no se registren o denuncien como deberían. Presentó, además, otros datos alarmantes: 1 en cada 4 niñas en el mundo tiene temor a usar el baño en las escuelas por miedo de sufrir violencia; 1 en cada 3 estudiantes entre 13 y 15 años de edad padece por intimidación o matoneo de forma regular en su centro educativo; las niñas y niños que son objeto de violencia en la escuela pierden un año escolar en promedio; y la violencia homofóbica también ha hecho que muchas niñas y niños abandonen los estudios. Estos y otros datos pueden ser consultados en la página de UNGEI/ONU: http://www.ungei.org/srgbv/index.html
La violencia de género en la educación también implica otros riesgos, añadió Tapia, como: explotación sexual, embarazos no deseados, enfermedades transmitidas sexualmente, adicciones, etc.
“Es necesario adoptar medidas integrales, integradas y multisectoriales para prevenir y responder a la violencia basada en género en la educación, además de mejorar la gobernanza escolar al respecto, desde la elaboración de guías, la inclusión del abordaje de esta temática en los currículos y acciones de prevención de la violencia y de promoción de los derechos de las niñas y niños, de la igualdad de género y de la educación sexual y sobre enfermedades sexualmente transmisibles en las escuelas. También los gobiernos deben adoptar materiales educativos y prácticas pedagógicas y presentar informes sobre los avances y desafíos pendientes en esta temática. Los programas educativos deben abordar los estereotipos de género, las desigualdades de poder entre hombres y mujeres, y también las dinámicas que interactúan con la pobreza”, señaló.
Enfatizó también que las niñas y los niños deben tomarse como participantes clave en el debate sobre la violencia por razón de género en la educación. Afirmó que es igualmente necesario que los gobiernos inviertan recursos en el desarrollo de investigaciones formativas y datos diagnósticos fiables sobre esta problemática, elaborando planes sectoriales de educación a partir de estas informaciones. Asimismo, destacó la importancia de involucrar a donantes, autoridades, asociaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, entre otros actores, en el diseño e implementación de medidas de enfrentamiento a la discriminación y violencia de género en la educación.
A su vez, Luisa Martínez, de Unicef Perú, subrayó en su aporte la diversidad que caracteriza a las niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe, que son 107 millones de personas con entre 0 y 19 años de edad, y considerándose que ⅓ de los hogares de la región se encuentra en situación de pobreza multidimensional.
“Hubo avances en el enfrentamiento de la mortalidad infantil y en la creación de marcos normativos para la igualdad de género, pero hay desafíos importantes, como el embarazo adolescente, que aumentó en los últimos 20 años en todos los países de la región. Esto ha llevado a la expulsión de las niñas de las escuelas. América Latina y el Caribe tiene la segunda mayor tasa de embarazo adolescente en el mundo, siendo que 1 de cada 4 niñas con menos de 18 años en la región que no ha completado ningún nivel escolar se encuentra en matrimonio o en unión estable temprana – el doble de la tasa identificada entre las adolescentes y niñas que completan la secundaria”, afirmó.
Según Martínez, la violencia de género contra mujeres y niñas tiene como factores comunes que se repiten: la normalización de la violencia, castigos corporales, conflictos de parejas, conflictos armados, la falta de empoderamiento de niñas y mujeres, abusos en la infancia, madres víctimas de violencia, etc. Estas prácticas, de acuerdo con ella, generan impactos graves en el bienestar y la salud física y mental de las niñas y mujeres, además de en algunos casos traer como consecuencia el embarazo no deseado o temprano. Añadió que la violencia sexual en la región prevalece entre niñas de 15 a 19 años de edad, y que la violencia emocional contra niñas y mujeres es más frecuente en América Latina y el Caribe que en otras regiones del mundo.
En las escuelas, subrayó que son comunes situaciones de violencia sexual, física y psicológica dentro y alrededor de la escuela debido a las normas, roles o estereotipos atribuidos a los sexos y las identidades de género, y que es un desafío medir exactamente en qué cantidad y con qué frecuencia estos casos ocurren.
“Hay países con disposiciones legales para la prevención de la violencia, sin embargo, no hay armonización entre las leyes generales sobre la violencia de género y las leyes generales de educación”, afirmó.
Finalmente, mencionó la campaña “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres”, de la Organización de Naciones Unidas, cuyos tres pilares para América Latina y el Caribe son: “Alto a la impunidad”, que tiene por objetivo implementar marcos normativos y actualizar y armonizar leyes, así como promover la sensibilización contra la violencia de género en las escuelas y mejorar la información al respecto; “Ni una más”, campaña de atención a las víctimas y prevención de la violencia, con visitas domiciliarias y programas de formación para padres y madres, así como fortalecimiento de los servicios públicos de salud y educación para que sean sensibles a la perspectiva de género, incluyéndose formación docente, abordaje de los currículos, ubicación de baños en las escuelas, etc; y “Responsabilidad de Todos”, que fomenta la movilización social y la participación proactiva de socios no tradicionales, especialmente hombres jóvenes.
En su intervención, la diputada Gloria Oqueli subrayó que hay buenas leyes para la superación de la violencia de género en la educación en Centro América, pero no se ha avanzado en las asignaciones presupuestarias del Sistema de Integración Centroamericana para implementarlas. “Necesitamos democratizar la educación y el conocimiento, pues se trata de un derecho, no un privilegio”, afirmó.
">Encuentro aborda políticas y prácticas educativas como instrumentos de lucha para superar la violencia de género en y desde la educación
Como parte del programa del “Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación: Estrategias de transformación”, que se realizó del 28 al 30 de mayo en San Salvador, El Salvador, impulsado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), con el apoyo de UNICEF, y la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) como alfitriona local, se realizó el día 28 de mayo el panel “Igualdad y violencia de género en y desde la educación: políticas y prácticas educativas como instrumentos de lucha”. (más…)
¿Cómo la violencia por orientación sexual e identidad de género afecta las y los estudiantes en América Latina y el Caribe?
30 de mayo de 2018María Guadalupe Ramos Ponce, del CLADEM, expone la realidad regional de violencia contra niñas y mujeres, así como por identidad de género y orientación sexual en la educación (más…)
