Corinne Oertle

Puentes del Sur: Organizaciones de Argentina y Chile dialogan sobre experiencias de educación popular

5 de Julio de 2019

Por: Fabíola Munhoz

En diálogo virtual, se compartieron experiencias de educación popular, bajo gestión social o comunitaria; y los retos de la lucha contra el lucro en la educación en ámbito regional

La Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) y el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile realizaron el 27 de junio un diálogo virtual, para compartir experiencias de educación popular, bajo gestión social o comunitaria; y los retos de la lucha contra el lucro en la educación en ámbito regional. Acompañaron el debate cerca de 30 activistas y educadoras/es de Brasil, Uruguay, Chile, Ecuador y Argentina.

En el encuentro, compartieron sus experiencias de educación y lucha: Fernando Anderlic, Director de Fe y Alegría en Argentina; Juan González, miembro del Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile; y Nahuel Casademunt, del Centro de Estudio del Sindicato Nacional de Trabajadores/as de la Educación Popular de Gestión Social de Argentina. El diálogo fue moderado por Marcela Browne, de la CADE.

“Un bachillerato popular o una escuela organizada por el movimiento campesino no es lo mismo que un emprendimiento privado o una empresa con intereses de lucro en la educación. Tenemos que diferenciar los intereses, situaciones de educadoras y educadores, así como los proyectos educativos. Queremos traer a la discusión las experiencias de educación comunitaria, popular o de gestión social que promueven una educación emancipadora y quieren ampliar el derecho y acceso a la educación, sin intereses de lucro”, afirmó Marcela Browne en la apertura del diálogo.

En su intervención, Fernando Anderlic presentó la experiencia del movimiento de educación popular Fe y Alegría, que actúa hace 23 años en Argentina. “Tenemos presencia en asentamientos y barrios donde no hay escuelas públicas o las más cercanas no atienden las necesidades locales. Son 26 centros educativos gestionados por la comunidad que ofrecen enseñanza primaria, secundaria y técnica gratuita, en convenio con gobiernos, cooperación internacional y organizaciones de barrios y de ámbito nacional”, relató. Añadió que, las educadoras y los educadores, así como las familias involucradas en el proyecto, actúan sin fines de lucro y con miras a que estos centros sean espacios para la transformación social y personal, proponiendo la reunión de la comunidad alrededor del debate y planteamiento de demandas y soluciones conjuntas.

Juan González, del Foro por el Derecho a la Educación Pública, hizo un recorrido histórico de la presencia de actores privados en la educación chilena. Contó que, desde el 1925, en la Constitución de Chile, se prevé la libertad de enseñanza y se le da más peso que al derecho humano a la educación.

Según González, con el golpe militar en el país, se usó este principio de la libertad de enseñanza para permitir la liberalización del sistema educativo y la concentración de la educación en la iniciativa privada. “Casi el 70% de las matrículas en Chile está en manos de privados y de un mercado educativo que segrega y genera competencia. La subvención estatal se paga a las escuelas privadas por la cantidad de estudiantes que tengan, lo que profundiza las desigualdades”, afirmó.

Añadió que es fundamental diferenciar los proyectos educativos impulsados por la sociedad civil, sin fines de lucro, de aquellos llevados adelante por grandes empresas con intereses económicos y extractivistas.

A su vez, Nahuel Casademunt presentó su experiencia como educador en un bachillerato popular de secundaria que atiende a personas jóvenes y adultas en Argentina, y su trabajo en la construcción de una herramienta gremial, vinculada a organizaciones de trabajadoras y trabajadores. Esta herramienta tiene por objetivos: visibilizar proyectos educativos populares y sociales que plantean una educación emancipadora, e impulsar la reglamentación de estas experiencias para que puedan ser preservadas y replicadas, desde un marco normativo que permita reconocer, valorar y mantener las trabajadoras y los trabajadores que actúan en tales proyectos, garantizando a la vez sus derechos.

Comentó que, por la Ley Nacional de Educación de Argentina, de 2006, se establece la existencia de escuelas bajo diferentes tipos de gestión: estatales, privadas y sociales-cooperativas o asociadas. “Planteamos que, así como el Estado y empresas pueden hoy gestionar la educación, como movimientos sociales también tengamos este derecho, con reconocimiento y apoyo del Estado”.

En el diálogo, se destacaron como retos: reconocer y garantizar los derechos de las trabajadoras y trabajadores que actúan en la educación de gestión social o comunitaria; apoyar y reglamentar las experiencias transformadoras de educación popular de gestión social, sin dejar de priorizar la lucha por el fortalecimiento de la educación pública y gratuita para todas y todos, como responsabilidad de los Estados; disputar los imaginarios y narrativas que se difunden a través de los grandes medios de comunicación, contrarrestando miradas que estigmatizan la educación pública y favorecen la privatización; plantear desde la sociedad civil la existencia de alianzas público-comunitarias y modelos de gestión comunitaria de educación en cooperación con los Estados; presionar para que el Estado garantice el derecho a la educación pública y gratuita en la primera infancia, y se haga cargo de supervisar el funcionamiento de guarderías comunitarias para que actúen con calidad, ofreciendo a la vez formación y apoyo a las educadoras y educadores que trabajan en tales centros educativos.

Durante el encuentro, también se señalaron los riegos para el derecho humano a la educación que representan la actuación de grandes conglomerados de educación privada con fines de lucro y su interferencia en las políticas educativas, desde alianzas público-privadas con los gobiernos; y los efectos negativos de convenios firmados entre los Estados y el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que para conceder préstamos a los países, imponen como condición la inversión en modelos educativos que no respetan la igualdad, diversidad y gratuidad.