Foro Político de Alto Nivel: ¿Qué impactos está teniendo la pandemia del COVID-19 en la educación a nivel mundial?

13 de Julio de 2020

En el marco del Foro Político de Alto Nivel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 2020, el Grupo de Educación y Academia (Education and Academia Stakeholder Group – EASG por su acrónimo en inglés) realizó el 9 de julio el evento online: “Educación: el camino para la transformación durante y después de la crisis”. El grupo compone la estructura de participación de la sociedad civil en los debates sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Naciones Unidas. El encuentro, que contó con más de 75 participantes, buscó discutir cómo la pandemia del COVID-19 viene impactando en la educación a nivel mundial. 

Según el último balance de la UNESCO, al menos 850 millones de niños, niñas y jóvenes tuvieron sus clases suspendidas en más de cien países debido a las medidas adoptadas por los gobiernos para combatir el brote del nuevo coronavirus. En ese contexto, las y los participantes fueron invitados e invitadas a reflexionar sobre la necesidad de una acción acelerada para volver a garantizar el derecho a la educación a todas y todos. 

Refaat Sabbah, presidente de la Campaña Mundial por la Educación, destacó que, en momentos de crisis, la educación, especialmente de los grupos más vulnerables e históricamente excluidos, tiende a ser descuidada. Utilizando el argumento de que es necesario priorizar la salud, la economía y otros factores, muchas veces los gobiernos recortan los presupuestos educativos. En cambio, Sabbah defendió que las escuelas deben de ser entendidas como espacios de realización de derechos y por ende deben ser aún más protegidas en momentos de crisis. 

Igualmente, subrayó que la reapertura de las escuelas requerirá un abordaje holístico, que cuente especialmente con la participación de los distintos actores de las comunidades educativas –docentes, estudiantes, madres y padres y toda la comunidad- y que en ese sentido, será fundamental una acción de incidencia política coordinada a nivel mundial desde la sociedad civil para que las autoridades escuchen una voz unificada y robusta, que presione por la realización del derecho a la educación y por la comprensión de que la educación puede contribuir para superar la crisis. 

Según Reem Rabah, representante del Consejo Internacional de Educación de Adultos (ICAE), entre los grupos más impactados por la pandemia están las personas jóvenes y adultas. La crisis obligó a muchos gobiernos a migrar la oferta educativa formal para modalidades de educación a distancia, pero la educación no formal de personas adultas está siendo casi completamente ignorada por los Estados, destacó. Para Rabah, la educación de adultos debería ser una prioridad, ya que es urgente garantizar ese derecho a las personas que no pudieron tener acceso a la educación en la edad adecuada, para que ahora más que nunca aprendan a resistir a los procesos de crisis, a ser resilientes, a construir capacidades para aumentar su empleabilidad y actuar en sociedades democráticas. Asimismo destacó que el desarrollo sostenible no podrá ser alcanzado sin asegurar el derecho a la educación y que particularmente la educación de personas adultas tiene un impacto muy positivo en los indicadores de salud, lo que es clave en el contexto de la pandemia. 

Robert Napier, de la Unión Europea de Estudiantes (ESU), a su vez, ponderó que la educación formal también ha sido altamente impactada por la pandemia, incluso en los países en desarrollo. Un estudio organizado por ESU con 17 mil estudiantes mostró que el 90% de ellos no tenía computadoras disponibles para estudiar y que solamente el 40% tenía acceso adecuado a internet. En ese contexto, Napier destacó la necesidad de reforzar los sistemas educativos públicos, con inclusión y equidad, además de asegurar el involucramiento de las y los estudiantes en la toma de decisiones sobre su educación. Y ponderó que, si la pandemia impone múltiples desafíos para la educación, es también una oportunidad para que, al retornar a la normalidad, se construyan sistema educativos más sostenibles, equitativos e inclusivos, desde la educación en la primera infancia hasta la educación terciaria. 

En ese mismo sentido, Katarina Popovic, del ICAE, afirmó que es fundamental encontrar buenos ejemplos, incluso de oferta de educación en derechos humanos y para la ciudadanía en momentos de crisis, para presentar a los gobiernos como vías posibles, porque luego el retorno a las escuelas tendrá que lidiar con la agudización de las desigualdades.

Al final del encuentro, Marcela Browne, de la Fundación SES y de la Campaña Argentina por el Derecho  a la Educación, leyó un discurso enviado por Pablo Gentili, del Ministerio de Educación argentino, quien había confirmado su participación pero tuvo dificultades para conectarse. Gentili reconoce que la pandemia está impactando en el aumento de las desigualdades y que la enseñanza se está desarrollando en condiciones muy precarias. Aseguró que, para superar las antiguas y las nuevas dificultades, será clave desarrollar políticas públicas centradas en las familias y en la construcción de sistemas de protección de derechos justos y democráticos. Igualmente alertó que el proceso de reapertura de las escuelas es mucho más complejo que el cierre de los centros educativos, lo que implicará un compromiso de largo plazo y una mayor inversión en los sistemas públicos educativos, garantizando mejores condiciones de trabajo a las y los docentes. 


Foto: Alexandra_Koch/Pixabay

Bolivia: “Es urgente contar con un Plan de Emergencia Educativa ante el COVID-19”

8 de Julio de 2020

La Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) divulgó la semana pasada un pronunciamiento público en respuesta al Decreto Supremo N° 4260, emitido por el Estado Plurinacional de Bolivia el 6 de junio de 2020, que tiene por objeto regular la complementariedad de las modalidades de atención presencial, a distancia, virtual y semipresencial, en los subsistemas de educación regular, alternativa y especial, y superior.

Según la CBDE, el decreto no menciona aspectos prioritarios de contenidos curriculares, como la reprogramación del calendario escolar y el acceso a dispositivos e internet. Tampoco hay una voluntad clara de parte del Estado de realizar una inversión en favor del derecho a la educación en el contexto de la pandemia.

“Esta respuesta estatal ha generado reacciones de diversos sectores educativos como el Magisterio Rural y Urbano, los Consejos Educativos de los Pueblos Originarios (CEPOs), organizaciones e instituciones de la sociedad civil, madres, padres de familia y organizaciones estudiantiles, quienes califican de insuficiente y sin lineamientos claros el Decreto Supremo N° 4260, inclusive, cuestionan la ‘negligencia’ al tiempo de resolver la incertidumbre que vive el sistema educativo en este complejo escenario”, declara la CBDE.

Al expresar su apoyo y solidaridad a los sectores educativos movilizados, la Campaña Boliviana reitera que “el Estado boliviano es garante del derecho a la educación y que debe atender las demandas de los sectores sociales que exigen una educación única, pública y gratuita, que no genere desigualdades ni exclusiones, y que responda a la diversidad cultural del país”. 

>> Pronunciamiento completo


Foto: Natalye Ruiz/Pixabay

Primera infancia en tiempos de COVID-19: puntos cruciales para el bienestar de niños y niñas

6 de Julio de 2020

La enorme crisis humanitaria causada e intensificada por la pandemia COVID-19 ha tenido consecuencias directas e indirectas que afectan profundamente la vida y el desarrollo de los niños y niñas, como las muertes de familiares, el miedo, el confinamiento, el hambre, el distanciamiento físico, el aumento de la violencia y el abuso, la falta de momentos para el juego y el movimiento, y la exposición excesiva a las pantallas. 

Frente a este contexto, la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) destaca, en un informe divulgado la semana pasada, algunos puntos cruciales para proteger el interés superior de todos los niños y niñas, y su bienestar en todo el mundo.

El documento presenta 10 puntos claves sobre el rol del Estado en garantizar los derechos en la primera infancia. Remarca que los Estados Parte deben considerar las necesidades específicas de niños y niñas en materia de educación, cuidados, salud, economía y apoyo social, además de adoptar medidas específicas en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

“Los Estados Parte son garantes del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y tienen el deber de aplicar las políticas necesarias para proteger y apoyar a los niños, las niñas y las familias, en colaboración con las autoridades y organizaciones locales. La Atención y Educación de la Primera Infancia (AEPI) desempeña un papel fundamental en este apoyo”, afirmó la OMEP en el documento.

Mercedes Mayol Lassalle: «Pensando en el futuro horizonte post-covid, tenemos que disponer nuestra energía y nuestros saberes para construir un mundo mejor, una nueva realidad, priorizando a la infancia en las políticas públicas, priorizando la inversión en educación y cuidado, el fortalecimiento a los servicios y los mecanismos de protección de derechos, apoyando a las familias»

La organización también demanda a los Estados realizar una serie de acciones para garantizar el cuidado, la educación y el bienestar en la primera infancia. Una de ellas es asumir que la apertura y funcionamiento de los centros de AEPI para niñas y niños no puede depender únicamente de una visión centrada en aspectos sanitarios o en respuesta a intereses económicos. “Las decisiones deben considerar la experiencia y saberes de los educadores y las familias, así como de otros sectores relacionados”, explicó la OMEP.

Otra demanda es “proporcionar una protección integral de los derechos, abordando medidas especiales para los grupos más vulnerables: niños y niñas en situación de pobreza, desigualdad, hambrunas y conflictos armados; niños y niñas en migración, desplazados, que viven en campamentos o encarcelados; niños y niñas afectados por el cambio climático, la contaminación, la degradación del medio ambiente y los desastres naturales; niños y niñas afectados por el racismo, la xenofobia y la discriminación de género; niños y niñas que sufren de explotación sexual o laboral”.

Según la OMEP, es necesario asumir  la responsabilidad de todos y todas sobre las vidas presentes y futuras de niños y niñas, y para ello se requiere un urgente replanteamiento sobre la sociedad que queremos.

Mercedes Mayol Lassalle, presidenta de la OMEP ha planteado que “ pensando en el futuro horizonte post-covid, tenemos que disponer nuestra energía y nuestros saberes para construir un mundo mejor, una nueva realidad, priorizando a la infancia en las políticas públicas, priorizando la inversión en educación y cuidado, el fortalecimiento a los servicios y los mecanismos de protección de derechos, apoyando a las familias. Necesitamos construir entornos seguros y cariñosos para la primera infancia en las familias, en la comunidad y en las instituciones de educación infantil, construyendo una reapertura epidemiológica y pedagógicamente segura, es decir que cuide la salud pero también que cuide la libertad y la creatividad infantil, y que aloje lo que los niños y niñas necesitan y tienen derecho: a jugar, a contactarse con su cuerpo, a expresarse a través de sus lenguajes y de sus modos de mostrar sus afectos».

“Los niños y niñas necesitan de un Estado, de una familia, de una sociedad civil decidida a promover una educación holística y humanista, y la protección de su dignidad y sus derechos. La OMEP quiere subrayar la importancia de crear un mundo sostenible, para la humanidad, para el planeta, y especialmente para las infancias. Continuaremos trabajando en solidaridad para defender y mantener el progreso hecho en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el ODS 4 [de la educación], convencidos y convencidas de que la educación es la principal herramienta para construir un mundo mejor para todos y todas, sin dejar a nadie atrás”, declaró la organización.

>> Documento completo


Foto: Gajendra Bhati

Nicaragua: ¿Cómo viven los niños, niñas y adolescentes la crisis sanitaria generada por el COVID-19?

3 de Julio de 2020

Ante la situación generada por la pandemia del COVID-19, la Federación Coordinadora Nicaragüense de Organizaciones que trabajan con la Niñez y Adolescencia (CODENI) realizó la consulta virtual “Percepciones de Niñas, Niños y Adolescentes ante la Pandemia del Coronavirus” para saber cuáles son las demandas y las realidades de niños, niñas y adolescentes en este contexto. 

La consulta se realizó entre el 6 de abril y el 8 de mayo de este año y contó con la participación de 131 niños, niñas y adolescentes de 11 organizaciones, que presentaron sus percepciones referentes a cómo viven la emergencia generada por el COVID-19 a nivel personal, familiar y en sus comunidades.

Según el reporte, 24% de las niñas, niños y adolescentes que respondieron a la consulta manifestaron su preocupación por el riesgo del contagio, ya que todavía siguen asistiendo a la escuela. Este mismo porcentaje de participantes de la encuesta considera que el Ministerio de Salud de Nicaragua (MINSA) debe brindar información a la población para que las familias conozcan y tomen medidas de higiene y prevención ante la pandemia, y 20% de los niños, niñas y adolescentes consultadas y consultados defienden la suspensión de las clases durante la crisis sanitaria. 

>> Consulta completa


Foto: Arturo Choque

Bolivia: Más de 2.9 millones de estudiantes están en vulnerabilidad educacional

15 de Junio de 2020

“Considerando la emergencia sanitaria que atraviesa el país por el COVID-19, la CBDE observa con gran preocupación la vulneración del Derecho a la Educación de los más de 2.9 millones de estudiantes del sistema educativo nacional y la respuesta insuficiente y de escasa pertinencia del Ministerio de Educación para hacer frente a este problema”, afirmó la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) en pronunciamiento. 

Según la CBDE, la suspensión de actividades educativas en Bolivia a causa de la pandemia ha generado la interrupción de procesos de enseñanza y aprendizaje en el sistema educativo y, con esta, múltiples consecuencias que producen mayor desigualdad y vulneración del derecho a la educación. “La medida limita la alimentación escolar gratuita afectando la nutrición de los estudiantes, incrementa la brecha digital entre espacios urbanos y rurales y entre unidades educativas fiscales y privadas, desestructura organizaciones estudiantiles y de padres de familia y atenta contra el desarrollo humano de la población”, señala la Campaña en su comunicado.

Añade que la situación se agrava por la ausencia de un Plan de Emergencia para mitigar esos impactos y con el Decreto Supremo 4260 emitido por el gobierno el 6 de junio del 2020, que tiene por objeto normar la complementariedad de las modalidades de atención presencial, a distancia, virtual y semipresencial, en los subsistemas de educación regular, alternativa, especial y superior de Bolivia. 

Según la Campaña Boliviana, el decreto no hace mención a aspectos específicos, como la priorización de contenidos curriculares, aspectos administrativos y de gestión, reprogramación del calendario escolar y tampoco presenta una voluntad clara de parte del Estado de realizar una inversión en favor del derecho a la educación en el contexto COVID-19 para todos y todas los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes, “sobretodo para aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pobreza o en lugares alejados de nuestro territorio”. La Campaña también dice que dicho decreto carece de consenso porque no fue elaborado con la participación de los sujetos de la comunidad educativa.

En el pronunciamiento, además, exhorta al Ministerio de Educación para que tome una serie de medidas de manera inmediata, entre ellas el desarrollo de un Plan de Emergencia Educativa ante el COVID-19 (durante y después de la cuarentena) “con lineamientos y reglamentación clara y detallada, con enfoque intercultural, intersectorial, que afirme el Derecho a la Protección Social para garantizar las condiciones necesarias del cumplimiento del Derecho a la Educación”.

>> Pronunciamiento completo


Foto: Soumen82hazra/Pixabay

¿Cómo deben ser la educación y el cuidado en la primera infancia post-COVID-19?

10 de Junio de 2020

“Si bien la enfermedad causada por el COVID-19 no afecta a los niños de la misma forma que está afectando las personas de otras edades, los efectos colaterales que está teniendo para la infancia son los más duros”, afirmó Luis Ernesto Pedernera, presidente del Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU (CDN), durante el diálogo virtual “La educación y el cuidado en la primera infancia en América Latina y el Caribe ante tiempos de pandemia”, realizado el 28 de mayo por la CLADE, en alianza con OMEP América Latina y EDUCO.

Subrayando los impactos de la pandemia en la salud mental y física de los niños y las niñas, Luis Pedernera defendió la construcción de una nueva realidad para la educación y el cuidado en la primera infancia. “No estoy de acuerdo con que tenemos que volver a una nueva normalidad. Hay que construir una nueva realidad. Este es el momento para construir una nueva realidad en términos de relaciones humanas y de relaciones pedagógicas”, dijo. 

Para el presidente del CDN, en este contexto, no deberían a las familias dejar sin apoyo frente un panorama de azar. “Hemos visto que las familias están enfrentando la pandemia y deben recibir un acompañamiento psicosocial y pedagógico para que la pandemia no sea vivida en soledad por la familia”, afirmó. 

«El acceso a la educación debe ser para todas y todos. En ese sentido, en primera infancia este acceso también implica la posibilidad de pensar a la familia como la protectora del derecho a la educación»

Al lado de Luis Pedernera, participaron en el encuentro: Alexandra Inmaculada Santelises Joaquín, directora de Educación Inicial del Ministerio de Educación de República Dominicana; Cristina Lustemberg, diputada de Uruguay; Constanza Alarcón, viceministra de Educación de Colombia; y Mercedes Mayol Lassalle, presidenta mundial de OMEP. Mikel Egibar, de EDUCO, se hizo cargo de la moderación. 

Para Mercedes Mayol Lassalle, construir esa nueva realidad demanda desarrollar políticas públicas desde el enfoque de derechos, con una concepción integral e intersectorial de la educación y la infancia. “El acceso a la educación debe ser para todas y todos. En ese sentido, en primera infancia este acceso también implica la posibilidad de pensar a la familia como la protectora del derecho a la educación, no solamente pensando en los sistemas institucionalizados, sino que muchos niños y muchas niñas pequeños/as se quedan en sus hogares varios años antes de llegar a los formatos institucionales. Y es allí donde nosotros como sociedades y también la política pública deben encontrar el lugar para poder trabajar en una democratización y despatriarcalización de las familias”, afirmó.


Financiamiento y valoración de educadoras y educadores

Para el presidente del Comité de la ONU, los presupuestos en materia de inversión social deben ser ampliados. La presidenta mundial de OMEP también se manifestó de acuerdo con el aumento del presupuesto para la educación y el cuidado en la primera infancia. 

“El financiamiento es absolutamente central, pero enfrentaremos un problema que ya está ocurriendo: hay un debate sobre de dónde se va a poner el dinero en el post-COVID y, de acuerdo con los otros escenarios, realmente el financiamiento va a ser escaso. De esa manera, se hace necesario que haya una decisión política para blindar el aumento [de recursos]”, señaló.

Añadió que es esencial responder desde los gobiernos a la necesidad de valorar y reconocer la importância de los educadores y las educadoras. “Esa es una tarea central en el desarrollo fundante que tiene la primera infancia en acompañar a estos educadores, en cuidar a los que cuidan”, explicó.


La educación que queremos

Los ejemplos de lo que ha pasado en Japón y China en la post-pandemia, donde las y los estudiantes regresaron a sus aulas en escuelas robotizadas, con distancias marcadas en el piso y de manera totalmente deshumanizada, no deben ser seguidos para el cumplimiento de una educación de calidad y desde una perspectiva de derechos, según Luis Pedernera. 

“Hace poco, leí un artículo de una filósofa pedagoga y un pediatra español [Heike Freire y José María Paricio Talayero] y ellos llaman a crear una nueva escuela, pero no esa escuela robotizada, sino una escuela íntima, es decir, no masificada, en donde las relaciones y lo humano estén por sobre otras cuestiones, incluso lo académico; una escuela mutua que se abra a la participación de otras disciplinas, de voluntarios y también de la familia. Una escuela coherente y que vuelva a dialogar con la naturaleza”, afirmó el presidente del CDN. 

«El desarrollo se extiende, se amplía y se enriquece gracias a la cultura, al juego, a las artes y a los sentidos que vamos construyendo en comunidad”

A su vez, Mercedes Mayol Lassalle llamó la atención hacia la calidad de la política pública y su relación con la participación democrática de la comunidad educativa en su construcción. Para ella, los programas deben acercarse tanto a las familias como a los niños y las niñas, y la calidad no puede tener solo un parámetro. “No es fijar, es construir sentido y esa construcción de sentido se hace junto con la comunidad, junto con las familias. Es algo móvil, se construye a través de la participación y la democracia, incluyendo por supuesto al juego, al lenguaje de las artes, a la cultura, porque el desarrollo no es natural, es cultural. El desarrollo se extiende, se amplía y se enriquece gracias a la cultura, al juego, a las artes y a los sentidos que vamos construyendo en comunidad”, explicó. 


Foto: Mídia Ninja

Brasil: Redes e investigadoras/es presentan nota técnica para el monitoreo de políticas educativas durante la pandemia

“El deber de la transparencia pública por parte de los sistemas de enseñanza es un compromiso con la garantía del derecho a la educación de los y las estudiantes, principalmente en el contexto de urgencia de la pandemia”, afirma la Nota Técnica “Recomendaciones para la disponibilidad y recolección de datos sobre las acciones de las redes de enseñanza relacionadas a las actividades educativas durante la pandemia COVID-19”, divulgada por grupos de investigadoras/es, organizaciones y redes de la sociedad civil, entre ellas la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación (CNDE). 

El documento afirma que es deber del Estado producir y disponibilizar datos e información que permitan monitorear eventuales efectos de la discriminación en la educación. Recomienda que las redes de enseñanza presenten datos fiables respecto a las medidas tomadas, democratizando el acceso a la información y facilitando el control social de las políticas. Según la CNDE, eso permitirá mejorar las acciones emergenciales, mientras todavía es posible corregir los rumbos y prevenir distorsiones. 

“Desde el principio de la pandemia, hemos alertado para los riesgos de discriminación que políticas de educación remota pueden causar, y hemos producido guías de orientación a las comunidades y al poder público para evitar y prevenir violaciones”, afirmó Andressa Pellanda, coordinadora de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación. Ella explica que la nota técnica es un esfuerzo colectivo para monitorear y evaluar las políticas de educación remota que ya fueron y serán implementadas. 

>> Nota técnica de la CNDE


Guía 6: Las voces de la comunidad escolar

Publicada por la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación ayer, 9 de junio, esta guía forma parte en una serie de otros recursos lanzados por la campaña para apoyar comunidades educativas y autoridades en el contexto de pandemia, desde diferentes enfoques. Esta última guía tiene por objetivo ampliar las voces de las comunidades educativas de diferentes rincones del país, sobre cómo están vivenciando el derecho a la educación en el contexto de crisis sanitaria.

Con la publicación, se quiere contribuir a concretar el principio constitucional de la gestión democrática – que necesariamente involucra la participación de las trabajadoras y trabajadores de la escuela, las familias y estudiantes.

>>  Guia 6 – Comunidade Escolar

>> Otras guías lanzadas recientemente por la CNDE


Aula de clase de EPJA
MEC/João Bittar

Colombia: Coalición denuncia Ministerio de Educación por suspensión de la EPJA en el país

9 de Junio de 2020

La Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE) divulgó un pronunciamiento público, en el cual denuncia al Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) por suspender la realización de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) a partir del segundo semestre de 2020, hasta que la crisis sanitaria por el COVID-19 termine. 

Según la coalición, la directiva del Ministerio publicada el 5 de marzo de 2020, que prioriza la implementación de estrategias pedagógicas de trabajo en casa y de una modalidad de complemento alimentario para consumo en casa a la población en edad escolar, suspende la contratación de la prestación del servicio educativo para personas adultas durante la presente vigencia, así como suspende el ingreso de personas jóvenes y adultas para el siguiente ciclo, hasta el 2021.

“En un país tan desigual como Colombia, esta Directiva 05 del MEN es discriminatoria y acrecienta la injusticia social y educativa, al negar el derecho a la educación a las personas jóvenes y adultas más excluidas y empobrecidas de nuestro país, que están en esta modalidad de educación porque antes han sido excluidas del sistema educativo y su derecho humano a la educación ha sido negado a lo largo de su vida; con esta resolución de nuevo es violado este derecho y se reincide en su exclusión”, afirma la coalición en su pronunciamiento.

En el comunicado, la CCDE hace un llamado a la ministra de Educación y a su equipo para que revisen esta medida y, de manera inmediata, se restablezca el Derecho Humano a la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas, permitiendo la matrícula para el segundo semestre y el próximo año a las personas que requieren esta educación.

>> Pronunciamiento público de la CCDE completo


Foto: Felipe Barros/ExLibris/PMI

¿Cómo llevar a cabo las evaluaciones educativas en plena pandemia?

8 de Junio de 2020

La actual crisis sanitaria en América Latina y el Caribe provocada por el COVID-19 ha movilizado estudiantes, docentes, gestoras y gestores de la educación, autoridades, activistas y personas estudiosas del área de la educación para construir acciones y políticas públicas que lleven a reducir al máximo los impactos de la pandemia en la educación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas. 

Durante el proceso de aislamiento social, escuelas fueron cerradas y, muchas y muchos estudiantes tuvieron que recurrir a la Internet para acceder a los contenidos educativos, contexto que terminó por agravar las disparidades sociales, ya que gran parte del estudiantado no cuenta con infraestructura suficiente para lograr aprender mínimamente a la distancia – Internet de calidad, computadora, ambiente propicio para estudios, etc. 

En este escenario, ¿es posible realizar una evaluación educativa justa para todas/os las y los estudiantes? Para empezar a analizar el tema, presentamos dos casos dispares en América Latina y el Caribe: Argentina y Brasil que, a pesar de vecinos, llevan adelante políticas educativas completamente distintas. 

Argentina

Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno argentino, desde la llegada del COVID-19 a su país, ha tomado las más estrictas decisiones para contener el avance del virus: distanciamiento social, apoyo financiero a poblaciones en situación de vulnerabilidad y cierre de instituciones privadas y públicas, como las escuelas, entre otras. 

En el campo educativo, la respuesta a la crisis sanitaria en Argentina fue casi que instantánea. “Como toda emergencia tuvo su momento de caos creativo, de distribución de contenidos y tareas que poco a poco intenta ordenarse, a través de políticas públicas con un Ministerio de Educación activo y articulador de consensos, con las jurisdicciones, organizaciones sociales y sindicales”, dijo Marcela Browne, de la Fundación SES y miembro de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE).

Según la activista, el actual contexto de educación en el hogar, atravesado por las desigualdades, con por lo menos un 50% de niñas y niños en situación de pobreza, con una gran diversidad de realidades educativas y la falta de conectividad y equipos tecnológicos, apunta hacia enormes desafíos. “En este tiempo, hay experiencias educativas interesantísimas, ventanas que se abrieron y es necesario sistematizar y evaluar para seguir aprendiendo. Al mismo tiempo, hay circunstancias muy difíciles donde la prioridad ha sido resolver el derecho a la alimentación, el acceso al agua, entre otros, y las tareas escolares aún no llegaron o no se les pudo dar respuesta”, afirmó Marcela Browne. 

«Celebramos que el Consejo Federal de Educación haya decidido no transitar y sí poner el foco en el restablecimiento y fortalecimiento del vínculo entre los/as educadores y los/as estudiantes como andamiajes indispensables para el fortalecimiento del proceso de aprendizajes»

En este sentido, seguir con el mismo proceso de evaluación educativa y acreditación de contenidos, como si no hubiera pandemia, podría agudizar aún más las desigualdades educativas que afectan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Por ello, el Consejo Federal de Educación de Argentina decidió en mayo, de forma unánime, que en el territorio nacional en este contexto de excepcionalidad, la evaluación será de carácter formativo y tendrá por propósito retroalimentar el proceso de aprendizaje, adaptar contenidos y hacer devoluciones orientativas a las y los estudiantes y a las familias.

De esta manera, la evaluación de estudiantes en este período se centrará en el acompañamiento, seguimiento, registro y devolución a familias y estudiantes del proceso.

“La posibilidad de evaluación y acreditación de contenidos sería un camino de profundización de la exclusión educativa. Celebramos que el Consejo Federal de Educación haya decidido no transitar y sí poner el foco en el restablecimiento y fortalecimiento del vínculo entre los/as educadores y los/as estudiantes como andamiajes indispensables para el fortalecimiento del proceso de aprendizajes”, añadió la integrante de la CADE.


Brasil

El gobierno brasileño, por otro lado, se ha negado a seguir las recomendaciones de la OMS, como el aislamiento social para contener la crisis sanitaria. “En un momento en que Brasil es reconocido como el principal foco de la pandemia en América Latina y el Caribe, el gobierno asume una postura burlesca ante la gravedad de la situación, y a la vez irresponsable y violenta, en el sentido de que estimula conflictos sociales y la polarización política, y defiende que la población se arme, contribuyendo a profundizar los impactos negativos del COVID-19 y a agravar la inestabilidad política, social, sanitaria y económica en la que el país se encuentra”, afirmó la CLADE en nota publicada la semana pasada.

Esta política negacionista no fue diferente en términos de educación: el gobierno brasileño se niega a hacer cualquier tipo de cambio en relación a las evaluaciones educativas, ya que desde el principio de la crisis sanitaria en el país, ha defendido la reapertura de las escuelas y universidades, en un escenario de graves riesgos de contagio por el COVID-19 y ante un recorte de 19.8 mil millones de reales (3.62 mil millones de dólares) en el presupuesto de la educación para el 2020.

“Someter todos estos y estas jóvenes, en situación de excepcional desigualdad de oportunidades, a un mismo examen para acceder a la Educación Superior es injusto e inconstitucional”

Hubo fuerte presión de organizaciones, redes y movimientos sociales, entre ellos la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE), exigiendo al Ministerio de Educación la suspensión del calendario previsto para el Examen Nacional de la Secundaria (Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM), la evaluación educativa más relevante para la etapa secundaria en el país, cuya realización permite que las y los estudiantes puedan ingresar a la universidad pública. El Congreso Nacional de Brasil también se manifestó a favor de la suspensión de la prueba. Solo después de estas expresiones de la población y del parlamento, el gobierno decidió posponer la realización de la evaluación, que estaba prevista para noviembre. 

“Someter todos estos y estas jóvenes, en situación de excepcional desigualdad de oportunidades, a un mismo examen para acceder a la Educación Superior es injusto e inconstitucional”, manifestó la CNDE en entrevista al periódico O Globo

La Campaña, al lado de otros movimientos y organizaciones que defienden el derecho a la educación pública en el país, luchan para que el examen nacional se suspenda de manera definitiva. 

“No basta que el gobierno federal imponga una nueva fecha simplemente para disminuir el debate alrededor del tema. Por lo contrario, el diálogo con las Secretarías de Educación, consejos, entidades de clase, representaciones estudiantiles, municipales y estaduales, y organizaciones y movimientos de la sociedad civil es una medida que se impone en un escenario de incertidumbre generalizada y que es exigida por la Constitución Federal”, afirman la CNDE y otras organizaciones en demanda al Tribunal Regional Federal por la suspensión del ENEM.


La foto muestra a un niño, del pecho para arriba, de aproximadamente 6 años de edad, Tiene el cabello rapado y de color negro, ojos negros, un poco rasgados, que miran fijamente a la cámara. Lleva una camisa de botones de color blanco. Atrás del niño, al fondo de la foto, se ve un tablero de color verde, con una frase escrita, en letra infantil, con tiza de color blanco que dice: “Qué bonita es mi lengua”.  En el extremo inferior derecho de la foto, están los créditos de la foto, con el texto de color negro: “Foto: GPE/Paul Martinez”. Fin de la descripción.
GPE/Paul Martinez

Nicaragua: Organizaciones exigen la inmediata suspensión de las clases presenciales durante la pandemia

“En el contexto de crisis socio política y la pandemia, denunciamos que la falta de acceso a estadísticas confiables, claras y actualizadas, que imposibilita conocer el estado de situación en que se encuentran y las afectaciones que sufren. (…) La no suspensión de las clases tiene como consecuencia que personal administrativo, docentes y estudiantes estén vulnerables al contagio y por consiguiente afecten a sus familiares”, afirma la nota divulgada por la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONGs que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI), en el marco de la realización de la Semana de la Niñez y Adolescencia en el país. 

Diferente de otros países de América Latina y el Caribe, Nicaragua todavía no ha cerrado las escuelas. “La no suspensión de las clases tiene como consecuencia que personal administrativo, docentes y estudiantes estén vulnerables al contagio y por consiguiente afecten a sus familiares. Exigimos al Estado nicaragüense aplicar de manera urgente las medidas sanitarias recomendadas por la OMS [Organización Mundial de Salud] y la inmediata suspensión de las clases presenciales a nivel nacional para reducir los riesgos de contagios en los más de 1 millón 800 mil estudiantes, docentes y personal administrativo del sistema de educación y sus familias, debido a la falta de agua potable y condiciones básicas de higiene y salud en los centros de educación pública”, dice la nota. 

En el comunicado, también se condena la agudización de la violencia sexual, el embarazo adolescente, la maternidad impuesta y los feminicidios contra niñas, adolescentes y mujeres, quienes se encuentran en la indefensión por la inoperancia del Estado, al no garantizar las medidas de protección pertinentes. “Demandamos al Estado asumir y cumplir su rol de garante y protector de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la implementación de acciones que los proteja; destinar los recursos económicos necesarios para las instituciones públicas y realizar investigaciones transparentes ante las situaciones de violaciones a los Derechos Humanos, para determinar los responsables y alcanzar justicia y reparación a las víctimas”. 

>> Nota completa. 


El Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua (FEDH-IPN), socio de la CLADE en el país, es miembro de la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONGs que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI).