Artículo: Justicia Fiscal y Financiamiento Educativo
21 de diciembre de 2021¿Qué vincula a la evasión de impuestos de las mega corporaciones y los ricos globales con el financiamiento de la educación pública y de calidad? Esa y otras cuestiones sobre justicia fiscal y el derecho a la educación en América Latina y el Caribe son analizadas en el artículo “Justicia Fiscal y Financiamiento Educativo”, escrita por Adrián Falco, miembro de Fundación SES y secretario ejecutivo de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe.
Según Falco, la realidad de la región latinoamericana y caribeña en términos de falta de recursos, de incremento de la desigualdad y de falta de oportunidades no es un fenómeno reciente, no es un fenómeno que refiera a unos gobiernos en particular o que se circunscriba a una simple crisis.
“La sujeción de nuestros países a procesos de endeudamiento, desindustrialización y, como consecuencia, el deterioro de indicadores sociales, es producto de un proceso de décadas en las cuales la globalización financiera que comenzó en la década de los ´80, la deslocalización de la producción económica, la designación de roles específicos en las cadenas de valor globales y el incremento incesante de enclaves offshore para el manejo de los negocios fueron los principales arietes del neoliberalismo para sostener y fortalecer una agenda global de transferencia incesante de ingresos del sur al norte”.
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Justicia Fiscal y Financiamiento Educativo
15 de diciembre de 2021¿Cuál es la relación entre la apertura de una cuenta o empresa con nombres falsos en la Isla de Man (un paraíso fiscal) y la falta de calefacción en una escuela en cualquier país de nuestra América Latina y Caribeña? ¿Qué vincula a la evasión de impuestos de las mega corporaciones y los ricos globales con el financiamiento de la educación pública y de calidad? La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la Red de Justicia económica y social Latindadd y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC) han unido esfuerzos y agendas para responder estas preguntas y revelar, finalmente, el estrecho vínculo entre justicia fiscal y financiamiento educativo.
Nuestra realidad en la región latinoamericana y caribeña en términos de falta de recursos, de incremento de la desigualdad y de falta de oportunidades no es un fenómeno reciente, no es un fenómeno que refiera a unos gobiernos en particular o que se circunscriba a una simple crisis. La sujeción de nuestros países a procesos de endeudamiento, desindustrialización y, como consecuencia, el deterioro de indicadores sociales, es producto de un proceso de décadas en las cuales la globalización financiera que comenzó en la década de los ´80, la deslocalización de la producción económica, la designación de roles específicos en las cadenas de valor globales y el incremento incesante de enclaves offshore para el manejo de los negocios fueron los principales arietes del neoliberalismo para sostener y fortalecer una agenda global de transferencia incesante de ingresos del sur al norte.
De este proceso al que hacemos mención nos interesa el desarrollo vinculado con las prácticas de evasión, elusión y movimiento de flujos financieros ilícitos desde nuestra región hacia la cadena de guaridas fiscales en el norte global. La importancia de la construcción de datos e información que nos ayuden a comprender mejor cómo la falta de recursos para mejorar la educación pública y de calidad emerge de una estructura de manejo de la economía global que privilegia a unos pocos y perjudica severamente al resto.
América Latina y el Caribe es la región más desigual del planeta y es además la que tiene los sistemas tributarios más regresivos. En proporción los que menos tienen pagan más impuestos que los que más tienen. Para el caso de Guatemala, el 51,3% de la recaudación de impuestos está explicada por impuestos al consumo, son ingresos tributarios indirectos. Este tipo de impuesto es pagado por todos y todas sin distinción de ingresos y por eso perjudica a quienes menos tienen. Por otro lado el 31,2% de la recaudación de impuestos en el mismo país se explica por ingresos tributarios directos, impuestos a la ganancia, al patrimonio, etc. Estos impuestos son de carácter progresivo porque gravan de acuerdo con la ganancia y a la posesión de bienes (casas, autos, acciones, etc.)
En el caso de Argentina, el 46,8% de la recaudación se explica por impuestos indirectos, impuestos al consumo. Como en el caso de Guatemala pagan más, en proporción, los que menos tienen. De la misma forma los impuestos progresivos o impuestos a la renta o al patrimonio explican el 27,9% de la recaudación. Una vez más los que aportan más recursos a los Estados son los que menos tienen. Como mencionamos más arriba, nuestros sistemas tributarios en la región son altamente regresivos y esa es una limitante a la hora de hablar de incrementar el presupuesto educativo. Tenemos que invertir esta lógica regresiva de los sistemas y bregar por un aumento de los impuestos de carácter progresivo.
En muchos foros globales se debate abiertamente sobre la necesidad de incrementar la llamada “Ayuda Oficial al Desarrollo” (AOD) como una posibilidad latente que permitiría incrementar el presupuesto público y de esa manera favorecer las mejoras que los sistemas educativos en nuestra región tanto necesitan. De este estudio que realizaron Latindadd, CLADE y RJFLAC es posible identificar como esta ayuda no ha representado un avance importante para las aspiraciones de miles de organizaciones que luchan por el Derecho a la Educación y la Justicia Fiscal. En el caso de Guatemala la AOD neta recibida como porcentaje del PBI entre 2010 y 2019 pasó de 0.098% a 0.522% del producto y en el caso de Argentina se redujo del 0.320% el 0.004%. Es evidente que para aumentar los presupuestos públicos educativos la AOD no ha representado un camino posible.
Desde CLADE, Latindadd y RJFLAC se busca innovar y proyectar nuevos espacios desde los cuales poder extraer el financiamiento para una educación de calidad en la región. La propuesta anida en la implementación de tres diferentes impuestos existentes en ambos países pero subvalorados o poco explorados por acción u omisión. Estos son el impuesto a la propiedad, el impuesto a las grandes riquezas y el incremento de tributación sobre los abusos corporativos.
De la lectura del cuadro N°1 es posible determinar la importancia de gravar sobre estos tres impuestos que aportaran en el caso de Guatemala un incremento del 1% del PBI Nacional y en el caso de Argentina el 2%. Logrando así incrementos del 34% del presupuesto educativo en Guatemala y del 41% en Argentina. Sin AOD, sin endeudamiento, sin ajustes económicos a otros sectores, solo volviendo más progresivos nuestros sistemas tributarios.
Resultados:
En relación a los resultados de la posibilidad de aumentar la progresividad de los impuestos en ambos países, en el caso de Guatemala el resultado redundaría en un incremento de la inversión educativa por estudiante de USD 134 para alcanzar la inversión total por estudiante de USD 528.
Para el caso de Argentina el incremento de la inversión educativa por estudiante, por año, se incrementaría en USD 821, alcanzando una inversión final del USD 2.802 por estudiante por año.
Ambos ejemplos se proponen en un escenario de recaudación del 100% de los impuestos mencionados.
Conclusiones:
Nuestros sistemas tributarios están hechos a medida de las grandes corporaciones y los ricos globales. Esto representa grandes pérdidas por otorgamiento de beneficios tributarios cercanos al 5% del PBI regional superando con creces la inversión regional en educación pre pandemia. Esto es dinero que los países dejan de recaudar y que pasa a formar parte de los activos de las mega corporaciones. Esto último es alarmante porque se complejiza con la caída de la recaudación impositiva producto de la pandemia y el cese de mucha actividad económica.
América Latina y el Caribe pierden anualmente recursos muy necesarios. Las pérdidas regionales anuales estimadas por diferentes organismos y OSC arrojan que, producto de la elusión fiscal, dejamos de recaudar 500 mil millones de dólares por año, según un informe de la red global Tax Justice Network en conjunto con ISP y Global Alliance for Tax Justice. Se pierden también por evasión fiscal: 320 mil millones de dólares por año según CEPAL. Se pierden además, por incentivos tributarios, 5% PBI regional y por no gravar a las grandes fortunas perdemos, actualmente, 26 mil millones de USD por año según un informe de Latindadd, RJFLAC y Fundación SES.
Tenemos que terminar con la red de servicios financieros offshore, las guaridas fiscales, las jurisdicciones opacas de la economía global. Redes sostenidas por una articulación de abogados, contadores (muchos de ellos hijos de la educación pública) y grandes firmas de auditoría que ofician de facilitadores elaborando complejas arquitecturas para el fraude para que miles de ricos globales y empresas evadan impuestos en sus países, mintiendo y defraudando a las administraciones tributarias. Mientras el mundo presencia el debate entre la vida y la muerte de millones de personas producto de la pobreza, marginalidad, falta de empleo, de condiciones de vida digna, maximizadas por la pandemia del Covid-19, líderes globales y megacorporaciones esconden sus fortunas y sus ganancias para evitar pagar impuestos y contribuir, de esa manera, a pagar las consecuencias del desastre humanitario a nivel global tal como quedó evidenciado una vez en la mega filtración de los papeles de pandora.
Mientras la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) siga dictando las reglas de lo que se puede o no hacer en materia de transparencia fiscal y financiera, muy pocas cosas cambiarán. Urge democratizar los espacios de debate, y los países más afectados por estas estafas deben ser parte de la mesa de discusión. Abogamos por la creación inmediata de un cuerpo intergubernamental de crisis, con presencia amplia de la sociedad civil, que funcione en el seno de Naciones Unidas para denunciar y generar propuestas para terminar de una vez por todas con la estafa tributaria a escala global.
Registros públicos de beneficiarios finales, intercambio automático de información financiera entre países, reportes de actividades de empresas país por país, fortalecimiento de la capacidad regulatoria y verificadora de las administraciones tributarias, fortalecimiento de las regulaciones sobre los mercados de capitales, son algunas de las medidas que deberían tomarse y/o profundizarse para evitar que este fraude sistemático continúe creciendo y de esta manera afectando seriamente nuestras posibilidades de contar con más recursos para la educación pública, gratuita y de calidad.
CLADE realizó serie de diálogos para compartir experiencias sobre incidencia legislativa
28 de octubre de 2021El grupo de trabajo de miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) sobre incidencia legislativa realizó, durante las últimas semanas, una serie de tres diálogos virtuales, donde se compartieron experiencias de organizaciones de la sociedad civil en la defensa del derecho humano a la educación ante parlamentos y autoridades del poder legislativo en diferentes países de la América Latina y el Caribe.
Los aprendizajes intercambiados en estos encuentros se sistematizarán y servirán como insumos para la elaboración de una guía de incidencia legislativa en ámbito regional.
Mira a continuación la grabación de estos encuentros.
Experiencias de la subregión Camexca: El Salvador y Honduras (20/10)
Experiencias de la Región Andina: Bolivia, Colombia y Perú (13/10)
Experiencias desde Argentina, Brasil y Chile (6/10)
Cumbre de la Educación Global: Se avanzó en compromisos con el financiamiento educativo, pero hay desafíos pendientes sobre deuda externa, justicia tributaria y austeridad
4 de agosto de 2021Concluyó en el fin de la semana pasada la “Cumbre de la Educación Global: Financiando la Alianza Mundial por la Educación”, realizada parte presencialmente desde Reino Unido y Kenia, y parte desde plataformas virtuales. Durante el evento, que tuvo lugar los días 28 y 29 de julio, cerca de 2 mil personas participaron de manera virtual, mientras que 300 acompañaron el debate desde Londres, entre ellas más de 10 presidentes de África.
En la ocasión, 19 países de bajos ingresos, entre ellos Nicaragua de América Latina y el Caribe, se comprometieron a asignar progresivamente el 20% de sus presupuestos públicos totales en educación, lo que sumaría 196 mil millones de dólares más para la educación en ámbito global. Así mismo, firmaron un posicionamiento impulsado por el gobierno keniata, en el cual hacen un llamado a que la comunidad internacional, los países ricos, y especialmente los bancos privados, suspendan el pago de la deuda externa, que tanto impacta el financiamiento de la educación y otros derechos en los países en desarrollo, especialmente en contexto de COVID-19. Así mismo, se logró recaudar donaciones de países ricos que suman 4 mil millones de dólares, de los 5 mil millones que son la meta para el abastecimiento de fondos de la Alianza Mundial por la Educación (AME) para el período 2021-2025.
Sin embargo, en entrevista de balance sobre la Cumbre, realizada con David Archer, director de participación y servicios públicos de ActionAid, quien acompañó los debates del evento, tanto presencialmente desde Londres, como a través de plataformas virtuales, se subrayó como un desafío y demanda pendiente, que los países más ricos usen su poder para ayudar a resolver los problemas de deuda externa, austeridad y justicia fiscal en el mundo, más allá de las promesas que presentaron de realizar “donaciones a la ayuda”. Explica también que hay que cambiar la narrativa neocolonial dominante de “ayuda” por parte de los países donantes, cuando estos siguen sacando recursos de los países de bajos ingresos, desde un proceso extractivista.
Hay una estimación de que el 85% de los países del mundo (que abarcan alrededor de 6,6 mil millones de personas) irán confrontarse a la austeridad en el próximo año, debido a los impactos de la pandemia COVID-19. Eso presentará una caída de recursos muy grande para la educación, lo que se suma a condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), internalizadas por Ministros de Finanzas de muchos países de bajos ingresos, en el sentido de restringir o congelar el gasto público, con serios impactos en los salarios de trabajadores de educación y salud.
El 97% de los ingresos para la educación en el mundo se recauda a nivel nacional, dependiendo de los sistemas fiscales, del cobro de impuestos por los gobiernos. En la mayoría de los Estados en desarrollo buena parte de los presupuestos públicos se dedica actualmente a pagar la deuda, sacando recursos que podrían ser invertidos en educación, salud y otros derechos.
“Necesitamos que los gobiernos tengan sistemas tributarios más fuertes y que nuevos acuerdos internacionales sean impulsados por la ONU, para establecer regulaciones sobre los impuestos a nivel global”, destaca David Archer. Subraya además, que sería fundamental crear internacionalmente impuestos globales sobre transaciones financieras, vuelos internacionales, cambios respecto a la crisis climática, entre otras operaciones, lo que requiere un sistema internacional de redistribución de recursos.
“Esta lucha y demanda exige una comunidad educativa que toma estos temas de la deuda, la austeridad y la justicia tributaria en su lucha por más financiamiento para los derechos, en diferentes niveles: nacional, regional e internacional. Es necesario cambiar la narrativa dominante y abogar por una estructura representativa global con recursos para establecer nuevas regulaciones globales en los temas justicia fiscal, deuda y austeridad, asegurando que funcionen en la práctica”, enfatizó.
Nicaragua: El compromiso del gobierno con el 20% del presupuesto público para la educación no es suficiente
A pesar de que el país se comprometió, durante la Cumbre de la AME, en aumentar progresivamente los recursos invertidos en educación, hasta alcanzar el 20% de su presupuesto público total, eso está lejos de resolver los retos del financiamiento y del sistema educativo en el país. Nicaragua tiene serios problemas de criminalización y represión contra movimientos sociales, entre ellos los que defienden la educación, y fue de los pocos países del mundo que en ningún momento adoptó el cierre del funcionamiento presencial de las escuelas como medida de protección y seguridad a las comunidades educativas ante el avance de la pandemia COVID-19.
Alexander Reyes Guevara, activista de Nicaragua, afirma que: “sin lugar a duda la Cumbre sobre el Financiamiento a la Educación constituye un acto relevante para el futuro de la educación, su defensa y promoción. Que el Estado de Nicaragua haya asumido un compromiso de aumentar progresivamente el 20% del presupuesto a Educación es un noticia que toma por sorpresa, sobre todo porque durante los últimos tres años, en los segundos semestre ha habido reformas a la ley de presupuesto general de la república donde el sector educativo y de salud se ha visto grandemente afectado, sugiriendo por supuesto que la Educación no es un eje prioritario para el plan nación. Tomando la palabra de compromiso, no cabe duda que desde sociedad civil nacional y regional deberá existir un seguimiento y monitoreo cercano a dicha promesa para que esta no se quede en un plano discursivo y si se llegase a cumplir, la ejecución de dicho presupuesto se haga desde una perspectiva de derechos humanos y de género, que se distribuya de manera equitativa y tome en cuenta las mayores necesidades o estado situacional de la educación sobre todo en las zonas y grupos mayormente vulnerables. De acuerdo a seguimiento y opinión de algunos investigadores de presupuesto, la mayor partida presupuestaria está asignada a temas administrativos y no de inversión social”.
Añade que: “el financiamiento a la educación es un eje importante para garantizar la calidad de la educación, pues sin financiamiento pertinente, es más difícil garantizar el derecho a la educación para todas y todos a lo largo de toda la vida. La calidad de la educación va mucho más allá del acceso a la educación, pasa incluso por la dignificación de los salarios al cuerpo docente que es un tema que debe de considerarse, así como la creación de ambientes habilitantes y programas de atención a la diversidad e inclusión en la educación de grupos vulnerados”.
Honduras: Voces de la sociedad civil del país estuvieron presentes en la Cumbre oficial
Como parte de la agenda oficial de la Cumbre, el 28 de julio, se presentó el video documental, elaborado por la Campaña Mundial por la Educación (CME), intitulado “Voces del terreno: por qué el financiamiento educativo realmente importa”. En él, representantes de la sociedad civil, jóvenes, niñas y niños de Honduras, Nigeria, Paquistán y Senegal comparten sus desafíos para acceder a una educación pública, gratuita y de calidad. Además, hacen un llamado por compromisos de los líderes globales con el financiamiento educativo. El video cuenta con la participación y testimonios de integrantes del Foro Dakar Honduras, miembro de la CLADE en el país.
Sin embargo, el gobierno de Honduras no presentó compromisos con el financiamiento educativo e en el marco de la Cumbre. Según Juan Carlos Sánchez, del Foro Dakar Honduras, “conforme a la creciente población que vive en condiciones de pobreza y extrema pobreza por medio de las políticas neoliberales, es fundamental un reajuste financiero en la educación para proporcionar recursos, metodologías y políticas públicas que vayan encaminadas a un libre acceso y reinserción escolar, para proporcionar talentos humanos con capacidades igualitarias sin distinción alguna en vista que la educación por su naturaleza es gratuita, pública y laica”.
Él añade que se debería invertir en las sociedades excluidas como las zonas rurales, indígenas, mujeres y migrantes, entre otras, con políticas enfocadas en género, para que tengan mayor impacto y se reduzcan indices de desigualdad.
>> Escucha también aquí el testimonio de Diana Ayala, del Foro Dakar Honduras
Justicia tributaria, deuda y austeridad: temas profundizados por la sociedad civil en debates paralelos a la Cumbre
En el marco de la Cumbre, la Campaña Mundial por la Educación (CME), en conjunto con organizaciones y redes aliadas, realizó diálogos virtuales paralelos sobre la participación de las y los jóvenes en el debate sobre educación; la deuda y la austeridad en su relación con el financiamiento educativo; y la importancia de la justicia tributaria para asegurar recursos para los derechos.
Financiamiento, deuda y austeridad: miradas desde los movimientos feministas y de jóvenes
Te invitamos a ver los testimonios de Mónica Novillo, de la Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM); de Guadalupe Ramos, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) y de la Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM), y de Francisco Carranza, activista joven de México.
>> Lee también: David Archer sobre la Cumbre de la Educación Global: “Quedaron pendientes acciones respecto a los sistemas tributarios y políticas macroeconómicas sobre austeridad”
Nueva reforma educativa en México y el lucro en la educación
17 de febrero de 2020
Se ha completado un año de gestión de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de México, país que nunca había sido gobernado por un partido públicamente declarado de izquierda. Una de sus primeras acciones en el gobierno fue la promulgación de una reforma educativa, que también completó un año de vigencia.
La reforma, según especialistas y líderes del campo educativo del país, se presentó como un cambio a la reforma anterior, de 2013, impulsada por el ex-presidente Enrique Peña Nieto.
Parlatino apoya protocolo para análisis de los presupuestos educativos, desarrollado por CLADE y CECC-SICA
14 de noviembre de 2019Culminó el último viernes (8 de noviembre) la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino). La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) fue invitada a participar en el evento, que tuvo lugar en Lima, Perú, representada en la oportunidad por Madeleine Zúñiga, coordinadora de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE). (más…)
Buenos Aires: Docentes se movilizan por mejores condiciones de trabajo
11 de noviembre de 2019En las últimas semanas, las calles de Buenos Aires, Argentina, han sido tomadas por docentes que luchan por el respeto al Estatuto del Docente. Recientemente, el gobierno porteño abandonó el criterio legal presente en este estatuto, para la decisión sobre nombramientos, traslados y reemplazos de docentes. Antes por mérito y puntaje, el criterio ahora adoptado por el gobierno municipal es el territorial o causal. (más…)
El presidente del Comité de los Derechos del Niño, Luis Ernesto Pedernera; y la relatora sobre los derechos de la niñez y presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, en el Congreso[/caption]
En su ponencia durante el evento, Pedernera señaló el valor de la Convención de los Derechos del Niño de la ONU (CDN) como tratado universal de protección de los derechos humanos ratificado por 196 Estados, y destacó que su contenido debe hacerse carne en la vida concreta y en la realización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la región.
Aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a que los Estados Unidos finalmente ratifiquen la Convención, pues este es el único país de la Organización de Estados Americanos (OEA) que todavía no ha firmado el tratado. “Como sé que hay aquí representantes de Estados Unidos, me permito recordarles el llamado que hicimos al país para que ratifique el tratado y, de esta forma, la convención se convierta en el primer instrumento universal de protección de los derechos humanos”, enfatizó bajo aplausos de la audiencia.
Pedernera también recordó la importancia de que los Estados de la región firmen los tres protocolos opcionales relativos a la Convención, en los temas participación de niñas, niños y adolescentes en conflictos armados; enfrentamiento a la trata y prostitución de NNA; y la posibilidad de presentación de peticiones y denuncias de personas o grupos de personas en contra de los Estados, debido a la violación de derechos. De la OEA, 12 Estados de América Latina y el Caribe firmaron este último protocolo.
Igualmente, señaló que es necesario que los Estados que ya firmaron la Convención y los protocolos respondan a su responsabilidad de presentar informes sobre su cumplimiento en los plazos estipulados, solicitando asesoría técnica del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, si así necesiten. “La calidad de los informes, infelizmente, ha sido débil”, dijo el presidente.
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A la vez, también ilustró la importancia del tercer protocolo facultativo, que permite la presentación individual y colectiva de quejas contra los Estados por casos de violación, comentando que 16 niñas y niños, entre ellas/os la estudiante y activista sueca, Greta Thunberg, presentaron al Comité de los Derechos del Niño (CDN), en el marco de la última Asamblea General de la ONU, la denuncia de que se está violando su derecho a vivir en un ambiente sano. Abordó como otra recomendación que los Estados cumplan sus compromisos financieros con la ONU, pues el sistema hoy se encuentra sin recursos, lo que amenaza el multilateralismo y la protección de los derechos humanos en ámbito internacional. “Hay una crisis económica en Naciones Unidas que afecta su funcionamiento. Casi no se realizó la última sesión del Comité de Derechos del Niño por falta de recursos”, lamentó.Posibilidades de participación para la sociedad civil
Pedernera también hizo un llamado a la sociedad civil para que se sume y haga presión a sus Estados por la realización de los derechos de la niñez, ante los siguientes procesos:- El CDN elabora un nuevo comentario general sobre los derechos de la niñez y la adolescencia en el entorno digital. Se está en fase de consulta con los Estados sobre la temática y el Comité está abierto a recibir recomendaciones y aportes desde la sociedad civil;
- El septiembre del 2020 el CDN realizará un debate general sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes en la vida familiar;
- De cara al aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, el CDN hizo un llamado a los Estados que firmaron este tratado para que presenten compromisos claros y promesas renovadas para su cumplimiento hasta el 20 de noviembre. De la OEA, hasta el momento, apenas Chile, Ecuador y Canadá contestaron. En ese contexto, el presidente hizo un llamado a que la sociedad civil inste sus gobiernos a atender este llamado y a divulgar públicamente sus compromisos con la realización de la Convención y la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia.
Por la participación y los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes
A su vez, la presidenta de la CIDH destacó que se deben reconocer a las y los estudiantes, niñas, niños y adolescentes (NNA) como sujetos de derechos, y que es urgente garantizar sistemas integrales de protección de la niñez y adolescencia, que respondan a desde la prevención de violaciones, hasta la atención especial para determinados grupos en situación vulnerable, y que articulen diferentes niveles de gobierno, inclusive las localidades. También señaló que se necesitan más inversiones financieras en los derechos de la infancia, haciendo llegar los recursos a quienes más necesitan, y que desde las políticas se deben abordar las desigualdades, la violencias, las discriminaciones, la exclusión, la criminalización, la inseguridad y represión contra NNA, por su condición de discapacidad, diversidad cultural, género, raza, etnia, etc. “La condición de migración es una circunstancia que hoy lleva a múltiples violaciones de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que dejan sus hogares”, ejemplificó.“Las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos y deben ejercerlos por si mismos, de manera que desarrollen una autonomía progresiva para reivindicar y ejercer sus derechos y deberes”En ese sentido, comentó que desde la CIDH se está impulsando un mecanismo transnacional para abordar la protección de los derechos de las personas migrantes, y reafirmó el compromiso de la Comisión en actuar contra la represión y criminalización de estudiantes, niñas, niños y adolescentes que se encuentran organizados para defender sus derechos. Además, recordó la importancia de la Convención de los Derechos del Niño y de los Congresos Panamericanos para impulsar la protección y garantía de derechos para NNA. “Las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos y deben ejercerlos por si mismos, de manera que desarrollen una autonomía progresiva para reivindicar y ejercer sus derechos y deberes”, explicó. En ese sentido también reforzó que es necesario un mayor compromiso de los Estados en pasar del texto de la Convención a la práctica, y que además de sistemas de protección de derechos, se deben asegurar a las niñas, niños y adolescentes mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de estos derechos. “Debemos buscar en nuestras acciones y políticas para la infancia y la adolescencia, su desarrollo integral en las diferentes esferas de la vida humana, lo que incluye su derecho a la participación y a ser vistos como sujetos, con una ciudadanía constructiva y preparada para intervenir en las políticas públicas y las comunidades. Se construye la ciudadanía desde la infancia”.
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Añadió que se debe avanzar en eliminar totalmente la permisión al castigo corporal de niñas, niños y adolescentes en algunos países, y que los Estados deben atender al llamado de las y los adolescentes y jóvenes por la garantía de sus derechos sexuales y reproductivos, y por una educación sexual integral que les permita desarrollar su sexualidad de manera sana y responsable. Afirmó también que, de ningún modo, se debe permitir la regresividad en los derechos humanos en los países. “Eso incluye no disminuir la edad mínima para la responsabilidad penal de adolescentes, ni reducir la inversión de recursos financieros en los derechos de la infancia y adolescencia”.
Mira la grabación del panel:
https://www.facebook.com/ICBFColombia/videos/1381307245355302/">“La Convención es un instrumento moral universal contra la injusticia que vivían las niñas y niños del mundo”
7 de noviembre de 2019De cara al aniversario de 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU (CDN), que se celebrará el 20 de noviembre, el presidente del Comité de los Derechos del Niño, que se hace cargo del seguimiento a este tratado, Luis Ernesto Pedernera; y la relatora sobre los derechos de la niñez y presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, presentaron reflexiones sobre avances y desafíos para que se cumpla la Convención. (más…)
CLADE organiza encuentro entre parlamentarias/os y sociedad civil para dialogar sobre el derecho a la educación en América Latina y el Caribe
12 de octubre de 2019El III Encuentro Regional de la Red Mixta de Parlamentarias/os y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, que se realizará en San Salvador, El Salvador, del 15 al 17 de octubre, contará con la participación de parlamentarias y parlamentarios de distintos países de la región. Además, estarán presentes estudiantes, representantes de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC-SICA), del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), así como dos ex-relatores de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación. (más…)
Chile: Sociedad civil se moviliza contra la represión de estudiantes
19 de septiembre de 2019Se ha presenciado la represión a estudiantes de secundaria, que están luchando para defender su derecho a la educación, en diferentes liceos de Chile. Las últimas noticias se han centrado en casos de represión, violencia e intimidación contra estudiantes en el Instituto Nacional, sin embargo la situación crítica se extiende a varios liceos, los cuales viven la constante presencia de carabineros, a lo que se suma la intervención de otros actores que se han agregado al complejo proceso de criminalización. (más…)
