¿Cuál es el contexto nacional del derecho a la educación actualmente, y cuáles son las expectativas para el 2020?
Alberto Croce - El 2020 será un año especialmente importante para la educación en el país, una vez que el nuevo gobierno, liderado por Alberto Fernández, asumió la presidencia hace menos de 2 meses, representando un nuevo escenario para dicha área. Las prioridades del nuevo presidente están relacionadas a superar la gran crisis económica que el país enfrenta, la cual tiene conexión con la deuda externa argentina. Sin embargo, aún resta mucho a aclarar en relación a las otras políticas públicas planteadas por Fernández."Pese a la esperanza que el nuevo escenario despierta y aunque el nuevo presidente tenga la educación como una de sus prioridades en su plan de gobierno, es necesario tomar en cuenta la difícil situación económica y social del país"Los primeros pasos hacia un plan de gobierno para la educación son dados esta semana, con una reunión entre el gobierno federal y los ministros de educación provinciales. Además, se realiza hoy [31 de enero] la primera reunión entre el gobierno y los sindicatos docentes en 4 años, para debatir la cuestión de los salarios y las condiciones de trabajo de las maestras y los maestros. Este debate es particularmente importante, pues afecta las condiciones de enseñanza de las y los estudiantes y también la participación de la comunidad educativa en el planeamiento de las políticas. Pese a la esperanza que el nuevo escenario despierta y aunque el nuevo presidente tenga la educación como una de sus prioridades en su plan de gobierno, es necesario tomar en cuenta la difícil situación económica y social del país. Este es un año de muchas expectativas y de muchas preocupaciones.
Ante el contexto mencionado, ¿cuáles serán las actividades o ejes de acción prioritarios de la CADE este año?
Alberto Croce - Estamos planteando para el 2020 algunas cuestiones muy importantes y diversas. Entre ellas, seguiremos impulsando la implementación de la Verificación Técnica Escolar (VTE) en los centros educativos del país. La Verificación, que asegura que la infraestructura de las escuelas esté en condiciones adecuadas y seguras para la garantía del derecho a la educación, es una iniciativa que busca promover el control ciudadano accesible sobre los presupuestos educativos locales y la calidad y seguridad de las condiciones de los centros educativos."La educación no debe quedarse en el reciclaje solamente, sino promover que debemos ser ciudadanos y ciudadanas cuidadores de la Madre Tierra, de la Pacha Mama"También nos proponemos abrir espacios de participación a los distintos sectores sociales en el planeamiento de las políticas públicas. Trabajando con las y los estudiantes, sindicatos, cooperativas, ONGs y escuelas, queremos generar espacios de discusión sobre el derecho a la educación y las políticas educativas, para que él se abra y no se quede cerrado a sectores muy técnicos o que se apropien de la educación sin realizar debates públicos. La CADE también desea promover una educación emancipadora en las escuelas, defendiendo que se incluyan cuestiones como la educación sexual integral (ESI) y la educación ambiental. Creemos que la educación no debe quedarse en el reciclaje solamente, sino promover que debemos ser ciudadanos y ciudadanas cuidadores de la Madre Tierra, de la Pacha Mama, y que esta idea se forme desde la escuela. En el ámbito jurídico, la CADE planea sostener una perspectiva federal de la educación, pero respetando y acompañando las propuestas provinciales, así como valorando las cuestiones y especificidades locales, a través del apoyo a las experiencias educativas de gestión social y cooperativa. Asimismo, una de las grandes apuestas de la Campaña para el 2020 será la lucha por mecanismos legales que garanticen un financiamiento educativo nacional adecuado. Además, queremos incidir por un compromiso del nuevo gobierno en actuar por la garantía de una inversión mínima del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país a la educación básica.">
Nuevo gobierno en Argentina: Expectativas y luchas para la defensa de la educación en el 2020
31 de enero de 2020Para conocer cuáles son los desafíos, oportunidades y expectativas que se avizoran para la realización del derecho a la educación en Argentina, en el 2020, con el nuevo gobierno de Alberto Fernández, dialogamos con Alberto Croce, secretario nacional de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE).
“Pese a la esperanza que el nuevo escenario despierta y aunque el nuevo presidente tenga la educación como una de sus prioridades en su plan de gobierno, es necesario tomar en cuenta la difícil situación económica y social del país. Este es un año de muchas expectativas y de muchas preocupaciones”, afirma Croce.
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Así, insta también por la inclusión educativa, prestando especial atención a las personas con discapacidades y a las poblaciones indígenas del país, muchas veces excluidas de los sistemas escolares. “Ninguna meta educativa debería considerarse lograda a menos que se haya logrado para todos y todas”, subraya el Colectivo. Además, se compromete a velar por la calidad educativa, para la cual es necesario aumentar los insumos dedicados a la educación, así como fortalecer los procesos y mecanismos de seguimiento y evaluación de los progresos alcanzados. “Velaremos también para que los docentes y los educadores estén empoderados, sean debidamente contratados, reciban una buena formación, estén cualificados profesionalmente, motivados y apoyados dentro de sistemas que dispongan los recursos suficientes”, afirma la nota. Ante el actual contexto mundial de cambios climáticos, nuevas tecnologías e inestabilidades políticas, el CETT también reafirmó públicamente su compromiso en seguir presionando por el desarrollo de sistemas de educación que ofrezcan mejores respuestas a dicha coyuntura y a las necesidades de niñas, niños, jóvenes y personas adultas, mayores, desplazadas y refugiadas. Lee aquí la nota pública del Colectivo.">Guatemala: Sociedad civil se moviliza por el cumplimiento de la Agenda 2030
30 de enero de 2020Celebrando el Día Internacional de la Educación, el último 24 de enero, el Colectivo de Educación para Todas y Todos (CETT), miembro de la CLADE en Guatemala, lanzó una declaración pública en la que reafirma su compromiso con el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 en el país. (más…)
"Existen disposiciones constitucionales que aseguran el acceso gratuito a la educación, pero dentro de los programas neoliberales han inventado un organismo que reúne las escuelas privadas y, seguramente, están preparando todo un contexto legal para favorecer la privatización y mantener lo que ya han conquistado: el 84% del sistema educativo nacional es de escuelas privadas"¿Existe alguna legislación nacional que prohíbe o restringe el lucro en la educación? Camille Chalmers: Por supuesto, existen disposiciones constitucionales que aseguran el acceso gratuito a la educación, pero dentro de los programas neoliberales, han inventado un organismo que reúne las escuelas privadas y, seguramente, están preparando todo un contexto legal para favorecer la privatización y mantener lo que ya han conquistado: el 84% del sistema educativo nacional es de escuelas privadas. Existe también el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue ratificado por el gobierno haitiano, y por lo tanto, tiene fuerza de ley. Este pacto ofrece provisiones para avanzar hacia la prohibición del lucro en actividades educativas, y hacia la previsión del acceso universal libre y equitativo a los servicios educativos.
¿Cómo se da el lucro en la educación de Haití? Camille Chalmers: La privatización de la educación aquí hace parte de un plan global neoliberal, que ya avanzó bastante. Hay una ley nacional [la llamada Ley de Tasas Escolares] que fue publicada recientemente, y trata de regular el aumento de los gastos reclamados a las y los estudiantes por el sector privado, pero todavía no se está aplicando realmente esta norma. Sin embargo, la ley abre posibilidad para la creación de reglamentos interesantes en términos de prohibir el lucro en la educación. El proyecto de la Ley de Tasas Escolares quedó 10 años en el parlamento, hasta que finalmente la ley fue publicada, hace un año y medio. Esta norma realmente prohíbe un aumento abusivo de los gastos reclamados a las y los estudiantes, por el sector privado, pero no hay ningún instrumento legal que regule realmente la actividad educativa en términos de prohibir la mercantilización.
Respecto a la definición de las legislaciones en Haití, ¿destacaría algún actor o proceso particularmente determinante? Camille Chalmers: Los actores más importantes en este sentido, en la coyuntura actual, son los sindicatos de profesores y educadores, que tienen un peso importante en la lucha democrática global y, cuando están debidamente informados y sensibilizados, pueden jugar un papel determinante en la presión sobre el Estado y la Asamblea Legislativa.
¿Qué actores han sido los responsables por impulsar el lucro en la educación en Haití? Camille Chalmers: El gobierno, la USAID, que es muy activa y apoya la asociación de escuelas privadas, y sobretodo las escuelas religiosas, protestantes. La asociación de directores de escuelas privadas y también este frente de educadores protestantes tienen mucho financiamiento directo del gobierno de Estados Unidos, de la USAID. Estos actores están presionando hacia la privatización de la educación y para mantener el estado negativo que tenemos en este momento.
La definición de 'organizaciones sin fines de lucro' varía según el país, siendo a menudo un nombramiento jurídico establecido por las propias organizaciones. En Haití, ¿considera que estas organizaciones actúan con coherencia en relación a su nomenclatura?
"Llevamos a cabo, hace muchos años, una lucha para tener una legislación general que regule, defina y estabilice el sector de las asociaciones, pero no existe todavía"Camille Chalmers: En Haití no existe una ley general sobre asociaciones que permitiría definir muy claramente qué es un organismo sin fines de lucro. Llevamos a cabo, hace muchos años, una lucha para tener una legislación general que regule, defina y estabilice el sector de las asociaciones, pero no existe todavía. Lo que existe son textos legislativos antiguos que fueron adoptados durante la dictadura de [François ] Duvalier, y son represivas. No son aplicables porque fueron adoptadas en un contexto legal totalmente distinto al que tenemos ahora. Hay, entonces, una situación de vacío legal, donde realmente no se define lo que es un organismo sin fines de lucro.
Respecto al marco legislativo vigente en su país, ¿qué ajustes o mejoras se debería hacer para consolidar la educación como un derecho humano fundamental? Camille Chalmers: Es una lucha que tenemos que impulsar. La Asamblea actual es una legislatura muy reaccionaria y conservadora, controlada por el gobierno y el PHTK [Haitian Tèt Kale - partido político], que no tiene ninguna sensibilidad social y no está de acuerdo en aplicar medidas para la universalización del acceso a la educación. Como estamos en un período de crisis política profunda y de crisis institucional, que probablemente deben retrasar el proceso electoral para la próxima legislatura, esperamos que mientras tanto surjan organismos más sensibles a este tipo de cuestiones. Nos mantenemos en la lucha contra la orientación neoliberal y contra la privatización de los servicios básicos y también contra el hecho de que están quitando cada vez más las competencias del Estado para transferirlas al sector privado. Es una lucha que llevamos a cabo hace muchos años, y que seguiremos impulsando. Por supuesto, aprovecharemos la transición política para enfatizar estas demandas.
"Se necesita una campaña global hacia la sociedad, que promueva la presión y recomendaciones, así como la preparación de instrumentos legales nuevos en interlocución con el Ejecutivo y con el Parlamento"¿Qué recomendaciones haría a las organizaciones de la sociedad civil que actúan contra la mercantilización de la educación y en defensa de la educación pública y gratuita? Camille Chalmers: Creo que hay que hacer una campaña global, que abarque la sensibilización de la opinión pública, pero también otros aspectos. En Haití, la gente cree mucho en la educación e invierte mucho en este derecho. Más del 60% de los ingresos educativos es asegurado por la gente directamente. Se necesita una campaña global hacia la sociedad, que promueva la presión y recomendaciones, así como la preparación de instrumentos legales nuevos en interlocución con el Ejecutivo y con el Parlamento. Hay también todo un trabajo a hacer directamente con las organizaciones gremiales del sector educativo. Pensando en los sindicatos de los profesores y también en algunas asociaciones de directores de escuelas, creo que hay todo un trabajo por hacer con ellos directamente, para darle legitimidad a los nuevos instrumentos legales que permiten asegurar un acceso universal a la educación pública de calidad.
¿Le gustaría añadir otras informaciones? Camille Chalmers: Es importante modificar los compromisos internacionales firmados por el Estado haitiano, los cuales a veces condicionan e impulsan la mercantilización de la educación pública. Por ejemplo, el acuerdo que la Unión Europea acaba de firmar con Haití tiene provisiones muy estrictas sobre lo que llaman de servicios educativos, y favorece la tramitación de las transnacionales europeas en la educación nacional, sobretodo en el campo de la investigación y la educación superior. Así, es muy importante que tengamos en la tradición política que se abre la posibilidad de modificar los compromisos tomados, para realmente generar las condiciones favorables a la creación de un plan educativo nacional global, autónomo y soberano, pero también para limitar todo lo que se haga contra la soberanía del país.
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">Camille Chalmers: “Gobierno, USAID y escuelas religiosas son los principales actores de la privatización educativa en Haití”
29 de enero de 2020
En Haití, país donde el 84% del sistema educativo es formado por escuelas privadas, defender una educación pública y gratuita para todas las personas es uno de los retos más grandes en la lucha por la realización de los derechos humanos en el ámbito nacional.
La CLADE conversó con Camille Chalmers, uno de los representantes de esta lucha, para conocer mejor cómo se da la mercantilización y el lucro en la educación haitiana y cómo la sociedad civil ha resistido a este proceso.
Camille Chalmers es profesor representante de la Plataforma para un Desarrollo Alternativo (PAPDA) e integrante de la red Jubileo Sur/Américas. Durante el diálogo, Camille Chalmers expuso la vulnerabilidad en relación a las leyes y la reglamentación existentes en el país, respecto al sistema educativo privado.
“Hay una ley, cuyo proyecto quedó 10 años en el parlamento, y que fue publicada hace un año y medio. Esta norma realmente prohíbe un aumento abusivo de los gastos reclamados a las y los estudiantes, por el sector privado, pero no hay ningún instrumento legal que regule realmente la actividad educativa en términos de prohibir la mercantilización”, explicó.
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Chile: A 100 días del estallido actores del movimiento social llaman a defender el derecho a manifestarse
26 de enero de 2020El Foro por el Derecho a la Educación Pública (FODEP) y la Red Contra la Represión a Estudiantes, convocaron a una conferencia de prensa en la que participaron Ayelén Salgado y Víctor Chanfreu voceros de de la ACES, Alondra Carrillo vocera de la coordinadora 8 M, Daniela Vázquez y Jorge Briones dirigentes del Colegio de Profesores y militantes del Movimiento Unidad Docente, Emilia Schneider de la FECH, Dantón Vera dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Pública, Verónica Soto del Centro de Padres del Liceo Experimental Artístico (LEA), establecimiento en el que hay además de 23 estudiantes querellados. Junto a ellas/os estuvieron también representantes de apoderados de distintos Liceos de la Capital, como el Instituto Nacional y el INBA, se encontraba además, Luis Cáceres padre de Joaquín Cáceres, menor detenido en el contexto del estallido y que fue recluido en el SENAME por más de 2 meses, hoy en reclusión domiciliaria. (más…)
La PSU, 3%, y el Sentido Común Neoliberal
13 de enero de 2020Parece increíble, Piñera, la ministra Cubillos y la UNICEF en Chile, parecen estar de acuerdo. ¡La ACES vulneró el derecho a la educación cuando boicoteo la prueba de Selección Universitaria! El gobierno se fue en picada contra la ACES en defensa de los “perjudicados” por esta acción. Amenazó con querellas, sanciones varias y las penas del infierno a lso que llamaron a boicotear el proceso. La UNICEF en Chile, calificó como una “vulneración al derecho de la educación, la suspensión del proceso de rendición de la Prueba de Selección Universitaria”, condenando los hechos de “violencia” que obligaron a suspenderla. La campaña de criminalización desplegada contra la ACES, se basa en esto. Ellas/os habrían vulnerado el derecho a la educación. Acuerdo transversal del mal. ¿Qué nos quieren decir? (más…)
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"La PSU se ha convertido en un instrumento evaluativo clave de la mantención del modelo educativo chileno neoliberal, por su rol en la segregación social y económica de la población chilena"Asimismo, el FODEP subraya su apoyo a las y los integrantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), organización miembro del foro, que durante años ha protagonizado movilizaciones para defender el derecho a la educación en Chile, al lado de otras organizaciones. La ACES y la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) rechazan fuertemente la forma de evaluación propuesta por el gobierno, por considerar que profundiza las desigualdades en el sector educativo. “La PSU se ha convertido en un instrumento evaluativo clave de la mantención del modelo educativo chileno neoliberal, por su rol en la segregación social y económica de la población chilena. Por ello, no vacilamos en rechazar la intensa represión sufrida por los y las estudiantes que se opusieron valientemente a una nueva aplicación de la prueba en todo el país”, afirma el FODEP en su nota pública.
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El Foro también rechaza los intentos de reformas en la educación nacional, realizados tras las manifestaciones estudiantiles de 2015 y 2017, clasificándolos como algo puramente cosmético y que vende una falsa gratuidad. En el marco de las nuevas protestas por la educación, que ocurren desde el 18 del pasado octubre, se insta por la real superación de la desigualdad educativa y de la involución social en Chile. El FODEP afirma: “No a la criminalización de los y las dirigentes secundarias de ACES y de todos las y los jóvenes, apoderadas/os y profesoras/es que se han movilizado en rechazo a la prueba que segrega. Exigimos al Estado y los organismos correspondientes la protección para sus vidas y de su integridad, no queremos más hostigamientos y amenazas, arriba los y las que luchan por una educación pública comunitaria, inclusiva, gratuita y plurinacional para todas y todos en todos sus niveles, incluida la Educación Superior”. >> Lee la declaración completa, firmada por la CLADE. Para adherir al posicionamiento, haz clic aquí.">Chile: Estudiantes luchan contra barreras para ingresar a la educación universitaria
9 de enero de 2020Tuvo lugar en Chile, los días 6 y 7 de enero, la Prueba de Selección Universitaria (PSU), un test estandarizado escrito para el proceso de admisión a la educación universitaria, como ocurre anualmente en el país desde el 2003. Sin embargo, este año la evaluación fue objeto de grandes protestas estudiantiles, y cerca de 160 centros educativos fueron ocupados en todo el Chile contra la realización de la PSU. (más…)
Brasil: descumplimiento del Plan Nacional de Educación
“Para garantizar parámetros mínimos de calidad para el derecho humano a la educación en Brasil, se necesitan nuevas inversiones en el Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica (Fundeb) de aproximadamente U$ 12 mil millones por año, valor que significa apenas un 0,9% del PIB brasileño”, subraya la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE) en informe enviado a las Naciones Unidas. Según la campaña, se observa como gran retroceso en el país el no cumplimiento del Plan Nacional de Educación (PNE) por el gobierno nacional. Resultado de un proceso de construcción democrática con amplia participación popular, el Plan es la principal política educativa del país, y establece metas y acciones para que se cumplan durante sus 10 años de vigencia, de 2014 a 2024. Una de las metas es la ampliación del financiamiento público para la educación, hasta llegar al 7% del PIB en el 5º año de vigencia del PNE y al 10% del PIB en el final del decenio. Este aumento de recursos haría posible implementar el Costo Alumno Calidad Inicial y el Costo Alumno Calidad (CAQi y CAQ), indicadores que calculan la inversión financiera necesaria por estudiante al año, en cada etapa y modalidad de la educación básica pública, para garantizar el acceso a la educación de calidad para todas y todos. Según el informe de la CNDE, solamente el 0,6% de las escuelas brasileñas atienden a los indicadores de calidad previstos en el CAQi. La CNDE recomienda la creación de un nuevo Fundeb para que el país pueda alcanzar las metas y estratégias de su Plan Nacional de Educación y cumplir el ODS 4, objetivo referido a la educación de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030."Animamos el Foro Político de Alto Nivel a recomendar al Estado brasileño, en su última revisión al Brasil, la necesidad de que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar recursos financieros para la implementación del Plan Nacional de Educación"El actual Fundeb es un fondo para la educación compuesto por recursos de los impuestos y complementado por el gobierno federal. Sin embargo, su vigencia termina en el 2020 y el desafío, según la Campaña Nacional, es asegurar la adopción de un nuevo fondo, con implementación permanente, que cuente con recursos adecuados para la aplicación del CAQ/CAQi y el cumplimiento de todas las metas y estratégias del PNE. “Animamos el Foro Político de Alto Nivel a recomendar al Estado brasileño, siguiendo las observaciones presentadas por el CRC [Comité de los Derechos del Niño de la ONU], en su última revisión al Brasil, la necesidad de que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar recursos financieros para la implementación del Plan Nacional de Educación - Ley 13.005/2014 -, aún en situaciones de crisis económicas o inestabilidad política, centralizando esfuerzos en la meta 20 que establece la implementación del CAQi/CAQ, y en la aprobación de un nuevo Fundeb con mayor complementación de recursos por parte de la Unión, fortaleciendo así la educación básica pública”, recomendó la Campaña Nacional en su informe a la ONU.
Chile: privatización de la educación
El Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile presentó cinco problemáticas principales respecto al financiamiento educativo en el país, en su informe a las Naciones Unidas:- el gasto en educación como porcentaje del PIB en el 2016 fue del 5,35% (Banco Mundial) y no llega al valor recomendado por la UNESCO.
- en Chile, se financia con la misma preferencia la educación pública y la particular subvencionada y esto se realiza por medio de una subvención básica por estudiante que asiste a clases, lo que genera una competencia entre las escuelas por captar matrícula.
- Chile se ha caracterizado por un aumento sostenido de la participación de entidades privadas en la oferta de la educación, en detrimento de las públicas, lo que ha generado el surgimiento de distintos tipos de sostenedores que buscan el lucro con los recursos que perciben de las familias y del Estado, existiendo incluso holdings educacionales organizados para tal efecto. “La consecuencia directa es que si las condiciones de base del sistema educativo son una mayoritaria participación de privados, los aumentos en los recursos en educación van subsecuentemente a beneficiar mayoritariamente a estos sectores privados, aumentando aún más sus ganancias y la segregación en el sistema chileno”, dice el informe.
- Las políticas implementadas en los últimos años, principalmente para la gratuidad de la Educación Superior, la Ley de Inclusión y la Nueva Educación Pública, no garantizan el trato preferente del Estado a las instituciones públicas, dejándolas en peores condiciones, al mismo tiempo en que permiten y fomentan la proliferación de entidades privadas y no alteran significativamente la estructura de financiamiento de la educación en Chile.
- No se han observado cambios relevantes en los últimos años que apunten a un monitoreo transparente y público de los presupuestos. Tampoco se ha creado una plataforma donde se realice de manera más democrática y participativa esta fiscalización, considerando la opinión de los distintos actores del sistema educativo.
El Salvador: Sin cambios
Según el informe de la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE), no se observaron cambios relevantes en el financiamiento de la educación pública en El Salvador, en los últimos años. “La asignación del PIB para la educación es del 3.7%. Actualmente el presupuesto es de 930 millones de dólares anuales”, afirmó la Red. Desde el 2014, RESALDE impulsa la campaña “6% Sí, por la educación”, demandando la inversión de al menos el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) en educación, para universalizar la educación desde la primera infancia hasta la universidad. En el marco de la campaña, RESALDE ha intercedido ante alcaldes, Ministerio de Educación e integrantes de la Asamblea Legislativa nacional, para instarlos a priorizar la educación en los presupuestos y políticas. La red dialogó especialmente con integrantes de la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa nacional, que apoyó fuertemente la campaña, lo que le motivó a elaborar y proponer un Anteproyecto de Ley Especial para el Financiamiento de la Educación, que establece el aumento progresivo de recursos para la educación, hasta alcanzar el 6% del PIB. En el informe presentado por la Red a la ONU, se destaca que el “Anteproyecto de Ley especial para el financiamiento de la educación” infelizmente quedó archivado luego de ser presentado a la Casa Presidencial, y hasta hoy no fue enviado a la Asamblea Legislativa para que sea discutido. >> Lee+ Experiencias de lucha por el financiamiento adecuado para una educación de calidadGuatemala: U$ 28 millones a menos para la Educación
Según el informe elaborado por el Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala, el Estado guatemalteco deja de invertir aproximadamente 22 mil millones de quetzales (U$ 28 millones) por año a la educación del país. “La ley Nacional de Educación decreto 12-91 plantea que es necesario invertir el 7% del Producto Interno Bruto de Guatemala, esto debería ser 35 mil millones de quetzales (U$ 45 millones) aproximadamente. Sin embargo, la inversión actual en educación es de 13 mil millones de quetzales (U$ 17 millones)”, subraya el informe">¿Cómo está el financiamiento educativo en Brasil, Chile, El Salvador y Guatemala?
8 de enero de 2020Informes elaborados por foros nacionales miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en Brasil, Chile, El Salvador y Guatemala, muestran que los gobiernos de estos países no cumplen las leyes de financiamiento educativo, afectando de manera negativa a la calidad de la educación en ámbito nacional. Además, en el caso de Chile, hay una fuerte tendencia hacia la privatización de la educación.
Los documentos fueron presentados ante el último Foro Político de Alto Nivel de la ONU (julio de 2019), donde se revisó el estado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos el ODS 4, referido a la educación.
A continuación, lee más informaciones sobre cada uno de dichos países. (más…)
EPJA en la Crisis del COVID-19 en América Latina y el Caribe
1 de enero de 2020La EPJA en la Crisis del COVID-19 es tratada desde el blog de CEAAL. El contenido es dedicado a la circulación de ideas (críticas, desde luego) sobre el derecho a la educación con sentido de inclusión y reconocimiento de todas las diversidades que la conforman en esta región.
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Incidencia en defensa de la Atención Integral a la Primera Infancia
Hasta el 2017, República Dominicana no contaba aún con una política pública específica para la Atención Integral a la Primera Infancia (AIPI), lo que explica en parte la actual brecha en la cobertura educativa en el Nivel Inicial. Así, en dicho año, el FSE y otros espacios de articulación y movilización de la sociedad civil consideraron estratégico incidir en el proceso de formulación del “Anteproyecto de Ley de Ordenamiento y Coordinación Intersectorial para la Atención y el Desarrollo Integral de la Primera Infancia”, de manera a fortalecer el marco institucional de esta política. El proceso de revisión del Anteproyecto de Ley fue liderado por la Dirección General de Programas Especiales (DIGEPEP), adscrita al Ministerio de la Presidencia, a través de la creación de una Mesa Consultiva de la Primera Infancia, un espacio de articulación entre instituciones gubernamentales, sociedad civil y organismos internacionales que desarrollan políticas, programas e iniciativas a favor de la población de 0 a 5 años. En el 2016, el FSE solicitó a la DIGEPEP integrarse al proceso, buscando generar sinergias con la Mesa Consultiva y otros actores, para amplificar la voz de las organizaciones de la sociedad civil. De las 28 propuestas presentadas por el FSE y organizaciones aliadas, 22 fueron integradas al Anteproyecto de manera cabal o parcial. Algunos de los puntos clave integrados al Anteproyecto fueron: mayor claridad sobre su objeto; reforzamiento del Estado como garante de los derechos de las niñas y niños; universalidad del acceso a la AIPI, en línea con los principios del Código de Protección de niñas, niños y adolescentes (NNA) y énfasis en las y los más vulnerables; y mejor claridad de roles, funciones y responsabilidades entre entidades supervisoras y prestadoras de servicios para la niñez. En el 30 de agosto de 2019, el Anteproyecto fue presentado al presidente dominicano, Danilo Medina. Mira a continuación el testimonio de Dario Gil, gerente de programas e influencia de Plan International República Dominicana y miembro del Foro Socioeducativo, sobre este proceso de incidencia:La incidencia política por el derecho humano a la educación
Además de esta experiencia, el 3º volumen del documento “La incidencia política por el derecho humano a la educación: relatos y aprendizajes desde América Latina y el Caribe” reúne otros 12 casos de incidencia, comunicación, investigación, articulación interinstitucional y movilización de miembros de la CLADE. >> Descargue el documento aquí ">República Dominicana: Incidencia por una política pública para los derechos de la infancia
20 de diciembre de 2019Una de las estrategias que los miembros de la red CLADE vienen utilizando para defender el derecho humano a la educación es la participación en la elaboración de marcos legales y políticos. (más…)
Organizaciones de la sociedad civil demandan medidas urgentes para el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030
18 de diciembre de 2019La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) participó en la 9ª Consulta Colectiva de las ONG sobre la Educación 2030 (CCNGO, por su acrónimo en inglés), realizada en Túnez del 2 al 4 de diciembre. Organizado por la UNESCO, el encuentro reunió a centenas de redes y organizaciones de la sociedad civil que defienden el derecho humano a la educación en todo el mundo. (más…)
