É inegável o papel da CLADE na articulação dos países da América Latina e o Caribe para a garantia da educação
21 de septiembre de 2023Segundo Tânia Dornellas, da Campanha Brasileira pelo Direito à Educação, chegar aos 20 anos da CLADE é um marco para todas e todos nós que lutamos por uma educação pública, laica, gratuita e de qualidade.
“Sabemos que la CLADE siempre ha estado ahí, donde se necesita cuando se necesita”
Rosy Zúniga, del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), habla de la importancia de la CLADE en el contexto regional para la defensa del derecho humano a la educación.
¿Cuáles son los impactos de la fiscalidad en la educación mundial?
9 de septiembre de 2023En el marco del Taller Regional – Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación”, realizado el 8 y 9 de septiembre en Santiago (Chile), se presentaron una serie de exposiciones que graficaron las experiencias sobre justicia fiscal y su relación con el derecho a la educación pública.
En el primer bloque titulado “Estado de la Situación Mundial sobre Fiscalidad e Impacto en la Educación”, intervinieron Dereje Alemayehu, de la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ), Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y Mariana Huepe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La primera intervención fue realizada por Dereje Alemayehu, quien puso énfasis en la necesidad de la repartición equitativa del presupuesto público: “Respecto a la asignación de presupuestos es bueno que ya exista una torta para poder repartirla, pero debe ser dividida de forma justa”, señaló.
Por su parte Vernor Muñoz describió la cruda realidad de la discriminación y exclusión que sufre la población indígena en el norte global y como no basta con aumentar la recaudación sin darle un enfoque de derechos humanos: “El caso de Finlandia que es famosa por sus conquistas educativas, según un informe de la Unión Europea muestra casos de discriminación y acoso racista. El incremento fiscal y la consecución de los ingresos de forma eficiente no aseguran necesariamente mayores recursos para combatir la desigualdad”, concluyó.
Finalmente intervino Mariana Huepe de la CEPAL quien destacó que: “En promedio América Latina cumple con los mínimos acordados en la Declaración de Incheon con relación a los porcentajes del PIB como porcentaje del gasto público total” pero a la vez puso énfasis en que “para aumentar la financiación nacional para la educación, se requiere: ampliar la base fiscal, prevenir la evasión fiscal, aumentar la proporción del presupuesto nacional asignado a educación, esto tiene que ir de la mano de instituciones fortalecidas para utilizar más equitativa y eficientemente los recursos existentes”, comentó.
Sobre el evento
El encuentro es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Vernor Muñoz, Mariana Huepe y Dereje Alemanyehu, el encuentro cuenta con la participación de Además de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
“La justicia fiscal no involucra solamente el sistema de recaudación, sino que implica invertirlo adecuadamente”
8 de septiembre de 2023
El segundo momento del primer día del Taller Regional – Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación” se enfocó en las reflexiones sobre la situación mundial sobre fiscalidad e impacto en la educación.
“La justicia fiscal no involucra solamente el sistema de recaudación, sino que implica invertirlo adecuadamente”, afirmó Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por el Derecho a la Educación (CME). Según el representante de la Campaña Mundial por la Educación, incluso en países de altos ingresos, la educación universal y de calidad sigue siendo esquiva, ya que los fondos fiscales a menudo se desvían hacia sectores privados o se utilizan para pagar deudas públicas.
Para Vernor Muñoz, toda reforma tributaria debería responder a políticas de Estado basadas en derechos humanos. No es conveniente hablar de justicia fiscal, ni de ningún tipo de justicia, fuera del ecosistema de derechos humanos, pues es allí donde se definen los parámetros de distribución de la riqueza y de construcción de sociedades igualitarias y más precisamente donde se definen los fines de la educación y de su gobernanza. No interesa, por lo tanto, financiar cualquier educación, sino aquella en la que quepan todas las personas, en la que no se discrimine a nadie.
Dereje Alemanyehu, de la Alianza Global por Justicia Fiscal -GATJ, enfatizó la necesidad de aumentar los ingresos fiscales para garantizar la equidad en el acceso a la educación. Hizo hincapié en que la educación es la piedra angular para asegurar muchos otros derechos y desafió la percepción de que África depende de las contribuciones de otros países cuando, en realidad, África contribuye significativamente al mundo.
“Cobrar impuestos no es un fin en sí, sino recaudarlos para repartirlos, distribuirlos y garantizar que toda la población tenga acceso a servicios públicos como una #educación de calidad. Existen los recursos, pero hay que repartirlos”, afirma.
América Latina y el Caribe
Mariana Huepe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) enfocó su presentación en la región latinoamericana y caribeña. En su intervención afirma que “en América Latina en las últimas décadas han hecho esfuerzos para aumentar su carga tributaria e invertir en educación, pero aún son insuficientes”.
La representante de CEPAL destaca la importancia del financiamiento educativo adecuado y el camino para su incremento. Invertir en educación es invertir en el activo más importante que tienen los países para alcanzar un desarrollo social e inclusivo sostenible: sus personas. La educación no es un gasto, es una inversión, una inversión que beneficios privados y públicos, para el mundo del trabajo y la ciudadanía. Para aumentar la financiación nacional para la educación, se requiere: ampliar la base fiscal, prevenir la evasión fiscal y aumentar la proporción del presupuesto nacional asignado a educación.
Para Mariana Huepe, “cobrar impuestos no es un fin en si, sino [es necesario] recaudarlos para repartirlos, distribuirlos y garantizar que toda la población tenga acceso a servicios públicos como una educación de calidad”.
Sobre el evento
El encuentro se realiza el 8 y 9 de septiembre en Santiago, Chile y es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Vernor Muñoz y Dereje Alemanyehu, el encuentro cuenta con la participación de Además de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); Mariana Huepe, de CEPAL; de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
El derecho humano a la educación solo se garantiza con justicia fiscal
Concentración de la riqueza y mantenimiento de la pobreza. Para cambiar este escenario, que ha estado presente en América Latina y el Caribe en los últimos tiempos, hay que garantizar los derechos humanos, entre ellos la educación. Para eso, es fundamental asegurar un sistema tributario justo, afirman especialistas y autoridades presentes en el Taller Regional-Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación”, que se realiza el 8 y 9 de septiembre en Santiago, Chile.
Nelsy Lizarazo: “En términos de ejercicio pleno del Derecho a la Educación, no basta con el acceso a la educación, es necesario invertir en calidad educativa”
El encuentro es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
“Han sido dos años de aprendizaje súper interesante, no solamente en asuntos técnicos, sino también en construcción de posición política y también en términos humanos”, dice Nelsy Lizarazo, coordinadora de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) durante la apertura del taller.
Según ella, en términos de ejercicio pleno del Derecho a la Educación, no basta con el acceso a la educación, es necesario invertir en calidad educativa. “Son necesarios cuatro criterios para tener en cuenta: el primero, la proporción dedicada a la educación debe de ser suficiente; el segundo, que ese presupuesto debe de ser del tamaño adecuado, que responda a las necesidades educativas del país, a sus brechas, a sus desigualdades; el tercero, presupuesto ser sensible a los grupos históricamente excluidos; y el cuarto, que el presupuesto sea transparente, construido, evaluado de forma participativamente con la ciudadanía.
Adrián Falco: “Para superar la pobreza, la desigualdad, para dar y garantizar derechos a toda la población y dar acceso a servicios públicos de calidad a toda la ciudadanía, para eso promovemos la #JusticiaFiscal”
Para Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad), la región latinoamericana y caribeña, mantiene 30% de pobreza y 19% de indigencia y, sin embargo, se concentra cada vez más la riqueza y los gobiernos dan cada vez más concesiones a los ricos y al gran capital. “Para superar la pobreza, la desigualdad, para dar y garantizar derechos a toda la población y dar acceso a servicios públicos de calidad a toda la ciudadanía, para eso promovemos la #JusticiaFiscal”, afirma.
Además de Nelsy Lizararo y Adrián Falco, el encuentro cuenta con la participación de Dereje Alemanyehu, de la Alianza Global por Justicia Fiscal -GATJ; Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación; Mariana Huepe, de CEPAL; de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
Episodio 10: Interculturalidad y juventudes en el Podcast Educación ¿qué onda?
31 de agosto de 2023Este episodio del podcast educación ¿qué onda? se inscribe en la celebración del aniversario número 20 de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), quiere invitar a compartir las diversas luchas por el derecho humano a la educación, entre ellas la referida a la perspectiva de las interculturalidades y las juventudes, ambas en el marco de su conmemoración en la agenda internacional.
En la sección Notas en la Pizarra participan Marcela Browne de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) quien participó en el evento de lanzamiento del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo: ¿Una herramienta en términos de quién? de UNESCO (conocido como GEM, por sus siglas en inglés). María de Lourdes Valenzuela y Gómez Gallardo, conocida como Malú, educadora popular feminista que integra la Red de Educación Popular Entre Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM), expone la forma en que las jóvenes y mujeres son excluidas de la educación y viven vulneración en la brecha digital. También contamos con Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE quien anima a celebrar colectivamente este aniversario 20 fortaleciendo actores y procesos de la región para garantizar el derecho humano a una educación pública, laica y gratuita para todos y todas, a lo largo de toda la vida.
Ecos y Voces, la sección de opinión está centrada en las palabras de Ikbalam Solares que integra el Grupo de Trabajo de Juventudes de CLADE y el equipo de jóvenes por la vida (JOVI) de Guatemala, estudia segundo año de educación básica, tiene 14 años y se identifica con sus orígenes mayas y xincas.
En la sección Tejido en Red contamos con los aportes de Aida Garcia Naranjo, presidenta de la Red Sin Fronteras integrante de CLADE. La educadora, politóloga e investigadora social y política, y especialista en género que expresa en la entrevista claves indispensables para el derecho a la educación de personas migrantes.
Con locución de una colaboradora de la Coalición Nicaragüense por el Derecho a la Educación, y Andrés Ramos, de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación.
Escucha el episodio completo:
Notas en la Pizarra: Informe GEM, Tecnologías en la CSW67 y Aniversario de CLADE
Marcela Browne de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) asistió al lanzamiento del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo que UNESCO presenta anualmente, el sexto Informe y se titula Tecnología en la educación: ¿Una herramienta en términos de quién? (conocido como GEM, por sus siglas en inglés). Con este informe se han actualizado debates sobre el lugar de la tecnología en los ámbitos educativos, la soberanía de contenidos, la superación de la colonización de conocimientos y la ciberseguridad.
También se brindan detalles sobre el encuentro virtual: TICs y derecho humano de las mujeres a la educación convocado por la Red de Educación Popular Entre Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM), integrante de la CLADE, con el apoyo de la Plataforma de Redes Regionales por la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), a propósito del balance crítico de la sesión 67 Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas (CSW). Escuchamos a María de Lourdes Valenzuela y Gómez Gallardo, conocida como Malú, educadora popular feminista sobre la forma en que las jóvenes y mujeres excluidas de la educación también atraviesan la brecha digital.
En 2023 la CLADE celebra dos décadas de existencia fortaleciendo actores y procesos de la región para garantizar el derecho humano a una educación pública, laica y gratuita para todos y todas, a lo largo de toda la vida. Por ello Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE destaca un llamado para conmemorar las luchas por una educación como derecho promotor de los demás derechos, teniendo como horizonte la justicia social en América Latina y el Caribe.
Ecos y Voces: Juventudes e interculturalidades
En el marco del día internacional de la juventud que se celebra cada 12 de agosto sumamos voces a la celebración de conquistas que superan los desafíos todavía existentes para garantizar los derechos de las juventudes de la región con la entrevista a Ikbalam Solares, quien integra el Grupo de Trabajo de Juventudes de CLADE y el equipo de Jóvenes por la Vida (JOVI) de Guatemala, estudia segundo año de educación básica, tiene 14 años y se identifica con sus orígenes mayas y xincas.
Ikbalam Solares hace un llamado a aumentar la participación de jóvenes y profundizar los compromisos con el derecho humano a la educación con un financiamiento adecuado. Adicionalmente reflexiona sobre las oportunidades y riesgos que traen las tecnologías en la cotidianidad, en especial en los ámbitos educativos.
Tejido en Red: Red Sin Fronteras
Entrevista a Aida Garcia Naranjo, presidenta de la Red Sin Fronteras, quien es educadora, politóloga, investigadora social y política, especialista en género, recaudadora de fondos multilaterales y bilaterales, y además es promotora cultural.
La red es una institución que trabaja para defender y promover los derechos de las personas migrantes y refugiadas, y para articular la diáspora latinoamericana, integra como red regional la membresía de CLADE. La especialista subraya la importancia de comprender el derecho a migrar, el derecho a no migrar y a migrar con derechos son tres apuntes claves para sostener el enfoque de derechos humanos de personas en movilidad humana.
Al cierre del Podcast: Educación ¿qué onda? les invitamos a visitar el Informe de Adolescentes y jóvenes: derecho a la educación, pandemia y brecha digital en América Latina y el Caribe. Este informe sistematiza una encuesta aplicada en doce países que contó con la participación de 219 adolescentes y jóvenes para conocer sus experiencias, vivencias y percepciones respecto a cómo vivieron el ejercicio del derecho a la educación en la pandemia y la postpandemia.
Lee más:
Podcast: Educación ¿qué onda?, episodio 1 Género y Educación
Episodio 2: Juventudes en Podcast Educación ¿Qué onda?
Episodio 3: en Podcast Educación ¿qué onda? Retrospectiva de CLADE 2022
Episodio 5: Educación no sexista en Podcast Educación ¿qué onda?
Episodio 6: Educación Inclusiva en el podcast Educación ¿Qué onda?
Episodio 7: Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) en el podcast Educación ¿Qué onda?
Episodio 8: Primera Infancia en el podcast Educación ¿Qué onda?
Episodio 9: Educación pública ante la privatización en el Podcast Educación ¿qué onda?
Créditos:
Producción y Entrevistas: María Cianci Bastidas
Locución: colaboradora de la Coalición Nicaragüense por el Derecho a la Educación, y Andrés Ramos, de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación.
Canción: AnónimA Arte y Comunicación
Cortina 20 Aniversario CLADE: Colaboración de voces locución, Juan Carlos González y Sandra Luz Cruz. Música: 1.- Autor: Lawrence Beamen Título: Round and Round. Licencia: CC BY-SA // 2.- Autor: Spectacular Sound Productions Título: Breathing. Licencia: Atribución-Compartir Igual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0) // 3.- Autor: Broke For Free Título: Night Owl. Licencia: CC BY
Voces collage: 1.- Infantiles Producción audiovisual original de Carolina Osorio con aportes de OMEP. Adaptación: María Cianci Bastidas. 2.- Collage: Gabriela Arrunátegui, Carolina Osorio, Marcos Alcântara, Fellipe Abreu, Lorena Osorio, Mariana Ovalle, Jesús Juárez, Ederson Kornst, Luis Chera, Israel Coelho, William Thelusmond, Mary Alves. Los niños Daniel Enrique y Marcello Sánchez Cianci.
Ilustración: Renata Dorea
Producción General: Nelsy Lizarazo, Thais Iervolino, Carolina Osorio y María Cianci Bastidas
Sociedad civil demanda enfrentar la brecha digital y los intereses privados en presentación de Informe de Seguimiento de la Educación
11 de agosto de 2023Las tecnologías pueden al mismo tiempo favorecer la inclusión y poner en riesgo la privacidad de los datos, afirma Laura Giannecchini, coordinadora de programas de la CLADE, al analizar el evento realizado el 26 de julio en Montevideo, Uruguay, de lanzamiento del 6º Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de UNESCO titulado Tecnología en la educación: ¿Una herramienta en términos de quién? (conocido como GEM, por sus siglas en inglés).
El documento fue publicado junto a 20 documentos de antecedentes y 200 perfiles de países PEER sobre leyes y políticas referidas a la tecnología en la educación. Durante 3 días diversas autoridades, académicos y representantes de la sociedad civil intercambiaron opiniones en torno al Informe. Laura Giannecchini, Marcela Browne de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE); Patricia Gainza de la Red Sin Fronteras; Mercedes Mayol Lasalle, presidenta de Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) y Vernor Muñoz, coordinador de política de incidencia de la Campaña Mundial por la Educación (CME) participaron del encuentro.
Compartimos sus análisis luego de asistir a los eventos vinculados a este informe.
Los dilemas de la tecnología: acceso y equidad
Marcela Browne y Laura Giannecchini realizaron este análisis del evento de lanzamiento y del propio Informe.
Para ellas, el informe plantea al menos cuatro preguntas provocadoras que orientan las reflexiones respecto al uso de la tecnología en la educación.
En sus opiniones, desde las primeras páginas del documento se cuestiona si las tecnologías democratizan los conocimientos o si pueden controlar la información en nuestra sociedad. También subrayan si efectivamente las tecnologías ofrecen oportunidades ilimitadas o por el contrario las aprisionan en el futuro; cabe la pregunta en qué medida las tecnologías ofrecen oportunidades iguales para todas las personas y sí se podrían utilizar las tecnologías en la educación de primera infancia o representan un riesgo para los niños y niñas.
Cuatro conceptos transversales a las tecnologías en la educación, que son la equidad, la inclusión, la escalabilidad y la sostenibilidad
Por otra parte, se decantan cuatro conceptos transversales a las tecnologías en la educación, que son la equidad, la inclusión, la escalabilidad y la sostenibilidad. Por ello, existe la intención de convocar a docentes, estudiantes, comunidades educativas en general y las familias para debatir sobre los términos en que se desea usar la tecnología en la educación. Para ellas, si bien se reconoce como una herramienta más en el ambiente educativo es necesario que ésta dialogue con las demandas y expectativas de este contexto.
Marcela Browne resalta que en “el informe no existen evidencias robustas sobre el valor agregado que aportan las tecnologías a la calidad de los aprendizajes. Las pocas evidencias que se mencionan son débiles y están producidas por los proveedores de las tecnologías, es decir, las empresas”. Llama la atención sobre el rol que han desempeñado las empresas al difundir la idea de que el estudiantado aprende más y mejor con las tecnologías.
La representante de la CADE, afirma que, en contraste, UNESCO señala su relatividad reconociendo las desigualdades de acceso y de conectividad, continúa reflexionando sobre las brechas en los niveles socioeducativos vulnerables que enfrentan también dificultades en los entornos familiares, como insuficientes equipos, ya que la mayoría de los casos accede desde dispositivos celulares.
Laura Giannecchini comenta que se difundió en algunos medios de comunicación hegemónicos la idea simplificada sobre el informe de que UNESCO cuestionaba el uso de los teléfonos móviles en las escuelas como elemento de distracción del estudiantado, yendo en perjuicio de la calidad de los aprendizajes. Aunque sirvió de promoción para despertar el interés sobre el informe, las analistas, Marcela Browne y Laura Giannecchini comentan que esto se debe a una mala interpretación sobre algunos de los mensajes que se expresan en el informe, ya que UNESCO no desaconseja expresamente el uso de celulares en los ámbitos educativos.
La importancia del contexto educativo
Para Marcela Browne, es necesario subrayar la recomendación para que el sistema educativo sea el responsable de determinar el modo en que la tecnología dialoga con la agenda educativa, a fin de que haya una soberanía de contenido. Ella comenta que sin embargo, otro de los mensajes claves que llama la atención, es que son muy pocos los países que generan contenidos propios y se exhorta en las recomendaciones a que pueda impulsarse en el futuro producción de contenidos locales y contextualizados.
Otro elemento importante es la necesidad de profundizar las críticas a la inteligencia artificial, ya que como señala Marcela Browne, existe un sesgo en los contenidos ya que se privilegian los producidos en los países del norte y en idioma inglés, con lo cual se limitan las fuentes de consulta, pudiendo ser parte de la colonización y su reproducción.
Demandas por la transparencia de fondos públicos para la tecnología
En el mismo sentido, Marcela Browne y Laura Giannecchini indican que los cambios en el ámbito tecnológico se proyectan con renovación cada tres años, lo que dificulta la generación de evidencias, para evaluar el funcionamiento en la educación. Es decir, el ritmo de generación de la evidencia es diferente al ritmo de la producción de las propias tecnologías. Una de las implicaciones a considerar es el alto costo que representa, y al mismo tiempo se produce mucho desperdicio, ya que la gente compra lo que no resulta efectivo, derivando una dispersión de recursos.
Añaden Marcela Browne y Laura Giannecchini a las recomendaciones críticas el interés de aumentar la transparencia en la contratación de servicios tecnológicos, para que pueda acompañarse un escalamiento adecuado con la participación y control de la sociedad civil.
En cuanto a la equidad e igualdad de acceso a tecnologías en la educación se recomienda en el informe que sean gratuitas, y que los bienes digitales sean públicos, incluyendo los libros de textos y recursos educativos de manera que las propias plataformas de aprendizaje sean inclusivas, especialmente a los grupos que históricamente son más marginados o excluidos.
Exclusión y derechos digitales
En cuanto a los currículos y las plataformas en el resumen del informe también se hace un llamado a la adaptación de las necesidades de cada estudiante y docente, por lo cual las plataformas deben ser accesibles a las personas con discapacidad, para contextos de escuelas rurales, de personas indígenas, afrodescendientes y personas migrantes. Se hizo referencia a la creación de plataformas que pueden dar seguimiento a las trayectorias educativas de estudiantes a lo largo de los años, acompañando su movilidad territorial, lo cual sería clave para la relevancia y pertinencia de la educación.
Para Laura Giannecchini “si bien se estima que el 85% de los países tienen normativas vinculadas a las tecnologías, solo el 16% tiene medidas de protección del uso de datos privados como la huella digital, esto es una gran falencia al exponerse a niñas, niños y adolescentes sin mecanismos de seguridad y ciberseguridad”.
A pesar que se hacen continuos llamados de atención al uso excesivo o inapropiado de las tecnologías por la relación negativa y perjudicial con el abuso de dispositivo, es necesario incorporar al debate las propias voces del estudiantado y de docentes.
Marcela Browne apunta que este informe recuerda que, dado que muchas tecnologías no fueron diseñadas para la educación, su idoneidad y valor deben demostrarse con una visión de la educación centrada en el ser humano.
Tomando el resumen del informe que facilitan las analistas, “los responsables de la toma de decisiones se enfrentan a cuatro difíciles disyuntivas:
- El llamado a la personalización y la adaptación choca con la necesidad de mantener la dimensión social de la educación. Los partidarios de una mayor individualización pueden estar perdiendo de vista la esencia de la educación.
- Existe un conflicto entre inclusividad y exclusividad. La tecnología puede ofrecer un salvavidas educativo a muchas personas. Sin embargo, para muchas más supone una barrera adicional a la igualdad de oportunidades educativas, con la aparición de nuevas formas de exclusión digital.
- La esfera comercial y el procomún -referida a la utilidad pública- tiran en direcciones diferentes. La creciente influencia de la industria de la tecnología educativa en la política educativa a nivel nacional e internacional es motivo de preocupación.
- Generalmente se asume que cualquier ventaja de eficiencia que la tecnología educativa ofrezca a corto plazo se mantendrá a largo plazo. Sin embargo, se suelen subestimar todos sus costes económicos y medioambientales.”
Escucha el audio:
Estudiantes y docentes brillan por su ausencia
Por su parte Patricia Gainza, socióloga y coordinadora de Red Sin Fronteras, también resaltó una mirada crítica sobre los resultados del informe, el riesgo que puede representar para el derecho a la educación, una priorización tecnológica en los ámbitos escolares. Extendemos su comentario al respecto.
Para ella, cuando se hace referencia a la tecnología educativa deben considerarse los sujetos que participan de los ámbitos, así como sus experiencias, expectativas y necesidades. A juicio de Patricia Gainza, llama mucho la atención que durante el evento de lanzamiento no se consideró la participación y experiencia de estudiantes o docentes. “Todas las autoridades que asistieron pertenecen al sur global, no había ninguna autoridad del norte” dijo, que en muy pocos casos asistieron personas con responsabilidad académica de investigación, si aunque en menor medida de rectorías de las universidades, “no se piensa en ellos (las, los y les estudiantes) como el motor para la incorporación y el buen uso de las tecnologías en la educación, al contrario todo el tiempo se está hablando de empresas de aplicaciones” afirma.
El ambiente general del evento promovía las intervenciones como una exposición para la venta de servicios educativos digitales
Según Patrícia Gainza, el ambiente general del evento promovía las intervenciones como una exposición para la venta de servicios educativos digitales. “Colocar los enfoques desde la especialización técnica puede ser un factor de exclusión para ampliar el debate sobre las implicaciones de las tecnologías aplicadas a la educación”, analiza Patricia Gainza y continúa: “no hubo prácticamente reflexiones sobre grupos minoritarios o en desventajas y las diferentes formas de facilitar el acceso, las personas en situación de discapacidad.”
Intereses privatistas a favor de la tecnologización educativa
Se consideró particular atención a la situación de la educación en Uruguay y con ello la fuerte influencia del Plan Ceibal, que es el centro de innovación educativa con tecnologías digitales a nivel nacional. Compartieron las lecciones aprendidas de la última década, que asomaba un cambio de lógica con autoreferencias empresariales, comentó Patricia Gainza.
Para Patricia Gainza, en Uruguay se atraviesa un proceso de desmantelamiento del sistema educativo o al menos de reducción de presupuesto importantísimo, Uruguay ha perdido cuatro décimas del Producto Interno Bruto destinado al rubro.
En el análisis de Patricia Gainza, el ministro de educación de Uruguay, Pablo Da Silveira exhortaba a mantener la continuidad de las políticas públicas más allá de la rotación de los gobiernos, y los partidos. Destacaba en su intervención la relevancia del conocimiento técnico, de la creatividad y del compromiso, la relevancia del modelo de gestión con fuerte tendencia a la estructura privada, aludiendo eficiencia en los procesos de licitaciones, agilidad en compras y decisiones; sin embargo se desplaza la responsabilidad política del Estado poniendo en riesgo la transparencia pública, subraya la coordinadora de la Red Sin Fronteras.
Ella también apunta que es muy importante tener claro el vínculo entre lo tecnológico y lo educativo, inicialmente el plan Ceibal nació al interior de la gestión gubernamental, y luego pasa a ser una agencia de tecnología ligada al sistema educativo. En la reflexión se apunta que la ausencia de referencias a la centralidad de los procesos educativos, o al financiamiento que demanda el marco de derechos; para lo cual hace falta voluntad política en una adecuada priorización del presupuesto nacional.
La coordinadora de la Red Sin Fronteras marcó la participación de Fiorella Haim, gerenta general de Ceibal indicó que al referirse a la tecnología digital hay que considerar que es mucho más que pantallas, ya que también son líneas de robótica o hacedores de laboratorios con impresiones 3D, manejo de drones, sensores, muchas cosas ilustran este ecosistema de innovación al servicio de la educación. 
Sistema de datos para ausentismo y la labor docente
Patricia Gainza, de la Red Sin Fronteras, trazó dentro de las buenas prácticas que se compartieron algunas aplicaciones tecnológicas, llamó particularmente la atención la que hiciera Irene González, gerenta de datos de Ceibal expuso una aplicación del sistema y sobre todo de los datos que surgen del ausentismo escolar, señalaba que la inasistencia crónica tiene una proporción en la cual siete de cada 10 niños y niñas son provenientes generalmente de contextos vulnerables, lo que quiere decir dos o tres faltas al mes. Estas alertas del sistema de datos facilita la comunicación con las familias que registran altos niveles de ausentismo, como parte de estrategias de seguimiento.
Según su análisis, existe una constante que expresa la preocupación de articulación conjunta con las tecnologías y el protagonismo de la labor docente, insistiendo en el valor del vínculo relacional del proceso educativo, que es insustituible. Su valoración es que vivimos un contexto de fuertes discursos de neoliberalismo que pretende mercantilizar y ganar en el mercado, flexibiliza las condiciones laborales en general y también del personal docente.
Frente a las posibilidades de empoderamiento de la comunidad educativa, es necesario recuperar la centralidad del estudiantado teniendo en cuenta el contexto sociocultural, en el cual la tecnología es enriquecedora del intercambio entre estudiantes y docentes, para Patricia Gainza, se propone una práctica crítica que logre transformar el rol simplista de usuario/as o destinatarios/as de tecnologías que se imponen externamente.
Escucha el audio
La valoración de la labor docente ante la tecnología educativa
Para Vernor Muñoz de la CME, la versión más reciente que se ha centrado en la educación y tecnología, da seguimiento al objetivo cuatro de desarrollo sostenible –de la Agenda 2030, referido al derecho humano a la educación- y permite discutir diversos temas en materia de tecnología digital y educación.
A juicio del coordinador de políticas de incidencia de la CME la contundencia del valor de docentes es relevante, ya que “el informe pone en evidencia que existe poco valor agregado de la tecnología digital en materia de educación y esto es importante porque confirma una vez más que el rol que juegan los maestros y maestras en la educación es insustituible, es decir que es un trabajo que no se puede relevar con el uso de la de la tecnología”.
La atención que las empresas y corporaciones tecnológicas ponen en la educación evidencia el interés en el negocio y su mercantilización
Para él, la atención que las empresas y corporaciones tecnológicas ponen en la educación evidencia el interés en el negocio y su mercantilización, y lo que significa actualmente tanto como en el futuro. En palabras de Vernor Muñoz, “muchas empresas tecnológicas y de software educativo intentan tomar el liderazgo en la venta de sus productos y de alguna manera intentan también insistir en la primacía de la tecnología educativa.”
Según él, las tecnologías pueden ofrecer una posibilidad para la inclusión, pero deben ir acompañadas de políticas que generen las condiciones para que sean posible, ya que la realización del derecho humano a la educación no se define únicamente en las aulas, y entre otras garantías deben considerarse las de conectividad, electricidad, acceso a dispositivos por mencionar algunos. “El informe pone en relevancia cómo la tecnología en la educación abre ciertamente oportunidades, como apoyo al trabajo docente, y esto ha sido muy evidente durante la pandemia del Covid-19, hace hincapié en cómo se han beneficiado, por ejemplo, personas con discapacidad” señaló.
Sobre la dinámica del evento, Vernor Muñoz destacó que, además de una agenda que priorizó el protocolo, la participación de bancos y de empresas, al mismo tiempo que se ha reducido la asistencia de la sociedad, se ha dificultado el diálogo interactivo, en su lugar se han dado a conocer diferentes opiniones de quienes lideran el campo tecnológico.
Escucha el audio
Foco sobre el financiamiento, la pedagogía y las amenazas de la privatización
Mercedes Mayol Lasalle, presidenta mundial de OMEP, comparte un análisis de tres aspectos relevantes en la convergencia de la educación y la tecnología, el financiamiento, la pedagogía y la no privatización.
Sobre el financiamiento educativo, señaló: “Este informe contiene un problema sobre la transformación y el financiamiento para ofrecer acceso a la tecnología dentro del sistema educativo a todas las niñas, niños y personas. En el contexto tenemos enormes deudas en relación al financiamiento educativo alrededor del mundo”. Este es un gran punto y tenemos muchas cuestiones con relación a ello.
A su juicio, un segundo aspecto está relacionado a la construcción de una nueva pedagogía desde el desafío de la conectividad con la participación de las y los docentes. En tercer y último aspecto tiene que ver con la ética, la privatización y la falta de regulación de las grandes empresas que venden tecnología a los sistemas públicos de educación.
Mira el video [en inglés]
Educación y tecnología en la primera infancia: discusiones urgentes
La Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) junto a la Campaña Mundial por la Educación (CME) y el Instituto Interamericano del Niño IIN/OEA convocaron a un evento público el 28 de julio, en el marco del lanzamiento del Informe de Seguimiento a la educación, titulado Educación y tecnología en la primera infancia: discusiones urgentes.
La OMEP definió como parte de su fundamento en la convocatoria que “los primeros años de vida constituyen la etapa fundante de ese proceso, por lo que el acceso a una Atención y Educación de la primera infancia (AEPI) inclusiva, equitativa y de calidad, es el primer paso para garantizar aprendizajes fundacionales y oportunidades para un desarrollo pleno (…) La transformación de la AEPI requiere el desarrollo de un debate pendiente y urgente sobre las políticas, la pedagogía y las prácticas relacionadas, apostando a superar miradas simplistas que condenan o enaltecen a las tecnologías computacionales, para construir posicionamientos críticos sobre su papel real en la enseñanza, el aprendizaje y la crianza de las infancias.”
Mira el video
Más sobre el Informe GEM 2023
Esta fue la primera vez que el lanzamiento global del informe se realiza en América Latina. El encuentro contó con un evento híbrido global al que asistieron 18 ministros y ministras de educación. Convocado por UNESCO, auspiciado por el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay y la Fundación Ceibal, el lanzamiento del informe se concretó el 26 de julio, y a lo largo de tres días se llevaron a cabo diversos eventos en Montevideo, Uruguay.
Los eventos de alto nivel organizados en el marco de este lanzamiento son los siguientes:
- Diálogo Sur-Sur entre ministros/as de educación de América Latina y África.
- Mesa redonda cerrada con ministros/as de educación, representantes de la UNESCO y responsables de organismos internacionales de América Latina.
- Reunión anual de la Alianza para la Digitalización de la Educación en América Latina (ADELA).
- Discusión con proveedores privados sobre cómo apoyar el desarrollo sostenible de la educación en América Latina.
- Evento sobre perspectivas globales y regionales de la tecnología en la educación en América Latina organizado por la Fundación Ceibal.
- Evento organizado por la UNESCO sobre nuevas formas de enseñar, aprender y evaluar con tecnología en la Universidad Católica del Uruguay.
UNESCO señala que el informe “sostiene que los sistemas educativos deben garantizar siempre que los intereses de los alumnos se sitúen en el centro y que las tecnologías digitales se utilizan para apoyar una educación basada en la interacción humana en lugar de pretender sustituirla”,
Esta edición tuvo como objetivo examinar cómo la tecnología puede ayudar a llegar a los alumnos desfavorecidos, pero también a garantizar que más conocimientos lleguen a más alumnos en formatos más atractivos y baratos.
Tomando en cuenta la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el referido a educación (ODS4), la tecnología se vincula con seis de las diez metas, según la UNESCO en un nota conceptual las metas “reconocen que la tecnología afecta a la educación a través de cinco canales distintos, como insumo, medio de entrega, habilidad, herramienta para la planificación, y proporcionando un contexto social y cultural”.
Desde el resumen del informe se muestran oportunidades y amenazas, en tal sentido, “los desafíos educativos a los que el uso adecuado de la tecnología puede ofrecer soluciones (acceso, equidad e inclusión; calidad; avance tecnológico; gestión de sistemas), al tiempo que reconoce que muchas de las soluciones propuestas también pueden ser perjudiciales”.
En el resumen del informe se destacan algunos de los siguientes mensajes claves:
- No abundan pruebas adecuadas e imparciales sobre el impacto de la tecnología educativa. Muchas de las pruebas proceden de quienes intentan vender la tecnología. Pearson financió sus propios estudios para refutar análisis independientes donde se demostraba que sus productos no tenían ninguna incidencia.
- La tecnología ofrece la esperanza de una educación a millones de personas, pero excluye a muchas más. Si bien el derecho a la educación es, cada vez más, sinónimo de derecho a una conectividad significativa, el acceso es desigual.
- Algunas tecnologías educativas pueden mejorar ciertas modalidades de aprendizaje en determinados contextos. Debe centrarse en los resultados del aprendizaje, no en el aporte tecnológico. En Perú, se distribuyeron más de un millón de portátiles sin incorporarse en la pedagogía, por lo que el aprendizaje no mejoró.
- El contenido en línea ha aumentado sin suficiente regulación sobre el control de calidad y la diversidad. En 2021 más de 220 millones de estudiantes asistieron a cursos en línea masivos y abiertos.
El informe GEM se centra en una temática particular en cada entrega anual. Para el 2024, el tema será sobre liderazgo y educación que, según UNESCO, resalta que el liderazgo “es el segundo factor escolar más importante para explicar los resultados del aprendizaje”.
Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la educación, Farida Shaheed: garantizar el derecho a la educación: avances y desafíos críticos
12 de julio de 2023El Consejo de Derechos Humanos convocado en Ginebra, Suiza entre el 19 de junio y el 14 de julio contó con la presentación del primer informe de la Relatora Especial sobre el Derecho a la Educación, Farida Shaheed, quien asumió la responsabilidad el primero de agosto del año 2022.
En el informe disponible en inglés, se presenta un análisis de cómo se entiende el derecho a la educación, las responsabilidades de los Estados y algunos señalamientos sobre desafíos contemporáneos y emergentes.
Compartió la situación de la educación en el mundo en el que afirma “se calcula que 222 millones de infantes y adolescentes afectados por crisis necesitan apoyo educativo, mientras que 773 millones de personas adultas, en su mayoría mujeres, no están alfabetizadas; la pobreza y la desigualdad siguen siendo notables, con una movilización a menudo escasa de los recursos financieros nacionales; y el acceso a la escuela no siempre se traduce en un aprendizaje o una capacitación efectivos” (traducción propia).
La relatora especial dedicó parte del texto a la relevancia del aprendizaje a lo largo de la vida y la necesidad de asumirla como bien público de la sociedad, del mismo modo que los Estados deben velar por su calidad y financiamiento eficiente y equitativo.
La relatora señala con preocupación algunos temas de agenda que las diversas organizaciones han manifestado de forma permanente, como la educación sexual integral o la decolonización. “En muchos países, la creciente polarización social en torno a la diversidad cultural, la enseñanza de la historia, la descolonización de los planes de estudio, las teorías críticas sobre raza y género y la educación sexual integral, agravada por la insuficiente protección de las libertades académicas, afectan al funcionamiento de los sistemas educativos”, (traducción propia), expresa en el documento.
Recordando el marco de derechos con la progresividad que corresponde a la educación, comentó lo inaceptable que pueden resultar algunas acciones consideradas regresivas. La relatora especial dedicó parte del texto a la relevancia del aprendizaje a lo largo de la vida y la necesidad de asumirla como bien público de la sociedad, del mismo modo que los Estados deben velar por su calidad y financiamiento eficiente y equitativo.
La importancia de la interseccionalidad y no discriminación en educación
Farida Shaheed, en el informe presentado ante el Consejo indicó la necesidad de “Eliminar la discriminación directa e indirecta en la educación, así como las barreras (…) son ahora obligaciones bien establecidas de los Estados. La necesidad de enfoques interseccionales también está ampliamente aceptada, al igual que el requisito de que los Estados vayan más allá de la prohibición de la discriminación, garantizando que el principio de igualdad de oportunidades se traduzca plenamente en una realidad concreta”, (traducción propia).
Garantizar una educación pública, equitativa e inclusiva no es una tarea sencilla para los gobiernos, como se hizo saber en el texto del informe, pero es indispensable contar con la promoción suficiente de experiencias y entornos que favorezcan los aprendizajes. Por ello, los sistemas educativos deben enfrentar procesos que perpetúan y reproducen segregación, exclusión y discriminación.
El documento resalta las condiciones de financiamiento para la educación, y el papel que deben desarrollar los Estados en la regulación de actores privados, “un reto importante es el respeto de las libertades educativas en el marco de una educación concebida como un bien público y común, al tiempo que se evitan las repercusiones negativas sistémicas del crecimiento de los agentes privados, en particular los comerciales, sobre el derecho a la educación”, (traducción propia).
El llamado permanente a los Estados para cumplir con el derecho a la educación
El derecho internacional de los derechos humanos garantiza el derecho a la educación. La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948, en su artículo 26 proclama: “Toda persona tiene derecho a la educación”.
El reciente informe de la relatora retoma los principios de Abiyan, con un llamado a “Los Estados deben respetar, proteger y garantizar el derecho a la educación de todas las personas dentro de su jurisdicción en conformidad con los derechos a la igualdad y la no discriminación” se compartieron las claves para la defensa de la educación como derecho en el documento titulado Principios rectores de derechos humanos sobre las obligaciones de los Estados de proporcionar educación pública y de regular la participación del sector privado en la educación.
Los principios de Abiyán, como también se conocen, señalan en su introducción que “Muchas dimensiones del derecho a la educación requieren una acción inmediata, e incluso, las dimensiones sujetas a una efectivización progresiva, requieren que los Estados dediquen el máximo de sus recursos disponibles para cumplir con su obligación, evitando cualquier regresión”.
Existen diferentes instrumentos normativos internacionales de las Naciones Unidas que reconocen y visibilizan el derecho a la educación, entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, entre otros.
El informe también expresa la atención al seguimiento de acuerdos como los establecidos en la Cumbre de Educación Transformadora así como la Declaración de Incheon y Marco de Acción para la Educación 2030.
La vigencia de las cuatro “Aes” de la educación: asequible, accesible, aceptable y adaptable
El informe de la relatora recordó la vigencia de las 4 “aes” de la demanda del derecho a la educación, para que sea asequible, accesible, aceptable y adaptable.
Recordamos que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General asumió lo propuesto sobre el derecho a la educación por la primera Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la educación, Katarina Tomasevski, haciendo hincapié en que fuera un derecho significativo en todas sus formas y niveles, teniendo 4 “aes” como características interrelacionadas, se resume de la siguiente manera, a saber:
- Asequible: la educación es gratuita con infraestructura adecuada y docente preparada capaz de sostener la impartición de la enseñanza.
- Accesible: el sistema de educación es no discriminatorio, accesible y adopta medidas positivas para la inclusión.
- Aceptable: el contenido es relevante, no discriminatorio, culturalmente apropiado, y de calidad; los centros educativos son seguros y el equipo docente accede a la profesionalización.
- Adaptable: “la educación evoluciona a medida que cambian las necesidades de la sociedad y puede contribuir a superar las desigualdades, como la discriminación de género, se adapta a las necesidades y contextos específicos locales”.
La educación es un derecho humano, no un privilegio
La Iniciativa por el Derecho a la Educación dio a conocer el seguimiento al informe de la relatora en el marco de la sesión del Consejo de Derechos Humanos. La Iniciativa establecida por la primera Relatora especial sobre el derecho a la educación, Katarina Tomaševski, se reconoce como una organización con enfoque en el derecho a la educación. Creada en el año 2000, con un relanzamiento en 2008 cuenta con el apoyo de la Campaña Mundial por la Educación, ActionAid International, Amnistía Internacional, Save the Children, y Human Rights Watch.
Los Estados tienen la obligación de proteger, respetar y cumplir el derecho a la educación; hay maneras de hacer que los Estados sean responsables de las violaciones o las privaciones del derecho a la educación
La educación en el marco internacional es considerada un derecho humano, esto significa como señala Iniciativa por el Derecho a la Educación (RTE, por sus siglas en inglés) que no es un privilegio. En este sentido la educación como derecho humano significa que: “el derecho a la educación está garantizado legalmente para todos sin discriminación alguna; los Estados tienen la obligación de proteger, respetar y cumplir el derecho a la educación; hay maneras de hacer que los Estados sean responsables de las violaciones o las privaciones del derecho a la educación” como se afirma en la presentación de la Iniciativa.
Pronunciamientos para fortalecer el derecho a la educación
Durante el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, más de 70 países de todas las regiones del mundo manifestaron su apoyo a los “esfuerzos para fortalecer el derecho a la educación, incluido el derecho explícito a la educación secundaria completa gratuita y al menos un año de educación preescolar gratuita” en el Diálogo interactivo con el Relator Especial sobre el derecho a la educación.
En el marco de esta iniciativa diversos integrantes de la academia y la sociedad civil promovieron el pronunciamiento para ampliar el derecho internacional de la educación, en el que se señala “ La educación es un derecho humano fundamental y una de las herramientas más poderosas para mejorar la vida de los niños y niñas. La educación mejora la salud, su nivel de vida, les protege de la explotación y los abusos y amplía su futuro de vida, y su participación en la vida cívica. Saca a los niños de la pobreza, reduce la desigualdad y ayuda a construir sociedades fuertes y sostenibles”. También se compartió desde el Observatorio de Derechos Humanos el pliego sobre el Fortalecimiento del Derecho a la educación gratuita.
Andressa Pellanda, Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación: SAME desafía las desigualdades que reproducen el racismo y la colonización
27 de junio de 2023Con el objetivo de llamar la atención de la sociedad civil e instar los gobiernos, sobre la necesidad de hacer real y efectivo el compromiso por el derecho a la educación, especialmente debatiendo sobre las relaciones de financiamiento y cooperación, destacando la importancia de garantizar un sistema de financiamiento que tenga como eje fundamental la decolonialidad. Organizaciones y movimientos, estudiantes, docentes tuvieron al realizar la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME)al realizar, entre mayo y junio, la más grande y amplia movilización educativa del mundo.
En las vísperas de la realización de la Semana de Acción Mundial por la Educación en Brasil, entre el 19 al 26 de junio, Andressa Pellanda, coordinadora general de la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación conversó con la CLADE, habla sobre cómo es el contexto de financiamiento educativo y los ejes centrales de la gran movilización por el derecho a la educación en su país.
“El primer desafío [para la garantía del derecho humano a la educación] se refiere a la exigencia de una política económica desde la problematización de cómo decolonizarla y garantizar la financiación absoluta de todas las políticas sociales. Para este año de 2023, especialmente, estamos entrando en el último año de implementación del Plan Nacional de Educación en Brasil, que es un plan de diez años, que expira en junio de 2024”.
Lee a continuación la entrevista completa.
El compromiso con el derecho desde el plan y el sistema de educación
¿Cómo es posible reflejar procesos de decolonización en el financiamiento educativo?
Andressa Pellanda- En Brasil tenemos un enorme desafío con relación a la decolonización de la financiación de la educación ya que estamos bajo una política económica de austeridad muy fuerte desde el año 2016. Esta política puso un “techo”, es decir, un límite a la financiación de todas las inversiones sociales, incluida la educación.
Actualmente nuestro reto es derrumbar esta política de austeridad que se debate en el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados/as y el Senado Federal, lo que se traduce en una nueva política de marco fiscal para Brasil.
Como Campaña, estamos promoviendo la inclusión en esta política para establecer un renovado fondo que garantice el Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica (FUNDEB) y de valoración de profesionales de la educación, que son los principales fondos de financiamiento para toda la educación básica en Brasil. También hemos denunciado la necesidad de retomar lo que estaba antes de la implementación de la política de austeridad, que significó un retroceso inmenso y sería un enorme revés si llegara a mantenerse en el futuro.
Valoramos que apenas se ha cubierto un 85% de lo previsto en el Plan Nacional de Educación, poniendo en riesgo la financiación en varias etapas y modalidades, como la educación escolar indígena, quilombola, afrodescendiente, rurales y ribereñas que son las poblaciones que ocupan el territorio y habitaron mucho antes que se diera la llegada de la conquista portuguesa.
Andressa Pellanda, Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación
El primer desafío [para garantizar el derecho humano a la educación] se refiere a la exigencia de una política económica desde la problematización de cómo decolonizarla y garantizar la financiación absoluta de todas las políticas sociales. Para este año de 2023, especialmente, estamos entrando en el último año de implementación del Plan Nacional de Educación en Brasil, que es un plan de diez años, que expira en junio de 2024.
En junio de 2023 estaremos en el último año de ejecución del plan y, a pesar que se han cumplido nueve años, ninguno de sus 20 objetivos se han cumplido completamente. De hecho [como campaña] valoramos que apenas se ha cubierto un 85% de lo previsto en el Plan Nacional de Educación, poniendo en riesgo la financiación en varias etapas y modalidades, como la educación escolar indígena, quilombola, afrodescendiente, rurales y ribereñas que son las poblaciones que ocupan el territorio y habitaron mucho antes que se diera la llegada de la conquista portuguesa.
La colonización también se evidencia cuando la educación de estos grupos no es adecuadamente financiada. Resaltamos que el plan nacional de educación es la columna vertebral de la principal política educativa brasileña y por ello debería ser el motor que enfrente las desigualdades sociales y regionales étnico-raciales en Brasil.
Construir un nuevo plan nacional de educación para el futuro deseamos que en su proyección no retroceda en relación a las metas actuales, incluyendo el financiamiento, y que no profundice la desigualdad, procurando políticas afirmativas con presupuesto a fin de enfrentar estructuralmente el sistema.
El primer desafío [para garantizar el derecho humano a la educación] se refiere a la exigencia de una política económica desde la problematización de cómo decolonizarla y garantizar la financiación absoluta de todas las políticas sociales. Para este año de 2023, especialmente, estamos entrando en el último año de implementación del Plan Nacional de Educación en Brasil, que es un plan de diez años, que expira en junio de 2024.
Andressa Pellanda, Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación
También tenemos el desafío de aprobar un Sistema Nacional de Educación. El Plan Nacional de Educación prevé este sistema, recordando que Brasil es un país federativo, entonces tenemos unidades federativas de gestión y gobierno federal con responsabilidades específicas sobre las etapas y modalidades de educación.
Con frecuencia las poblaciones no cuentan con un sistema que coordine de forma cooperativa en su propio Estado y municipio, lo que hace que tengamos enormes desigualdades regionales. Se ven Estados y municipios más pobres justamente los que tienen mayor concentración de población negra, indígena, quilombola y rural.
El sistema nacional de educación debe ser decolonizado en su financiamiento así como en la propia educación. Dentro de esta disputa nos enfrentamos, por supuesto, al sector privado y a la privatización de la educación en Brasil, ya que ésta ha aumentado en los últimos años.
Hemos pasado de un modelo de privatización incremental a un modelo de privatización estructural, con reformas neoliberales que reducen el papel del Estado en la educación. Dentro de eso, observamos la regulación de las acciones del sector privado, para asegurar que la oferta que se haga por parte de estos grupos sea de calidad y que, a su vez, las decisiones sobre políticas públicas consideren las voces de los sectores de la sociedad civil, los movimientos sociales, las entidades representativas de los profesionales, los sindicatos, las agrupaciones de estudiantes para que al debatir sea una decisión con fines públicos para la educación pública.
De esta manera, tenemos enormes desafíos en términos de financiación que toca todas las etapas y modalidades, pero con atención particular a los grupos que sufren desde la colonización y actualmente también con las estructuras neocoloniales en Brasil.
La evaluación amerita decolonizarse
¿Cuáles son las propuestas de medición para abrir la mirada decolonizada del financiamiento?
Andressa Pellanda.- Un tema central en nuestra lucha ha sido desde el escenario mundial, con la aprobación del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 [relativo a la educación], tuvimos avances y victorias de sectores progresistas y defensores de la educación a nivel global. Pero vemos que al diseñar las métricas, la perspectiva de derecho se había reducido, ya que es una mirada neocolonial.
No deja de suceder en Brasil, incluso en el propio plan nacional, que el sistema de evaluación de la calidad que se ofrece resulta muy restringido, limitado al IDEB (Índice de Desarrollo de la Educación Básica), que es una prueba de evaluación de competencia a gran escala, de portugués y matemáticas.
Si esto sucede es porque las políticas de reducción del Estado no promueven mejoras de la profesión docente. Este tipo de evaluación es muy restringido y no garantiza la valoración de la educación. Actualmente existe una propuesta dentro del Sistema Nacional de Educación que se previó en la enmienda constitucional del Fondo Básico (FUNDEB) que se llama el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Básica (Sinaeb), cuya propuesta amplía la evaluación de la educación para considerar otros indicadores, tales como el porcentaje de población afrodescendiente e indígena, evaluación de la infraestructura de las escuelas, a través del CAQ.
El CAQ es un mecanismo construido por la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación y ahora está presente en la Constitución Federal por el FUNDEB, pero todavía no ha sido reglamentado para que garantice la financiación de calidad y para que también sirva como mecanismo de evaluación de la política educativa, valorando la transferencia de los recursos, su tratamiento, inversión en infraestructura, la valoración de profesionales docentes, la proporción de estudiantes por clase, lo que integra un factor importante para la calidad de la educación, entre otros.
Nuestra propuesta fue diseñada en 2015 y se hizo una política junto al Ministerio de Educación, pero esta fue una de las primeras políticas suspendidas cuando se ejecutó el golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff, y el entonces ministro de educación del gobierno de Michel Temer suspendió todo lo referido al sistema nacional de evaluación de educación básica. Desde entonces tenemos una resistencia, frente al modelo de los grupos neoliberales que también fueron cómplices del golpe a la presidenta constitucionalmente electa Dilma Rousseff.
Así que tenemos este reto de ampliar su evaluación a través de la regulación del sistema que está dentro de la reglamentación del Sistema Nacional de Educación en su conjunto.
La medición decolonial de la calidad
El CAQi es el estándar mínimo de calidad, razón por la cual recibe la “i” inicial. El CAQ avanza en relación al estándar mínimo porque considera el carácter dinámico del concepto de coste por estudiante y también la capacidad económica de Brasil, posicionado como la sexta economía del mundo. (CNDE)
¿Cómo aporta el estándar mínimo de calidad (CAQi) y el Costo Alumno Calidad (CAQ) a la defensa de un financiamiento decolonial?
Andressa Pellanda.- Desde el año 2002, lanzamos el primer libro sobre el Costo Alumno Calidad (CAQ), con la propuesta de calidad social y educación, que promueve las condiciones para que el proceso de enseñanza-aprendizaje suceda con la calidad, es decir, con condiciones adecuadas y equitativas en todas las instituciones educativas, con agua potable, saneamiento básico, infraestructura, internet, canchas deportivas, laboratorios de ciencias así como temas relacionados con la valoración de profesionales docentes, sus condiciones laborales, planes de carrera, escala salarial, también infraestructura inclusiva, gestión democrática, financiamiento para espacios para realización de asamblea, de encuentro de gremios, buen funcionamiento del Consejo Escolar, integración de los espacios de participación. La visión de conjunto significa contemplar condiciones de aprendizaje e intercambio que garantice autonomía, que considere los contextos y sea territorializada, para favorecer un diálogo conjunto del conocimiento.
La propuesta inicial del Costo Alumno Calidad se fue mejorando a lo largo de los años, a partir de los congresos de educación, cuando se sumó la participación de todos los sectores, entidades y movimientos de educación para llegar al congreso nacional de educación básica de 2008. Se han repetido los congresos nacionales de educación en 2010, 2014 y 2018, mientras que el congreso nacional popular de educación en 2018 y 2022.
A partir de la sistematización de participaciones en las conferencias, hicimos una interlocución con el Consejo Nacional de Educación y la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación, haciendo una resolución normativa indicando el segmento de estudiante y calidad. Lamentablemente esta resolución nunca fue homologada por el Ministerio de Educación, es decir, no fue puesta en práctica.
Por otro lado, logramos incidencia política en el Conferencias Nacional junto con toda la sociedad para demandar que el índice de CAQ fuera considerado el parámetro para el cálculo del financiamiento de la educación. Fue a través del costo por estudiante que calculamos el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación en el plan nacional de educación.
Sin embargo, este plan fue dejado de lado por las políticas de austeridad y la gestión de los últimos gobiernos autoritarios que no siguieron la legislación educativa.
Han pasado 11 años de lucha y hemos llegado a la Constitución Federal, que fue el primer mecanismo extenso en Brasil totalmente construido por la sociedad, pero todavía tenemos mucha lucha por delante, para pensar temas como los mecanismos de financiación, la evaluación de la calidad y el control social de la educación en Brasil.
Andressa Pellanda, Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación
La aprobación en la Constitución Federal como el principal parámetro para el fondo para la educación básica en Brasil consideramos una conquista del proceso social. Nuestra propuesta era tomarlo como parámetro para el cálculo de la calidad del valor por estudiante, así como en el Plan Nacional de Educación.
La regulación del parámetro es un reto, porque hay un debate sobre lo que sería este costo – estudiante con el criterio de calidad, que implica llegar al consenso sobre el sentido de la calidad y sus parámetros de medición, a lo que sigue su regulación y el seguimiento a su aplicación.
Han pasado 11 años de lucha y hemos llegado a la Constitución Federal, que fue el primer mecanismo extenso en Brasil totalmente construido por la sociedad, pero todavía tenemos mucha lucha por delante, para pensar temas como los mecanismos de financiación, la evaluación de la calidad y el control social de la educación en Brasil.
Los aprendizajes deben transformar las desigualdades
¿Cuáles son las prioridades para lograr un financiamiento decolonial en la región latinoamericana y caribeña?
Andressa Pellanda.- El primer punto es que la educación debe ser entendida como un derecho y no como un servicio, mucho menos aquella dirigida a la formación precaria de una mano de obra que no desafía el status quo en América Latina. El status quo es elitista, racista, colonial que se vive en todas las estructuras sociales y culturales.
Tenemos que dar un giro hacia una visión de la educación de los territorios, para que la política educativa y de financiamiento contemple las diversas necesidades, las demandas y diversidades de todo tipo, también culturales presentes en nuestros países. Considerar a los pueblos indígenas, los pueblos tradicionales originarios, los pueblos quilombolas, los pueblos rurales y las propias diversidades que existen incluso dentro de estos pueblos.
Sólo si construimos un sistema de gestión democrática veremos una transformación de la legislación, institucional y de la calidad de la educación. Por supuesto, sabemos que la educación no salva el mundo, pero no salvaremos el mundo sin la educación, así que tendremos que asegurarnos de que nuestras poblaciones puedan verse a sí mismas y formar parte de estas políticas educativas, que significan mejorar el financiamiento con las diversidades y territorialidades, especialmente considerando las desigualdades históricas.
Invitación al cierre desde la tierra de Paulo Freire, nuestro maestro popular mundial
Andressa Pellanda.- Paulo Freire es nuestro gran maestro educador que dijo que la educación por sí sola no transforma el mundo, pero la educación si transforma a las personas que van a transformar el mundo. Así que tenemos que poner a las personas en el centro de nuestra agenda para la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) para garantizar que este mundo se transforme y que en el siglo veintiuno, podamos finalmente superar la estructura colonial que todavía existe a nivel global y dentro de nuestros países.
Mira video de la entrevista
México: Movimiento Pedagógico dialoga con la Secretaría de Educación del país para defender el derecho humano a la educación en la Nueva Escuela Mexicana
18 de mayo de 2023“Trascender las coyunturas políticas y profundizar la defensa del derecho humano a la educación en México” es el lema del Movimiento Pedagógico Mexicano (MPM), formado por diversas organizaciones, redes, investigadoras, instituciones y estudiantes – entre ellas la Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM) – quienes se presentaron ante la Secretaria de Educación Pública, la maestra Leticia Ramírez Amaya, en una reunión celebrada el 27 de abril en ciudad de México.
Además de la CADEM, esta iniciativa cuenta con el respaldo de investigadoras/es, estudiantes, escuelas, madres y padres de familia de todo el país, a las que se han sumado redes nacionales como la Red EPJA Educación de personas Jóvenes y Adultas, la Red de investigadores e investigadoras Educativos en México (REDIEEM), la Red CART, el Centro de Investigación en Pensar Pedagógico e Innovación (CIPPIE), el Colectivo Tequio, el sector universitario con la Universidad Pedagógica Nacional Jalisco, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Mc Laren y la Universidad Campesina e Indígena en Red.
La Nueva Escuela Mexicana (NEM) es el proyecto educativo integral de carácter humanista que procura la transformación del currículum de los programas de estudio, así como la enseñanza, pretende comprender y atender las condiciones de equidad, inclusividad, excelencia académica y mejora continua, partiendo de la relación del alumno con la comunidad a la que pertenece.
La Nueva Escuela Mexicana (NEM) es el proyecto educativo integral de carácter humanista que procura la transformación del currículum de los programas de estudio, así como la enseñanza, pretende comprender y atender las condiciones de equidad, inclusividad, excelencia académica y mejora continua, partiendo de la relación del alumno con la comunidad a la que pertenece.
En este marco se concretó la reunión de presentación del Movimiento Pedagógico Mexicano ante la ministra para posicionarse como eje articulador y horizonte común para la defensa del Derecho Humano a la Educación en el país. El encuentro estuvo bajo la coordinación de Jesús Juárez Reyes, coordinador nacional de la CADEM y de Suhail Rodríguez de la Fundación Uemakú.
Exigencia integral del derecho humano a la educación
Jesús Juárez manifestó la importancia de poner en el centro de los esfuerzos de la Nueva Escuela Mexicana la garantía del derecho humano a la educación en todas sus dimensiones, a lo largo de toda la vida para todas las personas. “Es fundamental hacer partícipe a la sociedad mexicana para que el compromiso y participación integral de la población sea el piso firme que concretice los postulados de la Nueva Escuela Mexicana”, afirmó el maestro.
En el encuentro participaron diferentes organizaciones integrantes de la membresía de la CADEM, como la Red para la transformación educativa de Michoacán, el Centro de Desarrollo Educativo de Zacatelco de Tlaxcala, la Alianza para la Integración comunitaria Utopía AC del estado de México, el Centro de Estudios Afromexicanos Tembembe de Morelos y el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), quienes desde sus diferente luchas se suman y aportan al Movimiento Pedagógico Mexicano.
La inclusión y el sentido social de la educación se prioriza en la agenda
El documento político del Movimiento muestra su identidad incluyente de todas las voces, miradas y experiencias del país centradas en hacer comunidad, así como en recuperar los saberes sociales y culturales desde lo local. Por ello, el Movimiento Pedagógico Mexicano se suma a la Nueva Escuela Mexicana para impulsar desde un movimiento social para que se construya un vínculo pedagógico entre la comunidad educativa y el derecho humano a la educación. 
El derecho humano a la educación como derecho habilitante, además, favorece lo que propone la Nueva Escuela Mexicana como la revalorización de las maestras y los maestros, el diseño curricular desde los territorios, transformar la práctica educativa y aprender a aprender en libertad” se subrayó durante la presentación.
Según el documento se señalan que los objetivos del Movimiento dialogan cercanamente con la Nueva Escuela Mexicana, se sintetiza con la consolidación y articulación de las experiencias de transformación educativa; promoción de la autonomía de maestras y maestros; aprendizaje en y desde las prácticas de transformación educativa y pedagógica para incidir en la política pública educativa y en el desarrollo de la Nueva Escuela Mexicana; con la inclusión de movilizaciones pedagógicas emergentes; fomentando espacios para manifestar y trabaja con los diversos colectivos; también impulsa de forma permanente al y a la docente como investigadores y sujetos que trabajan por una educación con sentido social en la construcción de propuestas que fortalecen políticas públicas que representen los intereses de grupos sociales que han sido excluidos o marginados.
Las voces juveniles y estudiantiles toman fuerza
Ante la Secretaria se presentaron experiencias educativas poniendo especial atención en ponderar la importancia de las labores de educomunicación a ejemplo de la educación popular y la comunicación popular, se presentó la iniciativa del Círculo de Cultura Paulo Freire para favorecer las “Conversaciones entre la experiencia docente y la Nueva Escuela Mexicana”, referida incluso la investigación educativa como estrategia formativa colectiva.
La estudiante del CDEZ, Ximena Rodríguez Guillén recalcó que en el Movimiento hay experiencias educativas de más de 20 años que son ejemplos de concreción de la Nueva Escuela Mexicana, al mismo tiempo aprovechó la atención de la Secretaria para recordar que es fundamental la voz y participación democrática de las y los estudiantes del país en todas las etapas de construcción de la Nueva Escuela Mexicana.
“Las y los estudiantes queremos ser tomados en cuenta para aportar desde nuestro entusiasmo, dinamismo, creatividad y reflexión propia en todos los espacios educativos del país”, afirmó la estudiante Ximena Rodríguez Guillén durante el encuentro.
Apertura al diálogo permanente entre Secretaría y el Movimiento
Durante el encuentro se compartieron los resultados del diálogo con maestras y maestros sobre la propuesta del plan de estudios de educación básica de la Nueva Escuela Mexicana, con los puntos favorables y las tensiones.
El Movimiento resaltó el acuerdo con los principios de la Nueva Escuela Mexicana para una educación justa, humanista, inclusiva y participativa. También se expuso la convocatoria entre el 3 y el 6 de agosto, en la ciudad de Morelia – Michoacán para el Encuentro Internacional de Saberes Pedagógicos como espacio para presentar públicamente la iniciativa y promover un Movimiento Social por la Educación.
A juicio de Jesús Juárez, “la maestra Leticia se mostró muy contenta con la propuesta del Movimiento, y reconoció su autonomía e instó a conservarla”, declaró en el comunicado oficial que mantendrá un diálogo permanente y creará una coordinación para colaborar con la Nueva Escuela Mexicana.
Respaldo internacional
Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación, saludó a la secretaria haciendo un reconocimiento del esfuerzo por garantizar el derecho humano a la educación a todas las poblaciones del territorio mexicano y consideró que la Nueva Escuela Mexicana es una agenda común por lo que reiteró su respaldo en la articulación con la CME.
Por su parte, la coordinadora de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), Nelsy Lizarazo, expresó el respaldo y gratificación por la iniciativa que impulsa la CADEM, además, propuso seguir coadyuvando estrategias similares desde la CLADE. El Movimiento es inspiración para la región, afirmó Nelsy Lizarazo.
