América Latina y el Caribe se preparan para la IV Bienal en Primera Infancia, Niñez y Juventud
19 de febrero de 2020Del 27 al 31 de julio de 2020 tendrá lugar en Manizales, Colombia, la IV Bienal Latinoamericana y Caribeña en Primera Infancia, Niñez y Juventud, que tendrá como principales ejes temáticos las desigualdades, los desplazamientos y las diversidades. El evento, organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano (CINDE) y la Universidad de Manizales, será un escenario de articulación entre academia, responsables por las políticas públicas y organizaciones sociales de la región.
Con informaciones de Aldeas Infantiles SOS Perú">
Perú: Lanzan informe nacional sobre la situación de los derechos de la niñez y adolescencia
14 de febrero de 2020Las recomendaciones y opiniones de casi dos mil niñas, niños y adolescentes del país fueron tomadas en cuenta en el Informe Nacional sobre la Situación de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), el cual fue presentado por el Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, y la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza en el marco de la celebración de los 30 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño. (más…)
Incidencia en defensa de la Atención Integral a la Primera Infancia
Hasta el 2017, República Dominicana no contaba aún con una política pública específica para la Atención Integral a la Primera Infancia (AIPI), lo que explica en parte la actual brecha en la cobertura educativa en el Nivel Inicial. Así, en dicho año, el FSE y otros espacios de articulación y movilización de la sociedad civil consideraron estratégico incidir en el proceso de formulación del “Anteproyecto de Ley de Ordenamiento y Coordinación Intersectorial para la Atención y el Desarrollo Integral de la Primera Infancia”, de manera a fortalecer el marco institucional de esta política. El proceso de revisión del Anteproyecto de Ley fue liderado por la Dirección General de Programas Especiales (DIGEPEP), adscrita al Ministerio de la Presidencia, a través de la creación de una Mesa Consultiva de la Primera Infancia, un espacio de articulación entre instituciones gubernamentales, sociedad civil y organismos internacionales que desarrollan políticas, programas e iniciativas a favor de la población de 0 a 5 años. En el 2016, el FSE solicitó a la DIGEPEP integrarse al proceso, buscando generar sinergias con la Mesa Consultiva y otros actores, para amplificar la voz de las organizaciones de la sociedad civil. De las 28 propuestas presentadas por el FSE y organizaciones aliadas, 22 fueron integradas al Anteproyecto de manera cabal o parcial. Algunos de los puntos clave integrados al Anteproyecto fueron: mayor claridad sobre su objeto; reforzamiento del Estado como garante de los derechos de las niñas y niños; universalidad del acceso a la AIPI, en línea con los principios del Código de Protección de niñas, niños y adolescentes (NNA) y énfasis en las y los más vulnerables; y mejor claridad de roles, funciones y responsabilidades entre entidades supervisoras y prestadoras de servicios para la niñez. En el 30 de agosto de 2019, el Anteproyecto fue presentado al presidente dominicano, Danilo Medina. Mira a continuación el testimonio de Dario Gil, gerente de programas e influencia de Plan International República Dominicana y miembro del Foro Socioeducativo, sobre este proceso de incidencia:La incidencia política por el derecho humano a la educación
Además de esta experiencia, el 3º volumen del documento “La incidencia política por el derecho humano a la educación: relatos y aprendizajes desde América Latina y el Caribe” reúne otros 12 casos de incidencia, comunicación, investigación, articulación interinstitucional y movilización de miembros de la CLADE. >> Descargue el documento aquí ">República Dominicana: Incidencia por una política pública para los derechos de la infancia
20 de diciembre de 2019Una de las estrategias que los miembros de la red CLADE vienen utilizando para defender el derecho humano a la educación es la participación en la elaboración de marcos legales y políticos. (más…)
Bolivia: ¿Cómo abordar la igualdad de género en la primera infancia?
17 de diciembre de 2019Los días 8 y 9 de agosto de 2019, la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) realizó el Foro Internacional “Compartiendo experiencias y buenas prácticas en la educación de primera infancia”, en el marco del proyecto “Cambiando el patriarcado, una historia a la vez”. Expertas y expertos de la región discutieron las diferentes formas en que Latinoamérica está trabajando el enfoque de género con las niñas y niños pequeñas/os.
La CBDE ha publicado en su canal de YouTube las grabaciones de las ponencias del evento, para que todas las personas puedan aprender con las discusiones que tuvieron lugar en este marco. Mira a continuación: (más…)
Mercedes Mayol Lassalle: “Todos los derechos desde la primera infancia”
El 20 de noviembre se conmemoraron 3 décadas de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, el marco internacional de derechos humanos más ratificado en el mundo, y que garantiza los derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud. Todos los países de América Latina y el Caribe que son miembros de la ONU han firmado la Convención. Sin embargo, todavía no se ha logrado que todos los niños y las niñas disfruten de una infancia con la plena garantía de derechos en la región. (más…)
Víctor Giorgi: “La participación de niños, niñas y adolescentes debe impregnar todos los espacios”
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Foto: IIN/OEA[/caption]
Víctor Giorgi compartió un análisis preocupante, sobre la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes en la región. Señaló como desafíos sus condiciones de pobreza, discriminación y desigualdad, las cuales responden a coyunturas y a modos por los que los Estados administran las riquezas. Por ejemplo, se han visto avances en Brasil, Argentina y Ecuador, pero luego con la crisis financiera se afectaron directamente los derechos de la niñez.
Según el director general del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) de la Organización de Estados Americanos (OEA), se puede decir que, en líneas generales, en estos 30 años, se ha avanzado en marcos jurídicos, marcos políticos e institucionalidad, pero se percibe que aún falta mucho para que la mirada de la Convención impregne la vida cotidiana. La Convención se conoce en algunos sectores políticos como un discurso muy técnico, y con poca apropiación de la gente. Así mismo, según Giorgi, se imponen prácticas desde el adultocentrismo, el patriarcado, la administración de la autoridad y la regulación de la expresión de niños y niñas, por ejemplo, exigiéndose que los niños y niñas manifiesten respeto a las personas adultas, pero no necesariamente comprometiéndose de forma inversa.
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Liliana Muñoz: “Se necesita una formación intersectorial e interdisciplinaria para derechos”
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Foto: UPCH[/caption]
Para la académica, es muy importante el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos a nivel mundial, y en especial en América Latina y el Caribe, donde hay tantas desigualdades. “La Convención sobre los Derechos del Niño nos permite ratificar este compromiso en diferentes ámbitos para que se cumplan los derechos, del mismo modo que los Estados lo manifiesten con interés principal”, afirmó.
Según la profesora, en Perú, se hacen esfuerzos por trascender la sectorialidad de la primera infancia, tomando conciencia del trabajo orientado a las familias y comunidades, con el apoyo de diversos ministerios, priorizando la atención integral y oportuna para la infancia, sin disputar responsabilidades aisladas que limitan el abordaje de los derechos desde una perspectiva integral.
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Jazmín Elena: “Necesitamos profundizar espacios de participación estudiantil”
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Foto: Archivo CLADE[/caption]
La estudiante Jazmín Elena señala como principal demanda de los movimientos estudiantiles la calidad educativa y el compromiso que deben asumir los Estados para garantizarla efectivamente. Al mismo tiempo, destaca que en El Salvador se cuenta con el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, en el cual participan en diálogo con el gobierno central diversas organizaciones de la sociedad civil, pero con insuficiente representación de las y los estudiantes.
Elena denuncia la criminalización de estudiantes, así como su estigmatización por el hecho de ser jóvenes o por su lugar de origen, razones que en su opinión impiden una mayor participación y movilización estudiantil. Actualmente, en El Salvador, sigue siendo un punto pendiente la demanda del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación.
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Mercedes Mayol Lasalle: “Todos los derechos desde la primera infancia”
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Foto: OMEP[/caption]
La presidenta mundial de la OMEP (para el período 2020-2023) subraya lo señalado por el Comité de Derechos del Niño, específicamente en las observaciones generales 1 y 7, como los instrumentos producto de inspecciones e intercambio de informes nacionales en cuanto su grado de compromiso concreto con la Convención. Por ello resalta la especialista que se reconoce a la educación como un derecho desde que comienza la vida misma de niños y niñas, considerando a distintos actores y abordajes, debe ser siempre con la mirada atenta del Estado obligado a promover, concretar, restituir y ofrecer todos los derechos y en particular la educación, dado que es una herramienta que ayuda a la consecución de otros derechos humanos.
Mercedes Mayol Lasalle opina que “la convención es la manera legal de concretar una lucha política que se ha llevado adelante por muchos años, en pro de los derechos de la infancia, viene a concretar un instrumento jurídico y a ratificar que los niños desde el momento que nacen son ciudadanos y gozan de todos los derechos”.
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Diálogos sobre los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño
13 de diciembre de 2019El 20 de noviembre celebramos los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el tratado internacional de derechos humanos más ratificado en el mundo, firmado por 196 países. El documento fue el primero a reconocer los niños y niñas como sujetos de derecho, convirtiendo a las personas adultas en sujetos de responsabilidades.
En dicho contexto, CLADE y ALER realizaron una serie de entrevistas para debatir la implementación y la importancia de la CDN. Lee a continuación estos diálogos: (más…)
1. Las políticas públicas de la Educación para niños y niñas de 0 a 8 años deben ser basadas en la idea de la garantía de derechos de manera integral, que contemple todas las áreas - salud, cuidado, vivienda, deporte, cultura etc. - de la infancia
Es primordial que el Estado y las políticas públicas destinadas a la primera infancia tengan la perspectiva integral de los derechos de niños y niñas, comprendiendo su mundo, demandas y desarrollo en su totalidad y de manera global (holística), superando la visión fragmentada de los derechos de la infancia y los enfoques asistencialistas. Para ello, es necesario crear y fortalecer una mayor articulación y coordinación entre los diferentes sectores, ministerios, organismos, instancias y actores gubernamentales, así como la articulación de los diversos niveles territoriales del Estado, lo que también implica al Estado apoyar a los padres y madres en el desarrollo de su rol, siempre respondiendo al interés superior de los niños y las niñas.
2. La Educación para la primera infancia debe estar plenamente disponible y accesible a todos y todas desde el nacimiento, sin discriminaciones
Aunque la cobertura de la oferta de Educación a partir de los 5 años, o de la edad obligatoria, ha aumentado de manera importante en los últimos años, todavía persiste la falta de acceso de niños y niñas de 0 a 3 años, así como la ausencia de oferta y matrícula de niños y niñas que viven en territorios rurales. Además, es fundamental superar la precariedad de las instalaciones físicas y las condiciones materiales y de recursos humanos que hoy caracterizan a la Educación para la primera infancia en América Latina y el Caribe.
3. El eje central de la Educación de niños y niñas debe ser la garantía de la calidad y es a partir de este que las políticas y programas deben ser planteados
Los programas, políticas públicas y acciones para la educación en la primera infancia deben estar centrados en la calidad, de manera que todas y todos pueden acceder a una educación adecuada, sin que haya discriminación por su condición económica, ubicación geográfica, raza, género u otras características. Para ello, la educación debe promover procesos integrales y continuos que articulen desarrollos y aprendizajes, que respeten la igualdad de género, que reconozcan y valoren la diversidad étnico-racial y que promuevan la interculturalidad.
4. Las evaluaciones en los programas de la Educación para la Primera Infancia deben respetar las características de los primeros años de vida de niños y niñas y los propósitos de la educación emanados de la Convención sobre los Derechos del Niño
Al contrario de las evaluaciones estandarizadas nacionales e internacionales, que destacan metas académicas y el aprendizaje formal, la educación para la primera infancia, con sus políticas y programas, debe ser analizada a partir de su potencial para generar el desarrollo de las niñas y los niños en distintas áreas: emocional, social, motriz y cognitivo, etc., lo que debe llevar en cuenta su derecho al descanso, el esparcimiento, el juego, a las actividades recreativas, la vida cultural y las artes.
5. Los educadores y las educadoras de la educación para la primera infancia deben ser reconocidos y valorados, con formación inicial y continua, remuneración justa y la superación de los estereotipos de género
Es fundamental fortalecer las políticas públicas de valorización de educadores y educadoras del campo de la primera infancia y su formación inicial y continua, situada en las especificidades del área. Asimismo, la remuneración de los y las docentes de esta etapa no puede ser inferior a la de docentes de otras etapas educativas. Además, es importante que se contemplen acciones enfocadas a superar la feminización existente en la docencia de este nivel educativo, así como los estereotipos que asignan enfoques basados en la lógica de la maternidad y los roles de cuidado, asignados históricamente a las mujeres.
6. Los presupuestos públicos para la Educación en la Primera Infancia deben ser suficientes y coherentes con las necesidades de esta etapa educativa
Los presupuestos públicos para la realización de los derechos de niños y niñas deben ser efectivos, eficientes, igualitarios, transparentes y sostenibles en todas sus etapas: planificación, aprobación, ejecución y seguimiento. La falta de inversión suficiente en la primera infancia impacta el desarrollo de niños y niñas y refuerza las privaciones, desigualdades y la pobreza intergeneracional. Es necesario crear leyes de financiamiento educativo que contemplen a la educación en la primera infancia en su integralidad, incluyendo el rango desde el nacimiento hasta los 3 años, lo que requiere una asignación presupuestaria mayor y más protegida. En tal sentido, se hace necesario que los marcos legales internacionales, regionales y nacionales fortalezcan sus orientaciones respecto a la gratuidad de la oferta pública para la Atención y la Educación en la Primera Infancia (AEPI), tomando como base su gradual expansión para todos los niveles educativos.
7. Los sistemas de información y recolección de datos deben fortalecer la implementación y el seguimiento de las políticas orientadas a la Educación para la Primera Infancia
Para que se construyan diagnósticos y análisis más sólidos sobre la Educación en la Primera Infancia, que contribuyan al diseño de políticas públicas más informadas y ajustadas a la realidad de niños y niñas, es imprescindible implementar y/o fortalecer los sistemas existentes para la recopilación de datos e información desagregada sobre la situación de los derechos en la primera infancia, incluso en el derecho a la educación.
8. Es crucial fortalecer el acceso a la justicia, que proteja y repare derechos de niños y niñas en situación de vulnerabilidad
A medida que la Educación para la Primera Infancia ha sido reconocida como parte integral del derecho humano a la educación, se han desarrollado procesos y mecanismos que aseguren una protección inmediata y oportuna ante cualquier vulneración ocurrida (justiciabilidad). Aun así, se hace necesario un mayor fortalecimiento de dichos mecanismos, desde una ampliación de información hacia la ciudadanía respecto a sus derechos, entre ellos el derecho a la educación de niños y niñas de 0 a 8 años, así como acerca de los procedimientos y las rutas claras y efectivas de restitución de los derechos vulnerados.
Lee más: El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia: perspectivas desde América Latina y el Caribe
La investigación revela que, pese a que las Leyes Generales de Educación en la región reconocen la educación como un derecho humano y el Estado como garante de su pleno ejercicio desde la primera infancia, con distintos puntos de partida, persiste una fragmentación y dispersión de las políticas y prácticas para esta etapa educativa, así como la ausencia de un financiamiento adecuado.
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8 recomendaciones para garantizar la educación y el cuidado en la primera infancia como un derecho humano
12 de diciembre de 2019Crear espacios de comunicación, sensibilización y diálogo sobre la garantía del derecho humano a la educación y al cuidado en la primera infancia en América Latina y el Caribe. Este es el principal objetivo de la Campaña “Derechos desde el principio: educación y cuidado en la primera infancia”, impulsada por CLADE, OMEP y EDUCO, y lanzada durante el diálogo virtual “30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño: La primera infancia en diálogo”.
En este marco, destacamos 8 recomendaciones que se presentan en la publicación “El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia: perspectivas desde América Latina y el Caribe”. El estudio, elaborado por CLADE, OMEP y EDUCO, da a conocer el panorama del derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia en la región, a partir del análisis de leyes y políticas. En base a los hallazgos de esta investigación, el documento subraya algunas reflexiones y directrices para que se pueda garantizar la educación y el cuidado en la primera infancia como un derecho humano de todas las personas, sin discriminaciones.
Conoce las recomendaciones a continuación:
1. Las políticas públicas de la Educación para niños y niñas de 0 a 8 años deben ser basadas en la idea de la garantía de derechos de manera integral, que contemple todas las áreas – salud, cuidado, vivienda, deporte, cultura etc. – de la infancia
Es primordial que el Estado y las políticas públicas destinadas a la primera infancia tengan la perspectiva integral de los derechos de niños y niñas, comprendiendo su mundo, demandas y desarrollo en su totalidad y de manera global (holística), superando la visión fragmentada de los derechos de la infancia y los enfoques asistencialistas.
Para ello, es necesario crear y fortalecer una mayor articulación y coordinación entre los diferentes sectores, ministerios, organismos, instancias y actores gubernamentales, así como la articulación de los diversos niveles territoriales del Estado, lo que también implica al Estado apoyar a los padres y madres en el desarrollo de su rol, siempre respondiendo al interés superior de los niños y las niñas.
2. La Educación para la primera infancia debe estar plenamente disponible y accesible a todos y todas desde el nacimiento, sin discriminaciones
Aunque la cobertura de la oferta de Educación a partir de los 5 años, o de la edad obligatoria, ha aumentado de manera importante en los últimos años, todavía persiste la falta de acceso de niños y niñas de 0 a 3 años, así como la ausencia de oferta y matrícula de niños y niñas que viven en territorios rurales.
Además, es fundamental superar la precariedad de las instalaciones físicas y las condiciones materiales y de recursos humanos que hoy caracterizan a la Educación para la primera infancia en América Latina y el Caribe.
3. El eje central de la Educación de niños y niñas debe ser la garantía de la calidad y es a partir de este que las políticas y programas deben ser planteados
Los programas, políticas públicas y acciones para la educación en la primera infancia deben estar centrados en la calidad, de manera que todas y todos pueden acceder a una educación adecuada, sin que haya discriminación por su condición económica, ubicación geográfica, raza, género u otras características.
Para ello, la educación debe promover procesos integrales y continuos que articulen desarrollos y aprendizajes, que respeten la igualdad de género, que reconozcan y valoren la diversidad étnico-racial y que promuevan la interculturalidad.
4. Las evaluaciones en los programas de la Educación para la Primera Infancia deben respetar las características de los primeros años de vida de niños y niñas y los propósitos de la educación emanados de la Convención sobre los Derechos del Niño
Al contrario de las evaluaciones estandarizadas nacionales e internacionales, que destacan metas académicas y el aprendizaje formal, la educación para la primera infancia, con sus políticas y programas, debe ser analizada a partir de su potencial para generar el desarrollo de las niñas y los niños en distintas áreas: emocional, social, motriz y cognitivo, etc., lo que debe llevar en cuenta su derecho al descanso, el esparcimiento, el juego, a las actividades recreativas, la vida cultural y las artes.
5. Los educadores y las educadoras de la educación para la primera infancia deben ser reconocidos y valorados, con formación inicial y continua, remuneración justa y la superación de los estereotipos de género
Es fundamental fortalecer las políticas públicas de valorización de educadores y educadoras del campo de la primera infancia y su formación inicial y continua, situada en las especificidades del área. Asimismo, la remuneración de los y las docentes de esta etapa no puede ser inferior a la de docentes de otras etapas educativas.
Además, es importante que se contemplen acciones enfocadas a superar la feminización existente en la docencia de este nivel educativo, así como los estereotipos que asignan enfoques basados en la lógica de la maternidad y los roles de cuidado, asignados históricamente a las mujeres.
6. Los presupuestos públicos para la Educación en la Primera Infancia deben ser suficientes y coherentes con las necesidades de esta etapa educativa
Los presupuestos públicos para la realización de los derechos de niños y niñas deben ser efectivos, eficientes, igualitarios, transparentes y sostenibles en todas sus etapas: planificación, aprobación, ejecución y seguimiento. La falta de inversión suficiente en la primera infancia impacta el desarrollo de niños y niñas y refuerza las privaciones, desigualdades y la pobreza intergeneracional.
Es necesario crear leyes de financiamiento educativo que contemplen a la educación en la primera infancia en su integralidad, incluyendo el rango desde el nacimiento hasta los 3 años, lo que requiere una asignación presupuestaria mayor y más protegida. En tal sentido, se hace necesario que los marcos legales internacionales, regionales y nacionales fortalezcan sus orientaciones respecto a la gratuidad de la oferta pública para la Atención y la Educación en la Primera Infancia (AEPI), tomando como base su gradual expansión para todos los niveles educativos.
7. Los sistemas de información y recolección de datos deben fortalecer la implementación y el seguimiento de las políticas orientadas a la Educación para la Primera Infancia
Para que se construyan diagnósticos y análisis más sólidos sobre la Educación en la Primera Infancia, que contribuyan al diseño de políticas públicas más informadas y ajustadas a la realidad de niños y niñas, es imprescindible implementar y/o fortalecer los sistemas existentes para la recopilación de datos e información desagregada sobre la situación de los derechos en la primera infancia, incluso en el derecho a la educación.
8. Es crucial fortalecer el acceso a la justicia, que proteja y repare derechos de niños y niñas en situación de vulnerabilidad
A medida que la Educación para la Primera Infancia ha sido reconocida como parte integral del derecho humano a la educación, se han desarrollado procesos y mecanismos que aseguren una protección inmediata y oportuna ante cualquier vulneración ocurrida (justiciabilidad). Aun así, se hace necesario un mayor fortalecimiento de dichos mecanismos, desde una ampliación de información hacia la ciudadanía respecto a sus derechos, entre ellos el derecho a la educación de niños y niñas de 0 a 8 años, así como acerca de los procedimientos y las rutas claras y efectivas de restitución de los derechos vulnerados.
Lee más: El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia: perspectivas desde América Latina y el Caribe
La investigación revela que, pese a que las Leyes Generales de Educación en la región reconocen la educación como un derecho humano y el Estado como garante de su pleno ejercicio desde la primera infancia, con distintos puntos de partida, persiste una fragmentación y dispersión de las políticas y prácticas para esta etapa educativa, así como la ausencia de un financiamiento adecuado.
Liliana Muñoz: “Se necesita una formación intersectorial e interdisciplinaria para derechos”
9 de diciembre de 2019El 20 de noviembre se conmemoraron 3 décadas de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, el marco internacional de derechos humanos más ratificado en el mundo, y que garantiza los derechos de la niñez y la juventud. Todos los países de América Latina y el Caribe que son miembros de la ONU han firmado la Convención. Sin embargo, todavía no se ha logrado que todos los niños y las niñas disfruten de una infancia con la plena garantía de derechos en la región. (más…)
Demandas de la sociedad civil
Para el director del IIN, la inversión en infancia sigue siendo marginal desde los presupuestos de los Estados, porque no se asume una conexión entre la realización de derechos, los avances democráticos y las posibilidades de desarrollo de un país. “Muchas veces se considera un gasto superfluo, en lugar de asumirlo como una estrategia de desarrollo de los países, lo que se demuestra en los propios organismos internacionales: la OEA destina el 1,5% de su presupuesto para la niñez, pero el 40% de la población del continente es menor de 18 años”, añadió. Destacó también que, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), hay un compromiso de los Estados para erradicar todas las formas de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, facilitando la articulación entre el Sistema Interamericano y las Naciones Unidas, así como entre los Estados y la sociedad civil.>> Lee+ Experiencias de lucha por el financiamiento adecuado para una educación de calidad
En cuanto a la violencia contra la niñez, recordó que hubo avances que pasan por adelantos legislativos, entre ellos el registro de que 10 Estados de la región prohibieron el castigo físico contra niñas, niños y adolescentes desde sus legislaciones. “Por otro lado, está la necesidad de cambios culturales, porque la normativa no es suficiente para erradicar la idea de que la violencia es un recurso válido para disciplinar, a lo cual los propios niños, niñas y adolescentes expresan su sufrimiento y preocupación en las familias, las escuelas y espacios institucionalizados”, explicó.3 tendencias de vulneración de derechos en la coyuntura regional
"Este escenario muestra discursos de seguridad que justifican el recorte de derechos, la discriminación y la represión sobre sectores sociales tradicionalmente estigmatizados"Giorgi destacó 3 retos en la coyuntura regional. El primero es la preocupación por la represión de niños, niñas y adolescentes, cuando hay estallidos sociales que irrumpen en la escena, precedidos de un largo periodo de exclusiones y situaciones de desigualdad. “Este escenario muestra discursos de seguridad que justifican el recorte de derechos, la discriminación y la represión sobre sectores sociales tradicionalmente estigmatizados, dejándoles como blanco de la represión”, afirmó.
>> Lee+ Primera infancia: todas las niñas y niños tienen derecho a la educación y al cuidado desde su nacimiento
Un segundo punto destacado, fue el discurso de la antisolidaridad aliado al neoliberalismo, que prioriza la individualidad y presenta la pobreza como responsabilidad de las personas que están en esta condición, haciendo creer inclusive que la infancia es un problema de cada familia, no del Estado. Finalmente, se presenta como tendencia un discurso fundamentalista religioso, que reivindica la restauración de un orden adultocéntrico, y justifica el castigo físico y la privación de información, en aras de la supuesta protección de la infancia y como disciplinamiento.Derecho Humano a la Educación
Durante el diálogo, Víctor Giorgi se posicionó a favor de la implementación de una educación sexual integral en los niveles básico y medio de enseñanza. “El derecho a la educación implica un aprendizaje para la vida, y la sexualidad aparece excluida según las imposiciones mencionadas”, añadió.“A veces se simplifica masificando ideas que culpabilizan a la propia infancia, como la deserción y el fracaso escolar"Según el entrevistado, la educación tiene mucho para mejorar, pero lo primero es generar condiciones que trasciendan el acceso a la educación, porque hay contextos que constituyen barreras, como situaciones de pobreza o inseguridad. “A veces se simplifica masificando ideas que culpabilizan a la propia infancia, como la deserción y el fracaso escolar. Asimismo, también la cobertura de la educación bilingüe aún constituye una deficiencia y muestra de discriminación étnica”, enfatizó.
>> Lee+ Seguimiento a la Agenda 2030: ¿Cómo está la educación en la primera infancia en Brasil, Chile, El Salvador y Guatemala?
Explicó también que el discurso neoliberal y antisolidario presente en la región asume la educación como bien de mercado y genera ofertas privadas, debilitando la red de educación pública y gratuita, lo cual es muy grave para la garantía de derechos. “Los Estados deben garantizar el derecho a la educación con calidad, para el ejercicio pleno de derechos, pero con frecuencia se aplica una política de ahorro de dinero público, habilitando así las iniciativas privadas”.Participación
El derecho a la participación es central en la CDN, ya que habilita a los niños, niñas y adolescentes como actores sociales plenos, cuyas opiniones deben tomarse en cuenta, en los debates y políticas respecto a los asuntos que les afectan. Sobre este punto, Giorgi compartió que hay algunas experiencias de creación de Consejos Consultivos Cantonales en Uruguay a nivel de educación, pero que resultan insuficientes para lograr la participación libre de niñas, niños y adolescentes al interior de estos espacios sin control de parte de las personas adultas.>> Lee+ Se destaca la educación en la primera infancia en Foro Internacional sobre Inclusión y Equidad
Recientemente, comenta Giorgi, se realizó en Cartagena el III Foro Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, paralelo al XXII Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, evidenciando un avance muy importante en el ejercicio del derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes como actores y protagonistas en ámbito regional. “Pero, aún falta lograrlo en todos los espacios cotidianos”, ponderó. Finalmente, recordó el compromiso con el plan de acción del IIN por los próximos 4 años, donde se establece la erradicación de la violencia contra la niñez en todas sus formas, el desarrollo de sistemas integrales de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, y el impulso a la participación de niñas, niños y adolescentes.">
Víctor Giorgi: “La participación de niños, niñas y adolescentes debe impregnar todos los espacios”
6 de diciembre de 2019El 20 de noviembre se conmemoraron 3 décadas de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, el marco internacional de derechos humanos más ratificado en el mundo, y que garantiza los derechos de la niñez y la juventud. Todos los países de América Latina y el Caribe que son miembros de la ONU han firmado la Convención. Sin embargo, todavía no se ha logrado que todos los niños y las niñas disfruten de una infancia con la plena garantía de derechos en la región. (más…)
Congreso panamericano analiza avances y desafíos para el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes
22 de noviembre de 2019La superación de la discriminación y la violencia, el derecho al juego, al arte y al esparcimiento, la igualdad de género y el derecho a la educación sexual integral y a participar en el debate sobre las políticas públicas que les afectan. Estas fueron algunas de las demandas compartidas por niños, niñas, adolescentes y jóvenes durante el XXII Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes y el III Foro Panamericano de Niños, Niñas y Adolescentes, realizados del 29 al 31 de octubre en Cartagena (Colombia). (más…)
