Foto: Pxhere.com

Organizaciones rechazan la violencia contra maestras y maestros en Colombia

16 de diciembre de 2020

“Lo que hoy se denuncia no es un fenómeno puramente coyuntural sino una práctica política con lamentables efectos culturales que han consolidado una naturalización de la violencia y del exterminio físico de los oponentes, como medios para impedir el logro de las reivindicaciones democráticas mínimas exigidas por el pueblo colombiano que sufre los efectos de la desigualdad. El llamado es a frenar de una vez por todas la impunidad existente frente a este tipo de hechos”, se afirma en la nota publicada hoy (16/12) por más de 20 organizaciones, redes y coaliciones internacionales, regionales y nacionales, entre ellas la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), que denuncian el gobierno colombiano por la extrema violencia generalizada vivida por las y los docentes del país, principalmente las/os más de 350 mil que integran la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE).

Según el documento, en el caso colombiano, la lucha por el derecho a la educación se superpone a la lucha por el derecho a la vida. “Por esa razón, las organizaciones firmantes expresamos nuestro más radical rechazo a estas manifestaciones de violencia, y pedimos al gobierno colombiano mostrar resultados contundentes en las investigaciones, y a la comunidad internacional ejercer una vigilancia rigurosa sobre la situación que viven los maestros las maestras de Colombia, en particular los integrantes de FECODE, a quienes manifestamos toda nuestra solidaridad y apoyo en estas difíciles circunstancias”.


>> Lee la nota completa:
▪️ Español – Comunicado Conjunto contra la Campaña de Estigmatización a la Federación Colombiana de Educadores de Colombia – FECODE

▪️ English – Joint Press Release Against Stigmatization Campagn to the Colombian Federation of Educators of Colombia – FECODE

▪️ Português – Comunicado Conjunto Contra a Campanha de Estigmatização da Federação Colombiana de Educadores – FECODE

▪️ kreole – Kominike Nan Tètansanm Kont Kanpay Pèsekisyon k ap Fèt Kont Federasyon Kolonbyen Edikatè Kolonbyen Yo


Foto: Mauricio Castañedas

CLADE lanza informe sobre la criminalización de la lucha estudiantil

10 de diciembre de 2020

Con el apoyo del fondo Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund (SAIH), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanza hoy (10/12) el informe “Criminalización y violación a los derechos humanos de estudiantes en América Latina y el Caribe. Reflexiones a partir de los casos de estudiantes secundarios y universitarios en Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras”.

Entre los objetivos del documento está el análisis y la visibilización de la situación de las y los estudiantes de la región como protagonistas de la defensa del derecho a la educación y de otros derechos humanos y su creciente criminalización en contextos de protestas sociales en Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras.

“Levantar información desde los territorios y las voces de los actores sociales y sus luchas, resulta fundamental no solamente en la visibilización de una tendencia que gana terreno en los últimos años en nuestro continente, sino también de cara a las propuestas y la urgente necesidad de que los Estados cumplan su rol de garantes de todos los derechos y, en este caso, del derecho a participar, asociarse, expresarse libremente y movilizarse, pacíficamente, exigiendo el cumplimiento del Derecho Humano a la Educación”, afirma Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE.

Para la elaboración del informe se entrevistó a estudiantes de los países mencionados y se analizó su situación como protagonistas de la defensa del derecho a la educación y de otros derechos humanos y su creciente criminalización en contextos de protestas sociales en esos cuatro países.  Además de los casos concretos presentados, la investigación hace un análisis, en alianza con la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), sobre el rol de los medios de comunicación en el proceso de criminalización de estudiantes y movimientos estudiantiles.

El documento también considera la existencia, extensión y singularidades de este fenómeno, así como la profunda afectación que supone no solo para el derecho a la educación, también para otro conjunto de derechos humanos fundamentales. En términos generales, se puede mencionar: impacto en los derechos de participación, libertad de expresión, reunión y asociación; represión y uso excesivo de la fuerza; actuaciones penales infundadas con el fin de paralizar o deslegitimar sus causas; arrestos; imposición de sanciones penales, civiles y administrativas; vigilancia de organizaciones de estudiantes; asesinato de estudiantes. En el ámbito educativo: expulsiones, suspensiones, cancelación de becas u otros beneficios estudiantiles.


Hallazgos y resultados

Los hallazgos y resultados de este proceso ratifican algunas tendencias que ya se habían identificado en otros procesos y acciones que viene llevando adelante CLADE en torno a este tema, así como los graves impactos que suponen para el derecho a la educación y para todo el conjunto de derechos humanos.

En cuanto a los responsables, el informe identificó una multiplicidad de actores y factores que interactúan en los procesos de criminalización, con una relevante participación del Estado, como el aumento de la militarización (con la presencia sobre todo del ejército) en las escuelas y universidades (violando la autonomía universitaria); la aprobación de leyes que dificultan la realización de manifestaciones y protestas sociales o la penalización a conductas relacionadas a la protesta social; la apertura de procesos en contra de estudiantes bajo diferentes figuras penales sin fundamento y sin las pruebas pertinentes o en base a pruebas falsas;  la detención ilegal, agresión física y psicológica de estudiantes y de la comunidad escolar; el asesinato durante manifestaciones o luego de haber participado en protestas por parte de grupo paramilitares y el énfasis en los inconvenientes causados por las protestas y no en las causas de las reivindicaciones y/o las consecuencias de la criminalización por parte de los medios de comunicación.

Entre los impactos y consecuencias del proceso de criminalización, la investigación identificó graves restricciones a su derecho a educarse en las instituciones de educación secundaria y superior, impidiendo o generando obstáculos para que la reincorporación de estudiantes pueda ser posible, en algunos casos, como ya se señaló, incluso ha sido de forma definitiva; usos de violencia física incluyendo, en algunos casos situaciones de tortura, abuso sexual, e incluso la muerte.


Consideraciones y recomendaciones

El informe trata de aportar el panorama regional y reafirma la necesidad de fortalecer urgentemente estrategias que ayuden a revertir este fenómeno y contribuyan a garantizar los derechos de todos los actores de la comunidad educativa, en particular de las y los estudiantes, ofreciendo una serie de recomendaciones generales y otras específicas dirigidas a diferentes ámbitos (ámbito estatal gubernamental, organismos de derechos  humanos, medios de comunicación, sociedad civil,  y a la comunidad educativa).

Entre las recomendaciones están: la relevancia de profundizar en el análisis del contexto, la visibilidad, comprensión, denuncia y sistematización de situaciones de criminalización, desde un enfoque de derechos humanos y de género y la articulación de esfuerzos y medidas desde todas las esferas de la sociedad para avanzar en un mayor reconocimiento y consolidación del derecho a la protesta social como un derecho humano fundamental y como mecanismo de defensa e incidencia por el derecho a la educación, el rol de las y los estudiantes como defensores de derechos humanos.


Foto: Pxhere.com

Colombia: Organizaciones denuncian masacre de niños, niñas y jóvenes

20 de agosto de 2020

Ante el contexto de extrema violencia vivida en Colombia, con los asesinatos y masacres que se están cometiendo contra niños, niñas y jóvenes en diferentes regiones del país, la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación y más de 90 organizaciones sociales, educadoras, educadores, y activistas del país y de América Latina y el Caribe publicaron esta semana un comunicado denunciando los crímenes y exigiendo justicia y esclarecimiento de los hechos.

El documento denuncia los asesinatos de 21 adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios cuyos casos todavía no están resueltos y sus respectivos culpables siguen impunes. Según el documento, “el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registra 183 personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos asesinadas en lo que va del año 2020”.

“Requerimos al Estado colombiano ejercer el monopolio de la fuerza para desmantelar y desarticular los grupos criminales que han tomado los territorios, violentan y masacran las comunidades de nuestro país”, se afirma en el comunicado.

Las organizaciones que firman el documento también instan al Estado colombiano “a respetar e implementar los acuerdos de paz en los territorios y a generar medidas de protección para quienes se encuentran en peligro de muerte, en especial para las personas en procesos de reincorporación social, a las comunidades indígenas y afrodescendientes, a las y los líderes sociales y defensoras/es de Derechos Humanos”.


>> Documento completo: Comunicado Urgente por la vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes


Foto: Secretaria de Educación Soacha

Colombia: Presión de organizaciones impide la suspensión de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en el país

23 de junio de 2020

Días después de que la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE) publicó pronunciamiento que denunciaba la Directiva 05 del Ministerio de Educación Nacional de Colombia por suspender la realización de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) hasta que la crisis sanitaria por el COVID-19 termine, el gobierno colombiano modificó la medida y aseguró que la modalidad educativa deberá ser tratada con prioridad.

“Esta petición contó con el respaldo de más de 900 firmas de personas a nivel nacional e internacional. Como respuesta a esta denuncia, el Ministerio de Educación emite la Directiva 014, de 12 de junio de 2020, (…) que deja un mensaje bien claro de quienes son los responsables y cómo queda la EPJA en el contexto de la pandemia, garantizando la finalización de todos los ciclos de educación de jóvenes y adultos, para que todos los estudiantes puedan culminar sus estudios”, afirma el más reciente pronunciamiento de la Coalición, publicado el 20 de junio.


Comunicación, incidencia política y formación 

Las acciones que resultaron en la garantía de la realización de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas para este año en el país han sido fortalecidas desde el año pasado con un encuentro sobre la EPJA, que reunió cerca de cien personas. “Esa participación permitió visibilizar un poco más la situación de la EPJA en Bogotá, la capital colombiana, y también en muchas regiones del país”, explica la coordinadora de la Coalición, María Elena Urbano. 

Publicación “Por una Educación de Personas Jóvenes y Adultas Emancipadora y Garante de Derechos”, que sistematiza las reflexiones y los diálogos del encuentro realizado en el 2019

Además de darle visibilidad a dicha modalidad educativa, según María Elena Urbano, el encuentro del año pasado permitió consolidar un grupo dinamizador de acciones de formación y comunicación sobre la EPJA. “Identificamos a una temática para hacerle frente al deterioro en que se encuentran los programas de EPJA y hemos fortalecido este proceso a través de acciones de formación”, explica.

Con relación a la comunicación, la Coalición ha iniciado una campaña de visibilización de la modalidad llamada “Los Rostros de la EPJA”. “Son diferentes personas, entre docentes y estudiantes, que acceden a los diferentes modelos de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas y hacen relatos sobre sus experiencias, sus metas, sueños y, sobretodo, sobre lo que sería la educación de calidad para ellas”, explica Andrés Ramos, responsable por el área comunicativa en la Coalición. 

 

Mira uno de los videos:

#EducaJóvenesyAdultosYA

Mirella Astroina, perteneciente al Pueblo indigena Barí, en el departamento Norte de Santander nos cuenta las necesidadess, las luchas y su sueño de educarse. Mirella, al igual que muchos estudiantes y maestros de las comunidades indigenas y que se encunetran en la ruralidad, exigen un fortalecimiento y seguimiento al que hacer pedagógico de los docentes, la inclusión de materias que permitan la recuperación de la lengua materna, el fortalecimiento de la misma a través de los docentes bilingües, la enseñanza de contenidos pedagógicos que recupere el saber tradicional, pero sobre todo el apoyo y promoción de encuentros etnoculturales que les permita a los jóvenes Bari compartir experiencias, saberes con los “ancestros” sus mayores de su comunidad, y así tener una #educación de calidad y para toda la vida. CLADE – Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación

Posted by Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación on Monday, June 8, 2020


Diversidad e importancia de la EPJA 

Según el Tercer Informe Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos (GRALE III, 2016), en el mundo suman actualmente 758 millones de personas adultas –incluyendo a 115 millones de personas entre 15 y 24 años– que no saben leer o escribir adecuadamente, siendo que dos tercios de esta cifra son mujeres. En América Latina y el Caribe, 36 millones de personas jóvenes y adultas con 15 años o más son consideradas analfabetas (UIS UNESCO, datos 2010), lo que representa un 9% de la población de esta edad.

“El promedio regional se ha alterado poco en los últimos años, lo que muestra que los avances son todavía insuficientes. Si se considera el analfabetismo funcional, entendido como la falta de habilidades y competencias requeridas por las personas para los distintos contextos de la vida, esta cifra crecería significativamente”, explica la publicación “No Dejar a nadie atrás: El rol central de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en la implementación de la Agenda 2030”, publicada en el 2018 por la CLADE.  

La realidad de la EPJA en Colombia no es diferente del promedio regional. Según la secretaria técnica y responsable por las acciones referentes a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en la Coalición, Blanca Cecilia Gómez, todavía no hay en Colombia una política pública para la EPJA suficientemente fortalecida. 

“Desde la Coalición siempre hemos tenido una preocupación por el derecho a la educación en general, pero sobretodo en las partes menos reconocidas por el Estado y una de ellas es la EPJA. Todavía no existe una política pública de EPJA en Colombia y por eso nos hemos metido con fuerza para tratar de que el Estado la reconozca dentro del derecho a la educación”, afirmó.  

A su vez, María Elena Urbano explica que las desigualdades en Colombia refuerzan la importancia de luchar por el derecho a la EPJA. “El hecho de luchar por el derecho a la educación de personas jóvenes y adultas es una apuesta porque aquí hay poblaciones vistas como de ‘primera’, ‘segunda’ y ‘tercera’ categorías. Hay que luchar mucho contra la discriminación y, sobretodo, entender que esa lucha es un acto muy humano por la igualdad. Hay que pelear por el derecho a la educación en cualquier momento de la vida”, enfatizó.  

Según Blanca Cecilia Gómez, no hay una única forma de EPJA en Colombia. “Hay la educación nocturna que se hace en los colegios públicos, pero también tenemos educación en los territorios, educación indígena, educación rural, educación con jóvenes excluidos de la escuela, educación comunitaria, educación dirigida a población discapacitada, educación en las cárceles, etc”, explicó. 

Para la activista, las personas que entran a esta modalidad de educación, desde el inicio, tienen violado su derecho a la educación, sea por cuestiones de pobreza, falta de acceso por distancia de la escuela, entre otras. “Esta educación se convierte en vital para poder mejorar sus condiciones de vida. Hay varios casos de personas para quienes el hecho de poder estar en esta educación es como su última posibilidad para poder mejorar sus condiciones de vida y poder acceder a estudios superiores técnicos o profesionales. Por eso esa educación es clave para garantizar los derechos y hay que respaldarla”, subrayó.


Aula de clase de EPJA
MEC/João Bittar

Colombia: Coalición denuncia Ministerio de Educación por suspensión de la EPJA en el país

9 de junio de 2020

La Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE) divulgó un pronunciamiento público, en el cual denuncia al Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) por suspender la realización de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) a partir del segundo semestre de 2020, hasta que la crisis sanitaria por el COVID-19 termine. 

Según la coalición, la directiva del Ministerio publicada el 5 de marzo de 2020, que prioriza la implementación de estrategias pedagógicas de trabajo en casa y de una modalidad de complemento alimentario para consumo en casa a la población en edad escolar, suspende la contratación de la prestación del servicio educativo para personas adultas durante la presente vigencia, así como suspende el ingreso de personas jóvenes y adultas para el siguiente ciclo, hasta el 2021.

“En un país tan desigual como Colombia, esta Directiva 05 del MEN es discriminatoria y acrecienta la injusticia social y educativa, al negar el derecho a la educación a las personas jóvenes y adultas más excluidas y empobrecidas de nuestro país, que están en esta modalidad de educación porque antes han sido excluidas del sistema educativo y su derecho humano a la educación ha sido negado a lo largo de su vida; con esta resolución de nuevo es violado este derecho y se reincide en su exclusión”, afirma la coalición en su pronunciamiento.

En el comunicado, la CCDE hace un llamado a la ministra de Educación y a su equipo para que revisen esta medida y, de manera inmediata, se restablezca el Derecho Humano a la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas, permitiendo la matrícula para el segundo semestre y el próximo año a las personas que requieren esta educación.

>> Pronunciamiento público de la CCDE completo


Coalición Colombiana lanza publicación sobre EPJA

23 de abril de 2020

Contribuir para que las políticas públicas de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en Colombia sean construidas desde las perspectivas y demandas de las y los estudiantes y docentes. Este es uno de los objetivos de la publicación “Por una Educación de Personas Jóvenes y Adultas Emancipadora y Garante de Derechos”, recién lanzada por la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, en alianza con la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y con el apoyo de DVV International. (más…)


Búsqueda

22 de abril de 2020

Recorriendo senderos del pasado, encontré a mi ser ausente, peregrino de ojos lúgubres

con pasos tenues sobre desiertos sin arena; aquel cósmico perpetuo que admira

taciturno el horizonte sujeto a un sentir melancólico, evocando vivos sueños del ayer y

ahora tan lejanos, ajenos a su destino, maquillados con sombras del recuerdo, donde el

único anhelo se torna extraño al presente ignorando los restos del caminante que algún

día surcó cielos con la imaginación por alas.


Colombia en el 2020: El año promete la continuidad de las protestas por más financiamiento para el derecho a la educación

22 de marzo de 2020

Para conocer cuáles son los desafíos y oportunidades hacia la realización del derecho humano a la educación actualmente en Colombia, conversamos con María Elena Urbano y Cecilia Gómez, integrantes de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE), miembro de la CLADE en el país. En la entrevista, abordaron la coyuntura nacional y las expectativas de las comunidades educativas ante este escenario, así como los planes de la sociedad civil para continuar su lucha por la garantía del derecho a la educación y otros derechos humanos.

“Se espera que las amplias movilizaciones que están realizando las organizaciones sociales, sindicales y de estudiantes logren negociar con el gobierno reivindicaciones que reduzcan las desigualdades sociales, la marginalidad y la exclusión, en que vive la mayoría de la población colombiana, y mejoren las condiciones de vida en el país”, afirmaron las entrevistadas.

Lee el diálogo completo a continuación.  (más…)


América Latina y el Caribe se preparan para la IV Bienal en Primera Infancia, Niñez y Juventud

19 de febrero de 2020

Del 27 al 31 de julio de 2020 tendrá lugar en Manizales, Colombia, la IV Bienal Latinoamericana y Caribeña en Primera Infancia, Niñez y Juventud, que tendrá como principales ejes temáticos las desigualdades, los desplazamientos y las diversidades. El evento, organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano (CINDE) y la Universidad de Manizales, será un escenario de articulación entre academia, responsables por las políticas públicas y organizaciones sociales de la región.

(más…)


Foto: Arriba las que luchan

Las voces de mujeres latinoamericanas contra la violencia de género

13 de diciembre de 2019

Nuestra región y el mundo viven un despertar de la conciencia colectiva respecto a la situación del femicidio y el maltrato contra las mujeres. En el contexto del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres (25/11), el portal Otras Voces en Educación solicitó a mujeres de distintos países de América Latina y el Caribe que nos comentaran el escenario de la violencia de género en sus contextos.

«Nos sumamos al aleteo de millones de mariposas y luciérnagas que gritan al mundo que no puede haber libertad, desarrollo sostenible ni humanidad, si la violencia contra la mujer sigue siendo un problema de nuestras sociedades», afirma el portal.

Escucha a continuación las voces y miradas de estas mujeres latinoamericanas. (más…)