Brasil: Campaña lanza nota técnica para colaborar con la tramitación de nuevo fondo para el financiamiento de la educación básica en el país

5 de julio de 2019

La Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE), miembro de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en el país, presentó semana pasada una nota técnica con el objetivo de colaborar con la tramitación del Fundeb (Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y Valorización de los Profesionales de la Educación).  (más…)

La Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) y el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile realizaron el 27 de junio un diálogo virtual, para compartir experiencias de educación popular, bajo gestión social o comunitaria; y los retos de la lucha contra el lucro en la educación en ámbito regional. Acompañaron el debate cerca de 30 activistas y educadoras/es de Brasil, Uruguay, Chile, Ecuador y Argentina. En el encuentro, compartieron sus experiencias de educación y lucha: Fernando Anderlic, Director de Fe y Alegría en Argentina; Juan González, miembro del Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile; y Nahuel Casademunt, del Centro de Estudio del Sindicato Nacional de Trabajadores/as de la Educación Popular de Gestión Social de Argentina. El diálogo fue moderado por Marcela Browne, de la CADE.<!--more--> “Un bachillerato popular o una escuela organizada por el movimiento campesino no es lo mismo que un emprendimiento privado o una empresa con intereses de lucro en la educación. Tenemos que diferenciar los intereses, situaciones de educadoras y educadores, así como los proyectos educativos. Queremos traer a la discusión las experiencias de educación comunitaria, popular o de gestión social que promueven una educación emancipadora y quieren ampliar el derecho y acceso a la educación, sin intereses de lucro”, afirmó Marcela Browne en la apertura del diálogo. En su intervención, Fernando Anderlic presentó la experiencia del movimiento de educación popular Fe y Alegría, que actúa hace 23 años en Argentina. “Tenemos presencia en asentamientos y barrios donde no hay escuelas públicas o las más cercanas no atienden las necesidades locales. Son 26 centros educativos gestionados por la comunidad que ofrecen enseñanza primaria, secundaria y técnica gratuita, en convenio con gobiernos, cooperación internacional y organizaciones de barrios y de ámbito nacional”, relató. Añadió que, las educadoras y los educadores, así como las familias involucradas en el proyecto, actúan sin fines de lucro y con miras a que estos centros sean espacios para la transformación social y personal, proponiendo la reunión de la comunidad alrededor del debate y planteamiento de demandas y soluciones conjuntas. Juan González, del Foro por el Derecho a la Educación Pública, hizo un recorrido histórico de la presencia de actores privados en la educación chilena. Contó que, desde el 1925, en la Constitución de Chile, se prevé la libertad de enseñanza y se le da más peso que al derecho humano a la educación. Según González, con el golpe militar en el país, se usó este principio de la libertad de enseñanza para permitir la liberalización del sistema educativo y la concentración de la educación en la iniciativa privada. “Casi el 70% de las matrículas en Chile está en manos de privados y de un mercado educativo que segrega y genera competencia. La subvención estatal se paga a las escuelas privadas por la cantidad de estudiantes que tengan, lo que profundiza las desigualdades”, afirmó. Añadió que es fundamental diferenciar los proyectos educativos impulsados por la sociedad civil, sin fines de lucro, de aquellos llevados adelante por grandes empresas con intereses económicos y extractivistas. A su vez, Nahuel Casademunt presentó su experiencia como educador en un bachillerato popular de secundaria que atiende a personas jóvenes y adultas en Argentina, y su trabajo en la construcción de una herramienta gremial, vinculada a organizaciones de trabajadoras y trabajadores. Esta herramienta tiene por objetivos: visibilizar proyectos educativos populares y sociales que plantean una educación emancipadora, e impulsar la reglamentación de estas experiencias para que puedan ser preservadas y replicadas, desde un marco normativo que permita reconocer, valorar y mantener las trabajadoras y los trabajadores que actúan en tales proyectos, garantizando a la vez sus derechos. Comentó que, por la Ley Nacional de Educación de Argentina, de 2006, se establece la existencia de escuelas bajo diferentes tipos de gestión: estatales, privadas y sociales-cooperativas o asociadas. “Planteamos que, así como el Estado y empresas pueden hoy gestionar la educación, como movimientos sociales también tengamos este derecho, con reconocimiento y apoyo del Estado”. En el diálogo, se destacaron como retos: reconocer y garantizar los derechos de las trabajadoras y trabajadores que actúan en la educación de gestión social o comunitaria; apoyar y reglamentar las experiencias transformadoras de educación popular de gestión social, sin dejar de priorizar la lucha por el fortalecimiento de la educación pública y gratuita para todas y todos, como responsabilidad de los Estados; disputar los imaginarios y narrativas que se difunden a través de los grandes medios de comunicación, contrarrestando miradas que estigmatizan la educación pública y favorecen la privatización; plantear desde la sociedad civil la existencia de alianzas público-comunitarias y modelos de gestión comunitaria de educación en cooperación con los Estados; presionar para que el Estado garantice el derecho a la educación pública y gratuita en la primera infancia, y se haga cargo de supervisar el funcionamiento de guarderías comunitarias para que actúen con calidad, ofreciendo a la vez formación y apoyo a las educadoras y educadores que trabajan en tales centros educativos. Durante el encuentro, también se señalaron los riegos para el derecho humano a la educación que representan la actuación de grandes conglomerados de educación privada con fines de lucro y su interferencia en las políticas educativas, desde alianzas público-privadas con los gobiernos; y los efectos negativos de convenios firmados entre los Estados y el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que para conceder préstamos a los países, imponen como condición la inversión en modelos educativos que no respetan la igualdad, diversidad y gratuidad.
En diálogo virtual, se compartieron experiencias de educación popular, bajo gestión social o comunitaria; y los retos de la lucha contra el lucro en la educación en ámbito regional

Puentes del Sur: Organizaciones de Argentina y Chile dialogan sobre experiencias de educación popular

La Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) y el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile realizaron el 27 de junio un diálogo virtual, para compartir experiencias de educación popular, bajo gestión social o comunitaria; y los retos de la lucha contra el lucro en la educación en ámbito regional. Acompañaron el debate cerca de 30 activistas y educadoras/es de Brasil, Uruguay, Chile, Ecuador y Argentina.

En el encuentro, compartieron sus experiencias de educación y lucha: Fernando Anderlic, Director de Fe y Alegría en Argentina; Juan González, miembro del Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile; y Nahuel Casademunt, del Centro de Estudio del Sindicato Nacional de Trabajadores/as de la Educación Popular de Gestión Social de Argentina. El diálogo fue moderado por Marcela Browne, de la CADE. (más…)

<span style=“El gobierno se mantiene intransigente y dispuesto a seguir impulsando medidas represivas y privatizadoras. Por esto los actores educativos en su conjunto han convocado a un paro nacional a partir del 1º de julio”, afirma el Foro por el Derecho a la Educación Pública (FODEP), en una nota publicada tras semanas de protestas de docentes, estudiantes de secundaria, apoderadas/os y profesionales de la educación, que se movilizan para defender el derecho a la educación pública y contrarrestar la privatización educativa en Chile.  Entre las demandas de las y los manifestantes, se destacan: la obligatoriedad de asignar las disciplinas de Historia y Educación Física (el gobierno las quiere dejar como optativas para tercero y cuarto medio); la superación del sistema de selección de estudiantes, que premia el esfuerzo individual y la competencia escolar; el fin de la doble evaluación docente; el reconocimiento de las menciones a las educadoras y los educadores diferenciales; el fin del sistema de financiamiento educativo vía subvenciones; la derogación de la ley Aula Segura, que busca sancionar con la expulsión a estudiantes que participen en hechos de violencia al interior de los establecimientos educacionales; y el fin a la criminalización del movimiento estudiantil. 

Red Contra la Represión a Estudiantes

Según el Foro, en respuesta a las manifestaciones, el gobierno ha reprimido salvajemente a manifestantes, en particular a estudiantes de la Comuna de Santiago.  Frente a este contexto, el FODEP convocó a profesoras, profesores, estudiantes de secundaria, apoderadas, apoderados, trabajadoras y trabajadores de la educación pública, así como a distintas organizaciones sociales, a formar la Red Contra la Represión a Estudiantes, con el objeto de trabajar en la defensa de los derechos de docentes y estudiantes movilizadas/os.  “A pesar de la represión en las escuelas, los actores educativos en Chile se siguen organizando en defensa de la educación pública, que tras el tsunami privatizador, se encuentra en su crisis terminal”, dice el Foro en nota pública.  Lee la nota completa a continuación:  

Chile 2019: Los actores educativos se movilizan en defensa de la Educación Pública 

Al igual como en 2011, y antes en 2006, este año 2019, el mundo social por la educación - profesores, estudiantes, apoderados, trabajadores y profesionales de la educación- ha iniciado un conjunto de movilizaciones en defensa de la educación pública que está siendo gravemente amenazada por la agenda privatizadora del gobierno de Sebastián Piñera. A través de distintas iniciativas legales, en lo que va de su segundo gobierno, ha impulsado iniciativas como el proyecto de Ley “Admisión Justa”, con el cual intenta reponer un sistema de selección de estudiantes que premia el esfuerzo individual y la competencia escolar; el proyecto de ley que establece un sistema de subvenciones para los niveles medios de la Educación Parvularia, que busca implementar el sistema de voucher  en la Educación Inicial; y la iniciativa “Aula Segura”, que a diferencia de las otras ya es ley de la República, y con la cual busca sancionar con la expulsión a los estudiantes que se vean involucrados en hechos de violencia al interior de los establecimientos educacionales. Este último proyecto, por cierto, ha generado el rechazo transversal de todos los actores del mundo educativo y social por considerarlo insuficiente respecto de los problemas de fondo que plantea la violencia, y criminalizador de las movilizaciones de la comunidad educativa. El gremio de los profesores ha iniciado un Paro Nacional Docente luego de rechazar (por 94,92%) la respuesta que entregó el Ministerio de Educación referente al petitorio de 11 puntos  contra la mercantilización educativa, entre los que se encuentran mantener como obligatorias asignaturas de Historia y Educación Física (el gobierno las quiere dejar como optativas para tercero y cuarto medio), el fin a la doble evaluación docente y el reconocimiento de las menciones a las/os educadoras/es diferenciales .  También los estudiantes, por su parte, han decidido iniciar movilizaciones. Son tres las demandas del llamado bloque secundario. Destacan entre sus demandas el fin al sistema de financiamiento vía subvenciones para pasar a uno basal para la educación pública y la derogación de la ley Aula Segura y el fin a la criminalización del movimiento estudiantil. A pesar de esto las/os estudiantes están siendo salvajemente reprimidos. En particular las/os estudiantes de la Comuna de Santiago, controlada por el alcalde oficialista Felipe Alessandri. Cómo respuesta a esto el FODEP convocó a profesores, estudiantes secundarios, apoderados/as, trabajadores de la educación pública, y distintas organizaciones sociales, a formar la Red Contra la Represión a Estudiantes con el objeto de trabajar en la defensa de los derechos de profesores y estudiantes movilizados.  El gobierno se mantiene intransigente y dispuesto a seguir impulsando medidas represivas y privatizadoras. Por esto los actores educativos en su conjunto han convocado a un paro nacional a partir del 1 de julio. A pesar de la represión en las escuelas los actores educativos en Chile se siguen organizando en defensa de la educación pública, que tras el tsunami privatizador, se encuentra en su crisis terminal. Foro por el Derecho a la Educación Pública
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>> Chile: Docentes declaran paro indefinido
>> CLADE se solidariza con el magisterio chileno ante la detención de docentes y dirigentes sindicales en el país
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Foro por el Derecho a la Educación Pública (FODEP) publica nota sobre el paro nacional por la Educación y las protestas de docentes, estudiantes de secundaria, apoderadas/os y profesionales de la educación, que se movilizan para defender el derecho a la educación pública y contrarrestar la privatización educativa en Chile. 

Paro nacional en Chile: comunidad educativa se moviliza para defender la educación pública y gratuita

1 de julio de 2019

“El gobierno se mantiene intransigente y dispuesto a seguir impulsando medidas represivas y privatizadoras. Por esto los actores educativos en su conjunto han convocado a un paro nacional a partir del 1º de julio”, afirma el Foro por el Derecho a la Educación Pública (FODEP), en una nota publicada tras semanas de protestas de docentes, estudiantes de secundaria, apoderadas/os y profesionales de la educación, que se movilizan para defender el derecho a la educación pública y contrarrestar la privatización educativa en Chile.  (más…)

Miles de personas siguen protestando en <a href=Honduras contra medidas recientes del gobierno nacional. Infelizmente, hay relatos de 3 personas muertas y otras heridas debido a la represión de las manifestaciones, que comenzaron en abril pasado como respuesta a las reformas implementadas a través de decretos por el gobierno, y que favorecen la privatización en los sectores de salud y educación. Médicas, médicos y docentes tomaron las carreteras y suspendieron clases y atenciones médicas en los hospitales y escuelas públicas del país. “Se lucha por el respeto a la relación y a la estabilidad laboral, tanto de docentes como de las médicas y los médicos. En este contexto, también se ve afectado el derecho humano a la educación, pues como forma de presión han entrado en paro las clases en los centros educativos. Sin embargo, esto pasa justamente porque hay poca apertura de los poderes Legislativo y Ejecutivo para escuchar las reivindicaciones y planteamientos de docentes, médicas y médicos”, afirmó en entrevista Aminta Navarro, del Foro Dakar Honduras, miembro de la CLADE en el país.
Represión de las manifestaciones
Según Agence France-Presse (AFP), 3 personas han sido muertas por fuerzas del Estado desde el inicio de las protestas, entre ellas un adolescente de 17 años. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) instó las autoridades de Honduras a realizar una investigación “pronta e imparcial” para judicializar a los responsables, y se solidarizó con las familias de las víctimas. Sin embargo, la violencia contra las y los manifestantes sigue. Desde que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se declaró en sesión permanente, por instrucciones del gobierno, las fuerzas del Estado se desplegaron a nivel nacional para reprimir las protestas. Este lunes, 24 de junio, integrantes de la policía ingresaron a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), disparando con armas y bombas de gas lacrimógeno. La universidad había sido tomada pacíficamente por estudiantes, y los conflictos resultaron en 5 personas heridas de bala. También el lunes, tuvieron lugar protestas de docentes y estudiantes en Puerto Cortés, al norte del país, las cuales fueron duramente reprimidas. Escucha a continuación el reportaje de ALER sobre los eventos del 24 de junio:
Solidaridad regional
En carta a la comunidad hondureña, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) expresa que, bajo ningún motivo, es justificable el uso de la fuerza y las armas, e invita al Estado de Honduras, así como a las autoridades de educación y salud, a encontrar mecanismos de solución a la crisis, contribuyendo así a la gobernabilidad democrática del país. "La irrupción de militares al campus de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) representa un hecho claro de violación a la Autonomía Universitaria, como centro de pensamiento libre, crítico, deliberativo, constructivo. Así mismo, la militarización de los centros educativos de básica y media, constituye un riesgo al ejercicio de la libertad de expresión y la libre manifestación pública de educandas, educandos, educadoras y educadores. Hacemos un llamado a los tres poderes del Estado de Honduras para que, como manda la Constitución de la República, garanticen el derecho a la protesta, la seguridad y el diálogo en la búsqueda de soluciones no violentas a la crisis que está viviendo la sociedad hondureña", afirma la carta.
Con informaciones de ALER.">
En carta a la comunidad hondureña, la CLADE expresa que, bajo ningún motivo, es justificable el uso de la fuerza y las armas, e invita al Estado de Honduras a encontrar mecanismos pacíficos de solución a la crisis

Honduras: Manifestantes enfrentan represión y violencia en protestas contra la privatización de la salud y la educación

26 de junio de 2019

Miles de personas siguen protestando en Honduras contra medidas recientes del gobierno nacional. Infelizmente, hay relatos de 3 personas muertas y otras heridas debido a la represión de las manifestaciones, que comenzaron en abril pasado como respuesta a las reformas implementadas a través de decretos por el gobierno, y que favorecen la privatización en los sectores de salud y educación. (más…)

Foto: Foro por el Derecho a la Educación Pública

CLADE se solidariza con el magisterio chileno ante la detención de docentes y dirigentes sindicales en el país

25 de junio de 2019

Una manifestación realizada hoy, 25 de junio, por el Colegio de Profesores, sindicato docente de Chile, frente al Palacio de la Moneda – sede del Poder Ejecutivo chileno -, terminó con la detención de 38 personas.

Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, Darío Vásquez, secretario general del sindicato, y Diego Parra, integrante del Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile, fueron detenidos, así como 35 profesoras y profesores que se encontraban pacíficamente manifestándose para defender el derecho a la educación pública en el centro de Santiago. (más…)

En reciente reunión de la Junta Directiva de la <a href=Alianza Mundial por la Educación (GPE, por su acrónimo en inglés), realizada en Estocolmo, Suecia, del 11 al 13 de junio, se estipuló de manera clara que “los fondos de la GPE no pueden ser destinados a apoyar servicios de educación básica con fines de lucro”. Esta referencia fue incluida en la Estrategia de Participación del Sector Privado en la Alianza Mundial por la Educación (PSES, por su acrónimo en inglés), que era uno de los temas discutidos en dicha reunión. “Aunque las discusiones fueron difíciles, el hecho de que se logró llegar a un fuerte consenso en torno a no financiar a los proveedores de educación básica con fines de lucro, fue muy importante y una forma de proteger el derecho a la educación pública y gratuita”, afirmó sobre esta decisión Camilla Croso, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y una de las representantes de la sociedad civil de países en desarrollo en la Junta Directiva de la GPE. El hecho fue recibido como un precedente importante por el sector educativo a nivel mundial. “El tema de la participación del sector privado en la educación está entre los más cruciales para la sociedad civil, incluyendo su rol en la gobernanza y las estructuras de financiamiento de la GPE. En ese sentido, nos complace presenciar un resultado de política sólido, que se alinea claramente con nuestra responsabilidad colectiva de defender el derecho a una educación gratuita y de calidad”, afirmaron activistas de países en desarrollo, en carta enviada a representantes de los gobiernos en la Junta Directiva de la GPE, con el objetivo de felicitarles por la decisión. Otros puntos destacados que se logró incluir en la PSES, gracias a la incidencia de la sociedad civil, fueron: la reafirmación de que la educación es un bien público y un derecho humano fundamental; una declaración clara del compromiso de la GPE en fortalecer la educación pública; y el  reconocimiento del papel del Estado en la garantía de 12 años de educación gratuita, equitativa y de calidad financiada con fondos públicos. A la vez, se logró eliminar de la estrategia una referencia a utilizar fondos de la GPE para el financiamiento de servicios de apoyo educativo, lo que incluiría bancos comerciales y fondos privados de inversión. Ahora el anexo que aborda este punto, expresa de manera clara que la GPE tendrá relaciones con actores de servicios de apoyo, pero no los financiará. Para influenciar este proceso, miembros de la CLADE en los países que forman parte en la GPE - Nicaragua, Honduras y Haití - participaron en las reuniones virtuales previas, convocadas por la GPE, donde reforzaron su posición y estrategias para defender la educación pública. Así mismo, los miembros de la CLADE en Haití y Honduras enfatizaron este posicionamiento en reuniones con representantes de sus gobiernos en la GPE.
Sobre la GPE
La Alianza Mundial por la Educación es un partenariado y fondo multilateral que se dedica a apoyar el fortalecimiento de sistemas educativos en más de 65 países del mundo, incluso Nicaragua, Honduras y Haití en América Latina y el Caribe.">
La Junta Directiva de la Alianza reafirmó que sus fondos no pueden ser destinados a proveedores de educación básica con fines de lucro; la decisión fue recibida como un precedente importante para la defensa de la educación pública y gratuita

Alianza Mundial por la Educación no destinará recursos a servicios educativos con fines de lucro

22 de junio de 2019

En reciente reunión de la Junta Directiva de la Alianza Mundial por la Educación (GPE, por su acrónimo en inglés), realizada en Estocolmo, Suecia, del 11 al 13 de junio, se estipuló de manera clara que “los fondos de la GPE no pueden ser destinados a apoyar servicios de educación básica con fines de lucro”. (más…)

CLADE se adhiere a paro general en defensa de la educación pública y contra retrocesos para los derechos humanos en Brasil

14 de junio de 2019

El equipo de la coordinación ejecutiva de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), al lado de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, se suma al paro general que se realiza hoy, 14 de junio, en distintos locales del país.

El paro, llamado #14J en las redes sociales digitales, es convocado por trabajadoras y trabajadores, sindicatos, movimientos sociales y comunidades educativas del país para protestar contra la reforma en las pensiones y el recorte de recursos públicos para ciencia, educación y otros campos de las políticas públicas sociales que impulsa el gobierno de Jair Bolsonaro, con graves impactos para los derechos de la población brasileña y la profundización de desigualdades e injusticias.

En este contexto, el equipo de la coordinación ejecutiva de la CLADE, con sede en São Paulo, se suma a las manifestaciones y a la huelga general, al lado de la coordinación de la CNDE y de otros colectivos, organizaciones, movimientos sociales, estudiantes, docentes y todas las personas movilizadas para defender los derechos humanos en Brasil.

¡Nos sumamos al paro para manifestar nuestro rechazo a los retrocesos, defender el financiamiento de la ciencia y la educación pública, gratuita, inclusiva y democrática, y contra la reforma en las pensiones que reduce derechos!

La Coordinación de Perfeccionamiento de Personal del Nivel Superior (CAPES) de <a href=Brasil anunció este martes (4) el recorte de 2,7 mil becas de maestría, doctorado y postdoctorado en las universidades del país. El recorte no afecta a quien actualmente recibe el beneficio. Se cortarán:
  • 2.331 becas de maestría
  • 335 de doctorado
  • 58 de postdoctorado
Con este segundo anuncio, la CAPES alcanza una reducción total de 6.198 becas en el 2019. El nuevo bloqueo representa una reducción presupuestaria de 4 millones de reales en el 2019 y, para el 2020, se espera una recorte de 35 millones de reales. En respuesta, la Asociación Nacional de Postgrado e Investigación en Educación (ANPED) publicó ayer (6) una carta rechazando la política. “Esta política alcanzará los programas más frágiles, los estudiantes más pobres y las regiones menos asistidas. Esto revela la cara más cruel de las políticas de ajuste económico en marcha”, afirma la Asociación. Además, señala que el ajuste económico en curso profundiza un modelo competitivo y excluyente,  haciendo que la evaluación de mérito justifique una profunda desigualdad de financiamiento entre los programas. “Este procedimiento tiene como consecuencia la disminución del acceso al posgrado en el país y el crecimiento de las asimetrías regionales, lo que va en contra del Plan Nacional de Educación. Además, implicará graves consecuencias para la investigación y, por consiguiente, para el desarrollo del país”, afirma ANPED.">
El gobierno de Brasil recorto más becas de postgrado, y el país ahora tiene 6 mil becas menos que en el 2018

Brasil: Gobierno recorta más de 2 mil becas de postgrado

7 de junio de 2019

La Coordinación de Perfeccionamiento de Personal del Nivel Superior (CAPES) de Brasil anunció este martes (4) el recorte de 2,7 mil becas de maestría, doctorado y postdoctorado en las universidades del país. El recorte no afecta a quien actualmente recibe el beneficio. Se cortarán:

  • 2.331 becas de maestría
  • 335 de doctorado
  • 58 de postdoctorado

Con este segundo anuncio, la CAPES alcanza una reducción total de 6.198 becas en el 2019. El nuevo bloqueo representa una reducción presupuestaria de 4 millones de reales en el 2019 y, para el 2020, se espera una recorte de 35 millones de reales.

En respuesta, la Asociación Nacional de Postgrado e Investigación en Educación (ANPED) publicó ayer (6) una carta rechazando la política. “Esta política alcanzará los programas más frágiles, los estudiantes más pobres y las regiones menos asistidas. Esto revela la cara más cruel de las políticas de ajuste económico en marcha”, afirma la Asociación.

Además, señala que el ajuste económico en curso profundiza un modelo competitivo y excluyente,  haciendo que la evaluación de mérito justifique una profunda desigualdad de financiamiento entre los programas. “Este procedimiento tiene como consecuencia la disminución del acceso al posgrado en el país y el crecimiento de las asimetrías regionales, lo que va en contra del Plan Nacional de Educación. Además, implicará graves consecuencias para la investigación y, por consiguiente, para el desarrollo del país”, afirma ANPED.

<em>Fotos y videos por: Foro por el Derecho a la Educación Pública</em> El año 2018 el Colegio de Profesores de <a href=Chile, a partir de la crisis estructural que ha denunciado en la educación y en el trabajo profesional docente, presentó al Ministerio de Educación (MINEDUC) un petitorio de 11 puntos medulares. Ello derivó en un largo proceso de conversaciones infructuosas entre docentes y el Ministerio de Educación, que sólo tuvo respuestas ambiguas y evasivas. En el último año se organizaron distintas manifestaciones y paros parciales para defender la calidad de la educación y demandar mejores condiciones de trabajo para el magisterio. Este lunes 3 de junio millares de docentes de norte a sur iniciaron un paro indefinido, demandando respuesta satisfactoria al petitorio. El Colegio de Profesores, único sindicato docente que representa a todas y todos las/os docentes del país, impulsa el paro. Las reivindicaciones del magisterio incluyen: la eliminación de la doble evaluación de docentes, la titularidad de las horas de extensión, el pago de mención a las educadoras de párvulo y diferenciales, el fin de la Ley Aula Segura y medidas para mejorar la educación pública. Se oponen también a los cambios curriculares para terceros y cuartos medios anunciados por el MINEDUC, que eliminarán a Historia y Educación Física de los ramos disciplinarios obligatorios, convirtiéndolos en asignaturas optativas en el currículum de dichos niveles. Datos del MINEDUC apuntan a que un 22% de los colegios del país adhirieron a la paralización, pero el Magisterio calcula una cifra sobre el 80% de participación en el paro. En Santiago, cientos de establecimientos se plegaron a la paralización, abarcando 24 mil docentes. De no mediar una respuesta satisfactoria del gobierno a través del MINEDUC, se estima que la paralización docente irá incrementándose a lo largo del país, involucrando también a estudiantes, padres, madres, apoderadas y apoderados. Las marchas y protestas siguen el día de hoy (6) en Santiago. [caption id="attachment_10996" align="alignleft" width="300"] Protesta del día 06/06, en Santiago[/caption]
Violencia contra la protesta
Se reportaron casos de agresión a manifestantes que participaron en las protestas del lunes. El Foro por el Derecho a la Educación Pública, miembro de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en Chile, se sumó a la manifestación y relató: “Más de 200 personas, especialmente estudiantes de secundaria, llegaron a apoyar esta acción. Posteriormente, juntos marchamos al Instituto Nacional para apoyar a las y los profesoras/es que se encontraban en actividades relacionadas al Paro Docente Indefinido iniciado el 3 de junio. Apenas llegamos nos encontramos con la acción represiva de Carabineros, quienes sin mediar provocación alguna se llevaron detenidos a docentes y estudiantes que se manifestaban en defensa de la Educación Pública”. El Foro forma parte en la Red Contra la Represión a Estudiantes y, como integrante del grupo, firmó una declaración en la que se rechaza la criminalización de la protesta estudiantil en el país, la cual se profundiza con la aprobación de la Ley Aula Segura. En el posicionamiento, demandan el restablecimiento de condiciones básicas para la construcción de acuerdos que resuelvan las necesidades planteadas por estudiantes, docentes, asistentes de la educación, apoderadas y apoderados. “Es necesario detener la persecución y fortalecer de forma urgente y en todos los ámbitos la educación pública”, afirman.
“Deuda histórica” con docentes de Chile
Desde el 2018, se venían realizando mesas de diálogo entre el Colegio de Profesores y el gobierno. En noviembre de aquel año, la Cámara de Diputados realizó una sesión especial para analizar la denominada “deuda histórica” del Estado con docentes del país. En el 1974 se inició un proceso de sostenido deterioro a los salarios docentes. Según cifras del magisterio, si en el 1972 un docente percibía mensualmente $100, nueve años después, su salario se redujo a $28. Los fundamentos de lo que se denomina “deuda histórica” se remontan a 1981, en el marco del proceso de la municipalización de la educación nacional, cuando no se cumplió el Decreto Ley Nº 3.551 de 1981, que dispuso un reajuste del sueldo base al sector público. Esta asignación debía ser cancelada entre los años 1981 y 1984. Sin embargo, nadie recibió íntegramente tal asignación, dado que su nuevo empleador, la municipalidad en vez del Estado, desconoció la aplicación de la medida de reparación. Según la diputada Camila Rojas, más de 60 mil personas siguen esperando la compensación, que bordearía los 14 mil millones de dólares. En marzo de este año, funcionarias y funcionarios del Ministerio de Educación organizaron una conferencia de prensa para divulgar sus críticas a la gestión de la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, y exigir su renuncia. En la ocasión, denunciaron la falta de participación de la sociedad civil en el debate y definición de las políticas educativas, y la poca claridad sobre cómo el Ministerio pretende avanzar en el mejoramiento del sistema educativo nacional. [video width="640" height="352" mp4="https://redclade.org/wp-content/uploads/WhatsApp-Video-2019-06-06-at-15.30.14.mp4"][/video]
Contra la doble evaluación de docentes
El magisterio movilizado en el país se opone también a la doble evaluación docente. “Por un lado, existe el portafolio aplicado cada 4 años y que clasifica a los evaluados en insatisfactorio, básico, competente, destacado. Y, por otro, existe el Sistema de Desarrollo Profesional Docente (Carrera Docente) que encasilla a los docentes en los tramos inicial, intermedio, avanzado, experto I y experto II, de acuerdo a la combinación de los factores antigüedad en el cargo y resultados en la Prueba de Conocimientos Específicos, más los resultados del Portafolio”, explica el Colegio de Profesores. Estos procesos, según las y los manifestantes, conducen al agobio docente y llevan a que estas y estos profesionales tengan que dedicar parte importante de su tiempo a prepararse para ambos sistemas de evaluación, reforzando lógicas individualistas y competitivas en la educación. [video width="640" height="352" mp4="https://redclade.org/wp-content/uploads/WhatsApp-Video-2019-06-06-at-14.31.53.mp4"][/video]
Ley Aula Segura
La ley, que entró en vigor el lunes (3), obliga a las escuelas y liceos a incorporar a sus reglamentos internos una vía rápida para expulsar estudiantes por hechos de violencia. En posicionamiento, el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile señala que este tipo de medida es una agresión al derecho a la educación de todas las niñas, niños y jóvenes del país, y además busca criminalizar al movimiento estudiantil. Lamenta también que se vea en este tipo de iniciativa una solución a los problemas educativos. “Rechazamos este tipo manipulaciones que, al decir atender un problema de las y los actores educativos, termina minando la democracia de las escuelas, abriendo más espacios a la mercantilización de la educación y criminalizando a los actores de los establecimientos públicos”, afirma el Foro. [caption id="attachment_11002" align="alignright" width="300"] Protesta del lunes, 03/06, frente al Colegio de Profesores[/caption]
Solidaridad internacional
Ayer (5) la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES) de Uruguay, organización sindical que representa a más de 11.000 profesoras y profesores del país, expresó su solidaridad ante el paro docente en Chile, reclamando al gobierno chileno atender y resolver los reclamos del magisterio. “Vuestra lucha en defensa de la educación pública de calidad, referenciada socialmente y contra la rebaja de las propuestas curriculares que atentan contra la integralidad en la formación de las futuras generaciones y por la mejora de las condiciones de trabajo, expresan el claro e histórico compromiso de los trabajadores de la educación chilena, y del continente, por la democracia, la justicia social, los derechos humanos y el desarrollo integral de nuestros pueblos”, afirma la presidencia de FENAPES, en carta enviada al Colegio de Profesores.
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Este lunes 3 de junio millares de docentes de norte a sur iniciaron un paro indefinido, demandando respuesta satisfactoria a su petitorio por la calidad de la educación y mejores condiciones de trabajo para el magisterio

Chile: Docentes declaran paro indefinido

6 de junio de 2019

Fotos y videos por: Foro por el Derecho a la Educación Pública

El año 2018 el Colegio de Profesores de Chile, a partir de la crisis estructural que ha denunciado en la educación y en el trabajo profesional docente, presentó al Ministerio de Educación (MINEDUC) un petitorio de 11 puntos medulares. Ello derivó en un largo proceso de conversaciones infructuosas entre docentes y el Ministerio de Educación, que sólo tuvo respuestas ambiguas y evasivas. En el último año se organizaron distintas manifestaciones y paros parciales para defender la calidad de la educación y demandar mejores condiciones de trabajo para el magisterio. (más…)

Foto: Mídia Ninja

Brasil: Comunidad educativa impulsa resistencia popular al gobierno de Bolsonaro

17 de mayo de 2019

Estudiantes, profesoras, profesores y personas en general de más de 500 municipios brasileños, incluyendo todas las capitales del país, adhirieron a un paro convocado por sindicatos y movimientos sociales contra los recortes de recursos públicos para la educación (más…)

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