Urge construir escuelas y aulas inclusivas

18 de octubre de 2023

 La Convención impone a los Estados firmantes la obligación de construir sistemas educativos capaces de implementar apoyos y ajustes según los requerimientos de cada estudiante, así como de aprehender y valorar la diversidad, bajo el entendimiento de que la heterogeneidad es inherente a las aulas y no es un problema

De las palabras a los hechos para avanzar en inclusión

Han pasado ya 15 años desde la entrada en vigor de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, el primer instrumento internacional vinculante que se refiere específicamente a una educación inclusiva de calidad. Así, en su artículo 24 establece que las personas pertenecientes a este colectivo no pueden ser excluidas del sistema educativo, ni pueden ser segregadas en sistemas o escuelas “especiales”, sino que deben educarse junto a personas sin discapacidad, en los mismos espacios. De esta forma, la Convención impone a los Estados firmantes la obligación de construir sistemas educativos capaces de implementar apoyos y ajustes según los requerimientos de cada estudiante, así como de aprehender y valorar la diversidad, bajo el entendimiento de que la heterogeneidad es inherente a las aulas y no es un problema, sino una fuente de enriquecimiento para todas las personas.

A su vez, en el año 2016 el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, mediante la Observación General n°4, precisó el contenido normativo del artículo y el alcance de las obligaciones de los Estados para garantizar este derecho. Tal como lo establece este documento, “garantizar el derecho a la educación inclusiva conlleva una transformación de la cultura, la política y la práctica en todos los entornos educativos formales e informales para dar cabida a las diferentes necesidades e identidades de cada alumno, así como el compromiso de eliminar los obstáculos que impiden esa posibilidad” (Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observación General nro. 4 sobre el derecho a la educación inclusiva, CRPD/C/GC/4, 2016, párr. 9).

La construcción de comunidades educativas inclusivas no se alcanza solo con leyes y políticas públicas, sino con el compromiso diario de maestras y maestros que se replantean sus conocimientos y sus prácticas.

Los esfuerzos han sido muchos, pero no suficientes

A pesar de este marco normativo claro, del tiempo transcurrido desde la Convención, y de que todos los países de América Latina y El Caribe la ratificaron, las personas con discapacidad de la región continúan experimentando múltiples barreras para acceder a las escuelas regulares, permanecer en ellas y tener trayectorias educativas de calidad.

Muchas personas con discapacidad son absolutamente excluidas del sistema educativo, y son derivadas a instituciones de asistencia sanitaria o permanecen aisladas en sus hogares, especialmente en áreas rurales, por lejanía de los centros educativos y la falta de transporte accesible. Otras continúan asistiendo a establecimientos educativos segregados, tanto de gestión pública como de gestión privada, que se mantienen en la mayoría de los países de la región. Aunque actualmente muchos y muchas estudiantes con discapacidad logran ingresar a las escuelas regulares, enfrentan aun numerosos obstáculos, y no acceden a las medidas de accesibilidad, los apoyos ni ajustes que puedan requerir, lo que impide que aprendan y participen y progresen en condiciones de igualdad.

La necesidad de transformar las prácticas además de las políticas

Aunque la transformación de las políticas públicas es fundamental para saldar esta deuda, desde la Red Regional por la Educación Inclusiva tenemos el convencimiento de que las y los docentes y los equipos directivos también juegan un rol clave en la transformación de esta realidad. La construcción de comunidades educativas inclusivas no se alcanza solo con leyes y políticas públicas, sino con el compromiso diario de maestras y maestros que se replantean sus conocimientos y sus prácticas, que se atreven a cuestionar sus preconceptos, que buscan nuevas estrategias para educar en la diversidad, que se responsabilizan por el aprendizaje y el bienestar de todos y todas sus estudiantes, y que exigen al Estado y a las autoridades escolares los recursos que precisan para brindar respuestas satisfactorias en aulas heterogéneas.

Es por ello que, en los últimos años, manteniendo las acciones de incidencia política a nivel nacional, regional e internacional, desde la RREI emprendimos además diversos proyectos orientados a la formación y al acompañamiento de actores escolares. Entre ellas, la elaboración de un informe titulado “Hacia una docencia inclusiva: pautas para pensar el trabajo en aulas heterogéneas”, el lanzamiento de un “Curso Regional sobre Educación Inclusiva”, que este año 2023 va por su segunda edición, la organización de un Congreso Regional sobre Educación Inclusiva, y el lanzamiento reciente de “Derribar Mitos, Construir Inclusión”, una colección para que los y las docentes de la región puedan reflexionar sobre el derecho a la educación inclusiva y transformar sus prácticas cotidiana. En todas estas actividades, nos encontramos con una amplia demanda por parte de docentes, equipos directivos y estudiantes de formación docente con un enorme interés por adquirir herramientas y habilidades que les permitan educar en la diversidad.

La construcción de comunidades educativas inclusivas no se alcanza solo con leyes y políticas públicas, sino con el compromiso diario de maestras y maestros que se replantean sus conocimientos y sus prácticas.

Las personas con discapacidad no pueden esperar más

Tal como sostuvimos en la Declaración Final del Congreso Regional sobre Educación Inclusiva realizado en la Ciudad de Buenos Aires en 2022, consideramos que la educación inclusiva, una educación para todos y todas sin excepción, en la cual todas/os las/os estudiante valen, y valen por igual, es un proyecto político de transformación cultural y social que exige acciones urgentes. Las personas con discapacidad, así como todas las que aún permanecen excluidas por el sistema actual, no pueden esperar más, porque la vulneración de su derecho a la educación tiene un impacto directo en la vulneración de una serie de derechos conexos (al trabajo, a la vida independiente, a la participación política, a un nivel de vida adecuado, entre otros) e impide su plena inclusión en la comunidad.

Es por ello que mientras seguimos exigiendo las decisiones políticas que impulsen las transformaciones sistémicas necesarias hacia una educación inclusiva, sostenemos la necesidad de que las y los docentes de la región avancen en transformar sus aulas y sus escuelas, codo a codo, día a día. Porque las decisiones que toman una vez que cierran la puerta de su salón de clase, la actitud con la que asumen la enseñanza, las expectativas que tienen sobre sus estudiantes, los mitos que sostienen y los que derriban, tienen el potencial de revertir historias de exclusión en historias de inclusión, y de cambiar radicalmente la trayectoria escolar – y en definitiva la trayectoria vital – de sus alumnos y alumnas.

Referencias

Red Regional por la Educación Inclusiva (2019). El derecho a la educación inclusiva en América Latina.

Red Regional por la Educación Inclusiva (2021). Hacia una docencia inclusiva. Pautas para pensar el trabajo en aulas heterogéneas.

Red Regional por la Educación Inclusiva (2022). Declaración final del Congreso Regional por la Educación Inclusiva.

Red Regional por la Educación Inclusiva (2023). Derribar mitos, construir inclusión”. Colección de materiales para repensar las prácticas de enseñanza desde la perspectiva de la educación inclusiva.


Red lanza colección de materiales para derribar mitos sobre la discapacidad

“Derribar Mitos, Construir Inclusión así se llama la colección de materiales lanzada por la Red Regional por la Educación Inclusiva (RREI) para contribuir a que las comunidades escolares puedan repensar sus prácticas de enseñanza desde la perspectiva de la educación inclusiva.

Según la organización, esta serie de publicaciones brinda a docentes de la región insumos y herramientas para reflexionar sobre el derecho a la educación inclusiva y transformar sus prácticas cotidianas, con el fin último de promover la inclusión de todo el estudiantado.

Pensada desde la perspectiva de que la labor docente es una tarea necesariamente colectiva y de que avanzar en el camino de una educación inclusiva requiere del trabajo colaborativo hacia el interior de las escuelas, con las familias y con la comunidad, la colección reúne cinco fascículos en los que se proponen diversas actividades para resolver colectivamente.

Los fascículos están organizados en torno a ciertos mitos que circulan alrededor del aprendizaje de las y los estudiantes con discapacidad, que se encuentran profundamente instalados en las sociedades en general y en los sistemas educativos en particular, y pueden significar barreras para su plena inclusión. Los mitos son los siguientes:

Los materiales fueron elaborados por cuatro autoras con experiencia en la materia, Pilar Cobeñas, Mónica Escobar, Verónica Grimaldi e Inés Sancha, que a su vez trabajaron sobre la base de innumerables intercambios con estudiantes, familias, organizaciones de la sociedad civil, funcionariado público, investigadores e investigadoras, docentes y demás profesionales que trabajan en las escuelas. También se nutrieron de diversas producciones que se vienen desarrollando en nuestra región, como documentos, artículos, investigaciones, conversatorios, campañas y testimonios, entre otros materiales.

Debates sobre los diagnósticos desde la perspectiva de la educación inclusiva

La presentación de la colección junto con el primer fascículo ya se encuentra disponible en el sitio de la RREI, con el objetivo de que se difunda y circule por las aulas, salas de maestros/as y profesores/as, escuelas y comunidades educativas de toda la región.

En esta primera publicación de la serie, se ofrecen elementos para problematizar un mito que suele estar muy presente en los sistemas educativos: la idea de que es necesario disponer de un diagnóstico médico para planificar la enseñanza, o incluso para saber si es posible enseñar a las personas con discapacidad.

Profundizando sobre esta cuestión, la pregunta sobre el diagnóstico médico suele marcar el punto de partida en la interacción de los equipos escolares con los y las estudiantes con discapacidad y sus familias.

Según la RREI, muchas veces las escuelas solicitan conocer los diagnósticos como condición necesaria para escolarizar a las personas con discapacidad. También es frecuente que, frente a estudiantes que se alejan de lo esperado por la escuela, se les demande a las familias realizar consultas que permitan arribar a un diagnóstico. “Es por ello que, a través de diversos insumos, materiales y actividades, las autoras invitan en este primer fascículo de la colección a complejizar la mirada sobre los diagnósticos, y a cuestionar su alcance y utilidad para diseñar y desarrollar estrategias de enseñanza”.

 


Podcast 10 2023

Episodio 10: Interculturalidad y juventudes en el Podcast Educación ¿qué onda?

31 de agosto de 2023

Este episodio del podcast educación ¿qué onda? se inscribe en la celebración del aniversario número 20 de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), quiere invitar a compartir las diversas luchas por el derecho humano a la educación, entre ellas la referida a la perspectiva de las interculturalidades y las juventudes, ambas en el marco de su conmemoración en la agenda internacional.

En la sección Notas en la Pizarra participan Marcela Browne de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) quien participó en el evento de lanzamiento del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo: ¿Una herramienta en términos de quién? de UNESCO (conocido como GEM, por sus siglas en inglés).  María de Lourdes Valenzuela y Gómez Gallardo, conocida como Malú, educadora popular feminista que integra la Red de Educación Popular Entre Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM), expone la forma en que las jóvenes y mujeres son excluidas de la educación y viven vulneración en la brecha digital. También contamos con Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE quien anima a celebrar colectivamente este aniversario 20 fortaleciendo actores y procesos de la región para garantizar el derecho humano a una educación pública, laica y gratuita para todos y todas, a lo largo de toda la vida. 

Ecos y Voces, la sección de opinión está centrada en las palabras de Ikbalam Solares que integra el Grupo de Trabajo de Juventudes de CLADE y el equipo de jóvenes por la vida (JOVI) de Guatemala, estudia segundo año de educación básica, tiene 14 años y se identifica con sus orígenes mayas y xincas. 

En la sección Tejido en Red contamos con los aportes de Aida Garcia Naranjo, presidenta de la Red Sin Fronteras integrante de CLADE. La educadora, politóloga e investigadora social y política, y especialista en género que expresa en la entrevista claves indispensables para el derecho a la educación de personas migrantes. 

Con locución de una colaboradora de la Coalición Nicaragüense por el Derecho a la Educación, y Andrés Ramos, de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación

Escucha el episodio completo:

 

 

Notas en la Pizarra: Informe GEM, Tecnologías en la CSW67 y Aniversario de CLADE

Marcela Browne de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) asistió al lanzamiento del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo que UNESCO presenta anualmente, el sexto Informe y se titula Tecnología en la educación: ¿Una herramienta en términos de quién? (conocido como GEM, por sus siglas en inglés). Con este informe se han actualizado debates sobre el lugar de la tecnología en los ámbitos educativos, la soberanía de contenidos, la superación de la colonización de conocimientos y la ciberseguridad.

También se brindan detalles sobre el encuentro virtual: TICs y derecho humano de las mujeres a la educación convocado por la Red de Educación Popular Entre Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM), integrante de la CLADE, con el apoyo de la Plataforma de Redes Regionales por la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), a propósito del balance crítico de la sesión 67 Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas (CSW). Escuchamos a María de Lourdes Valenzuela y Gómez Gallardo, conocida como Malú, educadora popular feminista sobre la forma en que las jóvenes y mujeres excluidas de la educación también atraviesan la brecha digital. 

En 2023 la CLADE celebra dos décadas de existencia fortaleciendo actores y procesos de la región para garantizar el derecho humano a una educación pública, laica y gratuita para todos y todas, a lo largo de toda la vida. Por ello Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE destaca un llamado para conmemorar las luchas por una educación como derecho promotor de los demás derechos, teniendo como horizonte la justicia social en América Latina y el Caribe. 

Ecos y Voces: Juventudes e interculturalidades

En el marco del día internacional de la juventud que se celebra cada 12 de agosto sumamos voces a la celebración de conquistas que superan los desafíos todavía existentes para garantizar los derechos de las juventudes de la región con la entrevista a Ikbalam Solares, quien integra el Grupo de Trabajo de Juventudes de CLADE y el equipo de Jóvenes por la Vida (JOVI) de Guatemala, estudia segundo año de educación básica, tiene 14 años y se identifica con sus orígenes mayas y xincas. 

Ikbalam Solares hace un llamado a aumentar la participación de jóvenes y profundizar los compromisos con el derecho humano a la educación con un financiamiento adecuado. Adicionalmente reflexiona sobre las oportunidades y riesgos que traen las tecnologías en la cotidianidad, en especial en los ámbitos educativos. 

Tejido en Red: Red Sin Fronteras

Entrevista a Aida Garcia Naranjo, presidenta de la Red Sin Fronteras, quien es educadora, politóloga, investigadora social y política, especialista en género, recaudadora de fondos multilaterales y bilaterales, y además es promotora cultural.

La red es una institución que trabaja para defender y promover los derechos de las personas migrantes y refugiadas, y para articular la diáspora latinoamericana, integra como red regional la membresía de CLADE. La especialista subraya la importancia de comprender el derecho a migrar, el derecho a no migrar y a migrar con derechos son tres apuntes claves para sostener el enfoque de derechos humanos de personas en movilidad humana. 

Al cierre del Podcast: Educación ¿qué onda? les invitamos a visitar el Informe de Adolescentes y jóvenes: derecho a la educación, pandemia y brecha digital en América Latina y el Caribe. Este informe sistematiza una encuesta aplicada en doce países que contó con la participación de 219 adolescentes y jóvenes para conocer sus experiencias, vivencias y percepciones respecto a cómo vivieron el ejercicio del derecho a la educación en la pandemia y la postpandemia.

Lee más:

Podcast: Educación ¿qué onda?, episodio 1 Género y Educación  

Episodio 2: Juventudes en Podcast Educación ¿Qué onda?

Episodio 3: en Podcast Educación ¿qué onda? Retrospectiva de CLADE 2022

Episodio 4: sobre Proyecciones 2023 ¿Qué esperamos para el derecho humano a la educación? en el Podcast Educación ¿Qué onda?

Episodio 5: Educación no sexista en Podcast Educación ¿qué onda?

Episodio 6: Educación Inclusiva en el podcast Educación ¿Qué onda?

Episodio 7: Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) en el podcast Educación ¿Qué onda?

Episodio 8: Primera Infancia en el podcast Educación ¿Qué onda?

Episodio 9: Educación pública ante la privatización en el Podcast Educación ¿qué onda?

 

Créditos:

Producción y Entrevistas: María Cianci Bastidas 

Locución: colaboradora de la Coalición Nicaragüense por el Derecho a la Educación, y Andrés Ramos, de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación.

Canción: AnónimA Arte y Comunicación

Cortina 20 Aniversario CLADE:  Colaboración de voces locución, Juan Carlos González y Sandra Luz Cruz. Música: 1.- Autor: Lawrence Beamen Título: Round and Round. Licencia: CC BY-SA // 2.- Autor: Spectacular Sound Productions Título: Breathing. Licencia: Atribución-Compartir Igual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0) // 3.- Autor: Broke For Free Título: Night Owl. Licencia: CC BY

Voces collage: 1.- Infantiles Producción audiovisual original de Carolina Osorio con aportes de OMEP. Adaptación: María Cianci Bastidas. 2.- Collage: Gabriela Arrunátegui, Carolina Osorio, Marcos Alcântara, Fellipe Abreu, Lorena Osorio, Mariana Ovalle, Jesús Juárez, Ederson Kornst, Luis Chera, Israel Coelho, William Thelusmond, Mary Alves. Los niños Daniel Enrique y Marcello Sánchez Cianci.

Ilustración: Renata Dorea

Producción General: Nelsy Lizarazo, Thais Iervolino, Carolina Osorio y María Cianci Bastidas


Foto: UNICEF

Barreras a la realización del derecho a la educación de las personas retornadas 

29 de junio de 2023

Los pasados días 7 al 9 de junio de 2023 tuvo lugar en Barranquilla, Colombia el Foro regional: “Educación más allá de las fronteras. Solidaridad regional para la garantía del derecho a la educación de personas en situación de movilidad”. 

Fue organizado por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC) de UNESCO Santiago en conjunto con el Grupo Regional de Educación para América Latina y el Caribe en la Universidad del Norte de Barranquilla. El espacio fue dirigido a autoridades ministeriales del nivel técnico más alto de los países América Latina y el Caribe, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, así como expertas y expertos de organismos internacionales y del ámbito académico.

La actividad buscó fortalecer la capacidad de respuesta de los sistemas educativos nacionales a través del diálogo técnico y político, con un enfoque solidario ante los desafíos transfronterizos. El evento tuvo como objetivos presentar las estrategias regionales y nacionales para la garantía del derecho a la educación de personas en movilidad; identificar áreas de cooperación en torno a la evaluación de resultados de aprendizaje de estudiantes en movilidad; y proveer información significativa y evidencia para el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y cooperación entre los países de la región para el abordaje y la garantía del derecho a la educación de las personas en situación de movilidad.  

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) participó en todo el evento y desarrolló sus ideas en la mesa “Garantía del derecho a la educación para personas retornadas”.

A pesar de que la mayoría de la países de la región de América Latina ya han integrado en sus normativas la garantía del derecho a la educación sin distinción de nacionalidad ni estatus migratorio, siguen existiendo barreras para distintos grupos como las niñas y los niños, adolescentes y jóvenes que todavía enfrentan diferentes obstáculos (administrativos, económicos, legales, culturales y socio emocionales) que repercuten en sus posibilidades de permanencia en el sistema educativo, en sus aprendizajes y sus tránsitos hacia la educación superior en los países de acogida. 

Cabe señalar que en el caso de educación y personas en situación de movilidad humana la propia dinámica implica barreras de ingreso y permanencia en los sistemas educativos. Las barreras o limitaciones, específicas para las personas retornadas, son la dificultad para el reconocimiento de títulos obtenidos en el exterior y la revalidación de documentación; las limitaciones para acceder a certificaciones de experiencia laboral; las restricciones a la inclusión intercultural en el ámbito educativo y social donde también falta la valorización de la riqueza adquirida fuera del país por parte de las personas retornadas; y las dificultades para la inserción inmediata en el sistema educativo de las niñas, niños y adolescentes que vienen con las familias retornadas. 

Una buena práctica compartida en este espacio fue el programa “Quiero ser maestro” de Ecuador. El Estado ecuatoriano ha venido desarrollando programas a nivel interinstitucional para la inserción de migrantes que regresan al país, con el objetivo de brindar un retorno digno y favorable para este grupo poblacional. Esta iniciativa es desarrollada por el Viceministerio de Movilidad Humana, quien también desarrolla acciones en materia de aduanas, educación, salud, trabajo decente, seguridad social y vivienda dirigido a personas retornadas. 

El programa dependiente del Ministerio de Educación, es una iniciativa que busca contratar para trabajar en el sistema público de educación a profesionales que se encuentren en el exterior y deseen volver al país. Son invitados a formar parte del Magisterio Fiscal Ecuatoriano. El programa busca también eliminar la “exportación” de talento humano, y atraer la investigación y la reproducción de nuevos conocimientos generados localmente, así como recuperar las capacidades de los investigadores e investigadoras que han producido valor agregado en el exterior. 

Desde 2007 se aplica una política estatal destinada a promover el retorno de migrantes ecuatorianos que hayan permanecido por lo menos dos años en el exterior. Esta es la séptima edición del programa. Realizan un concurso enfocado en los profesionales con un título de tercer o cuarto nivel que tenga relación con la educación de segundo a séptimo año de educación general básica, con una experiencia mínima de 4 años debidamente justificada. La nota mínima para aprobar de las personas que están en el proceso debe ser de 70/100, se tiene que rendir pruebas psicométricas o de razonamiento, saberes disciplinarios y pruebas de conocimientos específicos. A las personas retornadas, según la normativa vigente, se les aplica una acción afirmativa que les concede dos puntos extras en su candidatura. A junio de 2023 el concurso está en la fase final de esta edición y se prevé la incorporación total de los docentes para agosto del presente año. No existen evaluaciones u otra información sistematizada sobre la iniciativa. 

Los desafíos surgidos en la discusión de la mesa en este tema son varios. Primero se señaló que para la realización de políticas públicas eficientes y que lleguen a la población objetivo es necesario identificar la población de personas migrantes y específicamente de personas retornadas. Es relevante identificar los principales problemas para generar estrategias y acciones específicas para resolverlos desde las políticas estatales. Asimismo, crear políticas locales y nacionales participativas y proactivas (no sólo reactivas) para garantizar los derechos de la población. 

Las soluciones deben ser integrales para la totalidad de las personas en situación de movilidad. Para alcanzar este objetivo sería de mucha ayuda sistematizar las experiencias que existen para replicar sobre personas retornadas ya que existen pocas y no están documentadas. 

Es deseable también fortalecer una respuesta educativa multilateral a nivel regional, planificar y garantizar el acceso inclusivo en todos los países de la región, garantizar entornos educativos libres de discriminación y abuso generando espacios de cohesión social interculturales; reconocer las diversidad de trayectorias educativas existentes.

Por último un gran desafío es construir y desarrollar una educación de calidad en todos y para todos basada en el desarrollo humano de cada persona. El desafío es adaptarse a sistemas dinámicos también en las formas de aprendizaje. 


Educación y refugio en el día Internacional de las personas refugiadas

23 de junio de 2023

Analizar si los conflictos, la violencia, las violaciones de los derechos humanos y las emergencias relacionadas con el medio ambiente y el cambio medioambiental que afectan a los derechos de las personas a la educación, y cómo lo hacen. Ese fue el princial objetivo del encuentro “Comunidad de Aprendizaje sobre Educación en Situaciones de Emergencia de la CME”, realizado el martes (23/6) a proposito de la celebración del Día Mundial de los Refugiados.

“La importancia de celebrar el Día Internacional de las Personas Refugiadas implica no sólo reivindicar las riquezas que las mismas traen a las sociedades de acogida sino discutir las acciones para garantizar el derecho a la educación para ellas; y esas soluciones apuntan a la consolidación de sistemas educativos participativos, gratuitos, laicos y universales”, afirma Patricia Gainza, miembro del Comité Ejecutivo de Rede Sem Fronteiras y del Comité Directivo de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), una de las panelistas del evento.  

La sesión contó también con la participación de Luis Eduardo Pérez Murcia, miembro de GCE, Giulia McPherson, Servicio Jesuita para los refugiados de Estados Unidos, Ahmed Badawy, Fundación Egipcia para los derechos de los Refugiados, Adeleke Damian-Mary, Coalición de Acción de la Sociedad Civil por la Educación para Todos (CSACEFA) y Macarena Romero Álvaro, GCE de España.

Refugiadas y refugiados en América Latina y el Caribe

Según la Agencia ONU para Refugiados (Acnur), actualmente, existen aproximadamente 20 millones de personas desplazadas en América Latina y el Caribe (ACNUR, 2022). Esto incluye personas refugiadas, solicitantes de asilo, solicitantes de ayuda internacional, desplazadas internas.

“Si bien los grandes titulares de prensa suelen centrarse en las personas que se desplazan hacia los Estados Unidos, la mayor parte de estos 20 millones de refugiados latinoamericanos, se asientan en otros países de América Latina y el Caribe. Es más, el 76% del total de las personas refugiadas del mundo son acogidas por países de renta media y baja”, afirmó Patricia Gainza.

De acuerdo con Unicef, existen 6.8 millones de personas venezolanas refugiadas y migrantes en el mundo (UNICEF, 2022) y 5.7 millones de estas personas venezolanas refugiadas y migrantes son recibidas y acogidas en otros países de América Latina.

Violencia y crisis socioeconómica

Se mencionaron los principales puntos de alertas referidas al tema en América Latina a saber: la crisis económica y social y la incipiente violencia en la región Centroamericana (que ya ha desplazado a más de un millón de personas); el crecimiento del número de solicitudes de refugio y personas refugiadas en México; el crecimiento de las solicitudes también en la región Andina, especialmente en Colombia, Perú y Ecuador con origen venezolano; la emergencia existente en la región del Darién, que en lo que va de 2023 ya ha registrado la llegada de más de 150 mil personas en una zona totalmente inhóspita y no presparada para gestionar este número de personas en el medio de la selva.

Las principales barreras de acceso a los sistemas educativos en los países receptores de la región son muchas y diversas: carencia de documentación, como pasaporte, tarjeta migratoria o documentación de estudios cursados desde los países de origen; dificultades con el idioma del país receptor, en el caso de Brasil con el potugués pero también con el español en los casos de personas que hablan lenguas indígenas originarias; otras barreras lingüísticas y culturales que se presentan en situaciones como en el acceso a la salud, desafíos pedagógicos en el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes afectados por situaciones traumáticas o estresantes y necesidades socioemocionales específicas; desafíos para la re-inclusión de personas adultas que abandonaron los estudios tempranamente; desescolarización y falta de documentación oficial de estudios en el país de origen, falta de flexibilidad para abordar las diferencias de calendarios escolares entre los países, debilidad de los sistemas para el reconocimiento, la validación y la acreditación de los aprendizajes previos de las personas en movimiento; xenofobia, discriminación, estigmatización y acoso escolar (bullying); infraestructura limitada, así como déficit de cupos disponibles para estudiantes y falta de docentes; pobreza crítica y desnutrición que son serios obstáculos para el acceso al derecho a la educación.

Integración social

Se enumeraron algunas buenas prácticas como ser la Tienda de Ciudadanía, del Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante (CDHIC), Brasil; cuyo objetivo es “Favorecer la integración social y cultural de los niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados, valorando la diversidad cultural y promoviendo una cultura de paz en el ámbito escolar, comunitario y familiar”.

Sus ejes de trabajo son: 1. Promover entre las niñas y los niños migrantes y refugiados la valoración de la diversidad cultural y la lucha contra la discriminación y el acoso escolar a través de actividades lúdicas. 2. Promover la asesoría y capacitación de los actores del sistema educativo público. 3. Fortalecer a las familias de las niñas y los niños atendidos mediante apoyo psicosocial, jurídico, social y de regularización migratoria.

Capacitación con vistas al mercado laboral

Una segunda buena práctica mencionada fue las Capacitaciones para personas refugiadas llevadas adelante por la Intendencia de Montevideo, Uruguay cuyo objetivo es que “La población refugiada obtenga las herramientas necesarias para ingresar al mercado laboral”. Es una iniciativa que depende de la Secretaría de Equidad Étnico Racial y Poblaciones Migrantes de la Intendencia de Montevideo y realiza tres cursos en coordinación con ACNUR, los cuales son gratuitos y están dirigidos específicamente a personas refugiadas y solicitantes de asilo mayores de 18 años y residentes en Montevideo.

Las temáticas abordadas son: 1. Ventas, atención al cliente, marketing y logística. 2. Atención a la dependencia. 3. Ventas con e-commerce. Los cursos se dictan de manera presencial y/o semipresencial en la Casa de la Mujer de la Unión, lo cual también facilita el acceso otra serie de recursos para las personas involucradas, especialmente en combate a la violencia de género.

Puertas abiertas

La tercera práctica mencionada fue Puertas Abiertas de la Prefeitura de São Paulo, Brasil cuyo objetivo es “Enseñar gratuitamente el portugués a inmigrantes y refugiados en Brasil”.

El material didáctico de esta segunda edición está destinado a la enseñanza pública y gratuita del portugués a inmigrantes, trayendo como metodología pionera la enseñanza de la lengua portuguesa como herramienta de acogida y garantía de derechos de la población en movilidad. Los materiales creados buscan dialogar con la dinámica cotidiana de las personas inmigrantes en la ciudad, para discutir el acceso a sus derechos y servicios públicos. Entre los temas tratados en el material se encuentran el derecho al trabajo digno, la salud, la educación e interculturalidad, el ocio y el deporte, entre otros. Los contenidos están disponibles para docentes, inmigrantes y público en general con fines pedagógicos y educativos.

Por último, la exposición buscó plantear líneas de acción que contribuyan a la garantía del derecho a la educación de las personas refugiadas en la región. Algunas de estas ideas son:

  • Marco legal y políticas inclusivas: Los gobiernos deben desarrollar marcos legales y políticas inclusivas que reconozcan y protejan EXPRESAMENTE el derecho a la educación de las personas refugiadas. Estas normativas deben asegurar el acceso igualitario a la educación, la no discriminación y la inclusión de programas específicos para atender las necesidades educativas de las personas refugiadas.
  • Acceso y matrícula: Se deben eliminar las barreras administrativas y financieras que dificultan el acceso y la incorporación de las personas refugiadas en las escuelas. Esto implica simplificar los procedimientos de inscripción, reducir los costos asociados y brindar becas o programas de apoyo financiero para aquellos que lo necesiten.
  • Programas de aprendizaje de idiomas: Es importante y una buena estrategia incluir a las personas refugiadas a través del aprendizaje del idioma cuando la lengua nativa difiere del idioma predominante en el país de acogida. Estos programas deberían ser accesibles y brindar apoyo adicional para que los estudiantes refugiados puedan adquirir rápidamente las habilidades lingüísticas necesarias para participar plenamente en el sistema educativo así como educar al sistema educativo para que contemple la diversidad lingüística de sus estudiantes.
  • Adaptación curricular y apoyo pedagógico: Los gobiernos deben promover la adaptación curricular y proporcionar apoyo pedagógico adecuado para abordar las necesidades específicas de los estudiantes refugiados. Esto implica el desarrollo de materiales didácticos adaptados, la capacitación de docentes en la atención a la diversidad y la provisión de recursos adicionales o personal de apoyo en las escuelas.
  • Programas de apoyo socioemocional: Los refugiados a menudo han experimentado situaciones traumáticas y estresantes. Las escuelas deben incorporar a los estudiantes refugiados a sus programas de apoyo socioemocional y servicios de salud mental, para contribuir a la superación de las dificultades emocionales y promover su bienestar integral.
  • Sensibilización y capacitación: Es fundamental promover la sensibilización y la capacitación entre el personal docente y la comunidad educativa en general sobre las necesidades y derechos de los estudiantes refugiados. Esto ayudará a fomentar un entorno inclusivo y respetuoso, y a combatir la discriminación y el estigma.
  • Cooperación internacional y regional: Los gobiernos deben fortalecer la cooperación internacional y regional para compartir buenas prácticas, recursos y experiencias en la educación de personas refugiadas. Esto implica trabajar con organizaciones internacionales, ONG y otros países para obtener apoyo y asistencia técnica en la implementación de políticas y programas eficaces.
  • Programas de educación de adultos: Los gobiernos para garantizar el derecho a la educación a lo largo de toda la vida deben establecer programas de educación de personas adultas que estén diseñados específicamente para atender las necesidades educativas de las personas refugiadas. Estos programas deberían ofrecer oportunidades de aprendizaje flexibles, adaptadas a las circunstancias y responsabilidades de las personas refugiadas adultas.
  • Reconocimiento de estudios previos: Los gobiernos deben facilitar el reconocimiento y la validación de los estudios previos de las personas adultas refugiadas y todas las personas. Esto implica establecer procedimientos claros y accesibles para evaluar y acreditar los logros educativos obtenidos en sus países de origen, lo cual puede facilitar su acceso a niveles educativos superiores.
  • Acceso a la educación vocacional y técnica: Los gobiernos pueden promover el acceso de las personas adultas refugiadas a la educación vocacional y técnica, brindando oportunidades de capacitación en habilidades prácticas y demandadas en el mercado laboral. Esto puede ayudar a mejorar su empleabilidad y facilitar su integración económica y social en la sociedad de acogida.
  • Flexibilidad en horarios y modalidades de aprendizaje: Los gobiernos deben contribuir a que los distintos sectores ofrezcan opciones flexibles en cuanto a horarios y modalidades de aprendizaje para las personas adultas refugiadas. Esto puede incluir programas educativos en horarios nocturnos, educación a distancia, educación en línea o educación modular que les permita equilibrar sus responsabilidades familiares, laborales y educativas.
  • Acceso a servicios de apoyo: Los gobiernos deben garantizar el acceso de las personas adultas refugiadas a servicios de apoyo complementarios, como asesoramiento educativo, orientación vocacional, servicios de apoyo socioemocional y servicios de atención de salud mental. Estos servicios pueden contribuir a su bienestar general y a superar posibles barreras para su participación en la educación y otros ámbitos de la vida social.

 


Mariozorzetto. Guatemala

Víctor Cristales, Colectivo de Educación para Todos y Todas de Guatemala: la inclusión, la interculturalidad y la justicia fiscal en la agenda educativa del contexto electoral

1 de junio de 2023

El Colectivo de Educación para Todos y Todas de Guatemala fue creada en 2003, inspirado en el trabajo colaborativo en el compromiso de profundizar “el compromiso por el derecho humano a la educación pública, gratuita y laica, que garantice la dignidad para todas y todos en Guatemala” según señala el informe luz presentado al Foro Político de Alto Nivel en 2019. 

El contexto socioeconómico y político en Guatemala no ha cambiado mucho desde que se presentó dicho informe en 2019, a pesar que la pandemia recrudeció las condiciones de vulnerabilidad de la mayoría de la población en situación de pobreza sistémica, desigualdad, discriminación, exclusión y altos niveles de impunidad.

Sigue vigente lo referido en esa ocasión, sobre el argumento de que el contexto “es desfavorable, ya que se han descubierto grandes evasiones al fisco por parte de grandes empresas y estas lo han aceptado, siendo Guatemala uno de los países con más bajos niveles de recaudación fiscal. Debido a diversas formas de evasión de impuestos”.

Víctor Cristales expresa su preocupación por sumar esfuerzos en la incidencia en favor del derecho humano a la educación con una perspectiva de justicia fiscal, pertinente en el contexto electoral que enfrenta Guatemala en las próximas semanas. Considera que la sociedad civil puede demandar acciones afirmativas de inclusión e interculturalidad. 

La inclusión educativa intercultural y de las diversidades

Para el coordinador del Colectivo de Educación para Todos y Todas de Guatemala, un balance positivo que recuerda la trayectoria institucional es la defensa del carácter gratuito de la educación para la población maya, xinca, garífuna y ladina, en sus palabras señala que “también se ha logrado incrementar un poco el presupuesto en materia de acceso a los alimentos de los niños y niñas en muchas escuelas primarias”. 

Demandas pendientes por un presupuesto educativo justo

La mayor preocupación actual es la demanda por el incremento del presupuesto e inversión en educación, ya que aún no alcanza a cubrir el 7 % que plantea la Ley Nacional de Educación, afirma Víctor Cristales. 

La mayor preocupación actual es la demanda por el incremento del presupuesto e inversión en educación, ya que aún no alcanza a cubrir el 7 % que plantea la Ley Nacional de Educación, afirma Víctor Cristales. 

Aunque se ha implementado un bono de juventud como ayuda económica para esta población. A juicio del docente “hay sectores muy desatendidos, como el sector de jóvenes en educación básica y la educación diversificada, prácticamente han quedado muy a merced de la iniciativa privada que son los que más ofertan. El Estado todavía no llega a cubrir estos dos ciclos”. 

Desigualdad en los bienes públicos deriva en exclusión educativa

Muchas comunidades indígenas tienen dificultades de acceso a libros de texto y conectividad, esto se agravó durante la pandemia en Guatemala, ya que la brecha digital significaba también exclusión educativa. 

Existen actualmente comunidades indígenas y rurales que no tienen acceso a la energía eléctrica, y por otro lado, el personal docente y estudiantil tienen obstáculos para tener acceso a la telefonía que son atendidas única y precariamente por empresas privadas, señaló Víctor Cristales, siendo limitado a las familias que puedan pagar dichos servicios.

Incidencia política por la educación en contexto electoral

El Colectivo de Educación para Todos y Todas de Guatemala ha preparado dos informes, la evolución del gasto en educación en Guatemala entre el 2015-2021 y el sistema tributario en Guatemala y el financiamiento de educación entre el 2015 y 2021, que abordan la situación educativa, las políticas públicas que las sustentan y sus deficiencias, especialmente en cuanto a cobertura, financiamiento y calidad educativa, vinculado a un sistema tributario regresivo e injusto, que no permite avanzar por la falta de recursos suficientes para afrontar la problemática existente en el marco del proyecto conjunto con la CLADE, la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)

Estos informes son materiales de trabajo que son presentados a las candidaturas presidenciales para que lo consideren en sus planes de gobierno, a fin de buscar una vez hecha la juramentación en los cargos, mayor compromiso con la inversión en educación, para aumentar la recaudación fiscal y evitar la elusión fiscal, que es una de las fuentes que potencialmente garantizan un presupuesto justo para educación

Para la despedida, Víctor Cristales hace un llamado desde Guatemala a sumar voces para una educación incluyente que cuente con más y mejor presupuesto que garantice la equidad.

Mira el video


Pexels-Alexander Dummer

Enfoque de género en los presupuestos educativos: una necesidad impostergable

10 de mayo de 2023

Con miras a fortalecer las capacidades de la membresía sobre cómo analizar un presupuesto educativo desde un enfoque de género y hacer propuestas presupuestarias para garantizar una educación igualitaria a todas las personas, independiente de su identidad de género y orientación sexual, la CLADE brindó una formación de 20 horas de duración entre enero y marzo del 2023. El proceso de formación fue implementado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), el curso reunió a 56 integrantes de 14 países, con el apoyo de Educación en Voz Alta

En la formación se enfatizó la idea de que los presupuestos no son documentos neutrales, ya que reflejan la prioridad que cada Estado / Gobierno brinda a la igualdad de género. Por ello, existen tensiones, principalmente cuando un Estado asume un compromiso internacional de adopción de esfuerzos para erradicar la desigualdad histórica y la discriminación de las mujeres, pero no lo traduce en la asignación de recursos específicos a estas acciones, el compromiso no se concreta si se queda apenas en el campo discursivo. 

El ejercicio fiscal puede contribuir a enfrentar las desigualdades

Para acelerar el camino hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, es fundamental que el Estado tenga un plan de ingresos y egresos que desarrolle acciones públicas en un ejercicio fiscal en coherencia, tomando en cuenta las necesidades y demandas diferenciadas no solo de mujeres y hombres, también de toda la diversidad sexo-genérica. Igualmente, es importante definir indicadores desagregados por sexo y género para medir el impacto de las acciones, y facilitar el monitoreo de ese proceso por parte de la sociedad civil.

Durante el curso de formación se presentaron las distintas etapas del ciclo presupuestario, a saber, planificación; preparación y aprobación; ejecución y monitoreo; auditoría y evaluación. La reflexión central desarrolló estrategias para realizar miradas críticas sobre cada una de estas etapas con las gafas de género. También se compartieron herramientas metodológicas de presupuestos sensibles al género desarrollados en países como Australia y Sudáfrica, así como mecanismos de etiquetas o categorización de gastos con un estudio de caso en México. De manera muy práctica, las y los participantes analizaron el marco normativo de su país, contemplando el presupuesto con la sensibilidad de enfoque de género, detallando la manera que se incorporaba dicho enfoque en el instrumento nacional, habilitando la posibilidad de armar planes de incidencia para que los Estados cuenten con presupuestos educativos con perspectiva de género. 

Grupo de Trabajo sobre género subraya oportunidades para la equidad

Para Violeta del Carmen Costas, integrante de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación y participante del curso, “la experiencia ha sido de mucho aporte para entender las dinámicas de los espacios gubernamentales y proponer la integración de la perspectiva de género paso a paso, partiendo de la análisis de la situación, del análisis de cómo les ven las realidades y luego integrarlos desde el enfoque de género.”

La capacitación es parte de las acciones del Grupo de Trabajo sobre Género de CLADE, que tiene como objetivo profundizar los debates sobre las relaciones entre género y educación en la red. Los talleres han producido colectivamente una guía metodológica para el análisis del presupuesto educativo con perspectiva de género que se dará a conocer en los próximos meses, junto al protocolo sobre presupuestos educativos sensibles a género, que orientará las acciones de incidencia de la CLADE en esta materia.


Episodio 6: Educación Inclusiva en el podcast Educación ¿Qué onda?

26 de abril de 2023

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) comparte el episodio número seis del Podcast, Educación ¿Qué onda?, dedicado a la educación inclusiva desde las diversidades. Procurando que en 22 minutos se cuente con un nuevo recorrido que nos permita conocer más sobre iniciativas en la región latinoamericana y caribeña, profundizando el intercambio de la educación con enfoque de derechos humanos. 

Contamos con la participación de Ana Rocío Kerguelen, psicóloga y magíster en educación, docente universitaria y miembro de la junta directiva de Asdown Colombia; Suelaine Carneiro, coordinadora ejecutiva de Geledés, el Instituto da Mulher Negra, activista feminista negra, graduada en sociología, con maestría en educación; Miguel Marca Barrientos, director ejecutivo de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación y Víctor Cristales, coordinador del Colectivo de Educación para Todos y Todas de Guatemala.

Ederson Knorst del equipo regional de la CLADE y Lorena Osorio, colaboradora voluntaria brindaron las locuciones de este episodio.

 

Escucha el podcast completo:

 

Notas en la Pizarra: Observatorio Regional de Educación Inclusiva (OREI) y un llamado a la no discriminación de niñas y jóvenes negras

 

La educación inclusiva es uno de los ejes fundamentales para la transformación social hacia sociedades más justas, dignas e igualitarias por ello la CLADE animó la reactivación del Observatorio Regional de Educación Inclusiva (OREI). Contamos con las palabras de Ana Rocío Kerguelen, psicóloga y magíster en educación, docente universitaria y miembro de la junta directiva de Asdown Colombia quien participó de la consulta a especialistas. 

 

También en esta sección informativa tenemos un llamado a fortalecer la movilización social para exigir que los gobiernos cumplan los compromisos asumidos en los tratados internacionales y las legislaciones nacionales, que realiza Suelaine Carneiro, coordinadora ejecutiva de Geledés, el Instituto da Mulher Negra, activista feminista negra, graduada en sociología, con maestría en educación.

 

 

 

Ecos y Voces: potenciar las diversidades ante la pretendida homogeneización

 

Miguel Marca Barrientos, director ejecutivo de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación señala la importancia de construir una escuela desde la justicia social, superando la discriminación, abrazando la diversidad y aumentando compromisos de financiamiento por el derecho humano a la educación.

 

 

Tejiendo en Red: la inclusión educativa en 2023

 

El Colectivo de Educación para Todos y Todas de Guatemala ha trabajado un enfoque inclusivo en la educación intercultural desde las diversidades, Víctor Cristales, coordinador del colectivo nos comparte los logros que han cosechado colaborativamente en la demanda del financiamiento, así como políticas de inclusión en contextos excluidos como las zonas rurales. Del mismo modo comparte el enfoque inclusivo que se considera en la educación intercultural.

 

 

Finalmente invitamos a visitar el Informe Regional sobre el derecho humano a una educación libre de violencias de género disponible en www.redclade.org que muestra el proceso de construcción colectiva y participativa de datos empíricos relevantes, claros y pertinentes para la lectura crítica de discriminaciones, desigualdades y violencias de género en el ámbito educativo rural.

 

Créditos:

Entrevistas: Vanessa Paola Vélez Loza, comunicadora de la Coalición Boliviana por el Derecho a la EducaciónMaría Cianci Bastidas y Thais iervolino del equipo de comunicación de la CLADE.

Locuciones: Ederson Knorst del equipo regional de la CLADE y Lorena Osorio, colaboradora voluntaria. 

Canción: Anónima.

Apoyo musical: Raule – Soy Yo (Centro Asprodeme Puerto Real). 

Ilustración: Renata Dorea.

Producción general: Nelsy Lizarazo, Thais Iervolino, Carolina Osorio y María Cianci Bastidas.


Josip I Unsplash Colombia

Mirada crítica sobre el transporte escolar como brecha educativa

19 de abril de 2023

La garantía del derecho humano a la educación va de la mano de las condiciones que sustentan el acceso y la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. En las zonas rurales una de las situaciones que representa una amenaza para que niños y niñas puedan asistir a los centros educativos es el transporte escolar, esto se traduce no solo en el propio servicio de traslado para la ida y el retorno, también que el mismo debe constituir, al igual que la propia escuela, un espacio seguro y libre de violencia. 

La responsabilidad de las diversas instancias del Estado para planificar y coordinar acciones que garanticen el transporte escolar se ha visto con múltiples deficiencias en Colombia, profundizado en las zonas rurales.

Algunas alternativas para solventar el riesgo de exclusión educativas son analizadas en el artículo de opinión realizado por Katherine Tovar Briñez y Edwin Tovar Briñez, docentes con licenciatura en ciencias sociales por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, titulado “La brecha educativa rural: Apuntes críticos sobre el transporte escolar en Colombia”.

En el artículo se afirma que “según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) del 2016, titulado Bienes y servicios públicos sociales en la zona rural de Colombia: brechas y políticas públicas, la falta de una mancomunidad entre las entidades responsables por el transporte escolar ha dado lugar a varias problemáticas en las áreas rurales, como la duplicación de rutas, la falta de vehículos adecuados y la subutilización de recursos disponibles, así como la ausencia del servicio cuando se requiere”.

Lee el artículo publicado en Rebelión.


Pexels Buggu

La educación es un derecho, no un privilegio ni una mercancía

5 de abril de 2023

La educación como escenario de disputa de actores e intereses

La privatización de la educación es un asunto que llevo estudiando desde hace más de una década, y es algo que va en aumento, por lo que todas las personas que trabajan en educación y, en otros servicios públicos, deberían prestar atención. Por eso, quería felicitar a la UNESCO y al equipo del informe GEMR por haber elegido un asunto tan relevante, preocupante y controvertido y haberlo hecho de una forma tan completa y profunda.

Como bien ha dicho Manos Antoninis, director del GEMR, hay una gran heterogeneidad de actores no estatales. Desde el punto de vista de los derechos humanos, las oportunidades que ofrecen los actores no estatales en la educación son las de ofrecer modelos alternativos a la educación estatal, para evitar fundamentalismos y proteger la libertad de pensamiento.

En la práctica, también vemos que hay muchas organizaciones sin ánimo de lucro que intentan desarrollar nuevos modelos pedagógicos más participativos y adaptados a las distintas necesidades del estudiantado.

Existen asociaciones público – privadas en las que el Estado contrata a empresas privadas para cumplir funciones asociadas a la educación, tales como comedores escolares, limpieza, infraestructura, o producción de libros de texto. Y otros casos en el que instituciones privadas son subvencionadas por el Estado, estos jardines de infancia, colegios y universidades concertados, están financiados con fondos públicos y tienen que cumplir con las regulaciones necesarias. Pueden ser gratuitos o pueden exigir tasas adicionales.

Otros actores no estatales, cubren áreas que no están lo suficientemente bien abastecidas por el Estado ya sea por la falta de existencia a una distancia razonable o por la falta de la calidad de la oferta estatal.

Las tensiones entre lo normativo y lo descriptivo, lo público y lo privado

Ahora bien, a pesar de que esto sea lo que ocurre en realidad, en el plano descriptivo, no debe ser lo estipulado en el plano normativo. Esto es algo que desde mi punto de vista no queda claro en el informe GEM, que a veces confunde los planos descriptivos y normativos.

Desde el punto de vista normativo, siguiendo los derechos humanos, es el Estado el que tiene la obligación de proteger, respetar y cumplir el derecho a la educación, a través de la provisión de educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad.

En mi experiencia, los desafíos del aumento de la privatización son mucho mayores que sus oportunidades. Para empezar, desde los años 80, el modelo neoliberal de preeminencia del mercado para satisfacer la demanda de servicios públicos se ha impuesto sobre todo a través de instituciones económicas como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y promovido también por donantes bilaterales como el FCDO británico (Oficina de Asuntos Exteriores).

La reducción del Estado como proyecto neoliberal potencia la exclusión

La política de escatimar en los presupuestos educativos, de no aumentar el salario o el número de docentes, de incentivar el rol de empresas privadas en educación con lógica de mercado y, en definitiva, de comodificar la educación; va en contra de la perspectiva de los derechos humanos.

Además, esta reducción del rol del Estado a favor del rol del mercado se produjo al mismo tiempo en que logramos la abolición de las tasas académicas y la expansión de la educación pública y gratuita a nivel de primaria en muchos de los países de bajos ingresos. Esta expansión llenó las escuelas, atrayendo a muchos grupos que nunca antes habían sido escolarizados y ha sido uno de los factores que más ha contribuido a la paridad de género.

Sin embargo, debido a la escasez de recursos promovida por la ideología neoliberal, ha llevado a la masificación de las aulas, y a que los y las estudiantes no puedan acceder a una educación de buena calidad. Esta misma ideología ha incentivado la estratificación o segmentación social de oportunidades educativas, en base al poder adquisitivo de las familias.

Los desafíos para la financiación justa y adecuada para la educación

La insuficiencia de recursos dados a las escuelas en países con bajos ingresos, ha llevado a cobrar tasas por recursos educativos que deberían ser gratuitos, y que excluyen a aquellas personas que no se los pueden permitir, llevando a violaciones de derechos.

Otro de los desafíos, consiste en que los actores no estatales están cumpliendo el rol del Estado, asumiendo la falta de cobertura educativa en ciertas áreas geográficas, tanto rurales, como en asentamientos ilegales. En el mejor de los casos, las organizaciones sin ánimo de lucro que quieren ayudar a los sectores más desfavorecidos y construyen escuelas en comunidades en las que no las hay. Pero como se mueven por fondos de donantes, no son sostenibles, además suelen emplear a docentes sin formación. Asimismo, rompen el contrato social de rendición de cuentas entre los ciudadanos y el Estado, y convierten la educación en beneficencia, en vez de derecho.

En el peor de los casos, las empresas con ánimo de lucro, transforman la educación en mercancía. Buscando una tasa de retorno o de rendimiento lo más alta posible para sus inversiones, suelen discriminar a estudiantes con discapacidades. Estas escuelas escatiman todo lo que pueden tanto en docentes como en infraestructura, llevando en muchos casos, a situaciones que ponen en peligro a los estudiantes

La supremacía del mercado amenaza derechos

Lo peor de todo es que la ideología neoliberal tiene al mercado y la libre elección como tótems, y fomenta la desregularización. El informe GEM cubre muy bien la necesidad de regular mejor los actores privados.

El estudio que yo hice ya hace algunos años analizando las leyes que regulan a los actores privados en la educación, fue bastante deprimente. Entre estas leyes, unas no hacían ninguna mención a la regularización, otras se limitaban describir el proceso para poder establecer instituciones privadas, y una minoría de países detallaba una normativa para que estas instituciones cumplieran con los estándares nacionales y de derechos humanos, con una regulación potente.

Pero, lo que vemos especialmente en la mayoría de los países pobres, es que las instituciones privadas están creciendo de forma exponencial, muchas veces de forma ilegal. Estos estados, ya con presupuestos limitados (debido en gran parte a la ideología de minimizar el rol del Estado y favorecer el del mercado) no tienen los recursos disponibles para llevar a cabo las labores de inspección efectiva de las instituciones privadas. Las asociaciones público-privadas o escuelas concertadas, pueden suponer un gran coste para los gobiernos, absorbiendo gran parte de un financiamiento insuficiente y de otros recursos.

Respecto a si una mayor presencia de actores no estatales podría ser la solución para combatir la estratificación, yo diría que no, más bien todo lo contrario.

Las escuelas denominadas de bajo coste (que no lo son para los más pobres), sólo consiguen aumentar la estratificación horizontal y vertical, aumentando las desigualdades de género.

El caso de Chile es paradigmático de como la privatización fomentada por el estado aumenta la estratificación social, desabasteciendo y bajando la calidad de las escuelas que sirven a los estratos con menos ingresos.

Fortalecer la educación pública diluye la segregación

La mejor manera de luchar contra la segregación y la estratificación social es invertir en una educación pública, gratuita, inclusiva y de buena calidad para todos, todas y todes, desde jardín de infancia hasta las universidades, centros de formación, y aprendizaje a lo largo de la vida.

La educación es un derecho, no un privilegio, mercancía o beneficencia, sino un derecho. Y su financiamiento tiene que venir de la movilización de recursos internos estatales a través de una tributación progresiva, poniéndole fin a la evasión y elusión fiscal, ayudada de la cooperación exterior basada en derechos humanos, no en neoliberalismo.

Los principios de Abidjan aclaran que los Estados deben dar prioridad al financiamiento y la provisión de educación pública, gratuita y de calidad, y sólo pueden financiar instituciones educativas privadas de instrucción elegibles, directa o indirectamente, si éstas cumplen con los estándares y normas de derechos humanos aplicables, y observan estrictamente todos los requisitos sustantivos, procedimentales y operativos.

Sobre el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM)

El Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (Informe GEM, por sus siglas en inglés) de la UNESCO fue creado en 2002 como revisión de los objetivos educativos exigiendo a la comunidad mundial que rinda cuentas de los compromisos contraídos en esta materia.