Investigaciones aportan: la consigna neoliberal se centra en la descalificación de lo público y en la limitación de las capacidades del Estado

Los dueños de colegios y su libertad de negocio

11 de noviembre de 2021

Janis Meneses, del Diario y Radio de Universidad de Chile, aborda la propuesta presentada por la derecha de incluir la “libertad de enseñanza” y el “derecho preferente de los padres a educar a sus hijos” optando por abordar el tema desde la educación en general, que fue rechazada y generó acusaciones de totalitarismo por parte de la Comisión.

Desde ahí, aporta, que cada uno que defienda la educación como un derecho humano fundamental debe integrarse a la discusión, especialmente frente fuerzas conservadoras y intereses económicos en defensa de sus negocios.

El análisis aporta a la definición de “libertad de enseñanza” que opera, a juzgar por el estado actual del sistema, como una “libertad de empresa”.

“Es esta la libertad que defienden los dueños de colegios en Chile, alejándose mucho de lo que comúnmente se puede considerar libertad de enseñanza: libertad de cátedra, adecuaciones curriculares, libertad de formas de aprendizaje, libertad de las comunidades para desarrollar proyectos educativos colectivos contextualizados y con arraigo territorial, entre otras cosas”, dijo Meneses.

Que garantice el Estado

Ella aporta a la existencia real del derecho a la educación para todos/as si garantizado por el Estado, que debe viabilizar el derecho humano fundamental que és la educación.

“Chile despertó.

Las familias chilenas despertaron para ejercer por fin sus legítimos derechos por años conculcados y ello implicará enfrentar decididamente a los fanáticos del negocio de la educación, con el fin de establecer en la nueva constitución el derecho a la educación como un derecho humano supremo y posibilitador no solo de otros derechos sino como una verdadera esperanza de anhelos personales, colectivos y de construcción de una sociedad más justa y solidaria”, analisa.

>>> Para leer el artículo integral, accede AQUÍ

Chile: Estudiantes de la Universidad de Concepción protestan contra criminalización y represión de jóvenes manifestantes

22 de octubre de 2021

El último martes [19 de octubre], cuando se conmemoraron dos años del inicio de las revueltas sociales en Chile, estudiantes autoconvocadxs de la Universidad de Concepción impulsaron manifestaciones durante los días 18 y 19 de octubre, a las cuales se sumaron en torno de 40 carreras, con el objetivo de recordar el comienzo del estallido social en el país, y presentar un pliego de demandas a la rectoría, entre ellas la retirada de una querella judicial contra 12 jóvenes, por su participación en protestas sociales.

“Entre fines de 2019 e inicios de 2020, se llevó a cabo una jornada extensa de protestas en Chile. En el caso particular de Concepción, entre enero y marzo de 2020, tuvieron lugar situaciones en el espacio de la universidad, en donde a mediados del año se interpuso una demanda por la fiscalía, en la cual la universidad actuó como querellante contra 12 jóvenes, que pasan por un proceso de prisión política. Es una situación compleja para las familias, ya que había una cantidad de jóvenes que era menor de edad en aquel momento en que fueron detenidos y cuando empezó el proceso. Hemos estado organizados en contra de esa querella”, afirma Jocelyn Campos, estudiante de Administración Pública y Ciencias Políticas, vocera de la toma de la rectoría de la Universidad de Concepción.

“Dentro de lo que significó esta fecha y, en línea de esta conmemoración, decidimos hacer esta acción más directa que fue tomarnos la rectoría de la Universidad de Concepción porque, con anterioridad, ya se había señalado a la rectoría nuestra demanda para que retiren la querella que presentaron en el 2020, y culminó en la detención de 12 jóvenes que se manifestaron en Concepción en el marco del estallido social”, explicó Felipe Herrera, representante de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción (UdeC) y también vocero del movimiento.

Además de exigir la retirada de dicha querella, se buscó con la toma de la rectoría presionar por la realización de una reunión entre el rector Carlos Saavedra y representantes de los 12 jóvenes presos y de sus familias.

“Tomamos la rectoría a las 8h de la mañana del 19 de octubre, y ya antes de las 9h habíamos tenido contacto con la rectoría, señalando que podríamos conformar una reunión como voceros del movimiento, con el rector y otros representantes de la rectoría. Hubo esa reunión, en la cual el rector aceptó tener un encuentro con representantes y familiares de los 12 jóvenes. Luego, con el atendimiento de esta primera demanda, se decidió retirar la toma”, agregó Felipe Herrera.

El encuentro entre el rector Carlos Saavedra y representantes de los 12 jóvenes y sus familias se había agendado inicialmente para esta tarde (a las 15h, hora de Chile, en la casa de la rectoría), y estaba prevista en este contexto una concentración a las afueras de la rectoría para apoyar a que se retire la querella contra los 12 jóvenes. Sin embargo, la última información recibida es la de que esta reunión fue suspendida y todavía no tiene nueva fecha.


Represión y violencia

Además del caso de criminalización mencionado, hay denuncias de que carabineros actuaron de forma ilegal, amenazadora y represiva contra estudiantes movilizadas/os en la toma de la rectoría, haciéndoles inclusive control ilegal de identidad.

Según el medio Resumen, “dos jóvenes fueron detenidos ilegalmente al interior de la Universidad de Concepción y permanecieron secuestrados durante horas, por lo que fue interpuesto un recurso de amparo inmediatamente ante la gravedad de los hechos, que recuerdan la forma de actuar en dictadura y que viola flagrantemente la autonomía universitaria”.

“Como estudiantes organizadxs observamos la reanudación de las conversaciones entre las autoridades de la UdeC y los familiares de los 12 de forma positiva, e instamos a la comunidad a estar expectantes en la concreción de este acuerdo. Pero, a pesar de ello, no nos podemos quedar al margen de la situación de amedrentamiento que vivimos por parte de Carabineros y rechazamos cualquier acción que busque reprimir la protesta y lucha de quienes buscan una sociedad más justa e igualitaria”, afirman las y los estudiantes autoconvocadxs de la Universidad de Concepción, en posicionamiento.

>> Lee aquí el comunicado completo.

>> Escucha noticiero producido sobre este caso, por ALER.


Diálogos para la transformación social: entrevistas destacan el legado de Paulo Freire para las democracias

16 de octubre de 2021

En el marco de la campaña “Paulo Freire Vive: Una educación para la democracia” que impulsó durante el último septiembre la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), articulada a la Campaña Latinoamericana y Caribeña en Defensa del Legado de Paulo Freire, organizada por el Consejo de la Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), se impulsó una serie de entrevistas en las que se abordó la importancia del legado del educador brasileño para la realización de una educación emancipadora y transformadora, que fortalezca las democracias, no solo en Brasil, sino también en América Latina y el Caribe y otros continentes del mundo.

Mira a continuación las entrevistas.

Entrevistada: Antônia Vanderlucia de Oliveira Simplício, de MST Brasil.

Integrante del sector de formación del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, Antônia forma parte de la coordinación de Cursos sobre la Realidad Brasileña del movimiento, y dialogó con la CLADE sobre la importancia de Paulo Freire en la educación popular practicada por el MST.

Nacido oficialmente en 1984, cuando en Brasil se vivía un régimen militar dictatorial, el MST es el movimiento social más antiguo del país, siendo hoy constituido por alrededor de 350 mil familias que luchan por el derecho a la tierra en el país.

Más allá de su lucha por la cuestión agraria, el MST es referencia también en la actuación por el logro de otros derechos, entre ellos la educación en el campo y la agroecología. En este diálogo, la entrevistada aborda puntos clave, como el contexto político-pedagógico brasileño, la influencia de Paulo Freire en la educación y práctica pedagógica del MST y la importancia de la educación para el fortalecimiento de la igualdad de género, la ciudadanía y la superación de las injusticias, así como el enfrentamiento de las crisis ambiental y sanitaria que vivimos.

Mira la entrevista completa:

>> El diálogo también esta disponible en portugués aquí.


Entrevistado: Iván Terceros, cofundador de OpenLab Ecuador

Un diálogo inspirado por este encuentro que tuvo lugar en la década de 1980, entre el educador Paulo Freire y Seymour Papert, matemático e investigador, que defendía el uso de la tecnología y las computadoras para el aprendizaje.

Analizando y contrastando las perspectivas de estos dos referentes de la educación, Iván Terceros y María Cianci, de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), reflexionan en base a preguntas, como ¿qué tecnología se necesita para una educación liberadora y emancipadora? ¿cómo generar una lectura crítica de la tecnología cuando la pandemia ha evidenciado la brecha digital? ¿existen contrapropuestas a una visión predominante de que la tecnología favorece la acumulación de conocimiento y la idea de mercancía – usuario/a? En el debate sobre el uso de la tecnología en los espacios educativos ¿cómo se puede impulsar la curiosidad?

Mira el diálogo completo a continuación.


Entrevistada: Crispina Rodriguez, doctora en Sociología de Cabo Verde 

Doctora en Sociología de Cabo Verde, Crispina Rodríguez ocupó varios puestos políticos en el país, nombrada diputada por 10 años y vicepresidenta del Parlamento y del Partido de la Independencia del país, el PAICV. Fue aun presidenta y cofundadora de la organización de las mujeres de Cabo Verde. Actualmente retirada, su última ocupación fue como Embajadora de Cabo Verde en la República de Cuba. Tiene estatuto de combatiente de la libertad de la Patria y es miembro de la Fundación Amílcar Cabral, héroe nacional y líder de la independencia de Cabo Verde.

Crispina conoció al educador brasileño Paulo Freire durante su jornada en Cabo Verde y Guiné-Bissau, luego del proceso de independencia de estos dos países. Según Crispina, el pensamiento y el legado de Paulo Freire fueron fundamentales para implementar una política de alfabetización de personas jóvenes y adultas en el país, a partir de una perspectiva de educación descolonizadora, para la democracia y liberadora de las opresiones e imposiciones de que era objeto el pueblo africano en aquel momento histórico.

En este diálogo con la CLADE, Crispina relató sus vivencias en el contacto con Paulo Freire y como testigo del proceso de implementación de políticas educativas y de alfabetización inspiradas en la perspectiva freireana de educación liberadora y democrática, así como sus efectos en términos de democratización y transformación social en Cabo Verde.

Paulo Freire estuvo en Guiné-Bissau y Cabo Verde en 1977 y 1979, en el posindependencia de estos países (la independencia de Cabo Verde tuvo lugar en 1975, siendo que Freire llegó al país 2 años después, invitado por autoridades que eran responsables por implementar políticas de educación y alfabetización para los contextos de estos Estados).

Freire defendía una educación descolonizadora y descolonizada, pensada a partir de los propios africanos y africanas, para el pensamiento crítico, la participación social, la democracia y pertinente para su propia realidad. Según Crispina, este pensamiento se instauró y fue reconocido en las políticas de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) y educación básica y secundaria de Cabo Verde, estando este legado vivo en el país hasta los días de hoy.

Entrevista completa (en portugués):

>> La entrevista está también disponible en español aquí.


Entrevistado: José Santis, profesor de Historia y Geografía, en Chile

Pressenza entrevistó al profesor chileno de Historia y Geografía, José Santis, sobre el centenario de Paulo Freire, que ha inspirado a generaciones de maestros y profesoras en todo nuestro continente, especialmente en Chile, donde vivió varios años aportando al proceso de la Educación Popular y la Educación para Adultos en los períodos en que gobernaron Eduardo Frei y Salvador Allende.

Mira el diálogo:


El Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile ha formado parte de un intenso debate sobre el concepto de “libertad de enseñanza”
Imagen divulgación / Derecho a la educación pública

Derecho a la educación pública en Chile: un debate popular necesario

15 de octubre de 2021

Para ello, el FODEP divulgó una declaración e impulsa una campaña de comunicación, así como una serie de diálogos con la sociedad civil, con el objetivo de hacer un llamamiento en desarbolar el concepto de la “libertad de enseñanza” que usan las élites del país como forma de defender la privatización educativa.

“El artículo 19.11 de la Constitución chilena actual establece que la libertad de enseñanza es, básicamente, la ‘Libertad de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales’. Esta definición de ‘libertad de enseñanza’ puede ser caracterizada, más bien, como una ‘libertad de empresa’. Es esta la libertad que defienden los argumentos conservadores en Chile, alejándose mucho de lo que comúnmente se puede considerar libertad de enseñanza: libertad de cátedra, adecuaciones curriculares, libertad de formas de aprendizaje, libertad de participar en la enseñanza, etc”, afirma el FODEP.

Desde el Foro se insta a repensar el Derecho a la Educación Pública, especialmente ante el actual proceso constituyente por el que pasa el país. En su posicionamiento y su campaña, FODEP convoca a las organizaciones de base (sindicatos, gremios, asambleas, colectivos estudiantiles, docentes, comunidades educativas, etc.) a que se formen y a que discutan en cada espacio y territorio el Derecho a la Educación Pública.

“Como organizaciones defensoras al derecho a la educación pública, inclusiva, emancipatoria y no sexista, debemos organizarnos y enfrentar la desinformación, construir argumentos y socializar la información. De esta manera, evitaremos que la elite continúe amparándose en la libertad de mercado, que solo los beneficia a ellos en deterioro del Derecho a la Educación Pública de todas las personas”, afirma el Foro.

Para leer el llamamiento realizado por El Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile, haz clic aquí: DERECHO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA: UN DEBATE POPULAR NECESARIO.


Seminario Internacional: Nudos problemáticos de la educación como derecho social en Chile

Para aportar al debate constituyente en Chile, buscando promover que en él se garantice el derecho a la educación pública y gratuita, el FODEP impulsa un seminario virtual que se realizará en tres sesiones, los días 21 de octubre, 4 de noviembre y 18 de noviembre. Mira a continuación la agenda:

El Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile ha formado parte de un intenso debate sobre el concepto de “libertad de enseñanza”. El seminário habló del derecho a la educación pública
El seminario internacional contó con intenso debate sobre el concepto de “libertad de enseñanza”

“Con este seminario se espera animar el debate popular en las escuelas y en las organizaciones de actores educativos, en las familias ¿Que educación queremos? Esto es fundamental para construir un proyecto educativo que haga sentido a las mayorías, que no se construya dentro de cuatro paredes o por un comité de expertos, como nos tenían acostumbrados en estos últimos 40 años de neoliberalismo y como muchas fuerzas políticas tradicionales están funcionando hoy en día, incluso dentro de la misma convención.  Este debate requiere masividad y tiempo, quizás más que los escasos meses que le quedan a la convención, sin embargo, la coyuntura constituyente permite avanzar en instalar ciertas preguntas fundamentales en el debate público y, porque no, algunos de nuestros como horizonte de los cambios que requiere nuestro pueblo”, afirma Juan González, del FODEP.

“Los movimientos sociales por la educación en Chile han sostenido una lucha creciente contra el modelo extremo de mercado, competencia y privatización que ha impedido el ejercicio pleno del derecho a la educación. Los y las estudiantes secundarios/as han sido parte central de estos movimientos desde hace 20 años (2001, 2006, 2011) y fueron ellos y ellas quienes, con sus movilizaciones de protesta contra la represión en las escuelas y las alzas del transporte, alentaron al conjunto de los sectores populares chilenos a protagonizar la gran revuelta social de octubre de 2019. Gracias a estos intensos años de movilizaciones Chile está hoy debatiendo qué país queremos y se apronta a redactar una nueva constitución en reemplazo a la actual impuesta en dictadura en 1980”, afirma el Foro en nota conceptual elaborada para guiar los debates.

Mira a continuación la grabación del seminario:

Primera sesión

Segunda sesión


>> Lee aquí la nota conceptual del seminario.
>> Más información sobre el seminario.
>> Enlace para enterarte más sobre la campaña y las acciones que mueve el Foro Chileno aquí.


Foto: Cristian Castillo | Unsplash

Educación y poder constituyente en Chile

20 de mayo de 2021

La Constitución política vigente promulgada en 1980 en dictadura (7 años después del golpe donde la elite toma el poder) tiene dos aspectos estructurales que permiten que el sistema educativo se haya puesto al servicio del proyecto político –económico neoliberal.  El primero, relega al Estado a un rol subsidiario respecto los privados.  El Estado pierde su iniciativa  educativa y sólo acude como apoyo y ayuda a otros agentes sociales que son los que impulsan la labor educativa en nuestro territorio: en consecuencia el Estado no garantiza el Derecho a la Educación a las personas.

Lo segundo, instala una determinada concepción de lo que se ha llamado históricamente en Chile la “libertad de enseñanza”. Así se consagra en la Constitución “el derecho de los padres a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos” y también “el derecho a cualquier ciudadana/o de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”. Este doble principio sí está garantizado por el Estado, no así el derecho la educación, que no está garantizado. [1]

Esta “libertad” tiene larga data en Chile, desde finales del siglo XIX. En esos tiempos, la elite terrateniente conservadora y latifundista (quien aliada a la iglesia católica mantenía el control del país) no quería que las escuelas católicas – en ese entonces el 70% de la matrícula aproximadamente – fuera supervisada por el Estado durante los primeros estertores del estado docente en Chile. Tal principio perduró en la siguiente Constitución de 1925 y permitió a la elite cierta autonomía a su labor educativa: de esta forma, el proyecto educativo de la elite seguía disputando conciencias, incluso con fondos del Estado. Sin embargo, como en casi toda Latinoamérica, el sistema educativo público se fortaleció, ya hacia el año 1970 el Estado sostenía directamente aproximadamente el 70% de la matrícula aproximadamente… en crecimiento.[2]

Antes de la Reforma Neoliberal, la educación pública en Chile venía consolidándose, no sólo a través de la gestión del Estado, también a través de las propuestas que las organizaciones sociales (principalmente docentes) que venían construyendo a través de sus luchas. La historia social en Chile muestra como durante el siglo XX sucesivos movimientos de docentes, de estudiantes y trabajadores fueron amalgamando un proyecto educativo popular. Un proyecto pedagógico laico, democrático, comunitario que fue en gran parte recogido por el proyecto de la Escuela Nacional Unificada, reforma educativa que el gobierno  de la Unidad Popular presentaría, junto a un proyecto de reforma constitucional,  en un  fatídico día de septiembre, cuando una oleada de sangre cayó sobre nuestro país. [3]

Con la Constitución del 80 la fórmula quedó a la medida del proyecto educativo religioso – empresarial. Combinó el Estado subsidiario con la libertad de elegir y ofertar, constituyéndose el mercado como patrón de funcionamiento para el sistema educativo chileno.

Sobre la base de la retracción de la iniciativa educativa estatal y la liberalización de una oferta subsidiada se diluyó la educación pública hasta  borrar incluso su significado histórico. En 30 años la matrícula de la educación obligatoria pasó al control de los privados. De un 22 % en 1982 a un 42% en 1990 a casi un 70 % (quizás más) en la actualidad. Durante los gobiernos democráticos el sistema subsidios a la oferta se extendió a la educación superior, la cual está en un 85 % controlada por los privados. Similar proceso se espera ocurra con la creciente cobertura de la educación parvularia.[4]

¿Qué es hoy la educación pública con estos porcentajes de matrícula? ¿Qué sentido de construcción social puede tener? El sentido de la educación, tema tan relevante para pensar la educación que queremos quedó, hace años, en manos de los privados ¿Qué privados son? ¿Representan lo público?  No son organizaciones comunitarias, sociales, menos populares las que gestionan las escuelas en Chile. En los años ochenta muchas de estas escuelas comenzaron a ser gestionadas por pequeños comerciantes que vieron en el “mercado educativo” una oportunidad de negocio. Un mal negocio, que sin recursos, sin alianzas y lo peor de todo sin proyecto, tenía un costo social y humano que muchos ya no quieren sostener.

¿Quién se hace cargo? No ha sido el Estado. La Constitución no lo promueve, ni lo permite.  Se “ha hecho cargo” en gran parte, el empresariado, que a través de fundaciones, corporaciones,  agencias,  programas, donaciones, subsidios y un complejo entramado de  alianzas público-privadas ha imprimido el sello mercantil al sistema educativo en Chile. Tras la retórica de la calidad han manipulado el sentido común de las personas, incluso de los mismos profesores, haciendo que la educación sea desde su propio origen una mercancía más en el proyecto político y económico empresarial. En este proyecto competimos por la educación, requerimos libertad de elección, porque si la educación no se traduce en un mejor empleo, no tiene ya ningún sentido.

El proyecto educativo neoliberal pasó de la pinochetista Constitución al sentido común nacional.  Las sistematizaciones existentes sobre las discusiones constituyentes hechas en los últimos años muestran una realidad compleja. Si bien la educación sigue siendo una amplia demanda ciudadana, la calidad y su gratuidad son la principal demanda mencionada por las asambleas y cabildos sistematizados hasta la fecha. Educación cívica y no sexista aparecen en forma muy secundaria.  Otros temas como la inclusión, la participación, el sentido de la educación, o lo comunitario prácticamente no aparecen. [5]

¿Qué cambio constitucional podría revertir esto? O mejor dicho, ¿es posible pensar una constitución sin un proyecto educativo que se oponga al proyecto de la elite?  No podemos repetir recetas anteriores y debemos apropiarnos del contexto. Para esto es importante cuestionar el norte educativo  del proyecto educativo de la elite. La lucha por la educación debe tener un nuevo Sur.

El “pacto por la paz” que dio origen a este cambio constitucional no tomó en cuenta los tiempos que requiere este proceso. Peor aún, no consideraron el tremendo error que puede significar lanzarse a legitimar un entramado constitucional sin haber avanzado conjuntamente en un proyecto popular anti neoliberal. En el caso de la Educación. el proyecto educativo popular neoliberal debe apostar a sacar a los empresarios y la Iglesia del control de la educación, pero para eso debe poner sobre la mesa un proyecto educativo que  vaya más allá de la calidad y la gratuidad, que portan en si  la reproducción de la competencia como un virus endémico del sistema escolar.

Este proyecto educativo popular para el siglo XXI debe basarse en las luchas de los movimientos sociales, tal como lo hizo el casi triunfante proyecto educativo popular que se fraguó en las luchas del siglo XX. Son las organizaciones de actores educativos, las que no firmaron ningún acuerdo son las que deben dar continuidad a este proceso.  ¿Educación y poder constituyente? El poder constituyente en educación comenzó con el siglo. El 2001 los estudiantes secundarios protagonizaron el mochilazo, el 2006 el pingüinazo[6] y el 2011 abrió un nuevo período de luchas intersectoriales que sacudieron el sentido común neoliberal con la revuelta popular en Octubre del 2019. Este período nos dejó una serie de propuestas[7] sobre las cuales las organizaciones debemos trabajar, difundir y formar (nos) para que, en un lapso más largo que los tiempos que da el pacto convencional, podamos conquistar el sentido común nacional.

Propuestas que hablan de una educación pública garantizada por el Estado, por supuesto que gratuita y de calidad, pero con un proyecto educativo popular, más allá del mercado, con sentido democrático y comunitario. Que permita a las comunidades repensar y construir los sentidos de la educación ante los desafíos del siglo XXI. Solo así podremos ejercer auténticamente poder constituyente, poner freno al desarrollo proyecto educativo de la elite y por fin realmente escribir la historia a nuestra manera.


[1] Más en detalle Folleto N° 1 “LA EDUCACIÓN ANTE EL MOMENTO CONSTITUYENTE -Foro por el Derecho a la Educación Pública ¿Qué dice la actual constitución?

[2] Entre el año 1925 y el año 1973 la Educación Pública aumentó de 500.000 a más de 3 millones de matriculados (Manuel Riesco). Riesco, M. (2007). La necesidad de reconstruir el sistema nacional de educación público desmantelado por la dictadura y la LOCE. Revista Pensamiento Educativo, PUC, 40, 243-261.

[3]  Algunos significados asociados a la Libertad de Enseñanza en la reforma constitucional propuesta por la Unidad Popular el año 1973: “La educación que se imparta a través del sistema nacional será democrática y pluralista, y no tendrá orientación partidaria oficial. Su modificación se realizará también en forma democrática, (…) Los organismos técnicos competentes harán la selección de los textos de estudio sobre la base de concursos a los cuales tendrán acceso todos los educadores idóneos, cualquiera que sea su ideología. Habrá facilidades equitativas para editar y difundir esos textos escolares, y los establecimientos tendrán libertad para elegir los que prefieran. (….)El ingreso y promoción de profesores e investigadores a la carrera académica se hará tomando en cuenta su capacidad y aptitudes. El personal académico es libre para desarrollar las enseñanzas conforme a sus ideas, dentro del deber de ofrecer a sus alumnos la información necesaria sobre las doctrinas y principios diversos y discrepantes. Los estudiantes universitarios tienen derecho a expresar sus propias ideas y a escoger, en cuanto sea posible, la enseñanza y tuición de los profesores que prefieran.

[4] A pesar de la tenaz oposición de las funcionarías de la Junta Nacional de Jardines infantiles, este sistema de subsidios se aprobó pase recientemente en el parlamento para aumentar la cobertura en la educación parvularia.

[5] Unidad Social, Universidad de Chile, Universidad Católica del Norte, Universidad de Tarapacá, Universidad de Tarapacá, Universidad Arturo Prat, Universidad de Santiago, Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad de Valparaíso, Universidad de Concepción, Universidad de La Frontera, Universidad de Los Lagos y Universidad Austral de Chile. (2021). Demandas prioritarias y propuestas para un Chile diferente: sistematización de 1.233 cabildos ciudadanos .disponible en https://doi.org/10.34720/wk9d-dp94 . ver también las sistematizaciones hechas a los encuentros locales autoconvocados realizados en todo Chile el 2016. Un buen artículo sobre el tema es Ihnen, C., Millaleo, S., & Soto, F. (2020). El debate constitucional sobre el derecho a la educación y su impacto en la ciudadanía. Revista de ciencia política (Santiago), 40(3), 699-728.

[6] Pingüinos se les llama en Chile a lxs estudiantes secundarixs.

[7] Para revisar algunas de ellas en la web del Foro por el Derecho a la Educación Pública. Libro:  Una década de luchas y propuestas por el derecho a la educación. Revisar Además documentos de sistematización. Encuentro Nacionales de Actores Educativos 2020-2021 y Folletos para el debate constituyente en la misma web.

 


Foto: Jorge Fernandez | Unsplash

Chile: Encuentro de organizaciones para transformar la educación como derecho

16 de abril de 2021

Con más de 80 organizaciones de seis regiones de Chile se realizó el pasado 20 de marzo, el II Encuentro Nacional de Educación “Organizadxs para transformar la educación como un derecho social. Comunidades Educativas y del territorio en resistencia ante la radicalización del modelo mercantil”. El evento fue coordinado por el Foro por el Derecho a la Educación Pública, una coalición de actores sociales educativos, como continuidad al Encuentro desarrollado en 2020, al inicio de la pandemia.

El escenario de este II Encuentro se da en medio de un proceso constituyente y de alta represión y criminalización de movimientos sociales, una pandemia que no cesa y el despliegue de un Estado policial y autoritario, con asesinatos, mutilaciones, torturas, detenciones arbitrarias y violencia política sexual que se suman a la desprotección y el abandono del gobierno hacia las poblaciones más necesitadas durante las cuarentenas. La propuesta de la elite y el gobierno para este nuevo período histórico tiene rasgos dictatoriales, con un alcalde de Santiago dirigiendo una red de espionaje y delación de estudiantes en el INBA y el control militar en todos los territorios.

El panorama educativo es desconcertante, por el inicio de clases presenciales en el peor momento de la pandemia, con algunos establecimientos en clases y otros en teleeducación y con una importante desventaja en las condiciones que tienen estudiantes de menos recursos, sin acceso a Internet ni computadores, deserción escolar y una ausencia de participación efectiva de actores y actoras educativas organizadas.

Bajo este contexto, el Encuentro buscó avanzar en lo propositivo, fortaleciendo los vínculos con las organizaciones presentes y planteando propuestas para disputar el sentido común de los pueblos que habitan este territorio y desde las bases sociales incidir en el proceso constituyente. Las y los participantes se agruparon según temas de interés en: Derecho a la Educación, Sistema de Educación Pública, Financiamiento y Currículum; para enfatizar y ampliar las propuestas señaladas en el I Encuentro, como que la Educación debe ser garantizada y financiada por el Estado y que las condiciones que debe reunir para ser un derecho social son: Educación Pública gratuita, laica, integral, democrática, territorialista, no sexista, feminista, intercultural, pluricultural, anti–colonial, comunitaria, valoradora de la memoria histórica y comprometida con la defensa de los derechos humanos, garantizada a través de una asamblea constituyente, popular y/o soberana. Los documentos que sirvieron de base del trabajo de grupos fueron la Sistematización del I Encuentro Nacional de Educación y cuatro folletos elaborados por el Foro por el Derecho a la Educación Pública como aporte al debate constituyente sobre: Nuevo Sistema de Educación Pública en todos sus niveles (inicial, básica, media y técnico-superior), Derecho a la Educación y Libertad de Enseñanza, Financiamiento de la Educación en Chile y Currículum Comunitario por una Vida Digna.

Mira a continuación la grabación del “II Encuentro Nacional de Educación”

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Movilización hacia otros territorios en Chile

Durante el encuentro, integrantes del Foro chileno utilizaron materiales educomunicativos para alimentar el debate. Además del encuentro, el Foro está desarrollando un trabajo junto a otras organizaciones del país para que la iniciativa se proyecte más a los territorios de Chile.

> Los folletos educomunicativos pueden descargarse aquí, en la web del Foro por el Derecho a la Educación Pública


 

Foro Construcción del Poder Constituyente en Chile

Ayer, 15 de abril, el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile, en alianza con OPECH, CEAAL, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER) y otras organizaciones, realizó un foro virtual para discutir y reflexionar sobre la experiencia social de Chile en relación a la construcción de una nueva Constitución junto a líderes y lideresas de ese movimiento ciudadano y político. Mira la grabación a continuación.


Foto: Mauricio Castañedas

CLADE lanza informe sobre la criminalización de la lucha estudiantil

10 de diciembre de 2020

Con el apoyo del fondo Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund (SAIH), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanza hoy (10/12) el informe “Criminalización y violación a los derechos humanos de estudiantes en América Latina y el Caribe. Reflexiones a partir de los casos de estudiantes secundarios y universitarios en Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras”.

Entre los objetivos del documento está el análisis y la visibilización de la situación de las y los estudiantes de la región como protagonistas de la defensa del derecho a la educación y de otros derechos humanos y su creciente criminalización en contextos de protestas sociales en Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras.

“Levantar información desde los territorios y las voces de los actores sociales y sus luchas, resulta fundamental no solamente en la visibilización de una tendencia que gana terreno en los últimos años en nuestro continente, sino también de cara a las propuestas y la urgente necesidad de que los Estados cumplan su rol de garantes de todos los derechos y, en este caso, del derecho a participar, asociarse, expresarse libremente y movilizarse, pacíficamente, exigiendo el cumplimiento del Derecho Humano a la Educación”, afirma Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE.

Para la elaboración del informe se entrevistó a estudiantes de los países mencionados y se analizó su situación como protagonistas de la defensa del derecho a la educación y de otros derechos humanos y su creciente criminalización en contextos de protestas sociales en esos cuatro países.  Además de los casos concretos presentados, la investigación hace un análisis, en alianza con la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), sobre el rol de los medios de comunicación en el proceso de criminalización de estudiantes y movimientos estudiantiles.

El documento también considera la existencia, extensión y singularidades de este fenómeno, así como la profunda afectación que supone no solo para el derecho a la educación, también para otro conjunto de derechos humanos fundamentales. En términos generales, se puede mencionar: impacto en los derechos de participación, libertad de expresión, reunión y asociación; represión y uso excesivo de la fuerza; actuaciones penales infundadas con el fin de paralizar o deslegitimar sus causas; arrestos; imposición de sanciones penales, civiles y administrativas; vigilancia de organizaciones de estudiantes; asesinato de estudiantes. En el ámbito educativo: expulsiones, suspensiones, cancelación de becas u otros beneficios estudiantiles.


Hallazgos y resultados

Los hallazgos y resultados de este proceso ratifican algunas tendencias que ya se habían identificado en otros procesos y acciones que viene llevando adelante CLADE en torno a este tema, así como los graves impactos que suponen para el derecho a la educación y para todo el conjunto de derechos humanos.

En cuanto a los responsables, el informe identificó una multiplicidad de actores y factores que interactúan en los procesos de criminalización, con una relevante participación del Estado, como el aumento de la militarización (con la presencia sobre todo del ejército) en las escuelas y universidades (violando la autonomía universitaria); la aprobación de leyes que dificultan la realización de manifestaciones y protestas sociales o la penalización a conductas relacionadas a la protesta social; la apertura de procesos en contra de estudiantes bajo diferentes figuras penales sin fundamento y sin las pruebas pertinentes o en base a pruebas falsas;  la detención ilegal, agresión física y psicológica de estudiantes y de la comunidad escolar; el asesinato durante manifestaciones o luego de haber participado en protestas por parte de grupo paramilitares y el énfasis en los inconvenientes causados por las protestas y no en las causas de las reivindicaciones y/o las consecuencias de la criminalización por parte de los medios de comunicación.

Entre los impactos y consecuencias del proceso de criminalización, la investigación identificó graves restricciones a su derecho a educarse en las instituciones de educación secundaria y superior, impidiendo o generando obstáculos para que la reincorporación de estudiantes pueda ser posible, en algunos casos, como ya se señaló, incluso ha sido de forma definitiva; usos de violencia física incluyendo, en algunos casos situaciones de tortura, abuso sexual, e incluso la muerte.


Consideraciones y recomendaciones

El informe trata de aportar el panorama regional y reafirma la necesidad de fortalecer urgentemente estrategias que ayuden a revertir este fenómeno y contribuyan a garantizar los derechos de todos los actores de la comunidad educativa, en particular de las y los estudiantes, ofreciendo una serie de recomendaciones generales y otras específicas dirigidas a diferentes ámbitos (ámbito estatal gubernamental, organismos de derechos  humanos, medios de comunicación, sociedad civil,  y a la comunidad educativa).

Entre las recomendaciones están: la relevancia de profundizar en el análisis del contexto, la visibilidad, comprensión, denuncia y sistematización de situaciones de criminalización, desde un enfoque de derechos humanos y de género y la articulación de esfuerzos y medidas desde todas las esferas de la sociedad para avanzar en un mayor reconocimiento y consolidación del derecho a la protesta social como un derecho humano fundamental y como mecanismo de defensa e incidencia por el derecho a la educación, el rol de las y los estudiantes como defensores de derechos humanos.


Foto: Adam Jones

¿Cómo garantizar la EPJA en tiempos de pandemia?

28 de julio de 2020

¿Qué se está haciendo para garantizar la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en América Latina y el Caribe? ¿Qué pueden hacer las y los educadores? Buscando contestar esa y otras interrogantes sobre el derecho a la educación a lo largo de la vida en la región, especialmente en el contexto de pandemia por el Covid-19, el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) y el Grupo de Incidencia en Políticas Educativas (GIPE), que forma parte del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), lanzaron la publicación “La Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en América Latina y el Caribe durante la pandemia por la Covid-19″. 

Las medidas de aislamiento evidencian las asimetrías existentes y las profundizan, y suponen un retroceso educativo que tiende a profundizar las desigualdades, principalmente por las condiciones económicas y sociales de la gran mayoría de la población”

Con cinco capítulos divididos en 15 páginas, la publicación analiza el escenario actual del derecho a la educación de personas jóvenes y adultas en la región, además de subrayar algunos desafíos para garantizarlo, como la importancia de desarrollar políticas de democratización de la conectividad, especialmente para zonas urbanas marginales, rurales, amazónicas; y para personas afrodescendientes. Asimismo, subraya la necesidad de fortalecer el trabajo territorial ligado a la educación comunitaria que responda a las necesidades y demandas de las organizaciones y personas para construir una sociedad educadora, compartiendo saberes, el autocuidado, estrechando lazos de solidaridad y fortaleciendo los valores ciudadanos.

“En el mundo entero y en América Latina y el Caribe, estamos viviendo las consecuencias de una crisis que se inicia como sanitaria, ocasionada por el Covid-19, y que hoy tiene graves consecuencias en lo económico, educacional, ambiental, en el cuidado de la vida y de la naturaleza. (…) Las medidas de aislamiento evidencian las asimetrías existentes y las profundizan, y suponen un retroceso educativo que tiende a profundizar las desigualdades, principalmente por las condiciones económicas y sociales de la gran mayoría de la población”, afirma la publicación.

Según el documento, la educación de personas jóvenes, adultas y adultas mayores está caracterizada no solo por la edad de aquellos que están por fuera del sistema educativo, sino también por su condición social. “En otras palabras, son aquellos y aquellas que el sistema ya ha excluido. Son aquellos y aquellas a los y las que hoy el sistema vuelve a golpear en esta situación de aislamiento. Esta población se encuentra en situación de vulnerabilidad en todos sus sentidos”.

La publicación también presenta una muestra de lo que siete países de la región están haciendo, a partir de informes de países recopilados por miembros del GIPE-CEAAL. A continuación se presenta un resumen de cada uno de ellos. 

Argentina 

En lo que hace a política educativa, poco se habla de la situación de jóvenes y adultos en esta emergencia educativa. Las propuestas oficiales por parte del Estado no contemplan la particularidad del trabajo con este sector de la población. En cambio, apuntan a cierta democratización del acceso a la educación, a través de la elaboración de cuadernillos para educación primaria y secundaria (con el fin de que lleguen a los territorios más remotos de la geografía local) y a la generación de contenidos audiovisuales o radiales, que se presentan como sustitutos de los y las docentes: las clases continúan; el Ministerio de Educación educa a través de estos dispositivos.


Brasil 

La gran mayoría de los departamentos de educación, estatales y municipales, suspendió las actividades en el aula a fines de marzo. Recién el 28 de abril el Consejo Nacional de Educación (CNE) aprobó por unanimidad las directrices para guiar a las escuelas de educación básica y las instituciones de educación superior durante la pandemia de coronavirus. Durante este intervalo de un mes, los estados y municipios trataron de crear sus propias estrategias para la enseñanza y la asistencia alimentaria. En términos de estrategias pedagógicas, es posible identificar tres: las que usan Google Classroom, las aplicaciones desarrolladas específicamente para esta misión, las clases de video u otras plataformas de la propia secretaría, las que usan canales de TV abiertos para transmitir clases, y la preparación de material impreso y folletos que los estudiantes pueden recibir en casa o recoger en la escuela.


Chile 

En todo el sistema educacional chileno se ha enfrentado la emergencia sanitaria y su impacto en la vida escolar a través de la educación a distancia, con todas las limitaciones que ello tiene en materia de capacitación de los y las docentes. Además, la educación en línea es un recurso de emergencia en la actualidad pero no puede ser sólo una réplica de la educación presencial, como tampoco simular en las casas las actividades y los procedimientos de estudio y evaluación que son propios de la vida escolar regular. Directivos, docentes y equipos psicosociales de los establecimientos de la EPJA han debido asumir el desafío de enfrentar el cierre escolar con acciones de educación a distancia a través del uso de plataformas de tecnologías de comunicación remota (como Zoom y Whatsapp), preparación de guías de aprendizaje, entrega domiciliaria de estas guías donde no se tiene conexión a internet o no existen condiciones para la concentración y el estudio, al mismo tiempo que se procuraban ayudas alimentarias y apoyo psicosocial a los y las estudiantes que lo necesitaban.


El Salvador 

Se mantienen programas de alfabetización, educación básica y alfabetización para jóvenes y adultos, particularmente programas de modalidades flexibles como segunda oportunidad para quienes abandonaron el sistema y no lograron una educación oportuna. Estas modalidades han sufrido recortes presupuestarios y de cobertura en los últimos años. Se pasó de una inversión de $ 9,5 millones en 2019 a $ 8,1 millones en 2020 (este monto incluye los recursos asignados a través de instituciones implementadoras y los administrados desde las direcciones departamentales de Educación).


Guatemala

Guatemala mantiene enormes rezagos educativos a todo nivel. La cobertura del subsistema escolarizado es baja (80% en el nivel primario) y en algunos casos extremadamente baja (cercana al 50% en el primer ciclo de la secundaria y cerca del 25% en el segundo ciclo), mantiene una tasa de alfabetización absoluta del 20% según datos oficiales (2018) y tradicionalmente la EPJA ha sido mínima frente a la educación escolarizada. El sistema educativo en su conjunto se ha orientado hacia los procesos virtuales, lo que solo permite un alcance parcial, dada la baja cobertura de internet. Hasta ahora las principales acciones son: entrega de alimentos (alimentación escolar) a las familias de los estudiantes del nivel primario y, desde mayo, distribución de guías educativas impresas para todos los grados del nivel primario (para dos semanas, con baja calidad).


Nicaragua 

No ha interrumpido oficialmente las actividades educativas. Según el Ministerio de Educación se ha instado a los centros educativos a tomar medidas como el lavado de manos al menos dos veces al día y mantener distanciamiento de no menos de un metro con los estudiantes. No hay información específica sobre la Educación de Jóvenes y Adultos, y se continúan desarrollando como en tiempos normales las diversas modalidades de educación presencial y a distancia.


Perú 

El Ministerio de Educación (MINEDU) ha implementado una estrategia de enseñanza a distancia denominada “Aprendo en casa” que, según datos oficiales, está llegando a más de seis millones de estudiantes de colegios públicos de la Educación Básica Regular, Básica Alternativa y Especial, a través de diversos medios como internet, radio y televisión. Según un informe del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el Perú solo el 46% de peruanos tiene acceso a Internet; la penetración de Internet es casi inexistente en las zonas rurales (1%), mientras que en las zonas urbanas es del 30,2%.


República Dominicana

A partir de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional, el 19 de marzo de 2020, y la suspensión de la docencia presencial, el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) marcó la necesidad de diseñar e implementar estrategias y actividades para dar continuidad al aprendizaje desde casa, utilizando diversos recursos y herramientas virtuales disponibles para esos fines, y otras como medio de comunicación e información. La respuesta educativa ha integrado la televisión, la radio, las plataformas diversas, las herramientas y los recursos virtuales múltiples. En general, ha dado respuestas a casi tres millones de estudiantes a nivel nacional. En EPJA, se ha atendido alrededor de 300 mil estudiantes, sin contabilizar los de alfabetización, en mil centros y con alrededor de diez mil docentes. 


>> “La Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en América Latina y el Caribe durante la pandemia por la Covid 19″


Foto: Piensa Prensa Alternativa

Informe: “La crisis estructural del sistema educativo en Chile está lejos de garantizar el derecho a la educación”

23 de julio de 2020

“No hay institución en Chile que realice un seguimiento de las vulneraciones de los derechos humanos en la educación. Las organizaciones de derechos humanos se encuentran precarizadas y no logran dar cuenta de lo que está ocurriendo en nuestras escuelas y liceos”. Esto afirmaron organizaciones y actores educativos durante el encuentro de la Mesa de Seguimiento de las vulneraciones al Derecho a la Educación, cuyos debates, reflexiones y recomendaciones fueron sistematizados en el informe “Derechos Humanos y Educación”. Mesa Seguimiento al Derecho a, de y desde la Educación en Chile, publicado en junio de este año. 

Formada por organizaciones como la Red contra la represión a estudiantes y el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile (FODEP), la Mesa de Seguimiento a las vulneraciones al Derecho a la Educación tiene el objetivo de monitorear las múltiples vulneraciones del derecho en las comunidades educativas, particularmente después del 18 de octubre de 2019, día del estallido social y posterior revuelta popular en Chile, donde toda forma de protesta social, particularmente en escuelas y liceos, se vio afectada por mayores medidas de represión y persecución. 

Con análisis de entrevistas con especialistas y actores educativos, de información de medios de prensa y redes sociales y de datos de la Superintendencia de Educación, el informe afirma que la crisis estructural del sistema educativo en Chile está lejos de garantizar el derecho a, en y desde la educación. “A partir de este informe se puede dar cuenta de una vulneración diversa y sistemática desde la institucionalidad que ha impactado transversalmente a las comunidades educativas”, se sostiene en el texto.

El documento también presenta un diagnóstico de que el sistema educativo chileno actúa bajo una lógica autoritaria. “Esto impacta negativamente a las comunidades educativas, ya que no existen espacios de participación en la toma de decisiones en temas fundamentales, tales como: la convivencia escolar, el financiamiento, el currículum, la gestión y administración de un espacio educativo. En consecuencia, no existe una participación efectiva de la comunidad educativa, clave para el ejercicio pleno de un derecho humano fundamental como es la educación”.

>> Informe sobre Derechos Humanos y Educación – Mesa de Seguimiento (2020)


Escena de protesta estudiantil, con una muchacha con maquillaje y un lazo en la cabeza sosteniendo una placa en la que se lee
Oscar Andrés Pardo Vélez

Chile: Encuentro nacional debate acciones para transformar la educación en derecho humano en el país

14 de julio de 2020

Representantes de más de 60 organizaciones educativas, sociales, populares y territoriales -del Sur, Centro y Norte de Chile- participaron del “Encuentro Nacional Organizados/as para transformar la educación como un derecho social”, que discutió las problemáticas y propuestas educativas que las comunidades impulsan desde la Revuelta Popular hasta la actual crisis sanitaria en Chile.

Organizado por el Foro por el Derecho a la Educación Pública el 20 de junio, el encuentro contó con la participación de la coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), Camilla Croso, quien enfatizó la importancia de que los movimientos sociales reflexionen en este contexto de pandemia sobre la educación pública y de acercarse a los otros movimientos sociales que trabajan en los ámbitos de salud, economía alternativa y de derechos humanos para la transformación de la sociedad. 

Posteriormente se presentaron los informes de la Mesa de Seguimiento al Derecho a, de y desde la Educación en Chile y del Comité Educacional de la Coordinadora Feminista 8M, que presentaron las diversas vulneraciones que han sufrido las comunidades educativas desde el 18 octubre en adelante. 

Los informes muestran que las vulneraciones al derecho a la educación han sido sistemáticas. “Durante la revuelta fueron miles los y las miembros y miembras de comunidades educativas reprimidos/as y encarcelados/as a lo largo de todo Chile. En el contexto actual de pandemia está siendo vulnerados/a de igual forma el derecho a la educación pública de los y las niños/as y jóvenes, visibilizando una vez más la brecha económica y las desigualdades existentes”, afirmó el Foro por el Derecho a la Educación Pública. 

En el encuentro se manifestó que:  

  • La educación debe ser pública, laica, democrática y pluralista, centrada en la comunidad educativa y controlada por esta.
  • La construcción de currículos debe considerar a los distintos pueblos y territorios que conviven en Chile, desde los pueblos ancestrales hasta los migrantes, y debe ser pluralista, vinculada al país que queremos, pluridiverso.
  • La educación como derecho social debe estar en el proceso constituyente, el cual a su vez debe construirse desde los territorios.
  • Es preciso eliminar la Ley Aula Segura, que promueve la criminalización de los estudiantes y de las comunidades educativas. 
  • Es necesario consagrar la igualdad en los diferentes derechos sociales, por ejemplo, el ámbito de la salud pública debe contar con herramientas para que se pueda acceder a ella como derecho básico.
  • Es fundamental poner fin a la represión policial y militar de la protesta social en todos los territorios. En particular, acabar con la represión en el Wallmapu y a todos nuestros pueblo originarios.

>> Grabación del Encuentro Nacional