Encuentro aborda políticas y prácticas educativas como instrumentos de lucha para superar la violencia de género en y desde la educación

6 de Junio de 2018

Como parte del programa del “Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación: Estrategias de transformación”, que se realizó del 28 al 30 de mayo en San Salvador, El Salvador, impulsado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), con el apoyo de UNICEF, y la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) como alfitriona local, se realizó el día 28 de mayo el panel “Igualdad y violencia de género en y desde la educación: políticas y prácticas educativas como instrumentos de lucha”.

Participaron Ingrid Sánchez Tapia, de United Nations Girls’ Education Initiative (UNGEI/ONU), Luisa Martínez, de UNICEF Perú, y Gloria Oqueli, diputada del PARLACEN por Honduras y Presidenta del Foro de la Mujer de Eurolat.

En su intervención, Ingrid Sánchez Tapia presentó el panorama mundial sobre la violencia de género en las escuelas, señalando que son múltiples las formas de violencia presentes en estos espacios, como castigos corporales, acoso verbal, violación y tocamientos no consentidos. De acuerdo con la representante de UNGEI, se estima a nivel mundial que cerca de 246 millones de niños y niñas sean víctimas de acoso o abuso sexual en las escuelas o su entorno a cada año, aunque muchos de los casos no se registren o denuncien como deberían. Presentó, además, otros datos alarmantes: 1 en cada 4 niñas en el mundo tiene temor a usar el baño en las escuelas por miedo de sufrir violencia; 1 en cada 3 estudiantes entre 13 y 15 años de edad padece por intimidación o matoneo de forma regular en su centro educativo; las niñas y niños que son objeto de violencia en la escuela pierden un año escolar en promedio; y la violencia homofóbica también ha hecho que muchas niñas y niños abandonen los estudios. Estos y otros datos pueden ser consultados en la página de UNGEI/ONU: http://www.ungei.org/srgbv/index.html

La violencia de género en la educación también implica otros riesgos, añadió Tapia, como: explotación sexual, embarazos no deseados, enfermedades transmitidas sexualmente, adicciones, etc.

“Es necesario adoptar medidas integrales, integradas y multisectoriales para prevenir y responder a la violencia basada en género en la educación, además de mejorar la gobernanza escolar al respecto, desde la elaboración de guías, la inclusión del abordaje de esta temática en los currículos y acciones de prevención de la violencia y de promoción de los derechos de las niñas y niños, de la igualdad de género y de la educación sexual y sobre enfermedades sexualmente transmisibles en las escuelas. También los gobiernos deben adoptar materiales educativos y prácticas pedagógicas y presentar informes sobre los avances y desafíos pendientes en esta temática. Los programas educativos deben abordar los estereotipos de género, las desigualdades de poder entre hombres y mujeres, y también las dinámicas que interactúan con la pobreza”, señaló.

Enfatizó también que las niñas y los niños deben tomarse como participantes clave en el debate sobre la violencia por razón de género en la educación. Afirmó que es igualmente necesario que los gobiernos inviertan recursos en el desarrollo de investigaciones formativas y datos diagnósticos fiables sobre esta problemática, elaborando planes sectoriales de educación a partir de estas informaciones. Asimismo, destacó la importancia de involucrar a donantes, autoridades, asociaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, entre otros actores, en el diseño e implementación de medidas de enfrentamiento a la discriminación y violencia de género en la educación.

A su vez, Luisa Martínez, de Unicef Perú, subrayó en su aporte la diversidad que caracteriza a las niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe, que son 107 millones de personas con entre 0 y 19 años de edad, y considerándose que ⅓ de los hogares de la región se encuentra en situación de pobreza multidimensional.

“Hubo avances en el enfrentamiento de la mortalidad infantil y en la creación de marcos normativos para la igualdad de género, pero hay desafíos importantes, como el embarazo adolescente, que aumentó en los últimos 20 años en todos los países de la región. Esto ha llevado a la expulsión de las niñas de las escuelas. América Latina y el Caribe tiene la segunda mayor tasa de embarazo adolescente en el mundo, siendo que 1 de cada 4 niñas con menos de 18 años en la región que no ha completado ningún nivel escolar se encuentra en matrimonio o en unión estable temprana – el doble de la tasa identificada entre las adolescentes y niñas que completan la secundaria”, afirmó.

Según Martínez, la violencia de género contra mujeres y niñas tiene como factores comunes que se repiten: la normalización de la violencia, castigos corporales, conflictos de parejas, conflictos armados, la falta de empoderamiento de niñas y mujeres, abusos en la infancia, madres víctimas de violencia, etc. Estas prácticas, de acuerdo con ella, generan impactos graves en el bienestar y la salud física y mental de las niñas y mujeres, además de en algunos casos traer como consecuencia el embarazo no deseado o temprano. Añadió que la violencia sexual en la región prevalece entre niñas de 15 a 19 años de edad, y que la violencia emocional contra niñas y mujeres es más frecuente en América Latina y el Caribe que en otras regiones del mundo.

En las escuelas, subrayó que son comunes situaciones de violencia sexual, física y psicológica dentro y alrededor de la escuela debido a las normas, roles o estereotipos atribuidos a los sexos y las identidades de género, y que es un desafío medir exactamente en qué cantidad y con qué frecuencia estos casos ocurren.

“Hay países con disposiciones legales para la prevención de la violencia, sin embargo, no hay armonización entre las leyes generales sobre la violencia de género y las leyes generales de educación”, afirmó.

Finalmente, mencionó la campaña “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres”, de la Organización de Naciones Unidas, cuyos tres pilares para América Latina y el Caribe son: “Alto a la impunidad”, que tiene por objetivo implementar marcos normativos y actualizar y armonizar leyes, así como promover la sensibilización contra la violencia de género en las escuelas y mejorar la información al respecto; “Ni una más”, campaña de atención a las víctimas y prevención de la violencia, con visitas domiciliarias y programas de formación para padres y madres, así como fortalecimiento de los servicios públicos de salud y educación para que sean sensibles a la perspectiva de género, incluyéndose formación docente, abordaje de los currículos, ubicación de baños en las escuelas, etc; y “Responsabilidad de Todos”, que fomenta la movilización social y la participación proactiva de socios no tradicionales, especialmente hombres jóvenes.

En su intervención, la diputada Gloria Oqueli subrayó que hay buenas leyes para la superación de la violencia de género en la educación en Centro América, pero no se ha avanzado en las asignaciones presupuestarias del Sistema de Integración Centroamericana para implementarlas. “Necesitamos democratizar la educación y el conocimiento, pues se trata de un derecho, no un privilegio”, afirmó.