La Constitución política vigente promulgada en 1980 en dictadura (7 años después del golpe donde la elite toma el poder) tiene dos aspectos estructurales que permiten que el sistema educativo se haya puesto al servicio del proyecto político –económico neoliberal.  El primero, relega al Estado a un rol subsidiario respecto los privados.  El Estado pierde su iniciativa  educativa y sólo acude como apoyo y ayuda a otros agentes sociales que son los que impulsan la labor educativa en nuestro territorio: en consecuencia el Estado no garantiza el Derecho a la Educación a las personas.

Lo segundo, instala una determinada concepción de lo que se ha llamado históricamente en Chile la <strong>“libertad de enseñanza”. </strong>Así se consagra en la Constitución “el derecho de los padres a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos” y también “el derecho a cualquier ciudadana/o de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”. Este doble principio sí está garantizado por el Estado, no así el derecho la educación, que no está garantizado. <a href=[1] Esta “libertad” tiene larga data en Chile, desde finales del siglo XIX. En esos tiempos, la elite terrateniente conservadora y latifundista (quien aliada a la iglesia católica mantenía el control del país) no quería que las escuelas católicas - en ese entonces el 70% de la matrícula aproximadamente - fuera supervisada por el Estado durante los primeros estertores del estado docente en Chile. Tal principio perduró en la siguiente Constitución de 1925 y permitió a la elite cierta autonomía a su labor educativa: de esta forma, el proyecto educativo de la elite seguía disputando conciencias, incluso con fondos del Estado. Sin embargo, como en casi toda Latinoamérica, el sistema educativo público se fortaleció, ya hacia el año 1970 el Estado sostenía directamente aproximadamente el 70% de la matrícula aproximadamente… en crecimiento.[2] Antes de la Reforma Neoliberal, la educación pública en Chile venía consolidándose, no sólo a través de la gestión del Estado, también a través de las propuestas que las organizaciones sociales (principalmente docentes) que venían construyendo a través de sus luchas. La historia social en Chile muestra como durante el siglo XX sucesivos movimientos de docentes, de estudiantes y trabajadores fueron amalgamando un proyecto educativo popular. Un proyecto pedagógico laico, democrático, comunitario que fue en gran parte recogido por el proyecto de la Escuela Nacional Unificada, reforma educativa que el gobierno  de la Unidad Popular presentaría, junto a un proyecto de reforma constitucional,  en un  fatídico día de septiembre, cuando una oleada de sangre cayó sobre nuestro país. [3] Con la Constitución del 80 la fórmula quedó a la medida del proyecto educativo religioso – empresarial. Combinó el Estado subsidiario con la libertad de elegir y ofertar, constituyéndose el mercado como patrón de funcionamiento para el sistema educativo chileno. Sobre la base de la retracción de la iniciativa educativa estatal y la liberalización de una oferta subsidiada se diluyó la educación pública hasta  borrar incluso su significado histórico. En 30 años la matrícula de la educación obligatoria pasó al control de los privados. De un 22 % en 1982 a un 42% en 1990 a casi un 70 % (quizás más) en la actualidad. Durante los gobiernos democráticos el sistema subsidios a la oferta se extendió a la educación superior, la cual está en un 85 % controlada por los privados. Similar proceso se espera ocurra con la creciente cobertura de la educación parvularia.[4] ¿Qué es hoy la educación pública con estos porcentajes de matrícula? ¿Qué sentido de construcción social puede tener? El sentido de la educación, tema tan relevante para pensar la educación que queremos quedó, hace años, en manos de los privados ¿Qué privados son? ¿Representan lo público?  No son organizaciones comunitarias, sociales, menos populares las que gestionan las escuelas en Chile. En los años ochenta muchas de estas escuelas comenzaron a ser gestionadas por pequeños comerciantes que vieron en el “mercado educativo” una oportunidad de negocio. Un mal negocio, que sin recursos, sin alianzas y lo peor de todo sin proyecto, tenía un costo social y humano que muchos ya no quieren sostener. ¿Quién se hace cargo? No ha sido el Estado. La Constitución no lo promueve, ni lo permite.  Se “ha hecho cargo” en gran parte, el empresariado, que a través de fundaciones, corporaciones,  agencias,  programas, donaciones, subsidios y un complejo entramado de  alianzas público-privadas ha imprimido el sello mercantil al sistema educativo en Chile. Tras la retórica de la calidad han manipulado el sentido común de las personas, incluso de los mismos profesores, haciendo que la educación sea desde su propio origen una mercancía más en el proyecto político y económico empresarial. En este proyecto competimos por la educación, requerimos libertad de elección, porque si la educación no se traduce en un mejor empleo, no tiene ya ningún sentido. El proyecto educativo neoliberal pasó de la pinochetista Constitución al sentido común nacional.  Las sistematizaciones existentes sobre las discusiones constituyentes hechas en los últimos años muestran una realidad compleja. Si bien la educación sigue siendo una amplia demanda ciudadana, la calidad y su gratuidad son la principal demanda mencionada por las asambleas y cabildos sistematizados hasta la fecha. Educación cívica y no sexista aparecen en forma muy secundaria.  Otros temas como la inclusión, la participación, el sentido de la educación, o lo comunitario prácticamente no aparecen. [5] ¿Qué cambio constitucional podría revertir esto? O mejor dicho, ¿es posible pensar una constitución sin un proyecto educativo que se oponga al proyecto de la elite?  No podemos repetir recetas anteriores y debemos apropiarnos del contexto. Para esto es importante cuestionar el norte educativo  del proyecto educativo de la elite. La lucha por la educación debe tener un nuevo Sur. El “pacto por la paz” que dio origen a este cambio constitucional no tomó en cuenta los tiempos que requiere este proceso. Peor aún, no consideraron el tremendo error que puede significar lanzarse a legitimar un entramado constitucional sin haber avanzado conjuntamente en un proyecto popular anti neoliberal. En el caso de la Educación. el proyecto educativo popular neoliberal debe apostar a sacar a los empresarios y la Iglesia del control de la educación, pero para eso debe poner sobre la mesa un proyecto educativo que  vaya más allá de la calidad y la gratuidad, que portan en si  la reproducción de la competencia como un virus endémico del sistema escolar. Este proyecto educativo popular para el siglo XXI debe basarse en las luchas de los movimientos sociales, tal como lo hizo el casi triunfante proyecto educativo popular que se fraguó en las luchas del siglo XX. Son las organizaciones de actores educativos, las que no firmaron ningún acuerdo son las que deben dar continuidad a este proceso.  ¿Educación y poder constituyente? El poder constituyente en educación comenzó con el siglo. El 2001 los estudiantes secundarios protagonizaron el mochilazo, el 2006 el pingüinazo[6] y el 2011 abrió un nuevo período de luchas intersectoriales que sacudieron el sentido común neoliberal con la revuelta popular en Octubre del 2019. Este período nos dejó una serie de propuestas[7] sobre las cuales las organizaciones debemos trabajar, difundir y formar (nos) para que, en un lapso más largo que los tiempos que da el pacto convencional, podamos conquistar el sentido común nacional. Propuestas que hablan de una educación pública garantizada por el Estado, por supuesto que gratuita y de calidad, pero con un proyecto educativo popular, más allá del mercado, con sentido democrático y comunitario. Que permita a las comunidades repensar y construir los sentidos de la educación ante los desafíos del siglo XXI. Solo así podremos ejercer auténticamente poder constituyente, poner freno al desarrollo proyecto educativo de la elite y por fin realmente escribir la historia a nuestra manera.
[1] Más en detalle Folleto N° 1 “LA EDUCACIÓN ANTE EL MOMENTO CONSTITUYENTE -Foro por el Derecho a la Educación Pública ¿Qué dice la actual constitución? [2] Entre el año 1925 y el año 1973 la Educación Pública aumentó de 500.000 a más de 3 millones de matriculados (Manuel Riesco). Riesco, M. (2007). La necesidad de reconstruir el sistema nacional de educación público desmantelado por la dictadura y la LOCE. Revista Pensamiento Educativo, PUC, 40, 243-261. [3]  Algunos significados asociados a la Libertad de Enseñanza en la reforma constitucional propuesta por la Unidad Popular el año 1973: “La educación que se imparta a través del sistema nacional será democrática y pluralista, y no tendrá orientación partidaria oficial. Su modificación se realizará también en forma democrática, (…) Los organismos técnicos competentes harán la selección de los textos de estudio sobre la base de concursos a los cuales tendrán acceso todos los educadores idóneos, cualquiera que sea su ideología. Habrá facilidades equitativas para editar y difundir esos textos escolares, y los establecimientos tendrán libertad para elegir los que prefieran. (….)El ingreso y promoción de profesores e investigadores a la carrera académica se hará tomando en cuenta su capacidad y aptitudes. El personal académico es libre para desarrollar las enseñanzas conforme a sus ideas, dentro del deber de ofrecer a sus alumnos la información necesaria sobre las doctrinas y principios diversos y discrepantes. Los estudiantes universitarios tienen derecho a expresar sus propias ideas y a escoger, en cuanto sea posible, la enseñanza y tuición de los profesores que prefieran. [4] A pesar de la tenaz oposición de las funcionarías de la Junta Nacional de Jardines infantiles, este sistema de subsidios se aprobó pase recientemente en el parlamento para aumentar la cobertura en la educación parvularia. [5] Unidad Social, Universidad de Chile, Universidad Católica del Norte, Universidad de Tarapacá, Universidad de Tarapacá, Universidad Arturo Prat, Universidad de Santiago, Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad de Valparaíso, Universidad de Concepción, Universidad de La Frontera, Universidad de Los Lagos y Universidad Austral de Chile. (2021). Demandas prioritarias y propuestas para un Chile diferente: sistematización de 1.233 cabildos ciudadanos .disponible en https://doi.org/10.34720/wk9d-dp94 . ver también las sistematizaciones hechas a los encuentros locales autoconvocados realizados en todo Chile el 2016. Un buen artículo sobre el tema es Ihnen, C., Millaleo, S., & Soto, F. (2020). El debate constitucional sobre el derecho a la educación y su impacto en la ciudadanía. Revista de ciencia política (Santiago), 40(3), 699-728. [6] Pingüinos se les llama en Chile a lxs estudiantes secundarixs. [7] Para revisar algunas de ellas en la web del Foro por el Derecho a la Educación Pública. Libro:  Una década de luchas y propuestas por el derecho a la educación. Revisar Además documentos de sistematización. Encuentro Nacionales de Actores Educativos 2020-2021 y Folletos para el debate constituyente en la misma web.  ">
Artículo sobre el derecho humano a la educación en Chile, escrito por Juan González, del Foro por el Derecho a la Educación Pública y del Foro construcción del poder constituyente en Chile

Educación y poder constituyente en Chile

20 de mayo de 2021

La Constitución política vigente promulgada en 1980 en dictadura (7 años después del golpe donde la elite toma el poder) tiene dos aspectos estructurales que permiten que el sistema educativo se haya puesto al servicio del proyecto político –económico neoliberal.  El primero, relega al Estado a un rol subsidiario respecto los privados.  El Estado pierde su iniciativa  educativa y sólo acude como apoyo y ayuda a otros agentes sociales que son los que impulsan la labor educativa en nuestro territorio: en consecuencia el Estado no garantiza el Derecho a la Educación a las personas.

Lo segundo, instala una determinada concepción de lo que se ha llamado históricamente en Chile la “libertad de enseñanza”. Así se consagra en la Constitución “el derecho de los padres a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos” y también “el derecho a cualquier ciudadana/o de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”. Este doble principio sí está garantizado por el Estado, no así el derecho la educación, que no está garantizado. [1]

Esta “libertad” tiene larga data en Chile, desde finales del siglo XIX. En esos tiempos, la elite terrateniente conservadora y latifundista (quien aliada a la iglesia católica mantenía el control del país) no quería que las escuelas católicas – en ese entonces el 70% de la matrícula aproximadamente – fuera supervisada por el Estado durante los primeros estertores del estado docente en Chile. Tal principio perduró en la siguiente Constitución de 1925 y permitió a la elite cierta autonomía a su labor educativa: de esta forma, el proyecto educativo de la elite seguía disputando conciencias, incluso con fondos del Estado. Sin embargo, como en casi toda Latinoamérica, el sistema educativo público se fortaleció, ya hacia el año 1970 el Estado sostenía directamente aproximadamente el 70% de la matrícula aproximadamente… en crecimiento.[2]

Antes de la Reforma Neoliberal, la educación pública en Chile venía consolidándose, no sólo a través de la gestión del Estado, también a través de las propuestas que las organizaciones sociales (principalmente docentes) que venían construyendo a través de sus luchas. La historia social en Chile muestra como durante el siglo XX sucesivos movimientos de docentes, de estudiantes y trabajadores fueron amalgamando un proyecto educativo popular. Un proyecto pedagógico laico, democrático, comunitario que fue en gran parte recogido por el proyecto de la Escuela Nacional Unificada, reforma educativa que el gobierno  de la Unidad Popular presentaría, junto a un proyecto de reforma constitucional,  en un  fatídico día de septiembre, cuando una oleada de sangre cayó sobre nuestro país. [3]

Con la Constitución del 80 la fórmula quedó a la medida del proyecto educativo religioso – empresarial. Combinó el Estado subsidiario con la libertad de elegir y ofertar, constituyéndose el mercado como patrón de funcionamiento para el sistema educativo chileno.

Sobre la base de la retracción de la iniciativa educativa estatal y la liberalización de una oferta subsidiada se diluyó la educación pública hasta  borrar incluso su significado histórico. En 30 años la matrícula de la educación obligatoria pasó al control de los privados. De un 22 % en 1982 a un 42% en 1990 a casi un 70 % (quizás más) en la actualidad. Durante los gobiernos democráticos el sistema subsidios a la oferta se extendió a la educación superior, la cual está en un 85 % controlada por los privados. Similar proceso se espera ocurra con la creciente cobertura de la educación parvularia.[4]

¿Qué es hoy la educación pública con estos porcentajes de matrícula? ¿Qué sentido de construcción social puede tener? El sentido de la educación, tema tan relevante para pensar la educación que queremos quedó, hace años, en manos de los privados ¿Qué privados son? ¿Representan lo público?  No son organizaciones comunitarias, sociales, menos populares las que gestionan las escuelas en Chile. En los años ochenta muchas de estas escuelas comenzaron a ser gestionadas por pequeños comerciantes que vieron en el “mercado educativo” una oportunidad de negocio. Un mal negocio, que sin recursos, sin alianzas y lo peor de todo sin proyecto, tenía un costo social y humano que muchos ya no quieren sostener.

¿Quién se hace cargo? No ha sido el Estado. La Constitución no lo promueve, ni lo permite.  Se “ha hecho cargo” en gran parte, el empresariado, que a través de fundaciones, corporaciones,  agencias,  programas, donaciones, subsidios y un complejo entramado de  alianzas público-privadas ha imprimido el sello mercantil al sistema educativo en Chile. Tras la retórica de la calidad han manipulado el sentido común de las personas, incluso de los mismos profesores, haciendo que la educación sea desde su propio origen una mercancía más en el proyecto político y económico empresarial. En este proyecto competimos por la educación, requerimos libertad de elección, porque si la educación no se traduce en un mejor empleo, no tiene ya ningún sentido.

El proyecto educativo neoliberal pasó de la pinochetista Constitución al sentido común nacional.  Las sistematizaciones existentes sobre las discusiones constituyentes hechas en los últimos años muestran una realidad compleja. Si bien la educación sigue siendo una amplia demanda ciudadana, la calidad y su gratuidad son la principal demanda mencionada por las asambleas y cabildos sistematizados hasta la fecha. Educación cívica y no sexista aparecen en forma muy secundaria.  Otros temas como la inclusión, la participación, el sentido de la educación, o lo comunitario prácticamente no aparecen. [5]

¿Qué cambio constitucional podría revertir esto? O mejor dicho, ¿es posible pensar una constitución sin un proyecto educativo que se oponga al proyecto de la elite?  No podemos repetir recetas anteriores y debemos apropiarnos del contexto. Para esto es importante cuestionar el norte educativo  del proyecto educativo de la elite. La lucha por la educación debe tener un nuevo Sur.

El “pacto por la paz” que dio origen a este cambio constitucional no tomó en cuenta los tiempos que requiere este proceso. Peor aún, no consideraron el tremendo error que puede significar lanzarse a legitimar un entramado constitucional sin haber avanzado conjuntamente en un proyecto popular anti neoliberal. En el caso de la Educación. el proyecto educativo popular neoliberal debe apostar a sacar a los empresarios y la Iglesia del control de la educación, pero para eso debe poner sobre la mesa un proyecto educativo que  vaya más allá de la calidad y la gratuidad, que portan en si  la reproducción de la competencia como un virus endémico del sistema escolar.

Este proyecto educativo popular para el siglo XXI debe basarse en las luchas de los movimientos sociales, tal como lo hizo el casi triunfante proyecto educativo popular que se fraguó en las luchas del siglo XX. Son las organizaciones de actores educativos, las que no firmaron ningún acuerdo son las que deben dar continuidad a este proceso.  ¿Educación y poder constituyente? El poder constituyente en educación comenzó con el siglo. El 2001 los estudiantes secundarios protagonizaron el mochilazo, el 2006 el pingüinazo[6] y el 2011 abrió un nuevo período de luchas intersectoriales que sacudieron el sentido común neoliberal con la revuelta popular en Octubre del 2019. Este período nos dejó una serie de propuestas[7] sobre las cuales las organizaciones debemos trabajar, difundir y formar (nos) para que, en un lapso más largo que los tiempos que da el pacto convencional, podamos conquistar el sentido común nacional.

Propuestas que hablan de una educación pública garantizada por el Estado, por supuesto que gratuita y de calidad, pero con un proyecto educativo popular, más allá del mercado, con sentido democrático y comunitario. Que permita a las comunidades repensar y construir los sentidos de la educación ante los desafíos del siglo XXI. Solo así podremos ejercer auténticamente poder constituyente, poner freno al desarrollo proyecto educativo de la elite y por fin realmente escribir la historia a nuestra manera.


[1] Más en detalle Folleto N° 1 “LA EDUCACIÓN ANTE EL MOMENTO CONSTITUYENTE -Foro por el Derecho a la Educación Pública ¿Qué dice la actual constitución?

[2] Entre el año 1925 y el año 1973 la Educación Pública aumentó de 500.000 a más de 3 millones de matriculados (Manuel Riesco). Riesco, M. (2007). La necesidad de reconstruir el sistema nacional de educación público desmantelado por la dictadura y la LOCE. Revista Pensamiento Educativo, PUC, 40, 243-261.

[3]  Algunos significados asociados a la Libertad de Enseñanza en la reforma constitucional propuesta por la Unidad Popular el año 1973: “La educación que se imparta a través del sistema nacional será democrática y pluralista, y no tendrá orientación partidaria oficial. Su modificación se realizará también en forma democrática, (…) Los organismos técnicos competentes harán la selección de los textos de estudio sobre la base de concursos a los cuales tendrán acceso todos los educadores idóneos, cualquiera que sea su ideología. Habrá facilidades equitativas para editar y difundir esos textos escolares, y los establecimientos tendrán libertad para elegir los que prefieran. (….)El ingreso y promoción de profesores e investigadores a la carrera académica se hará tomando en cuenta su capacidad y aptitudes. El personal académico es libre para desarrollar las enseñanzas conforme a sus ideas, dentro del deber de ofrecer a sus alumnos la información necesaria sobre las doctrinas y principios diversos y discrepantes. Los estudiantes universitarios tienen derecho a expresar sus propias ideas y a escoger, en cuanto sea posible, la enseñanza y tuición de los profesores que prefieran.

[4] A pesar de la tenaz oposición de las funcionarías de la Junta Nacional de Jardines infantiles, este sistema de subsidios se aprobó pase recientemente en el parlamento para aumentar la cobertura en la educación parvularia.

[5] Unidad Social, Universidad de Chile, Universidad Católica del Norte, Universidad de Tarapacá, Universidad de Tarapacá, Universidad Arturo Prat, Universidad de Santiago, Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad de Valparaíso, Universidad de Concepción, Universidad de La Frontera, Universidad de Los Lagos y Universidad Austral de Chile. (2021). Demandas prioritarias y propuestas para un Chile diferente: sistematización de 1.233 cabildos ciudadanos .disponible en https://doi.org/10.34720/wk9d-dp94 . ver también las sistematizaciones hechas a los encuentros locales autoconvocados realizados en todo Chile el 2016. Un buen artículo sobre el tema es Ihnen, C., Millaleo, S., & Soto, F. (2020). El debate constitucional sobre el derecho a la educación y su impacto en la ciudadanía. Revista de ciencia política (Santiago), 40(3), 699-728.

[6] Pingüinos se les llama en Chile a lxs estudiantes secundarixs.

[7] Para revisar algunas de ellas en la web del Foro por el Derecho a la Educación Pública. Libro:  Una década de luchas y propuestas por el derecho a la educación. Revisar Además documentos de sistematización. Encuentro Nacionales de Actores Educativos 2020-2021 y Folletos para el debate constituyente en la misma web.

 


Foto: Jorge Fernandez | Unsplash

Chile: Encuentro de organizaciones para transformar la educación como derecho

16 de abril de 2021

Con más de 80 organizaciones de seis regiones de Chile se realizó el pasado 20 de marzo, el II Encuentro Nacional de Educación “Organizadxs para transformar la educación como un derecho social. Comunidades Educativas y del territorio en resistencia ante la radicalización del modelo mercantil”. El evento fue coordinado por el Foro por el Derecho a la Educación Pública, una coalición de actores sociales educativos, como continuidad al Encuentro desarrollado en 2020, al inicio de la pandemia.

El escenario de este II Encuentro se da en medio de un proceso constituyente y de alta represión y criminalización de movimientos sociales, una pandemia que no cesa y el despliegue de un Estado policial y autoritario, con asesinatos, mutilaciones, torturas, detenciones arbitrarias y violencia política sexual que se suman a la desprotección y el abandono del gobierno hacia las poblaciones más necesitadas durante las cuarentenas. La propuesta de la elite y el gobierno para este nuevo período histórico tiene rasgos dictatoriales, con un alcalde de Santiago dirigiendo una red de espionaje y delación de estudiantes en el INBA y el control militar en todos los territorios.

El panorama educativo es desconcertante, por el inicio de clases presenciales en el peor momento de la pandemia, con algunos establecimientos en clases y otros en teleeducación y con una importante desventaja en las condiciones que tienen estudiantes de menos recursos, sin acceso a Internet ni computadores, deserción escolar y una ausencia de participación efectiva de actores y actoras educativas organizadas.

Bajo este contexto, el Encuentro buscó avanzar en lo propositivo, fortaleciendo los vínculos con las organizaciones presentes y planteando propuestas para disputar el sentido común de los pueblos que habitan este territorio y desde las bases sociales incidir en el proceso constituyente. Las y los participantes se agruparon según temas de interés en: Derecho a la Educación, Sistema de Educación Pública, Financiamiento y Currículum; para enfatizar y ampliar las propuestas señaladas en el I Encuentro, como que la Educación debe ser garantizada y financiada por el Estado y que las condiciones que debe reunir para ser un derecho social son: Educación Pública gratuita, laica, integral, democrática, territorialista, no sexista, feminista, intercultural, pluricultural, anti–colonial, comunitaria, valoradora de la memoria histórica y comprometida con la defensa de los derechos humanos, garantizada a través de una asamblea constituyente, popular y/o soberana. Los documentos que sirvieron de base del trabajo de grupos fueron la Sistematización del I Encuentro Nacional de Educación y cuatro folletos elaborados por el Foro por el Derecho a la Educación Pública como aporte al debate constituyente sobre: Nuevo Sistema de Educación Pública en todos sus niveles (inicial, básica, media y técnico-superior), Derecho a la Educación y Libertad de Enseñanza, Financiamiento de la Educación en Chile y Currículum Comunitario por una Vida Digna.

Mira a continuación la grabación del “II Encuentro Nacional de Educación”

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Movilización hacia otros territorios en Chile

Durante el encuentro, integrantes del Foro chileno utilizaron materiales educomunicativos para alimentar el debate. Además del encuentro, el Foro está desarrollando un trabajo junto a otras organizaciones del país para que la iniciativa se proyecte más a los territorios de Chile.

> Los folletos educomunicativos pueden descargarse aquí, en la web del Foro por el Derecho a la Educación Pública


 

Foro Construcción del Poder Constituyente en Chile

Ayer, 15 de abril, el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile, en alianza con OPECH, CEAAL, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER) y otras organizaciones, realizó un foro virtual para discutir y reflexionar sobre la experiencia social de Chile en relación a la construcción de una nueva Constitución junto a líderes y lideresas de ese movimiento ciudadano y político. Mira la grabación a continuación.


Foto: Mauricio Castañedas

CLADE lanza informe sobre la criminalización de la lucha estudiantil

10 de diciembre de 2020

Con el apoyo del fondo Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund (SAIH), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanza hoy (10/12) el informe “Criminalización y violación a los derechos humanos de estudiantes en América Latina y el Caribe. Reflexiones a partir de los casos de estudiantes secundarios y universitarios en Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras”.

Entre los objetivos del documento está el análisis y la visibilización de la situación de las y los estudiantes de la región como protagonistas de la defensa del derecho a la educación y de otros derechos humanos y su creciente criminalización en contextos de protestas sociales en Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras.

“Levantar información desde los territorios y las voces de los actores sociales y sus luchas, resulta fundamental no solamente en la visibilización de una tendencia que gana terreno en los últimos años en nuestro continente, sino también de cara a las propuestas y la urgente necesidad de que los Estados cumplan su rol de garantes de todos los derechos y, en este caso, del derecho a participar, asociarse, expresarse libremente y movilizarse, pacíficamente, exigiendo el cumplimiento del Derecho Humano a la Educación”, afirma Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE.

Para la elaboración del informe se entrevistó a estudiantes de los países mencionados y se analizó su situación como protagonistas de la defensa del derecho a la educación y de otros derechos humanos y su creciente criminalización en contextos de protestas sociales en esos cuatro países.  Además de los casos concretos presentados, la investigación hace un análisis, en alianza con la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), sobre el rol de los medios de comunicación en el proceso de criminalización de estudiantes y movimientos estudiantiles.

El documento también considera la existencia, extensión y singularidades de este fenómeno, así como la profunda afectación que supone no solo para el derecho a la educación, también para otro conjunto de derechos humanos fundamentales. En términos generales, se puede mencionar: impacto en los derechos de participación, libertad de expresión, reunión y asociación; represión y uso excesivo de la fuerza; actuaciones penales infundadas con el fin de paralizar o deslegitimar sus causas; arrestos; imposición de sanciones penales, civiles y administrativas; vigilancia de organizaciones de estudiantes; asesinato de estudiantes. En el ámbito educativo: expulsiones, suspensiones, cancelación de becas u otros beneficios estudiantiles.


Hallazgos y resultados

Los hallazgos y resultados de este proceso ratifican algunas tendencias que ya se habían identificado en otros procesos y acciones que viene llevando adelante CLADE en torno a este tema, así como los graves impactos que suponen para el derecho a la educación y para todo el conjunto de derechos humanos.

En cuanto a los responsables, el informe identificó una multiplicidad de actores y factores que interactúan en los procesos de criminalización, con una relevante participación del Estado, como el aumento de la militarización (con la presencia sobre todo del ejército) en las escuelas y universidades (violando la autonomía universitaria); la aprobación de leyes que dificultan la realización de manifestaciones y protestas sociales o la penalización a conductas relacionadas a la protesta social; la apertura de procesos en contra de estudiantes bajo diferentes figuras penales sin fundamento y sin las pruebas pertinentes o en base a pruebas falsas;  la detención ilegal, agresión física y psicológica de estudiantes y de la comunidad escolar; el asesinato durante manifestaciones o luego de haber participado en protestas por parte de grupo paramilitares y el énfasis en los inconvenientes causados por las protestas y no en las causas de las reivindicaciones y/o las consecuencias de la criminalización por parte de los medios de comunicación.

Entre los impactos y consecuencias del proceso de criminalización, la investigación identificó graves restricciones a su derecho a educarse en las instituciones de educación secundaria y superior, impidiendo o generando obstáculos para que la reincorporación de estudiantes pueda ser posible, en algunos casos, como ya se señaló, incluso ha sido de forma definitiva; usos de violencia física incluyendo, en algunos casos situaciones de tortura, abuso sexual, e incluso la muerte.


Consideraciones y recomendaciones

El informe trata de aportar el panorama regional y reafirma la necesidad de fortalecer urgentemente estrategias que ayuden a revertir este fenómeno y contribuyan a garantizar los derechos de todos los actores de la comunidad educativa, en particular de las y los estudiantes, ofreciendo una serie de recomendaciones generales y otras específicas dirigidas a diferentes ámbitos (ámbito estatal gubernamental, organismos de derechos  humanos, medios de comunicación, sociedad civil,  y a la comunidad educativa).

Entre las recomendaciones están: la relevancia de profundizar en el análisis del contexto, la visibilidad, comprensión, denuncia y sistematización de situaciones de criminalización, desde un enfoque de derechos humanos y de género y la articulación de esfuerzos y medidas desde todas las esferas de la sociedad para avanzar en un mayor reconocimiento y consolidación del derecho a la protesta social como un derecho humano fundamental y como mecanismo de defensa e incidencia por el derecho a la educación, el rol de las y los estudiantes como defensores de derechos humanos.


Foto: Adam Jones

¿Cómo garantizar la EPJA en tiempos de pandemia?

28 de julio de 2020

¿Qué se está haciendo para garantizar la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en América Latina y el Caribe? ¿Qué pueden hacer las y los educadores? Buscando contestar esa y otras interrogantes sobre el derecho a la educación a lo largo de la vida en la región, especialmente en el contexto de pandemia por el Covid-19, el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) y el Grupo de Incidencia en Políticas Educativas (GIPE), que forma parte del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), lanzaron la publicación “La Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en América Latina y el Caribe durante la pandemia por la Covid-19″. 

Las medidas de aislamiento evidencian las asimetrías existentes y las profundizan, y suponen un retroceso educativo que tiende a profundizar las desigualdades, principalmente por las condiciones económicas y sociales de la gran mayoría de la población”

Con cinco capítulos divididos en 15 páginas, la publicación analiza el escenario actual del derecho a la educación de personas jóvenes y adultas en la región, además de subrayar algunos desafíos para garantizarlo, como la importancia de desarrollar políticas de democratización de la conectividad, especialmente para zonas urbanas marginales, rurales, amazónicas; y para personas afrodescendientes. Asimismo, subraya la necesidad de fortalecer el trabajo territorial ligado a la educación comunitaria que responda a las necesidades y demandas de las organizaciones y personas para construir una sociedad educadora, compartiendo saberes, el autocuidado, estrechando lazos de solidaridad y fortaleciendo los valores ciudadanos.

“En el mundo entero y en América Latina y el Caribe, estamos viviendo las consecuencias de una crisis que se inicia como sanitaria, ocasionada por el Covid-19, y que hoy tiene graves consecuencias en lo económico, educacional, ambiental, en el cuidado de la vida y de la naturaleza. (…) Las medidas de aislamiento evidencian las asimetrías existentes y las profundizan, y suponen un retroceso educativo que tiende a profundizar las desigualdades, principalmente por las condiciones económicas y sociales de la gran mayoría de la población”, afirma la publicación.

Según el documento, la educación de personas jóvenes, adultas y adultas mayores está caracterizada no solo por la edad de aquellos que están por fuera del sistema educativo, sino también por su condición social. “En otras palabras, son aquellos y aquellas que el sistema ya ha excluido. Son aquellos y aquellas a los y las que hoy el sistema vuelve a golpear en esta situación de aislamiento. Esta población se encuentra en situación de vulnerabilidad en todos sus sentidos”.

La publicación también presenta una muestra de lo que siete países de la región están haciendo, a partir de informes de países recopilados por miembros del GIPE-CEAAL. A continuación se presenta un resumen de cada uno de ellos. 

Argentina 

En lo que hace a política educativa, poco se habla de la situación de jóvenes y adultos en esta emergencia educativa. Las propuestas oficiales por parte del Estado no contemplan la particularidad del trabajo con este sector de la población. En cambio, apuntan a cierta democratización del acceso a la educación, a través de la elaboración de cuadernillos para educación primaria y secundaria (con el fin de que lleguen a los territorios más remotos de la geografía local) y a la generación de contenidos audiovisuales o radiales, que se presentan como sustitutos de los y las docentes: las clases continúan; el Ministerio de Educación educa a través de estos dispositivos.


Brasil 

La gran mayoría de los departamentos de educación, estatales y municipales, suspendió las actividades en el aula a fines de marzo. Recién el 28 de abril el Consejo Nacional de Educación (CNE) aprobó por unanimidad las directrices para guiar a las escuelas de educación básica y las instituciones de educación superior durante la pandemia de coronavirus. Durante este intervalo de un mes, los estados y municipios trataron de crear sus propias estrategias para la enseñanza y la asistencia alimentaria. En términos de estrategias pedagógicas, es posible identificar tres: las que usan Google Classroom, las aplicaciones desarrolladas específicamente para esta misión, las clases de video u otras plataformas de la propia secretaría, las que usan canales de TV abiertos para transmitir clases, y la preparación de material impreso y folletos que los estudiantes pueden recibir en casa o recoger en la escuela.


Chile 

En todo el sistema educacional chileno se ha enfrentado la emergencia sanitaria y su impacto en la vida escolar a través de la educación a distancia, con todas las limitaciones que ello tiene en materia de capacitación de los y las docentes. Además, la educación en línea es un recurso de emergencia en la actualidad pero no puede ser sólo una réplica de la educación presencial, como tampoco simular en las casas las actividades y los procedimientos de estudio y evaluación que son propios de la vida escolar regular. Directivos, docentes y equipos psicosociales de los establecimientos de la EPJA han debido asumir el desafío de enfrentar el cierre escolar con acciones de educación a distancia a través del uso de plataformas de tecnologías de comunicación remota (como Zoom y Whatsapp), preparación de guías de aprendizaje, entrega domiciliaria de estas guías donde no se tiene conexión a internet o no existen condiciones para la concentración y el estudio, al mismo tiempo que se procuraban ayudas alimentarias y apoyo psicosocial a los y las estudiantes que lo necesitaban.


El Salvador 

Se mantienen programas de alfabetización, educación básica y alfabetización para jóvenes y adultos, particularmente programas de modalidades flexibles como segunda oportunidad para quienes abandonaron el sistema y no lograron una educación oportuna. Estas modalidades han sufrido recortes presupuestarios y de cobertura en los últimos años. Se pasó de una inversión de $ 9,5 millones en 2019 a $ 8,1 millones en 2020 (este monto incluye los recursos asignados a través de instituciones implementadoras y los administrados desde las direcciones departamentales de Educación).


Guatemala

Guatemala mantiene enormes rezagos educativos a todo nivel. La cobertura del subsistema escolarizado es baja (80% en el nivel primario) y en algunos casos extremadamente baja (cercana al 50% en el primer ciclo de la secundaria y cerca del 25% en el segundo ciclo), mantiene una tasa de alfabetización absoluta del 20% según datos oficiales (2018) y tradicionalmente la EPJA ha sido mínima frente a la educación escolarizada. El sistema educativo en su conjunto se ha orientado hacia los procesos virtuales, lo que solo permite un alcance parcial, dada la baja cobertura de internet. Hasta ahora las principales acciones son: entrega de alimentos (alimentación escolar) a las familias de los estudiantes del nivel primario y, desde mayo, distribución de guías educativas impresas para todos los grados del nivel primario (para dos semanas, con baja calidad).


Nicaragua 

No ha interrumpido oficialmente las actividades educativas. Según el Ministerio de Educación se ha instado a los centros educativos a tomar medidas como el lavado de manos al menos dos veces al día y mantener distanciamiento de no menos de un metro con los estudiantes. No hay información específica sobre la Educación de Jóvenes y Adultos, y se continúan desarrollando como en tiempos normales las diversas modalidades de educación presencial y a distancia.


Perú 

El Ministerio de Educación (MINEDU) ha implementado una estrategia de enseñanza a distancia denominada “Aprendo en casa” que, según datos oficiales, está llegando a más de seis millones de estudiantes de colegios públicos de la Educación Básica Regular, Básica Alternativa y Especial, a través de diversos medios como internet, radio y televisión. Según un informe del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el Perú solo el 46% de peruanos tiene acceso a Internet; la penetración de Internet es casi inexistente en las zonas rurales (1%), mientras que en las zonas urbanas es del 30,2%.


República Dominicana

A partir de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional, el 19 de marzo de 2020, y la suspensión de la docencia presencial, el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) marcó la necesidad de diseñar e implementar estrategias y actividades para dar continuidad al aprendizaje desde casa, utilizando diversos recursos y herramientas virtuales disponibles para esos fines, y otras como medio de comunicación e información. La respuesta educativa ha integrado la televisión, la radio, las plataformas diversas, las herramientas y los recursos virtuales múltiples. En general, ha dado respuestas a casi tres millones de estudiantes a nivel nacional. En EPJA, se ha atendido alrededor de 300 mil estudiantes, sin contabilizar los de alfabetización, en mil centros y con alrededor de diez mil docentes. 


>> “La Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en América Latina y el Caribe durante la pandemia por la Covid 19″


Foto: Piensa Prensa Alternativa

Informe: “La crisis estructural del sistema educativo en Chile está lejos de garantizar el derecho a la educación”

23 de julio de 2020

“No hay institución en Chile que realice un seguimiento de las vulneraciones de los derechos humanos en la educación. Las organizaciones de derechos humanos se encuentran precarizadas y no logran dar cuenta de lo que está ocurriendo en nuestras escuelas y liceos”. Esto afirmaron organizaciones y actores educativos durante el encuentro de la Mesa de Seguimiento de las vulneraciones al Derecho a la Educación, cuyos debates, reflexiones y recomendaciones fueron sistematizados en el informe “Derechos Humanos y Educación”. Mesa Seguimiento al Derecho a, de y desde la Educación en Chile, publicado en junio de este año. 

Formada por organizaciones como la Red contra la represión a estudiantes y el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile (FODEP), la Mesa de Seguimiento a las vulneraciones al Derecho a la Educación tiene el objetivo de monitorear las múltiples vulneraciones del derecho en las comunidades educativas, particularmente después del 18 de octubre de 2019, día del estallido social y posterior revuelta popular en Chile, donde toda forma de protesta social, particularmente en escuelas y liceos, se vio afectada por mayores medidas de represión y persecución. 

Con análisis de entrevistas con especialistas y actores educativos, de información de medios de prensa y redes sociales y de datos de la Superintendencia de Educación, el informe afirma que la crisis estructural del sistema educativo en Chile está lejos de garantizar el derecho a, en y desde la educación. “A partir de este informe se puede dar cuenta de una vulneración diversa y sistemática desde la institucionalidad que ha impactado transversalmente a las comunidades educativas”, se sostiene en el texto.

El documento también presenta un diagnóstico de que el sistema educativo chileno actúa bajo una lógica autoritaria. “Esto impacta negativamente a las comunidades educativas, ya que no existen espacios de participación en la toma de decisiones en temas fundamentales, tales como: la convivencia escolar, el financiamiento, el currículum, la gestión y administración de un espacio educativo. En consecuencia, no existe una participación efectiva de la comunidad educativa, clave para el ejercicio pleno de un derecho humano fundamental como es la educación”.

>> Informe sobre Derechos Humanos y Educación – Mesa de Seguimiento (2020)


<span style=Representantes de más de 60 organizaciones educativas, sociales, populares y territoriales -del Sur, Centro y Norte de Chile- participaron del “Encuentro Nacional Organizados/as para transformar la educación como un derecho social”, que discutió las problemáticas y propuestas educativas que las comunidades impulsan desde la Revuelta Popular hasta la actual crisis sanitaria en Chile. Organizado por el Foro por el Derecho a la Educación Pública el 20 de junio, el encuentro contó con la participación de la coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), Camilla Croso, quien enfatizó la importancia de que los movimientos sociales reflexionen en este contexto de pandemia sobre la educación pública y de acercarse a los otros movimientos sociales que trabajan en los ámbitos de salud, economía alternativa y de derechos humanos para la transformación de la sociedad.  Posteriormente se presentaron los informes de la Mesa de Seguimiento al Derecho a, de y desde la Educación en Chile y del Comité Educacional de la Coordinadora Feminista 8M, que presentaron las diversas vulneraciones que han sufrido las comunidades educativas desde el 18 octubre en adelante.  Los informes muestran que las vulneraciones al derecho a la educación han sido sistemáticas. “Durante la revuelta fueron miles los y las miembros y miembras de comunidades educativas reprimidos/as y encarcelados/as a lo largo de todo Chile. En el contexto actual de pandemia está siendo vulnerados/a de igual forma el derecho a la educación pública de los y las niños/as y jóvenes, visibilizando una vez más la brecha económica y las desigualdades existentes”, afirmó el Foro por el Derecho a la Educación Pública.  En el encuentro se manifestó que:  
  • La educación debe ser pública, laica, democrática y pluralista, centrada en la comunidad educativa y controlada por esta.
  • La construcción de currículos debe considerar a los distintos pueblos y territorios que conviven en Chile, desde los pueblos ancestrales hasta los migrantes, y debe ser pluralista, vinculada al país que queremos, pluridiverso.
  • La educación como derecho social debe estar en el proceso constituyente, el cual a su vez debe construirse desde los territorios.
  • Es preciso eliminar la Ley Aula Segura, que promueve la criminalización de los estudiantes y de las comunidades educativas. 
  • Es necesario consagrar la igualdad en los diferentes derechos sociales, por ejemplo, el ámbito de la salud pública debe contar con herramientas para que se pueda acceder a ella como derecho básico.
  • Es fundamental poner fin a la represión policial y militar de la protesta social en todos los territorios. En particular, acabar con la represión en el Wallmapu y a todos nuestros pueblo originarios.

>> Grabación del Encuentro Nacional

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Realizado por el Foro Chileno por el Derecho a la Educación, el evento tuvo el objetivo de establecer un diálogo y discutir en torno a problemáticas y propuestas educativas que las comunidades están generando en diversos espacios, territorios, escuelas y regiones chilenas.

Chile: Encuentro nacional debate acciones para transformar la educación en derecho humano en el país

14 de julio de 2020

Representantes de más de 60 organizaciones educativas, sociales, populares y territoriales -del Sur, Centro y Norte de Chile- participaron del “Encuentro Nacional Organizados/as para transformar la educación como un derecho social”, que discutió las problemáticas y propuestas educativas que las comunidades impulsan desde la Revuelta Popular hasta la actual crisis sanitaria en Chile.

Organizado por el Foro por el Derecho a la Educación Pública el 20 de junio, el encuentro contó con la participación de la coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), Camilla Croso, quien enfatizó la importancia de que los movimientos sociales reflexionen en este contexto de pandemia sobre la educación pública y de acercarse a los otros movimientos sociales que trabajan en los ámbitos de salud, economía alternativa y de derechos humanos para la transformación de la sociedad. 

Posteriormente se presentaron los informes de la Mesa de Seguimiento al Derecho a, de y desde la Educación en Chile y del Comité Educacional de la Coordinadora Feminista 8M, que presentaron las diversas vulneraciones que han sufrido las comunidades educativas desde el 18 octubre en adelante. 

Los informes muestran que las vulneraciones al derecho a la educación han sido sistemáticas. “Durante la revuelta fueron miles los y las miembros y miembras de comunidades educativas reprimidos/as y encarcelados/as a lo largo de todo Chile. En el contexto actual de pandemia está siendo vulnerados/a de igual forma el derecho a la educación pública de los y las niños/as y jóvenes, visibilizando una vez más la brecha económica y las desigualdades existentes”, afirmó el Foro por el Derecho a la Educación Pública. 

En el encuentro se manifestó que:  

  • La educación debe ser pública, laica, democrática y pluralista, centrada en la comunidad educativa y controlada por esta.
  • La construcción de currículos debe considerar a los distintos pueblos y territorios que conviven en Chile, desde los pueblos ancestrales hasta los migrantes, y debe ser pluralista, vinculada al país que queremos, pluridiverso.
  • La educación como derecho social debe estar en el proceso constituyente, el cual a su vez debe construirse desde los territorios.
  • Es preciso eliminar la Ley Aula Segura, que promueve la criminalización de los estudiantes y de las comunidades educativas. 
  • Es necesario consagrar la igualdad en los diferentes derechos sociales, por ejemplo, el ámbito de la salud pública debe contar con herramientas para que se pueda acceder a ella como derecho básico.
  • Es fundamental poner fin a la represión policial y militar de la protesta social en todos los territorios. En particular, acabar con la represión en el Wallmapu y a todos nuestros pueblo originarios.

>> Grabación del Encuentro Nacional


COVID-19 en Chile: Foro realizó diálogo virtual sobre educación a distancia y reingeniería social

22 de abril de 2020

¿Qué desafíos estamos enfrentando en esta pandemia? ¿Qué hacemos como actores educativos ante la crisis humanitaria que se genera? ¿Qué rol deberían cumplir las pedagogías críticas y la educación emancipadora?

Para debatir estas y otras cuestiones, el Foro por el Derecho a la Educación Pública (FODEP), miembro de la CLADE en Chile, realizó el 23 de abril el diálogo virtual “Educación a distancia y Reingeniería Social”. El evento buscó generar un espacio de formación para organizaciones de estudiantes, profesionales de la educación, educadoras y educadores populares, así como movimientos sociales, con el objetivo de profundizar reflexiones y estrategias de acción para enfrentar esta coyuntura. (más…)


<span class=La pandemia golpea globalmente y, así, se suma al cúmulo de hechos que alteraban la «normalidad» en el planeta: La inminente crisis ecológica, las sucesivas crisis económicas y la continuidad de las guerras internas, mientras crecen las manifestaciones sociales en distintas partes del globo. Estamos, sin duda, en un punto de inflexión histórico; la crisis del modelo es evidente y podría ser el final del actual modo de producción. ¿Hacia dónde se dirige este cambio? ¿Socialismo o barbarie? ¿Una cuarta revolución industrial? Esta es la hipótesis, consenso alcanzado entre los intelectuales que están poniendo su mirada en los confines del capitalismo. La pandemia parece acelerar un camino inevitable, en piloto automático, como diría Ruperto Concha, connotado analista chileno, que nos permite anticipar las relaciones sociales de esta nueva fase del desarrollo del capital. Hablamos de esta cuarta revolución industrial, que implica un profundo cambio en nuestras formas de trabajo, de estudios, de organización, de cultura y de relacionarnos en general. El repliegue al hogar y la informatización e interconexión de toda forma de producción y consumo, son los pilares de este nuevo contexto. Todas las instituciones están entonces en proceso de transformación; la escuela no es la excepción. La escuela moderna y su currículum, que aún persistía en los sueños y fantasmas de las/os educadoras/es de izquierda, terminó de colapsar con la pandemia mundial. Tras el cese de los contagios la escuela que conocíamos ya no será más. Las nuevas tecnologías, y nuevas metodologías y sentidos, como nuevas condiciones, tiempos y espacios se abren (y cierran) para el hecho educativo. Sobre esta naciente realidad y sus posibilidades conversamos con Luis Bonilla Molina, educador e investigador venezolano en educación, quien desde hace años viene advirtiendo sobre este cambio inminente y el subsecuente peligro de un apagón pedagógico global, en el cual la privatización y despedagogización le quitarán todo potencial emancipador a la escuela pública. Entonces, ¿qué demandas levantamos los actores educativos en este nuevo contexto?, ¿qué horizontes tiene la educación pública? Oiga el podcast a continuación: En nuestra sección Paralapalabra, herramientas para la autoeducación popular, recomendamos los siguientes textos de nuestro invitado: ">
Diálogo con Luis Bonilla Molina, educador e investigador venezolano en educación, quien desde hace años viene advirtiendo sobre el peligro de un apagón pedagógico global

Pandemia y Reingeniería Socioeducativa Global

7 de abril de 2020

La pandemia golpea globalmente y, así, se suma al cúmulo de hechos que alteraban la «normalidad» en el planeta: La inminente crisis ecológica, las sucesivas crisis económicas y la continuidad de las guerras internas, mientras crecen las manifestaciones sociales en distintas partes del globo. Estamos, sin duda, en un punto de inflexión histórico; la crisis del modelo es evidente y podría ser el final del actual modo de producción. (más…)


<span style=La pandemia COVID-19 viene impactando fuertemente a las comunidades educativas, los sistemas de educación y los derechos humanos en los distintos rincones de América Latina y el Caribe. En este escenario, miembros de la CLADE – coaliciones de la sociedad civil que defienden el derecho humano a la educación en diferentes países, así como redes regionales – divulgaron entrevistas, análisis y posicionamientos públicos, con el objetivo de contribuir con reflexiones y sugerencias de medidas que se podrían adoptar en este retador escenario. Estos comunicados, llamados y análisis se comparten teniendo en el horizonte la apuesta en la acción colectiva para exigir la garantía del derecho humano a la educación de todas las personas, en condiciones de igualdad, pese al contexto de crisis que enfrentamos. Lee a continuación estas contribuciones. [caption id="attachment_14283" align="alignright" width="300"] Foto: James Gordon[/caption]

Espacio sin Fronteras: ¿Cómo quedan las personas migrantes y refugiadas ante la pandemia?

La red Espacio Sin Fronteras (ESF) publicó una nota en la que expresa solidaridad con todas las personas afectadas por el virus. También hace un llamado a la comunidad internacional por la creación de medidas de protección y atención humanitaria para las personas migrantes y refugiadas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Eso, especialmente, porque suelen encontrarse en contextos de situación de calle, alojamientos hacinados y trabajos informales ni protección social. “La actual pandemia desenmascara una vez más las falencias del modelo neoliberal, profundizando las desigualdades socio-económicas, los altos niveles de pobreza, que son también causas y consecuencias de la movilidad humana”, afirma la red. Recuerda, así mismo, el rol de la salud pública, sector históricamente en resistencia al desmantelamiento y las privatizaciones de políticas sociales. >> Lee el texto completo

ALER: “América Latina en la sombra del coronavirus”

A través de entrevistas, reportes y programas radiales especiales, la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER) discute asuntos estructurales que se evidencian en nuestros sistemas de salud y las brechas de desigualdad en América Latina y el Caribe, ante la crisis. “El desafío en este escenario de crisis, es superar la lógica económica, esto no se trata de bonos, o salvaguardas para poder impedir la desaceleración económica, de salvar las economías de los países, se trata de proteger la vida, la dignificación de la vida de millones de personas vulnerables, de sacar a esta población de su condición de vulnerabilidad y con ello construir sociedades seguras y justas”, subraya ALER. >> Lee el texto completo Escucha también cuatro programas radiales que la Asociación ha producido y divulgado sobre el tema:

Pressenza: Noticias y artículos sobre el COVID-19

A su vez, la Agencia Pressenza también viene realizando una amplia cobertura sobre los impactos de la pandemia y las medidas de enfrentamiento que se están planteando desde la sociedad civil y otros sectores en los distintos países de la región y del mundo, donde cuenta con medios de comunicación, así como comunicadoras y comunicadores asociados. >> Acompaña aquí la cobertura completa.

Red Global/Glocal por la Calidad Educativa comparte análisis sobre los impactos de la pandemia 

Te invitamos a leer los artículos a continuación, en los que Luis Bonilla, de la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, expresa reflexiones críticas sobre la crisis que vivimos. >> El presupuesto para la nómina docente en el centro de interés de la neo privatización educativa >> Coronavirus o reingeniería social a escala planetaria >> Pongámonos serios ¿Educación virtual en casa?

CEAAL difunde edición especial de “La Carta” sobre COVID-19

“Estamos viviendo un cambio de época que puede constituir una oportunidad para que -desde los procesos de educación y participación popular- impulsemos con mayor fuerza el desmonte de las lógicas y patrones culturales capitalistas, patriarcales, extractivistas, individualistas, racistas y coloniales y desde las prácticas solidarias podamos construir espacios, propuestas, proyectos, programas que protagonizados por los sectores populares se constituyan en los nuevos referentes de otra manera de vivir”, afirma el presidente del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), Oscar Jara, en editorial de la última edición de la revista La Carta. En esta edición especial de la revista del CEAAL, el Consejo comparte análisis, acciones y reflexiones, que proponen la búsqueda de soluciones para la actual crisis desde la educación popular y transformadora, y desde alianzas, articulaciones y vínculos con otros movimientos, organizaciones y sectores sociales. >> Lee aquí La Carta Nº 613

Marcha Global: ¿Cómo evitar que la pandemia agrave el riesgo del trabajo infantil?

La Marcha Global Contra el Trabajo Infantil, red regional miembro de la CLADE, publicó una declaración sobre el impacto de la crisis en la realización de los derechos de la niñez. “Sabiendo que el COVID-19 ya ha perturbado la economía global y el trabajo continuo de los gobiernos para combatir problemas socioeconómicos como el trabajo infantil, la trata de personas y la esclavitud moderna; los investigadores de Delta 8.7 predicen que aumentará aún más el riesgo de los más vulnerables, aumentando el riesgo de explotación, incluido el trabajo infantil y los esfuerzos de respuesta se verán afectados”, afirma la red. >> Lee el comunicado completo

OMEP: Los derechos de la niñez y la actual crisis 

En el marco del Día de la Salud, Mercedes Mayoll Lassalle, Presidenta de la Organización Mundial de Educación Preescolar (OMEP), compartió reflexiones sobre la situación de los derechos de la primera infancia ante el COVID-19:

REPEM: Análisis de los retos de niñas y mujeres ante la pandemia

A favor de una educación digna, inclusiva y con igualdad de género en Latinoamérica y el Caribe, la Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM) divulgó su nuevo boletín, con énfasis en analizar los impactos de la actual crisis sanitaria en la vida de las niñas y mujeres. Lee el boletín aquí 

Argentina: Campaña rechaza abordaje policial a niños, niñas y adolescentes debido a la pandemia

[caption id="attachment_14450" align="alignright" width="300"] Foto: Agencia TELAM[/caption] La Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) divulgó una nota pública, en la que rechaza la disposición DI-2020-19-DGRPJ del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según la cual es necesario “contar con un dispositivo que permita abordar pronta y ágilmente aquellos casos de adolescentes que incumplan el aislamiento social, preventivo y obligatorio”. De acuerdo a la CADE, en el contexto de emergencia que el país atraviesa, el gobierno de Buenos Aires se está disponiendo a la “detención” de adolescentes que están en situación de calle y su confinamiento en un instituto de puertas cerradas de manera forzada, bajo el pretexto de así estar protegiendo sus vidas y las de terceros. >> Lee el texto completo

Bolivia: Demanda por protección social y prevención a la violencia

La Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) divulgó un pronunciamiento en el cual insta el Ministerio de Educación a: garantizar que toda la población estudiantil de todos los sistemas educativos reciba el bono familiar, sin burocracias y sobretodo garantizando que reciban los sectores rurales y la población alejada del centro de la ciudad; y a implementar formas de prevención contra las violencias y maltrato intrafamiliar en este periodo de cuarentena, además de generar redes comunitarias de protección y acciones de autoprotección de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, especialmente mujeres, por ser las poblaciones más vulnerables, entre otras medidas. Así mismo, exhorta el gobierno a implementar estrategias de comunicación con información confiable y precisa sobre cómo prevenir el COVID-19, en los distintos idiomas oficiales de la comunidad educativa, priorizando los pueblos indígenas y originarios, por las condiciones que enfrentan en lugares alejados y sin ningún o limitado acceso a centros de salud y sistemas tecnológicos para comunicarse.  >> Lee el posicionamiento completo La CBDE también organizó el conversatorio en línea “Educación Técnica, tecnológica y productiva: desafíos y oportunidades en el contexto del COVID-19 caminando hacia la transformación digital”. Mira la grabación:

Chile: Análisis sobre la pandemia como doctrina del shock

Ante el escenario de crisis, el Foro por el Derecho a la Educación Pública (FODEP) dialogó con Marcelo Maldonado, historiador y activista del movimiento popular en Bolivia, y Leonel Herrera, presidente de ALER y de la Red Arpas, sobre los impactos de la pandemia en la sociedad y la economía. >> Escucha el diálogo El Foro también conversó con Luis Bonilla Molina, educador e investigador venezolano en educación, quien desde hace años viene advirtiendo sobre el peligro de un apagón pedagógico global, ante las crisis y el avance de las nuevas tecnologías. > Escucha la entrevista Así mismo, FODEP ha publicado una declaración, en la cual rechaza las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación chileno (MINEDUC), que habilitó la educación en línea como alternativa ante la suspensión de clases presenciales, sin antes considerar si estudiantes tenían computadoras y acceso a Internet, si docentes estaban capacitadas/os para trabajar en esas plataformas y si había condiciones adecuadas para continuar el proceso pedagógico en los hogares. El Foro y Alerta Educativa también impulsan una serie de conversatorios en línea, para discutir los desafíos que la pandemia impone a la educación, así como el rol que deberían cumplir las pedagogías críticas y la educación emancipadora en el actual contexto [lee más].

Ecuador: CSE insta a fortalecer la unidad y la solidaridad para superar la pandemia

Comunicado del Contrato Social por la Educación (CSE) está dirigido al Ministerio de Educación, a los gobiernos central y locales, a docentes, familias, medios de comunicación, universidades y a la sociedad en general. En el posicionamiento, la organización solicita que el Ministerio de Educación priorice “la asistencia y contención emocional y mental de los estudiantes por encima del acatamiento de la planificación curricular, sin agobiarlos con tareas y evaluaciones, sino ayudándolos al equilibrio necesario para que ellos y sus familiares puedan tener actitudes sanas y positivas que permitan el cumplimiento de las limitaciones derivadas de las medidas para controlar la pandemia”. >> Lee el comunicado completo >> Análisis de Milton Luna, del CSE, sobre el rol de las y los docentes en la actual crisis

Honduras: ¿Cómo mitigar los efectos de la pandemia en el país?

[caption id="attachment_14440" align="alignright" width="300"] Foto: smorazanm[/caption] En medio de la crisis del COVID-19 en Honduras, el Foro Dakar-Honduras (FDH) publicó una declaración en la que demanda acciones del gobierno y se solidariza con cada familia, niño y niña que enfrenta dificultades de acceso a la educación en el actual contexto, por carecer de conectividad. “A pesar de lo gris que se presenta este momento que estamos viviendo, instamos a nuestras autoridades del sector de educación a pensar con esperanza, previendo desde ya las acciones de postcrisis que puedan mitigar los efectos negativos en el aprendizaje de los niños y niñas con las condiciones ya expresadas”, afirma el Foro. >> Lee el comunicado completo El FDH también envió una carta a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en la que insta para que, entre otras medidas, este centro educativo actúe para contribuir con el control de la pandemia en el país, desde las diferentes áreas del conocimiento; la difusión de informaciones a la sociedad hondureña, para que tome medidas de prevención; y alianzas con organismos internacionales especializados en el manejo de este tipo de crisis, como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). >> Lee la carta aquí

Nicaragua: Para proteger a las comunidades educativas, Foro demanda el cierre de escuelas

Ante el avance del COVID-19 en Nicaragua, el Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua (FEDH-IPN) divulgó una declaración pública, en la que rechaza la decisión del Ministerio de Educación (MINED) de no haber decretado medidas de protección y prevención efectivas contra el virus. El Foro comparte sus preocupaciones sobre cómo la crisis de salud puede afectar el aprendizaje y la seguridad de niñas, niños y adolescentes. En nuevo comunicado, el FEDH-IPN también alerta sobre los impactos de la emergencia para la educación nacional, e insta por la búsqueda de estrategias, didácticas y mecanismos para brindar una educación a distancia y crear programas educativos formales y no formales que respondan a las necesidades educativas. >> Lee más sobre los comunicados del Foro">
Foros nacionales y redes regionales que integran la CLADE divulgaron entrevistas, análisis y posicionamientos públicos, con el objetivo de contribuir con reflexiones y sugerencias de medidas que se podrían adoptar en este retador escenario

Miembros de la CLADE comparten posicionamientos y análisis ante la pandemia COVID-19

6 de abril de 2020

La pandemia COVID-19 viene impactando fuertemente a las comunidades educativas, los sistemas de educación y los derechos humanos en los distintos rincones de América Latina y el Caribe.

En este escenario, miembros de la CLADE – coaliciones de la sociedad civil que defienden el derecho humano a la educación en diferentes países, así como redes regionales – divulgaron entrevistas, análisis y posicionamientos públicos, con el objetivo de contribuir con reflexiones y sugerencias de medidas que se podrían adoptar en este retador escenario.

Estos comunicados, llamados y análisis se comparten teniendo en el horizonte la apuesta en la acción colectiva para exigir la garantía del derecho humano a la educación de todas las personas, en condiciones de igualdad, pese al contexto de crisis que enfrentamos.

Lee a continuación estas contribuciones.

(más…)


Hoy ya entramos en cuarentena, no solo en Santiago de Chile, sino que en muchos países del globo, incluyendo a Latinoamérica. Aislados, temerosos, con incertidumbre, poco a poco, comenzamos a reaccionar. La coyuntura actual de expansión del actual coronavirus (COVID-19) nos puso en jaque como parte del movimiento social. Transformó el escenario; la elite y la clase política retomaron la iniciativa. En muchos de los países que había revuelta social la movilización y el crecimiento de la organización se detuvo, y nos hemos llenado de medidas antipopulares, a la medida de los poderosos, a costa de los desposeídos.<!--more-->

No solo aplazan el plebiscito y las elecciones en Chile, en Bolivia se consolida la derecha y en El Salvador, el presidente Nayib Bukele intenta capitalizar la catástrofe a través de estrategias mediáticas por medio de las redes sociales. Una nueva forma de capitalismo comienza a consolidarse: se instaura el teletrabajo, se instala el toque de queda, jugosos negocios aparecen derivados de la peste, los militares en las calles, cruje el sistema de salud, y crujen nuestros derechos. Control social y aumento de la desigualdad, características centrales de una nueva ofensiva del capitalismo hoy vestido con las ropas de la catástrofe.

¿Nos inmoviliza esta pandemia? ¿Nos pone nuevos desafíos? ¿Cómo lo estamos afrontando y enfrentando las organizaciones populares? Para conversar sobre esto charlamos con Marcelo Maldonado, historiador y activista del movimiento popular en <span style=Bolivia, y Leonel Herrera, presidente de la Asociación Latinoamericana para la Educación Radiofónica (ALER) y de ARPAS en El Salvador. Analizamos con los compañerxs el efecto de los distintos «virus» que asolan al movimiento social y que acompañan al COVID-19; el virus de la corrupción, el virus de la desinformación y el virus del miedo, los cuales acompañan la mutación del más feroz de los virus: el neoliberalismo, que asola el planeta hace décadas y que con este nuevo brote, parece emprende una de sus últimas ofensivas contra la humanidad. ¿Cómo retomamos la iniciativa? Oiga el podcast a continuación: En nuestra sección Paralapalabra, herramientas para la autoeducación popular, recomendamos: ">
La coyuntura actual de expansión del actual coronavirus (COVID-19) nos puso en jaque como parte del movimiento social

La Pandemia como Doctrina del Shock en Chile

26 de marzo de 2020

Hoy ya entramos en cuarentena, no solo en Santiago de Chile, sino que en muchos países del globo, incluyendo a Latinoamérica. Aislados, temerosos, con incertidumbre, poco a poco, comenzamos a reaccionar. La coyuntura actual de expansión del actual coronavirus (COVID-19) nos puso en jaque como parte del movimiento social. Transformó el escenario; la elite y la clase política retomaron la iniciativa. En muchos de los países que había revuelta social la movilización y el crecimiento de la organización se detuvo, y nos hemos llenado de medidas antipopulares, a la medida de los poderosos, a costa de los desposeídos. (más…)