¿Cuál es el actual contexto en Brasil, en lo que toca a la realización del derecho a la educación?
Andressa Pellanda - Según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) de 2018, aproximadamente 1,3 millones de niños y niñas de 4 a 17 años de edad no van a la escuela en Brasil. Esto viola los artículos 208 y 214 de la Constitución Federal. Además, el 24.5% de las y los jóvenes con entre 15 y 29 años no estudian ni trabajan, casi el 7% de la población de 15 años o más es analfabeta, y solo el 15.7% de la población ha completado la educación superior. Además, el país, donde el 25,2% de la población tiene acceso restricto a Internet y que aún enfrenta brechas educativas, sufre un escenario cada vez más agravado de difusión de información falsa (fake news) yde deconstrucción de mecanismos de control social, investigación y elaboración de diagnósticos sobre las políticas públicas. Respecto a los derechos civiles y políticos, Brasil ha enfrentado serias violaciones. La participación de la sociedad civil se ha debilitado, varios consejos se han extinguido y se recortaron presupuestos gubernamentales para estos espacios. Además, la Enmienda Constitucional (EC) 95 fue aprobada en el 2016, estableciendo un nuevo régimen tributario que determina que ninguna inversión en áreas sociales en el país puede exceder al ajuste pde la inflación en el año anterior. Esta determinación será vigente por 20 años, es decir, hasta el 2036. Se trata del principal obstáculo para el acceso universal a una educación de calidad en el país, ya que pone en peligro al cumplimiento de los objetivos y estrategias establecidos en el Plan Nacional de Educación (PNE), vigente hasta el 2024. Así mismo, este congelamiento de recursos tendrá un impacto negativo en el próximo plan nacional de educación, que estará en vigor del 2024 al 2034.¿Ante los impactos de la pandemia COVID-19 en la educación de Brasil, cómo la sociedad civil se está organizando?
Andressa Pellanda - En este momento complejo, tuvimos que adaptarnos a la situación y realizar estrategias rápidas de enfrentamiento al COVID-19. En un trabajo conjunto con la red de la Campaña, lanzamos dos guías en el día 23 de marzo, sobre la educación y la protección en el contexto de la pandemia. El objetivo es ofrecer una colección de informaciones chequeadas, comprobadas y accesibles, sobre cómo ciudadanas y ciudadanos que tienen conexión con la educación pueden actuar, cobrar y trabajar por la protección de todas y todos, de manera colaborativa. Además, nos dirigimos a actores del poder público, para que puedan garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de emergencia. Orientamos nuestras recomendaciones a toda la comunidad escolar, familias y profesionales de la protección de niñas, niños y adolescentes, así como a tomadoras y tomadores de decisión del poder público, buscando dialogar con dos frentes centrales del enfrentamiento efectivo a la pandemia."El contexto de fragilidad extrema de las políticas sociales y el empobrecimiento de la población muestran que la pandemia puede llevar el sistema de salud al colapso, siendo que sus efectos deberán sobrepasar el 2020. La educación necesita también inversiones, pues es el centro que promueve soluciones, desde el trabajo con niñas, niños y adolescentes, que son el futuro del país, hasta las investigaciones que son realizadas por nuestras universidades"Así mismo, en conjunto con otras entidades que se dedican a defender los derechos humanos, el 17 de marzo, presentamos una demanda ante el Supremo Tribunal Federal (corte máxima del país), por la suspensión inmediata de la Enmienda Constitucional 95 de 2016, que impone un límite a las inversiones públicas en salud, educación y otras políticas sociales. La motivación tiene carácter de emergencia, pues la pandemia del COVID-19 pone en riesgo al funcionamiento del Sistema Único de Salud (SUS), de Brasil. Al mismo tiempo, debido a la suspensión de clases en las redes de enseñanza pública y a la imposibilidad de ofrecer la merienda escolar, se han expuesto millares de niñas, niños y adolescentes a una situación de miseria y hambre. Argumentamos que apenas la complementación de recursos por medio de créditos extraordinarios no logrará restablecer la condición de los sistemas públicos para atender a la población afectada – por ello, demandamos la suspensión de la EC 95. El contexto de fragilidad extrema de las políticas sociales y el empobrecimiento de la población muestran que la pandemia puede llevar el sistema de salud al colapso, siendo que sus efectos deberán sobrepasar el 2020. La educación necesita también inversiones, pues es el centro que promueve soluciones, desde el trabajo con niñas, niños y adolescentes, que son el futuro del país, hasta las investigaciones que son realizadas por nuestras universidades, las cuales necesitan apoyo para seguir desarrollándose hacia el enfrentamiento del momento de crisis que vivimos, desde los campos de la Biomedicina, hasta las áreas económicas y sociales.
¿Cómo ustedes se han organizado frente al gobierno del presidente Jair Bolsonaro?
Andressa Pellanda - Estamos combatiendo la forma de pensar la educación del actual gobierno. En esta gestión, nos hemos enfrentado al desmantelamiento de políticas públicas que se habían implementado con éxito y a la construcción de políticas opuestas, como: la privatización de todas las universidades federales (que es la etapa educativa en el país con mayor calidad, dentro de la educación pública y gratuita); la privatización de la educación básica a través del pago de vouchers [créditos concedidos por el gobierno a las familias, para que puedan elegir la escuela privada donde quieran matricular sus hijas e hijos] y de asociaciones público-privadas para, desde la oferta de servicios educativos básicos, hasta la gestión educativa; la militarización de las escuelas; la lucha contra iniciativas por la igualdad de género y orientación sexual en las escuelas; ataques a la libertad docente; la criminalización de los movimientos estudiantiles, etc. En este contexto, entendemos que es momento de llevar a cabo investigaciones calificadas, profundizar el debate y divulgar informaciones de fuentes fiables y verificadas, articulando a la vez la sociedad civil, a nivel nacional e internacional, con el objetivo de consolidar espacios para la participación social.¿Cuáles son las principales líneas de acción de la CNDE actualmente?
Andressa Pellanda - Seguiremos luchando por la implementación del Plan Nacional de Educación (PNE) y de los mecanismos de financiamiento educativo CAQi yCAQ. Es decir, presionar el gobierno por la adopción del Costo Alumno Calidad Inicial (CAQi, por su acrónimo en portugués), mecanismo que establece un valor mínimo aceptable de inversión por estudiante, para que se pueda garantizar una educación pública, gratuita y de calidad para todas y todos. A su vez, el Costo Alumno Calidad (CAQ) avanza en relación al otro mecanismo, y considera el carácter dinámico del concepto de costo por estudiante y la capacidad económica de Brasil, que está posicionado entre las economías más grandes del mundo. Los mecanismos CAQi/CAQ, que están previstos en el PNE, contemplan las condiciones, el material y los aportes humanos necesarios y adecuados para que las maestras y los maestros puedan enseñar y para que las y los estudiantes puedan aprender. La idea central es que la garantía de insumos adecuados es una condición fundamental, aunque no suficiente, para el cumplimiento del derecho humano a la educación. Ello requiere una indicación de qué insumos son estos y cuáles son sus costos para cada etapa y modalidad de la educación básica, por estudiante.¿Cómo están ustedes actuando para asegurar la realización y el financiamiento adecuado del Plan Nacional de Educación?
Andressa Pellanda - Se muestran dos caminos posibles para la implementación de los mecanismos CAQi/CAQ, los cuales son fundamentales para la realización del PNE: la aprobación del nuevo Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y Valoración de Profesionales de Educación (Fundeb), el cual se está analizando y votando en el Congreso Nacional, y la construcción de un sistema educativo nacional justo y robusto. Ambos caminos son el foco de la agenda de luchas e incidencia de la Campaña para este y los próximos años. Creado en el 2007, el Fundeb es la manera por la cual Unión, estados y municipalidades en Brasil financian actualmente de manera conjunta y corresponsal la educación pública. Sin embargo, el Fondo está en riesgo. En fines de 2020 termina su vigencia, y todavía no se definió una propuesta adecuada para su renovación. Aún estamos a medio camino del Plan Nacional de Educación, que seguirá vigente cuatro años más. Por lo tanto, el final del Fundeb provocaría una gran desorden en el financiamiento de la educación pública básica en Brasil y pondría fin a una importante política pública de financiamiento educativo basada en la cooperación federativa. Para promover la equidad y calidad en la educación, defendemos que el nuevo Fundeb debe mantener los aspectos positivos del fondo actual, pero avanzando institucionalmente y consolidándose como un instrumento poderoso y esencial para hacer cumplir plenamente los objetivos y estrategias del PNE, que garantizan el acceso, permanencia y calidad en la educación para todos los brasileños y brasileñas. Esto es parte de nuestra lucha contra la exclusión escolar y las desigualdades sociales y regionales en el país.¿Cómo se encuentra actualmente la discusión sobre el nuevo Fundeb?
"La política del gobierno de Bolsonaro se mueve hacia dos corrientes principales: el ultraliberalismo irresponsable y el ultraconservadurismo"Andressa Pellanda - La Campaña ha actuado por la calificación y aprobación del nuevo Fundeb, desde la última legislatura, en el 2017, cuando las y los parlamentarias/os comenzaron a aprobar enmiendas propuestas a la Constitución, que tenían relación con el Fondo. Este proceso se inició en medio de la crisis económica y política y un régimen de austeridad radical en el país. A partir del 2019, y profundizándose en el 2020, las propuestas para un nuevo Fundeb han sufrido aún más ataques y reveses. La política del gobierno de Bolsonaro se mueve hacia dos corrientes principales: el ultraliberalismo irresponsable y el ultraconservadurismo. Ambas agendas han influenciado el debate sobre el nuevo Fundeb, especialmente la primera. La propuesta que se está analizando en la Cámara de Diputados recibió enmiendas con sugerencias que abrían camino para la privatización de una buena parte de los recursos del fondo, a través de la política de vouchers, por ejemplo, e ideas de condicionar la distribución de los recursos del fondo a resultados de escuelas y estudiantes en evaluaciones educativas aplicadas a larga escala. Propuestas como estas, en un país desigual como Brasil, solo servirían para profundizar las brechas. Así mismo, parlamentarias y parlamentarios fundamentalistas presentaron propuestas para que la regulación del mecanismo del fondo esté a cargo de las familias. A su vez, el Ministerio de Economía, a pesar de la legislación actual y los numerosos estudios que comprueban la necesidad de mayores inversiones en el campo educativo, viene presionando las y los integrantes del parlamento para que reduzcan la contribución del gobierno federal al Fondo. En nuestra labor de incidencia ante la discusión y votación del nuevo Fundeb, hemos garantizado que, en el primer informe de la Comisión Especial que está analizando la propuesta para el Fondo, no se retroceda en el modelo de distribución de recursos que está en vigencia. Planteamos también una mayor complementación de recursos del gobierno federal para el Fondo y la inclusión del mecanismo CAQ como un parámetro de calidad para el financiamiento educativo. Además, presionamos integrantes del parlamento para que no aprobaran la enmienda a la propuesta que establecía la asignación de fondos públicos para el sector educativo privado, a través de vouchers. Igualmente, dialogamos con las parlamentarias y parlamentarios para que no vincularan la distribución de nuevos recursos a los resultados en evaluaciones aplicadas a larga escala, lo que aumentaría las desigualdades educativas y regionales del país.">
El derecho a la educación en Brasil: El momento es de resistencia y lucha
14 de abril de 2020Para conocer el actual escenario del derecho a la educación en Brasil, dialogamos con Andressa Pellanda, coordinadora ejecutiva de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación (CNDE), miembro de la CLADE en el país. Entre los principales desafíos, Pellanda destaca la disminución de recursos públicos para la educación y la fragilidad de la democracia brasileña.
“Brasil se enfrenta actualmente a un contexto serio de austeridad [financiera], acompañado por el incumplimiento de los objetivos educativos nacionales e internacionales y con recursos insuficientes para el área, debilitando las instancias de participación y democracia”, afirmó.
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- ¿Coronavirus o reingeniería social a gran escala?
- Coronavirus: Google y la NASA en la reingeniería educativa
Pandemia y Reingeniería Socioeducativa Global
7 de abril de 2020La pandemia golpea globalmente y, así, se suma al cúmulo de hechos que alteraban la «normalidad» en el planeta: La inminente crisis ecológica, las sucesivas crisis económicas y la continuidad de las guerras internas, mientras crecen las manifestaciones sociales en distintas partes del globo. Estamos, sin duda, en un punto de inflexión histórico; la crisis del modelo es evidente y podría ser el final del actual modo de producción. (más…)
"Sabiendo que el COVID-19 ya ha perturbado la economía global y el trabajo continuo de los gobiernos para combatir problemas socioeconómicos como el trabajo infantil, la trata de personas y la esclavitud moderna; los investigadores de Delta 8.7 predicen que aumentará aún más el riesgo de los más vulnerables, aumentando el riesgo de explotación, incluido el trabajo infantil y los esfuerzos de respuesta se verán afectados", afirma la red.
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Estimados miembros, socios y simpatizantes,
¡Saludos desde la cuarentena en Nueva Delhi!
En medio de la crisis actual generada por el COVID-19, esperamos que todos ustedes estén a salvo y estén tratando de seguir todas las medidas de precaución emitidas por la Organización Mundial de la Salud y sus respectivos Ministerios de Salud. Estos son tiempos realmente muy desafiantes y difíciles de asimilar para todos nosotros. Actualmente, es la máxima prioridad de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil garantizar que todo nuestro personal, colegas, miembros, socios y la Junta tomen todas las medidas para protegerse a sí mismos, a sus familias y a sus comunidades. En medio de una crisis de salud global de esta magnitud, ha quedado muy claro que la atención médica para todos es un derecho humano no negociable y, por lo tanto, debe ser disfrutado por todos y cada uno de los ciudadanos de este mundo, independientemente de su estatus social, ingresos, origen étnico, clase, grupo, género o edad.
Dadas las medidas de cierre por emergencia que muchos gobiernos en todo el mundo han ordenado en su totalidad o parcialmente en ciudades y áreas rurales para combatir este virus mortal, ha hecho también que las poblaciones vulnerables corran el máximo riesgo de esta pandemia; especialmente aquellos de bajos ingresos, personas sin hogar, en barrios marginales, trabajadores informales, trabajadores migrantes, refugiados, jóvenes huérfanos, personas con discapacidad, ancianos, mujeres y niños. Al igual que muchas otras emergencias de salud, el COVID-19 afecta a hombres y mujeres de manera diferencial, agravando las desigualdades de género y la discriminación que enfrentan entre otros grupos, las niñas y las mujeres. Como movimiento colectivo, nos gustaría expresar nuestra solidaridad con los más afectados y reafirmar nuestro compromiso de apoyo con ustedes y con otros miembros de la red en esta lucha conjunta contra esta calamidad de salud.
Mientras trabajamos desde la protección de nuestros hogares, también nos preocupamos constantemente no solo por los niños trabajadores, sino también por todos esos niños y sus familias que viven en vulnerabilidad sin asistencia médica, instalaciones o sanidad adecuada. Como miembros responsables de la sociedad civil, incitamos a todos nuestros miembros a trabajar junto con sus gobiernos, comunidades y otras partes interesadas en la implementación de las medidas estipuladas para combatir este problema y también contribuir a la creación de conciencia sobre saneamiento e higiene. Los invitamos a que tomen la iniciativa o contribuyan a proporcionar materiales de ayuda, así como apoyo psicosocial y emocional para los niños y sus padres, donde y cuando sea necesario. Aunque estamos practicando distanciamiento físico, no nos abstengamos de conectarnos social y emocionalmente con las personas a través de la tecnología y otros medios.
Sabiendo que el COVID-19 ya ha perturbado la economía global y el trabajo continuo de los gobiernos para combatir problemas socioeconómicos como el trabajo infantil, la trata de personas y la esclavitud moderna; los investigadores de Delta 8.7 predicen que aumentará aún más el riesgo de los más vulnerables, aumentando el riesgo de explotación, incluido el trabajo infantil y los esfuerzos de respuesta se verán afectados.
Por lo tanto, los invitamos a que propongan soluciones y recomendaciones concretas a sus gobiernos para garantizar que el impacto de la desaceleración económica, el cierre de empresas y escuelas; no empuje a más personas al ciclo de pobreza, explotación, hambre, desempleo y desescolarización. También esperamos que puedan presentar soluciones para la protección de los que ya están en condiciones de explotación, además de hacer que los gobiernos sean responsables de la falta de preparación ante esta situación de emergencia global.
Mientras estamos de luto por todos los que han perdido vidas y aplaudimos los esfuerzos de aquellos que están en primera línea de atención, continuemos avanzando con una resolución positiva, optimismo y un sentido de unión en este difícil tiempo; dejando atrás el estigma y los prejuicios hacia cualquier comunidad o grupo de población. Para asegurarnos de que todos nos mantenemos motivados y alentados, nos complace escuchar sus pensamientos, soluciones y recomendaciones sobre esta situación y poder discutirlo dentro de la red. Por favor, siéntase libres de compartir cualquier reacción al correo maina@globalmarch.org
Estamos juntos en esta situación. Luchemos con el espíritu de "los derechos humanos primero".
Manténganse a salvo, manténganse protegidos y cuídense.
Saludos
Familia de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil
">COVID-19: ¿Cómo evitar que la pandemia agrave el riesgo del trabajo infantil?
3 de abril de 2020La Marcha Global Contra el Trabajo Infantil, red regional miembro de la CLADE, publicó una declaración sobre el impacto de la crisis que el mundo enfrenta, debido a la pandemia COVID-19, en la realización de los derechos de la niñez.
“Sabiendo que el COVID-19 ya ha perturbado la economía global y el trabajo continuo de los gobiernos para combatir problemas socioeconómicos como el trabajo infantil, la trata de personas y la esclavitud moderna; los investigadores de Delta 8.7 predicen que aumentará aún más el riesgo de los más vulnerables, aumentando el riesgo de explotación, incluido el trabajo infantil y los esfuerzos de respuesta se verán afectados”, afirma la red.
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Covid-19 en Argentina: Campaña rechaza abordaje policial a niños, niñas y adolescentes debido a la pandemia
2 de abril de 2020La Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) divulgó una nota pública, en la que rechaza la disposición DI-2020-19-DGRPJ del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según la cual es necesario “contar con un dispositivo que permita abordar pronta y ágilmente aquellos casos de adolescentes que incumplan el aislamiento social, preventivo y obligatorio”. (más…)
- Que el sector privado reoriente sus programas y proyectos de “Responsabilidad Social Empresarial” hacia la dotación de conectividad gratuita y equipos como computadoras y tablets a la niñez y juventud del sector público hondureño, para hacer un frente común con el Estado en el fortalecimiento del sistema educativo público nacional;
- Que las empresas privadas de telecomunicaciones que operan en el país, busquen alternativas de conectividad en los hogares con menos ingresos, de forma gratuita, y a su vez, proporcionen los equipos pertinentes para las educandas y los educandos;
- Que el Ministro de Educación y el Secretario de Estado en el Despacho de Educación Pública garanticen que, al primer día de clases después de la crisis, se pueda contar en cada escuela del país, con los insumos para la merienda y el almuerzo escolar;
- Que cada institución educativa, al retornar a sus actividades, institucionalice las acciones que les corresponden dentro del Plan Estratégico del Sector Educación (PESE 2018-2030);
- Que el gobierno establezca las medidas necesarias para que el personal de salud y las personas más expuestas al virus cuenten con los equipos de bioseguridad para salvar también sus vidas, y gestione con países amigos acciones de ayuda y cooperación.
Carta a la universidad
El FDH también envió una carta a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en la que insta para que, entre otras medidas, este centro educativo actúe para contribuir al control de la pandemia en el país, desde las diferentes áreas del conocimiento; la difusión de informaciones a la sociedad hondureña, para que tome medidas de prevención; y alianzas con organismos internacionales especializados en el manejo de este tipo de crisis, como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). >> Lee la carta aquí.">Covid-19: ¿Cómo mitigar los efectos de la pandemia en Honduras?
En medio a la situación de emergencia en Honduras, debido a la crisis del Covid-19, el Foro Dakar-Honduras (FDH), miembro de la CLADE en el país, publicó una declaración. En la nota, se solidariza con cada familia, niño y niña que enfrenta dificultades de acceso a la educación en el actual contexto, por carecer de conectividad. (más…)
Aun así, las organizaciones de sociedad civil que participan en el Foro, organizadas en el Mecanismo de Participación de Sociedad Civil en el Foro y su Mesa de Vinculación (espacio integrado por los puntos focales y suplentes de los 20 grupos que integran el Mecanismo), aprovechan el momento para seguir llamando la atención sobre la importancia de, pasados cinco años de la adopción de la Agenda de Desarrollo 2030, acelerar su implementación, garantizando el cumplimiento de sus metas en su integralidad. Además, subrayan que, en el actual contexto, es necesario que los gobiernos no utilicen la pandemia para adoptar medidas autoritarias, y más bien amplíen el diálogo con la sociedad civil para reflexionar sobre cómo superar la crisis sanitaria mundial.
Con este llamado, lanzan hoy una campaña de movilización a través de las redes sociales que se extenderá por las próximas semanas, para plantear la necesidad de fortalecer el diálogo entre gobiernos y sociedad civil. “Consideramos que esta crisis que estamos atravesando genera nuevos desafíos y demanda un nuevo pacto de justicia social para todos los pueblos”, afirman las organizaciones de sociedad civil en nota pública de prensa.
Recuerdan, así mismo, que la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con su lema #NoDejarANadieAtrás, constituyen un desafío e imperativo moral y ético ineludible. E instan a los Estados a fortalecer el diálogo entre gobiernos y sociedad civil, mientras no hay previsión de cuando se realizará la reunión del Foro de Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible.
Acciones de comunicación
La CLADE desde el año 2019 hace parte de la Mesa de Vinculación como suplente del Grupo de Educación, Academia, Ciencia y Tecnología (GEACT) que integra el Mecanismo de Participación de Sociedad Civil en el Foro. En tal sentido, se suma a la movilización mencionada, la cual consistirá en una serie de twittazos con mensajes clave y mensajes para difundir vía Facebook e Instagram. ¡Acompaña y comparte los mensajes a través de la página de la CLADE en Twitter!">COVID-19: Sociedad civil demanda diálogo con los gobiernos de América Latina y el Caribe
31 de marzo de 2020Empezaría hoy (31 de marzo), en Cuba, la IV Reunión del Foro de Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Sin embargo, con el estado de crisis en que el mundo se encuentra debido al COVID-19, la CEPAL decidió no llevar adelante el encuentro.
- Otros «virus» a contrarrestar en la emergencia del COVID-19
- «La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre» de Naomi Klein
La Pandemia como Doctrina del Shock en Chile
26 de marzo de 2020Hoy ya entramos en cuarentena, no solo en Santiago de Chile, sino que en muchos países del globo, incluyendo a Latinoamérica. Aislados, temerosos, con incertidumbre, poco a poco, comenzamos a reaccionar. La coyuntura actual de expansión del actual coronavirus (COVID-19) nos puso en jaque como parte del movimiento social. Transformó el escenario; la elite y la clase política retomaron la iniciativa. En muchos de los países que había revuelta social la movilización y el crecimiento de la organización se detuvo, y nos hemos llenado de medidas antipopulares, a la medida de los poderosos, a costa de los desposeídos. (más…)
Lee+ Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial: Luchemos contra el racismo en la educación
“Nos preocupa especialmente la realidad de las personas migrantes en situación administrativa irregular, quienes por miedo a la detención frente a las políticas restrictivas dudan en buscar los servicios de salud y dependen del trabajo diario para sobrevivir”, afirma ESF. Según la red regional, es necesario realizar medidas propositivas que garanticen el abastecimiento de las personas en situación de mayor vulnerabilidad y la protección especial para las personas mayores y con discapacidades. Actualmente, el aumento en la llegada de gente que busca asilarse en los lugares escogidos como destino en la región de América Latina y el Caribe, convive con la incertidumbre en torno al virus que está causando un pánico colectivo y deja a estas personas a merced de maniobras políticas y gobiernos que los transforman en chivos expiatorios. “Exigimos responsabilidad política por parte de los Estados acogedores para asegurar la salud integral de todos los seres humanos sin importar género, color, raza ni origen nacional. La única manera de salir de esta crisis sanitaria es incluyendo a las personas migrantes y refugiadas en la atención y, por tanto, en la solución”, destaca la nota. >> Declaración completa de la red ESF.">¿Cómo quedan las personas migrantes y refugiadas ante la pandemia del Covid-19?
23 de marzo de 2020Ante la crisis que enfrenta el mundo actualmente debido a la pandemia Covid-19, la red Espacio Sin Fronteras (ESF), miembro de la CLADE, publicó una nota en la que expresa solidaridad con todas las personas afectadas por el virus. También hace un llamado a la comunidad internacional por la creación de medidas de protección y atención humanitaria para las personas migrantes y refugiadas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Eso, especialmente, porque suelen encontrarse en contextos de calle, alojamientos hacinados y trabajos informales, sin cobertura de asistencia, ni protección social. (más…)
¿Cuál es el actual contexto para el derecho a la educación en Colombia?
María Elena Urbano y Cecilia Gómez - La situación del derecho humano a la educación (DHE) en Colombia, vista desde la financiación, está definida por el Sistema General de Participaciones (SGP) y la gratuidad de la educación, calculados con base en el número de estudiantes atendidos (financiación percápita), lo que no alcanza para financiar adecuadamente el DHE."Las instituciones educativas, por la desfinanciación existente, no están en capacidad de lograr los niveles de inclusión educativa señalados por la UNESCO y por los acuerdos internacionales, lo cual afecta con mayor impacto a las poblaciones en situación de pobreza extrema y de vulnerabilidad"Actualmente, con estos recursos se cubre el pago de salarios y prestaciones sociales del sector educativo, lo que representa un 97% del presupuesto global. El restante está destinado a la financiación de la canasta educativa consistente en mobiliario, material didáctico, mantenimiento de infraestructura escolar, restaurante y transporte escolar y financiación de las universidades públicas, lo cual es completamente insuficiente para cubrir las necesidades básicas del DHE. Actualmente, las organizaciones sociales y sindicales en movilización permanente desde el año pasado, están planteando una reforma constitucional para modificar el SGP, y así incrementar el presupuesto destinado a la educación. Se evidencia que la educación se encuentra desfinanciada y eso se refleja en las deficientes infraestructuras escolares, la ausencia de capacitación al personal docente, y la insuficiencia de recursos para garantizar el adecuado desarrollo de los proyectos educativos institucionales. En esta dirección, las instituciones educativas, por la desfinanciacion existente, no están en capacidad de lograr los niveles de inclusión educativa señalados por la UNESCO y por los acuerdos internacionales, lo cual afecta con mayor impacto a las poblaciones en situación de pobreza extrema y de vulnerabilidad.
¿Cuáles son los impactos de la baja financiación educativa pública, para las poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad y pobreza?
María Elena Urbano y Cecilia Gómez - Hay poblaciones que por sus condiciones socioeconómicas y culturales no están siendo atendidas, porque las instituciones educativas no cuentan con los recursos, ni con la infraestructura que se requiere, y tampoco tienen las adecuaciones curriculares pertinentes, generándose una preocupante exclusión y discriminación que tiene profundas consecuencias y repercusiones en el incremento de conflictos urbanos y rurales en términos de seguridad y convivencia ciudadana. Las poblaciones con necesidades educativas especiales en general no disponen de los soportes tanto profesionales como espaciales, y de dotaciones para una atención adecuada y pertinente. Es decir, no se les está garantizando el DHE y son personas que no logran superar las barreras para realizar su proyecto de vida.¿La primera infancia es una de las etapas más desatendidas actualmente en la educación colombiana?
María Elena Urbano y Cecilia Gómez - La educación en primera infancia está atendida en el país, en parte, por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), una institución de asistencia social que atiende a niños y niñas de prejardín y jardín (3 y 4 años). Sin embargo, el personal que responde al instituto y trabaja con la educación en la primera infancia está conformado por madres comunitarias, con baja formación profesional, que asisten a los niños y niñas generalmente en sus propias viviendas, en sectores de alta vulnerabilidad. A su vez, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) atiende el grado de transición del preescolar (edad de 5 años) a la básica, en instituciones educativas públicas con docentes licenciadas en Educación Preescolar. Sin embargo, aún no se implementa el preescolar de 3 grados, atendidos por el sistema educativo público, que es una de las luchas de las organizaciones sociales y sindicales.En este contexto, ¿cuáles son las expectativas para el derecho a la educación en Colombia en el 2020?
María Elena Urbano y Cecilia Gómez - Como coalición nacional que defiende el derecho humano a la educación, actuamos y prestamos apoyo para que las organizaciones sociales, sindicatos y organizaciones estudiantiles logren acordar con el gobierno nacional la reforma al SGP, generando así un mayor presupuesto para la educación en el país. Así mismo, se espera que las amplias movilizaciones que están realizando las organizaciones sociales, sindicales y de estudiantes logren negociar con el gobierno reivindicaciones que reduzcan las desigualdades sociales, la marginalidad y la exclusión, en que vive la mayoría de la población colombiana, y mejoren las condiciones de vida en el país."La expectativa es mantener las acciones de movilización enérgicas para que el gobierno y sus instituciones garanticen el derecho humano a la educación de todas y todos, e implementen los acuerdos de paz en los territorios, asegurando el respeto a los derechos humanos y a la vida de mujeres, estudiantes, sindicalistas, docentes, líderes sociales, defensoras y defensores de los derechos humanos en el país"Dentro de los acuerdos ya realizados entre gobierno y sociedad civil, falta avanzar en la implementación de una política de educación preescolar de 3 grados, atendidos por el sistema educativo público. También se requiere generar acciones a través de los planes de desarrollo locales y territoriales, orientados a la atención adecuada de la primera infancia y a la educación de personas jóvenes y adultas, que permitan fortalecer y mejorar los procesos educativos en las instituciones educativas públicas. En ese sentido, la expectativa es mantener las acciones de movilización enérgicas para que el gobierno y sus instituciones garanticen el derecho humano a la educación de todas y todos, e implementen los acuerdos de paz en los territorios, asegurando el respeto a los derechos humanos y a la vida de mujeres, estudiantes, sindicalistas, docentes, líderes sociales, defensoras y defensores de los derechos humanos en el país. Para ello, seguiremos demandando que se fortalezcan y respeten los acuerdos de paz pactados en el proceso de negociación entre las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] y el Estado, dada la cantidad de asesinatos de personas desmovilizadas y en proceso de reincorporación. Igualmente, que se abran de nuevo procesos de negociación con las guerrillas existentes, para lograr la paz con justicia social en el país.
¿Cuáles serán las actividades o ejes de acción prioritarios de la Coalición Colombiana este año?
María Elena Urbano y Cecilia Gómez - En el campo de la primera infancia, nos hemos propuesto incidir por la financiación adecuada y transformaciones en la Atención y Educación en la Primera Infancia (AEPI), tanto a nivel del Congreso de la República, como ante el ICBF, el MEN y el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, para que se lleven a cabo acciones y presupuestos destinados a la AEPI, que respondan a una perspectiva de derechos y a las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de número 4, referido a la educación - ODS 4. También realizaremos una experiencia local de formación de docentes de AEPI en el Municipio de Palmira, departamento del Valle del Cauca, y vamos a desarrollar un trabajo con centros y programas encargados de su formación continua, que aporte elementos a nuestro proceso de incidencia política. Respecto al derecho a la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA), realizaremos una audiencia pública con estudiantes, docentes, directivas y comunidad educativa de EPJA, en el Congreso de la República, con la presencia de parlamentarias y parlamentarios aliadas/os, evento a que también invitaremos el MEN y el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional. Así mismo, hemos planificado para el año la elaboración de un informe nacional sobre educación y desigualdad, el cual formará parte en un informe regional respecto a esta temática en América Latina y el Caribe, que la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), red regional en la cual formamos parte, está llevando adelante. Finalmente, nos sumaremos a las celebraciones de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) 2020. Esta gran movilización internacional, que abarca marchas, seminarios, acciones de comunicación, incidencia y diálogo, entre otras actividades realizadas en más de 100 países, se organiza todos los años en el mes de abril, con miras a llamar la atención de los Estados y la comunidad internacional sobre la importancia y urgencia de garantizar el derecho humano a la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad para todas las personas. ">Colombia en el 2020: El año promete la continuidad de las protestas por más financiamiento para el derecho a la educación
22 de marzo de 2020Para conocer cuáles son los desafíos y oportunidades hacia la realización del derecho humano a la educación actualmente en Colombia, conversamos con María Elena Urbano y Cecilia Gómez, integrantes de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE), miembro de la CLADE en el país. En la entrevista, abordaron la coyuntura nacional y las expectativas de las comunidades educativas ante este escenario, así como los planes de la sociedad civil para continuar su lucha por la garantía del derecho a la educación y otros derechos humanos.
“Se espera que las amplias movilizaciones que están realizando las organizaciones sociales, sindicales y de estudiantes logren negociar con el gobierno reivindicaciones que reduzcan las desigualdades sociales, la marginalidad y la exclusión, en que vive la mayoría de la población colombiana, y mejoren las condiciones de vida en el país”, afirmaron las entrevistadas.
Lee el diálogo completo a continuación. (más…)
- «Chile: Se explicitó la trizadura del bloque en el poder» de Rafael Agacino
- Presentación del libro de Franck Gaudichaud «Las fisuras del neoliberalismo chileno» por parte de Rafael Agacino
Chile a 150 días del Estallido Social: ¿En qué estamos?
15 de marzo de 2020Conversamos con Rafael Agacino, educador popular y economista, compañero de luchas, que siempre ha caminado con las organizaciones populares. El viernes trece nos regaló parte de su tiempo para conversar con Alerta Educativa sobre la coyuntura actual, en pleno desarrollo de la protesta social, a ciento cincuenta días del estallido de octubre. (más…)
