FOTO JOAO BITTAR / UNESCO -MEC RECIFE PERNAMBUCO, 25 DE JUNHO DE 2007 PROGRAMA DE ALFABETIZACAO NO BAIRRO DO IBURA , RECIFE-PE PROF. WALMIR ( CAMISA AZUL)

EPJA por América Latina y el Caribe

14 de mayo de 2024

Estudiantes y docentes de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas de Perú, Brasil y Bolivia.


Invertir en el futuro: Curso para una fiscalidad justa para una educación de calidad

26 de abril de 2024

¿De dónde vienen los recursos para financiar la educación de niños, niñas, adolescentes, personas jóvenes y adultas de los países de América Latina y el Caribe? ¿Cómo ampliar los recursos públicos a la educación? Fue a partir de esas y otras cuestiones que la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en alianza con la Red para la Justicia Fiscal para América latina y el Caribe y la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD) realizó entre febrero y abril el curso virtual “Invertir en el futuro: fiscalidad justa para una educación de calidad”.

Prevista para una dedicación de 40 horas, la formación en línea fue ofertada de manera gratuita y contó con más de 100 personas inscriptas. El objetivo de la iniciativa fue acercar a los principales conceptos del derecho humano a la educación y la justicia fiscal de forma interrelacional.

Autodirigido, el curso tuvo cuatro módulos que abordaron temas clave: (a) lo público y la educación, (b) justicia fiscal y su impacto en la educación, (c) financiamiento del Estado y reformas tributarias progresivas y (d) incidencia social e historias de cambio. A través de él, se actualizaron los marcos conceptuales, y el análisis estratégico del propio contexto identificando áreas de oportunidad que los Estados puedan asumir para garantizar el acceso pleno a educación pública de calidad.

Las organizaciones preveen la realización de más ediciones a partir del segundo semestre. 

Justicia Fiscal para garantizar el derecho humano a la educación

El curso es resultado del Proyecto Justicia Fiscal y Educación, realizado entre 2022 y 2023 por la CLADE, Latinddad y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe e  investigó la inversión en educación entre 2015 y 2022 en la región y en los países Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.

Según las organizaciones, el ejercicio investigativo sirvió para entender el origen de la “falta de recursos” para el sector educativo en los países participantes. “La mayoría de los sistemas fiscales de la región son altamente regresivos y cargan impuestos a toda la población sin diferenciar su nivel de ingreso, su riqueza y su capital. La búsqueda de sistemas fiscales progresivos es una lucha histórica que viene tomando fuerza; tanto así, que autoridades económicas se reunieron en julio de 2023 en Cartagena para discutir sobre la Convención Fiscal de Naciones Unidas, un espacio alterno a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que agrupa a los países ricos y responde a sus intereses”, afirman. 

Lee más: 

Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación – Una mirada regional desde América Latina

El sistema tributario en Argentina y el financiamiento en educación de 2015-2021

El sistema tributario y su impacto en la financiación de la educación en Colombia entre 2015 y 2021

El sistema tributario en Guatemala y el financiamiento de educación entre el 2015 y 2021

El sistema tributario en Paraguay y el financiamiento en educación entre el 2015 y 2021

El sistema tributario en Perú y el financiamiento de educación entre el 2015 y 2021

El sistema tributario en República Dominicana y el financiamiento de educación entre 2015 y 2021

Evolución de la inversión en Educación en Argentina entre 2015 y 2021

Evolución del Gasto en Educación en Colombia entre el 2015-2021

Evolución del Gasto en Educación en Guatemala entre el 2015-2021

Evolución del Gasto en Educación en Paraguay entre el 2015-2021

Evolución del gasto en Educación en el Perú 2015-2021

Evolución del Gasto en Educación en República Dominicana entre el 2015 y 2021


#SAME2024: organizaciones de la sociedad civil de América Latina y El Caribe se pronuncian por la defensa del derecho humano a la educación

24 de abril de 2024

Entre el 22 y 26 de abril se desarrolla la Semana de Acción Mundial #SAME2024, la movilización demanda a los Estados la debida atención y priorización sobre una educación que genere transformaciones que profundicen la justicia social y el desarrollo sostenible, sin discriminaciones ni violencias de ningún tipo. 

Con un nuevo llamado simbolizado con toques de tambores por el derecho humano a la educación, la SAME abraza el lema “la educación transformadora construye justicia social, paz y desarrollo sostenible”. 

Diversas iniciativas lideradas por organizaciones sociales en defensa de la educación se han sentido en América Latina y El Caribe, tales como marchas, seminarios, charlas, exposiciones y pronunciamientos, entre otros.

Llamado urgente por más y mejor inversión educativa en Colombia

La Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE) se suma a la movilización mundial de la #SAME2024, subrayando la exigencia del cumplimiento de los compromisos en materia educativa, así como la demanda urgente de mayores recursos y políticas efectivas que garanticen una educación inclusiva y equitativa para todas y todos a lo largo de la vida. 

La CCDE expresa en su pronunciamiento que “unimos nuestras voces para hacer un llamado urgente a la inversión en educación pública y transformadora, la defensa de la justicia social y la igualdad de género, la implementación de las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel sobre la Profesión Docente y la descolonización de la financiación educativa”.

Lee el pronunciamiento completo

Demanda por la inclusión transformadora en Guatemala

Como parte de la membresía de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación – (CLADE), el Colectivo de Educación para todas y todos de Guatemala, creado en 2003, funciona basado en los principios del trabajo colectivo, donde su principal componente es el compromiso con el derecho humano a la educación pública gratuita, laica y que garantice la dignidad para todas y todos.

En el marco de la #SAME2024, el Colectivo expresó en un comunicado público “que abogamos por la inclusión de la educación transformadora como una agenda clave en la Cumbre del Futuro”, del mismo modo subrayó el rol de los Estados en este sentido, “responsabilizamos y llamamos al gobierno y a otros responsables de la toma de decisiones de la educación transformadora y de los compromisos con la Cumbre para la Transformación de la Educación (TES)”.

Lee comunicado completo

Marcha Federal Universitaria y #SAME2024 en Argentina

En un contexto de movilización sin precedentes, cientos de miles de personas se unieron ayer en toda Argentina para participar en la Marcha Federal Universitaria, en defensa de las universidades públicas y gratuitas del país. La histórica manifestación contó con el apoyo de gremios sindicales, docentes universitarios, estudiantes y familias, que salieron a las calles para exigir el financiamiento adecuado y la preservación del acceso irrestricto a la educación superior.

Desde la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), en el marco de la SAME 2024, se llevan a cabo diversas actividades en Buenos Aires. En el stand 1818 de la Feria del Libro, en el predio ferial de la Rural, junto con Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y Centro de Participación para la Paz y los Derechos Humanos (CePaDeHu), se disponen juegos y carteles en defensa del derecho a la educación. 

La conjunción de estas dos importantes movilizaciones demuestra el compromiso de la sociedad argentina con la educación como motor de desarrollo y justicia social. La CADE invita a todos los ciudadanos a sumarse a estas actividades y a seguir luchando por un futuro con más y mejor educación para todos.


Educación y justicia en Colombia. Documento de actualización y sistematización.

2 de febrero de 2024

Este informe aborda los desafíos significativos en el acceso y financiamiento de la educación en Colombia. A pesar de los esfuerzos realizados por los gobiernos
colombianos, aún existe una brecha considerable entre el número de niños, niñas y jóvenes en edad escolar y aquellos que realmente asisten al sistema educativo. Además, el gasto en educación en Colombia es relativamente bajo en comparación con otros países de la región.

El informe también resalta que es esencial abordar las deficiencias del sistema tributario, combatir la evasión y la elusión fiscal, y promover una mayor progresividad en el régimen fiscal. Subraya la importancia de cerrar las brechas en el sistema educativo y garantizar un acceso equitativo a una educación de calidad en Colombia. Esto requiere de un reajuste en las fuentes de financiamiento y en la manera cómo ellas contribuyen a los distintos niveles educativos, una mayor inversión en educación y una reforma tributaria integral.


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Imagen: CLADE. Justicia Fiscal 2023

Asia, África, América Latina y El Caribe: justicia fiscal es la respuesta para garantizar el financiamiento público educativo

15 de septiembre de 2023

Las transferencias de riquezas al norte global mina nuestro derecho de tener un desarrollo sustentable. Fue lo que afirmaron especialistas de todo el mundo durante el Taller Regional-global “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: experiencias y perspectivas para la incidencia”, realizado durante los días 8 y 9 de septiembre en Santiago de Chile. En la ocasión, se debatió la importancia de luchar contra la evasión y elusión fiscal para garantizar el derecho a la educación.

Chenai Mukumba, de la Red de Justicia Fiscal en África (TJNA) mencionó que los países africanos están dando el 3% del PIB (Producto Interno Bruto), en contraposición con el 6% que exigen los compromisos internacionales. “En Ghana, con 20% de lo que se pierde en incentivos fiscales, si se invirtiera en educación, asistirían 300 mil niños y niñas más a las escuelas. Se podrían contratar 10 mil profesores más. Y se podrían repartir 557 mil comidas para niños y niñas en los comedores de los centros educativos”, afirma.

En ese sentido, Aida Jean Nacpil Manipon, de la Red de Justicia Fiscal en Asia, aseguró que “las transferencias de riquezas al norte global erosiona nuestra propia capacidad de tener un desarrollo sustentable”. La representante de Asia dijo ser necesario un llamado para mejorar los servicios públicos, con más inversión en educación y salud pública. 

Desde América Latina y el Caribe, Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad), habló sobre la correlación del derecho humano a la educación y la justicia fiscal: a corto plazo, la justicia fiscal posibilita que la sociedad disponga de más recursos para servicios públicos – como la educación – y a largo plazo, la educación pública fortalece la justicia fiscal. 

Desde una mirada regional, Amparo Naranjo, de Unesco,  plantea afirma que “una inversión en educación produce retornos importantes no solo el individuo sino en el planeta.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 [que trata del derecho a la educación] es apalancador como otros objetivos. Hay que pasar de las palabras a la acción”.

Sobre el evento

El Taller Regional-global “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: experiencias y perspectivas para la incidencia”  es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.

Además de Adrián Falco, Chenai Mukumba, Amparo Naranjo y Aida Jean Nacpil Manipon, Vernor Muñoz, Mariana Huepe y Dereje Alemanyehu, el encuentro contó con la participación de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación (CME), Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); de Mariana Huepe, Dereje Alemanyehu y Seruwagi Jane Nalunga. También participaron las senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.

Sobre el proyecto

La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal  tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.

Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales. 

El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC) 

En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay;  Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.


¿Cuáles son los impactos de la fiscalidad en la educación mundial?

9 de septiembre de 2023

En el marco del Taller Regional – Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación”, realizado el 8 y 9 de septiembre en Santiago (Chile),  se presentaron una serie de exposiciones que graficaron las experiencias sobre justicia fiscal y su relación con el derecho a la educación pública.

En el primer bloque titulado “Estado de la Situación Mundial sobre Fiscalidad e Impacto en la Educación”, intervinieron Dereje Alemayehu, de la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ), Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y Mariana Huepe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La primera intervención fue realizada por Dereje Alemayehu, quien puso énfasis en la necesidad de la repartición equitativa del presupuesto público: “Respecto a la asignación de presupuestos es bueno que ya exista una torta para poder repartirla, pero debe ser dividida de forma justa”, señaló.

Por su parte Vernor Muñoz describió la cruda realidad de la discriminación y exclusión que sufre la población indígena en el norte global y como no basta con aumentar la recaudación sin darle un enfoque de derechos humanos: “El caso de Finlandia que es famosa por sus conquistas educativas, según un informe de la Unión Europea muestra casos de discriminación y acoso racista. El incremento fiscal y la consecución de los ingresos de forma eficiente no aseguran necesariamente mayores recursos para combatir la desigualdad”, concluyó.

Finalmente intervino Mariana Huepe de la CEPAL quien destacó que: “En promedio América Latina cumple con los mínimos acordados en la Declaración de Incheon con relación a los porcentajes del PIB como porcentaje del gasto público total” pero a la vez puso énfasis en que “para aumentar la financiación nacional para la educación, se requiere: ampliar la base fiscal, prevenir la evasión fiscal, aumentar la proporción del presupuesto nacional asignado a educación, esto tiene que ir de la mano de instituciones fortalecidas para utilizar más equitativa y eficientemente los recursos existentes”, comentó. 

Sobre el evento

El encuentro es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.

Además de Vernor Muñoz, Mariana Huepe y Dereje Alemanyehu, el encuentro cuenta con la participación de Además de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.

Sobre el proyecto

La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal  tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.

Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales. 

El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC) 

En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay;  Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana. 


Foto: thais iervolino

“La justicia fiscal no involucra solamente el sistema de recaudación, sino que implica invertirlo adecuadamente”

8 de septiembre de 2023

El segundo momento del primer día del Taller Regional – Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación” se enfocó en las reflexiones sobre la situación mundial sobre fiscalidad e impacto en la educación. 

“La justicia fiscal no involucra solamente el sistema de recaudación, sino que implica invertirlo adecuadamente”, afirmó Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por el Derecho a la Educación (CME). Según el representante de la Campaña Mundial por la Educación,  incluso en países de altos ingresos, la educación universal y de calidad sigue siendo esquiva, ya que los fondos fiscales a menudo se desvían hacia sectores privados o se utilizan para pagar deudas públicas.

Para Vernor Muñoz, toda reforma tributaria debería responder a políticas de Estado basadas en derechos humanos. No es conveniente hablar de justicia fiscal, ni de ningún tipo de justicia, fuera del ecosistema de derechos humanos, pues es allí donde se definen los parámetros de distribución de la riqueza y de construcción de sociedades igualitarias y más precisamente donde se definen los fines de la educación y de su gobernanza.  No interesa, por lo tanto, financiar cualquier educación, sino aquella en la que quepan todas las personas, en la que no se discrimine a nadie. 

Dereje Alemanyehu, de la Alianza Global por Justicia Fiscal -GATJ, enfatizó la necesidad de aumentar los ingresos fiscales para garantizar la equidad en el acceso a la educación. Hizo hincapié en que la educación es la piedra angular para asegurar muchos otros derechos y desafió la percepción de que África depende de las contribuciones de otros países cuando, en realidad, África contribuye significativamente al mundo.

“Cobrar impuestos no es un fin en sí, sino recaudarlos para repartirlos, distribuirlos y garantizar que toda la población tenga acceso a servicios públicos como una #educación de calidad. Existen los recursos, pero hay que repartirlos”, afirma.

América Latina y el Caribe

Mariana Huepe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) enfocó su presentación en la región latinoamericana y caribeña. En su intervención afirma que  “en América Latina en las últimas décadas han hecho esfuerzos para aumentar su carga tributaria e invertir en educación, pero aún son insuficientes”.

La representante de CEPAL destaca la importancia del financiamiento educativo adecuado y el camino para su incremento.  Invertir en educación es invertir en el activo más importante que tienen los países para alcanzar un desarrollo social e inclusivo sostenible: sus personas. La educación no es un gasto, es una inversión, una inversión que beneficios privados y públicos, para el mundo del trabajo y la ciudadanía. Para aumentar la financiación nacional para la educación, se requiere: ampliar la base fiscal, prevenir la evasión fiscal y aumentar la proporción del presupuesto nacional asignado a educación.

Para Mariana Huepe, “cobrar impuestos no es un fin en si, sino [es necesario] recaudarlos para repartirlos, distribuirlos y garantizar que toda la población tenga acceso a servicios públicos como una educación de calidad”.

Sobre el evento

El encuentro se realiza el 8 y 9 de septiembre en Santiago, Chile y es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.

Además de Vernor Muñoz y Dereje Alemanyehu, el encuentro cuenta con la participación de Además de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); Mariana Huepe, de CEPAL; de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.

Sobre el proyecto

La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal  tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.

Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales. 

El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC) 

En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay;  Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana. 


El derecho humano a la educación solo se garantiza con justicia fiscal

Concentración de la riqueza y mantenimiento de la pobreza. Para cambiar este escenario, que ha estado presente en América Latina y el Caribe en los últimos tiempos, hay que garantizar los derechos humanos, entre ellos la educación. Para eso, es fundamental asegurar un sistema tributario justo, afirman especialistas y autoridades presentes en el Taller Regional-Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación”, que se realiza el 8 y 9 de septiembre en Santiago, Chile. 

Nelsy Lizarazo: “En términos de ejercicio pleno del Derecho a la Educación, no basta con el acceso a la educación, es necesario invertir en calidad educativa”

El encuentro es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.

“Han sido dos años de aprendizaje súper interesante, no solamente en asuntos técnicos, sino también en construcción de posición política y también en términos humanos”, dice Nelsy Lizarazo, coordinadora de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) durante la apertura del taller. 

Según ella, en términos de ejercicio pleno del Derecho a la Educación, no basta con el acceso a la educación, es necesario invertir en calidad educativa. “Son necesarios cuatro criterios para tener en cuenta: el primero, la proporción dedicada a la educación debe de ser suficiente; el segundo, que ese presupuesto debe de ser del tamaño adecuado, que responda a las necesidades educativas del país, a sus brechas, a sus desigualdades; el tercero, presupuesto ser sensible a los grupos históricamente excluidos; y el cuarto, que el presupuesto sea transparente, construido, evaluado de forma participativamente con la ciudadanía. 

Adrián Falco: “Para superar la pobreza, la desigualdad, para dar y garantizar derechos a toda la población y dar acceso a servicios públicos de calidad a toda la ciudadanía, para eso promovemos la #JusticiaFiscal”

Para Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad), la región latinoamericana y caribeña,  mantiene  30% de pobreza y  19% de indigencia y, sin embargo, se concentra cada vez más la riqueza y los gobiernos dan cada vez más concesiones a los ricos y al gran capital. “Para superar la pobreza, la desigualdad, para dar y garantizar derechos a toda la población y dar acceso a servicios públicos de calidad a toda la ciudadanía, para eso promovemos la #JusticiaFiscal”, afirma.

Además de Nelsy Lizararo y Adrián Falco, el encuentro cuenta con la participación de Dereje Alemanyehu, de la Alianza Global por Justicia Fiscal -GATJ;  Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación; Mariana Huepe, de CEPAL; de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.

Sobre el proyecto

La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal  tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.

Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales. 

El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC) 

En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay;  Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana. 


Episodio 9: Educación pública ante la privatización en el Podcast Educación ¿qué onda?

28 de julio de 2023

La educación pública enfrenta continuas amenazas de privatización de las empresas que promueven iniciativas sobre la tecnología, la formación docente, la infraestructura educativa, entre otras, por ello la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) comparte el noveno episodio de su podcast educación ¿qué onda? con este tema central.

En la sección Notas en la Pizarra participan Andressa Pellanda y Daniel Cara de la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación con valoraciones desde el Foro Político de Alto Nivel y Tamara Montalvo del equipo regional de la CLADE expresa algunas de las recomendaciones de la sociedad civil sobre justicia fiscal presentadas en la Cumbre Ministerial para la región de América Latina y el Caribe hacia una tributación global incluyente, sostenible y equitativa.

Ecos y Voces, la sección de opinión cuenta con Erika Moreira Martins, investigadora en política educativa en entrevista a CLADE señala algunos mecanismos que naturalizan la privatización y mercantilización de la educación. 

Oscar Jara Holliday, sociólogo, educador popular y expresidente de CEAAL junto a Raimunda Olivera Silva (Mundinha) del equipo de coordinación de CEAAL y de la Escuela de Formación (ENFOC – CONTAG) nos hacen llegar la alegría del aniversario 40 de CEAAL junto al compromiso por fortalecer la educación popular en todos los espacios de formación en la sección Tejido en Red. 

Con locución de Nelsy Lizarazo, coordinadora de CLADE y Salvador De Leon integrante del Grupo de Trabajo de Juventudes por la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE).

Escucha el episodio completo:

Notas en la Pizarra: Foro Político de Alto Nivel y Cumbre Ministerial por la Tributación

El Foro Político de Alto Nivel tuvo como título y tema central Acelerar la recuperación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la plena implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en todos los niveles, es convocado anualmente por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) y tuvo lugar en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos entre el 10 y el 19 de julio de 2023. Andressa Pellanda y Daniel Cara de la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación participaron de este Foro y nos comparten su preocupación por la convergencia tecnológica y la educación en esta agenda multilateral.

Tamara Montalvo del equipo regional de la CLADE afirma la importancia de visibilizar las demandas por una justicia fiscal como camino para la justicia social, como parte de las recomendaciones de la sociedad civil presentadas en la Cumbre Ministerial para la región de América Latina y el Caribe hacia una tributación global incluyente, sostenible y equitativa, y que se realizó entre el 27 y el 28 de julio en Cartagena de Indias, Colombia.

Ecos y Voces: privatización y mercantilización de la educación

Erika Moreira Martins, doctora en educación con énfasis en ciencias sociales e investigadora en política educativa en la Universidad de Lisboa, ha realizado el seguimiento a procesos de privatización, compartiendo algunas de sus reflexiones en espacios de la CLADE, entre ellos el Banco Mundial. Lineamientos para educación y Proyectos financiados en América Latina y el Caribe.

La investigadora comparte la preocupación sobre el hecho que la mayoría de las políticas de educación se centran en la reducción de la desigualdad y la pobreza, potenciar la productividad y la innovación, y en reforzar la integración económica; sin embargo esta mirada refleja en menor o mayor medida la influencia neoliberal y en consecuencia determina las decisiones que favorecen la privatización en la agenda educativa. 

Tejido en Red: Educación Popular vigente con el aniversario 40 de CEAAL

El Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) integra CLADE en su calidad de membresía regional y participa de la Plataforma regional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) así como en otras agendas compartidas. 

A propósito de su aniversario número 40, CEAAL mantiene viva la base inspiradora de Paulo Freire como camino para profundizar la democracia desde la educación popular. Declaraciones de Oscar Jara Holliday, sociólogo, educador popular y expresidente de CEAAL junto a Raimunda Olivera Silva (Mundinha) del equipo de coordinación de CEAAL y de la Escuela de Formación (ENFOC – CONTAG).

Al cierre del Podcast: Educación ¿qué onda? les invitamos a visitar el informe regional sobre Financiamiento del Derecho Humano a la Educación en América Latina y Caribe, que muestra los resultados de la actualización del Sistema de Monitoreo del Financiamiento del Derecho Humano a la Educación. Este informe muestra indicadores en tres dimensiones de análisis: esfuerzo financiero público; disponibilidad de recursos por persona en edad escolar; y equidad en el acceso escolar.

Lee más:

Especial:Junio por la educación y el cuidado en la primera infancia.

Podcast: Educación ¿qué onda?, episodio 1 Género y Educación  

Episodio 2 Juventudes en Podcast Educación ¿Qué onda?

Episodio 3 en Podcast Educación ¿qué onda? Retrospectiva de CLADE 2022

Episodio 4 sobre Proyecciones 2023 ¿Qué esperamos para el derecho humano a la educación? en el Podcast Educación ¿Qué onda?

Episodio 5: Educación no sexista en Podcast Educación ¿qué onda?

Episodio 6: Educación Inclusiva en el podcast Educación ¿Qué onda?

Episodio 7: Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) en el podcast Educación ¿Qué onda?

Episodio 8: Primera Infancia en el podcast Educación ¿Qué onda?

 

Créditos:

Producción: María Cianci Bastidas 

Entrevistas: María Cianci Bastidas, Thais Iervolino y Carolina Osorio.

Locución: Nelsy Lizarazo, coordinadora de CLADE y Salvador De Leon integrante del Grupo de Trabajo de Juventudes por la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE).

Canción: AnónimA Arte y Comunicación

Apoyo musical: Pregón de pieza comunicativa (mensajería instantánea) del Movimiento por la Unidad Docente (MUD). Chile.

Ilustración: Renata Dorea

Producción General: Nelsy Lizarazo, Thais Iervolino, Carolina Osorio y María Cianci Bastidas


Josip I Unsplash Colombia

Mirada crítica sobre el transporte escolar como brecha educativa

19 de abril de 2023

La garantía del derecho humano a la educación va de la mano de las condiciones que sustentan el acceso y la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. En las zonas rurales una de las situaciones que representa una amenaza para que niños y niñas puedan asistir a los centros educativos es el transporte escolar, esto se traduce no solo en el propio servicio de traslado para la ida y el retorno, también que el mismo debe constituir, al igual que la propia escuela, un espacio seguro y libre de violencia. 

La responsabilidad de las diversas instancias del Estado para planificar y coordinar acciones que garanticen el transporte escolar se ha visto con múltiples deficiencias en Colombia, profundizado en las zonas rurales.

Algunas alternativas para solventar el riesgo de exclusión educativas son analizadas en el artículo de opinión realizado por Katherine Tovar Briñez y Edwin Tovar Briñez, docentes con licenciatura en ciencias sociales por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, titulado “La brecha educativa rural: Apuntes críticos sobre el transporte escolar en Colombia”.

En el artículo se afirma que “según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) del 2016, titulado Bienes y servicios públicos sociales en la zona rural de Colombia: brechas y políticas públicas, la falta de una mancomunidad entre las entidades responsables por el transporte escolar ha dado lugar a varias problemáticas en las áreas rurales, como la duplicación de rutas, la falta de vehículos adecuados y la subutilización de recursos disponibles, así como la ausencia del servicio cuando se requiere”.

Lee el artículo publicado en Rebelión.