Mujeres trans protestando en la calle, usando un pañuelo amarillo alrededor del cuello
La Vaca

Uruguay aprueba Ley Integral para Personas Trans

22 de Noviembre de 2018

Esta ley, publicada el pasado 7 de noviembre, tiene como objeto “asegurar el derecho de las personas trans a una vida libre de discriminación y estigmatización, para lo cual se establecen mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección, promoción y reparación” (más…)

Foto de una sala de clase, con un niño en una silla de ruedas en la primera fila
Maíra Soares

Perú: Avances en el campo de los derechos de las personas con discapacidad

6 de Noviembre de 2018

Con la aprobación de un nuevo marco normativo se reconoce la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad y se avanza hacia la igualdad (más…)

Agência de Notícias do Acre

Declaración de Ministros de Educación del G20 reafirma compromiso con la realización de la Agenda de Educación 2030

19 de Octubre de 2018

Se define como una de las prioridades de los Estados la garantía de una educación de calidad, equitativa e inclusiva (más…)

Manos de un niño escribiendo en un cuaderno con un lapís rojo
Lourdes Nique

México: La exclusión de estudiantes con discapacidad del sistema educativo general es discriminatoria y, por tanto, inconstitucional

3 de Octubre de 2018

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de México determinó, en su sesión de hoy, que, de acuerdo con el derecho fundamental a la educación inclusiva, todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad pertenecen y deben integrarse al sistema educativo “general u ordinario”–sin reglas ni excepciones–, por lo que cualquier exclusión con base en esa condición resultará discriminatoria y, por ende, inconstitucional.

Al resolver el amparo en revisión 714/2017, los Ministros se pronunciaron respecto a la constitucionalidad de los artículos 33, fracción IV bis y 41, de la Ley General de Educación, así como el artículo 10, fracciones IX y X de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, que se refieren a la denominada “educación especial”, y sostuvieron que en el Estado mexicano no se puede concebir la existencia de dos sistemas educativos: uno regular, para todos los alumnos, y otro especial, para las personas con discapacidad.

Más bien debe entenderse que existe un sistema educativo regular que es complementado con “herramientas de apoyo para lograr la inclusión en el sistema educativo regular” –y no propiamente un sistema de educación especial–, que han sido creadas por el legislador, precisamente, para identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad.

Por ello, resolvieron, que las políticas y los recursos encaminados a formular prácticas genuinamente inclusivas deben primar sobre aquellas prácticas que tiendan a la separación, sea temporal o definitiva, de los educandos, atendiendo, entre otras consideraciones, a la discapacidad; para lo cual, progresivamente y hasta el máximo de los recursos posibles, se deberán tomar ajustes razonables, como lo son, entre otros, capacitar a profesores, adaptar las aulas a diferentes necesidades de los educandos y elaborar un plan de estudio que tome en cuenta las diferencias de los alumnos.

Consideraron que la escuela ordinaria con orientación inclusiva es la medida más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos, ya que los niños que se educan con sus pares tienen más probabilidades de convertirse en miembros productivos de la sociedad y de estar incluidos en su comunidad.

En consecuencia, se declaró inconstitucional la disposición legal que propicia la coexistencia de dos sistemas educativos, uno regular –para todos los alumnos- y otro especial –para las personas con discapacidad-.

Finalmente, la Sala destacó que si bien es optativo para el alumno emplear las herramientas de apoyo para lograr la inclusión en el sistema educativo regular –como lo son los Centros de Atención Múltiple (CAM) y Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER)–, lo cierto es que esa opcionalidad en forma alguna podrá ser pretextada para excluir a los alumnos con discapacidad del sistema educativo regular.

Fuente: Suprema Corte de Justicia de México

6 adolescentes, 3 niños y 3 niñas, celebrando
Miantos

Ecuador: Corte reconoce derechos sexuales y reproductivos de jóvenes

20 de Agosto de 2018

La Corte afirma que “dada la trascendencia de estos derechos, se debe poner especial énfasis en dotar a los y las adolescentes, como sujetos especiales de protección, de instrumentos normativos, científicos, educativos, de salud, informativos, que tengan por objeto la construcción de un criterio libre y responsable sobre cómo ejercer su sexualidad y controlar su capacidad reproductiva. Permitiéndoles vivir una adolescencia plena y feliz y garantizando su salud sexual y reproductiva”. (más…)

Pexels
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Resolución de Consejo de la ONU exhorta al cumplimiento efectivo del derecho a la educación de todas y todos

20 de Julio de 2018

La Resolución adoptada durante el 38º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrado recientemente (del 18 de junio al 6 de julio de 2018) insta a los Estados a dar cumplimiento a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho a la educación por todos los medios apropiados.

Los contenidos de esta resolución son especialmente relevantes, enfatizando la importancia para el cumplimiento del derecho a la educación del fortalecimiento del sistema de gobernanza de la educación y sugiriendo para ello, entre otras medidas: revisar los sistemas nacionales de gobernanza de la educación (leyes, políticas, instituciones, procedimientos y prácticas administrativas, mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas y los procedimientos judiciales relativos al derecho a la educación); fomentar la participación inclusiva en los mecanismos y procedimientos de gobernanza educativa (favoreciendo la inclusión y colaboración de docentes, padres y madres, autoridades locales, estudiantes y otras personas interesadas); promover la formación en derechos humanos de todos los agentes y partes interesadas, en el marco de los sistemas de gobernanza educativa (que los programas de educación y capacitación, componentes y procesos de gobernanza y gestión de la educación, incluidos los planes de estudio, los métodos pedagógicos y la capacitación, sean claramente orientados al fortalecimiento del aprendizaje acerca de los derechos humanos).

Otro de los puntos resaltados refiere a la ampliación de las oportunidades educativas para todos sin discriminación, entre otros medios poniendo en práctica programas especiales para luchar contra las desigualdades, lo que incluye las barreras a la accesibilidad y la discriminación de las mujeres y las niñas en la educación, reconociendo la considerable importancia de invertir en la enseñanza pública hasta el máximo de los recursos disponibles. En tal sentido, se exhorta a los Estados “a acelerar el proceso de eliminación de la discriminación por motivos de género y todas las formas de violencia, en particular el acoso sexual, la violencia sexual y de género relacionada con la escuela y la intimidación de los niños, en las escuelas y otros entornos educativos, y a hacer efectivos la igualdad de género y el derecho a la educación para todos”.

Cabe destacar que esta resolución aborda especialmente, en dos de sus numerales (4 y 5), el tema de la reglamentación, supervisión y la exigencia de rendición de cuentas a los proveedores de servicios educativos privados, y la relevancia de apoyar actividades de investigación con miras a abordar los impactos que supone la comercialización de la educación para el disfrute de este derecho.

El texto de la resolución insta a los Estados a “establecer un marco regulador que garantice la reglamentación de todos los proveedores de servicios educativos, incluidos los que operan de manera independiente o en colaboración con los Estados, inspirado en los instrumentos y principios internacionales de derechos humanos, que prevea, al nivel apropiado, entre otras cosas, reglas y normas mínimas para la creación y el funcionamiento de los servicios educativos, trate de contrarrestar todas las repercusiones negativas de la comercialización de la educación y refuerce el acceso de las víctimas de vulneraciones del derecho a la educación a recursos y reparación adecuados”.

Esta resolución, unida a otras adoptadas precedentemente en las que también se ha abordado esta temática, supone un importante marco jurídico referencial en lo que respecta a la regulación de los actores privados por parte de los Estados.

En materia de financiamiento de la educación, la resolución exhorta a los Estados a aumentar y mejorar la financiación interna y externa de la educación, y a tomar “todas las medidas necesarias, con inclusión de asignaciones presupuestarias suficientes, para garantizar una educación de calidad accesible, inclusiva, equitativa y no discriminatoria y promover las oportunidades de aprendizaje para todos, prestando especial atención a las niñas, los niños y niñas marginados/as, las personas mayores, las personas con discapacidad y todos los grupos vulnerables y marginados, incluidos los afectados por emergencias humanitarias y situaciones de conflicto”, destacando a su vez la importancia de la cooperación internacional.

Finalmente, la resolución condena “los reiterados ataques contra estudiantes, docentes, escuelas y universidades, que obstaculizan la efectividad del derecho a la educación y causan daños graves y duraderos a las personas y las sociedades”.

Acceda aquí al texto completo de la Resolución A/HRC/38/L.13

Encuentre más información sobre esta Resolución en los siguientes enlaces:

http://www.right-to-education.org/news/newly-adopted-un-resolution-shows-growing-consensus-improve-regulation-education-accordance

http://globalinitiative-escr.org/newly-adopted-un-resolution/

Encuentro Centroamericano discute Igualdad de Género, Violencia y Educación

2 de Junio de 2018

La CLADE realizó en San Salvador, El Salvador, el Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación: Estrategias de transformación. Con el apoyo de UNICEF y la RESALDE como anfitriona local, el evento se desarrolló entre los días 28 y 30 de mayo, con miras a trazar un panorama para la región de Centroamérica sobre la discriminación y violencia por razón de género contra niñas, mujeres y personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI) en los espacios educativos, formulando recomendaciones al respecto.

“Apostamos en el fortalecimiento de sistemas educativos públicos y laicos, donde se garantice una educación emancipadora y garante de derechos, que permita cuestionar los actuales patrones sociales, de distribución desigual de poder entre hombres y mujeres, para impulsar una transformación”, enfatizó Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE, en la apertura del encuentro.

Estuvieron presentes más de 40 personas de 17 países, entre ellas representantes de Ministerios de Educación de Costa Rica, El Salvador y Guatemala, UNICEF, UNGEI/ONU, CECC/SICA, OEI, Campaña Mundial por la Educación, tres parlamentarias del Parlacen, foros nacionales de educación miembros de CLADE en Centroamérica y el Caribe, ONGs locales, representantes estudiantiles y redes regionales como ALER y CLADEM.

En su participación, María Guadalupe Ramos Ponce, del CLADEM, subrayó la importancia de asegurar planes de estudio y materiales educativos inclusivos y formar y apoyar a las/os docentes para que combatan las discriminaciones. “Una educación sexual integral con perspectiva de género y de derechos humanos fortalece no solo la promoción de relaciones de género igualitarias, sino que también contribuye para la democracia”, afirmó.

Estuvieron en debate las leyes, políticas e iniciativas concretas para la prevención y superación de discriminaciones y violencia de género en y desde la educación. En el campo normativo, fue posible conocer los avances más recientes a nivel internacional, como las recomendaciones generales 35 y 36 de CEDAW, además del panorama regional y centroamericano, así como los avances que se dan desde el SICA.

Adelaida Entenza, asesora de Políticas de la CLADE, presentó las tendencias de los marcos normativos nacionales en la región y los principales instrumentos de derechos humanos del Sistema Interamericano que abordan la violencia y la discriminación de género, entre ellos la Convención de Belém do Pará y el posicionamiento reciente del Comité de Expertas de Seguimiento a esta Convención, que expresa preocupación por los discursos anti-derechos que catalogan el género como una ideología, instando los Estados a garantizar y proteger el derecho a la igualdad de género. “Los Estados de la región tienen el reto de dar respuesta, desde al ámbito de la educación, a los retrocesos que se observan en el campo de los derechos humanos, los derechos de las niñas y las mujeres, la igualdad de género, así como para la protección de los derechos de las personas LGBTI”, afirmó Entenza.

A su vez, representantes de los Ministerios de Educación de El Salvador, Guatemala y Costa Rica, además de CECC/SICA, fueron invitadas/os a compartir las iniciativas en marcha en sus países, lo que se avanzó y lo que queda por hacerse. “Las políticas para la superación de la violencia de género y la promoción de la igualdad de género deben construirse de manera intersectorial y desde las bases, para responder a las necesidades de la población”, afirmó en este diálogo Adriana de Sequeira, del Ministerio de Educación de Costa Rica.

Finalmente, se compartieron prácticas y experiencias inspiradoras de enfrentamiento a la problemática, por parte de ONGs y redes regionales, y se realizaron visitas de campo a escuelas de El Salvador, en las que UNICEF y OXFAM desarrollan proyectos por la prevención de la violencia de género.

Declaración final – La variada y representativa asistencia al seminario permitió la construcción de un panorama amplio de la temática en Centroamérica, con la identificación de rasgos comunes también a los demás países de la región latinoamericana y caribeña, como muestra la declaración final del encuentro.

El documento presenta los retos para el enfrentamiento de la violencia y discriminación de género a nivel regional, subraya instrumentos de derechos humanos relevantes y señala recomendaciones a las autoridades, en lo que toca a los frentes: cambio de patrones socioculturales; realización de una educación emancipadora y garante de derechos; marcos legales, políticos e institucionales. Respecto a este último, se señaló el rol de los Estados como garantes de derechos, que deben poner en marcha políticas públicas intersectoriales de enfrentamiento a las desigualdades y la violencia en la educación, asignando y ejecutando para ello un presupuesto suficiente y transparente.

Impulsamos consulta sobre el derecho a la educación de las personas con discapacidad

27 de Noviembre de 2017

Iniciativa concebida en el marco del Observatorio Regional de Educación Inclusiva (OREI) colaboró con el seguimiento y promoción de la implementación del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (más…)

Foto de Mme. Koumbou Boly Barry
World Education Blog

Relatora de la ONU sobre el derecho a la educación presenta informe sobre educación inclusiva, equidad y no discriminación

9 de Noviembre de 2017
En el documento, Koumbou Boly Barry recuerda instrumentos de derechos humanos que prohíben las discriminaciones en la educación y reconoce la importancia de la participación de las y los estudiantes en el debate y definición de las políticas educativas

En el marco de la 72ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tuvo lugar el último septiembre en Nueva York, la Relatora Especial de la ONU sobre el Derecho a la Educación, Koumbou Boly Barry, dio a conocer su más reciente informe, que enfoca la educación inclusiva, la equidad y la no discriminación, elementos que constituyen el hilo conductor de la Agenda de Educación 2030.

En el documento, la relatora recuerda los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que prohíben las discriminaciones relacionadas al derecho humano a la educación, por ejemplo, las que se practican por razón de “raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, o toda forma de opinión, origen nacional o social, condición económica o nacimiento”. En el informe, Boly Barry también demanda la regulación de las escuelas privadas.

“El énfasis del informe de la relatora en el enfrentamiento a las varias formas de discriminación es una necesidad y una urgencia en los tiempos actuales de retrocesos para la igualdad y la equidad, especialmente en lo que toca a la cuestión de género”, comenta sobre el informe la coordinadora general de la CLADE, Camilla Croso.

Asimismo, en el párrafo 28 del informe, Boly Barry reconoce el derecho a la participación de los y las estudiantes de todas las edades, así como su rol como interlocutoras/es legítimas/os en el debate y toma de decisión sobre las políticas educativas. Condena además la criminalización de los movimientos estudiantiles.

Integrantes y representantes de la CLADE tuvieron la oportunidad de dialogar con la relatora sobre la importancia de garantizar la participación de las y los estudiantes y superar su represión y criminalización durante la IX Asamblea General de la CLADE en México, en noviembre de 2016, y en el contexto de la visita de la relatora a Honduras, la cual el Foro Dakar Honduras impulsó en conjunto con la CLADE en junio de este año. Ese diálogo siguió en otros eventos internacionales importantes de 2017, en los cuales estuvieron presentes Boly Barry y representantes de la red CLADE, como la Consulta Colectiva de ONGs sobre la Educación 2030 (CCONG) de la UNESCO, en mayo en Camboya; el Evento de Alto Nivel da la ONU sobre la Educación en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en junio en Nueva York; y la Conferencia internacional ‘La alfabetización en la era digital’, realizada en París en septiembre, en el marco de las celebraciones del “Día Internacional de la Alfabetización”.

“Nos parece fundamental este reconocimiento a las y los estudiantes como interlocutoras/es en el actual contexto de cierre de espacios de participación social y aumento de la criminalización en distintos países del mundo, especialmente en América Latina y el Caribe. Es una incidencia que nos toca seguir haciendo con mucha determinación en todos los niveles”, afirma Croso.

Lea el informe de la relatora completo.

Seminario virtual “La igualdad de género en la educación en América Latina y el Caribe”

En Seminario, abordamos los avances y desafíos para la igualdad de género en la educación de la región

30 de Septiembre de 2017

El evento, que abarcó cinco días de diálogos transmitidos por Internet, tuvo el objetivo de contribuir al debate respecto a la garantía del derecho a la igualdad de género en y desde la educación en América Latina y el Caribe (más…)