La lucha por el derecho a la educación en América Latina y el Caribe en el 2019
21 de diciembre de 2019El aniversario de 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, manifestaciones para defender la educación pública y gratuita, riesgos de retroceso para los derechos humanos, diálogos sobre el derecho a la educación en los diferentes países, entre otros hechos y luchas, caracterizaron el año de 2019.
Fue un año más, en que la CLADE y sus miembros dedicaron acciones, esfuerzos y proyectos para defender el derecho humano a una educación transformadora, pública, laica y gratuita para todos y todas, a lo largo de la vida y como responsabilidad del Estado.
En esta retrospectiva, retomamos las principales actividades y reflexiones de la CLADE y sus miembros durante este año. ¡Buena lectura!
Bolivia: ¿Cómo abordar la igualdad de género en la primera infancia?
17 de diciembre de 2019Los días 8 y 9 de agosto de 2019, la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) realizó el Foro Internacional “Compartiendo experiencias y buenas prácticas en la educación de primera infancia”, en el marco del proyecto “Cambiando el patriarcado, una historia a la vez”. Expertas y expertos de la región discutieron las diferentes formas en que Latinoamérica está trabajando el enfoque de género con las niñas y niños pequeñas/os.
La CBDE ha publicado en su canal de YouTube las grabaciones de las ponencias del evento, para que todas las personas puedan aprender con las discusiones que tuvieron lugar en este marco. Mira a continuación: (más…)
Mercedes Mayol Lassalle: “Todos los derechos desde la primera infancia”
El 20 de noviembre se conmemoraron 3 décadas de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, el marco internacional de derechos humanos más ratificado en el mundo, y que garantiza los derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud. Todos los países de América Latina y el Caribe que son miembros de la ONU han firmado la Convención. Sin embargo, todavía no se ha logrado que todos los niños y las niñas disfruten de una infancia con la plena garantía de derechos en la región. (más…)
Víctor Giorgi: “La participación de niños, niñas y adolescentes debe impregnar todos los espacios”
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Foto: IIN/OEA[/caption]
Víctor Giorgi compartió un análisis preocupante, sobre la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes en la región. Señaló como desafíos sus condiciones de pobreza, discriminación y desigualdad, las cuales responden a coyunturas y a modos por los que los Estados administran las riquezas. Por ejemplo, se han visto avances en Brasil, Argentina y Ecuador, pero luego con la crisis financiera se afectaron directamente los derechos de la niñez.
Según el director general del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) de la Organización de Estados Americanos (OEA), se puede decir que, en líneas generales, en estos 30 años, se ha avanzado en marcos jurídicos, marcos políticos e institucionalidad, pero se percibe que aún falta mucho para que la mirada de la Convención impregne la vida cotidiana. La Convención se conoce en algunos sectores políticos como un discurso muy técnico, y con poca apropiación de la gente. Así mismo, según Giorgi, se imponen prácticas desde el adultocentrismo, el patriarcado, la administración de la autoridad y la regulación de la expresión de niños y niñas, por ejemplo, exigiéndose que los niños y niñas manifiesten respeto a las personas adultas, pero no necesariamente comprometiéndose de forma inversa.
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Liliana Muñoz: “Se necesita una formación intersectorial e interdisciplinaria para derechos”
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Foto: UPCH[/caption]
Para la académica, es muy importante el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos a nivel mundial, y en especial en América Latina y el Caribe, donde hay tantas desigualdades. “La Convención sobre los Derechos del Niño nos permite ratificar este compromiso en diferentes ámbitos para que se cumplan los derechos, del mismo modo que los Estados lo manifiesten con interés principal”, afirmó.
Según la profesora, en Perú, se hacen esfuerzos por trascender la sectorialidad de la primera infancia, tomando conciencia del trabajo orientado a las familias y comunidades, con el apoyo de diversos ministerios, priorizando la atención integral y oportuna para la infancia, sin disputar responsabilidades aisladas que limitan el abordaje de los derechos desde una perspectiva integral.
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Jazmín Elena: “Necesitamos profundizar espacios de participación estudiantil”
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Foto: Archivo CLADE[/caption]
La estudiante Jazmín Elena señala como principal demanda de los movimientos estudiantiles la calidad educativa y el compromiso que deben asumir los Estados para garantizarla efectivamente. Al mismo tiempo, destaca que en El Salvador se cuenta con el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, en el cual participan en diálogo con el gobierno central diversas organizaciones de la sociedad civil, pero con insuficiente representación de las y los estudiantes.
Elena denuncia la criminalización de estudiantes, así como su estigmatización por el hecho de ser jóvenes o por su lugar de origen, razones que en su opinión impiden una mayor participación y movilización estudiantil. Actualmente, en El Salvador, sigue siendo un punto pendiente la demanda del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación.
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Mercedes Mayol Lasalle: “Todos los derechos desde la primera infancia”
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Foto: OMEP[/caption]
La presidenta mundial de la OMEP (para el período 2020-2023) subraya lo señalado por el Comité de Derechos del Niño, específicamente en las observaciones generales 1 y 7, como los instrumentos producto de inspecciones e intercambio de informes nacionales en cuanto su grado de compromiso concreto con la Convención. Por ello resalta la especialista que se reconoce a la educación como un derecho desde que comienza la vida misma de niños y niñas, considerando a distintos actores y abordajes, debe ser siempre con la mirada atenta del Estado obligado a promover, concretar, restituir y ofrecer todos los derechos y en particular la educación, dado que es una herramienta que ayuda a la consecución de otros derechos humanos.
Mercedes Mayol Lasalle opina que “la convención es la manera legal de concretar una lucha política que se ha llevado adelante por muchos años, en pro de los derechos de la infancia, viene a concretar un instrumento jurídico y a ratificar que los niños desde el momento que nacen son ciudadanos y gozan de todos los derechos”.
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Diálogos sobre los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño
13 de diciembre de 2019El 20 de noviembre celebramos los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el tratado internacional de derechos humanos más ratificado en el mundo, firmado por 196 países. El documento fue el primero a reconocer los niños y niñas como sujetos de derecho, convirtiendo a las personas adultas en sujetos de responsabilidades.
En dicho contexto, CLADE y ALER realizaron una serie de entrevistas para debatir la implementación y la importancia de la CDN. Lee a continuación estos diálogos: (más…)
1. Las políticas públicas de la Educación para niños y niñas de 0 a 8 años deben ser basadas en la idea de la garantía de derechos de manera integral, que contemple todas las áreas - salud, cuidado, vivienda, deporte, cultura etc. - de la infancia
Es primordial que el Estado y las políticas públicas destinadas a la primera infancia tengan la perspectiva integral de los derechos de niños y niñas, comprendiendo su mundo, demandas y desarrollo en su totalidad y de manera global (holística), superando la visión fragmentada de los derechos de la infancia y los enfoques asistencialistas. Para ello, es necesario crear y fortalecer una mayor articulación y coordinación entre los diferentes sectores, ministerios, organismos, instancias y actores gubernamentales, así como la articulación de los diversos niveles territoriales del Estado, lo que también implica al Estado apoyar a los padres y madres en el desarrollo de su rol, siempre respondiendo al interés superior de los niños y las niñas.
2. La Educación para la primera infancia debe estar plenamente disponible y accesible a todos y todas desde el nacimiento, sin discriminaciones
Aunque la cobertura de la oferta de Educación a partir de los 5 años, o de la edad obligatoria, ha aumentado de manera importante en los últimos años, todavía persiste la falta de acceso de niños y niñas de 0 a 3 años, así como la ausencia de oferta y matrícula de niños y niñas que viven en territorios rurales. Además, es fundamental superar la precariedad de las instalaciones físicas y las condiciones materiales y de recursos humanos que hoy caracterizan a la Educación para la primera infancia en América Latina y el Caribe.
3. El eje central de la Educación de niños y niñas debe ser la garantía de la calidad y es a partir de este que las políticas y programas deben ser planteados
Los programas, políticas públicas y acciones para la educación en la primera infancia deben estar centrados en la calidad, de manera que todas y todos pueden acceder a una educación adecuada, sin que haya discriminación por su condición económica, ubicación geográfica, raza, género u otras características. Para ello, la educación debe promover procesos integrales y continuos que articulen desarrollos y aprendizajes, que respeten la igualdad de género, que reconozcan y valoren la diversidad étnico-racial y que promuevan la interculturalidad.
4. Las evaluaciones en los programas de la Educación para la Primera Infancia deben respetar las características de los primeros años de vida de niños y niñas y los propósitos de la educación emanados de la Convención sobre los Derechos del Niño
Al contrario de las evaluaciones estandarizadas nacionales e internacionales, que destacan metas académicas y el aprendizaje formal, la educación para la primera infancia, con sus políticas y programas, debe ser analizada a partir de su potencial para generar el desarrollo de las niñas y los niños en distintas áreas: emocional, social, motriz y cognitivo, etc., lo que debe llevar en cuenta su derecho al descanso, el esparcimiento, el juego, a las actividades recreativas, la vida cultural y las artes.
5. Los educadores y las educadoras de la educación para la primera infancia deben ser reconocidos y valorados, con formación inicial y continua, remuneración justa y la superación de los estereotipos de género
Es fundamental fortalecer las políticas públicas de valorización de educadores y educadoras del campo de la primera infancia y su formación inicial y continua, situada en las especificidades del área. Asimismo, la remuneración de los y las docentes de esta etapa no puede ser inferior a la de docentes de otras etapas educativas. Además, es importante que se contemplen acciones enfocadas a superar la feminización existente en la docencia de este nivel educativo, así como los estereotipos que asignan enfoques basados en la lógica de la maternidad y los roles de cuidado, asignados históricamente a las mujeres.
6. Los presupuestos públicos para la Educación en la Primera Infancia deben ser suficientes y coherentes con las necesidades de esta etapa educativa
Los presupuestos públicos para la realización de los derechos de niños y niñas deben ser efectivos, eficientes, igualitarios, transparentes y sostenibles en todas sus etapas: planificación, aprobación, ejecución y seguimiento. La falta de inversión suficiente en la primera infancia impacta el desarrollo de niños y niñas y refuerza las privaciones, desigualdades y la pobreza intergeneracional. Es necesario crear leyes de financiamiento educativo que contemplen a la educación en la primera infancia en su integralidad, incluyendo el rango desde el nacimiento hasta los 3 años, lo que requiere una asignación presupuestaria mayor y más protegida. En tal sentido, se hace necesario que los marcos legales internacionales, regionales y nacionales fortalezcan sus orientaciones respecto a la gratuidad de la oferta pública para la Atención y la Educación en la Primera Infancia (AEPI), tomando como base su gradual expansión para todos los niveles educativos.
7. Los sistemas de información y recolección de datos deben fortalecer la implementación y el seguimiento de las políticas orientadas a la Educación para la Primera Infancia
Para que se construyan diagnósticos y análisis más sólidos sobre la Educación en la Primera Infancia, que contribuyan al diseño de políticas públicas más informadas y ajustadas a la realidad de niños y niñas, es imprescindible implementar y/o fortalecer los sistemas existentes para la recopilación de datos e información desagregada sobre la situación de los derechos en la primera infancia, incluso en el derecho a la educación.
8. Es crucial fortalecer el acceso a la justicia, que proteja y repare derechos de niños y niñas en situación de vulnerabilidad
A medida que la Educación para la Primera Infancia ha sido reconocida como parte integral del derecho humano a la educación, se han desarrollado procesos y mecanismos que aseguren una protección inmediata y oportuna ante cualquier vulneración ocurrida (justiciabilidad). Aun así, se hace necesario un mayor fortalecimiento de dichos mecanismos, desde una ampliación de información hacia la ciudadanía respecto a sus derechos, entre ellos el derecho a la educación de niños y niñas de 0 a 8 años, así como acerca de los procedimientos y las rutas claras y efectivas de restitución de los derechos vulnerados.
Lee más: El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia: perspectivas desde América Latina y el Caribe
La investigación revela que, pese a que las Leyes Generales de Educación en la región reconocen la educación como un derecho humano y el Estado como garante de su pleno ejercicio desde la primera infancia, con distintos puntos de partida, persiste una fragmentación y dispersión de las políticas y prácticas para esta etapa educativa, así como la ausencia de un financiamiento adecuado.
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8 recomendaciones para garantizar la educación y el cuidado en la primera infancia como un derecho humano
12 de diciembre de 2019Crear espacios de comunicación, sensibilización y diálogo sobre la garantía del derecho humano a la educación y al cuidado en la primera infancia en América Latina y el Caribe. Este es el principal objetivo de la Campaña “Derechos desde el principio: educación y cuidado en la primera infancia”, impulsada por CLADE, OMEP y EDUCO, y lanzada durante el diálogo virtual “30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño: La primera infancia en diálogo”.
En este marco, destacamos 8 recomendaciones que se presentan en la publicación “El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia: perspectivas desde América Latina y el Caribe”. El estudio, elaborado por CLADE, OMEP y EDUCO, da a conocer el panorama del derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia en la región, a partir del análisis de leyes y políticas. En base a los hallazgos de esta investigación, el documento subraya algunas reflexiones y directrices para que se pueda garantizar la educación y el cuidado en la primera infancia como un derecho humano de todas las personas, sin discriminaciones.
Conoce las recomendaciones a continuación:
1. Las políticas públicas de la Educación para niños y niñas de 0 a 8 años deben ser basadas en la idea de la garantía de derechos de manera integral, que contemple todas las áreas – salud, cuidado, vivienda, deporte, cultura etc. – de la infancia
Es primordial que el Estado y las políticas públicas destinadas a la primera infancia tengan la perspectiva integral de los derechos de niños y niñas, comprendiendo su mundo, demandas y desarrollo en su totalidad y de manera global (holística), superando la visión fragmentada de los derechos de la infancia y los enfoques asistencialistas.
Para ello, es necesario crear y fortalecer una mayor articulación y coordinación entre los diferentes sectores, ministerios, organismos, instancias y actores gubernamentales, así como la articulación de los diversos niveles territoriales del Estado, lo que también implica al Estado apoyar a los padres y madres en el desarrollo de su rol, siempre respondiendo al interés superior de los niños y las niñas.
2. La Educación para la primera infancia debe estar plenamente disponible y accesible a todos y todas desde el nacimiento, sin discriminaciones
Aunque la cobertura de la oferta de Educación a partir de los 5 años, o de la edad obligatoria, ha aumentado de manera importante en los últimos años, todavía persiste la falta de acceso de niños y niñas de 0 a 3 años, así como la ausencia de oferta y matrícula de niños y niñas que viven en territorios rurales.
Además, es fundamental superar la precariedad de las instalaciones físicas y las condiciones materiales y de recursos humanos que hoy caracterizan a la Educación para la primera infancia en América Latina y el Caribe.
3. El eje central de la Educación de niños y niñas debe ser la garantía de la calidad y es a partir de este que las políticas y programas deben ser planteados
Los programas, políticas públicas y acciones para la educación en la primera infancia deben estar centrados en la calidad, de manera que todas y todos pueden acceder a una educación adecuada, sin que haya discriminación por su condición económica, ubicación geográfica, raza, género u otras características.
Para ello, la educación debe promover procesos integrales y continuos que articulen desarrollos y aprendizajes, que respeten la igualdad de género, que reconozcan y valoren la diversidad étnico-racial y que promuevan la interculturalidad.
4. Las evaluaciones en los programas de la Educación para la Primera Infancia deben respetar las características de los primeros años de vida de niños y niñas y los propósitos de la educación emanados de la Convención sobre los Derechos del Niño
Al contrario de las evaluaciones estandarizadas nacionales e internacionales, que destacan metas académicas y el aprendizaje formal, la educación para la primera infancia, con sus políticas y programas, debe ser analizada a partir de su potencial para generar el desarrollo de las niñas y los niños en distintas áreas: emocional, social, motriz y cognitivo, etc., lo que debe llevar en cuenta su derecho al descanso, el esparcimiento, el juego, a las actividades recreativas, la vida cultural y las artes.
5. Los educadores y las educadoras de la educación para la primera infancia deben ser reconocidos y valorados, con formación inicial y continua, remuneración justa y la superación de los estereotipos de género
Es fundamental fortalecer las políticas públicas de valorización de educadores y educadoras del campo de la primera infancia y su formación inicial y continua, situada en las especificidades del área. Asimismo, la remuneración de los y las docentes de esta etapa no puede ser inferior a la de docentes de otras etapas educativas.
Además, es importante que se contemplen acciones enfocadas a superar la feminización existente en la docencia de este nivel educativo, así como los estereotipos que asignan enfoques basados en la lógica de la maternidad y los roles de cuidado, asignados históricamente a las mujeres.
6. Los presupuestos públicos para la Educación en la Primera Infancia deben ser suficientes y coherentes con las necesidades de esta etapa educativa
Los presupuestos públicos para la realización de los derechos de niños y niñas deben ser efectivos, eficientes, igualitarios, transparentes y sostenibles en todas sus etapas: planificación, aprobación, ejecución y seguimiento. La falta de inversión suficiente en la primera infancia impacta el desarrollo de niños y niñas y refuerza las privaciones, desigualdades y la pobreza intergeneracional.
Es necesario crear leyes de financiamiento educativo que contemplen a la educación en la primera infancia en su integralidad, incluyendo el rango desde el nacimiento hasta los 3 años, lo que requiere una asignación presupuestaria mayor y más protegida. En tal sentido, se hace necesario que los marcos legales internacionales, regionales y nacionales fortalezcan sus orientaciones respecto a la gratuidad de la oferta pública para la Atención y la Educación en la Primera Infancia (AEPI), tomando como base su gradual expansión para todos los niveles educativos.
7. Los sistemas de información y recolección de datos deben fortalecer la implementación y el seguimiento de las políticas orientadas a la Educación para la Primera Infancia
Para que se construyan diagnósticos y análisis más sólidos sobre la Educación en la Primera Infancia, que contribuyan al diseño de políticas públicas más informadas y ajustadas a la realidad de niños y niñas, es imprescindible implementar y/o fortalecer los sistemas existentes para la recopilación de datos e información desagregada sobre la situación de los derechos en la primera infancia, incluso en el derecho a la educación.
8. Es crucial fortalecer el acceso a la justicia, que proteja y repare derechos de niños y niñas en situación de vulnerabilidad
A medida que la Educación para la Primera Infancia ha sido reconocida como parte integral del derecho humano a la educación, se han desarrollado procesos y mecanismos que aseguren una protección inmediata y oportuna ante cualquier vulneración ocurrida (justiciabilidad). Aun así, se hace necesario un mayor fortalecimiento de dichos mecanismos, desde una ampliación de información hacia la ciudadanía respecto a sus derechos, entre ellos el derecho a la educación de niños y niñas de 0 a 8 años, así como acerca de los procedimientos y las rutas claras y efectivas de restitución de los derechos vulnerados.
Lee más: El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia: perspectivas desde América Latina y el Caribe
La investigación revela que, pese a que las Leyes Generales de Educación en la región reconocen la educación como un derecho humano y el Estado como garante de su pleno ejercicio desde la primera infancia, con distintos puntos de partida, persiste una fragmentación y dispersión de las políticas y prácticas para esta etapa educativa, así como la ausencia de un financiamiento adecuado.
Primera infancia
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Angela Rucker[/caption]
La educación y el cuidado en la primera infancia son un derecho humano fundamental que debe ser asegurado para todas las personas, sin discriminaciones, desde el nacimiento. De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, todos los niños y niñas tienen derecho a desarrollar todo su potencial en todas las circunstancias y momentos de su vida, en cualquier parte del mundo.
Por ello, no se debe fragmentar la noción de infancia, sino que actuar dentro de un enfoque de derechos humanos y reconocer que los niños y niñas son sujetos de derechos desde el nacimiento. Reconocer que la educación es un derecho humano desde el nacimiento implica reconocer que su disfrute tiene valor en sí mismo y debe darse por la condición humana de los niños y niñas.
Sin embargo, ese reconocimiento está lejos de volverse realidad en nuestra región. Durante el diálogo virtual “30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño: La primera infancia en diálogo”, se llamó la atención para los desafíos y obstáculos pendientes para que la educación en la primera infancia se reconozca y realice como un derecho humano en América Latina y el Caribe.
Según las y los especialistas que participaron en el diálogo, las políticas para la educación y el cuidado en la primera infancia todavía se encuentran fragmentadas y dispersas, en la región. “Hay distintos enfoques dependiendo de la edad, de cero a tres años, y después en la etapa obligatoria – de cuatro a seis años – y en la etapa siguiente: la primaria. Hay una fragmentación etaria”, destacó Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE.
Añadió que es necesario que las políticas de educación y cuidado para la primera infancia sigan una misma lógica y tengan una coherencia entre sí. “Eso implica un enfoque integral de la primera infancia desde el nacimiento hasta los ocho años, enfatizando su valor inherente”, explicó.
>> Lee+ El reconocimiento de derechos de la primera infancia vive una disputa ideológica, metodológica e institucional
Educación a lo largo de la vida
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Katie Von/Franklin Reyes[/caption]
Más allá de la educación de niños y niñas, la CLADE defiende como un derecho humano fundamental el acceso a la educación a lo largo de la vida para todas las personas, lo que incluye la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA).
Respecto a la EPJA, persisten importantes desafíos a nivel regional y demandas educativas aún no contempladas de diversos sectores de la población, como las comunidades indígenas, población rural, personas privadas de libertad, personas con discapacidad y personas adultas mayores. Asimismo, sigue pendiente que los Estados respondan a un adecuado nivel de financiamiento, cobertura, calidad, pertinencia, inclusión y participación en esta modalidad educativa.
Según datos del Informe Mundial sobre Aprendizaje y Educación de Adultos de UNESCO (2016), en todo el mundo, aún hay alrededor de 758 millones de personas adultas, entre ellas 115 millones de entre 15 y 24 años de edad, que aún no lograron leer ni escribir adecuadamente. El informe también revela que en América Latina y el Caribe 32 millones de personas adultas son analfabetas.
Para la CLADE, la existencia de tantas personas sin competencias básicas de lectura y escritura en la región es preocupante, por ello considera que la EPJA debe ser una prioridad en las agendas políticas de la región, en base a los compromisos asumidos internacionalmente por los Estados en esta temática, y para que se pueda lograr la realización de un desarrollo sostenible.
“La EPJA debe de ser entendida como el componente básico de la educación a lo largo de la vida y comprende todos los procesos educativos formales, no formales e informales para que las personas puedan desarrollar sus capacidades para la vida y el trabajo”, afirma la Campaña en su publicación “No Dejar a Nadie Atrás: El rol central de la EPJA en la implementación de la Agenda 2030”.
>> Lee+ Día Mundial de la Alfabetización: La EPJA debe ser una prioridad en las agendas políticas de la región
Educación emancipadora y garante de derechos
Desde niños y niñas, a personas jóvenes y adultas, la CLADE defiende que todas y todos tengan acceso a una educación emancipadora, orientada a los propósitos de los derechos humanos, a la construcción de la paz, de ciudadanías activas, críticas y participativas, al fortalecimiento de nuestras democracias, a la colectividad y a la superación de las desigualdades y discriminaciones.
Según la publicación de la CLADE intitulada Educar para la libertad: Por una educación emancipadora y garante de derechos, la perspectiva de la garantía de los derechos humanos y la libertad requiere todavía consolidarse en políticas públicas, currículos y prácticas educativas.
La Campaña destaca que el derecho a la educación, en su concepción más plena, tiene el rol de garantizar la apropiación y producción de la cultura y de los valores democráticos, con el objetivo de promover la ciudadanía, y asegurar que los centros educativos sean espacios de respeto y realización de los derechos humanos, así como ámbitos para la formación en derechos humanos y desde la perspectiva de derechos.
En nuestra región, esta concepción se ve amenazada por el actual ascenso de las denominadas “escuelas seguras”, las cuales proponen la militarización de la educación. Representan otros obstáculos para una educación democrática, la falta de participación de la comunidad educativa, especialmente estudiantes y docentes, en la toma de decisiones sobre las políticas educativas, así como la criminalización y represión contra las personas movilizadas para defender el derecho a la educación.
“Subrayamos que una educación emancipadora debe promover la realización de una vida digna, reconociendo las singularidades, diversidades y distintas cosmovisiones de los pueblos, y a la vez debe impulsarse desde una gestión educativa democrática y la participación activa de la comunidad educativa en la definición de los planes políticos-pedagógicos”, afirma la CLADE.
>> Lee más: Educar para la libertad: Por una educación emancipadora y garante de derechos
>> Ingresa a la página web de la movilización “Educar para la Libertad”">
La educación es un derecho humano que debe ser garantizado desde el nacimiento y a lo largo de la vida
10 de diciembre de 2019“Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”, afirma el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy, 10 de diciembre, este tratado cumple 71 años, marcando las celebraciones del Día Internacional de los Derechos Humanos. (más…)
Liliana Muñoz: “Se necesita una formación intersectorial e interdisciplinaria para derechos”
9 de diciembre de 2019El 20 de noviembre se conmemoraron 3 décadas de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, el marco internacional de derechos humanos más ratificado en el mundo, y que garantiza los derechos de la niñez y la juventud. Todos los países de América Latina y el Caribe que son miembros de la ONU han firmado la Convención. Sin embargo, todavía no se ha logrado que todos los niños y las niñas disfruten de una infancia con la plena garantía de derechos en la región. (más…)
Congreso panamericano analiza avances y desafíos para el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes
22 de noviembre de 2019La superación de la discriminación y la violencia, el derecho al juego, al arte y al esparcimiento, la igualdad de género y el derecho a la educación sexual integral y a participar en el debate sobre las políticas públicas que les afectan. Estas fueron algunas de las demandas compartidas por niños, niñas, adolescentes y jóvenes durante el XXII Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes y el III Foro Panamericano de Niños, Niñas y Adolescentes, realizados del 29 al 31 de octubre en Cartagena (Colombia). (más…)
El reconocimiento de derechos de la primera infancia vive una disputa ideológica, metodológica e institucional
El último miércoles, 20 de noviembre, se celebraron 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU (CDN). Adoptado en el 1989, este tratado internacional reúne al mayor número de ratificaciones en el mundo – 196 Estados miembros de la ONU – y fue el primero a reconocer los niños y niñas como sujetos de derecho, convirtiendo a las personas adultas en sujetos de responsabilidades. (más…)
>>Lee+ República Dominicana: Ciudadanía se moviliza por los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Las declaraciones fueron divulgadas en el marco de una conferencia de prensa, con la cual se dio apertura a los actos de celebración de los 30 años de la CDN en el país. Dentro de las actividades, se realizó un encuentro con adolescentes y un conversatorio con actores del sistema de protección a la niñez y la sociedad civil. Las organizaciones exigen la mejora de la calidad de la educación, incluyendo el fortalecimiento de las capacidades docentes, la aplicación efectiva del currículo educativo en la tanda extendida y el incremento de la calidad de la alimentación escolar. Asimismo, instan para que se pongan en marcha políticas y acciones dirigidas al empoderamiento de los niños, niñas y adolescentes sobre sus derechos y como ejercerlos. “Al mismo tiempo, es necesario dotarles de herramientas prácticas que les permitan actuar frente a cualquier vulneración de sus derechos”, subrayan. Hacen también un llamado a las y los precandidatas/os a la presidencia del país y a puestos electivos en los gobiernos locales, para que prioricen en sus agendas de gobierno la protección de los derechos de la niñez y la juventud, por medio de política públicas efectivas y sostenibles, que cuenten con la participación de todos los sectores políticos y sociales interesados, incluyendo las niñas y los niños.>> Comunicado de la Coalición ONGs por la Infancia
">República Dominicana: Derechos de la niñez movilizan la sociedad civil
21 de noviembre de 2019En el marco de la celebración de los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), más de 25 organizaciones de la sociedad civil de República Dominicana, entre ellas el Foro Socioeducativo, articuladas en la Coalición ONGs por la Infancia, publicaron una nota en la que instan el gobierno del país y toda la sociedad a pagar su deuda histórica con la niñez. (más…)
