Enfoque de género en los presupuestos educativos: una necesidad impostergable
10 de mayo de 2023Con miras a fortalecer las capacidades de la membresía sobre cómo analizar un presupuesto educativo desde un enfoque de género y hacer propuestas presupuestarias para garantizar una educación igualitaria a todas las personas, independiente de su identidad de género y orientación sexual, la CLADE brindó una formación de 20 horas de duración entre enero y marzo del 2023. El proceso de formación fue implementado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), el curso reunió a 56 integrantes de 14 países, con el apoyo de Educación en Voz Alta.
En la formación se enfatizó la idea de que los presupuestos no son documentos neutrales, ya que reflejan la prioridad que cada Estado / Gobierno brinda a la igualdad de género. Por ello, existen tensiones, principalmente cuando un Estado asume un compromiso internacional de adopción de esfuerzos para erradicar la desigualdad histórica y la discriminación de las mujeres, pero no lo traduce en la asignación de recursos específicos a estas acciones, el compromiso no se concreta si se queda apenas en el campo discursivo.
El ejercicio fiscal puede contribuir a enfrentar las desigualdades
Para acelerar el camino hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, es fundamental que el Estado tenga un plan de ingresos y egresos que desarrolle acciones públicas en un ejercicio fiscal en coherencia, tomando en cuenta las necesidades y demandas diferenciadas no solo de mujeres y hombres, también de toda la diversidad sexo-genérica. Igualmente, es importante definir indicadores desagregados por sexo y género para medir el impacto de las acciones, y facilitar el monitoreo de ese proceso por parte de la sociedad civil.
Durante el curso de formación se presentaron las distintas etapas del ciclo presupuestario, a saber, planificación; preparación y aprobación; ejecución y monitoreo; auditoría y evaluación. La reflexión central desarrolló estrategias para realizar miradas críticas sobre cada una de estas etapas con las gafas de género. También se compartieron herramientas metodológicas de presupuestos sensibles al género desarrollados en países como Australia y Sudáfrica, así como mecanismos de etiquetas o categorización de gastos con un estudio de caso en México. De manera muy práctica, las y los participantes analizaron el marco normativo de su país, contemplando el presupuesto con la sensibilidad de enfoque de género, detallando la manera que se incorporaba dicho enfoque en el instrumento nacional, habilitando la posibilidad de armar planes de incidencia para que los Estados cuenten con presupuestos educativos con perspectiva de género.
Grupo de Trabajo sobre género subraya oportunidades para la equidad
Para Violeta del Carmen Costas, integrante de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación y participante del curso, “la experiencia ha sido de mucho aporte para entender las dinámicas de los espacios gubernamentales y proponer la integración de la perspectiva de género paso a paso, partiendo de la análisis de la situación, del análisis de cómo les ven las realidades y luego integrarlos desde el enfoque de género.”
La capacitación es parte de las acciones del Grupo de Trabajo sobre Género de CLADE, que tiene como objetivo profundizar los debates sobre las relaciones entre género y educación en la red. Los talleres han producido colectivamente una guía metodológica para el análisis del presupuesto educativo con perspectiva de género que se dará a conocer en los próximos meses, junto al protocolo sobre presupuestos educativos sensibles a género, que orientará las acciones de incidencia de la CLADE en esta materia.
Episodio 6: Educación Inclusiva en el podcast Educación ¿Qué onda?
26 de abril de 2023La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) comparte el episodio número seis del Podcast, Educación ¿Qué onda?, dedicado a la educación inclusiva desde las diversidades. Procurando que en 22 minutos se cuente con un nuevo recorrido que nos permita conocer más sobre iniciativas en la región latinoamericana y caribeña, profundizando el intercambio de la educación con enfoque de derechos humanos.
Contamos con la participación de Ana Rocío Kerguelen, psicóloga y magíster en educación, docente universitaria y miembro de la junta directiva de Asdown Colombia; Suelaine Carneiro, coordinadora ejecutiva de Geledés, el Instituto da Mulher Negra, activista feminista negra, graduada en sociología, con maestría en educación; Miguel Marca Barrientos, director ejecutivo de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación y Víctor Cristales, coordinador del Colectivo de Educación para Todos y Todas de Guatemala.
Ederson Knorst del equipo regional de la CLADE y Lorena Osorio, colaboradora voluntaria brindaron las locuciones de este episodio.
Escucha el podcast completo:
Notas en la Pizarra: Observatorio Regional de Educación Inclusiva (OREI) y un llamado a la no discriminación de niñas y jóvenes negras
La educación inclusiva es uno de los ejes fundamentales para la transformación social hacia sociedades más justas, dignas e igualitarias por ello la CLADE animó la reactivación del Observatorio Regional de Educación Inclusiva (OREI). Contamos con las palabras de Ana Rocío Kerguelen, psicóloga y magíster en educación, docente universitaria y miembro de la junta directiva de Asdown Colombia quien participó de la consulta a especialistas.
También en esta sección informativa tenemos un llamado a fortalecer la movilización social para exigir que los gobiernos cumplan los compromisos asumidos en los tratados internacionales y las legislaciones nacionales, que realiza Suelaine Carneiro, coordinadora ejecutiva de Geledés, el Instituto da Mulher Negra, activista feminista negra, graduada en sociología, con maestría en educación.
Ecos y Voces: potenciar las diversidades ante la pretendida homogeneización
Miguel Marca Barrientos, director ejecutivo de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación señala la importancia de construir una escuela desde la justicia social, superando la discriminación, abrazando la diversidad y aumentando compromisos de financiamiento por el derecho humano a la educación.
Tejiendo en Red: la inclusión educativa en 2023
El Colectivo de Educación para Todos y Todas de Guatemala ha trabajado un enfoque inclusivo en la educación intercultural desde las diversidades, Víctor Cristales, coordinador del colectivo nos comparte los logros que han cosechado colaborativamente en la demanda del financiamiento, así como políticas de inclusión en contextos excluidos como las zonas rurales. Del mismo modo comparte el enfoque inclusivo que se considera en la educación intercultural.
Finalmente invitamos a visitar el Informe Regional sobre el derecho humano a una educación libre de violencias de género disponible en www.redclade.org que muestra el proceso de construcción colectiva y participativa de datos empíricos relevantes, claros y pertinentes para la lectura crítica de discriminaciones, desigualdades y violencias de género en el ámbito educativo rural.
Créditos:
Entrevistas: Vanessa Paola Vélez Loza, comunicadora de la Coalición Boliviana por el Derecho a la Educación, María Cianci Bastidas y Thais iervolino del equipo de comunicación de la CLADE.
Locuciones: Ederson Knorst del equipo regional de la CLADE y Lorena Osorio, colaboradora voluntaria.
Canción: Anónima.
Apoyo musical: Raule – Soy Yo (Centro Asprodeme Puerto Real).
Ilustración: Renata Dorea.
Producción general: Nelsy Lizarazo, Thais Iervolino, Carolina Osorio y María Cianci Bastidas.
Mirada crítica sobre el transporte escolar como brecha educativa
19 de abril de 2023La garantía del derecho humano a la educación va de la mano de las condiciones que sustentan el acceso y la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. En las zonas rurales una de las situaciones que representa una amenaza para que niños y niñas puedan asistir a los centros educativos es el transporte escolar, esto se traduce no solo en el propio servicio de traslado para la ida y el retorno, también que el mismo debe constituir, al igual que la propia escuela, un espacio seguro y libre de violencia.
La responsabilidad de las diversas instancias del Estado para planificar y coordinar acciones que garanticen el transporte escolar se ha visto con múltiples deficiencias en Colombia, profundizado en las zonas rurales.
Algunas alternativas para solventar el riesgo de exclusión educativas son analizadas en el artículo de opinión realizado por Katherine Tovar Briñez y Edwin Tovar Briñez, docentes con licenciatura en ciencias sociales por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, titulado “La brecha educativa rural: Apuntes críticos sobre el transporte escolar en Colombia”.
En el artículo se afirma que “según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) del 2016, titulado Bienes y servicios públicos sociales en la zona rural de Colombia: brechas y políticas públicas, la falta de una mancomunidad entre las entidades responsables por el transporte escolar ha dado lugar a varias problemáticas en las áreas rurales, como la duplicación de rutas, la falta de vehículos adecuados y la subutilización de recursos disponibles, así como la ausencia del servicio cuando se requiere”.
Lee el artículo publicado en Rebelión.
La educación es un derecho, no un privilegio ni una mercancía
5 de abril de 2023La educación como escenario de disputa de actores e intereses
La privatización de la educación es un asunto que llevo estudiando desde hace más de una década, y es algo que va en aumento, por lo que todas las personas que trabajan en educación y, en otros servicios públicos, deberían prestar atención. Por eso, quería felicitar a la UNESCO y al equipo del informe GEMR por haber elegido un asunto tan relevante, preocupante y controvertido y haberlo hecho de una forma tan completa y profunda.
Como bien ha dicho Manos Antoninis, director del GEMR, hay una gran heterogeneidad de actores no estatales. Desde el punto de vista de los derechos humanos, las oportunidades que ofrecen los actores no estatales en la educación son las de ofrecer modelos alternativos a la educación estatal, para evitar fundamentalismos y proteger la libertad de pensamiento.
En la práctica, también vemos que hay muchas organizaciones sin ánimo de lucro que intentan desarrollar nuevos modelos pedagógicos más participativos y adaptados a las distintas necesidades del estudiantado.
Existen asociaciones público – privadas en las que el Estado contrata a empresas privadas para cumplir funciones asociadas a la educación, tales como comedores escolares, limpieza, infraestructura, o producción de libros de texto. Y otros casos en el que instituciones privadas son subvencionadas por el Estado, estos jardines de infancia, colegios y universidades concertados, están financiados con fondos públicos y tienen que cumplir con las regulaciones necesarias. Pueden ser gratuitos o pueden exigir tasas adicionales.
Otros actores no estatales, cubren áreas que no están lo suficientemente bien abastecidas por el Estado ya sea por la falta de existencia a una distancia razonable o por la falta de la calidad de la oferta estatal.
Las tensiones entre lo normativo y lo descriptivo, lo público y lo privado
Ahora bien, a pesar de que esto sea lo que ocurre en realidad, en el plano descriptivo, no debe ser lo estipulado en el plano normativo. Esto es algo que desde mi punto de vista no queda claro en el informe GEM, que a veces confunde los planos descriptivos y normativos.
Desde el punto de vista normativo, siguiendo los derechos humanos, es el Estado el que tiene la obligación de proteger, respetar y cumplir el derecho a la educación, a través de la provisión de educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad.
En mi experiencia, los desafíos del aumento de la privatización son mucho mayores que sus oportunidades. Para empezar, desde los años 80, el modelo neoliberal de preeminencia del mercado para satisfacer la demanda de servicios públicos se ha impuesto sobre todo a través de instituciones económicas como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y promovido también por donantes bilaterales como el FCDO británico (Oficina de Asuntos Exteriores).
La reducción del Estado como proyecto neoliberal potencia la exclusión
La política de escatimar en los presupuestos educativos, de no aumentar el salario o el número de docentes, de incentivar el rol de empresas privadas en educación con lógica de mercado y, en definitiva, de comodificar la educación; va en contra de la perspectiva de los derechos humanos.
Además, esta reducción del rol del Estado a favor del rol del mercado se produjo al mismo tiempo en que logramos la abolición de las tasas académicas y la expansión de la educación pública y gratuita a nivel de primaria en muchos de los países de bajos ingresos. Esta expansión llenó las escuelas, atrayendo a muchos grupos que nunca antes habían sido escolarizados y ha sido uno de los factores que más ha contribuido a la paridad de género.
Sin embargo, debido a la escasez de recursos promovida por la ideología neoliberal, ha llevado a la masificación de las aulas, y a que los y las estudiantes no puedan acceder a una educación de buena calidad. Esta misma ideología ha incentivado la estratificación o segmentación social de oportunidades educativas, en base al poder adquisitivo de las familias.
Los desafíos para la financiación justa y adecuada para la educación
La insuficiencia de recursos dados a las escuelas en países con bajos ingresos, ha llevado a cobrar tasas por recursos educativos que deberían ser gratuitos, y que excluyen a aquellas personas que no se los pueden permitir, llevando a violaciones de derechos.
Otro de los desafíos, consiste en que los actores no estatales están cumpliendo el rol del Estado, asumiendo la falta de cobertura educativa en ciertas áreas geográficas, tanto rurales, como en asentamientos ilegales. En el mejor de los casos, las organizaciones sin ánimo de lucro que quieren ayudar a los sectores más desfavorecidos y construyen escuelas en comunidades en las que no las hay. Pero como se mueven por fondos de donantes, no son sostenibles, además suelen emplear a docentes sin formación. Asimismo, rompen el contrato social de rendición de cuentas entre los ciudadanos y el Estado, y convierten la educación en beneficencia, en vez de derecho.
En el peor de los casos, las empresas con ánimo de lucro, transforman la educación en mercancía. Buscando una tasa de retorno o de rendimiento lo más alta posible para sus inversiones, suelen discriminar a estudiantes con discapacidades. Estas escuelas escatiman todo lo que pueden tanto en docentes como en infraestructura, llevando en muchos casos, a situaciones que ponen en peligro a los estudiantes
La supremacía del mercado amenaza derechos
Lo peor de todo es que la ideología neoliberal tiene al mercado y la libre elección como tótems, y fomenta la desregularización. El informe GEM cubre muy bien la necesidad de regular mejor los actores privados.
El estudio que yo hice ya hace algunos años analizando las leyes que regulan a los actores privados en la educación, fue bastante deprimente. Entre estas leyes, unas no hacían ninguna mención a la regularización, otras se limitaban describir el proceso para poder establecer instituciones privadas, y una minoría de países detallaba una normativa para que estas instituciones cumplieran con los estándares nacionales y de derechos humanos, con una regulación potente.
Pero, lo que vemos especialmente en la mayoría de los países pobres, es que las instituciones privadas están creciendo de forma exponencial, muchas veces de forma ilegal. Estos estados, ya con presupuestos limitados (debido en gran parte a la ideología de minimizar el rol del Estado y favorecer el del mercado) no tienen los recursos disponibles para llevar a cabo las labores de inspección efectiva de las instituciones privadas. Las asociaciones público-privadas o escuelas concertadas, pueden suponer un gran coste para los gobiernos, absorbiendo gran parte de un financiamiento insuficiente y de otros recursos.
Respecto a si una mayor presencia de actores no estatales podría ser la solución para combatir la estratificación, yo diría que no, más bien todo lo contrario.
Las escuelas denominadas de bajo coste (que no lo son para los más pobres), sólo consiguen aumentar la estratificación horizontal y vertical, aumentando las desigualdades de género.
El caso de Chile es paradigmático de como la privatización fomentada por el estado aumenta la estratificación social, desabasteciendo y bajando la calidad de las escuelas que sirven a los estratos con menos ingresos.
Fortalecer la educación pública diluye la segregación
La mejor manera de luchar contra la segregación y la estratificación social es invertir en una educación pública, gratuita, inclusiva y de buena calidad para todos, todas y todes, desde jardín de infancia hasta las universidades, centros de formación, y aprendizaje a lo largo de la vida.
La educación es un derecho, no un privilegio, mercancía o beneficencia, sino un derecho. Y su financiamiento tiene que venir de la movilización de recursos internos estatales a través de una tributación progresiva, poniéndole fin a la evasión y elusión fiscal, ayudada de la cooperación exterior basada en derechos humanos, no en neoliberalismo.
Los principios de Abidjan aclaran que los Estados deben dar prioridad al financiamiento y la provisión de educación pública, gratuita y de calidad, y sólo pueden financiar instituciones educativas privadas de instrucción elegibles, directa o indirectamente, si éstas cumplen con los estándares y normas de derechos humanos aplicables, y observan estrictamente todos los requisitos sustantivos, procedimentales y operativos.
Sobre el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM)
El Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (Informe GEM, por sus siglas en inglés) de la UNESCO fue creado en 2002 como revisión de los objetivos educativos exigiendo a la comunidad mundial que rinda cuentas de los compromisos contraídos en esta materia.
Encuentro Virtual: Una mirada a la educación inclusiva en la post pandemia
4 de abril de 2023Hasta 2030, los países de todo el mundo tienen como meta “eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad”.
La inclusión educativa en América Latina y el Caribe ha sido uno de los principales obstáculos para la realización plena del derecho humano a la educación. La discriminación histórica que sufren personas y grupos dentro y fuera de los sistemas educativos ha marginalizado sistemática e históricamente a las poblaciones más vulnerables.
En este sentido, la CLADE en colaboración con la oficina de la OREALC/UNESCO Santiago, realizó el pasado 30 de marzo, el debate virtual titulado: “Una mirada a la educación inclusiva en la post pandemia”.
El encuentro virtual, moderado por Thais Iervolino de la CLADE, tuvo la participación de Jerónima Sandino de la UNESCO; Rafael Pabón especialista colombiano en educación inclusiva; Liliana Peña de la Red Regional de Educación Inclusiva – RREI; y Nelsy Lizarazo de la CLADE. Con el objetivo de poner sobre la mesa de debate la educación inclusiva en la región, los principales desafíos y barreras en este campo, así como las perspectivas de lucha y fortalecimiento del derecho a la educación inclusiva. Este encuentro virtual fue la oportunidad perfecta para lanzar formalmente la versión actualizada del Observatorio Regional de Educación Inclusiva – OREI.
>> Mira el evento completo aquí:
Sobre el observatorio
El OREI, creado en el año 2015, es un espacio en formato de plataforma virtual que tiene como objetivo plantear la importancia de la educación inclusiva y el acompañamiento de esta dimensión en nuestra región. Con alianzas de un conjunto de organizaciones que tienen actuación a nivel regional de América Latina y el Caribe, pertenecientes al sistema de Naciones Unidas, al Iberoamericano o que representan organizaciones de la sociedad civil, la plataforma fue actualizada este año y presenta como pauta los desafíos y violaciones, pero también posibilidades y experiencias inspiradoras para fortalecer la inclusión educativa.
Belén Arcucci, RREI: Urge la transformación de la educación hacia la inclusión de las diversidades
7 de marzo de 2023La Red Regional por la Educación Inclusiva de Latinoamérica (RREI) se ha integrado a la CLADE en su reciente XII Asamblea Regional CLADE: Por el derecho a la educación pública: cuidado, transformación y justicia social. La RREI es una coalición con presencia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Honduras, integrada por diversas organizaciones y familias que trabajan por el derecho de las personas con discapacidad a recibir educación inclusiva en una escuela para todas y todos.
La creación de la red en 2015 se acordó “con el fin de incidir políticamente a nivel nacional, regional e internacional para que los Estados garanticen el derecho de todas las personas a una educación inclusiva. Además, nos propusimos realizar acciones coordinadas para que toda la sociedad y el colectivo de personas con discapacidad, familias y aliados contribuyan al logro de este objetivo”, señalan en su presentación institucional.
Belén Arcucci, coordinadora del Programa de derechos de las personas con discapacidad de la Asociación civil por la igualdad y la justicia (ACIJ) y coordinadora de la Red Regional por la Educación Inclusiva de Latinoamérica (RREI) dialogó con la CLADE y llamó la atención sobre la situación de las personas con discapacidad que “constituyen uno de los grupos más excluidos de las instituciones educativas, y solo será posible remediar esta situación mediante el establecimiento de una educación para todas y todos, brindada en escuelas y aulas regulares inclusivas, capaces de enseñar a todos y cada uno los niños y niñas, en condiciones de dignidad, calidad y equidad”.
Lee y escuche, a continuación, la entrevista completa:
1.- ¿Cuáles son los objetivos y cuáles logros ha cosechado la RREI durante su trayectoria?
Belén Arcucci.- La Red Regional por la Educación Inclusiva de Latinoamérica es una coalición de organizaciones de personas con discapacidad, familias y [organizaciones] de derechos humanos de distintos países de la región, que tiene como objetivo central hacer realidad el derecho a la educación inclusiva para todas las personas en los países de nuestra región, especialmente para las personas con discapacidad, porque consideramos que son de los colectivos que se ven más vulnerables en su derecho a una educación en las escuelas comunes, esto en los términos del artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Este objetivo de la red aspira incidir para que en los países de nuestra región este derecho [a la educación] sea para todas las personas y especialmente para las personas con discapacidad, lo cual nos hemos propuesto a través de distintas estrategias, como la incidencia en las políticas públicas y en las prácticas docentes a través de las capacitaciones y la formación docente, entre otras.
Como RREI sumamos desde el 2015, esfuerzos, trayectorias y experiencias de las organizaciones que la integran, mostrando la vigencia de la agenda de la educación inclusiva, así como la creciente incidencia en espacios de decisión, en eventos internacionales y regionales procurando instalar el tema, con una rica producción de documentos, informes y materiales para la formación sobre el derecho de educación inclusiva.
En cuanto a la formación, la RREI realizó un Curso Regional sobre Educación Inclusiva con más de cuatro mil inscripciones, también Congreso Regional por la Educación Inclusiva, con más de seis mil inscripciones, lo cual demuestra el creciente interés en profundizar la mirada, la agenda y las propuestas de inclusión en todos los ámbitos educativos.
2.- ¿Qué desafíos tiene el derecho a la educación para una inclusión integral?
Belén Arcucci.- Los desafíos para alcanzar realmente una educación inclusiva para todas las personas y ver garantizado este derecho en nuestra región son muchos.
El primer gran desafío pasa por las barreras culturales y actitudinales que siguen muy presentes en toda la sociedad y especialmente en todos los actores del sistema educativo que provienen de paradigmas anteriores al modelo social de la discapacidad. Este paradigma cree que el colectivo de personas con discapacidad debe contar con una educación segregada en otros espacios.
Continúa el desafío ligado a las políticas públicas de los sistemas educativos que debe procurar su transformación, lo que en muchos casos se limita por la falta de voluntad política y de recursos. Necesitamos contar con sistemas educativos de escuelas comunes, y no de segregación en escuelas especiales.
Cuando hablamos de un sistema capacitista en la educación nos referimos a un sistema que considera la adecuación hacia un determinado tipo de estudiante que son considerados en la normalidad. Es importante revisar este criterio que asume la educación dirigida a determinadas personas que entran en un parámetro de normalidad y que no considera la diversidad, especialmente a las personas con discapacidad como sujetos de aprendizaje.
Es necesario proveer apoyos de calidad en el sistema educativo común para todas las personas que lo necesiten, comprometerse con los ajustes que eliminen todas las barreras y discriminaciones que enfrentan las personas con discapacidad, lo que a su vez implica modificar las prácticas en el aula. El personal docente debe cambiar la mirada hacia una apertura del aprendizaje con esta perspectiva.
3.- ¿Qué elementos de inclusión se subrayan en las demandas educativas a los Estados de la región?
Belén Arcucci.- Lo que demandamos [como RREI] a los Estados de la región es que cumplan con sus compromisos internacionales, considerando que firmaron la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, donde queda claro que el derecho a la educación es el derecho a la educación inclusiva, porque es la única forma de garantizarla.
La no discriminación en la educación es el primer paso en la transformación de los sistemas educativos que hoy todavía tienen una modalidad segregada. Lo que hoy son las escuelas especiales deben dar paso a las escuelas comunes e integradas. Los centros pueden transformarse en centros de recursos y apoyo para la inclusión.
En la transformación inclusiva de la educación debe considerarse el apoyo del equipo humano, y los ajustes que se contemplan en la convención, entre ellos la accesibilidad de todos los establecimientos con diseño universal. La accesibilidad también asume la superación de barreras comunicacionales, con la adecuada y oportuna formación docente.
En definitiva urge una transformación integral de los sistemas educativos y de la mirada que supere la educación capacitista bajo paradigmas de normalización de todas las y los estudiantes a sistemas que realmente reconozcan y valoren la diversidad desde el aula.
Episodio 4: sobre Proyecciones 2023 ¿Qué esperamos para el derecho humano a la educación? en el Podcast Educación ¿Qué onda?
23 de febrero de 2023La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) comparte el cuarto episodio de su Podcast, Educación ¿qué onda? En esta primera emisión del año 2023 se comparten las proyecciones que soñamos y luchamos para que el derecho humano a la educación sea ejercido en plenitud por toda la población de nuestra región latinoamericana y caribeña.
Este cuarto episodio con una duración de 24 minutos destaca las Proyecciones para este 2023, en el marco de la Campaña #EducaciónEnEmergencias que impulsa desde diversas latitudes esfuerzos por la incidencia y protección del derecho humano a la educación.
El episodio sobre Proyecciones cuenta con la participación de Madeleine Zúñiga, coordinadora nacional de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación; Raúl Valdés, coordinador de programa del Instituto de Aprendizaje a lo Largo de toda la vida UIL- UNESCO y director del programa de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje; Vernor Muñoz, jefe de política y activismo de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y ex relator especial para el derecho a la educación y Belén Arcucci, coordinadora del Programa de derechos de las personas con discapacidad de la Asociación civil por la igualdad y la justicia (ACIJ) y coordinadora de la Red Regional por la Educación Inclusiva de Latinoamérica (RREI).
Escucha el podcast completo:
Notas en la Pizarra: incertidumbre política en Perú y el monitoreo de datos de la EPJA
Contamos con el análisis del contexto político de Perú que se mantiene en incertidumbre, siguen las movilizaciones en diversos puntos del país, estas acciones han sido fuertemente reprimidas por las autoridades policiales y militares, al mismo tiempo se evidencian decisiones ministeriales que vulneran el derecho humano a la educación.
También compartimos la mirada crítica del Informe Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos (GRALE, por sus siglas en inglés) del Instituto de Aprendizaje a lo Largo de toda la vida UIL- UNESCO, que facilita el seguimiento de la evolución del aprendizaje y la educación en la política de los Estados para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA).
Ecos y Voces: digitalización y derecho a la educación
El derecho a la educación ha sufrido un impacto por la virtualización, lo que a su vez ha exigido a la sociedad civil profundizar en el debate sobre el uso de las tecnologías.
La posibilidad de la digitalización de ningún modo debe entenderse como una sustitución de la escuela, al contrario debe facilitar la valoración de la educación pública con un financiamiento justo y pertinente.
En este episodio, Vernor Muñoz, jefe de política y activismo de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y ex relator especial para el derecho a la educación nos comparte su análisis sobre la creciente digitalización y comparte su visión sobre la actuación de la CLADE en el escenario internacional.
Tejiendo en Red: la inclusión educativa en 2023
Para finalizar, invitamos a escuchar la labor que adelanta la Red Regional por la Educación Inclusiva de Latinoamérica (RREI), que trabaja por el derecho de las personas con discapacidad a recibir educación inclusiva en una escuela para todas y todos, presente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Honduras.
Declaraciones de Belén Arcucci, Coordinadora del Programa de derechos de las personas con discapacidad de la Asociación civil por la igualdad y la justicia (ACIJ) y coordinadora de la RREI.
Créditos:
Entrevistas y producción: María Cianci Bastidas
Locuciones: Gabriela Arrunátegui, equipo regional de la CLADE y Alejandro Suárez, comunicador de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación
Canción: Anónima.
Apoyo musical: Anónima. Jaque.
Ilustración: Renata Dorea
Producción general: Nelsy Lizarazo, Thais Iervolino, Carolina Osorio y María Cianci Bastidas
Por una educación libre de violencias: investigación propone alianza con comunidades rurales para estrategias de prevención en las escuelas
1 de diciembre de 2022Uno de los problemas centrales en los sistemas educativos de América Latina y el Caribe es la exposición a las múltiples expresiones de las violencias de género en los entornos escolares. Con el objetivo de aportar al fortalecimiento de estrategias de promoción de igualdad de género y prevención de las violencias en escuelas rurales, la CLADE desarrolla el proyecto Estrategias para prevenir la violencia sexual y de género y fomentar la equidad en las escuelas rurales de Haití, Honduras y Nicaragua.
El proyecto es coordinado por la CLADE, en alianza con Alternatives y en ámbito nacional con sus tres coaliciones miembros: Reagrupación por la Educación para Todas y Todos de Haití, Foro Dakar Honduras y Coalición Nicaragüense por la Educación. Este trabajo se lleva a cabo gracias al apoyo y la subvención concedida por el Intercambio de Conocimiento e Innovación (KIX) de la Alianza Global para la Educación (GPE) y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), Ottawa, Canadá.
Apuesta por el cambio desde los territorios
En ocasión de la XII Asamblea de la CLADE, con la presencia de más de 70 personas de 20 países, entre ellas, activistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil, representantes de la cooperación internacional y academia, y los equipos de investigación regional y nacionales, compartieron las apuestas y particularmente aprendizajes hasta el momento en el taller “Prevención y sensibilización contra la violencia de género en escuelas rurales: los países KIX comparten su experiencia”, realizado el 8 de noviembre de 2022 en Tegucigalpa, Honduras.
En la actividad se mantuvo la invitación a reflexionar sobre la pertinencia de la apuesta por el cambio desde los territorios como una posibilidad más en la lucha por una educación libre de violencias.
El proyecto, que tuvo inicio en 2021 y sigue hasta 2023, busca, en primer lugar, construir conocimientos locales sobre prácticas y respuestas a las violencias en contextos escolares rurales de Haití, Honduras y Nicaragua, en particular las violencias de género mediante procesos participativos de investigación.
En segundo lugar, se aspira a movilizar los conocimientos para el fortalecimiento de las capacidades locales y empoderar a los actores vinculados al tratamiento de las violencias y la transversalización del enfoque de género en materiales y prácticas educativas.
Finalmente, el proyecto quiere incidir para la inclusión del tratamiento de las violencias en las escuelas rurales en la agenda política nacional y las instancias internacionales relevantes.
La Investigación Acción Participación (IAP) como opción metodológica
La investigación tiene como apuesta central un horizonte de cambio cultural a partir de la aplicación de una metodología de Investigación Acción Participación (IAP) con enfoque de género. La estrategia metodológica se centra en la cercanía cultural y el conocimiento social – comunitario que tienen las personas sobre sus propias problemáticas y contextos.
En la IAP, las comunidades educativas, es decir, docentes, estudiantes y familias, también integran la investigación de sus propias prácticas y estrategias para la transformación. Con eso, se convoca a experiencias vitales y transformadoras de IAP como un universo de posibilidades que suma en la promoción y respeto del derecho humano a la educación libre de violencias.
El equipo nicaragüense, en su presentación, recordó que esa opción lleva al grupo a despojarse del papel de investigación únicamente y a ponerse también como sujetos de aprendizajes. Asimismo, “a ser consecuentes con nuestra apuesta, asumiendo el compromiso de repensar los estereotipos y roles con los que crecimos porque podíamos reproducirlos con las y los chavales”. El equipo de Honduras, a su vez, afirmó que “la opción de construir investigación acción participativa parte por la escucha, por otorgar tiempo y valor a la palabra y a las historias de vida”.
En ese sentido, con base en principios de IAP y el enfoque de género, se diseñaron una serie de herramientas y técnicas para recoger información. En un primer momento, se buscó conocer la percepción de las personas adultas de las comunidades, como directores/as, docentes y familias, y en un segundo momento, la percepción de las y los adolescentes. “Hemos aprendido con los y las adolescentes la capacidad de agencia que ellos tienen, su capacidad transformadora y la de la comunidad, y como la interacción y los procesos de capacitación logran que incorporemos en la vida diaria las vivencias y valores compartidos”, compartió el equipo de Nicaragua.
Comunidades escolares en Haití, Nicaragua y Honduras, primeros aprendizajes
En la actualidad, el proyecto se desarrolla en aproximadamente 6 escuelas rurales, situadas en las zonas periféricas afectadas por la violencia en cada uno de los países del proyecto: en Haití, las comunas de Saint-Michel de l´Attalaye y Plaisance du Nord; en Honduras, los municipios de San Ignacio y Ojojona; y Nicaragua, en el departamento de Matagalpa, en comunidades de La Chata, San Francisco y Slilmalila.
Luego de 18 meses en vigencia, siendo 10 de ellos con posibilidad de estar en los territorios, posibilidad antes impedida por la pandemia, los equipos han cumplido una ruta en la que aprender y desaprender han sido verbos rectores de la apuesta por impulsar y construir, junto con las comunidades educativas locales, estrategias, metodologías y prácticas que regresen al campo de discusión y acción transformadora de la investigación acción participativa.
Adicionalmente integran el enfoque de género como una innovación que permita el diálogo entre realidades sensibles y multidimensionales de cada contexto nacional y la emergencia del derecho humano a la educación libre de violencias, particularmente la sexual y las basadas en discriminaciones de género.
Los hallazgos hasta el momento confirman la presencia, persistencia y naturalización de diversas dimensiones de violencia de género en los entornos escolares, además de sus características locales, con rasgos particulares según el contexto.
En Haití, se registró una importante presencia de la violencia sexual y la naturalización de las prácticas nocivas contra las mujeres, expresadas ellas mismas. Las encuestas a adolescentes revelan que la violencia sexual y sus múltiples manifestaciones, tales como tocamientos indebidos, la inseguridad del camino del hogar hasta la escuela, casos de peleas y violencia física que se dan principalmente en los baños y espacios de recreo, además de casos de discriminación por temas de religión, opiniones políticas, apariencia física, entre otros, mayoritariamente de parte de sus compañeros varones, pero también de personas adultas.
“Quienes ejercen las conductas de violencia tienen en común la relación de poder en clase y/o género”.
Equipo de investigación de Haití
Para el equipo haitiano, la investigación está permitiendo ver cómo se construyen las violencias. “Pese a las distancias geográficas en mi país y entre países hay temas que se cruzan: bullying, castigo, violencias, embarazo en niñas y adolescentes. Creemos que es un estudio que nos ayudará en Haití, que en América Latina y el Caribe tendrá eco porque expresa realidades sensibles que afectan la vida de las y los adolescentes, de niñas y niños; de las familias y comunidades; del barrio, de otras escuelas”.
La importancia de protocolos escolares para la prevención
En Honduras, se han identificado las formas de percepción de las violencias y de las violencias basadas en género desde la visión de personas adultas, ha marcado un patrón importante de temor a la denuncia y de reproducción de las violencias. En ese marco, las escuelas no cuentan con reglamentos vigentes para prevenir estas violencias.
La escucha a adolescentes revela resultados similares, mostrando, asimismo, la presencia de estereotipos de género muy marcados, y fuerte percepción de la violencia en el entorno escolar, las y los adolescentes aseguran que hay una violencia física entre pares y que los espacios más inseguros son los baños y durante el recreo, específicamente por la discriminación física que sufre la mayoría de estudiantes que dieron su testimonio. Sobre la violencia sexual, existen casos de tocamientos indebidos por parte de compañeros, con frágiles canales de denuncias.
El silencio puede encubrir situaciones de violencia
En Nicaragua, se manifestó fuertemente el acoso escolar, matoneo o “bullying” entre estudiantes y violencia de género hacia niñas y docentes mujeres. Las encuestas a adolescentes igualmente mostraron la prevalencia de estereotipos y roles de género, además de la persistencia de dinámicas de bullying y discriminación que se expresan sobretodo en burlas.
El silencio es un dato importante que expresa la investigación, especialmente en presencia de violencia sexual.
Las y los docentes afirmaron no contar con herramientas que permitan prevenir y atender estas manifestaciones de la violencia de género, sin embargo se mostraron abiertos al trabajo del proyecto, aportando propuestas concretas de caminos posibles.
La sistematización permanente como aprendizaje colectivo
En el proyecto con los grupos participantes se sistematizan los aprendizajes, lo cual representa un ejercicio central en la metodología propuesta, facilitando así la construcción de estrategias locales de prevención de violencias en base a los datos encontrados durante la investigación. Al mismo tiempo, se perfila un plan de escalamiento que será contextualizado según las localidades.
