Sociedad civil demanda enfrentar la brecha digital y los intereses privados en presentación de Informe de Seguimiento de la Educación
11 de agosto de 2023Las tecnologías pueden al mismo tiempo favorecer la inclusión y poner en riesgo la privacidad de los datos, afirma Laura Giannecchini, coordinadora de programas de la CLADE, al analizar el evento realizado el 26 de julio en Montevideo, Uruguay, de lanzamiento del 6º Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de UNESCO titulado Tecnología en la educación: ¿Una herramienta en términos de quién? (conocido como GEM, por sus siglas en inglés).
El documento fue publicado junto a 20 documentos de antecedentes y 200 perfiles de países PEER sobre leyes y políticas referidas a la tecnología en la educación. Durante 3 días diversas autoridades, académicos y representantes de la sociedad civil intercambiaron opiniones en torno al Informe. Laura Giannecchini, Marcela Browne de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE); Patricia Gainza de la Red Sin Fronteras; Mercedes Mayol Lasalle, presidenta de Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) y Vernor Muñoz, coordinador de política de incidencia de la Campaña Mundial por la Educación (CME) participaron del encuentro.
Compartimos sus análisis luego de asistir a los eventos vinculados a este informe.
Los dilemas de la tecnología: acceso y equidad
Marcela Browne y Laura Giannecchini realizaron este análisis del evento de lanzamiento y del propio Informe.
Para ellas, el informe plantea al menos cuatro preguntas provocadoras que orientan las reflexiones respecto al uso de la tecnología en la educación.
En sus opiniones, desde las primeras páginas del documento se cuestiona si las tecnologías democratizan los conocimientos o si pueden controlar la información en nuestra sociedad. También subrayan si efectivamente las tecnologías ofrecen oportunidades ilimitadas o por el contrario las aprisionan en el futuro; cabe la pregunta en qué medida las tecnologías ofrecen oportunidades iguales para todas las personas y sí se podrían utilizar las tecnologías en la educación de primera infancia o representan un riesgo para los niños y niñas.
Cuatro conceptos transversales a las tecnologías en la educación, que son la equidad, la inclusión, la escalabilidad y la sostenibilidad
Por otra parte, se decantan cuatro conceptos transversales a las tecnologías en la educación, que son la equidad, la inclusión, la escalabilidad y la sostenibilidad. Por ello, existe la intención de convocar a docentes, estudiantes, comunidades educativas en general y las familias para debatir sobre los términos en que se desea usar la tecnología en la educación. Para ellas, si bien se reconoce como una herramienta más en el ambiente educativo es necesario que ésta dialogue con las demandas y expectativas de este contexto.
Marcela Browne resalta que en “el informe no existen evidencias robustas sobre el valor agregado que aportan las tecnologías a la calidad de los aprendizajes. Las pocas evidencias que se mencionan son débiles y están producidas por los proveedores de las tecnologías, es decir, las empresas”. Llama la atención sobre el rol que han desempeñado las empresas al difundir la idea de que el estudiantado aprende más y mejor con las tecnologías.
La representante de la CADE, afirma que, en contraste, UNESCO señala su relatividad reconociendo las desigualdades de acceso y de conectividad, continúa reflexionando sobre las brechas en los niveles socioeducativos vulnerables que enfrentan también dificultades en los entornos familiares, como insuficientes equipos, ya que la mayoría de los casos accede desde dispositivos celulares.
Laura Giannecchini comenta que se difundió en algunos medios de comunicación hegemónicos la idea simplificada sobre el informe de que UNESCO cuestionaba el uso de los teléfonos móviles en las escuelas como elemento de distracción del estudiantado, yendo en perjuicio de la calidad de los aprendizajes. Aunque sirvió de promoción para despertar el interés sobre el informe, las analistas, Marcela Browne y Laura Giannecchini comentan que esto se debe a una mala interpretación sobre algunos de los mensajes que se expresan en el informe, ya que UNESCO no desaconseja expresamente el uso de celulares en los ámbitos educativos.
La importancia del contexto educativo
Para Marcela Browne, es necesario subrayar la recomendación para que el sistema educativo sea el responsable de determinar el modo en que la tecnología dialoga con la agenda educativa, a fin de que haya una soberanía de contenido. Ella comenta que sin embargo, otro de los mensajes claves que llama la atención, es que son muy pocos los países que generan contenidos propios y se exhorta en las recomendaciones a que pueda impulsarse en el futuro producción de contenidos locales y contextualizados.
Otro elemento importante es la necesidad de profundizar las críticas a la inteligencia artificial, ya que como señala Marcela Browne, existe un sesgo en los contenidos ya que se privilegian los producidos en los países del norte y en idioma inglés, con lo cual se limitan las fuentes de consulta, pudiendo ser parte de la colonización y su reproducción.
Demandas por la transparencia de fondos públicos para la tecnología
En el mismo sentido, Marcela Browne y Laura Giannecchini indican que los cambios en el ámbito tecnológico se proyectan con renovación cada tres años, lo que dificulta la generación de evidencias, para evaluar el funcionamiento en la educación. Es decir, el ritmo de generación de la evidencia es diferente al ritmo de la producción de las propias tecnologías. Una de las implicaciones a considerar es el alto costo que representa, y al mismo tiempo se produce mucho desperdicio, ya que la gente compra lo que no resulta efectivo, derivando una dispersión de recursos.
Añaden Marcela Browne y Laura Giannecchini a las recomendaciones críticas el interés de aumentar la transparencia en la contratación de servicios tecnológicos, para que pueda acompañarse un escalamiento adecuado con la participación y control de la sociedad civil.
En cuanto a la equidad e igualdad de acceso a tecnologías en la educación se recomienda en el informe que sean gratuitas, y que los bienes digitales sean públicos, incluyendo los libros de textos y recursos educativos de manera que las propias plataformas de aprendizaje sean inclusivas, especialmente a los grupos que históricamente son más marginados o excluidos.
Exclusión y derechos digitales
En cuanto a los currículos y las plataformas en el resumen del informe también se hace un llamado a la adaptación de las necesidades de cada estudiante y docente, por lo cual las plataformas deben ser accesibles a las personas con discapacidad, para contextos de escuelas rurales, de personas indígenas, afrodescendientes y personas migrantes. Se hizo referencia a la creación de plataformas que pueden dar seguimiento a las trayectorias educativas de estudiantes a lo largo de los años, acompañando su movilidad territorial, lo cual sería clave para la relevancia y pertinencia de la educación.
Para Laura Giannecchini “si bien se estima que el 85% de los países tienen normativas vinculadas a las tecnologías, solo el 16% tiene medidas de protección del uso de datos privados como la huella digital, esto es una gran falencia al exponerse a niñas, niños y adolescentes sin mecanismos de seguridad y ciberseguridad”.
A pesar que se hacen continuos llamados de atención al uso excesivo o inapropiado de las tecnologías por la relación negativa y perjudicial con el abuso de dispositivo, es necesario incorporar al debate las propias voces del estudiantado y de docentes.
Marcela Browne apunta que este informe recuerda que, dado que muchas tecnologías no fueron diseñadas para la educación, su idoneidad y valor deben demostrarse con una visión de la educación centrada en el ser humano.
Tomando el resumen del informe que facilitan las analistas, “los responsables de la toma de decisiones se enfrentan a cuatro difíciles disyuntivas:
- El llamado a la personalización y la adaptación choca con la necesidad de mantener la dimensión social de la educación. Los partidarios de una mayor individualización pueden estar perdiendo de vista la esencia de la educación.
- Existe un conflicto entre inclusividad y exclusividad. La tecnología puede ofrecer un salvavidas educativo a muchas personas. Sin embargo, para muchas más supone una barrera adicional a la igualdad de oportunidades educativas, con la aparición de nuevas formas de exclusión digital.
- La esfera comercial y el procomún -referida a la utilidad pública- tiran en direcciones diferentes. La creciente influencia de la industria de la tecnología educativa en la política educativa a nivel nacional e internacional es motivo de preocupación.
- Generalmente se asume que cualquier ventaja de eficiencia que la tecnología educativa ofrezca a corto plazo se mantendrá a largo plazo. Sin embargo, se suelen subestimar todos sus costes económicos y medioambientales.”
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Estudiantes y docentes brillan por su ausencia
Por su parte Patricia Gainza, socióloga y coordinadora de Red Sin Fronteras, también resaltó una mirada crítica sobre los resultados del informe, el riesgo que puede representar para el derecho a la educación, una priorización tecnológica en los ámbitos escolares. Extendemos su comentario al respecto.
Para ella, cuando se hace referencia a la tecnología educativa deben considerarse los sujetos que participan de los ámbitos, así como sus experiencias, expectativas y necesidades. A juicio de Patricia Gainza, llama mucho la atención que durante el evento de lanzamiento no se consideró la participación y experiencia de estudiantes o docentes. “Todas las autoridades que asistieron pertenecen al sur global, no había ninguna autoridad del norte” dijo, que en muy pocos casos asistieron personas con responsabilidad académica de investigación, si aunque en menor medida de rectorías de las universidades, “no se piensa en ellos (las, los y les estudiantes) como el motor para la incorporación y el buen uso de las tecnologías en la educación, al contrario todo el tiempo se está hablando de empresas de aplicaciones” afirma.
El ambiente general del evento promovía las intervenciones como una exposición para la venta de servicios educativos digitales
Según Patrícia Gainza, el ambiente general del evento promovía las intervenciones como una exposición para la venta de servicios educativos digitales. “Colocar los enfoques desde la especialización técnica puede ser un factor de exclusión para ampliar el debate sobre las implicaciones de las tecnologías aplicadas a la educación”, analiza Patricia Gainza y continúa: “no hubo prácticamente reflexiones sobre grupos minoritarios o en desventajas y las diferentes formas de facilitar el acceso, las personas en situación de discapacidad.”
Intereses privatistas a favor de la tecnologización educativa
Se consideró particular atención a la situación de la educación en Uruguay y con ello la fuerte influencia del Plan Ceibal, que es el centro de innovación educativa con tecnologías digitales a nivel nacional. Compartieron las lecciones aprendidas de la última década, que asomaba un cambio de lógica con autoreferencias empresariales, comentó Patricia Gainza.
Para Patricia Gainza, en Uruguay se atraviesa un proceso de desmantelamiento del sistema educativo o al menos de reducción de presupuesto importantísimo, Uruguay ha perdido cuatro décimas del Producto Interno Bruto destinado al rubro.
En el análisis de Patricia Gainza, el ministro de educación de Uruguay, Pablo Da Silveira exhortaba a mantener la continuidad de las políticas públicas más allá de la rotación de los gobiernos, y los partidos. Destacaba en su intervención la relevancia del conocimiento técnico, de la creatividad y del compromiso, la relevancia del modelo de gestión con fuerte tendencia a la estructura privada, aludiendo eficiencia en los procesos de licitaciones, agilidad en compras y decisiones; sin embargo se desplaza la responsabilidad política del Estado poniendo en riesgo la transparencia pública, subraya la coordinadora de la Red Sin Fronteras.
Ella también apunta que es muy importante tener claro el vínculo entre lo tecnológico y lo educativo, inicialmente el plan Ceibal nació al interior de la gestión gubernamental, y luego pasa a ser una agencia de tecnología ligada al sistema educativo. En la reflexión se apunta que la ausencia de referencias a la centralidad de los procesos educativos, o al financiamiento que demanda el marco de derechos; para lo cual hace falta voluntad política en una adecuada priorización del presupuesto nacional.
La coordinadora de la Red Sin Fronteras marcó la participación de Fiorella Haim, gerenta general de Ceibal indicó que al referirse a la tecnología digital hay que considerar que es mucho más que pantallas, ya que también son líneas de robótica o hacedores de laboratorios con impresiones 3D, manejo de drones, sensores, muchas cosas ilustran este ecosistema de innovación al servicio de la educación. 
Sistema de datos para ausentismo y la labor docente
Patricia Gainza, de la Red Sin Fronteras, trazó dentro de las buenas prácticas que se compartieron algunas aplicaciones tecnológicas, llamó particularmente la atención la que hiciera Irene González, gerenta de datos de Ceibal expuso una aplicación del sistema y sobre todo de los datos que surgen del ausentismo escolar, señalaba que la inasistencia crónica tiene una proporción en la cual siete de cada 10 niños y niñas son provenientes generalmente de contextos vulnerables, lo que quiere decir dos o tres faltas al mes. Estas alertas del sistema de datos facilita la comunicación con las familias que registran altos niveles de ausentismo, como parte de estrategias de seguimiento.
Según su análisis, existe una constante que expresa la preocupación de articulación conjunta con las tecnologías y el protagonismo de la labor docente, insistiendo en el valor del vínculo relacional del proceso educativo, que es insustituible. Su valoración es que vivimos un contexto de fuertes discursos de neoliberalismo que pretende mercantilizar y ganar en el mercado, flexibiliza las condiciones laborales en general y también del personal docente.
Frente a las posibilidades de empoderamiento de la comunidad educativa, es necesario recuperar la centralidad del estudiantado teniendo en cuenta el contexto sociocultural, en el cual la tecnología es enriquecedora del intercambio entre estudiantes y docentes, para Patricia Gainza, se propone una práctica crítica que logre transformar el rol simplista de usuario/as o destinatarios/as de tecnologías que se imponen externamente.
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La valoración de la labor docente ante la tecnología educativa
Para Vernor Muñoz de la CME, la versión más reciente que se ha centrado en la educación y tecnología, da seguimiento al objetivo cuatro de desarrollo sostenible –de la Agenda 2030, referido al derecho humano a la educación- y permite discutir diversos temas en materia de tecnología digital y educación.
A juicio del coordinador de políticas de incidencia de la CME la contundencia del valor de docentes es relevante, ya que “el informe pone en evidencia que existe poco valor agregado de la tecnología digital en materia de educación y esto es importante porque confirma una vez más que el rol que juegan los maestros y maestras en la educación es insustituible, es decir que es un trabajo que no se puede relevar con el uso de la de la tecnología”.
La atención que las empresas y corporaciones tecnológicas ponen en la educación evidencia el interés en el negocio y su mercantilización
Para él, la atención que las empresas y corporaciones tecnológicas ponen en la educación evidencia el interés en el negocio y su mercantilización, y lo que significa actualmente tanto como en el futuro. En palabras de Vernor Muñoz, “muchas empresas tecnológicas y de software educativo intentan tomar el liderazgo en la venta de sus productos y de alguna manera intentan también insistir en la primacía de la tecnología educativa.”
Según él, las tecnologías pueden ofrecer una posibilidad para la inclusión, pero deben ir acompañadas de políticas que generen las condiciones para que sean posible, ya que la realización del derecho humano a la educación no se define únicamente en las aulas, y entre otras garantías deben considerarse las de conectividad, electricidad, acceso a dispositivos por mencionar algunos. “El informe pone en relevancia cómo la tecnología en la educación abre ciertamente oportunidades, como apoyo al trabajo docente, y esto ha sido muy evidente durante la pandemia del Covid-19, hace hincapié en cómo se han beneficiado, por ejemplo, personas con discapacidad” señaló.
Sobre la dinámica del evento, Vernor Muñoz destacó que, además de una agenda que priorizó el protocolo, la participación de bancos y de empresas, al mismo tiempo que se ha reducido la asistencia de la sociedad, se ha dificultado el diálogo interactivo, en su lugar se han dado a conocer diferentes opiniones de quienes lideran el campo tecnológico.
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Foco sobre el financiamiento, la pedagogía y las amenazas de la privatización
Mercedes Mayol Lasalle, presidenta mundial de OMEP, comparte un análisis de tres aspectos relevantes en la convergencia de la educación y la tecnología, el financiamiento, la pedagogía y la no privatización.
Sobre el financiamiento educativo, señaló: “Este informe contiene un problema sobre la transformación y el financiamiento para ofrecer acceso a la tecnología dentro del sistema educativo a todas las niñas, niños y personas. En el contexto tenemos enormes deudas en relación al financiamiento educativo alrededor del mundo”. Este es un gran punto y tenemos muchas cuestiones con relación a ello.
A su juicio, un segundo aspecto está relacionado a la construcción de una nueva pedagogía desde el desafío de la conectividad con la participación de las y los docentes. En tercer y último aspecto tiene que ver con la ética, la privatización y la falta de regulación de las grandes empresas que venden tecnología a los sistemas públicos de educación.
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Educación y tecnología en la primera infancia: discusiones urgentes
La Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) junto a la Campaña Mundial por la Educación (CME) y el Instituto Interamericano del Niño IIN/OEA convocaron a un evento público el 28 de julio, en el marco del lanzamiento del Informe de Seguimiento a la educación, titulado Educación y tecnología en la primera infancia: discusiones urgentes.
La OMEP definió como parte de su fundamento en la convocatoria que “los primeros años de vida constituyen la etapa fundante de ese proceso, por lo que el acceso a una Atención y Educación de la primera infancia (AEPI) inclusiva, equitativa y de calidad, es el primer paso para garantizar aprendizajes fundacionales y oportunidades para un desarrollo pleno (…) La transformación de la AEPI requiere el desarrollo de un debate pendiente y urgente sobre las políticas, la pedagogía y las prácticas relacionadas, apostando a superar miradas simplistas que condenan o enaltecen a las tecnologías computacionales, para construir posicionamientos críticos sobre su papel real en la enseñanza, el aprendizaje y la crianza de las infancias.”
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Más sobre el Informe GEM 2023
Esta fue la primera vez que el lanzamiento global del informe se realiza en América Latina. El encuentro contó con un evento híbrido global al que asistieron 18 ministros y ministras de educación. Convocado por UNESCO, auspiciado por el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay y la Fundación Ceibal, el lanzamiento del informe se concretó el 26 de julio, y a lo largo de tres días se llevaron a cabo diversos eventos en Montevideo, Uruguay.
Los eventos de alto nivel organizados en el marco de este lanzamiento son los siguientes:
- Diálogo Sur-Sur entre ministros/as de educación de América Latina y África.
- Mesa redonda cerrada con ministros/as de educación, representantes de la UNESCO y responsables de organismos internacionales de América Latina.
- Reunión anual de la Alianza para la Digitalización de la Educación en América Latina (ADELA).
- Discusión con proveedores privados sobre cómo apoyar el desarrollo sostenible de la educación en América Latina.
- Evento sobre perspectivas globales y regionales de la tecnología en la educación en América Latina organizado por la Fundación Ceibal.
- Evento organizado por la UNESCO sobre nuevas formas de enseñar, aprender y evaluar con tecnología en la Universidad Católica del Uruguay.
UNESCO señala que el informe “sostiene que los sistemas educativos deben garantizar siempre que los intereses de los alumnos se sitúen en el centro y que las tecnologías digitales se utilizan para apoyar una educación basada en la interacción humana en lugar de pretender sustituirla”,
Esta edición tuvo como objetivo examinar cómo la tecnología puede ayudar a llegar a los alumnos desfavorecidos, pero también a garantizar que más conocimientos lleguen a más alumnos en formatos más atractivos y baratos.
Tomando en cuenta la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el referido a educación (ODS4), la tecnología se vincula con seis de las diez metas, según la UNESCO en un nota conceptual las metas “reconocen que la tecnología afecta a la educación a través de cinco canales distintos, como insumo, medio de entrega, habilidad, herramienta para la planificación, y proporcionando un contexto social y cultural”.
Desde el resumen del informe se muestran oportunidades y amenazas, en tal sentido, “los desafíos educativos a los que el uso adecuado de la tecnología puede ofrecer soluciones (acceso, equidad e inclusión; calidad; avance tecnológico; gestión de sistemas), al tiempo que reconoce que muchas de las soluciones propuestas también pueden ser perjudiciales”.
En el resumen del informe se destacan algunos de los siguientes mensajes claves:
- No abundan pruebas adecuadas e imparciales sobre el impacto de la tecnología educativa. Muchas de las pruebas proceden de quienes intentan vender la tecnología. Pearson financió sus propios estudios para refutar análisis independientes donde se demostraba que sus productos no tenían ninguna incidencia.
- La tecnología ofrece la esperanza de una educación a millones de personas, pero excluye a muchas más. Si bien el derecho a la educación es, cada vez más, sinónimo de derecho a una conectividad significativa, el acceso es desigual.
- Algunas tecnologías educativas pueden mejorar ciertas modalidades de aprendizaje en determinados contextos. Debe centrarse en los resultados del aprendizaje, no en el aporte tecnológico. En Perú, se distribuyeron más de un millón de portátiles sin incorporarse en la pedagogía, por lo que el aprendizaje no mejoró.
- El contenido en línea ha aumentado sin suficiente regulación sobre el control de calidad y la diversidad. En 2021 más de 220 millones de estudiantes asistieron a cursos en línea masivos y abiertos.
El informe GEM se centra en una temática particular en cada entrega anual. Para el 2024, el tema será sobre liderazgo y educación que, según UNESCO, resalta que el liderazgo “es el segundo factor escolar más importante para explicar los resultados del aprendizaje”.
Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la educación, Farida Shaheed: garantizar el derecho a la educación: avances y desafíos críticos
12 de julio de 2023El Consejo de Derechos Humanos convocado en Ginebra, Suiza entre el 19 de junio y el 14 de julio contó con la presentación del primer informe de la Relatora Especial sobre el Derecho a la Educación, Farida Shaheed, quien asumió la responsabilidad el primero de agosto del año 2022.
En el informe disponible en inglés, se presenta un análisis de cómo se entiende el derecho a la educación, las responsabilidades de los Estados y algunos señalamientos sobre desafíos contemporáneos y emergentes.
Compartió la situación de la educación en el mundo en el que afirma “se calcula que 222 millones de infantes y adolescentes afectados por crisis necesitan apoyo educativo, mientras que 773 millones de personas adultas, en su mayoría mujeres, no están alfabetizadas; la pobreza y la desigualdad siguen siendo notables, con una movilización a menudo escasa de los recursos financieros nacionales; y el acceso a la escuela no siempre se traduce en un aprendizaje o una capacitación efectivos” (traducción propia).
La relatora especial dedicó parte del texto a la relevancia del aprendizaje a lo largo de la vida y la necesidad de asumirla como bien público de la sociedad, del mismo modo que los Estados deben velar por su calidad y financiamiento eficiente y equitativo.
La relatora señala con preocupación algunos temas de agenda que las diversas organizaciones han manifestado de forma permanente, como la educación sexual integral o la decolonización. “En muchos países, la creciente polarización social en torno a la diversidad cultural, la enseñanza de la historia, la descolonización de los planes de estudio, las teorías críticas sobre raza y género y la educación sexual integral, agravada por la insuficiente protección de las libertades académicas, afectan al funcionamiento de los sistemas educativos”, (traducción propia), expresa en el documento.
Recordando el marco de derechos con la progresividad que corresponde a la educación, comentó lo inaceptable que pueden resultar algunas acciones consideradas regresivas. La relatora especial dedicó parte del texto a la relevancia del aprendizaje a lo largo de la vida y la necesidad de asumirla como bien público de la sociedad, del mismo modo que los Estados deben velar por su calidad y financiamiento eficiente y equitativo.
La importancia de la interseccionalidad y no discriminación en educación
Farida Shaheed, en el informe presentado ante el Consejo indicó la necesidad de “Eliminar la discriminación directa e indirecta en la educación, así como las barreras (…) son ahora obligaciones bien establecidas de los Estados. La necesidad de enfoques interseccionales también está ampliamente aceptada, al igual que el requisito de que los Estados vayan más allá de la prohibición de la discriminación, garantizando que el principio de igualdad de oportunidades se traduzca plenamente en una realidad concreta”, (traducción propia).
Garantizar una educación pública, equitativa e inclusiva no es una tarea sencilla para los gobiernos, como se hizo saber en el texto del informe, pero es indispensable contar con la promoción suficiente de experiencias y entornos que favorezcan los aprendizajes. Por ello, los sistemas educativos deben enfrentar procesos que perpetúan y reproducen segregación, exclusión y discriminación.
El documento resalta las condiciones de financiamiento para la educación, y el papel que deben desarrollar los Estados en la regulación de actores privados, “un reto importante es el respeto de las libertades educativas en el marco de una educación concebida como un bien público y común, al tiempo que se evitan las repercusiones negativas sistémicas del crecimiento de los agentes privados, en particular los comerciales, sobre el derecho a la educación”, (traducción propia).
El llamado permanente a los Estados para cumplir con el derecho a la educación
El derecho internacional de los derechos humanos garantiza el derecho a la educación. La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948, en su artículo 26 proclama: “Toda persona tiene derecho a la educación”.
El reciente informe de la relatora retoma los principios de Abiyan, con un llamado a “Los Estados deben respetar, proteger y garantizar el derecho a la educación de todas las personas dentro de su jurisdicción en conformidad con los derechos a la igualdad y la no discriminación” se compartieron las claves para la defensa de la educación como derecho en el documento titulado Principios rectores de derechos humanos sobre las obligaciones de los Estados de proporcionar educación pública y de regular la participación del sector privado en la educación.
Los principios de Abiyán, como también se conocen, señalan en su introducción que “Muchas dimensiones del derecho a la educación requieren una acción inmediata, e incluso, las dimensiones sujetas a una efectivización progresiva, requieren que los Estados dediquen el máximo de sus recursos disponibles para cumplir con su obligación, evitando cualquier regresión”.
Existen diferentes instrumentos normativos internacionales de las Naciones Unidas que reconocen y visibilizan el derecho a la educación, entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, entre otros.
El informe también expresa la atención al seguimiento de acuerdos como los establecidos en la Cumbre de Educación Transformadora así como la Declaración de Incheon y Marco de Acción para la Educación 2030.
La vigencia de las cuatro “Aes” de la educación: asequible, accesible, aceptable y adaptable
El informe de la relatora recordó la vigencia de las 4 “aes” de la demanda del derecho a la educación, para que sea asequible, accesible, aceptable y adaptable.
Recordamos que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General asumió lo propuesto sobre el derecho a la educación por la primera Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la educación, Katarina Tomasevski, haciendo hincapié en que fuera un derecho significativo en todas sus formas y niveles, teniendo 4 “aes” como características interrelacionadas, se resume de la siguiente manera, a saber:
- Asequible: la educación es gratuita con infraestructura adecuada y docente preparada capaz de sostener la impartición de la enseñanza.
- Accesible: el sistema de educación es no discriminatorio, accesible y adopta medidas positivas para la inclusión.
- Aceptable: el contenido es relevante, no discriminatorio, culturalmente apropiado, y de calidad; los centros educativos son seguros y el equipo docente accede a la profesionalización.
- Adaptable: “la educación evoluciona a medida que cambian las necesidades de la sociedad y puede contribuir a superar las desigualdades, como la discriminación de género, se adapta a las necesidades y contextos específicos locales”.
La educación es un derecho humano, no un privilegio
La Iniciativa por el Derecho a la Educación dio a conocer el seguimiento al informe de la relatora en el marco de la sesión del Consejo de Derechos Humanos. La Iniciativa establecida por la primera Relatora especial sobre el derecho a la educación, Katarina Tomaševski, se reconoce como una organización con enfoque en el derecho a la educación. Creada en el año 2000, con un relanzamiento en 2008 cuenta con el apoyo de la Campaña Mundial por la Educación, ActionAid International, Amnistía Internacional, Save the Children, y Human Rights Watch.
Los Estados tienen la obligación de proteger, respetar y cumplir el derecho a la educación; hay maneras de hacer que los Estados sean responsables de las violaciones o las privaciones del derecho a la educación
La educación en el marco internacional es considerada un derecho humano, esto significa como señala Iniciativa por el Derecho a la Educación (RTE, por sus siglas en inglés) que no es un privilegio. En este sentido la educación como derecho humano significa que: “el derecho a la educación está garantizado legalmente para todos sin discriminación alguna; los Estados tienen la obligación de proteger, respetar y cumplir el derecho a la educación; hay maneras de hacer que los Estados sean responsables de las violaciones o las privaciones del derecho a la educación” como se afirma en la presentación de la Iniciativa.
Pronunciamientos para fortalecer el derecho a la educación
Durante el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, más de 70 países de todas las regiones del mundo manifestaron su apoyo a los “esfuerzos para fortalecer el derecho a la educación, incluido el derecho explícito a la educación secundaria completa gratuita y al menos un año de educación preescolar gratuita” en el Diálogo interactivo con el Relator Especial sobre el derecho a la educación.
En el marco de esta iniciativa diversos integrantes de la academia y la sociedad civil promovieron el pronunciamiento para ampliar el derecho internacional de la educación, en el que se señala “ La educación es un derecho humano fundamental y una de las herramientas más poderosas para mejorar la vida de los niños y niñas. La educación mejora la salud, su nivel de vida, les protege de la explotación y los abusos y amplía su futuro de vida, y su participación en la vida cívica. Saca a los niños de la pobreza, reduce la desigualdad y ayuda a construir sociedades fuertes y sostenibles”. También se compartió desde el Observatorio de Derechos Humanos el pliego sobre el Fortalecimiento del Derecho a la educación gratuita.
Andressa Pellanda, Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación: SAME desafía las desigualdades que reproducen el racismo y la colonización
27 de junio de 2023Con el objetivo de llamar la atención de la sociedad civil e instar los gobiernos, sobre la necesidad de hacer real y efectivo el compromiso por el derecho a la educación, especialmente debatiendo sobre las relaciones de financiamiento y cooperación, destacando la importancia de garantizar un sistema de financiamiento que tenga como eje fundamental la decolonialidad. Organizaciones y movimientos, estudiantes, docentes tuvieron al realizar la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME)al realizar, entre mayo y junio, la más grande y amplia movilización educativa del mundo.
En las vísperas de la realización de la Semana de Acción Mundial por la Educación en Brasil, entre el 19 al 26 de junio, Andressa Pellanda, coordinadora general de la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación conversó con la CLADE, habla sobre cómo es el contexto de financiamiento educativo y los ejes centrales de la gran movilización por el derecho a la educación en su país.
“El primer desafío [para la garantía del derecho humano a la educación] se refiere a la exigencia de una política económica desde la problematización de cómo decolonizarla y garantizar la financiación absoluta de todas las políticas sociales. Para este año de 2023, especialmente, estamos entrando en el último año de implementación del Plan Nacional de Educación en Brasil, que es un plan de diez años, que expira en junio de 2024”.
Lee a continuación la entrevista completa.
El compromiso con el derecho desde el plan y el sistema de educación
¿Cómo es posible reflejar procesos de decolonización en el financiamiento educativo?
Andressa Pellanda- En Brasil tenemos un enorme desafío con relación a la decolonización de la financiación de la educación ya que estamos bajo una política económica de austeridad muy fuerte desde el año 2016. Esta política puso un “techo”, es decir, un límite a la financiación de todas las inversiones sociales, incluida la educación.
Actualmente nuestro reto es derrumbar esta política de austeridad que se debate en el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados/as y el Senado Federal, lo que se traduce en una nueva política de marco fiscal para Brasil.
Como Campaña, estamos promoviendo la inclusión en esta política para establecer un renovado fondo que garantice el Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica (FUNDEB) y de valoración de profesionales de la educación, que son los principales fondos de financiamiento para toda la educación básica en Brasil. También hemos denunciado la necesidad de retomar lo que estaba antes de la implementación de la política de austeridad, que significó un retroceso inmenso y sería un enorme revés si llegara a mantenerse en el futuro.
Valoramos que apenas se ha cubierto un 85% de lo previsto en el Plan Nacional de Educación, poniendo en riesgo la financiación en varias etapas y modalidades, como la educación escolar indígena, quilombola, afrodescendiente, rurales y ribereñas que son las poblaciones que ocupan el territorio y habitaron mucho antes que se diera la llegada de la conquista portuguesa.
Andressa Pellanda, Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación
El primer desafío [para garantizar el derecho humano a la educación] se refiere a la exigencia de una política económica desde la problematización de cómo decolonizarla y garantizar la financiación absoluta de todas las políticas sociales. Para este año de 2023, especialmente, estamos entrando en el último año de implementación del Plan Nacional de Educación en Brasil, que es un plan de diez años, que expira en junio de 2024.
En junio de 2023 estaremos en el último año de ejecución del plan y, a pesar que se han cumplido nueve años, ninguno de sus 20 objetivos se han cumplido completamente. De hecho [como campaña] valoramos que apenas se ha cubierto un 85% de lo previsto en el Plan Nacional de Educación, poniendo en riesgo la financiación en varias etapas y modalidades, como la educación escolar indígena, quilombola, afrodescendiente, rurales y ribereñas que son las poblaciones que ocupan el territorio y habitaron mucho antes que se diera la llegada de la conquista portuguesa.
La colonización también se evidencia cuando la educación de estos grupos no es adecuadamente financiada. Resaltamos que el plan nacional de educación es la columna vertebral de la principal política educativa brasileña y por ello debería ser el motor que enfrente las desigualdades sociales y regionales étnico-raciales en Brasil.
Construir un nuevo plan nacional de educación para el futuro deseamos que en su proyección no retroceda en relación a las metas actuales, incluyendo el financiamiento, y que no profundice la desigualdad, procurando políticas afirmativas con presupuesto a fin de enfrentar estructuralmente el sistema.
El primer desafío [para garantizar el derecho humano a la educación] se refiere a la exigencia de una política económica desde la problematización de cómo decolonizarla y garantizar la financiación absoluta de todas las políticas sociales. Para este año de 2023, especialmente, estamos entrando en el último año de implementación del Plan Nacional de Educación en Brasil, que es un plan de diez años, que expira en junio de 2024.
Andressa Pellanda, Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación
También tenemos el desafío de aprobar un Sistema Nacional de Educación. El Plan Nacional de Educación prevé este sistema, recordando que Brasil es un país federativo, entonces tenemos unidades federativas de gestión y gobierno federal con responsabilidades específicas sobre las etapas y modalidades de educación.
Con frecuencia las poblaciones no cuentan con un sistema que coordine de forma cooperativa en su propio Estado y municipio, lo que hace que tengamos enormes desigualdades regionales. Se ven Estados y municipios más pobres justamente los que tienen mayor concentración de población negra, indígena, quilombola y rural.
El sistema nacional de educación debe ser decolonizado en su financiamiento así como en la propia educación. Dentro de esta disputa nos enfrentamos, por supuesto, al sector privado y a la privatización de la educación en Brasil, ya que ésta ha aumentado en los últimos años.
Hemos pasado de un modelo de privatización incremental a un modelo de privatización estructural, con reformas neoliberales que reducen el papel del Estado en la educación. Dentro de eso, observamos la regulación de las acciones del sector privado, para asegurar que la oferta que se haga por parte de estos grupos sea de calidad y que, a su vez, las decisiones sobre políticas públicas consideren las voces de los sectores de la sociedad civil, los movimientos sociales, las entidades representativas de los profesionales, los sindicatos, las agrupaciones de estudiantes para que al debatir sea una decisión con fines públicos para la educación pública.
De esta manera, tenemos enormes desafíos en términos de financiación que toca todas las etapas y modalidades, pero con atención particular a los grupos que sufren desde la colonización y actualmente también con las estructuras neocoloniales en Brasil.
La evaluación amerita decolonizarse
¿Cuáles son las propuestas de medición para abrir la mirada decolonizada del financiamiento?
Andressa Pellanda.- Un tema central en nuestra lucha ha sido desde el escenario mundial, con la aprobación del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 [relativo a la educación], tuvimos avances y victorias de sectores progresistas y defensores de la educación a nivel global. Pero vemos que al diseñar las métricas, la perspectiva de derecho se había reducido, ya que es una mirada neocolonial.
No deja de suceder en Brasil, incluso en el propio plan nacional, que el sistema de evaluación de la calidad que se ofrece resulta muy restringido, limitado al IDEB (Índice de Desarrollo de la Educación Básica), que es una prueba de evaluación de competencia a gran escala, de portugués y matemáticas.
Si esto sucede es porque las políticas de reducción del Estado no promueven mejoras de la profesión docente. Este tipo de evaluación es muy restringido y no garantiza la valoración de la educación. Actualmente existe una propuesta dentro del Sistema Nacional de Educación que se previó en la enmienda constitucional del Fondo Básico (FUNDEB) que se llama el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Básica (Sinaeb), cuya propuesta amplía la evaluación de la educación para considerar otros indicadores, tales como el porcentaje de población afrodescendiente e indígena, evaluación de la infraestructura de las escuelas, a través del CAQ.
El CAQ es un mecanismo construido por la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación y ahora está presente en la Constitución Federal por el FUNDEB, pero todavía no ha sido reglamentado para que garantice la financiación de calidad y para que también sirva como mecanismo de evaluación de la política educativa, valorando la transferencia de los recursos, su tratamiento, inversión en infraestructura, la valoración de profesionales docentes, la proporción de estudiantes por clase, lo que integra un factor importante para la calidad de la educación, entre otros.
Nuestra propuesta fue diseñada en 2015 y se hizo una política junto al Ministerio de Educación, pero esta fue una de las primeras políticas suspendidas cuando se ejecutó el golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff, y el entonces ministro de educación del gobierno de Michel Temer suspendió todo lo referido al sistema nacional de evaluación de educación básica. Desde entonces tenemos una resistencia, frente al modelo de los grupos neoliberales que también fueron cómplices del golpe a la presidenta constitucionalmente electa Dilma Rousseff.
Así que tenemos este reto de ampliar su evaluación a través de la regulación del sistema que está dentro de la reglamentación del Sistema Nacional de Educación en su conjunto.
La medición decolonial de la calidad
El CAQi es el estándar mínimo de calidad, razón por la cual recibe la “i” inicial. El CAQ avanza en relación al estándar mínimo porque considera el carácter dinámico del concepto de coste por estudiante y también la capacidad económica de Brasil, posicionado como la sexta economía del mundo. (CNDE)
¿Cómo aporta el estándar mínimo de calidad (CAQi) y el Costo Alumno Calidad (CAQ) a la defensa de un financiamiento decolonial?
Andressa Pellanda.- Desde el año 2002, lanzamos el primer libro sobre el Costo Alumno Calidad (CAQ), con la propuesta de calidad social y educación, que promueve las condiciones para que el proceso de enseñanza-aprendizaje suceda con la calidad, es decir, con condiciones adecuadas y equitativas en todas las instituciones educativas, con agua potable, saneamiento básico, infraestructura, internet, canchas deportivas, laboratorios de ciencias así como temas relacionados con la valoración de profesionales docentes, sus condiciones laborales, planes de carrera, escala salarial, también infraestructura inclusiva, gestión democrática, financiamiento para espacios para realización de asamblea, de encuentro de gremios, buen funcionamiento del Consejo Escolar, integración de los espacios de participación. La visión de conjunto significa contemplar condiciones de aprendizaje e intercambio que garantice autonomía, que considere los contextos y sea territorializada, para favorecer un diálogo conjunto del conocimiento.
La propuesta inicial del Costo Alumno Calidad se fue mejorando a lo largo de los años, a partir de los congresos de educación, cuando se sumó la participación de todos los sectores, entidades y movimientos de educación para llegar al congreso nacional de educación básica de 2008. Se han repetido los congresos nacionales de educación en 2010, 2014 y 2018, mientras que el congreso nacional popular de educación en 2018 y 2022.
A partir de la sistematización de participaciones en las conferencias, hicimos una interlocución con el Consejo Nacional de Educación y la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación, haciendo una resolución normativa indicando el segmento de estudiante y calidad. Lamentablemente esta resolución nunca fue homologada por el Ministerio de Educación, es decir, no fue puesta en práctica.
Por otro lado, logramos incidencia política en el Conferencias Nacional junto con toda la sociedad para demandar que el índice de CAQ fuera considerado el parámetro para el cálculo del financiamiento de la educación. Fue a través del costo por estudiante que calculamos el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación en el plan nacional de educación.
Sin embargo, este plan fue dejado de lado por las políticas de austeridad y la gestión de los últimos gobiernos autoritarios que no siguieron la legislación educativa.
Han pasado 11 años de lucha y hemos llegado a la Constitución Federal, que fue el primer mecanismo extenso en Brasil totalmente construido por la sociedad, pero todavía tenemos mucha lucha por delante, para pensar temas como los mecanismos de financiación, la evaluación de la calidad y el control social de la educación en Brasil.
Andressa Pellanda, Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación
La aprobación en la Constitución Federal como el principal parámetro para el fondo para la educación básica en Brasil consideramos una conquista del proceso social. Nuestra propuesta era tomarlo como parámetro para el cálculo de la calidad del valor por estudiante, así como en el Plan Nacional de Educación.
La regulación del parámetro es un reto, porque hay un debate sobre lo que sería este costo – estudiante con el criterio de calidad, que implica llegar al consenso sobre el sentido de la calidad y sus parámetros de medición, a lo que sigue su regulación y el seguimiento a su aplicación.
Han pasado 11 años de lucha y hemos llegado a la Constitución Federal, que fue el primer mecanismo extenso en Brasil totalmente construido por la sociedad, pero todavía tenemos mucha lucha por delante, para pensar temas como los mecanismos de financiación, la evaluación de la calidad y el control social de la educación en Brasil.
Los aprendizajes deben transformar las desigualdades
¿Cuáles son las prioridades para lograr un financiamiento decolonial en la región latinoamericana y caribeña?
Andressa Pellanda.- El primer punto es que la educación debe ser entendida como un derecho y no como un servicio, mucho menos aquella dirigida a la formación precaria de una mano de obra que no desafía el status quo en América Latina. El status quo es elitista, racista, colonial que se vive en todas las estructuras sociales y culturales.
Tenemos que dar un giro hacia una visión de la educación de los territorios, para que la política educativa y de financiamiento contemple las diversas necesidades, las demandas y diversidades de todo tipo, también culturales presentes en nuestros países. Considerar a los pueblos indígenas, los pueblos tradicionales originarios, los pueblos quilombolas, los pueblos rurales y las propias diversidades que existen incluso dentro de estos pueblos.
Sólo si construimos un sistema de gestión democrática veremos una transformación de la legislación, institucional y de la calidad de la educación. Por supuesto, sabemos que la educación no salva el mundo, pero no salvaremos el mundo sin la educación, así que tendremos que asegurarnos de que nuestras poblaciones puedan verse a sí mismas y formar parte de estas políticas educativas, que significan mejorar el financiamiento con las diversidades y territorialidades, especialmente considerando las desigualdades históricas.
Invitación al cierre desde la tierra de Paulo Freire, nuestro maestro popular mundial
Andressa Pellanda.- Paulo Freire es nuestro gran maestro educador que dijo que la educación por sí sola no transforma el mundo, pero la educación si transforma a las personas que van a transformar el mundo. Así que tenemos que poner a las personas en el centro de nuestra agenda para la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) para garantizar que este mundo se transforme y que en el siglo veintiuno, podamos finalmente superar la estructura colonial que todavía existe a nivel global y dentro de nuestros países.
Mira video de la entrevista
México: Movimiento Pedagógico dialoga con la Secretaría de Educación del país para defender el derecho humano a la educación en la Nueva Escuela Mexicana
18 de mayo de 2023“Trascender las coyunturas políticas y profundizar la defensa del derecho humano a la educación en México” es el lema del Movimiento Pedagógico Mexicano (MPM), formado por diversas organizaciones, redes, investigadoras, instituciones y estudiantes – entre ellas la Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM) – quienes se presentaron ante la Secretaria de Educación Pública, la maestra Leticia Ramírez Amaya, en una reunión celebrada el 27 de abril en ciudad de México.
Además de la CADEM, esta iniciativa cuenta con el respaldo de investigadoras/es, estudiantes, escuelas, madres y padres de familia de todo el país, a las que se han sumado redes nacionales como la Red EPJA Educación de personas Jóvenes y Adultas, la Red de investigadores e investigadoras Educativos en México (REDIEEM), la Red CART, el Centro de Investigación en Pensar Pedagógico e Innovación (CIPPIE), el Colectivo Tequio, el sector universitario con la Universidad Pedagógica Nacional Jalisco, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Mc Laren y la Universidad Campesina e Indígena en Red.
La Nueva Escuela Mexicana (NEM) es el proyecto educativo integral de carácter humanista que procura la transformación del currículum de los programas de estudio, así como la enseñanza, pretende comprender y atender las condiciones de equidad, inclusividad, excelencia académica y mejora continua, partiendo de la relación del alumno con la comunidad a la que pertenece.
La Nueva Escuela Mexicana (NEM) es el proyecto educativo integral de carácter humanista que procura la transformación del currículum de los programas de estudio, así como la enseñanza, pretende comprender y atender las condiciones de equidad, inclusividad, excelencia académica y mejora continua, partiendo de la relación del alumno con la comunidad a la que pertenece.
En este marco se concretó la reunión de presentación del Movimiento Pedagógico Mexicano ante la ministra para posicionarse como eje articulador y horizonte común para la defensa del Derecho Humano a la Educación en el país. El encuentro estuvo bajo la coordinación de Jesús Juárez Reyes, coordinador nacional de la CADEM y de Suhail Rodríguez de la Fundación Uemakú.
Exigencia integral del derecho humano a la educación
Jesús Juárez manifestó la importancia de poner en el centro de los esfuerzos de la Nueva Escuela Mexicana la garantía del derecho humano a la educación en todas sus dimensiones, a lo largo de toda la vida para todas las personas. “Es fundamental hacer partícipe a la sociedad mexicana para que el compromiso y participación integral de la población sea el piso firme que concretice los postulados de la Nueva Escuela Mexicana”, afirmó el maestro.
En el encuentro participaron diferentes organizaciones integrantes de la membresía de la CADEM, como la Red para la transformación educativa de Michoacán, el Centro de Desarrollo Educativo de Zacatelco de Tlaxcala, la Alianza para la Integración comunitaria Utopía AC del estado de México, el Centro de Estudios Afromexicanos Tembembe de Morelos y el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), quienes desde sus diferente luchas se suman y aportan al Movimiento Pedagógico Mexicano.
La inclusión y el sentido social de la educación se prioriza en la agenda
El documento político del Movimiento muestra su identidad incluyente de todas las voces, miradas y experiencias del país centradas en hacer comunidad, así como en recuperar los saberes sociales y culturales desde lo local. Por ello, el Movimiento Pedagógico Mexicano se suma a la Nueva Escuela Mexicana para impulsar desde un movimiento social para que se construya un vínculo pedagógico entre la comunidad educativa y el derecho humano a la educación. 
El derecho humano a la educación como derecho habilitante, además, favorece lo que propone la Nueva Escuela Mexicana como la revalorización de las maestras y los maestros, el diseño curricular desde los territorios, transformar la práctica educativa y aprender a aprender en libertad” se subrayó durante la presentación.
Según el documento se señalan que los objetivos del Movimiento dialogan cercanamente con la Nueva Escuela Mexicana, se sintetiza con la consolidación y articulación de las experiencias de transformación educativa; promoción de la autonomía de maestras y maestros; aprendizaje en y desde las prácticas de transformación educativa y pedagógica para incidir en la política pública educativa y en el desarrollo de la Nueva Escuela Mexicana; con la inclusión de movilizaciones pedagógicas emergentes; fomentando espacios para manifestar y trabaja con los diversos colectivos; también impulsa de forma permanente al y a la docente como investigadores y sujetos que trabajan por una educación con sentido social en la construcción de propuestas que fortalecen políticas públicas que representen los intereses de grupos sociales que han sido excluidos o marginados.
Las voces juveniles y estudiantiles toman fuerza
Ante la Secretaria se presentaron experiencias educativas poniendo especial atención en ponderar la importancia de las labores de educomunicación a ejemplo de la educación popular y la comunicación popular, se presentó la iniciativa del Círculo de Cultura Paulo Freire para favorecer las “Conversaciones entre la experiencia docente y la Nueva Escuela Mexicana”, referida incluso la investigación educativa como estrategia formativa colectiva.
La estudiante del CDEZ, Ximena Rodríguez Guillén recalcó que en el Movimiento hay experiencias educativas de más de 20 años que son ejemplos de concreción de la Nueva Escuela Mexicana, al mismo tiempo aprovechó la atención de la Secretaria para recordar que es fundamental la voz y participación democrática de las y los estudiantes del país en todas las etapas de construcción de la Nueva Escuela Mexicana.
“Las y los estudiantes queremos ser tomados en cuenta para aportar desde nuestro entusiasmo, dinamismo, creatividad y reflexión propia en todos los espacios educativos del país”, afirmó la estudiante Ximena Rodríguez Guillén durante el encuentro.
Apertura al diálogo permanente entre Secretaría y el Movimiento
Durante el encuentro se compartieron los resultados del diálogo con maestras y maestros sobre la propuesta del plan de estudios de educación básica de la Nueva Escuela Mexicana, con los puntos favorables y las tensiones.
El Movimiento resaltó el acuerdo con los principios de la Nueva Escuela Mexicana para una educación justa, humanista, inclusiva y participativa. También se expuso la convocatoria entre el 3 y el 6 de agosto, en la ciudad de Morelia – Michoacán para el Encuentro Internacional de Saberes Pedagógicos como espacio para presentar públicamente la iniciativa y promover un Movimiento Social por la Educación.
A juicio de Jesús Juárez, “la maestra Leticia se mostró muy contenta con la propuesta del Movimiento, y reconoció su autonomía e instó a conservarla”, declaró en el comunicado oficial que mantendrá un diálogo permanente y creará una coordinación para colaborar con la Nueva Escuela Mexicana.
Respaldo internacional
Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación, saludó a la secretaria haciendo un reconocimiento del esfuerzo por garantizar el derecho humano a la educación a todas las poblaciones del territorio mexicano y consideró que la Nueva Escuela Mexicana es una agenda común por lo que reiteró su respaldo en la articulación con la CME.
Por su parte, la coordinadora de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), Nelsy Lizarazo, expresó el respaldo y gratificación por la iniciativa que impulsa la CADEM, además, propuso seguir coadyuvando estrategias similares desde la CLADE. El Movimiento es inspiración para la región, afirmó Nelsy Lizarazo.
Isaac Ruiz, Marcha Global contra el Trabajo Infantil: Educación y prevención del trabajo infantil, una relación de ida y vuelta
5 de abril de 2023“Garantizar que niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar de todos sus derechos, que tengan una educación pública gratuita y de calidad, y que estén en la protección de realizar cualquier trabajo que pueda perjudicarlos o entorpecer su desarrollo” este es el trabajo de la Marcha Global contra el trabajo infantil, red de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, gremios de docentes, niños, niñas y adolescentes con competencia a nivel mundial que desde 1998 suma esfuerzos contra el trabajo forzoso y la trata. Es fundadora de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y también integra la CLADE como red regional.
La CLADE conversó con Isaac Ruiz, director de programa del Centro de Estudios Sociales y Publicaciones (CESIP) e integrante de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, sobre la iniciativa y el contexto actual de América Latina y el Caribe con relación a la lucha contra el trabajo infantil – avances y desafíos.
La educación es clave para acabar con el trabajo infantil
A través de la educación, la sociedad se vuelve más conscientes de sus beneficios y del daño que puede causar el trabajo infantil. Según la Marcha Infantil el acceso a la educación ayuda a reducir la pobreza, siendo una de las causas fundamentales del trabajo infantil. Un financiamiento de $39 mil millones de dólares podría proporcionar educación preescolar, primaria y secundaria de calidad a todos los niños, las niñas y adolescentes para 2030.
Para el activista Isaac Ruiz, la vinculación entre educación y la prevención del trabajo infantil es de ida y vuelta. El trabajo infantil es una de las principales causas de la exclusión escolar, y a la vez las deficiencias del sistema educativo se convierten en una causa del trabajo infantil. Considera fundamental sumar esfuerzos para lograr una educación pública, universal, obligatoria y gratuita para los niños, las niñas y adolescentes sin ningún tipo de exclusión.
Cerca de 3.1 millones de niños y niñas, según el especialista, se quedaron fuera del sistema escolar. Pasada la crisis sanitaria, una parte importante regresó, aunque no se cuentan con datos precisos de quienes se quedaron a trabajar como una estrategia de sobrevivencia económica familiar, impidiendo su retorno a las clases regulares, una vez que se hiciera presencial en cada uno de los países de la región.
Las labores de cuidado como riesgo de exclusión escolar
La pandemia fue una grave crisis de derechos humanos. Con preocupación se señala que durante la pandemia los contextos domésticos de hogares se complejizaron, ya que en muchos casos aumentó el abandono escolar, de cargas y responsabilidades de cuidado por parte de niñas y jóvenes, así como el reforzamiento de tareas para la economía familiar desde el trabajo infantil, afirma Isaac Ruiz.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que aproximadamente 152 millones de niños y niñas, entre 5 y 17 años participa del trabajo infantil. Trabajan en labores domésticas en hogares, talleres y plantaciones. Las niñas tienen más probabilidades de estar involucradas en el trabajo doméstico, como se evidenció especialmente durante el tiempo de la pandemia.
El trabajo infantil “se define como el trabajo que priva a los niños y las niñas de su infancia, su potencial y su dignidad, que es perjudicial para el desarrollo físico y mental e interfiere con su escolaridad, y por lo tanto debe ser eliminado. Se refiere al trabajo que es mental, física, social o moralmente peligroso y dañino e interfiere con su escolarización (bien por abandono, o rivalizando con carga horaria)”.
Se llama la atención sobre el trabajo que afecta la salud, desarrollo personal y/o que interfiere con la escolaridad de los niños y las niñas, con frecuencia se considera algo positivo, como ayudar a la subsistencia económica del hogar o ingreso fuera del horario escolar y durante las vacaciones escolares.
La reducción sistemática del trabajo infantil que se había logrado antes del año 2020, vivió un rebrote con la pandemia. Isaac Ruiz menciona que pudiera tratarse de una generación perdida, ya que prácticamente durante 2 años la mayoría de las infancias estuvieron fuera de la escuela, apelando a los medios virtuales, enfrentando las consecuencias de la brecha digital.
El derecho humano a la educación como un pilar
Actuar en coherencia con un enfoque de derechos humanos implica garantizar la subsistencia de las familias, y que esto no constituya un riesgo para la exclusión escolar, así la garantía del derecho humano a la educación potencia las capacidades de niños, niñas y adolescentes, cuidando los escenarios de vulneración, especialmente de trabajo infantil.
Existen dos pilares claves para abrazar estas garantías de derechos, uno el derecho humano a la educación y el combate a la pobreza, afirma Isaac Ruiz. Al mismo tiempo exhorta a generar espacios de escucha atenta a los niños y las niñas como sujetos de derecho con perspectivas y enfoque propios.
Las demandas de la sociedad civil deben contemplar la lucha por un financiamiento justo para la educación, y políticas de protección de las infancias y juventudes con enfoques integrales, de acompañamiento y seguimiento de prevención del abandono escolar y de contextos de trabajo infantil.
Las condiciones de pobreza empeoran los entornos familiares
Los mecanismos de protección y de enfoque de derecho desde los Estados deberían fortalecer un camino de ida y vuelta entre el derecho a la educación y la lucha contra la pobreza.
En este contexto se impulsan acciones para enfrentar el trabajo infantil en todas sus formas, lo que incluye la adopción de los marcos jurídicos y tratados internacionales, así como los nacionales desde la garantía de derechos humanos. Por ello la Marcha Global acompaña los procesos de incidencia en las políticas nacionales de los países como mesas intersectoriales, comisiones de trabajo y planes de políticas públicas.
En la caracterización del trabajo infantil que ofrece el marco internacional se cuida la intención de proteger el interés superior de los niños y las niñas, especialmente en la prevención del trabajo considerado riesgoso o peligroso y que no constituya la interrupción de la trayectoria escolar.
A juicio de Isaac Ruiz, aunque exista un acuerdo promedio de 15 años, el hecho de que formas particulares de trabajo puedan o no llamarse trabajo infantil depende de la edad, el tipo de tarea, esfuerzo y las horas de dedicación.
Según el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “las peores formas de trabajo infantil incluyen todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la servidumbre, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; el uso, reclutamiento u oferta de un niño para la prostitución, para la producción de pornografía o para espectáculos pornográficos; el uso, reclutamiento u ofrecimiento de un niño para actividades ilícitas, en particular para la producción y el tráfico de drogas como se define en los tratados internacionales pertinentes; trabajo que, por su naturaleza o las circunstancias en que se realiza, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.”
Dentro de las peores formas de trabajo infantil que se constituye como delitos, se encuentra la trata de personas, bien con fines de explotación sexual, laboral u otras como mendicidad, servidumbre o matrimonio forzoso.
El trabajo doméstico es peligroso, en el análisis del especialista, en tanto que la mayoría de las veces en las legislaciones de los países de la región no está permitido para personas menores de 18 años, pero en la realidad se encubren con la figura de “ahijaditas o criaditas” que son acogidas supuestamente para apoyar en su desarrollo personal, siendo una condición de explotación frecuente en algunas comunidades.
Es importante diferenciar el trabajo rural que puede ser considerado como una actividad formativa familiar, siempre y cuando prevenga la no manipulación de productos tóxicos, cargas pesadas u horarios extendidos.
También se considera el riesgo del trabajo forzoso regularmente se hace con fines de explotación económica, la OIT reseña que al menos 26% de estas víctimas son niños, niñas y adolescentes estrechamente vinculados al trabajo infantil. Igualmente se menciona el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados.
La marcha global señala que “en todo el mundo, millones de niños, niñas y adolescentes realizan trabajos extremadamente peligrosos en condiciones nocivas que les impiden recibir una educación y perjudican su desarrollo físico, mental o social. Cada día, aproximadamente 152 millones de personas trabajan en granjas, campos, fábricas, casas, calles y campos de batalla. De estos, 64 millones son niñas y 88 millones son niños. De este total, la asombrosa cifra de 73 millones se dedican a trabajos peligrosos.”
Despedida de la entrevista: todos los derechos para que nadie se quede atrás
Para la despedida Isaac Ruiz, señala la importancia de “todos los derechos, para todos los niños y niñas, para que nadie se quede atrás” así como la consigna “más educación, menos trabajo infantil”.
Informe sobre el impacto de la pandemia en el trabajo infantil y educación
Con la pandemia, las medidas de distanciamiento evidenciaron las asimetrías existentes y las profundizaron, suponiendo un retroceso educativo que ha profundizado las desigualdades, principalmente por las condiciones económicas y sociales de la gran mayoría de la población. No sólo en términos de situación económica, empleo, sino también en otros aspectos como el incremento del trabajo infantil y la violencia sexual y de género.
El informe sobre el impacto de la pandemia de la COVID-19 en el trabajo infantil y educación en países de Sudamérica, publicado en 2021 por la Marcha Global Contra el Trabajo Infantil, tiene por objetivo la evaluación de los impactos en la educación y en el trabajo infantil. Para ello, recopiló información en Sudamérica, con siete países, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, junto a la revisión de fuentes secundarias de organismos multilaterales, organizaciones Internacionales, no gubernamentales, sindicatos y redes de sociedad civil.
Sobre la Marcha Global
La marcha global ha sensibilizado sobre el trabajo infantil para abogar por la ratificación y aplicación universales de los convenios clave sobre trabajo infantil, es decir, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En sus lineamientos institucionales afirman que procuran “cambiar el conocimiento, las actitudes y el comportamiento de las personas hacia los niños en el trabajo infantil, empoderar a una nueva generación de personas para decir no a esta forma de violencia contra los niños y promover el trabajo decente para jóvenes en edad laboral legal”. La Marcha está liderada por Kailash Satyarthi, quien es un activista de origen indio, ganador del Premio Nobel de la Paz en 2014 junto a Malala Yousafzai.
La iniciativa reconoce la importancia crítica de garantizar la Agenda 2030, se ha comprometido particularmente con el logro del objetivo de desarrollo sostenible (ODS) en la meta 8.7 que consiste en “tomar medidas inmediatas y efectivas para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a la esclavitud moderna y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluido el reclutamiento y uso de niños soldados y para 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”.
Episodio 4: sobre Proyecciones 2023 ¿Qué esperamos para el derecho humano a la educación? en el Podcast Educación ¿Qué onda?
23 de febrero de 2023La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) comparte el cuarto episodio de su Podcast, Educación ¿qué onda? En esta primera emisión del año 2023 se comparten las proyecciones que soñamos y luchamos para que el derecho humano a la educación sea ejercido en plenitud por toda la población de nuestra región latinoamericana y caribeña.
Este cuarto episodio con una duración de 24 minutos destaca las Proyecciones para este 2023, en el marco de la Campaña #EducaciónEnEmergencias que impulsa desde diversas latitudes esfuerzos por la incidencia y protección del derecho humano a la educación.
El episodio sobre Proyecciones cuenta con la participación de Madeleine Zúñiga, coordinadora nacional de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación; Raúl Valdés, coordinador de programa del Instituto de Aprendizaje a lo Largo de toda la vida UIL- UNESCO y director del programa de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje; Vernor Muñoz, jefe de política y activismo de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y ex relator especial para el derecho a la educación y Belén Arcucci, coordinadora del Programa de derechos de las personas con discapacidad de la Asociación civil por la igualdad y la justicia (ACIJ) y coordinadora de la Red Regional por la Educación Inclusiva de Latinoamérica (RREI).
Escucha el podcast completo:
Notas en la Pizarra: incertidumbre política en Perú y el monitoreo de datos de la EPJA
Contamos con el análisis del contexto político de Perú que se mantiene en incertidumbre, siguen las movilizaciones en diversos puntos del país, estas acciones han sido fuertemente reprimidas por las autoridades policiales y militares, al mismo tiempo se evidencian decisiones ministeriales que vulneran el derecho humano a la educación.
También compartimos la mirada crítica del Informe Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos (GRALE, por sus siglas en inglés) del Instituto de Aprendizaje a lo Largo de toda la vida UIL- UNESCO, que facilita el seguimiento de la evolución del aprendizaje y la educación en la política de los Estados para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA).
Ecos y Voces: digitalización y derecho a la educación
El derecho a la educación ha sufrido un impacto por la virtualización, lo que a su vez ha exigido a la sociedad civil profundizar en el debate sobre el uso de las tecnologías.
La posibilidad de la digitalización de ningún modo debe entenderse como una sustitución de la escuela, al contrario debe facilitar la valoración de la educación pública con un financiamiento justo y pertinente.
En este episodio, Vernor Muñoz, jefe de política y activismo de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y ex relator especial para el derecho a la educación nos comparte su análisis sobre la creciente digitalización y comparte su visión sobre la actuación de la CLADE en el escenario internacional.
Tejiendo en Red: la inclusión educativa en 2023
Para finalizar, invitamos a escuchar la labor que adelanta la Red Regional por la Educación Inclusiva de Latinoamérica (RREI), que trabaja por el derecho de las personas con discapacidad a recibir educación inclusiva en una escuela para todas y todos, presente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Honduras.
Declaraciones de Belén Arcucci, Coordinadora del Programa de derechos de las personas con discapacidad de la Asociación civil por la igualdad y la justicia (ACIJ) y coordinadora de la RREI.
Créditos:
Entrevistas y producción: María Cianci Bastidas
Locuciones: Gabriela Arrunátegui, equipo regional de la CLADE y Alejandro Suárez, comunicador de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación
Canción: Anónima.
Apoyo musical: Anónima. Jaque.
Ilustración: Renata Dorea
Producción general: Nelsy Lizarazo, Thais Iervolino, Carolina Osorio y María Cianci Bastidas
Perú: contexto político inestable amenaza el derecho humano a la educación
30 de enero de 2023La educación peruana sufrió hoy temprano (viernes 27 de enero) otro golpe de parte del Ministerio de Educación. Por Decreto Supremo DS 002-2023 se disolvió el Consejo Nacional de Educación (CNE), órgano especializado, consultivo y autónomo, creado hace 22 años, adscrito al Ministerio de Educación (MINEDU).
El CNE ha sido el responsable por la elaboración, concertación, seguimiento y evaluación de los Proyectos Educativos Nacionales (PEN). El último PEN al 2036 fue producto de una amplia consulta nacional, se sustenta en el derecho humano a la educación y los principios de inclusión, equidad, calidad y afianza el derecho a la educación a lo largo de la vida.
¿Por qué se disuelve el CNE?
Según la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE), los dos últimos pronunciamientos del Consejo, que respondieron a un contexto extremadamente complejo para el país, no fueron del agrado del actual ministro que considera que ese órgano no puede expresar su discrepancia con políticas y acciones que vulneran los principios antes señalados. Esta reacción, plasmada en el DS 002-2023, es totalmente inusual y solo se explica por el carácter autoritario que está imperando de parte del Ejecutivo en el país, en consonancia con el legislativo.
“En diversos momentos, el CNE ha manifestado su opinión frente a las políticas educativas emanadas del congreso o del MINEDU, ya sea para aprobarlas u observarlas si, de alguna manera, limitaban o vulneraban el derecho a una educación de calidad con inclusión y equidad”, afirma la CPDE.
La Campaña explica que las numerosas gestiones por las que ha pasado el sector Educación, incluyendo los últimos cinco ministros de la gestión de Pedro Castillo, respetaron la autonomía del CNE al pronunciarse a favor del enfoque de género, de la regulación de la educación superior, en contra del retroceso en medidas necesarias a la educación bilingüe intercultural, entre varias otras, que no eran de su agrado, demostrando el comportamiento democrático que se espera de representantes de gobiernos que declaran serlo.
“La actual gestión afirma día a día su poder rechazando drásticamente, castigando cualquier posición tan solo discrepante, eliminando de un plumazo su esperado comportamiento democrático, pilar de la formación ciudadana que el PEN al 2036 propugna por convicción”, afirma la CPDE.
El CNE disuelto tenía vigencia hasta el 2026; según el decreto supremo mencionado, en 12 días ya se debe haber conformado el nuevo consejo, que reduce su número de 25 a 12 líderes educativos, en el que ya no cabe la pluralidad en su conformación que tenía el disuelto.
Según la Campaña, la apuesta es que el Consejo tenga como nuevos integrantes personas que den luz verde en silencio o con halagos a lo que pueda seguir haciendo esta gestión que gobierna por intereses particulares, cero ideología o posición política, cero EJE Personas de la Agenda 2030 que el Estado peruano suscribió.
Entrevista con Madeleine Zúñiga C.: coyuntura política y el derecho a la educación en Perú
En diálogo con CLADE, Madeleine Zúñiga C., coordinadora nacional de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación manifestó su preocupación por la compleja y difícil situación que atraviesa Perú, a su juicio es un contexto multidimensional que genera mucha incertidumbre.
Mira el video:
Según ella, la inestabilidad de las instituciones democráticas que vive Perú desde inicios de diciembre han generado para la profesora razones justificadas para las protestas, sin embargo debe reconocerse el acumulado histórico nacional sobre el centralismo, la discriminación y las denuncias de corrupción que ha atravesado a representantes gubernamentales.
Las calles se han sumado al llamado “que se vayan todos” lo cual ha sido ampliamente difundido por los medios de comunicación. El mayor detonante para la coordinadora nacional de la campaña peruana ha sido el intento de golpe de Estado, con el anuncio del cierre del congreso, del tribunal constitucional.
“Si bien Pedro Castillo construyó su liderazgo desde la lucha magisterial y gremialista docente, le faltaron condiciones para sostener la gobernabilidad, demostrando dificultades operativas ante los continuos ataques de las fuerzas conservadoras y de derecha que defendían sus propios intereses. Inicialmente el proceso de elecciones que le dio ganador a Pedro Castillo estaba cargado de mucha expectativa de cambio, lo cual con el paso del tiempo desembocó en reducción de muchas de las simpatías iniciales” dice Madeleine Zúñiga.
Amenazas contra el derecho humano a la educación
Para la coordinadora, el derecho humano más afectado ha sido la educación, así como el de salud que desde la pandemia venía con mucho debilitamiento.
Ha habido varios retrocesos en los últimos meses, en el recuento que realiza la coordinadora por un lado se deja en manos de propietarios de las universidades particulares las directivas de la instancia estatal encargada de acreditar y certificar la calidad. Por otro, al enfoque de género, se aprueba la ley número 31.498 fuertemente cuestionada, ya que atenta contra los derechos adquiridos y otorga a los padres de familia la potestad de aprobación o no de los contenidos y textos escolares, este espacio está liderado por el grupo “con mis hijos no te metas”.
Madeleine Zúñiga expresa su alerta con la censura del enfoque crítico en historia, así como el recorte de la capacitación docente de la educación intercultural bilingüe, a lo que se sumó la flexibilización de criterios de selección docente y el proceso de nombramiento que le apareja.
Criminalización y amedrentamiento de las movilizaciones
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos ubicada en Lima fue utilizada como sitio de acogida de personas que se movilizaron a la capital. Madeleine Zúñiga comparte su inquietud por las múltiples grabaciones de estudiantes que demostraban el ingreso de una tanqueta que dañó la puerta del recinto universitario, pudiendo hacerlo sin uso de la violencia, lo cual para la docente era una muestra de amedrentamiento, abuso y humillación de varias decenas de personas que fueron detenidas arbitrariamente. “No hay estado de emergencia que justifique la humillación (…) la gente se siente impotente, porque la gente ha hecho marchas por la paz, pero parece que no tiene ninguna fuerza”, afirmó.
La población se ve afectada en diversos sentidos, entre ellos las dificultades de transporte público y los cierres de vías que a su vez evidencian la escasez de alimentos e intercambios entre las regiones para bienes de subsistencia. El sector del turismo también ha mermado considerablemente, afectando las economías locales.
Fuerte incertidumbre para el inicio de clases
Existe una gran interrogante sobre las verdaderas condiciones de inicio de clase en Perú, previsto para el 13 de febrero. Además de lo que significa la organización operativa, se deben enfrentar dos desafíos indispensables. Madeleine Zúñiga señaló que existe “una gran desigualdad, injusticia e inequidad educativa, se hace presente en el acceso a la educación y en el acceso a los aprendizajes.”
Por un lado el esfuerzo especial por la reintegración de la población escolar que durante la pandemia dejaron de estudiar bien por no poder pagar las matrículas de centros particulares o tener la necesidad de trabajar para apoyar la economía familiar, al reingresar presencialmente las clases, una buena parte del estudiantado migró a la educación pública que se mostró insuficiente para garantizar la cobertura.
Por otro lado, la adaptación curricular que se debe considerar luego que el período de pandemia forzosamente hiciera mediación tecnológica de algunos contenidos, afectando para la docente los procesos de aprendizaje acordados para las respectivas etapas educativas.
El viernes 27 se dio a conocer un comunicado suscrito por consejeros/as y exconsejeros/as del Consejo Nacional de Educación, en el que expresan que estas disposiciones no sólo minan la razón de ser del Consejo, sino que contribuyen a debilitar aún más la vida democrática e institucional en Perú.
Claudia Uribe, UNESCO: El trabajo de la CLADE es absolutamente necesario para incidir por el derecho a la educación
25 de noviembre de 2022Una de las invitadas a la XII Asamblea de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, fue la directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO – OREALC), Claudia Uribe, quién conversó con la CLADE sobre los principales retos de la educación en la región latinoamericana y caribeña, lo que UNESCO defiende por educación transformadora y el rol de las organizaciones y movimientos sociales para fortalecer la lucha por el derecho humano a la educación.
Según ella, “las organizaciones que hacen incidencia tienen que preocuparse mucho para que las oportunidades educativas lleguen a todo el mundo, y también por dar una mirada para que la educación realmente se oriente a preparar a la generación que se está formando, para poder navegar, responder y cambiar las situaciones que se están viviendo en el mundo”.
Lee, a continuación, la entrevista completa:
1.- Como representante de la UNESCO ¿Cuál es la importancia de participar en la Asamblea de la CLADE?
Claudia Uribe.- La convocatoria que hace la CLADE es muy importante porque la CLADE congrega un gran número de actores de la sociedad civil que además representa a muchísimas organizaciones en la región que trabajan por el derecho a la educación.
El trabajo de la CLADE es absolutamente necesario, complementario a las actividades que se puedan hacer desde organismos como en el que yo estoy [UNESCO] y, desde el trabajo que se pueda hacer desde los ministerios.
La CLADE reúne una voz que tiene que observar, demandar e incidir [por la garantía del derecho humano a la educación] y por eso una reunión cómo esta [XII Asamblea Regional CLADE] es de tanto interés, para escuchar esa voz, las perspectivas, sus opiniones y sus agendas. Para mí es una gran oportunidad estar aquí.
2.- Hemos discutido temas importantes para nuestra región, como brechas digitales, financiamiento, justicia fiscal y la participación en la democracia ¿Cuáles son los desafíos que tenemos en nuestra región?
Claudia Uribe.- Yo creo que los desafíos los acabas de mencionar en el listado que me dices de temas que se han discutido [durante la XII Asamblea Regional CLADE]. Obviamente se suma lo que está pasando en las escuelas y en los procesos educativos mismos, en donde lo que estamos viendo, desafortunadamente, es que los niveles de aprendizaje de nuestra región son muy bajos.
Hay algo que tenemos que revisar y mejorar para que todos los esfuerzos que estamos haciendo desde distintos ángulos – tanto los organismos, la sociedad, las familias y los niños mismos -, lleven a un resultado de aprendizaje, ahí hay un desafío gigantesco que se puede posibilitar, por supuesto, con estos otros temas que estamos discutiendo.
3.- ¿Qué educación se defiende en la agenda de la UNESCO? ¿Cuál transformación?
Claudia Uribe.- La Agenda que UNESCO impulsa que es la que recoge nuestra Agenda de Educación 2030 para el Desarrollo Sostenible y tiene una concepción de educación que es muy amplia, muy humanista y además que esperamos o aspiramos a que pueda también enfocarse en atender y a relacionar lo que pasa en las escuelas con los problemas y con los temas que enfrentan las generaciones que están en formación.
La UNESCO está haciendo seguimiento y abogacía por fortalecer y prepararse para un mundo que está cambiando muy rápido, desde los temas del cambio climático y los temas de la polarización política e ideológica, que nos están separando como sociedades, hasta los temas de la transformación digital que cambian por completo lo que sucede en el mercado laboral.
Lo que se espera que vayamos a hacer las personas, es ya hablar del futuro, es hablar hoy de los cambios que ya se están dando y la educación tiene que ajustarse, preparar a estas generaciones para un mundo que no es como el que yo conocí al menos.
Obviamente siempre manteniendo el tema del derecho, de la equidad y que la educación no sea para unos pocos no más, sino que sea para todos, que cualquier persona, cualquier niño o niña tenga la posibilidad de encontrar un espacio y una oportunidad de formación dentro de esta perspectiva.
4.- La educación tiene un horizonte para una sociedad más justa ¿cuál es el rol de las organizaciones para seguir el camino de la justicia social?
Claudia Uribe.- Las organizaciones que hacen incidencia tienen que preocuparse mucho de que las oportunidades educativas lleguen a todo el mundo, y también de dar una mirada para que la educación realmente se oriente a preparar a la generación que se está formando, para poder navegar, responder y cambiar las situaciones que se están viviendo en el mundo.
El concepto de cuidado es central, porque como humanidad tenemos que aprender a cuidarnos a nosotros mismos, a los demás y también cuidar al planeta. En esa concepción que parece tan simple hay una profundidad plena, la educación no puede estar ajena a impulsar, concientizar y preparar en ese sentido.
Declaración de Tegucigalpa: CLADE reitera el llamado a los Estados para que garanticen el financiamiento a la educación pública.
21 de noviembre de 2022“Que todos los Estados de la región de América Latina y Caribe garanticen el ejercicio pleno de los derechos humanos y la dignidad humana” afirman los 18 foros nacionales, 10 redes regionales y las 7 organizaciones internacionales que integran la red de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación a través de la Declaración final de la XII Asamblea Regional de la CLADE (en inglés), realizada entre los días 7 y 12 de noviembre en Tegucigalpa (Honduras).
El documento final del evento fue aprobado por la Asamblea y expresa el proceso de las reflexiones y debates durante la asamblea, así como la construcción colectiva sobre las preocupaciones compartidas en los contextos nacionales y en el ámbito regional en materia de derechos humanos.
Cuidado, transformación y Justicia social
La Asamblea sumó voces para relevar el cuidado, la transformación y la justicia social, como ejes centrales, incorporando lo generado en el encuentro presencial y las cuatro sesiones virtuales, reafirmando así la defensa de lo público estatal como camino para la superación de las discriminaciones y exclusiones.
“Que los Estados, sociedades, grupos organizados, coaliciones, redes, colectivos de comunicadores, e individuos amplíen los espacios y momentos para el cuidado con las personas, incluyendo el autocuidado, promoviendo la transformación necesaria para lograr la justicia social”, expresa el documento como parte de las demandas consideradas en el encuentro.
Demandas por los derechos humanos
En la declaración también se manifiesta el rechazo a “la deriva autoritaria en la región latinoamericana y caribeña, la violencia política de Estado, la persecución contra las personas defensoras de derechos humanos, personas jóvenes, manifestantes, organizaciones de la sociedad civil y contra la ciudadanía en general”.
Entre tanto se afirma “que la educación es un Derecho Humano universal, inalienable, irrenunciable, inherente a todas las personas, basado en principios de igualdad y no discriminación. Es un derecho habilitante para el ejercicio de los demás derechos humanos, y por tanto es indispensable para la promoción de la dignidad humana”.
Brasil post elecciones: el mayor desafío es evitar el avance del bolsonarismo en las escuelas
7 de noviembre de 2022En vísperas de la realización de la etapa presencial de la Asamblea Regional de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), conversamos con Andressa Pellanda, coordinadora de la Campaña Brasileña, sobre la importancia del trabajo de la red para garantizar el derecho humano a la educación.
Brasil acaba de celebrar una de sus elecciones más disputadas de los últimos tiempos. De un lado estaban los sectores de ultraderecha, representados por el actual presidente Jair Messias Bolsonaro, y, del otro, sectores más progresistas, cuyo candidato -y vencedor- fue Luiz Inácio Lula da Silva. Durante la entrevista, Andressa Pellanda relata el papel fundamental de la Campaña en la incidencia política y en el desafío de superación del movimiento de derecha que -incluso con la derrota de Bolsonaro- avanza en las escuelas y en la sociedad.
¡Buena lectura!
- Brasil acaba de elegir a un presidente progresista. ¿Cuál es el papel de la Campaña Brasileña de ahora en adelante?
Andressa Pellanda – La Campaña Nacional por el Derecho a la Educación nació el 5 de octubre de 1999, 11 años después de la promulgación de la Constitución Federal de Brasil, hecha el 5 de octubre de 1988, y el papel de la Campaña Brasileña – independientemente del contexto político- siempre ha sido la defensa de la Constitución, la democracia, la justicia social y el derecho a la educación como está escrito en la Carta Magna.
Después de todos estos años de gobiernos conservadores -que comenzaron con el golpe de Estado de 2016- volvemos a tener espacios y respiros para poder avanzar en la defensa del derecho a la educación en un ámbito democrático. Esta victoria de Lula [Luiz Inácio Lula da Silva] en esta elección representa una reanudación de la perspectiva democrática y de garantía de los derechos en Brasil, con la educación inmersa en ese contexto.
De esta forma, nuestro papel será seguir incidiendo para que tengamos mejoras en las políticas educativas y participar en todos los espacios de decisión posibles que se abran para la sociedad civil y trabajar para abrir más espacios de participación de la sociedad civil.
Un caso es el Foro Nacional de Educación, que fue desmontado en el gobierno de [Michel Temer], cuya Campaña era una de las integrantes. La idea es que podamos volver a participar, así como las demás entidades que se retiraron del foro cuando fue desmontado en el gobierno de Temer.
Seguramente tendremos que seguir ejerciendo un rol de control, vigilancia y presión social para que las políticas educativas avancen más en el camino del cumplimiento de lo que está previsto en nuestra Constitución.
También es importante fortalecer el trabajo de debate en las Conferencias de Educación, que fueron citadas por el mismo Lula en su discurso de victoria como uno de los ejes principales de la agenda de trabajo de su gobierno.
Sabemos que el gobierno de Lula será un gobierno de coalición, que ya les ha hecho señales a grupos con una postura política de centro y por lo tanto no será un gobierno que automáticamente reciba todas nuestras agendas progresistas, pero presenta, incomparablemente, un mejor escenario que el que teníamos hasta ahora, representando – simbólicamente – un hito que fortalece la democracia brasileña.
Seguramente tendremos que seguir ejerciendo un rol de control, vigilancia y presión social para que las políticas educativas avancen más en el camino del cumplimiento de lo dispuesto en nuestra Constitución.
- ¿Cómo fue el desempeño de la campaña brasileña en estas elecciones (incidencia política, carta a los candidatos, etc.)?
Andressa Pellanda – La Campaña tiene como prioridad en 2022 el trabajo de incidencia en las elecciones de octubre/noviembre de este año, ya que la definición del presidente y de los parlamentarios del Senado y de la Cámara Federal impactará el rumbo de la garantía de derechos, entre ellos el derecho a la educación, y de la propia democracia para los próximos años. Nuestra perspectiva dentro de la planificación estratégica y política fue precisamente poner la centralidad de la incidencia en las elecciones.
Lanzamos una carta de compromiso por el derecho a la educación con 40 puntos que van desde cuestiones estructurales de la economía y el estado brasileños, pasando por la financiación, el Plan Nacional de Educación (PNE), políticas de inclusión y diversidad y cuestiones específicas de etapas y modalidades, llegando a la Educación Superior, con la reanudación de las inversiones en investigación, ciencia y tecnología, y con acciones afirmativas como la ley de cuotas.
Llevamos la carta a todos los Estados, hicimos un lanzamiento nacional y la llevamos a las candidaturas de diputados estatales y federales, senadores y presidente para que, desde la firma del documento, los candidatos se comprometieran -si resultaran electos- con los 40 puntos. Obtuvimos 502 firmas de todos los cargos electos, de 26 de los 32 partidos, obteniendo un amplio espectro político, obteniendo la confirmación del apoyo de los entonces candidatos presidenciales Ciro Gomes y Lula. Esta carta es un resumen de la carta de la ciudad de Natal (RN) aprobada en la Conferencia Nacional Popular de Educación en julio de este año.
En los meses de noviembre y diciembre realizaremos reuniones y un diálogo nacional con un llamado a todas las candidaturas que firmaron el documento y, luego de este proceso, realizaremos diálogos regionales para territorializar la carta y llevarla a aquellas autoridades que firmaron el documento – 60% de las firmas – y hacer que esos compromisos salgan del papel.
- ¿Cuáles son los desafíos que enfrentará con relación a la lucha por el derecho a la educación en el escenario político, con nuevos y viejos gobernadores, diputados, senadores?
Andressa Pellanda – Nuestro Congreso Nacional sigue siendo muy desafiante. Tenemos una bancada de extrema derecha que ha aumentado con partidos como el PL (Partido Liberal), União Brasil, pero tenemos una bancada de izquierda, de autoridades que fueron electas con el compromiso de trabajar por garantizar el derecho a la educación. Aunque el Senado tiene representantes de la derecha, tenemos una importante representación del ala progresista.
Nuestro trabajo en el Congreso será muy duro, en un ambiente muy árido. Nuestro mayor desafío es regular el Sistema Nacional de Educación, culminar el proceso de regulación del Fundeb [Fondo para el Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y para la Valorización de los Profesionales de la Educación] y un desafío estructural que es la construcción del nuevo Plan Educación Nacional cuya vigencia comienza en menos de dos años.
El escenario brasileño, en términos de garantía de derechos para los próximos años, presenta desafíos muy duros. Esa fue la elección presidencial más disputada que hemos tenido. Le ganamos a Bolsonaro en la presidencia, pero necesitamos vencer al bolsonarismo en las escuelas y en la sociedad.
También vemos, poco después del final de las elecciones, la implementación del Proyecto de Ley de Educación en el Hogar (PL), cuya segunda audiencia contará con mi participación y se realizará dentro de dos semanas. El regreso de esta agenda presenta un escenario muy riesgoso, ya que con el fin del gobierno de Bolsonaro, la tendencia es que haya un movimiento para aprobar varios proyectos de ley que representan un retroceso a la garantía del derecho a la educación, como es el caso de la educación en el hogar. Nuestro papel es continuar en la resistencia a este tipo de proyectos.
El escenario brasileño, en términos de garantía de derechos para los próximos años, presenta desafíos muy duros. Esa fue la elección presidencial más disputada que hemos tenido. Le ganamos a Bolsonaro en la presidencia, pero necesitamos vencer al bolsonarismo en las escuelas y en la sociedad. Necesitamos acciones de mediano y largo plazo para que este escenario pueda revertirse.
- ¿Cuál será la agenda prioritaria de la campaña para 2023?
Andressa Pellanda – Nuestra agenda prioritaria para los próximos años fue aprobada por la Asamblea en enero de 2022 y tiene como lineamientos de política de construcción el Sistema Nacional de Educación, el nuevo PNE y el financiamiento vía Fundeb y la regulación del Costo de Calidad Estudiantil (CAQ) y el Sistema de Evaluación de la Educación Básica (Sinaeb) y, al mismo tiempo, continuaremos resistiendo las agendas conservadoras que han pautado el área y fueron destaques del gobierno de Bolsonaro, como la militarización de las escuelas, la educación en el hogar, la censura y los enfrentamientos a la libertad de cátedra.
También tenemos una agenda programática que toca las infancias y las adolescencias que son invisibles en Brasil, como las pertenecientes a pueblos indígenas, quilombolas, comunidades de migrantes, las que se encuentra en situación de calle, entre otros grupos que han sido marginados. Estamos en un gran frente intersectorial para visibilizar a estas poblaciones y también trabajamos para fortalecer la gestión democrática de las escuelas a través de la promoción y fortalecimiento de los gremios estudiantiles, en un fuerte trabajo con las juventudes en las escuelas.
Además, tenemos una agenda de producción de conocimiento y articulación con relación al conservadurismo y fundamentalismo religioso en un proyecto sobre religión y laicidad en la educación y, finalmente, tenemos un trabajo de fortalecimiento de la red propia de la Campaña, nuestras bases, diversidad de nuestros comités y movimientos que componen nuestra red y seguiremos trabajando para que la educación brasileña tenga un sistema transformador y antirracista a través del proyecto Seta, que es una iniciativa desarrollada en alianza con organizaciones educativas y movimientos negros de Brasil.
- ¿Cuál es la importancia de ser miembro de la CLADE y participar en su Asamblea?
Andressa Pellanda – Ser parte de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación permite intercambiar experiencias y análisis con países hermanos frente a los desafíos, además de aprender de esa diversidad y multiplicidad de miradas, de la producción de documentos formales y conocimiento no formal en esta red. También sumamos esfuerzos para que nuestra América Latina y el Caribe pueda crecer en el debate internacional, pueda incidir en ese debate para que las decisiones internacionales se tomen de manera más democrática, incorporando una agenda decolonial y de garantía de derechos de manera transversal con una interculturalidad, que es una marca importante en nuestra región.
La Asamblea de CLADE es un momento para reunir a todos los miembros de su red en vivo, especialmente después de la pandemia, y fortalecer el pacto colectivo para garantizar el derecho a la educación en América Latina y el Caribe y en el mundo.
