Informe Regional. Alcances y limitaciones del uso de las TIC para garantizar el derecho a la educación en América Latina y el Caribe: una reflexión desde escuelas públicas primarias en Argentina, Bolivia y Guatemala
9 de mayo de 2023La pandemia de Covid-19 provocó que los países de América Latina y el Caribe (ALC) acelerasen el uso de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) en distintas esferas de la vida social.
En el ámbito educativo, los gobiernos tuvieron que elaborar en muy poco tiempo programas educativos en línea, así como por radio y televisión, con el objetivo de lograr una continuidad pedagógica después de la suspensión de clases presenciales. Sin embargo, los sistemas educativos se encontraban poco preparados en términos de formación de personal, infraestructura y medios para enfrentar este fenómeno, que además responde a un proceso de debilitamiento de lo público por la falta de políticas y financiamiento para las TIC en el ámbito educativo.
Se hace necesaria una mirada desde el territorio de las escuelas, con el objetivo de aproximarnos al conocimiento de cómo han trabajado el tema, las limitaciones y posibilidades que encuentran desde un abanico de actores y vincular estas voces con las que vienen desde el campo de los derechos digitales y el derecho a la educación.
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Adolescentes y jóvenes: derecho a la educación, pandemia y brecha digital en América Latina y el Caribe
4 de mayo de 2023Dividida en dos partes, esta publicación presenta las perspectivas2 de las, les y los jóvenes y adolescentes respecto al derecho a la educación durante la pandemia y la postpandemia en la región con miras a fortalecer sus espacios de diálogo y participación.
La primera parte se refiere a la sistematización de una encuesta aplicada en doce países y que contó con la participación de 219 adolescentes (13 a 17 años cumplidos) y jóvenes (18 años en adelante) con preguntas abiertas y cerradas y diálogos individuales y grupales con adolescentes y jóvenes para conocer sus experiencias, vivencias y percepciones respecto a cómo vivieron el ejercicio del derecho a la educación en la pandemia y la postpandemia.
En la segunda parte, se sistematizan algunas experiencias lideradas por jóvenes que impulsaron acciones para disminuir las barreras que tuvieron niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de su derecho a la educación durante el cierre de escuelas y centros educativos, destacando las buenas prácticas – que pueden ser fortalecidas o servir de referente para nuevas propuestas- sobre acciones que faciliten el acceso y permanencia de adolescentes y jóvenes en la educación.
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La incidencia política de las sociedade civil por el derecho humano a la educación- Volumen 4
20 de enero de 2023Esta publicación hace un recorrido sobre las acciones de incidencia política emprendidas en la región y en cada país a fines de aportar a la reflexión colectiva sobre la coyuntura política y el DHE en la región, así como visibilizar la importancia de actuar en red.
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Foro de Alto Nivel: Agenda nutrida entre la interseccionalidad, la inclusión y el rol docente
1 de agosto de 2022La Agenda 2030 es una hoja de ruta en el que se han comprometido los Estados miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a través de un conjunto de objetivos globales como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) son 17 y se concretan con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental para asumir este compromiso común y universal prioritario para los próximos 15 años.
El Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU convoca el Foro Político de Alto Nivel (por sus siglas en inglés HLPF), sobre el desarrollo sostenible como la plataforma central de seguimiento y examen de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Con el lema “Reconstruir mejor a partir de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) mientras se avanza en la implementación total de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” se convocó el Foro Político de Alto Nivel en 2022.
Compartimos declaraciones de Madeleine Zúñiga, vicepresidenta de la Campaña Mundial por la Educación (CME) e integrante de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE), miembro de CLADE, quien ofrece su análisis a propósito de su participación como leader discussant (comentarista) en el Foro Político de Alto Nivel que se reunió en Nueva York desde el 5 hasta 15 de julio.
El escenario de la sociedad civil para su participación en el Foro
La participación en el Foro Político de Alto Nivel es restringida, ya que se reúnen 24 organizaciones entre los Grupos Mayores de sociedad civil y los Stakeholders (partes interesadas), a pesar de los esfuerzos realizados por el ECOSOC a juicio de Zúñiga.
A pesar del poco tiempo en agenda, Zúñiga quien fue invitada como comentarista valora positivamente la amplitud de los eventos paralelos para dar la palabra a la diversidad de la sociedad civil. También subraya la importancia que han tenido los Foros Nacionales y Coaliciones por el Derecho a la Educación durante la presentación de los Informes Nacionales Voluntarios, mejor conocidos como Revisiones Nacionales Voluntarias (por sus siglas en inglés VNR), especialmente hace mención a Argentina, Brasil y El Salvador.
Relevancia del rol docente, el financiamiento y la brecha digital
Para Zúñiga “(…) desde un comienzo se habló de los efectos de la pandemia y cómo reconstruirnos de una mejor manera, para la educación y aprendizaje a lo largo de la vida(…) algo por lo que se ha peleado muchísimo(…) que ahora aparecía mencionado explícitamente” lo cual se considera un gran logro de incidencia en los espacios internacionales.
El rol de docentes, así como su formación ocuparon un espacio importante en la agenda de debate del Foro Político de Alto Nivel, ya que “docentes han pasado a ser sujetos de derechos”, afirmó Zúñiga. Los y las docentes atravesaron muchas dificultades para dar continuidad educativa en tiempos de la pandemia, tuvieran afectaciones derivadas de la brecha digital, insuficiente conectividad y/o acceso a dispositivos, evidenciando la desigualdad que profundizó la crisis sanitaria.
Inclusión, interseccionalidad y financiamiento en la educación
Diversos temas se pusieron en la mesa de debate durante el Foro Político de Alto Nivel en este año 2022, para Zúñiga uno de ellos fue la diversidad de enfoques sobre el término de inclusión, ya que “la tendencia sigue siendo a asociar la educación inclusiva a personas con discapacidad, la verdad sea dicha, el lema que nadie queda atrás (…) partir por pensar quiénes están quedando atrás tradicionalmente”, con las debidas especificidades niñas, mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad, personas en situación de calle, personas migrantes y refugiadas, personas privadas de libertad, por mencionar algunas.
Si bien se considera la educación uno de los motores para el cumplimiento de los ODS, según Zúñiga es fundamental una “intervención intersectorial” que articule y vincule los diversos objetivos. Por lo cual se reitera el llamado a la acción para que las alianzas estratégicas concreten un Nuevo Pacto Social que exprese la voluntad política del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Adicionalmente se mantiene la atención sobre el financiamiento a la educación, el aumento de la participación de docentes en la construcción de políticas educativas y el fortalecimiento de la formación crítica con enfoques de equidad, calidad, pertinencia y diversidad.
Argentina: Concluye la III Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe
6 de junio de 2022
“Reconocemos a la educación como un derecho humano fundamental que pone a las y a los estudiantes y a las comunidades en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. La educación es una herramienta para combatir la desigualdad y construir sociedades justas, equitativas y pacíficas”, subraya la Declaración de Buenos Aires 2022 “El derecho a la educación en contexto: recuperar y transformar, aprobada durante la III Reunión Regional de Ministras y Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, encuentro convocado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y realizado entre el 26 y 27 de mayo en Buenos Aires, Argentina.
El encuentro afirmó los compromisos asumidos por las máximas autoridades educativas de la región durante la anterior, realizada en 2018 en Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia, y tuvo por finalidad dar seguimiento a la implementación del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, para todas las personas”.
El documento aprobado renueva también el compromiso por reducir la desigualdad social y educativa, considerando que la educación es un derecho humano universal y un bien público social para todas y todos los ciudadanos de nuestros pueblos. “Ponemos toda nuestra voluntad para seguir trabajando por la calidad y pertinencia de la educación a lo largo de toda la vida, desde la primera infancia hasta la educación superior y de adultos y por la expansión de la cobertura en todos los niveles educativos.
Trabajaremos también por el compromiso de enriquecer los contenidos educativos y las prácticas de los sistemas educativos para el desarrollo de conocimientos, valores y habilidades, necesarios para enfrentar los desafíos de nuestro mundo cambiante, con un enfoque de derechos y con miras al desarrollo sostenible y la cultura de paz”.
Se suman voces y voluntades por el derecho a la educación
Durante la reunión, el presidente de Argentina Alberto Fernández dijo “La igualdad para aprender debería ser una consigna para toda América Latina y el Caribe.” Por su parte, el ministro de Educación Perczyk en la apertura expresó: “La educación es una de las vías más importantes para alcanzar mayor justicia social, emancipación y liberación de los seres humanos, y para transformar nuestras sociedades”.
La ministra de Educación de Colombia, María Victoria Angulo, formó parte de la apertura y dijo que “los sistemas educativos de la región enfrentan viejas y nuevas tensiones en su objetivo de garantizar el derecho a la educación a lo largo de la vida para todos y todas y en ese marco, ello nos invita a un llamado a la acción que redoble esfuerzos, la realidad del retorno a las clases presenciales nos exige un trabajo arduo en el cierre de brechas de aprendizaje, así como en la innovación y la inversión de recursos que promueven trayectorias educativas y desarrollo integral para una educación de calidad”.
Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) afirmó que “la pérdida en los aprendizajes y en el bienestar que millones de niños y niñas y jóvenes sufrieron durante la pandemia pone en riesgo su futuro y su esperanza. No hay tiempo que perder para poner en marcha todas las medidas necesarias para reparar este daño y así evitar que sus consecuencias se tornen permanentes o irreparables”.
En el contexto regional, Venezuela y Cuba pidieron solidaridad ya que el bloqueo económico que persiste hacia sus países afecta de manera directa a la educación.
Cambios en la economía para cambiar la sociedad
En los aspectos mencionados durante la reunión hubo coincidencia respecto a que los sistemas educativos requieren una mayor inversión para ser más justos y equitativos, para lo cual se deben considerar acciones destinadas a favorecer el encuentro de todos los actores que conforman la comunidad educativa. Además, se hizo hincapié en revalorizar el papel de las familias y las organizaciones de la comunidad que se han construido como una fuerza catalizadora de soluciones en cada entorno.
El modelo económico requiere ser transformado, porque la pobreza afecta de manera directa el derecho a la educación. En la actualidad, el creciente endeudamiento de los países hace que los esfuerzos económicos de los países fueran destinados al pago de la deuda y por lo tanto, los presupuestos educativos decrecieron; sin embargo no tendría que mantenerse esta tendencia a futuro.
Volver a la escuela implica la oportunidad de repensar el sistema educativo en términos de regímenes académicos y recursos pedagógicos que incluyan la diversidad de trayectorias, especialmente para aquellas personas que acumulan desventajas y requieren de medidas educativas alternativas y de protección social complementaria para garantizar el derecho humano a la educación.
Es importante consolidar una voz regional que respalde la necesidad de priorizar la educación en la agenda pública, garantizando el financiamiento y la voluntad política para reintegrar al conjunto de estudiantes a la escuela, establecer sistemas de alerta temprana para identificar a los que están en riesgo de abandono escolar, recuperar los aprendizajes, fortalecer el bienestar socio emocional de toda la comunidad educativa, y valorar, apoyar y formar a los y las docentes, que también se encuentran atravesados/as por los efectos traumáticos de la pandemia.
CLADE presenta hoja de Ruta
Para seguir trabajando en las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible en el ámbito regional, Marcela Browne en nombre de la CLADE, presentó la Hoja de Ruta (2022-2025). Agenda de Educación 2030 en América Latina y el Caribe junto a Claudia Uribe, Directora de la Oficina de la OREALC/UNESCO; Hugo Yasky, presidente del Comité Regional de la Internacional de la Educación; Jaime Perczyk, Ministro de Educación de la Nación Argentina; Andrea García, Secretaria de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias del Ministerio de Educación de la Argentina.
Bolivia: emergencia en recintos universitarios
30 de mayo de 2022El 9 de mayo en la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) de Potosí, en el marco del debate de una asamblea estudiantil surgió una situación de confusión originada por gas lacrimógeno en el coliseo donde se convocó el Comité para la elección de la Federación Universitaria local 2022 – 2025. La angustia de centenares de asistentes en el momento de la evacuación del recinto derivó en una estampida, ocasionando la muerte de cuatro estudiantes mujeres. Cerca de cincuenta y un estudiantes estuvieron en la atención del Seguro Social de la Universidad Pública, pero se registraron siete estudiantes con heridas medianas y leves. Potosí es una ciudad minera de 270 mil habitantes, el hospital público colapsó por la confluencia de personas heridas.
Dos meses antes, el 2 de marzo del año 2021, la baranda de seguridad del cuarto piso del edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) había cedido, ocasionando la caída de once estudiantes, siete con edades entre 19 y 23 años murieron. La estructura no soportó más de 60 personas en un solo piso, y se menciona que se irrespetaron las medidas de distanciamiento y bioseguridad de la pandemia durante la concentración. El Alto es la ciudad más poblada del departamento y la segunda ciudad más poblada de Bolivia, ubicada en la Provincia Pedro Domingo Murillo del departamento de La Paz.
Falta de infraestructura para estudiar
La prevención de riesgo, mantenimiento de infraestructura y seguridad integral de los espacios universitarios se pone de relieve ante estos hechos que suman 11 jóvenes estudiantes que han perdido la vida. Se pone en evidencia la necesidad del debido seguimiento para la reparación y tratamiento de accidentes, cuidado y protección de la comunidad académica.
Durante la pandemia hubo una tendencia a priorizar el presupuesto para la atención de la emergencia sanitaria en primer lugar, en diversos casos se recondujo en el ámbito educativo a soportes tecnológicos que garantizarán la educación virtual, a distancia digital, marginando el sostenimiento de las infraestructuras físicas que se destinarían a la educación presencial una vez pasada las medidas de confinamiento doméstico.
Existe insuficiente información sobre la distribución financiera para universidades públicas en la mayoría de los países de nuestra región. Se desconoce lo destinado a la adecuación física y mantenimiento de infraestructura universitarias que sin duda representa un rubro que amerita la atención correspondiente para garantizar la educación como derecho.
Con información de DW y el Diario La Opinión.
República Dominicana: Foro Socieducativo promueve la reactivación del Pacto Nacional para la Reforma Educativa
22 de marzo de 2022Con el propósito de revertir los efectos negativos de la pandemia al derecho a la educación de estudiantes en República Dominicana, el Foro Socioeducativo, junto a otras organizaciones y personas comprometidas con la educación de país, convocó para este miércoles (23/3) una plenária pública para reactivar el Pacto Nacional de la Reforma Educativa en el país.
“Entendemos que es un momento de trabajar juntos para pensar, colectivamente, en cómo resarcir a la sociedad, y particularmente a nuestros niños y jóvenes de las oportunidades perdidas”, se afirma en la nota publicada por el Foro.
Llamado urgente a cada maestro y maestra
Entre las organizaciones llamadas a dialogar para la construcción del pacto nacional está la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que es el principal sindicato de profesores del país.
“Hacemos un llamado urgente a cada maestro y maestra, de manera particular, y a la ADP, como gremio de profesores, a deponer ese medio de lucha y a integrarse a la mesa del diálogo del Pacto Nacional para la Reforma Educativa para que, en un ambiente democrático, plantear los problemas y buscar soluciones. El Foro Socioeducativo está comprometido a luchar por el bienestar de los maestros y las maestras, tanto como por el de las y los estudiantes, pero en un clima de respeto y de diálogo civilizado que tenga como base el respeto al derecho de los más vulnerables: nuestros niños, niñas y jóvenes”, se comunica en la nota.
>> Lee el documento completo “Foro Socieducativo en Defensa de los niños, jóvenes y adolescentes dominicanos”
“La deuda de los países latinoamericanos y caribeños desvía recursos que serían claves para una recuperación de la pandemia sostenible, verde e inclusiva”
9 de marzo de 2022En el primer día de actividades del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, organizado por la CEPAL, que se realiza del 7 al 9 de marzo en Costa Rica, tuvo lugar un panel de sobre el financiamiento del desarrollo sostenible, con la participación de representantes de bancos e instituciones financieras regionales e internacionales.
El canciller de la República de Costa Rica, Rodolfo Solano Quirós, introdujo la temática del debate, presentando desafíos para el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en América Latina y el Caribe, y también propuestas para mejorar este escenario, de acuerdo a la CEPAL.
Según datos de esta Comisión, citados por Quirós, la deuda bruta promedio en América Latina y el Caribe es de cerca de 77,7% del PIB regional, representando un desvío importante de recursos claves de los países, que podrían proveer bienes públicos esenciales para la reconstrucción y recuperación frente a la pandemia COVID-19, de manera sostenible, verde e inclusiva.
El canciller de Costa Rica explicó que la situación fiscal de los países de la región ya presentaba un espacio estrecho para inversiones públicas antes de la pandemia, y con ella se agravó debido a la menor recaudación y los mayores gastos con necesidades inmediatas generados por el contexto de COVID-19.
Señaló también el fuerte impacto de la pandemia en sectores económicos como el turismo, especialmente para países del Caribe, ante las medidas de distanciamiento y restricción a la movilidad.
“En este escenario, tenemos un estrecho espacio fiscal para abordar las necesidades de desarrollo sostenible y brechas estructurales de nuestra región”, destacó.
Agenda innovadora de financiamiento para el desarrollo en la región
Según Quirós, la pandemia no solo impactó la región en términos de desempleo, pobreza y disminución de la inversión, sino que además obstaculizó derechos económicos, culturales, sociales y ambientales de nuestras poblaciones, especialmente las más vulnerables.
En esta coyuntura, agregó, las respuestas de los organismos multilaterales han sido limitadas y se restringieron a países con menores ingresos. “Eso ha representado desafíos para los países de renta media y renta media alta respecto a sus posibilidades de acceder a financiamiento y modalidades de cooperación, con impactos en sus capacidades reales de abordar de manera sostenible los retos de desarrollo”, afirmó.
En la parte final de su exposición, Quirós presentó propuestas innovadoras para mejorar el financiamiento del desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, según el informe especial de CEPAL intitulado “Una agenda innovadora de financiamiento para el desarrollo para la recuperación de América Latina y el Caribe”.
5 propuestas para garantizar el financiamiento a los ODS
El informe de CEPAL destaca 5 propuestas o puntos principales:
1 – ampliar y redistribuir la liquidez de países desarrollados hacia países en desarrollo, desde propuestas como redireccionar los derechos especiales de giro (DEG) no utilizados por países desarrollados para países en desarrollo; y crear fondos multilaterales para la reconstrucción, por ejemplo el FACE (fondo para aliviar los impactos a la economía por el COVID-19), con el objetivo de aumentar la liquidez y el acceso a financiamiento con tasas de interés accesibles.
2 – fortalecer la cooperación regional y aumentar la capacidad de préstamos y respuestas de instituciones financieras regionales, subregionales y nacionales de América Latina y el Caribe, fortaleciendo la cooperación entre ellas.
3 – reformar la institucionalidad de la arquitectura de la deuda multilateral y de los sistemas fiscales: se requieren políticas fiscales contra la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos, además, contra los abusos fiscales por parte de las corporaciones.
4- proporcionar a los países instrumentos innovadores para posibilitar el reembolso de la deuda y evitar el endeudamiento excesivo.
5 – integrar medidas de liquidez y reducción de la deuda a estrategias de resiliencia de largo plazo, así como adoptar medidas innovadoras de financiamiento, como bonos verdes y azules.
“Los bancos multilaterales deben apoyar los esfuerzos que ya hacen las instituciones regionales en la dirección del desarrollo sostenible. ¿Qué medidas los bancos de desarrollo pueden adoptar para ampliar la liquidez y distribuirla a países en desarrollo, sin excluir los países de renta media del acceso al financiamiento concesional? ¿Qué rol deberían jugar los bancos de desarrollo nacionales para movilizar recursos al desarrollo sostenible?”, preguntó Quirós a representantes de bancos presentes en el panel.
Video de la reunión:
“Los derechos humanos son un eje fundamental de la recuperación de la pandemia y para el logro de los ODS”
8 de marzo de 2022Garantizar los derechos humanos para lograr alcanzar los ODS y enfrentar los impactos de la pandemia. Este fue el mensaje central que salió del panel de apertura del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que tuvo inicio hoy y se realiza hasta el 9 de marzo, organizado por la CEPAL.
Participaron en este panel: Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); Amina Mohammed, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas; y Carlos Alvarado, Presidente de la República de Costa Rica.
La presentación y moderación fue realizada por Rodolfo Solano Quirós, ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, quien resaltó que el gobierno de su país ha promovido procesos de recuperación [de la pandemia COVID-19] basados en una agenda innovadora de financiamiento, e invitando a una nueva forma de pensar, entender y crear mecanismos frescos e innovadores para oportunidades de financiamiento del desarrollo sostenible.
“Los derechos humanos son un eje fundamental de la recuperación. Que salgamos de este Foro con acciones concretas para mejorar la calidad de vida de las poblaciones vulnerables”, añadió el Ministro.
Por un multilateralismo activo que apoye la integración regional
A su vez, Alicia Bárcenas destacó que alcanzar los ODS en un contexto de post pandemia, exige un multilateralismo activo que apoye la integración regional. “Debemos también escuchar a las mujeres, las y los jóvenes, a la sociedad civil y al sector privado, que dan forma tangible a la década de acción para la transformación que tenemos adelante”, agregó.
Señaló también como un paso fundamental para avanzar en el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible hasta el 2030: poner al multilateralismo y a las voluntades colectivas por encima de los liderazgos individuales y nacionalismos.
“La región de América Latina y el Caribe ha sido de las más golpeadas por la pandemia. Se magnificaron diferencias respecto al acceso a bienes públicos, como la salud. Las brechas entre países se profundizaron y se afectó especialmente a las naciones de ingreso medio, que son la mayoría de nuestra región”, afirmó.
Informó también que más de un tercio de la población de la región se encuentra en situación de pobreza, y que este problema es coyuntural, pero también estructural, pues ya antes de la pandemia predominaba en la región la cultura del privilegio. “El 66,7% de habitantes tienen conexión a Internet en la región. Pero, 53 millones de hogares no tienen conexión a Internet. ¿Cómo estudian las niñas y niños en estas casas, cómo trabajan sus padres?”
Bárcenas también llamó la atención al hecho de que falta financiamiento público para promover la Agenda 2030 en la región. Según la representante de CEPAL, Costa Rica es un ejemplo de cómo podemos avanzar en energías renovables, y la región debería ser referencia en este tema, así como crear una ruta regional para fortalecer la capacidad de los países latinoamericanos y caribeños en la producción y distribución de medicamentos y vacunas.
Mayor inversión pública en el desarrollo sostenible
Amina Mohammed, en su intervención, destacó como un elemento clave para avanzar en el logro de la Agenda 2030, una mayor inversión pública en el desarrollo sostenible, y también en prioridades, como: mayor resiliencia y preparación para el futuro, especialmente desde los aprendizajes de la pandemia; aumentar recursos financieros para sistemas de protección social; invertir en sistemas de producción de alimentos sostenibles y en la transición hacia las energías renovables; profundizar los debates y acciones para una educación transformadora en la post pandemia, buscando soluciones desde la solidaridad; y el fortalecimiento de la igualdad de género, de la protección social universal y de la garantía de empleos formales y dignos para todas las personas.
Por fin, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, señaló en su intervención la responsabilidad moral que tenemos para liderar y resolver los problemas contemporáneos, y resaltó la migración como un desafío regional importante que es también efecto de las desigualdades. “La solidaridad cambia al mundo. La economía de acumular no garantiza la seguridad”, subrayó.
Video de la reunión:
Entre 2016 y el presente: la educación argentina presenta avances y retrocesos
8 de febrero de 2022Si bien entre los años 2006 y 2014 hubo mejoras significativas en términos de políticas públicas y normativas garantes del derecho a la educación en Argentina, solo en el año 2015 se cumplió con la inversión educativa prevista en la ley y los años posteriores marcaron un retroceso en todos los aspectos. Esta es la afirmación de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en respuesta al Informe País 2021, documento publicado la semana pasada por el gobierno argentino que presenta indicadores relacionados con el derecho a la educación en Argentina en el Objetivo 4 de la Agenda 2030.
“La Ley de Educación Nacional sancionada en el año 2006 establece que el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al 6 % del Producto Interno Bruto (PIB)”. Sin embargo, entre 2015 y 2019 solo se llegó a ese porcentaje en el año 2015, para luego descender entre el 1,6% a 1,1% del PIB (-33%) hasta el 2019.
Educación durante la pandemia
La profundización de las desigualdades y el impacto de la pandemia por el COVID-19 afectaron fuertemente el acceso al derecho a la educación en el país. El análisis de la CADE cita el informe “Impacto de la pandemia en la educación de niños, niñas y adolescentes” presentado por UNICEF Argentina en julio de 2021 que muestra que “más de 1 millón de estudiantes no pudieron regresar a las aulas desde el inicio del ciclo lectivo 2021”. La CADE subraya que, si bien en el período 2020-2021 se pueden observar programas específicos para atender a estas dificultades, será necesario incrementar la inversión educativa y diseñar políticas inclusivas para la garantía del derecho a la educación en el país.
“Lo mencionado hasta aquí hace suponer que aun con las leves mejoras en términos de algunos indicadores de eficiencia interna en el periodo 2018 y 2019 mencionados en el informe argentino, ante la profundización de las desigualdades y la inequidad en el acceso al derecho a la educación en el marco de la pandemia, las metas de la Agenda 2030 serán muy difíciles de alcanzar sin políticas públicas integrales y una fuerte inversión orientada a la equidad y justicia educativa”, subraya la CADE.
Recomendaciones*
Destacamos los grandes esfuerzos realizados por los Estados argentinos y en particular por la gran mayoría de los equipos docentes y directivos de los establecimientos educativos en el periodo de pandemia. Aun así, se requieren de una serie de políticas educativas tendientes a garantizar derecho a la educación en el país, por lo que la CADE presenta una serie de recomendaciones. Son ellas:
1. Ampliación de las ofertas educativas en términos de aumento de secciones y unidades de servicio que contemplen la cantidad de estudiantes proyectados según las trayectorias teóricas y reales de los y las estudiantes. En particular del nivel inicial y medio.
2. Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento escolar, con igualdad de recursos en términos de justicia educativa.
3. Disminución de la brecha digital: conectividad, equipamiento tecnológico para cada uno de los establecimientos y la entrega anual de dispositivos electrónicos a la totalidad de ingresantes del nivel primario y secundario. Mantenimiento y actualización del equipamiento y la entrega, reemplazo o actualización de notebooks para uso de los y las docentes. Formación docente para la inclusión educativa con tecnologías.
4. Mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje con actualización de salarios docentes y reconocimiento de horas de trabajo remunerado fuera del aula; fortalecimiento a la gestión institucional y pedagógica del nivel secundario; acompañamiento a las trayectorias educativas reales del estudiantado considerando acceso, permanencia y egreso; articulación entre niveles educativos, en particular entre el nivel medio y la educación superior; formación inicial (con énfasis en el número de docentes requeridos en el nivel inicial para el cumplimiento de las metas) y formación continua y mayor articulación entre la formación y el mundo del trabajo.
5. Transferencias económicas desde el nacimiento hasta los 19 años, teniendo en cuenta la sobre edad del estudiantado del nivel medio y los colectivos más discriminados por género, identidad y orientación sexual, población migrante, entre otros.
6. Garantía de transporte de los y las estudiantes: en el caso del ámbito rural por el impacto que esta prestación tiene en el presentismo.
7. Diseño integral y articulado de las políticas educativas para el logro de los Objetivos de la Agenda 2030 con áreas vinculadas a la salud, al trabajo, a la promoción social y a la cultura.
8. Inversión económica que garantice el derecho fundamental a la educación con el 8% del PIB requerido para el costeo de las políticas mencionadas, teniendo en cuenta el nivel universitario y la inversión necesaria en cada una de las 24 jurisdicciones del país para que la justicia educativa sea una realidad.
* En base a Browne, M.; Alvarez, M.; Paredes, D.; Gardyn, N.; Oviedo, M.; Herbón, M. “El Derecho a la educación en números: ¿cuál es la inversión necesaria para cumplirlo en los próximos 10 años? Metas de inversión para el cumplimiento del derecho a la educación al 2030 en Argentina. Propuesta para abrir la discusión de mediano y largo plazo.”, Fundación SES, UNIPE, con el apoyo de CADE; GCFE, UNICEF Argentina, 2020. https://fundses.org.ar/es/biblioteca/derecho-la-educacion-en-numeros.
