Foto: Eneas de Troya

La educación es un derecho humano que debe ser garantizado desde el nacimiento y a lo largo de la vida

10 de Diciembre de 2019

En este día que celebra 71 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la CLADE subraya el derecho de todas las personas a acceder a una educación pública, gratuita, emancipadora y que promueva y realice los derechos humanos

“Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”, afirma el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy, 10 de diciembre, este tratado cumple 71 años, marcando las celebraciones del Día Internacional de los Derechos Humanos. 

En esta fecha, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) recuerda que todas las personas tienen el derecho humano a acceder a una educación pública, gratuita, emancipadora, a lo largo de la vida y que promueva y realice los derechos humanos. 


Primera infancia
Angela Rucker

La educación y el cuidado en la primera infancia son un derecho humano fundamental que debe ser asegurado para todas las personas, sin discriminaciones, desde el nacimiento. De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, todos los niños y niñas tienen derecho a desarrollar todo su potencial en todas las circunstancias y momentos de su vida, en cualquier parte del mundo.

Por ello, no se debe fragmentar la noción de infancia, sino que actuar dentro de un enfoque de derechos humanos y reconocer que los niños y niñas son sujetos de derechos desde el nacimiento. Reconocer que la educación es un derecho humano desde el nacimiento implica reconocer que su disfrute tiene valor en sí mismo y debe darse por la condición humana de los niños y niñas.

Sin embargo, ese reconocimiento está lejos de volverse realidad en nuestra región. Durante el diálogo virtual “30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño: La primera infancia en diálogo”, se llamó la atención para los desafíos y obstáculos pendientes para que la educación en la primera infancia se reconozca y realice como un derecho humano en América Latina y el Caribe. 

Según las y los especialistas que participaron en el diálogo, las políticas para la educación y el cuidado en la primera infancia todavía se encuentran fragmentadas y dispersas, en la región. “Hay distintos enfoques dependiendo de la edad, de cero a tres años, y después en la etapa obligatoria – de cuatro a seis años – y en la etapa siguiente: la primaria. Hay una fragmentación etaria”, destacó Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE. 

Añadió que es necesario que las políticas de educación y cuidado para la primera infancia sigan una misma lógica y tengan una coherencia entre sí. “Eso implica un enfoque integral de la primera infancia desde el nacimiento hasta los ocho años, enfatizando su valor inherente”, explicó.

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Educación a lo largo de la vida
Katie Von/Franklin Reyes

Más allá de la educación de niños y niñas, la CLADE defiende como un derecho humano fundamental el acceso a la educación a lo largo de la vida para todas las personas, lo que incluye la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA).

Respecto a la EPJA, persisten importantes desafíos a nivel regional y demandas educativas aún no contempladas de diversos sectores de la población, como las comunidades indígenas, población rural, personas privadas de libertad, personas con discapacidad y personas adultas mayores. Asimismo, sigue pendiente que los Estados respondan a un adecuado nivel de financiamiento, cobertura, calidad, pertinencia, inclusión y participación en esta modalidad educativa. 

Según datos del Informe Mundial sobre Aprendizaje y Educación de Adultos de UNESCO (2016), en todo el mundo, aún hay alrededor de 758 millones de personas adultas, entre ellas 115 millones de entre 15 y 24 años de edad, que aún no lograron leer ni escribir adecuadamente. El informe también revela que en América Latina y el Caribe 32 millones de personas adultas son analfabetas.

Para la CLADE, la existencia de tantas personas sin competencias básicas de lectura y escritura en la región es preocupante, por ello considera que la EPJA debe ser una prioridad en las agendas políticas de la región, en base a los compromisos asumidos internacionalmente por los Estados en esta temática, y para que se pueda lograr la realización de un desarrollo sostenible.

“La EPJA debe de ser entendida como el componente básico de la educación a lo largo de la vida y comprende todos los procesos educativos formales, no formales e informales para que las personas puedan desarrollar sus capacidades para la vida y el trabajo”, afirma la Campaña en su publicación “No Dejar a Nadie Atrás: El rol central de la EPJA en la implementación de la Agenda 2030”.

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Educación emancipadora y garante de derechos

Desde niños y niñas, a personas jóvenes y adultas, la CLADE defiende que todas y todos tengan acceso a una educación emancipadora, orientada a los propósitos de los derechos humanos, a la construcción de la paz, de ciudadanías activas, críticas y participativas, al fortalecimiento de nuestras democracias, a la colectividad y a la superación de las desigualdades y discriminaciones.

Según la publicación de la CLADE intitulada Educar para la libertad: Por una educación emancipadora y garante de derechos, la perspectiva de la garantía de los derechos humanos y la libertad requiere todavía consolidarse en políticas públicas, currículos y prácticas educativas.

La Campaña destaca que el derecho a la educación, en su concepción más plena, tiene el rol de garantizar la apropiación y producción de la cultura y de los valores democráticos, con el objetivo de promover la ciudadanía, y asegurar que los centros educativos sean espacios de respeto y realización de los derechos humanos, así como ámbitos para la formación en derechos humanos y desde la perspectiva de derechos.

En nuestra región, esta concepción se ve amenazada por el actual ascenso de las denominadas “escuelas seguras”, las cuales proponen la militarización de la educación. Representan otros obstáculos para una educación democrática, la falta de participación de la comunidad educativa, especialmente estudiantes y docentes, en la toma de decisiones sobre las políticas educativas, así como la criminalización y represión contra las personas movilizadas para defender el derecho a la educación. 

“Subrayamos que una educación emancipadora debe promover la realización de una vida digna, reconociendo las singularidades, diversidades y distintas cosmovisiones de los pueblos, y a la vez debe impulsarse desde una gestión educativa democrática y la participación activa de la comunidad educativa en la definición de los planes políticos-pedagógicos”, afirma la CLADE. 

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