México: Movimiento Pedagógico dialoga con la Secretaría de Educación del país para defender el derecho humano a la educación en la Nueva Escuela Mexicana
18 de mayo de 2023“Trascender las coyunturas políticas y profundizar la defensa del derecho humano a la educación en México” es el lema del Movimiento Pedagógico Mexicano (MPM), formado por diversas organizaciones, redes, investigadoras, instituciones y estudiantes – entre ellas la Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM) – quienes se presentaron ante la Secretaria de Educación Pública, la maestra Leticia Ramírez Amaya, en una reunión celebrada el 27 de abril en ciudad de México.
Además de la CADEM, esta iniciativa cuenta con el respaldo de investigadoras/es, estudiantes, escuelas, madres y padres de familia de todo el país, a las que se han sumado redes nacionales como la Red EPJA Educación de personas Jóvenes y Adultas, la Red de investigadores e investigadoras Educativos en México (REDIEEM), la Red CART, el Centro de Investigación en Pensar Pedagógico e Innovación (CIPPIE), el Colectivo Tequio, el sector universitario con la Universidad Pedagógica Nacional Jalisco, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Mc Laren y la Universidad Campesina e Indígena en Red.
La Nueva Escuela Mexicana (NEM) es el proyecto educativo integral de carácter humanista que procura la transformación del currículum de los programas de estudio, así como la enseñanza, pretende comprender y atender las condiciones de equidad, inclusividad, excelencia académica y mejora continua, partiendo de la relación del alumno con la comunidad a la que pertenece.
La Nueva Escuela Mexicana (NEM) es el proyecto educativo integral de carácter humanista que procura la transformación del currículum de los programas de estudio, así como la enseñanza, pretende comprender y atender las condiciones de equidad, inclusividad, excelencia académica y mejora continua, partiendo de la relación del alumno con la comunidad a la que pertenece.
En este marco se concretó la reunión de presentación del Movimiento Pedagógico Mexicano ante la ministra para posicionarse como eje articulador y horizonte común para la defensa del Derecho Humano a la Educación en el país. El encuentro estuvo bajo la coordinación de Jesús Juárez Reyes, coordinador nacional de la CADEM y de Suhail Rodríguez de la Fundación Uemakú.
Exigencia integral del derecho humano a la educación
Jesús Juárez manifestó la importancia de poner en el centro de los esfuerzos de la Nueva Escuela Mexicana la garantía del derecho humano a la educación en todas sus dimensiones, a lo largo de toda la vida para todas las personas. “Es fundamental hacer partícipe a la sociedad mexicana para que el compromiso y participación integral de la población sea el piso firme que concretice los postulados de la Nueva Escuela Mexicana”, afirmó el maestro.
En el encuentro participaron diferentes organizaciones integrantes de la membresía de la CADEM, como la Red para la transformación educativa de Michoacán, el Centro de Desarrollo Educativo de Zacatelco de Tlaxcala, la Alianza para la Integración comunitaria Utopía AC del estado de México, el Centro de Estudios Afromexicanos Tembembe de Morelos y el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), quienes desde sus diferente luchas se suman y aportan al Movimiento Pedagógico Mexicano.
La inclusión y el sentido social de la educación se prioriza en la agenda
El documento político del Movimiento muestra su identidad incluyente de todas las voces, miradas y experiencias del país centradas en hacer comunidad, así como en recuperar los saberes sociales y culturales desde lo local. Por ello, el Movimiento Pedagógico Mexicano se suma a la Nueva Escuela Mexicana para impulsar desde un movimiento social para que se construya un vínculo pedagógico entre la comunidad educativa y el derecho humano a la educación. 
El derecho humano a la educación como derecho habilitante, además, favorece lo que propone la Nueva Escuela Mexicana como la revalorización de las maestras y los maestros, el diseño curricular desde los territorios, transformar la práctica educativa y aprender a aprender en libertad” se subrayó durante la presentación.
Según el documento se señalan que los objetivos del Movimiento dialogan cercanamente con la Nueva Escuela Mexicana, se sintetiza con la consolidación y articulación de las experiencias de transformación educativa; promoción de la autonomía de maestras y maestros; aprendizaje en y desde las prácticas de transformación educativa y pedagógica para incidir en la política pública educativa y en el desarrollo de la Nueva Escuela Mexicana; con la inclusión de movilizaciones pedagógicas emergentes; fomentando espacios para manifestar y trabaja con los diversos colectivos; también impulsa de forma permanente al y a la docente como investigadores y sujetos que trabajan por una educación con sentido social en la construcción de propuestas que fortalecen políticas públicas que representen los intereses de grupos sociales que han sido excluidos o marginados.
Las voces juveniles y estudiantiles toman fuerza
Ante la Secretaria se presentaron experiencias educativas poniendo especial atención en ponderar la importancia de las labores de educomunicación a ejemplo de la educación popular y la comunicación popular, se presentó la iniciativa del Círculo de Cultura Paulo Freire para favorecer las “Conversaciones entre la experiencia docente y la Nueva Escuela Mexicana”, referida incluso la investigación educativa como estrategia formativa colectiva.
La estudiante del CDEZ, Ximena Rodríguez Guillén recalcó que en el Movimiento hay experiencias educativas de más de 20 años que son ejemplos de concreción de la Nueva Escuela Mexicana, al mismo tiempo aprovechó la atención de la Secretaria para recordar que es fundamental la voz y participación democrática de las y los estudiantes del país en todas las etapas de construcción de la Nueva Escuela Mexicana.
“Las y los estudiantes queremos ser tomados en cuenta para aportar desde nuestro entusiasmo, dinamismo, creatividad y reflexión propia en todos los espacios educativos del país”, afirmó la estudiante Ximena Rodríguez Guillén durante el encuentro.
Apertura al diálogo permanente entre Secretaría y el Movimiento
Durante el encuentro se compartieron los resultados del diálogo con maestras y maestros sobre la propuesta del plan de estudios de educación básica de la Nueva Escuela Mexicana, con los puntos favorables y las tensiones.
El Movimiento resaltó el acuerdo con los principios de la Nueva Escuela Mexicana para una educación justa, humanista, inclusiva y participativa. También se expuso la convocatoria entre el 3 y el 6 de agosto, en la ciudad de Morelia – Michoacán para el Encuentro Internacional de Saberes Pedagógicos como espacio para presentar públicamente la iniciativa y promover un Movimiento Social por la Educación.
A juicio de Jesús Juárez, “la maestra Leticia se mostró muy contenta con la propuesta del Movimiento, y reconoció su autonomía e instó a conservarla”, declaró en el comunicado oficial que mantendrá un diálogo permanente y creará una coordinación para colaborar con la Nueva Escuela Mexicana.
Respaldo internacional
Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación, saludó a la secretaria haciendo un reconocimiento del esfuerzo por garantizar el derecho humano a la educación a todas las poblaciones del territorio mexicano y consideró que la Nueva Escuela Mexicana es una agenda común por lo que reiteró su respaldo en la articulación con la CME.
Por su parte, la coordinadora de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), Nelsy Lizarazo, expresó el respaldo y gratificación por la iniciativa que impulsa la CADEM, además, propuso seguir coadyuvando estrategias similares desde la CLADE. El Movimiento es inspiración para la región, afirmó Nelsy Lizarazo.
Isaac Ruiz, Marcha Global contra el Trabajo Infantil: Educación y prevención del trabajo infantil, una relación de ida y vuelta
5 de abril de 2023“Garantizar que niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar de todos sus derechos, que tengan una educación pública gratuita y de calidad, y que estén en la protección de realizar cualquier trabajo que pueda perjudicarlos o entorpecer su desarrollo” este es el trabajo de la Marcha Global contra el trabajo infantil, red de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, gremios de docentes, niños, niñas y adolescentes con competencia a nivel mundial que desde 1998 suma esfuerzos contra el trabajo forzoso y la trata. Es fundadora de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y también integra la CLADE como red regional.
La CLADE conversó con Isaac Ruiz, director de programa del Centro de Estudios Sociales y Publicaciones (CESIP) e integrante de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, sobre la iniciativa y el contexto actual de América Latina y el Caribe con relación a la lucha contra el trabajo infantil – avances y desafíos.
La educación es clave para acabar con el trabajo infantil
A través de la educación, la sociedad se vuelve más conscientes de sus beneficios y del daño que puede causar el trabajo infantil. Según la Marcha Infantil el acceso a la educación ayuda a reducir la pobreza, siendo una de las causas fundamentales del trabajo infantil. Un financiamiento de $39 mil millones de dólares podría proporcionar educación preescolar, primaria y secundaria de calidad a todos los niños, las niñas y adolescentes para 2030.
Para el activista Isaac Ruiz, la vinculación entre educación y la prevención del trabajo infantil es de ida y vuelta. El trabajo infantil es una de las principales causas de la exclusión escolar, y a la vez las deficiencias del sistema educativo se convierten en una causa del trabajo infantil. Considera fundamental sumar esfuerzos para lograr una educación pública, universal, obligatoria y gratuita para los niños, las niñas y adolescentes sin ningún tipo de exclusión.
Cerca de 3.1 millones de niños y niñas, según el especialista, se quedaron fuera del sistema escolar. Pasada la crisis sanitaria, una parte importante regresó, aunque no se cuentan con datos precisos de quienes se quedaron a trabajar como una estrategia de sobrevivencia económica familiar, impidiendo su retorno a las clases regulares, una vez que se hiciera presencial en cada uno de los países de la región.
Las labores de cuidado como riesgo de exclusión escolar
La pandemia fue una grave crisis de derechos humanos. Con preocupación se señala que durante la pandemia los contextos domésticos de hogares se complejizaron, ya que en muchos casos aumentó el abandono escolar, de cargas y responsabilidades de cuidado por parte de niñas y jóvenes, así como el reforzamiento de tareas para la economía familiar desde el trabajo infantil, afirma Isaac Ruiz.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que aproximadamente 152 millones de niños y niñas, entre 5 y 17 años participa del trabajo infantil. Trabajan en labores domésticas en hogares, talleres y plantaciones. Las niñas tienen más probabilidades de estar involucradas en el trabajo doméstico, como se evidenció especialmente durante el tiempo de la pandemia.
El trabajo infantil “se define como el trabajo que priva a los niños y las niñas de su infancia, su potencial y su dignidad, que es perjudicial para el desarrollo físico y mental e interfiere con su escolaridad, y por lo tanto debe ser eliminado. Se refiere al trabajo que es mental, física, social o moralmente peligroso y dañino e interfiere con su escolarización (bien por abandono, o rivalizando con carga horaria)”.
Se llama la atención sobre el trabajo que afecta la salud, desarrollo personal y/o que interfiere con la escolaridad de los niños y las niñas, con frecuencia se considera algo positivo, como ayudar a la subsistencia económica del hogar o ingreso fuera del horario escolar y durante las vacaciones escolares.
La reducción sistemática del trabajo infantil que se había logrado antes del año 2020, vivió un rebrote con la pandemia. Isaac Ruiz menciona que pudiera tratarse de una generación perdida, ya que prácticamente durante 2 años la mayoría de las infancias estuvieron fuera de la escuela, apelando a los medios virtuales, enfrentando las consecuencias de la brecha digital.
El derecho humano a la educación como un pilar
Actuar en coherencia con un enfoque de derechos humanos implica garantizar la subsistencia de las familias, y que esto no constituya un riesgo para la exclusión escolar, así la garantía del derecho humano a la educación potencia las capacidades de niños, niñas y adolescentes, cuidando los escenarios de vulneración, especialmente de trabajo infantil.
Existen dos pilares claves para abrazar estas garantías de derechos, uno el derecho humano a la educación y el combate a la pobreza, afirma Isaac Ruiz. Al mismo tiempo exhorta a generar espacios de escucha atenta a los niños y las niñas como sujetos de derecho con perspectivas y enfoque propios.
Las demandas de la sociedad civil deben contemplar la lucha por un financiamiento justo para la educación, y políticas de protección de las infancias y juventudes con enfoques integrales, de acompañamiento y seguimiento de prevención del abandono escolar y de contextos de trabajo infantil.
Las condiciones de pobreza empeoran los entornos familiares
Los mecanismos de protección y de enfoque de derecho desde los Estados deberían fortalecer un camino de ida y vuelta entre el derecho a la educación y la lucha contra la pobreza.
En este contexto se impulsan acciones para enfrentar el trabajo infantil en todas sus formas, lo que incluye la adopción de los marcos jurídicos y tratados internacionales, así como los nacionales desde la garantía de derechos humanos. Por ello la Marcha Global acompaña los procesos de incidencia en las políticas nacionales de los países como mesas intersectoriales, comisiones de trabajo y planes de políticas públicas.
En la caracterización del trabajo infantil que ofrece el marco internacional se cuida la intención de proteger el interés superior de los niños y las niñas, especialmente en la prevención del trabajo considerado riesgoso o peligroso y que no constituya la interrupción de la trayectoria escolar.
A juicio de Isaac Ruiz, aunque exista un acuerdo promedio de 15 años, el hecho de que formas particulares de trabajo puedan o no llamarse trabajo infantil depende de la edad, el tipo de tarea, esfuerzo y las horas de dedicación.
Según el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “las peores formas de trabajo infantil incluyen todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la servidumbre, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; el uso, reclutamiento u oferta de un niño para la prostitución, para la producción de pornografía o para espectáculos pornográficos; el uso, reclutamiento u ofrecimiento de un niño para actividades ilícitas, en particular para la producción y el tráfico de drogas como se define en los tratados internacionales pertinentes; trabajo que, por su naturaleza o las circunstancias en que se realiza, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.”
Dentro de las peores formas de trabajo infantil que se constituye como delitos, se encuentra la trata de personas, bien con fines de explotación sexual, laboral u otras como mendicidad, servidumbre o matrimonio forzoso.
El trabajo doméstico es peligroso, en el análisis del especialista, en tanto que la mayoría de las veces en las legislaciones de los países de la región no está permitido para personas menores de 18 años, pero en la realidad se encubren con la figura de “ahijaditas o criaditas” que son acogidas supuestamente para apoyar en su desarrollo personal, siendo una condición de explotación frecuente en algunas comunidades.
Es importante diferenciar el trabajo rural que puede ser considerado como una actividad formativa familiar, siempre y cuando prevenga la no manipulación de productos tóxicos, cargas pesadas u horarios extendidos.
También se considera el riesgo del trabajo forzoso regularmente se hace con fines de explotación económica, la OIT reseña que al menos 26% de estas víctimas son niños, niñas y adolescentes estrechamente vinculados al trabajo infantil. Igualmente se menciona el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados.
La marcha global señala que “en todo el mundo, millones de niños, niñas y adolescentes realizan trabajos extremadamente peligrosos en condiciones nocivas que les impiden recibir una educación y perjudican su desarrollo físico, mental o social. Cada día, aproximadamente 152 millones de personas trabajan en granjas, campos, fábricas, casas, calles y campos de batalla. De estos, 64 millones son niñas y 88 millones son niños. De este total, la asombrosa cifra de 73 millones se dedican a trabajos peligrosos.”
Despedida de la entrevista: todos los derechos para que nadie se quede atrás
Para la despedida Isaac Ruiz, señala la importancia de “todos los derechos, para todos los niños y niñas, para que nadie se quede atrás” así como la consigna “más educación, menos trabajo infantil”.
Informe sobre el impacto de la pandemia en el trabajo infantil y educación
Con la pandemia, las medidas de distanciamiento evidenciaron las asimetrías existentes y las profundizaron, suponiendo un retroceso educativo que ha profundizado las desigualdades, principalmente por las condiciones económicas y sociales de la gran mayoría de la población. No sólo en términos de situación económica, empleo, sino también en otros aspectos como el incremento del trabajo infantil y la violencia sexual y de género.
El informe sobre el impacto de la pandemia de la COVID-19 en el trabajo infantil y educación en países de Sudamérica, publicado en 2021 por la Marcha Global Contra el Trabajo Infantil, tiene por objetivo la evaluación de los impactos en la educación y en el trabajo infantil. Para ello, recopiló información en Sudamérica, con siete países, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, junto a la revisión de fuentes secundarias de organismos multilaterales, organizaciones Internacionales, no gubernamentales, sindicatos y redes de sociedad civil.
Sobre la Marcha Global
La marcha global ha sensibilizado sobre el trabajo infantil para abogar por la ratificación y aplicación universales de los convenios clave sobre trabajo infantil, es decir, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En sus lineamientos institucionales afirman que procuran “cambiar el conocimiento, las actitudes y el comportamiento de las personas hacia los niños en el trabajo infantil, empoderar a una nueva generación de personas para decir no a esta forma de violencia contra los niños y promover el trabajo decente para jóvenes en edad laboral legal”. La Marcha está liderada por Kailash Satyarthi, quien es un activista de origen indio, ganador del Premio Nobel de la Paz en 2014 junto a Malala Yousafzai.
La iniciativa reconoce la importancia crítica de garantizar la Agenda 2030, se ha comprometido particularmente con el logro del objetivo de desarrollo sostenible (ODS) en la meta 8.7 que consiste en “tomar medidas inmediatas y efectivas para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a la esclavitud moderna y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluido el reclutamiento y uso de niños soldados y para 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”.
Episodio 4: sobre Proyecciones 2023 ¿Qué esperamos para el derecho humano a la educación? en el Podcast Educación ¿Qué onda?
23 de febrero de 2023La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) comparte el cuarto episodio de su Podcast, Educación ¿qué onda? En esta primera emisión del año 2023 se comparten las proyecciones que soñamos y luchamos para que el derecho humano a la educación sea ejercido en plenitud por toda la población de nuestra región latinoamericana y caribeña.
Este cuarto episodio con una duración de 24 minutos destaca las Proyecciones para este 2023, en el marco de la Campaña #EducaciónEnEmergencias que impulsa desde diversas latitudes esfuerzos por la incidencia y protección del derecho humano a la educación.
El episodio sobre Proyecciones cuenta con la participación de Madeleine Zúñiga, coordinadora nacional de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación; Raúl Valdés, coordinador de programa del Instituto de Aprendizaje a lo Largo de toda la vida UIL- UNESCO y director del programa de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje; Vernor Muñoz, jefe de política y activismo de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y ex relator especial para el derecho a la educación y Belén Arcucci, coordinadora del Programa de derechos de las personas con discapacidad de la Asociación civil por la igualdad y la justicia (ACIJ) y coordinadora de la Red Regional por la Educación Inclusiva de Latinoamérica (RREI).
Escucha el podcast completo:
Notas en la Pizarra: incertidumbre política en Perú y el monitoreo de datos de la EPJA
Contamos con el análisis del contexto político de Perú que se mantiene en incertidumbre, siguen las movilizaciones en diversos puntos del país, estas acciones han sido fuertemente reprimidas por las autoridades policiales y militares, al mismo tiempo se evidencian decisiones ministeriales que vulneran el derecho humano a la educación.
También compartimos la mirada crítica del Informe Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos (GRALE, por sus siglas en inglés) del Instituto de Aprendizaje a lo Largo de toda la vida UIL- UNESCO, que facilita el seguimiento de la evolución del aprendizaje y la educación en la política de los Estados para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA).
Ecos y Voces: digitalización y derecho a la educación
El derecho a la educación ha sufrido un impacto por la virtualización, lo que a su vez ha exigido a la sociedad civil profundizar en el debate sobre el uso de las tecnologías.
La posibilidad de la digitalización de ningún modo debe entenderse como una sustitución de la escuela, al contrario debe facilitar la valoración de la educación pública con un financiamiento justo y pertinente.
En este episodio, Vernor Muñoz, jefe de política y activismo de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y ex relator especial para el derecho a la educación nos comparte su análisis sobre la creciente digitalización y comparte su visión sobre la actuación de la CLADE en el escenario internacional.
Tejiendo en Red: la inclusión educativa en 2023
Para finalizar, invitamos a escuchar la labor que adelanta la Red Regional por la Educación Inclusiva de Latinoamérica (RREI), que trabaja por el derecho de las personas con discapacidad a recibir educación inclusiva en una escuela para todas y todos, presente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Honduras.
Declaraciones de Belén Arcucci, Coordinadora del Programa de derechos de las personas con discapacidad de la Asociación civil por la igualdad y la justicia (ACIJ) y coordinadora de la RREI.
Créditos:
Entrevistas y producción: María Cianci Bastidas
Locuciones: Gabriela Arrunátegui, equipo regional de la CLADE y Alejandro Suárez, comunicador de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación
Canción: Anónima.
Apoyo musical: Anónima. Jaque.
Ilustración: Renata Dorea
Producción general: Nelsy Lizarazo, Thais Iervolino, Carolina Osorio y María Cianci Bastidas
Perú: contexto político inestable amenaza el derecho humano a la educación
30 de enero de 2023La educación peruana sufrió hoy temprano (viernes 27 de enero) otro golpe de parte del Ministerio de Educación. Por Decreto Supremo DS 002-2023 se disolvió el Consejo Nacional de Educación (CNE), órgano especializado, consultivo y autónomo, creado hace 22 años, adscrito al Ministerio de Educación (MINEDU).
El CNE ha sido el responsable por la elaboración, concertación, seguimiento y evaluación de los Proyectos Educativos Nacionales (PEN). El último PEN al 2036 fue producto de una amplia consulta nacional, se sustenta en el derecho humano a la educación y los principios de inclusión, equidad, calidad y afianza el derecho a la educación a lo largo de la vida.
¿Por qué se disuelve el CNE?
Según la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE), los dos últimos pronunciamientos del Consejo, que respondieron a un contexto extremadamente complejo para el país, no fueron del agrado del actual ministro que considera que ese órgano no puede expresar su discrepancia con políticas y acciones que vulneran los principios antes señalados. Esta reacción, plasmada en el DS 002-2023, es totalmente inusual y solo se explica por el carácter autoritario que está imperando de parte del Ejecutivo en el país, en consonancia con el legislativo.
“En diversos momentos, el CNE ha manifestado su opinión frente a las políticas educativas emanadas del congreso o del MINEDU, ya sea para aprobarlas u observarlas si, de alguna manera, limitaban o vulneraban el derecho a una educación de calidad con inclusión y equidad”, afirma la CPDE.
La Campaña explica que las numerosas gestiones por las que ha pasado el sector Educación, incluyendo los últimos cinco ministros de la gestión de Pedro Castillo, respetaron la autonomía del CNE al pronunciarse a favor del enfoque de género, de la regulación de la educación superior, en contra del retroceso en medidas necesarias a la educación bilingüe intercultural, entre varias otras, que no eran de su agrado, demostrando el comportamiento democrático que se espera de representantes de gobiernos que declaran serlo.
“La actual gestión afirma día a día su poder rechazando drásticamente, castigando cualquier posición tan solo discrepante, eliminando de un plumazo su esperado comportamiento democrático, pilar de la formación ciudadana que el PEN al 2036 propugna por convicción”, afirma la CPDE.
El CNE disuelto tenía vigencia hasta el 2026; según el decreto supremo mencionado, en 12 días ya se debe haber conformado el nuevo consejo, que reduce su número de 25 a 12 líderes educativos, en el que ya no cabe la pluralidad en su conformación que tenía el disuelto.
Según la Campaña, la apuesta es que el Consejo tenga como nuevos integrantes personas que den luz verde en silencio o con halagos a lo que pueda seguir haciendo esta gestión que gobierna por intereses particulares, cero ideología o posición política, cero EJE Personas de la Agenda 2030 que el Estado peruano suscribió.
Entrevista con Madeleine Zúñiga C.: coyuntura política y el derecho a la educación en Perú
En diálogo con CLADE, Madeleine Zúñiga C., coordinadora nacional de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación manifestó su preocupación por la compleja y difícil situación que atraviesa Perú, a su juicio es un contexto multidimensional que genera mucha incertidumbre.
Mira el video:
Según ella, la inestabilidad de las instituciones democráticas que vive Perú desde inicios de diciembre han generado para la profesora razones justificadas para las protestas, sin embargo debe reconocerse el acumulado histórico nacional sobre el centralismo, la discriminación y las denuncias de corrupción que ha atravesado a representantes gubernamentales.
Las calles se han sumado al llamado “que se vayan todos” lo cual ha sido ampliamente difundido por los medios de comunicación. El mayor detonante para la coordinadora nacional de la campaña peruana ha sido el intento de golpe de Estado, con el anuncio del cierre del congreso, del tribunal constitucional.
“Si bien Pedro Castillo construyó su liderazgo desde la lucha magisterial y gremialista docente, le faltaron condiciones para sostener la gobernabilidad, demostrando dificultades operativas ante los continuos ataques de las fuerzas conservadoras y de derecha que defendían sus propios intereses. Inicialmente el proceso de elecciones que le dio ganador a Pedro Castillo estaba cargado de mucha expectativa de cambio, lo cual con el paso del tiempo desembocó en reducción de muchas de las simpatías iniciales” dice Madeleine Zúñiga.
Amenazas contra el derecho humano a la educación
Para la coordinadora, el derecho humano más afectado ha sido la educación, así como el de salud que desde la pandemia venía con mucho debilitamiento.
Ha habido varios retrocesos en los últimos meses, en el recuento que realiza la coordinadora por un lado se deja en manos de propietarios de las universidades particulares las directivas de la instancia estatal encargada de acreditar y certificar la calidad. Por otro, al enfoque de género, se aprueba la ley número 31.498 fuertemente cuestionada, ya que atenta contra los derechos adquiridos y otorga a los padres de familia la potestad de aprobación o no de los contenidos y textos escolares, este espacio está liderado por el grupo “con mis hijos no te metas”.
Madeleine Zúñiga expresa su alerta con la censura del enfoque crítico en historia, así como el recorte de la capacitación docente de la educación intercultural bilingüe, a lo que se sumó la flexibilización de criterios de selección docente y el proceso de nombramiento que le apareja.
Criminalización y amedrentamiento de las movilizaciones
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos ubicada en Lima fue utilizada como sitio de acogida de personas que se movilizaron a la capital. Madeleine Zúñiga comparte su inquietud por las múltiples grabaciones de estudiantes que demostraban el ingreso de una tanqueta que dañó la puerta del recinto universitario, pudiendo hacerlo sin uso de la violencia, lo cual para la docente era una muestra de amedrentamiento, abuso y humillación de varias decenas de personas que fueron detenidas arbitrariamente. “No hay estado de emergencia que justifique la humillación (…) la gente se siente impotente, porque la gente ha hecho marchas por la paz, pero parece que no tiene ninguna fuerza”, afirmó.
La población se ve afectada en diversos sentidos, entre ellos las dificultades de transporte público y los cierres de vías que a su vez evidencian la escasez de alimentos e intercambios entre las regiones para bienes de subsistencia. El sector del turismo también ha mermado considerablemente, afectando las economías locales.
Fuerte incertidumbre para el inicio de clases
Existe una gran interrogante sobre las verdaderas condiciones de inicio de clase en Perú, previsto para el 13 de febrero. Además de lo que significa la organización operativa, se deben enfrentar dos desafíos indispensables. Madeleine Zúñiga señaló que existe “una gran desigualdad, injusticia e inequidad educativa, se hace presente en el acceso a la educación y en el acceso a los aprendizajes.”
Por un lado el esfuerzo especial por la reintegración de la población escolar que durante la pandemia dejaron de estudiar bien por no poder pagar las matrículas de centros particulares o tener la necesidad de trabajar para apoyar la economía familiar, al reingresar presencialmente las clases, una buena parte del estudiantado migró a la educación pública que se mostró insuficiente para garantizar la cobertura.
Por otro lado, la adaptación curricular que se debe considerar luego que el período de pandemia forzosamente hiciera mediación tecnológica de algunos contenidos, afectando para la docente los procesos de aprendizaje acordados para las respectivas etapas educativas.
El viernes 27 se dio a conocer un comunicado suscrito por consejeros/as y exconsejeros/as del Consejo Nacional de Educación, en el que expresan que estas disposiciones no sólo minan la razón de ser del Consejo, sino que contribuyen a debilitar aún más la vida democrática e institucional en Perú.
Claudia Uribe, UNESCO: El trabajo de la CLADE es absolutamente necesario para incidir por el derecho a la educación
25 de noviembre de 2022Una de las invitadas a la XII Asamblea de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, fue la directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO – OREALC), Claudia Uribe, quién conversó con la CLADE sobre los principales retos de la educación en la región latinoamericana y caribeña, lo que UNESCO defiende por educación transformadora y el rol de las organizaciones y movimientos sociales para fortalecer la lucha por el derecho humano a la educación.
Según ella, “las organizaciones que hacen incidencia tienen que preocuparse mucho para que las oportunidades educativas lleguen a todo el mundo, y también por dar una mirada para que la educación realmente se oriente a preparar a la generación que se está formando, para poder navegar, responder y cambiar las situaciones que se están viviendo en el mundo”.
Lee, a continuación, la entrevista completa:
1.- Como representante de la UNESCO ¿Cuál es la importancia de participar en la Asamblea de la CLADE?
Claudia Uribe.- La convocatoria que hace la CLADE es muy importante porque la CLADE congrega un gran número de actores de la sociedad civil que además representa a muchísimas organizaciones en la región que trabajan por el derecho a la educación.
El trabajo de la CLADE es absolutamente necesario, complementario a las actividades que se puedan hacer desde organismos como en el que yo estoy [UNESCO] y, desde el trabajo que se pueda hacer desde los ministerios.
La CLADE reúne una voz que tiene que observar, demandar e incidir [por la garantía del derecho humano a la educación] y por eso una reunión cómo esta [XII Asamblea Regional CLADE] es de tanto interés, para escuchar esa voz, las perspectivas, sus opiniones y sus agendas. Para mí es una gran oportunidad estar aquí.
2.- Hemos discutido temas importantes para nuestra región, como brechas digitales, financiamiento, justicia fiscal y la participación en la democracia ¿Cuáles son los desafíos que tenemos en nuestra región?
Claudia Uribe.- Yo creo que los desafíos los acabas de mencionar en el listado que me dices de temas que se han discutido [durante la XII Asamblea Regional CLADE]. Obviamente se suma lo que está pasando en las escuelas y en los procesos educativos mismos, en donde lo que estamos viendo, desafortunadamente, es que los niveles de aprendizaje de nuestra región son muy bajos.
Hay algo que tenemos que revisar y mejorar para que todos los esfuerzos que estamos haciendo desde distintos ángulos – tanto los organismos, la sociedad, las familias y los niños mismos -, lleven a un resultado de aprendizaje, ahí hay un desafío gigantesco que se puede posibilitar, por supuesto, con estos otros temas que estamos discutiendo.
3.- ¿Qué educación se defiende en la agenda de la UNESCO? ¿Cuál transformación?
Claudia Uribe.- La Agenda que UNESCO impulsa que es la que recoge nuestra Agenda de Educación 2030 para el Desarrollo Sostenible y tiene una concepción de educación que es muy amplia, muy humanista y además que esperamos o aspiramos a que pueda también enfocarse en atender y a relacionar lo que pasa en las escuelas con los problemas y con los temas que enfrentan las generaciones que están en formación.
La UNESCO está haciendo seguimiento y abogacía por fortalecer y prepararse para un mundo que está cambiando muy rápido, desde los temas del cambio climático y los temas de la polarización política e ideológica, que nos están separando como sociedades, hasta los temas de la transformación digital que cambian por completo lo que sucede en el mercado laboral.
Lo que se espera que vayamos a hacer las personas, es ya hablar del futuro, es hablar hoy de los cambios que ya se están dando y la educación tiene que ajustarse, preparar a estas generaciones para un mundo que no es como el que yo conocí al menos.
Obviamente siempre manteniendo el tema del derecho, de la equidad y que la educación no sea para unos pocos no más, sino que sea para todos, que cualquier persona, cualquier niño o niña tenga la posibilidad de encontrar un espacio y una oportunidad de formación dentro de esta perspectiva.
4.- La educación tiene un horizonte para una sociedad más justa ¿cuál es el rol de las organizaciones para seguir el camino de la justicia social?
Claudia Uribe.- Las organizaciones que hacen incidencia tienen que preocuparse mucho de que las oportunidades educativas lleguen a todo el mundo, y también de dar una mirada para que la educación realmente se oriente a preparar a la generación que se está formando, para poder navegar, responder y cambiar las situaciones que se están viviendo en el mundo.
El concepto de cuidado es central, porque como humanidad tenemos que aprender a cuidarnos a nosotros mismos, a los demás y también cuidar al planeta. En esa concepción que parece tan simple hay una profundidad plena, la educación no puede estar ajena a impulsar, concientizar y preparar en ese sentido.
Declaración de Tegucigalpa: CLADE reitera el llamado a los Estados para que garanticen el financiamiento a la educación pública.
21 de noviembre de 2022“Que todos los Estados de la región de América Latina y Caribe garanticen el ejercicio pleno de los derechos humanos y la dignidad humana” afirman los 18 foros nacionales, 10 redes regionales y las 7 organizaciones internacionales que integran la red de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación a través de la Declaración final de la XII Asamblea Regional de la CLADE (en inglés), realizada entre los días 7 y 12 de noviembre en Tegucigalpa (Honduras).
El documento final del evento fue aprobado por la Asamblea y expresa el proceso de las reflexiones y debates durante la asamblea, así como la construcción colectiva sobre las preocupaciones compartidas en los contextos nacionales y en el ámbito regional en materia de derechos humanos.
Cuidado, transformación y Justicia social
La Asamblea sumó voces para relevar el cuidado, la transformación y la justicia social, como ejes centrales, incorporando lo generado en el encuentro presencial y las cuatro sesiones virtuales, reafirmando así la defensa de lo público estatal como camino para la superación de las discriminaciones y exclusiones.
“Que los Estados, sociedades, grupos organizados, coaliciones, redes, colectivos de comunicadores, e individuos amplíen los espacios y momentos para el cuidado con las personas, incluyendo el autocuidado, promoviendo la transformación necesaria para lograr la justicia social”, expresa el documento como parte de las demandas consideradas en el encuentro.
Demandas por los derechos humanos
En la declaración también se manifiesta el rechazo a “la deriva autoritaria en la región latinoamericana y caribeña, la violencia política de Estado, la persecución contra las personas defensoras de derechos humanos, personas jóvenes, manifestantes, organizaciones de la sociedad civil y contra la ciudadanía en general”.
Entre tanto se afirma “que la educación es un Derecho Humano universal, inalienable, irrenunciable, inherente a todas las personas, basado en principios de igualdad y no discriminación. Es un derecho habilitante para el ejercicio de los demás derechos humanos, y por tanto es indispensable para la promoción de la dignidad humana”.
Brasil post elecciones: el mayor desafío es evitar el avance del bolsonarismo en las escuelas
7 de noviembre de 2022En vísperas de la realización de la etapa presencial de la Asamblea Regional de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), conversamos con Andressa Pellanda, coordinadora de la Campaña Brasileña, sobre la importancia del trabajo de la red para garantizar el derecho humano a la educación.
Brasil acaba de celebrar una de sus elecciones más disputadas de los últimos tiempos. De un lado estaban los sectores de ultraderecha, representados por el actual presidente Jair Messias Bolsonaro, y, del otro, sectores más progresistas, cuyo candidato -y vencedor- fue Luiz Inácio Lula da Silva. Durante la entrevista, Andressa Pellanda relata el papel fundamental de la Campaña en la incidencia política y en el desafío de superación del movimiento de derecha que -incluso con la derrota de Bolsonaro- avanza en las escuelas y en la sociedad.
¡Buena lectura!
- Brasil acaba de elegir a un presidente progresista. ¿Cuál es el papel de la Campaña Brasileña de ahora en adelante?
Andressa Pellanda – La Campaña Nacional por el Derecho a la Educación nació el 5 de octubre de 1999, 11 años después de la promulgación de la Constitución Federal de Brasil, hecha el 5 de octubre de 1988, y el papel de la Campaña Brasileña – independientemente del contexto político- siempre ha sido la defensa de la Constitución, la democracia, la justicia social y el derecho a la educación como está escrito en la Carta Magna.
Después de todos estos años de gobiernos conservadores -que comenzaron con el golpe de Estado de 2016- volvemos a tener espacios y respiros para poder avanzar en la defensa del derecho a la educación en un ámbito democrático. Esta victoria de Lula [Luiz Inácio Lula da Silva] en esta elección representa una reanudación de la perspectiva democrática y de garantía de los derechos en Brasil, con la educación inmersa en ese contexto.
De esta forma, nuestro papel será seguir incidiendo para que tengamos mejoras en las políticas educativas y participar en todos los espacios de decisión posibles que se abran para la sociedad civil y trabajar para abrir más espacios de participación de la sociedad civil.
Un caso es el Foro Nacional de Educación, que fue desmontado en el gobierno de [Michel Temer], cuya Campaña era una de las integrantes. La idea es que podamos volver a participar, así como las demás entidades que se retiraron del foro cuando fue desmontado en el gobierno de Temer.
Seguramente tendremos que seguir ejerciendo un rol de control, vigilancia y presión social para que las políticas educativas avancen más en el camino del cumplimiento de lo que está previsto en nuestra Constitución.
También es importante fortalecer el trabajo de debate en las Conferencias de Educación, que fueron citadas por el mismo Lula en su discurso de victoria como uno de los ejes principales de la agenda de trabajo de su gobierno.
Sabemos que el gobierno de Lula será un gobierno de coalición, que ya les ha hecho señales a grupos con una postura política de centro y por lo tanto no será un gobierno que automáticamente reciba todas nuestras agendas progresistas, pero presenta, incomparablemente, un mejor escenario que el que teníamos hasta ahora, representando – simbólicamente – un hito que fortalece la democracia brasileña.
Seguramente tendremos que seguir ejerciendo un rol de control, vigilancia y presión social para que las políticas educativas avancen más en el camino del cumplimiento de lo dispuesto en nuestra Constitución.
- ¿Cómo fue el desempeño de la campaña brasileña en estas elecciones (incidencia política, carta a los candidatos, etc.)?
Andressa Pellanda – La Campaña tiene como prioridad en 2022 el trabajo de incidencia en las elecciones de octubre/noviembre de este año, ya que la definición del presidente y de los parlamentarios del Senado y de la Cámara Federal impactará el rumbo de la garantía de derechos, entre ellos el derecho a la educación, y de la propia democracia para los próximos años. Nuestra perspectiva dentro de la planificación estratégica y política fue precisamente poner la centralidad de la incidencia en las elecciones.
Lanzamos una carta de compromiso por el derecho a la educación con 40 puntos que van desde cuestiones estructurales de la economía y el estado brasileños, pasando por la financiación, el Plan Nacional de Educación (PNE), políticas de inclusión y diversidad y cuestiones específicas de etapas y modalidades, llegando a la Educación Superior, con la reanudación de las inversiones en investigación, ciencia y tecnología, y con acciones afirmativas como la ley de cuotas.
Llevamos la carta a todos los Estados, hicimos un lanzamiento nacional y la llevamos a las candidaturas de diputados estatales y federales, senadores y presidente para que, desde la firma del documento, los candidatos se comprometieran -si resultaran electos- con los 40 puntos. Obtuvimos 502 firmas de todos los cargos electos, de 26 de los 32 partidos, obteniendo un amplio espectro político, obteniendo la confirmación del apoyo de los entonces candidatos presidenciales Ciro Gomes y Lula. Esta carta es un resumen de la carta de la ciudad de Natal (RN) aprobada en la Conferencia Nacional Popular de Educación en julio de este año.
En los meses de noviembre y diciembre realizaremos reuniones y un diálogo nacional con un llamado a todas las candidaturas que firmaron el documento y, luego de este proceso, realizaremos diálogos regionales para territorializar la carta y llevarla a aquellas autoridades que firmaron el documento – 60% de las firmas – y hacer que esos compromisos salgan del papel.
- ¿Cuáles son los desafíos que enfrentará con relación a la lucha por el derecho a la educación en el escenario político, con nuevos y viejos gobernadores, diputados, senadores?
Andressa Pellanda – Nuestro Congreso Nacional sigue siendo muy desafiante. Tenemos una bancada de extrema derecha que ha aumentado con partidos como el PL (Partido Liberal), União Brasil, pero tenemos una bancada de izquierda, de autoridades que fueron electas con el compromiso de trabajar por garantizar el derecho a la educación. Aunque el Senado tiene representantes de la derecha, tenemos una importante representación del ala progresista.
Nuestro trabajo en el Congreso será muy duro, en un ambiente muy árido. Nuestro mayor desafío es regular el Sistema Nacional de Educación, culminar el proceso de regulación del Fundeb [Fondo para el Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y para la Valorización de los Profesionales de la Educación] y un desafío estructural que es la construcción del nuevo Plan Educación Nacional cuya vigencia comienza en menos de dos años.
El escenario brasileño, en términos de garantía de derechos para los próximos años, presenta desafíos muy duros. Esa fue la elección presidencial más disputada que hemos tenido. Le ganamos a Bolsonaro en la presidencia, pero necesitamos vencer al bolsonarismo en las escuelas y en la sociedad.
También vemos, poco después del final de las elecciones, la implementación del Proyecto de Ley de Educación en el Hogar (PL), cuya segunda audiencia contará con mi participación y se realizará dentro de dos semanas. El regreso de esta agenda presenta un escenario muy riesgoso, ya que con el fin del gobierno de Bolsonaro, la tendencia es que haya un movimiento para aprobar varios proyectos de ley que representan un retroceso a la garantía del derecho a la educación, como es el caso de la educación en el hogar. Nuestro papel es continuar en la resistencia a este tipo de proyectos.
El escenario brasileño, en términos de garantía de derechos para los próximos años, presenta desafíos muy duros. Esa fue la elección presidencial más disputada que hemos tenido. Le ganamos a Bolsonaro en la presidencia, pero necesitamos vencer al bolsonarismo en las escuelas y en la sociedad. Necesitamos acciones de mediano y largo plazo para que este escenario pueda revertirse.
- ¿Cuál será la agenda prioritaria de la campaña para 2023?
Andressa Pellanda – Nuestra agenda prioritaria para los próximos años fue aprobada por la Asamblea en enero de 2022 y tiene como lineamientos de política de construcción el Sistema Nacional de Educación, el nuevo PNE y el financiamiento vía Fundeb y la regulación del Costo de Calidad Estudiantil (CAQ) y el Sistema de Evaluación de la Educación Básica (Sinaeb) y, al mismo tiempo, continuaremos resistiendo las agendas conservadoras que han pautado el área y fueron destaques del gobierno de Bolsonaro, como la militarización de las escuelas, la educación en el hogar, la censura y los enfrentamientos a la libertad de cátedra.
También tenemos una agenda programática que toca las infancias y las adolescencias que son invisibles en Brasil, como las pertenecientes a pueblos indígenas, quilombolas, comunidades de migrantes, las que se encuentra en situación de calle, entre otros grupos que han sido marginados. Estamos en un gran frente intersectorial para visibilizar a estas poblaciones y también trabajamos para fortalecer la gestión democrática de las escuelas a través de la promoción y fortalecimiento de los gremios estudiantiles, en un fuerte trabajo con las juventudes en las escuelas.
Además, tenemos una agenda de producción de conocimiento y articulación con relación al conservadurismo y fundamentalismo religioso en un proyecto sobre religión y laicidad en la educación y, finalmente, tenemos un trabajo de fortalecimiento de la red propia de la Campaña, nuestras bases, diversidad de nuestros comités y movimientos que componen nuestra red y seguiremos trabajando para que la educación brasileña tenga un sistema transformador y antirracista a través del proyecto Seta, que es una iniciativa desarrollada en alianza con organizaciones educativas y movimientos negros de Brasil.
- ¿Cuál es la importancia de ser miembro de la CLADE y participar en su Asamblea?
Andressa Pellanda – Ser parte de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación permite intercambiar experiencias y análisis con países hermanos frente a los desafíos, además de aprender de esa diversidad y multiplicidad de miradas, de la producción de documentos formales y conocimiento no formal en esta red. También sumamos esfuerzos para que nuestra América Latina y el Caribe pueda crecer en el debate internacional, pueda incidir en ese debate para que las decisiones internacionales se tomen de manera más democrática, incorporando una agenda decolonial y de garantía de derechos de manera transversal con una interculturalidad, que es una marca importante en nuestra región.
La Asamblea de CLADE es un momento para reunir a todos los miembros de su red en vivo, especialmente después de la pandemia, y fortalecer el pacto colectivo para garantizar el derecho a la educación en América Latina y el Caribe y en el mundo.
Alfabetización digital crítica es parte de la agenda hacia el futuro justo y soberano
19 de octubre de 2022El Encuentro Regional Por el Derecho a un Futuro Digital Justo y Soberano se realizó los días 13 y 14 de octubre en la ciudad de Buenos Aires, en la Casa Patria Grande, Presidente Néstor Carlos Kirchner. El encuentro fue organizado conjuntamente por espacios latinoamericanos y caribeños como Internet Ciudadana y el Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica (FCINA).
El evento contó con la participación de personas de diferentes organizaciones de América Latina y el Caribe con intereses en las áreas de educación, agro-campo, comunicación, derechos laborales y tecnologías libres, entre otros. También participaron funcionarios, funcionarias de gobierno y especialistas que enriquecieron los debates sobre las implicancias del uso del internet y las tecnologías digitales, así como sobre la digitalización acelerada que ha permeado el funcionamiento de nuestras sociedades y que obedece fundamentalmente a intereses corporativos.
El encuentro logró consolidar un horizonte de objetivos para democratizar la tecnología y el ámbito digital, “Una agenda de 20 puntos hacia un futuro digital justo y soberano”, asimismo, se aprobó en la plenaria final la moción de emitir un pronunciamiento contra la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos.
Una agenda de 20 puntos hacia un futuro digital justo y soberano
Ante el contexto de una digitalización acelerada que revoluciona el funcionamiento de nuestras sociedades y donde prima un modelo que responde principalmente a intereses corporativos, proponemos los siguientes puntos como principios para una arquitectura digital orientada al bien común. Se trata de garantizar derechos individuales y colectivos, promover estructuras democráticas, abiertas y desconcentradas de las tecnologías digitales, impedir toda forma de vigilancia y control social y fomentar la distribución equitativa de sus beneficios, la no discriminación, la descolonización y la soberanía.
Internet: un bien universal común inajenable
- Promover el desarrollo de un sistema digital descentralizado, de poder distribuido y que transparente sus acciones, para que los usuarios puedan decidir de manera informada, voluntaria y autónoma sobre su desarrollo y usos.
El acceso a internet: un derecho humano y un servicio público esencial
- Garantizar el acceso a la conectividad de calidad y asequible como un derecho humano, así como el derecho a permanecer no conectado, sin que esto sea motivo de discriminación.
- Regular la infraestructura que garantiza la conectividad universal como un servicio público esencial, y fomentarlas condiciones de conectividad a través de iniciativas públicas, comunitarias o de cogestión pública-comunitaria, incluyendo alternativas colectivas de acceso.
- Asegurar, en casos de la instalación de infraestructura de conectividad, especialmente a gran escala, en las comunidades indígenas y/o rurales, que se respete su derecho al consentimiento libre, previo e informado,así comosu derecho a negarse a tales instalaciones.
- Garantizar un mínimo de conectividad 4G en todas las zonas, sin descuidar la realización deestudios de salud y medio ambiente independientes sobre posibles afectaciones de las redes 5G y otras fuentes de radiaciones. Asimismo apoyar el desarrollo de infraestructuras autónomas, fomentando tecnologías que no requieren de un servidor central y permitiendo su interconexión abierta con redes centralizadas.
Nuestros datos son nuestros
- Establecer estrictas regulaciones y políticas públicas a nivel nacional, regional e internacional para proteger de manera efectiva la privacidad. Fomentar el uso de la criptografía y la inhibición de técnicas de rastreo en los entornos digitales.
- Instaurar marcos legales que reconozcan que los datos de carácter íntimo y personalizado son inviolables, que los datos anonimizados son considerados bienes comunes y que los derechos patrimoniales y económicos sobre los datos pertenecen por defecto a la comunidad de la que provienen.
- Crear centros de datos a través del sector público, universidades públicas y/o entidades ciudadanas, que permitan mantener los datos en el territorio nacional y aplicar soluciones de inteligencia artificial (IA) que estimulen y beneficien la inteligencia colectiva local y regional.
- Restringir legalmente el uso del reconocimiento facial y la biometría. Tanto las entidades públicas como privadas deben adoptar protocolos de seguridad en las comunicaciones, los objetos “inteligentes” e implementar dispositivos de seguridad avanzados en los servicios de almacenamiento en la nube.
Para más democracia, limitar el poder empresarial
- Impulsar estrictas medidas regulatorias, aplicables mediante entes públicos autónomos, que impidan la concentración monopólica de poder en manos de las corporaciones digitales, en reemplazo de la engañosa e inocua autoregulación por parte de las mismas.
- Defender y respetar la neutralidad de la red, garantizando que los contenidos sean tratados de la misma forma, sin discriminación explícita o encubierta en su circulación.
- Obligar a las grandes empresas extranjeras a establecer presencia legal en el país donde brindan servicios digitales, así como conservar soberanía respecto al cobro de impuestos a estos servicios y soberanía regulatoria en materia de algoritmos, tratamiento de datos y seguridad informática.
- Impedir la cooptaciónde los espacios multilaterales y de gobernanza de Internet por parte delas corporaciones tecnológicas multinacionales, a través del sistema vigente de “múltiples partes interesadas”.
Tecnologías libres para sociedades libres
- Priorizar en la administración pública la utilización de herramientas digitales libres e interoperables. Impulsar el desarrollo de cooperativas y pequeñas y medianas empresas de producción y servicios tecnológicos, aportando así a la generación de trabajo de calidad y a la disminución de la dependencia tecnológica.
- Frente al abuso de las mal llamadas “redes sociales” corporativas, democratizar la comunicación a través de plataformas digitales descentralizadas, respetuosas con los usuarios y su privacidad e interoperables, cuyo fin sea promover un efectivo contacto entre las personas y las culturas.
- Regular las nuevas relaciones laborales, en especial el teletrabajo y el trabajo en plataformas digitales, para salvaguardar los derechos de las y los trabajadores.
- Insertar en los programas educativos la alfabetización digital crítica, educando para la soberanía y la autonomía y no para el consumo mercantil, lo que supone procesos de formación crítica de docentes. Asimismo, inhibir la penetración de plataformas corporativas en el ámbito educacional, garantizando el respeto por la privacidad y la no mercantilización de los datos de la comunidad educativa.
- Asegurarque la tecnología llegue al campo según un modelo de gestión pública o comunitaria y construir capacidad de evaluación participativa de las tecnologías por parte de las comunidades rurales y/o campesinas, en defensa de la soberanía alimentaria, la justicia social y el cuidado agroecológico y medioambiental.
Hacia la soberanía digital de la región
- Avanzar en la cooperación y la asociatividad de las naciones de América Latina y el Caribe en materia digital, para ir reemplazando la matriz económica de exportación primaria depredadora por modelos colaborativos con alto valor agregado y cuidado medioambiental.
- Incorporarla soberanía digital en la agenda de la integración regional, avanzando hacia la descolonización y la desconcentración e incidiendo de manera concertada como región en el ámbito de la gobernanza global de internet.
Este documento fue elaborado, luego de varios años de investigación, consultas y debates, por el espacio latinoamericano-caribeño Internet Ciudadana, una iniciativa en la que confluyen numerosas articulaciones y colectivos sociales, así como comunicadores, activistas digitales, académicos, campesinos, educadores para construir agendas comunes hacia una Internet de los pueblos al servicio del bien común.
Contra la extradición de Julian Assange a Estados Unidos
Tras casi cuatro años desde su detención en Londres, Julian Assange —periodista y fundador de WikiLeaks— se encuentra a la espera del resultado de la apelación presentada contra su extradición a Estados Unidos.
De ejecutarse la orden de extradición, Assange enfrenta un cargo por conspiración y 17 acusaciones de espionaje, arriesgando hasta 175 años de cárcel por divulgar información de interés público, relativo, entre otros, a violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra cometidos por el ejército estadounidense en Irak y Afganistán.
La eventual condena a Assange sentaría un precedente peligroso en torno a la necesaria protección que deben brindar los estados a periodistas, comunicadores sociales y whistleblowers, así como al derecho fundamental a la información y a la comunicación como elementos constituyentes del sistema democrático.
Por lo anterior, urge que la solicitud de extradición sea denegada y Assange sea puesto en libertad de inmediato.
¡Libertad para Julian Assange, YA!
Pronunciamiento adoptado por el Encuentro Regional: “Por el derecho a un futuro digital justo y soberano”, Buenos Aires, 14 de octubre de 2022. Internet Ciudadana.
Movimientos sociales de América Latina y el Caribe se reúnen para discutir sobre los derechos digitales en la región
12 de octubre de 2022
¿Qué derechos individuales y colectivos están siendo vulnerados por este modelo pro-empresarial e inconsulto? ¿Cómo adecuar la acción desde la comunidad y las políticas públicas en el ámbito digital para favorecer las aspiraciones de justicia social de los pueblos? ¿Cómo avanzar hacia tecnologías digitales abiertas, democráticas, equitativas y libres?
Para reflexionar sobre estos y muchos otros interrogantes en el área de los derechos digitales Internet Ciudadana -iniciativa latinoamericano y caribeña- conformada por organizaciones e individuos de distintos ámbitos, entre ellos la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) – se llevará a cabo entre el 13 y el 14 de octubre el encuentro “Por el derecho a un futuro digital justo y soberano”.
Será realizado de manera híbrida (presencialmente/ virtualmente) en Buenos Aires, Argentina, el encuentro tendrá como núcleo el análisis y el intercambio de propuestas de acción colectiva entre la comunidad y los Estados para recuperar el sentido democratizador de la tecnología digital.
Participación de la CLADE: movimientos sociales, educación y derechos digitales
Nelsy Lizarazo, participará del panel “Los movimientos sociales ante la era digital en el segundo día del encuentro (14/10)”, que también contará con la presencia de Leandro Monk (Facttic, Argentina); Perla Álvarez (Paraguay, CLOC-La Vía Campesina), Jordania Ureña (República Dominicana, Sec. Políticas Sociales CSA); Pablo Antonini (Argentina, FARCO ); Cecilia Ortmann (Argentina, Universidad de Buenos Aires) y la mediación de Carolina Osorio, de la CLADE.
“La comprensión de lo que significa, de lo que implica en términos de oportunidades, riesgos y amenazas la corporativización de las tecnologías digitales tan presentes en nuestras vidas es una tarea fundamental para efectivamente lograr las democracias reales”, afirma Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE.
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Entrevista: “No estamos haciendo palabras al vacío, si no que le estamos llegando a gente joven que se está apropiando de estos espacios”
6 de octubre de 2022Sandra Milena Correa, joven docente que integra la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación y la Red de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), acompaña la formación política a través de un curso que apunta a la apropiación de la agenda de derechos humanos como un eje indispensable de la formación integral.
En esta entrevista realizada en el marco del Podcast Educación ¿Qué Onda? Sandra Milena Correa nos comparte este esfuerzo colectivo que procura profundizar intercambios en un contexto político que, por un lado se ha destacado por la fragilidad democrática y las violencias en múltiples expresiones, y por el otro, ha dado varios pasos al frente para proponer diversos modos de comunidad política y resistencia.
Las diversas juventudes en Colombia han tomado los espacios de luchas en un contexto sociopolítico adverso a la profundización de la democracia y garantía de derechos.
Se dio origen a la formación en derechos humanos con las bases juveniles fortalecidas en un proceso de apropiación de herramientas legislativas contextualizadas a través de materiales y estrategias didácticas que promueven el debate y la participación.
Entender los contextos digitales en la comprensión dinámica que han sido favorables para provocar un diálogo de saberes entre jóvenes e intercambio intergeneracional.
Aumentó el reconocimiento de la Red EPJA en los espacios rurales lo que facilita la integración de más jóvenes a espacios educativos.
“No estamos haciendo palabras al vacío, sino que le estamos llegando a gente joven que se está apropiando de estos espacios” afirmó Sandra Milena Correa.
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