Análisis de la brecha existente para alcanzar una educación de calidad en el marco del Objetivo de Desarrollo 4. Paraguay
2 de febrero de 2024La educación en Paraguay se encuentra en medio de un debate crucial. La denominada ‘catástrofe educativa’, resultado de la gestión durante la pandemia, ha suscitado posiciones contrarias en relación al derecho a la educación y su alcance. Estos puntos de vista se expresaron en los últimos meses, particularmente en el contexto del debate sobre el Plan Nacional de Transformación Educativa (PNTE).
En este informe se examinan tres aspectos claves: la evolución del gasto en educación, el sistema tributario del país y la relación entre justicia fiscal y el derecho humano a la educación. Por último, se presentan recomendaciones con el objetivo de lograr un financiamiento sostenible de la educación con un enfoque de justicia fiscal. Por ejemplo, se recomienda aumentar la inversión en educación, fortalecer la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos, implementar políticas fiscales progresivas, promover la participación y el diálogo social en la toma de decisiones sobre el gasto educativo, entre otras sugerencias.
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CLADE se suma al llamado de más de 200 organizaciones por una Convención fiscal en la ONU
9 de noviembre de 2023La lectura sobre la situación económica de América Latina y El Caribe con frecuencia se basa en la afirmación de la reducción de recursos públicos para inversión social, especialmente en el campo del derecho a la educación. El origen de esta situación responde a una baja recaudación tributaria, ocasionada por prácticas de evasión y elusión fiscal de megacorporaciones, así como la reaparición de las políticas de austeridad.
En este escenario, un sistema tributario justo es la base de una sociedad inclusiva y democrática según especialistas. Por ello, la justicia fiscal se transforma en condición necesaria para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y de la superación de las desigualdades.
Voces se suman al llamado en el escenario global
Ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), por iniciativa del Grupo Africano se expone la propuesta para la creación de una convención que trabaje la fiscalidad global para modernizarla y hacerla más equitativa. La moción ha sido suscrita y respaldada por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) junto a más de 200 organizaciones y sindicatos de ámbitos nacionales, regionales e internacionales.
Las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos firmantes de la carta pública dirigida a representantes gubernamentales e integrantes de la ONU expresan que “apoyamos firmemente y acogemos con beneplácito el proyecto de resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la promoción de una cooperación fiscal internacional inclusiva y eficaz”.
Solicitud para la apertura de un comité intergubernamental
En el Informe sobre el estado de la justicia fiscal presentado por Tax Justice Network en 2023, se estima que el abuso fiscal internacional representa para los países un total de 480.000 millones de dólares en ingresos fiscales perdidos cada año. En consecuencia, la cooperación fiscal internacional toma un sentido clave en una economía cada vez más digitalizada y globalizada recobrando una urgencia impostergable para que la Convención tome una prioridad alta en las agendas globales.
Entre las solicitudes de la sociedad civil se menciona el establecimiento de un comité intergubernamental especial de composición abierta dirigido por los Estados Miembros para elaborar una convención fiscal general de las Naciones Unidas que considere el enfoque integral incluidos los flujos financieros ilícitos relacionados con los impuestos y la tributación de la prestación de servicios transfronterizos.
El comunicado de la sociedad civil reitera que la justicia fiscal “no puede basarse en directrices y marcos voluntarios (…) los sistemas tributarios justos, eficaces y transparentes son un elemento central de la democracia y vitales para garantizar la justicia económica, social y ambiental”.
Lee la Carta de apoyo Convención Fiscal ONU
Semana por la #EducaciónConJusticiaFiscal empieza el 13 de noviembre
8 de noviembre de 2023América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo. Según la UNESCO, el 10% más rico tiene el 30% del ingreso total, mientras que el 20% más pobre tiene el 6%. En la región, aseguran especialistas, una de las principales razones de los altos índices de desigualdad se debe a que su sistema tributario posibilita la evasión de impuestos y es absolutamente regresivo, colocando la carga impositiva en los sectores más vulnerables, es decir gravando el consumo y no el patrimonio.
Justicia fiscal para enfrentar las desigualdades
El contexto desigual también genera consecuencias sobre la educación pública,de los más de 120 millones de estudiantes en América Latina y el Caribe, 47% no llegan a finalizar la secundaria. Si hubiera una política fiscal justa que cobrara las grandes riquezas no declaradas y los impuestos de la propiedad por un lado, así como acabar con el abuso de las empresas y corporaciones multinacionales por el otro, la inversión educativa podría cuadruplicarse en la región, afirman especialistas.
Para transformar el contexto de desigualdades y no garantía del derecho humano a la educación, activistas, organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, docentes y trabajadoras/es de la educación en América Latina y el Caribe realizarán, del 13 al 19 de noviembre de este 2023, la movilización continental en la Semana por la #EducaciónConJusticiaFiscal.
La iniciativa es parte del proyecto Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación y busca llamar la atención de autoridades y de la sociedad civil para la importancia de una recaudación tributaria justa, a fin de garantizar el financiamiento público de la educación a través de la producción y difusión de información sobre el tema: videos, infografías, informes, canciones y programas que destaquen el contexto y las demandas por un financiamiento público a partir de un sistema justo de tributación como parte de esta gran movilización que también contará con un twitazo por la #EducaciónConJusticiaFiscal.
Twitazo por la Educación con Justicia Fiscal
¿Dónde están los recursos para la educación? ¿Cuánto del financiamiento público para la educación podría aumentar si hubiera justicia fiscal en América Latina y el Caribe? Estas y otras cuestiones serán presentadas durante el twitazo por la #EducaciónConJusticiaFiscal que se llevará a cabo el 16 de noviembre, a las 12:00 (Hora de Argentina). ¡Participa!
Lee más: Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación
CLADE: articulación plural de organizaciones nacionales, regionales e internacionales por el derecho a la educación en América Latina y el Caribe
25 de septiembre de 2023Para Laura Gianecchinni, coordinadora programática de la CLADE, uno de los destaques de la iniciativa es su poder de articulación de organizaciones nacionales, regionales e internacionales que luchan por el derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe.
Proposito de la CLADE: articular la sociedad para defender el derecho humano a la educación
“El proposito de crear la CLADE fue articular los diversos actores sociales para defender el derecho humano a la educación que en aquel entonces – así como hoy – estaba en riesgo”, explica la primera coordinadora general de la CLADE, Camilla Croso. Al coordinar las acciones e iniciativas de la CLADE hasta 2020, Camilla Croso presenta algunos elementos importantes existentes en la lucha de la membresía a lo largo de todos estos años.
Argentina: Con incremento en 10% a los impuestos de bienes personales, la educación puede obtener $27,8 billones de pesos argentinos extra de financiamiento
21 de noviembre de 2022$120 billones de pesos argentinos (equivalentes a 730 millones de dólares), esa es la cantidad que la educación pública argentina lograría recibir a más en su financiamiento anual si acciones de justicia fiscal fueran realizadas en el país, la constatación fue presentada en la investigación sobre Financiamiento Educativo y Propuestas de Justicia Fiscal para el derecho a la educación.
De iniciativa de la CLADE, en alianza con la Fundación SES, la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), Latindadd, y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe, el proyecto es coordinado por Marcela Browne y Adrián Falco, con la participación de las investigadoras Marisa Álvarez, Natalia Gardyn y Eva Sacco.
“El rol del Estado debe incluir políticas que garanticen la redistribución de ingresos y que aquellas personas que tienen mayor cantidad de recursos paguen proporcionalmente más. Esto se volvió aún más relevante en el contexto actual en el cual la desigualdad está acrecentada”, afirmó Marcela Browne. Y agregó: “la evasión tributaria profundiza las desigualdades sociales y desfinancia al sistema educativo”.
La investigación propone que para alcanzar la meta de duplicar la inversión progresiva para el año 2030, se ejecute “el incremento del 10% del impuesto a los bienes personales. Con esto habría $27,8 billones de pesos argentinos adicionales (equivalentes a 169.116.667 millones de dólares) y la anualización del 50% del impuesto a las grandes fortunas. Se obtendrían $120 billones de pesos argentinos extra (equivalentes a 730 millones de dólares)”.
Los cambios sugeridos podrían aportar un 16% anual extra sin necesidad de ajustar otros rubros del presupuesto educativo nacional y por lo tanto fortalecer el derecho a la educación, a juicio del equipo de investigación.
Adrián Falco aseguró que es posible alcanzar el objetivo educativo si “combatimos la opacidad global tributaria promoviendo, además, el fin de las guaridas fiscales, la eliminación del secreto bancario y la penalización de la utilización de sociedades offshore”.
Las empresas offshore son multinacionales que ubican su riqueza extraterritorialmente del origen que las produce, evadiendo jurisdicciones que le resultan incómodas, pueden ser entidades financieras, corporaciones o incluso fondos de inversión.
La desinversión educativa y evasión tributaria
Según el estudio, Argentina invierte en cada estudiante del nivel primario, solamente 15% en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita. Mientras que los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destinan alrededor de 20%. En esta lista de comparación también se encuentran otros países de la región como Colombia, Chile, Brasil y Costa Rica.
El gasto público por estudiante como porcentaje del PIB per cápita, educación primaria, corresponde al gasto público total por cada estudiante en matrícula a nivel primario, expresado como porcentaje del PIB per cápita. El gasto público (corriente y de capital) incluye el gasto del gobierno en instituciones educativas (públicas y privadas), administración educativa y subsidios para entidades privadas.
En contraste, las empresas multinacionales evaden en Argentina un total de 1200 millones de dólares anuales operando en paraísos fiscales. Si se destinara esta cantidad a salarios docentes, se podrían incrementar las remuneraciones en un 45% según datos de Tax Justice Network.
Si bien en Argentina se cuenta con diversas normativas jurisdiccionales que establecen un porcentaje en el presupuesto provincial, con un seguimiento de los datos observados desde 2015, se nota una tendencia general disminuir la inversión educativa.
Recomendaciones de la sociedad civil
Las recomendaciones resultantes del estudio proponen criterios y parámetros que facilitan el seguimiento de la inversión educativa de calidad con relación a las Metas de la Agenda 2030.
La nota de la Jornada Nacional Presupuesto, elusión y evasión fiscal en debate por la educación, realizada el 28 de octubre en Buenos Aires destaca la oportunidad de “ampliación de las ofertas educativas según nivel y modalidad, diferenciando los ámbitos rural y urbano”.
Sobre el salario bruto docente de referencia correspondiente a personal docente de grado con 10 años de antigüedad, el estudio señala que se redujo en términos reales en al menos 24% desde el año 2015.
Por ello, se subraya la necesidad de mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, especificando la “actualización de salarios docentes, reconocimiento de 20 horas mensuales de trabajo docente fuera del aula para todos los niveles y modalidades educativas (planificación, corrección de tareas, entre otras), fortalecimiento la gestión institucional y pedagógica del nivel secundario, acompañamiento a las trayectorias socio educativas (en niveles primario y secundario), ratio de estudiantes, formación de docentes de nivel inicial (con ampliación de la oferta) y de docentes en servicio”.
La Educación Inclusiva no puede esperar más
20 de septiembre de 2022La Red Regional por la Educación Inclusiva de Latinoamérica organizó el Congreso Regional por la Educación Inclusiva: Transformar políticas y prácticas para garantizar derechos, con el objetivo de promover un espacio de diálogo y reflexión sobre la educación inclusiva en tanto derecho humano y perspectiva pedagógica, que permita construir consensos para la transformación de las políticas, prácticas y culturas educativas en la región.
Durante el Congreso se mantuvo el llamado a la inclusión de todas las personas, subrayando que “La educación inclusiva, en tanto derecho humano y perspectiva pedagógica, se basa en la convicción de que todas las personas, sin excepción, pueden y deben educarse juntas, en espacios que eliminen barreras y provean a cada una los apoyos que necesitan para aprender, participar y progresar en igualdad de condiciones”.
Provenientes de Colombia, España, Chile, Italia, Canadá, Costa Rica, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Portugal, Perú, Honduras, Paraguay y Uruguay, el Congreso contó con la participación de más de 6000 personas y 30 especialistas que debatieron durante las jornadas una agenda sobre la educación inclusiva como derecho humano y la educación inclusiva como perspectiva pedagógica, basados en la convicción de que todas las personas, sin excepción, pueden y deben educarse juntas, en espacios que eliminen barreras y provean a cada una los apoyos que necesitan para aprender, participar y progresar en igualdad de condiciones.
A pesar que muchos marcos normativos de la región establecen el principio de inclusión y no discriminación, las realidades cotidianas aún demuestran insuficiencia. Esta iniciativa permitió poner en común las diversas miradas centradas en la discapacidad, reconociendo que no es el único motivo de exclusión imperante en los sistemas educativos, “por considerar que las personas con discapacidad enfrentan formas particulares de exclusión que no han sido lo suficientemente problematizadas por las políticas públicas y las tradiciones pedagógicas que refieren a la inclusión educativa (…) El reflejo más categórico de estas violencias específicas es la existencia de un subsistema escolar destinado exclusivamente a este grupo, así como las sospechas acerca de su educabilidad.”
CLADE comparte la necesidad de aumentar compromisos con la educación inclusiva
Giovanna Modé, coordinadora de Políticas del secretariado de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) participó del Panel de intercambio “La educación inclusiva en América Latina: avances, retrocesos y desafíos”, señalando que es necesario insistir en que la educación inclusiva es la única dinámica que permite la realización del derecho a la educación para todas y todos, del mismo modo es sustancial a los procesos democráticos, por ello el cambio debe darse estructuralmente en todo el sistema educativo.
Durante su intervención, Modé manifestó la preocupación por el contexto de desigualad que existe en la región, donde se suman múltiples discriminaciones que vulneran a las personas en diversos ámbitos sociales y educativos. También incluyó en el análisis de los desafíos que, “La realización del derecho a la educación para todes se concreta compartiendo un espacio y un tiempo común, que construya con cada estudiante a partir de sus distintas formas de apropiación de conocimiento, es una premisa que necesariamente califica el proceso educativo, el que no puede reducirse únicamente a los resultados exitosos en los rankings, conocimientos medibles, a la competencia permanente.”
Al mismo tiempo que se realizan esfuerzos por visibilizar las disputas centrales sobre la educación que se imponen en un paradigma hegemónico y sobre el cual “No se trata solamente de construir algo nuevo, pero particularmente deconstruir tradiciones, inercias y privilegios” afirmó Modé. Es indispensable aumentar el compromiso de los Estados con el financiamiento de los sistemas públicos que garanticen presupuestos y condiciones para el derecho humano a la educación, así como la disposición de información clara y oportuna para que la sociedad civil acompañe procesos de monitoreo y seguimiento.
Impostergable: Exigimos educación inclusiva ya
En el marco del Congreso Regional Por La Educación Inclusiva las organizaciones que integran la Red Regional por la Educación Inclusiva (RREI) presentaron una Declaración final conjunta (en portugués), en la que se recuperan los consensos alcanzados durante el evento. Bajo la premisa de que la educación inclusiva es el camino para alcanzar sociedades igualitarias, esta iniciativa reflexionó sobre las implicancias del derecho a la educación y su situación actual en la región, compartiendo desde diferentes perspectivas y saberes, los avances y los desafíos.
La declaración se basa en la convicción de que la educación inclusiva es entendida como una educación de igualdad para todos y todas sin excepción, es un proyecto político de transformación cultural y social que exige acciones urgentes.
Con un llamado que resalta que “Las personas con discapacidad no pueden esperar más. Exigimos educación inclusiva ya”, el pronunciamiento presenta un conjunto de afirmaciones sobre el derecho a la educación inclusiva, exhortaciones a diversas instancias así como los compromisos que asume la propia Red Regional.
Día 1 – Jueves 8/9/2022
Día 2 – Viernes 9/9/2022
Webinario ¿Por qué vincular la educación y la justicia fiscal?
7 de septiembre de 2022La Campaña Mundial por la Educación (CME) convocó este 31 de agosto el webinario ¿Por qué vincular la educación y la justicia fiscal? con la intención de facilitar el debate sobre la necesidad de una financiación adecuada para la educación y los progresos realizados hasta la fecha. En el evento también participaron Vernor Muñoz y Grant Kasowanjete del equipo de la Campaña Mundial por la Educación (CME), Rene Raya de Asociación de Asia y el Pacífico Sur para la Educación Básica (ASPBAE), Boaz Waruku de la Campaña de la Red Africana de Educación para Todos (ANCEFA), junto a David Archer, Maria Ron Balsera, Caroline Othim y Maria Ron Balsera.
Laura Giannecchini del equipo de CLADE afirmó durante el panel que “si los sistemas de educación pública estaban infrafinanciados y sometidos a presión antes del 2020, seguramente, la pandemia de COVID-19 agudizó este escenario. Se estima que en 2020 el PIB de ALC cayó un 7.7%. Según la CEPAL, fue la mayor caída en 120 años, lo que produjo una caída en el nivel de recaudación de los Estados”.
En tal sentido la pandemia generó un escenario de mayor endeudamiento para los países de la región latinoamericana y caribeña, “la crisis produjo una reorientación de los fondos acorde a las emergencias detectadas, como el fortalecimiento de los sistemas de salud, acceso a servicios básicos y programas de protección social – lo que está bien. Pero la educación no fue priorizada” subrayó en su intervención.
Propuestas para reformular el sistema de impuestos
Durante el webinario se resaltó que la región latinoamericana y caribeña pierde cerca del 5 % del Producto Interno Bruto (PBI) en exoneraciones a grandes corporaciones, esto equivale al compromiso que deben asumir los Estados para el financiamiento educativo, marcado internacionalmente en al menos 6%. Por ello es necesario sincerar el incremento potencial estimado de la recaudación en la modificación urgente de 3 impuestos a nivel regional, reformulando el impuesto predial, impuesto a grandes fortunas y la fiscalización – regularización de recursos corporativos.
Adrián Falco de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe compartió información sobre la alianza estratégica con la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) a través de una iniciativa que aporta en la generación de respuestas conjuntas de alcance nacional y regional, que sirvan de manera eficaz al posicionamiento de una agenda de trabajo con espacios gubernamentales claves, y que fortalezca las demandas por más y mejor financiamiento educativo sostenible vía la implementación de políticas tributarias progresivas.
La reducción de los recursos públicos en las economías de América Latina y el Caribe ha afectado la consecución del derecho a la educación. Parte de esta problemática responde a una baja recaudación tributaria, ocasionada por prácticas de evasión y elusión fiscal de megacorporaciones y por la reaparición de las políticas de austeridad.
Justicia fiscal, retos ante la evasión y la elusión de impuestos
Todos los impuestos que no se pagan a los gobiernos amenazan la democracia, ya que son montos que podrían representar mayor financiamiento para protección de derechos como la salud, la educación o la infraestructura pública en general. La evasión de impuestos erosiona entonces la capacidad de financiamiento de cuestiones públicas por parte de los gobiernos.
La justicia fiscal es un elemento clave para la justicia financiera global, implica un sistema tributario que traduzca criterios de justicia para todos los países del mundo.
Uno de los temas para concretar la justicia fiscal considera los impuestos, ya que se estima que las corporaciones transnacionales evaden impuestos a través de las llamadas ayudas para el desarrollo, sin embargo estos recursos no se destinan con la prioridad y atención que los países y, la mayoría de la población, necesitan.
Una oportunidad crítica de la justifica fiscal amerita revisar cómo los países del Sur y Norte global pueden proteger las finanzas públicas a través de mecanismos de transparencia y equilibrio financiero.
A veces las empresas para evadir impuestos encuentran estructuras internas complejas para encontrar lagunas de leyes fiscales que les permita lo que se conoce como elusión fiscal. Además las empresas multinacionales con frecuencia se valen del secreto financiero, los paraísos fiscales, la manipulación y actos de corrupción con personas que ejercen funciones gubernamentales para que las acciones del sistema tributario están favorablemente sesgados.
Las empresas multinacionales son responsables de alrededor de un tercio de la producción económica mundial, de la mitad de las exportaciones mundiales y de una cuarta parte del empleo mundial.
Se estima que 783 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza internacional, con 1,90 dólares diarios según la Organización de Naciones Unidas (ONU). Sin duda una de las estrategias para revertir las desigualdades estructurales en el ámbito global implicaría la justicia fiscal y tributaria así como políticas globales, regionales y nacionales redistributivas.
Informe sobre Justicia Fiscal
El Informe sobre el estado de la Justicia Fiscal (disponible en inglés) publicado en 2021 por la Alianza Global por la Justicia Fiscal, la Internacional de Servicios Públicos afirma que las pérdidas de ingresos debido a los abusos fiscales transfronterizos de las empresas multinacionales y de los particulares que ocultan activos y flujos de ingresos en el extranjero llegan a 483.000 millones de dólares anuales. De este monto 312.000 millones se pierden por abuso del impuesto de sociedades transfronterizas por parte de las empresas multinacionales y cerca de 171.000 millones de dólares se pierden por la evasión por parte de personas ricas.
El informe señala que “esta evasión pública de las responsabilidades sociales por parte de los actores más destacados también socava la moral y el cumplimiento fiscal en toda la sociedad. Las pequeñas empresas ven la desigualdad de condiciones a la que se enfrentan, cuando sus competidores más grandes y multinacionales se benefician de los gastos fiscales y del abuso fiscal transfronterizo, y se preguntan por qué deben ser las únicas que cumplen con sus responsabilidades en su totalidad. Los hogares con menores ingresos se hacen la misma pregunta, mirando a los hogares de renta alta con participaciones en paraísos fiscales”.
Asiste el webinario completo aquí:
Nelsy Lizarazo: con justicia fiscal, la inversión educativa puede cuadruplicar en América Latina y el Caribe
11 de agosto de 2022Si hubiera una política fiscal justa que cobrara las grandes riquezas no declaradas, los impuestos de la propiedad y acabara con el abuso de las empresas y corporaciones multinacionales países como Guatemala y Argentina lograrían aumentar la inversión educativa en tres y cuatro veces, respectivamente. Guatemala podría contratar más 35 mil maestras y maestros, Ecuador, 3 mil maestros y El Salvador podría matricular más de 1 millón de estudiantes. La información fue presentada por Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE en su intervención en el panel Recuperación post-Covid: impactos de las políticas fiscales, realizado el martes (8/8) durante la Conferencia Regional de LATINDADD y la Red de Justicia Fiscal: Tras la pandemia, La guerra. América Latina y El Caribe.
“Con estos ejemplos, se puede ver claramente que hay una conexión concreta entre la recaudación justa de impuestos y el ejercicio de derecho a la educación: el derecho no se puede ejercer si no hay escuelas, si no hay infraestructuras, si no hay maestros, si no hay acceso universal y eso tiene que ver con lo que, por ejemplo, las grandes corporaciones han dejado de pagar a nuestros países desde siempre y que han ganado muchísimo en la pandemia”, explica Nelsy Lizarazo.
Mira su presentación:
Además de Nelsy Lizarazo, en la mesa también se presentaron Nathalie Beghin, Inesc (Brasil), Verónica Serafini, Latindadd (Paraguay), Gabriel Casnati, ISP (Brasil), con los comentarios Noel Pérez, Cepal (México) y David Archer, TaxEd (Reino Unido) y la moderación Adrián Falco, RJF-ALC (Argentina)
Camino contrario
Según la coordinadora de la CLADE, la región está yendo hacia otro camino. Un estudio de UNICEF publicado en junio de este año muestra que ningún gobierno latinoamericano y caribeño ha mencionado esfuerzos para generar y fortalecer políticas fiscales progresivas para financiar la educación. “Los esfuerzos fueron para la deuda, por la redistribución del presupuesto público o por el apoyo de la cooperación internacional”, dice.
Como resultado, en términos de financiación educativa, la región está muy lejos de lo que fue establecido globalmente. “Dado la contracción económica, la inversión que se está haciendo en nuestra región no solo no va a aumentar, sino que va a disminuir. El cálculo es que en un 9%. En ecuador, para mencionar un caso, ha disminuido 12% en 2022”, explica.
Educación en América Latina y el Caribe: todavía muy lejos de los compromisos internacionales
A pesar de los compromisos asumidos pos los países de América Latina y el Caribe en la Declaración de Incheon para garantizar un mínio de 6% del PIB y 20% del presupuesto nacional a la educación, medida fundamental para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación de la Agenda 2030, son pocos los países de América Latina y el Caribe que se acercan a esta meta.
Según la coordinadora de la CLADE, apenas Barbados, Costa Rica y Cuba logran cumplir con el compromiso. La educación en la región, además, también enfrenta el desafío de abarcar una enorme diversidad en términos de PIB y presupuesto. “Es decir, no representan lo mismo esos porcentajes en Guatemala que en Brasil. Y sumamos a ello la diferencia de condiciones básicas de la educación en uno y otro país”, explicó.
Sobre la Conferencia
Convocada por la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJF-ALC) y la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), la conferencia fue realizada entre el 8 y el 9 de agosto de 2022 y reunió representantes de organizaciones sociales, de la sociedad civil, gremios, autoridades, dirigentes, activistas, integrantes de la academia, etc. de la región y del mundo a la a fin de analizar y proponer rutas de acción en medio de la crisis multidimensional que afrontamos como humanidad.
“La deuda de los países latinoamericanos y caribeños desvía recursos que serían claves para una recuperación de la pandemia sostenible, verde e inclusiva”
9 de marzo de 2022En el primer día de actividades del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, organizado por la CEPAL, que se realiza del 7 al 9 de marzo en Costa Rica, tuvo lugar un panel de sobre el financiamiento del desarrollo sostenible, con la participación de representantes de bancos e instituciones financieras regionales e internacionales.
El canciller de la República de Costa Rica, Rodolfo Solano Quirós, introdujo la temática del debate, presentando desafíos para el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en América Latina y el Caribe, y también propuestas para mejorar este escenario, de acuerdo a la CEPAL.
Según datos de esta Comisión, citados por Quirós, la deuda bruta promedio en América Latina y el Caribe es de cerca de 77,7% del PIB regional, representando un desvío importante de recursos claves de los países, que podrían proveer bienes públicos esenciales para la reconstrucción y recuperación frente a la pandemia COVID-19, de manera sostenible, verde e inclusiva.
El canciller de Costa Rica explicó que la situación fiscal de los países de la región ya presentaba un espacio estrecho para inversiones públicas antes de la pandemia, y con ella se agravó debido a la menor recaudación y los mayores gastos con necesidades inmediatas generados por el contexto de COVID-19.
Señaló también el fuerte impacto de la pandemia en sectores económicos como el turismo, especialmente para países del Caribe, ante las medidas de distanciamiento y restricción a la movilidad.
“En este escenario, tenemos un estrecho espacio fiscal para abordar las necesidades de desarrollo sostenible y brechas estructurales de nuestra región”, destacó.
Agenda innovadora de financiamiento para el desarrollo en la región
Según Quirós, la pandemia no solo impactó la región en términos de desempleo, pobreza y disminución de la inversión, sino que además obstaculizó derechos económicos, culturales, sociales y ambientales de nuestras poblaciones, especialmente las más vulnerables.
En esta coyuntura, agregó, las respuestas de los organismos multilaterales han sido limitadas y se restringieron a países con menores ingresos. “Eso ha representado desafíos para los países de renta media y renta media alta respecto a sus posibilidades de acceder a financiamiento y modalidades de cooperación, con impactos en sus capacidades reales de abordar de manera sostenible los retos de desarrollo”, afirmó.
En la parte final de su exposición, Quirós presentó propuestas innovadoras para mejorar el financiamiento del desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, según el informe especial de CEPAL intitulado “Una agenda innovadora de financiamiento para el desarrollo para la recuperación de América Latina y el Caribe”.
5 propuestas para garantizar el financiamiento a los ODS
El informe de CEPAL destaca 5 propuestas o puntos principales:
1 – ampliar y redistribuir la liquidez de países desarrollados hacia países en desarrollo, desde propuestas como redireccionar los derechos especiales de giro (DEG) no utilizados por países desarrollados para países en desarrollo; y crear fondos multilaterales para la reconstrucción, por ejemplo el FACE (fondo para aliviar los impactos a la economía por el COVID-19), con el objetivo de aumentar la liquidez y el acceso a financiamiento con tasas de interés accesibles.
2 – fortalecer la cooperación regional y aumentar la capacidad de préstamos y respuestas de instituciones financieras regionales, subregionales y nacionales de América Latina y el Caribe, fortaleciendo la cooperación entre ellas.
3 – reformar la institucionalidad de la arquitectura de la deuda multilateral y de los sistemas fiscales: se requieren políticas fiscales contra la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos, además, contra los abusos fiscales por parte de las corporaciones.
4- proporcionar a los países instrumentos innovadores para posibilitar el reembolso de la deuda y evitar el endeudamiento excesivo.
5 – integrar medidas de liquidez y reducción de la deuda a estrategias de resiliencia de largo plazo, así como adoptar medidas innovadoras de financiamiento, como bonos verdes y azules.
“Los bancos multilaterales deben apoyar los esfuerzos que ya hacen las instituciones regionales en la dirección del desarrollo sostenible. ¿Qué medidas los bancos de desarrollo pueden adoptar para ampliar la liquidez y distribuirla a países en desarrollo, sin excluir los países de renta media del acceso al financiamiento concesional? ¿Qué rol deberían jugar los bancos de desarrollo nacionales para movilizar recursos al desarrollo sostenible?”, preguntó Quirós a representantes de bancos presentes en el panel.
Video de la reunión:
