Para conocer cuáles son los desafíos, oportunidades y expectativas que se avizoran para la realización del derecho a la educación en Argentina, en el 2020, con el nuevo gobierno de Alberto Fernández, dialogamos con Alberto Croce, secretario nacional de la <a href=Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE). “Pese a la esperanza que el nuevo escenario despierta y aunque el nuevo presidente tenga la educación como una de sus prioridades en su plan de gobierno, es necesario tomar en cuenta la difícil situación económica y social del país. Este es un año de muchas expectativas y de muchas preocupaciones”, afirma Croce. Lee la entrevista a continuación.
¿Cuál es el contexto nacional del derecho a la educación actualmente, y cuáles son las expectativas para el 2020?
Alberto Croce - El 2020 será un año especialmente importante para la educación en el país, una vez que el nuevo gobierno, liderado por Alberto Fernández, asumió la presidencia hace menos de 2 meses, representando un nuevo escenario para dicha área. Las prioridades del nuevo presidente están relacionadas a superar la gran crisis económica que el país enfrenta, la cual tiene conexión con la deuda externa argentina. Sin embargo, aún resta mucho a aclarar en relación a las otras políticas públicas planteadas por Fernández.
"Pese a la esperanza que el nuevo escenario despierta y aunque el nuevo presidente tenga la educación como una de sus prioridades en su plan de gobierno, es necesario tomar en cuenta la difícil situación económica y social del país"
Los primeros pasos hacia un plan de gobierno para la educación son dados esta semana, con una reunión entre el gobierno federal y los ministros de educación provinciales. Además, se realiza hoy [31 de enero] la primera reunión entre el gobierno y los sindicatos docentes en 4 años, para debatir la cuestión de los salarios y las condiciones de trabajo de las maestras y los maestros. Este debate es particularmente importante, pues afecta las condiciones de enseñanza de las y los estudiantes y también la participación de la comunidad educativa en el planeamiento de las políticas. Pese a la esperanza que el nuevo escenario despierta y aunque el nuevo presidente tenga la educación como una de sus prioridades en su plan de gobierno, es necesario tomar en cuenta la difícil situación económica y social del país. Este es un año de muchas expectativas y de muchas preocupaciones.
Ante el contexto mencionado, ¿cuáles serán las actividades o ejes de acción prioritarios de la CADE este año?
Alberto Croce - Estamos planteando para el 2020 algunas cuestiones muy importantes y diversas. Entre ellas, seguiremos impulsando la implementación de la Verificación Técnica Escolar (VTE) en los centros educativos del país. La Verificación, que asegura que la infraestructura de las escuelas esté en condiciones adecuadas y seguras para la garantía del derecho a la educación, es una iniciativa que busca promover el control ciudadano accesible sobre los presupuestos educativos locales y la calidad y seguridad de las condiciones de los centros educativos.
"La educación no debe quedarse en el reciclaje solamente, sino promover que debemos ser ciudadanos y ciudadanas cuidadores de la Madre Tierra, de la Pacha Mama"
También nos proponemos abrir espacios de participación a los distintos sectores sociales en el planeamiento de las políticas públicas. Trabajando con las y los estudiantes, sindicatos, cooperativas, ONGs y escuelas, queremos generar espacios de discusión sobre el derecho a la educación y las políticas educativas, para que él se abra y no se quede cerrado a sectores muy técnicos o que se apropien de la educación sin realizar debates públicos. La CADE también desea promover una educación emancipadora en las escuelas, defendiendo que se incluyan cuestiones como la educación sexual integral (ESI) y la educación ambiental. Creemos que la educación no debe quedarse en el reciclaje solamente, sino promover que debemos ser ciudadanos y ciudadanas cuidadores de la Madre Tierra, de la Pacha Mama, y que esta idea se forme desde la escuela. En el ámbito jurídico, la CADE planea sostener una perspectiva federal de la educación, pero respetando y acompañando las propuestas provinciales, así como valorando las cuestiones y especificidades locales, a través del apoyo a las experiencias educativas de gestión social y cooperativa. Asimismo, una de las grandes apuestas de la Campaña para el 2020 será la lucha por mecanismos legales que garanticen un financiamiento educativo nacional adecuado. Además, queremos incidir por un compromiso del nuevo gobierno en actuar por la garantía de una inversión mínima del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país a la educación básica.">
Para conocer cuáles son los desafíos, oportunidades y expectativas que se avizoran para la realización del derecho a la educación en Argentina, en el 2020, con el nuevo gobierno de Alberto Fernández, dialogamos con Alberto Croce, secretario nacional de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE).

Nuevo gobierno en Argentina: Expectativas y luchas para la defensa de la educación en el 2020

31 de enero de 2020

Para conocer cuáles son los desafíos, oportunidades y expectativas que se avizoran para la realización del derecho a la educación en Argentina, en el 2020, con el nuevo gobierno de Alberto Fernández, dialogamos con Alberto Croce, secretario nacional de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE).

“Pese a la esperanza que el nuevo escenario despierta y aunque el nuevo presidente tenga la educación como una de sus prioridades en su plan de gobierno, es necesario tomar en cuenta la difícil situación económica y social del país. Este es un año de muchas expectativas y de muchas preocupaciones”, afirma Croce.

Lee la entrevista a continuación. (más…)


[caption id= Camille Chalmers: "Más del 60% de los ingresos educativos es asegurado por la gente directamente". Foto: Brasil de Fato[/caption] En Haití, país donde el 84% del sistema educativo es formado por escuelas privadas, defender una educación pública y gratuita para todas las personas es uno de los retos más grandes en la lucha por la realización de los derechos humanos en el ámbito nacional.  La CLADE conversó con Camille Chalmers, uno de los representantes de esta lucha, para conocer mejor cómo se da la mercantilización y el lucro en la educación haitiana y cómo la sociedad civil ha resistido a este proceso.  Camille Chalmers es profesor representante de la Plataforma para un Desarrollo Alternativo (PAPDA) e integrante de la red Jubileo Sur/Américas. Durante el diálogo, Camille Chalmers expuso la vulnerabilidad en relación a las leyes y la reglamentación existentes en el país, respecto al sistema educativo privado.  “Hay una ley, cuyo proyecto quedó 10 años en el parlamento, y que fue publicada hace un año y medio. Esta norma realmente prohíbe un aumento abusivo de los gastos reclamados a las y los estudiantes, por el sector privado, pero no hay ningún instrumento legal que regule realmente la actividad educativa en términos de prohibir la mercantilización”, explicó.  Lee a continuación la entrevista completa. 
"Existen disposiciones constitucionales que aseguran el acceso gratuito a la educación, pero dentro de los programas neoliberales han inventado un organismo que reúne las escuelas privadas y, seguramente, están preparando todo un contexto legal para favorecer la privatización y mantener lo que ya han conquistado: el 84% del sistema educativo nacional es de escuelas privadas"
¿Existe alguna legislación nacional que prohíbe o restringe el lucro en la educación? Camille Chalmers: Por supuesto, existen disposiciones constitucionales que aseguran el acceso gratuito a la educación, pero dentro de los programas neoliberales, han inventado un organismo que reúne las escuelas privadas y, seguramente, están preparando todo un contexto legal para favorecer la privatización y mantener lo que ya han conquistado: el 84% del sistema educativo nacional es de escuelas privadas.  Existe también el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue ratificado por el gobierno haitiano, y por lo tanto, tiene fuerza de ley. Este pacto ofrece provisiones para avanzar hacia la prohibición del lucro en actividades educativas, y hacia la previsión del acceso universal libre y equitativo a los servicios educativos.  
¿Cómo se da el lucro en la educación de Haití?  Camille Chalmers: La privatización de la educación aquí hace parte de un plan global neoliberal, que ya avanzó bastante. Hay una ley nacional [la llamada Ley de Tasas Escolares] que fue publicada recientemente, y trata de regular el aumento de los gastos reclamados a las y los estudiantes por el sector privado, pero todavía no se está aplicando realmente esta norma. Sin embargo, la ley abre posibilidad para la creación de reglamentos interesantes en términos de prohibir el lucro en la educación.  El proyecto de la Ley de Tasas Escolares quedó 10 años en el parlamento, hasta que finalmente la ley fue publicada, hace un año y medio. Esta norma realmente prohíbe un aumento abusivo de los gastos reclamados a las y los estudiantes, por el sector privado, pero no hay ningún instrumento legal que regule realmente la actividad educativa en términos de prohibir la mercantilización. 
Respecto a la definición de las legislaciones en Haití, ¿destacaría algún actor o proceso particularmente determinante? Camille Chalmers: Los actores más importantes en este sentido, en la coyuntura actual, son los sindicatos de profesores y educadores, que tienen un peso importante en la lucha democrática global y, cuando están debidamente informados y sensibilizados, pueden jugar un papel determinante en la presión sobre el Estado y la Asamblea Legislativa. 
¿Qué actores han sido los responsables por impulsar el lucro en la educación en Haití? Camille Chalmers: El gobierno, la USAID, que es muy activa y apoya la asociación de escuelas privadas, y sobretodo las escuelas religiosas, protestantes. La asociación de directores de escuelas privadas y también este frente de educadores protestantes tienen mucho financiamiento directo del gobierno de Estados Unidos, de la USAID.  Estos actores están presionando hacia la privatización de la educación y para mantener el estado negativo que tenemos en este momento. 
La definición de 'organizaciones sin fines de lucro' varía según el país, siendo a menudo un nombramiento jurídico establecido por las propias organizaciones. En Haití, ¿considera que estas organizaciones actúan con coherencia en relación a su nomenclatura?
"Llevamos a cabo, hace muchos años, una lucha para tener una legislación general que regule, defina y estabilice el sector de las asociaciones, pero no existe todavía"
Camille Chalmers: En Haití no existe una ley general sobre asociaciones que permitiría definir muy claramente qué es un organismo sin fines de lucro. Llevamos a cabo, hace muchos años, una lucha para tener una legislación general que regule, defina y estabilice el sector de las asociaciones, pero no existe todavía. Lo que existe son textos legislativos antiguos que fueron adoptados durante la dictadura de [François ] Duvalier, y son represivas. No son aplicables porque fueron adoptadas en un contexto legal totalmente distinto al que tenemos ahora. Hay, entonces, una situación de vacío legal, donde realmente no se define lo que es un organismo sin fines de lucro. 
Respecto al marco legislativo vigente en su país, ¿qué ajustes o mejoras se debería hacer para consolidar la educación como un derecho humano fundamental?  Camille Chalmers: Es una lucha que tenemos que impulsar. La Asamblea actual es una legislatura muy reaccionaria y conservadora, controlada por el gobierno y el PHTK [Haitian Tèt Kale - partido político], que no tiene ninguna sensibilidad social y no está de acuerdo en aplicar medidas para la universalización del acceso a la educación.  Como estamos en un período de crisis política profunda y de crisis institucional, que probablemente deben retrasar el proceso electoral para la próxima legislatura, esperamos que mientras tanto surjan organismos más sensibles a este tipo de cuestiones. Nos mantenemos en la lucha contra la orientación neoliberal y contra la privatización de los servicios básicos y también contra el hecho de que están quitando cada vez más las competencias del Estado para transferirlas al sector privado.  Es una lucha que llevamos a cabo hace muchos años, y que seguiremos impulsando. Por supuesto, aprovecharemos la transición política para enfatizar estas demandas. 
"Se necesita una campaña global hacia la sociedad, que promueva la presión y recomendaciones, así como la preparación de instrumentos legales nuevos en interlocución con el Ejecutivo y con el Parlamento"
¿Qué recomendaciones haría a las organizaciones de la sociedad civil que actúan contra la mercantilización de la educación y en defensa de la educación pública y gratuita? Camille Chalmers: Creo que hay que hacer una campaña global, que abarque la sensibilización de la opinión pública, pero también otros aspectos. En Haití, la gente cree mucho en la educación e invierte mucho en este derecho. Más del 60% de los ingresos educativos es asegurado por la gente directamente.  Se necesita una campaña global hacia la sociedad, que promueva la presión y recomendaciones, así como la preparación de instrumentos legales nuevos en interlocución con el Ejecutivo y con el Parlamento. Hay también todo un trabajo a hacer directamente con las organizaciones gremiales del sector educativo.  Pensando en los sindicatos de los profesores y también en algunas asociaciones de directores de escuelas, creo que hay todo un trabajo por hacer con ellos directamente, para darle legitimidad a los nuevos instrumentos legales que permiten asegurar un acceso universal a la educación pública de calidad.
¿Le gustaría añadir otras informaciones? Camille Chalmers: Es importante modificar los compromisos internacionales firmados por el Estado haitiano, los cuales a veces condicionan e impulsan la mercantilización de la educación pública. Por ejemplo, el acuerdo que la Unión Europea acaba de firmar con Haití tiene provisiones muy estrictas sobre lo que llaman de servicios educativos, y favorece la tramitación de las transnacionales europeas en la educación nacional, sobretodo en el campo de la investigación y la educación superior. Así, es muy importante que tengamos en la tradición política que se abre la posibilidad de modificar los compromisos tomados, para realmente generar las condiciones favorables a la creación de un plan educativo nacional global, autónomo y soberano, pero también para limitar todo lo que se haga contra la soberanía del país.
Lee también:
El Salvador y Haití: Experiencias de lucha por el financiamiento adecuado para una educación de calidad
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En entrevista a la CLADE, el activista y profesor haitiano analiza los contextos y características de la privatización, la mercantilización y del lucro en la educación en el país

Camille Chalmers: “Gobierno, USAID y escuelas religiosas son los principales actores de la privatización educativa en Haití”

29 de enero de 2020
Camille Chalmers: “Más del 60% de los ingresos educativos es asegurado por la gente directamente”. Foto: Brasil de Fato

En Haití, país donde el 84% del sistema educativo es formado por escuelas privadas, defender una educación pública y gratuita para todas las personas es uno de los retos más grandes en la lucha por la realización de los derechos humanos en el ámbito nacional. 

La CLADE conversó con Camille Chalmers, uno de los representantes de esta lucha, para conocer mejor cómo se da la mercantilización y el lucro en la educación haitiana y cómo la sociedad civil ha resistido a este proceso. 

Camille Chalmers es profesor representante de la Plataforma para un Desarrollo Alternativo (PAPDA) e integrante de la red Jubileo Sur/Américas. Durante el diálogo, Camille Chalmers expuso la vulnerabilidad en relación a las leyes y la reglamentación existentes en el país, respecto al sistema educativo privado. 

“Hay una ley, cuyo proyecto quedó 10 años en el parlamento, y que fue publicada hace un año y medio. Esta norma realmente prohíbe un aumento abusivo de los gastos reclamados a las y los estudiantes, por el sector privado, pero no hay ningún instrumento legal que regule realmente la actividad educativa en términos de prohibir la mercantilización”, explicó. 

Lee a continuación la entrevista completa.  (más…)


Parece increíble, Piñera, la ministra Cubillos y la UNICEF en Chile, parecen estar de acuerdo. ¡La ACES vulneró el derecho a la educación cuando boicoteo la prueba de Selección Universitaria! El gobierno se fue en picada contra la ACES en defensa de los “perjudicados” por esta acción. Amenazó con querellas, sanciones varias y las penas del infierno a lso que llamaron a boicotear el proceso. La UNICEF en Chile,  calificó como una “vulneración al derecho de la educación, la suspensión del proceso de rendición de la Prueba de Selección Universitaria”, condenando los hechos de “violencia” que obligaron a suspenderla. La campaña de criminalización desplegada contra la ACES, se basa en esto. Ellas/os habrían vulnerado el derecho a la educación. Acuerdo transversal del mal. ¿Qué nos quieren decir?<!--more-->

Todo esto recuerda a una serie en Netflix. Se llama 3%, es una serie brasilera de ciencia ficción, que relata un futuro distópico donde el mundo vive en la miseria, a excepción de “la elite” que vive en una isla con todo tipo de privilegios. El 97% de la población vive en el continente, sumidos en la devastación. Sólo una oportunidad tienen para salir de la miseria. A los 18 años se deben someter a un proceso donde sólo el 3% tendrá éxito, pudiendo así vivir por siempre en la isla de los privilegios, abandonando su pasado de miseria. La sociedad entera se organiza en torno a este “proceso”, en el cual todas/os a los 18 años, tienen el derecho a participar para competir por ser parte del 3% de la elite.
<blockquote><em>La PSU no es una prueba para acceder, sino para justificar el por qué muchos no acceden a la Educación Superior</em></blockquote>
¿Es clara la analogía no? La Prueba de Selección Universitaria (PSU) juega el rol “del proceso” en nuestra sociedad. En una prueba nos jugamos la vida. De casi 300.000 estudiantes que rinden la prueba, un tercio se matricula en alguna universidad, menos de 1/3 va a una universidad de elite,  y de esos…

Peor aún, la mayoría ya era elite. La PSU no es una prueba para acceder, sino para justificar el por qué muchos no acceden a la Educación Superior (no me alcanzó el puntaje!). Por otro lado, hay muchas/os más, anónimas en esta discusión, que ni siquiera se inscriben para rendirla. La PSU es como un muro que justifica que muchas/os ni siquiera piensen en la educación superior. Si la prueba segrega, excluye y discrimina. Entonces ¿Cómo se vincula el derecho a la educación con el derecho a dar la prueba?
<blockquote><em>Quizás buscan resonancia en un sentido común, que esperan se haya asentado en años de dictadura de mercado, el sentido común neoliberal</em></blockquote>
El derecho a la educación es, por definición, universal. Ahora bien, si UNICEF esgrime la defensa al derecho a la educación, debe considerar que necesariamente este derecho es para todos. Esto  implica no discriminar y por sobre todo promover el desarrollo de toda la sociedad, no sólo el de algunos “elegidos”. En el fondo a  los miles de excluidos por esta prueba es a quienes se les está vulnerando su derecho a educarse. Por ellas/os debiese manifestarse UNICEF.

Entonces ¿Por qué estas autoridades divulgan tal falacia? ¿Que buscan con un argumento insostenible? Quizás buscan resonancia en un sentido común, que esperan se haya asentado en años de dictadura de mercado, el sentido común neoliberal. Le hablan a lo peor de nosotros mismos, para dividirnos, para que defendamos, confundido con derecho, (una vez más) nuestro interés individual. Miserables.

Si legitimamos que tengo el derecho a que me elijan, por sobre otros para educarme, asumamos la visión de mundo que sustenta este hecho. Un mundo donde la desigualdad es natural y la educación es solo una oportunidad para unos pocos. La distopía de Netflix es el capitalismo real en Chile. Quieren que naturalicemos la desigualdad y la exclusión, mientras exista la posibilidad (aunque sea insignificante) que con mi esfuerzo me pueda sumar a la suerte de unos pocos.

Jacqueline Van Rysselberghe, diputada del derechista partido UDI dijo a los medios: Es evidente que se tiene que segregar. No todo el mundo tiene la misma capacidad, habilidad, concentración, perseverancia, inteligencia. Eso no lo aceptan quienes se oponen a la PSU”. De eso se trata. El derecho a una educación pública de libre acceso para todas y todos en todos sus niveles, implica que es éste sentido común el que no podemos aceptar.">
La Prueba de Selección Universitaria (PSU) juega el rol “del proceso” en nuestra sociedad. En una prueba nos jugamos la vida.

La PSU, 3%, y el Sentido Común Neoliberal

13 de enero de 2020

Parece increíble, Piñera, la ministra Cubillos y la UNICEF en Chile, parecen estar de acuerdo. ¡La ACES vulneró el derecho a la educación cuando boicoteo la prueba de Selección Universitaria! El gobierno se fue en picada contra la ACES en defensa de los “perjudicados” por esta acción. Amenazó con querellas, sanciones varias y las penas del infierno a lso que llamaron a boicotear el proceso. La UNICEF en Chile,  calificó como una “vulneración al derecho de la educación, la suspensión del proceso de rendición de la Prueba de Selección Universitaria”, condenando los hechos de “violencia” que obligaron a suspenderla. La campaña de criminalización desplegada contra la ACES, se basa en esto. Ellas/os habrían vulnerado el derecho a la educación. Acuerdo transversal del mal. ¿Qué nos quieren decir? (más…)


Una de las estrategias que los miembros de la red CLADE vienen utilizando para defender el derecho humano a la educación es la participación en la elaboración de marcos legales y políticos.<!--more-->

Un ejemplo son las acciones de incidencia y participación que el <a href=Foro Socioeducativo (FSE), al lado de otras organizaciones de República Dominicana, impulsó en defensa de un sistema nacional de protección y atención integral a la primera infancia. Esta y otras experiencias de lucha por el derecho humano a la educación se presentan en la publicación “La incidencia política por el derecho humano a la educación: relatos y aprendizajes desde América Latina y el Caribe (Volumen 3)”.
Incidencia en defensa de la Atención Integral a la Primera Infancia
Hasta el 2017, República Dominicana no contaba aún con una política pública específica para la Atención Integral a la Primera Infancia (AIPI), lo que explica en parte la actual brecha en la cobertura educativa en el Nivel Inicial. Así, en dicho año, el FSE y otros espacios de articulación y movilización de la sociedad civil consideraron estratégico incidir en el proceso de formulación del “Anteproyecto de Ley de Ordenamiento y Coordinación Intersectorial para la Atención y el Desarrollo Integral de la Primera Infancia”, de manera a fortalecer el marco institucional de esta política. El proceso de revisión del Anteproyecto de Ley fue liderado por la Dirección General de Programas Especiales (DIGEPEP), adscrita al Ministerio de la Presidencia, a través de la creación de una Mesa Consultiva de la Primera Infancia, un espacio de articulación entre instituciones gubernamentales, sociedad civil y organismos internacionales que desarrollan políticas, programas e iniciativas a favor de la población de 0 a 5 años. En el 2016, el FSE solicitó a la DIGEPEP integrarse al proceso, buscando generar sinergias con la Mesa Consultiva y otros actores, para amplificar la voz de las organizaciones de la sociedad civil. De las 28 propuestas presentadas por el FSE y organizaciones aliadas, 22 fueron integradas al Anteproyecto de manera cabal o parcial. Algunos de los puntos clave integrados al Anteproyecto fueron: mayor claridad sobre su objeto; reforzamiento del Estado como garante de los derechos de las niñas y niños; universalidad del acceso a la AIPI, en línea con los principios del Código de Protección de niñas, niños y adolescentes (NNA) y énfasis en las y los más vulnerables; y mejor claridad de roles, funciones y responsabilidades entre entidades supervisoras y prestadoras de servicios para la niñez. En el 30 de agosto de 2019, el Anteproyecto fue presentado al presidente dominicano, Danilo Medina. Mira a continuación el testimonio de Dario Gil, gerente de programas e influencia de Plan International República Dominicana y miembro del Foro Socioeducativo, sobre este proceso de incidencia:
La incidencia política por el derecho humano a la educación
Además de esta experiencia,  el 3º volumen del documento “La incidencia política por el derecho humano a la educación: relatos y aprendizajes desde América Latina y el Caribe” reúne otros 12 casos de incidencia, comunicación, investigación, articulación interinstitucional y movilización de miembros de la CLADE. >> Descargue el documento aquí ">
Al lado de otras organizaciones, el Foro Socioeducativo participó en la creación de un sistema nacional de protección y atención integral a la primera infancia

República Dominicana: Incidencia por una política pública para los derechos de la infancia

20 de diciembre de 2019

Una de las estrategias que los miembros de la red CLADE vienen utilizando para defender el derecho humano a la educación es la participación en la elaboración de marcos legales y políticos. (más…)


Foto: Alberto Croce/CADE

Buenos Aires: Docentes se movilizan por mejores condiciones de trabajo

11 de noviembre de 2019

En las últimas semanas, las calles de Buenos Aires, Argentina, han sido tomadas por docentes que luchan por el respeto al Estatuto del Docente. Recientemente, el gobierno porteño abandonó el criterio legal presente en este estatuto, para la decisión sobre nombramientos, traslados y reemplazos de docentes. Antes por mérito y puntaje, el criterio ahora adoptado por el gobierno municipal es el territorial o causal. (más…)


<span style=Una de las acciones que foros nacionales miembros de la CLADE vienen utilizando para presionar y presentar propuestas por la garantía del derecho a la educación es la elaboración participativa de agendas educativas y su presentación a gobiernos y candidatos a la presidencia de sus países. Desde la construcción de estas agendas, han actuado de forma propositiva y constructiva, presentando lineamientos, demandas y planteamientos, con el objetivo de contribuir con la realización de políticas que aseguren una educación pública, gratuita, transformadora y de calidad para todas las personas.  Los procesos de elaboración colectiva y participativa de estas agendas presentan en común la articulación entre diferentes organizaciones y movimientos sociales, así como el diálogo con comunidades educativas, indígenas, rurales, entre otras, y la actuación cooperativa entre estos sectores de la sociedad civil, para construir propuestas y presionar para que sus planteamientos sean puestos en práctica por los gobiernos de los países.  Presentamos como ejemplos, dos casos de elaboración participativa y colectiva de agendas educativas nacionales. Uno es de Nicaragua y fue liderado por el Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua (FEDH- IPN); el otro tuvo lugar en Ecuador, como una iniciativa del Contrato Social por la Educación (CSE)

Nicaragua: Agenda para Transformar la Educación del País

El FEDH- IPN se creó en el contexto de las elecciones generales de Nicaragua de 1996, cuando distintas organizaciones se unieron para diseñar una propuesta de Agenda Educativa Nacional. Desde entonces, en cada elección nacional o municipal, la coalición se moviliza para crear una agenda que dialogue con las necesidades de la población. Ese proceso resultaría, 21 años más tarde, en el lanzamiento de la “Agenda para Transformar la Educación del País”, una propuesta construida por FEDH-IPN, en alianza con Fe y Alegría Nicaragua y el Instituto de Educación de la Universidad Centroamericana (IDEUCA), con el objetivo de promover la mejora de la educación del país. La elaboración de la Agenda contribuyó a la reflexión crítica y propositiva sobre la situación de la educación nacional, motivando la amplia participación de diversos sectores sociales, con el propósito de ampliar los niveles de responsabilidad social en las transformaciones educativas que requiere el país, e invitando al Ministerio de Educación (MINED) a ser parte de la propuesta.  Se impulsó un proceso de consulta a docentes, estudiantes, madres y padres, en distintas partes del país, con miras a invitarlas/os a reflexionar y plantear qué era necesario para mejorar la educación.  El documento se centra en la educación en sus etapas inicial, básica, media, de personas adultas, especial y técnica, así como en la formación docente. Con 21 ejes temáticos, incluye asimismo elementos oriundos de investigaciones sobre la realidad educativa del país.  Como la elaboración de la Agenda se impulsó en alianza con otras organizaciones y en diálogo con comunidades educativas, su proceso ha fortalecido la capacidad de convocatoria y liderazgo del FEDH-IPN. La iniciativa también permitió a las organizaciones impulsoras tratar temáticas que normalmente no se abordan en el debate sobre la política educativa en el país, y tener conocimiento de desafíos importantes de la educación nacional, posibilitando la sistematización y la visibilidad pública de esas pendencias y retos. “Esta agenda fue muy importante principalmente porque contó con actores-clave de Nicaragua que trabajan en el tema Educación; actores como por ejemplo desde la academia, las universidades, centros de pensamiento, así como docentes de escuelas comunitarias, movimientos sociales, organizaciones de sociedad civil que trabajan el tema Educación. Igualmente, se contó con la participación del grupo de la Costa Caribe”, cuenta Edgar Palacios, técnico de Educación del FEDH-IPN. 

Ecuador: Agenda Ciudadana por la Educación

Para que el derecho humano a la educación (DHE) fuera cumplido independientemente del resultado de las últimas elecciones presidenciales en Ecuador, el Contrato Social por la Educación (CSE), en alianza con otras 16 organizaciones nacionales de la sociedad civil, articuladas en la plataforma denominada Mesa de Convergencia, creó la “Agenda Ciudadana por la Educación”, la cual durante las elecciones fue firmada públicamente por candidatos a la presidencia y a la Asamblea Nacional. “Previamente a las elecciones, observábamos la persistencia de problemas estructurales de calidad en la educación, con la aplicación de un modelo educativo homogeneizador, cuyo instrumento más visible era la aplicación de un sistema de evaluación estandarizado”, afirmó el entonces coordinador nacional del CSE, Milton Luna. Para contrarrestar esta tendencia de las políticas y proponer alternativas para la garantía de una educación transformadora y de calidad, desde la perspectiva de derechos humanos, el CSE, como parte de la Mesa de Convergencia, elaboró durante tres años un conjunto de propuestas, a partir del desarrollo de una investigación colectiva y en diálogo con distintos sectores sociales, entre ellos los grupos de población marginalizados, pueblos indígenas, ambientalistas y comunidades rurales. Se buscó recoger sus perspectivas sobre los temas que deberían priorizarse en las políticas educativas del país. El contenido de la Agenda Ciudadana aborda distintos aspectos. Plantea, entre otras medidas: el aumento de la inversión en educación y la calidad del gasto; mayor participación de la sociedad civil en el debate y la definición de políticas públicas; elaboración e implementación de un proyecto educativo en base a los compromisos asumidos por el Estado en la Agenda de Educación 2030; y evaluación educativa para el mejoramiento de la formación de estudiantes – y no para su control o sanción –, así como para mejorar las condiciones de trabajo de las/los docentes, equipos administrativos y directivos. Con la victoria de Lenin Moreno, el CSE ha iniciado una nueva fase de incidencia política, presionando el presidente para que cumpla los compromisos, y cobrando respuestas sobre las prioridades educativas presentadas en el debate electoral: la atención a las comunidades y escuelas rurales; la evaluación del Plan Nacional de Educación; la renovación del Sistema Nacional de Evaluación con miras a superar su mirada excluyente y basada en el mérito; y el acceso libre a las universidades.  El resultado más significativo de la acción de incidencia fue la aceptación del gobierno de reabrir las escuelas rurales que se habían cerrado y el trazado conjunto (entre gobierno y organizaciones indígenas) de una hoja de ruta para la reestructuración y el fortalecimiento del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en el país, con la participación de las comunidades y organizaciones indígenas del Ecuador. Sin embargo, ante los acontecimientos recientes en el Ecuador, en particular el Estado de Excepción, el Toque de Queda y el proceso de militarización decretado por el gobierno nacional como respuesta a la movilización social que expresa su inconformidad ante medidas económicas - como el aumento del precio de los combustibles y un acuerdo de Moreno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otras - , este proceso de incidencia y diálogo entre organizaciones, movimientos sociales y el gobierno está amenazado.  En nota pública divulgada el 13 de octubre, la CLADE presentó su solidaridad y apoyo a los movimientos sociales que luchan por el mantenimiento de sus derechos en el país. “Nos solidarizamos con el pueblo ecuatoriano y su legítimo derecho a la protesta y libertad de expresión y rechazamos el uso excesivo de la fuerza en contra los y las manifestantes, tal como denunció la Defensoría del Pueblo de Ecuador, quien ha informado sobre personas fallecidas, heridas y graves situaciones de arbitrariedades, detenciones y violencia de la fuerza pública, incluso en contra de estudiantes. Rechazamos los actos vandálicos que han tenido lugar de forma aislada y que buscan deslegitimar la protesta y movilización social y exhortamos a la no criminalización, ni estigmatización de las organizaciones indígenas, campesinas, de trabajadores/as y estudiantes que se han movilizado, siendo el Estado el primero en implementar su garantía de protección y de exigencia especialmente a los medios de comunicación”, afirma el posicionamiento de CLADE.
[caption id="attachment_11304" align="alignleft" width="254"] Foto: Misterio_Henry[/caption]

La incidencia política por el derecho humano a la educación

Además de Ecuador y Nicaragua, la Clade reunió más 11 experiencias de incidencia, comunicación, investigación, articulación interinstitucional y movilización de sus miembros en diferentes países, así como relatos de iniciativas que se impulsaron a nivel regional, para defender la educación como un derecho humano. >> Descargue el documento ">
El objetivo es contribuir con la realización de políticas que aseguren una educación pública, gratuita, transformadora y de calidad para todas las personas. 

Nicaragua y Ecuador: Agendas educativas para garantizar el derecho a la educación

8 de noviembre de 2019

Una de las acciones que foros nacionales miembros de la CLADE vienen utilizando para presionar y presentar propuestas por la garantía del derecho a la educación es la elaboración participativa de agendas educativas y su presentación a gobiernos y candidatos a la presidencia de sus países. Desde la construcción de estas agendas, han actuado de forma propositiva y constructiva, presentando lineamientos, demandas y planteamientos, con el objetivo de contribuir con la realización de políticas que aseguren una educación pública, gratuita, transformadora y de calidad para todas las personas.  (más…)


Activistas de América Latina y el Caribe discutieron estrategias de incidencia en el Foro Político de Alto Nivel, durante evento realizado por la Campaña Mundial el 13/7

linea del tiempo: CLADE en cumbres y eventos internacionales

3 de noviembre de 2019

Sigue nuestra línea del tiempo, con algunos puntos destacados de la participación de la CLADE en estas instancias, del 2019 a 2022.  

 

2019

Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2019: En esta edición, se ha activado la Mesa de Vinculación del Mecanismo de Participación de Sociedad Civil ante el Foro. El mecanismo fue creado en abril de 2018 para facilitar la participación de la sociedad civil en los procesos de implementación de la Agenda 2030, siendo organizado en 20 grupos, entre ellos el Grupo de Educación, Academia y Ciencia y Tecnología (GEACT), creado como resultado de la incidencia de la CLADE, junto con otras organizaciones y redes de la región. En este año, la CLADE fue designada para el rol de suplencia de la dirección de este grupo temático. Además, participó en la elaboración de la declaración de la sociedad civil titulada “Dos monólogos no hacen un diálogo”, que denunció el debilitamiento de las democracias de la región y las restricciones a la participación social. Se acordó en la ocasión que los 20 grupos que integran el Mecanismo de participación de sociedad civil se articularían para llegar a la edición siguiente del Foro con posiciones fuertes y logrando participación en las negociaciones de los gobiernos. Meses después, en octubre de 2019, la CLADE participó en la Tercera Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, de CEPAL.

FPAN 2019: Esta edición abordó el rol clave de la educación para alcanzar el desarrollo sostenible, lo que se destacó en intervención de la CLADE durante panel oficial, y en acción de incidencia para que el ODS 4 fuera incluido en la declaración política final del evento. Chile y Guatemala fueron revisados respecto al cumplimiento del ODS 4. Miembros de la CLADE en estos países participaron en el proceso de revisión, planteando preguntas y presentando informes sobre el estado del derecho a la educación en el ámbito nacional. Las coaliciones miembros de la CLADE de Brasil y El Salvador también presentaron sus informes, aunque los gobiernos de estos países se hayan retirado de la revisión. La CLADE realizó un evento paralelo para discutir democracia y derechos humanos, en su relación con el ODS 4, y participó en muchos otros diálogos. La delegación CLADE en el FPAN 2019 contó con 14 personas de 9 foros nacionales: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú y República Dominicana.

 

2020

Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2020: Ante la suspensión de la realización presencial del evento oficial, debido a la crisis sanitaria, el Mecanismo de Participación de Sociedad Civil impulsó una serie de diálogos y acciones de incidencia de manera virtual. Como resultado, integrantes de la Mesa de Vinculación del Mecanismo fueron invitadas/os a participar en el conversatorio de la CEPAL. El encuentro reunió a 210 organizaciones, redes, movimientos y colectivos de sociedad civil, incluyendo miembros de la CLADE. Sus objetivos fueron: abordar los escenarios económicos y sociales de la crisis COVID-19 en la región; analizar la validez de la Agenda 2030 para la región en este contexto; recabar las demandas y propuestas de la sociedad civil y promover el debate e intercambio de ideas hacia futuro. Ante el hecho de que el FPAN 2020 concluyó, por primera vez, sin una declaración ministerial consensuada, el Mecanismo de Participación elaboró el documento  “El riesgo de dejar atrás la Agenda 2030”, con la participación y los aportes de la CLADE. En octubre de 2020, la red participó en la Conferencia Regional de Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe y en la actualización del documento que se presentaría en dicho evento.

FPAN 2020: El encuentro se realizó en modalidad virtual y analizó el estado de los ODS en Argentina, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá y Perú, siendo que en algunos de estos países donde la CLADE tiene foros nacionales miembros, estas coaliciones participaron y contribuyeron en el proceso de revisión. La ACED, miembro de la CLADE en Costa Rica, preparó un informe luz y envió una pregunta a su gobierno; la CADE logró hacer una pregunta al gobierno argentino; la CPDE, a través de articulación con otras organizaciones, también hizo una pregunta a su país; y el FDH preparó una pregunta y la envió por correo a su gobierno. La CLADE tuvo intervención en evento paralelo con la participación de representantes de Estados y Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, donde expresó los reclamos de la sociedad civil por un nuevo pacto de justicia socioambiental y económica para Latinoamérica y el Caribe. En otro evento online, realizado por el grupo de sociedad civil que participa en los debates sobre los ODS en la ONU, reclamó una acción acelerada para garantizar el derecho a la educación.

 

2021

Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2021: El fortalecimiento de sistemas democráticos, reformas a los sistemas fiscales para garantizar una justicia redistributiva y políticas públicas para los sectores de salud y educación fueron algunas de las pautas defendidas por representantes de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la CLADE, durante evento paralelo organizado en esta edición del Foro. Representantes de la CLADE que participan en el Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil organizaron debates previos para profundizar sus análisis y propuestas, incluyendo los temas brecha digital, acceso a la información y educación.

FPAN 2021: La CLADE, junto a otras organizaciones, realizó incidencia y denunció que esta edición realizada en modalidad híbrida no ha logrado presentar recomendaciones de acción transformadoras por parte de los gobiernos, en un momento en el que aproximadamente 4 millones de personas han perecido a causa de la pandemia del COVID-19, más de 1,6 millones han visto interrumpida su educación y cientos de millones más han caído en el hambre y la pobreza extrema. De América Latina y el Caribe, rindieron cuentas en esta edición del Foro, los países Bolivia, Colombia, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. Los foros nacionales miembros de CLADE en Bolivia, Colombia, Guatemala, México y República Dominicana participaron presentando informes e indagaciones a sus gobiernos

 

2022

Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2022:  Representantes de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la CLADE, intercambiaron ideas, experiencias y propuestas, respecto a la implementación de la Agenda 2030 en los países de la región, considerando especialmente el impacto del COVID-19 y la necesidad de adecuar la respuesta de los gobiernos y la sociedad. Sus propuestas y demandas, fueron enviadas a la CEPAL. La CLADE participó en mesa oficial sobre educación e igualdad de género, y la edición destacó el cumplimiento insuficiente de los ODS en la región. Entre los desafíos para la realización del derecho a la educación, se subrayó: la necesidad de mejores políticas de derechos humanos y la deuda de los países

FPAN 2022: Esta edición ha sido particularmente importante porque ha correspondido a la revisión del ODS 4. Dos países de la región en los cuales la CLADE tiene miembros se han sometido a este mecanismo de revisión: El Salvador y Argentina. En ambos casos, los informes voluntarios presentados por los países fueron acompañados de participación de las coaliciones nacionales miembros de la CLADE. Pese a que en esta edición no presentaba su informe voluntario oficial el Estado brasileño, la CNDE presentó un informe alternativo sobre el estado del derecho a la educación en el país. Como desafíos para el ODS 4 en la región, fueron señalados el financiamiento educativo insuficiente, la privatización educativa, las desigualdades y la falta de equidad de género.


El nuevo  módulo de la capacitación entregó a la membresía de CLADE herramientas de análisis de las políticas públicas para la incidencia en distintos escenarios educativos. Imagen muestra una persona de piel blanco leyendo un libro, con indistintos libros en una mesa.
Wokandapix

Incidencia por una educación pública y gratuita, contra la privatización

2019

2020

2022
  • La CLADE, junto a otras organizaciones, celebró en posicionamiento la disminución del presupuesto del Banco Mundial destinado a las escuelas con fines de lucro.

2019-2022
  • Participación de la CLADE en el Consorcio Global sobre Privatización de la Educación y Derechos Humanos, que impulsó dichos “Principios de Abidjan”, así como webinarios sobre privatización y estudios de caso de diferentes países que demuestran que la educación pública funcionaComo parte del Consorcio, la CLADE también participó en la construcción del Manifiesto Global por los Servicios Públicos, reforzando la importancia de una actuación intersectorial para la realización de todos los derechos.

 

Seguimiento sistemático a las tendencias y resistencias contra la privatización 
  • Observatorio de organismos multilaterales de América Latina y el Caribe
    Monitorear en el plano educativo las actividades de organismos multilaterales, bancas de desarrollo, corporaciones tecnológicas y filantropía es el objetivo de este observatorio lanzado en el 2021 y mantenido por el Centro internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación (CII-OVE) junto a la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa.

  • A contracorriente de la privatización
    En el 2021, la CLADE renovó su espacio virtual dedicado a darle visibilidad al tema de la privatización educativa. En el período fueron publicadas nuevas noticias, artículos, estudios y análisis sobre el tema y sus tendencias, buscando analizar críticamente la privatización y contribuir al entendimiento sobre qué está en juego al respecto en la región y el mundo.

Provincia argentina implementa Verificación Técnica Escolar

31 de octubre de 2019

La Legislatura de Misiones, provincia de la Región Nordeste de Argentina, aprobó la Ley que implementa la Verificación Técnica Escolar (VET), que tiene el objetivo de realizar un control periódico de la infraestructura escolar, para proteger y resguardar a la comunidad educativa.  (más…)


Foto: CSE

Ecuador: Autoridades del Ministerio de Educación recibieron propuestas del Acuerdo Nacional

8 de octubre de 2019

El Contrato Social por la Educación (CSE), junto con diversas organizaciones de la sociedad civil que participan en las mesas temáticas y alianzas locales del Acuerdo Nacional por la Educación, presentaron las propuestas de política y avances del trabajo a la Ministra de Educación Monserrat Creamer y otras autoridades del Ministerio, el viernes 27 de septiembre de 2019. (más…)