Apuntes clave hacia la Cumbre del Futuro

23 de agosto de 2024

La Cumbre del Futuro está prevista para realizarse el 22 y 23 de septiembre de 2024 en Nueva York, donde queda la sede de la ONU. Es un evento de alto nivel que reúne a las autoridades de los países para debatir sobre la cooperación mundial con una proyección de futuro, procurando acuerdos sobre objetivos comunes, estrategias para enfrentar las amenazas y oportunidades actuales que se verán reflejados en el Pacto para el Futuro, que incluirá un Pacto Digital Global y una Declaración sobre las Generaciones Futuras como anexos.

El Pacto del Futuro es el documento orientado a la acción y que suscribirán los Estados como parte de los compromisos derivados de la Cumbre. 

Aportes sobre el derecho humano a la educación en el Pacto para el futuro

La CLADE ha estado comprometida desde el inicio con el proceso hacia esta Cumbre, tanto desde el Comité Regional 2030, como desde el rol de representante del Grupo de Coordinación de la Consulta Colectiva de ONG (CCNGO) en el Comité de Alto Nivel ODS 4 – 2030, dentro del denominado Sherpa Group, espacio técnico de apoyo al nivel político del comité.

En ese camino, CLADE ha participado activamente en los espacios de consulta, tanto con el envío de modificaciones concretas en el texto del Pacto del Futuro, que será el texto final de la Cumbre, como en las intervenciones de las tres consultas virtuales realizadas durante los últimos meses.

En las primeras rondas de consulta, referidas a la primera versión del Pacto y en alianza con los espacios arriba mencionados, entre otros, generados en la Conferencia de Sociedad Civil en Nairobi, logramos que el documento integre los siguientes textos, ratificados en la segunda versión del documento de la siguiente manera: 

• Acción 6, numeral b:

Erradicar la pobreza y reducir las desigualdades promoviendo la cobertura sanitaria universal, aumentando el acceso a una educación inclusiva y de calidad y al aprendizaje a lo largo de la vida, incluyendo en situaciones de emergencia, y mejorando las oportunidades de trabajo decente para todas y todos.

• Acción 30, numeral c: 

Fomentar la movilidad y la circulación del talento, incluso mediante programas educativos, y apoyar a los países en desarrollo para que retengan el talento y eviten la fuga de cerebros, proporcionando al mismo tiempo condiciones y oportunidades educativas y laborales adecuadas para la mano de obra.

• Acción 31, numeral a: 

Garantizar que la ciencia, la tecnología y la innovación contribuyan a nuestros esfuerzos por erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones y el hambre, y por reducir las desigualdades, además en áreas como la seguridad alimentaria y la nutrición, la salud, la educación, la protección social, el agua y el saneamiento, la energía, el clima y el ambiente.

• Acción 34, numeral a: 

Abordar los obstáculos que impiden el acceso pleno, equitativo y significativo de todas las mujeres y las niñas a la ciencia, la tecnología y la innovación, así como su participación y liderazgo, entre otras cosas mejorando las oportunidades de educación, empleo e investigación para las mujeres y las niñas en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la innovación, las matemáticas y la ingeniería.

Si bien la segunda versión del Pacto del Futuro no recoge todas las sugerencias hechas para una fuerte integración del derecho humano a la educación, en el documento se destacan los derechos humanos como clave de todos los compromisos. 

La incidencia por la educación en la agenda del futuro

Por otra parte, en la consulta virtual y electrónica sobre la segunda versión, la CLADE y su membresía hizo notar la preocupación sobre los conceptos de servicios sociales, en lugar de servicios públicos, así como de la ausencia de compromisos explícitos con las poblaciones adultas, y especial alerta sobre cuestiones específicas vinculadas al desarrollo tecnológico y a la corporativización (prioridades de los enfoques desde las corporaciones). 

Los aportes realizados se resumen en:

• Cuando el apartado 60, por ejemplo, habla de servicios que garantizan derechos, se mencionan como servicios sociales. Sin embargo, la definición que corresponde a salud, educación, agua, vivienda, etc., es la de servicios públicos o, en todo caso, servicios sociales públicos. El carácter público vincula directamente a los Estados como responsables y garantes de estos servicios.
• Dichos servicios públicos deben ser gratuitos. En el caso de la educación, asegurar la gratuidad para todas y todos resulta un factor central para fortalecer los sistemas educativos públicos y garantizar el acceso universal.
• En tercer lugar, estas garantías y servicios deben cubrir a toda la población y no sólo a las infancias y juventudes. Si las personas adultas no cuentan también con la garantía de estos servicios, no podrán participar corresponsablemente en la protección de los derechos y servicios públicos para las infancias y las juventudes. No considerar explícitamente a las personas adultas es, en cierto modo, excluirlas. 

Sobre la digitalización y la tecnología, destacamos que: 

• El Pacto para el Futuro debe exigir la promulgación de leyes que impongan a las empresas transnacionales el deber vinculante de proteger los derechos humanos en la totalidad de sus cadenas de valor, incluidas las operaciones empresariales virtualizadas. 
• El Pacto debe reconocer explícitamente los vínculos entre la transformación digital en curso y el agravamiento de la crisis climática, para garantizar que nuestras estrategias de adaptación y mitigación son adecuadas para lograr una transición digital sostenible.

La sociedad civil se encuentra a la espera de la tercera versión del documento del Pacto del futuro, sin embargo, se presume que no existirán nuevas consultas en virtud de la cercanía de las fechas de la cumbre prevista para fines de septiembre.  

 

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Fondos y trasfondos: del compromiso a la acción en el financiamiento de la EPJA

22 de agosto de 2024

El derecho humano de todas las personas a la educación está expresado en la garantía del derecho internacional. Los Estados tienen la obligación de dedicar recursos al financiamiento de la educación pública y de divulgar información al respecto. El parámetro establecido para que los Estados de la región asignen un financiamiento es de, al menos, el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) y del 20% del presupuesto nacional al sector educativo. 

El Marco de Acción de Marrakech (MAM) explicita la urgencia de aumentar el porcentaje para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en el presupuesto educativo de los países. El MAM plantea el rediseño de los sistemas de aprendizaje y educación de personas jóvenes y adultas: reitera la necesidad de fortalecer el papel de los gobiernos en el establecimiento de mecanismos y regulaciones en la asignación de recursos.

El adecuado financiamiento de la EPJA es relevante como derecho habilitante de otros derechos, así como por sus efectos a nivel individual (tiene el potencial de mejorar los ingresos y el empleo), como social (tiene efectos en términos de crecimiento económico, de socialización de valores cívicos y justicia redistributiva en términos de género e interseccionalidad).

En la medida en que el Estado desatiende su función de inversión social, la realización del derecho humano a la educación queda en manos de las personas, con lo cual se refuerzan las desigualdades económicas pre-existentes y abre las puertas a la potencial violación del derecho humano a la educación. Los grupos en situación de mayor vulnerabilidad son justamente los que mayor inversión pública requieren para acceder y permanecer en la trayectoria educativa.

Frente a este contexto, la CLADE convocó el encuentro regional virtual titulado Fondos y trasfondos: del compromiso a la acción en el financiamiento de la EPJA el pasado 26 de julio, a través de la Plataforma de Redes Regionales por la EPJA integrada también por la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), la Federación Internacional Fe y Alegría (FIFyA), el Consejo Internacional de Educación de Adultos (ICAE) y la Red de Educación Popular Entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe (REPEM).

El financiamiento de la Educación de Personas jóvenes y Adultas (EPJA)

El financiamiento de la EPJA es relevante no sólo por cuestiones económicas, sociales o políticas, sino por cuestiones intrínsecas al ser humano. El derecho de todas las personas a la educación a lo largo de toda la vida es un derecho humano garantizado por numerosas convenciones e instrumentos internacionales. Por ello, se socializó el documento que expone El financiamiento de la Educación de Personas jóvenes y Adultas (EPJA) en América Latina y El Caribe, presentado en el encuentro por uno de sus autores Francisco Cantamutto. 

El investigador destacó la importancia de sostener el planteamiento de la educación a lo largo de la vida, porque potencian las trayectorias personales y la cohesión social en términos políticos y económicos. Llamó la atención sobre la necesidad de superar las brechas de género con interseccionalidad, ya que en general “las mujeres empobrecidas y de pueblos originarios son las primeras que tienen que abandonar la escolarización obligatoria” afirmó. 

Considerando las orientaciones directrices que expone la Agenda 2030, y en especial el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 y 6 (ODS 4 y ODS 6), en el que se exhorta a los Estados a garantizar el derecho humano a la educación de personas jóvenes y adultas. En torno al monitoreo del financiamiento a la educación Francisco Cantamutto señala que “hemos visto que algunos países tienen problemas para cumplir los compromisos en relación a personas jóvenes y adultas, tenemos algunos problemas en la obligación de destinar recursos a la educación”. Adicionalmente subraya el punto 29 del Marco de Acción de Marrakech (MAM) en el que se explicita la relevancia del financiamiento. 

Existen múltiples iniciativas que promueven la EPJA, sin embargo el acceso a la información sobre su implementación y financiamiento es muy limitada. A pesar de ello, se sistematizaron diversos modelos de financiamiento para la EPJA, en los cuales se mencionan el financiamiento público, privado, modelo mixto, el basado en la ayuda para el desarrollo, el personal y el voluntario o comunitario. Se resaltó que en el caso del financiamiento privado con frecuencia está orientado a la capacitación laboral.

Si bien existen muchas iniciativas de origen estatal, éstas varían en los alcances del ámbito nacional, regional, provincial y municipal, lo que no asegura que existan acciones coordinadas entre ellas, de la misma manera no se encuentran los compromisos de financiamiento de forma desagregada con una metodología o registro común para establecer comparaciones o análisis. Expresado de la siguiente manera, “no se puede discutir la importancia de que en la EPJA hay múltiples fuentes de financiamiento, pero son los aportes del Estado los que permiten compensar, contener o reducir las discriminaciones y asimetrías de base. En este punto hace falta una política que coordine dependencias y niveles para generar información centralizada que además requiere de la consulta de la sociedad civil para poder contener la dispersión de información y su relevancia” señaló Francisco Cantamutto.

No se puede discutir la importancia de que en la EPJA hay múltiples fuentes de financiamiento, pero son los aportes del Estado los que permiten compensar, contener o reducir las discriminaciones y asimetrías de base.

Francisco Cantamutto

Es importante profundizar las implicaciones que tiene el financiamiento y los riesgos de reforzar asimetrías, discriminaciones y exclusiones en el ámbito educativo. Se señala una experiencia interesante de Brasil en la que se valora una canasta educativa, que se aplica para la educación general , aunque no de las personas jóvenes y adultas, lo que puede ser inspirador para otras iniciativas que aspiran contabilizar el alcance del presupuesto mínimo. Esto implica debatir sobre los límites y metas posibles y deseables. 

Existe una conciencia sobre la finitud de los recursos fiscales. Como lo señala el Banco Mundial los pagos de la deuda desplazan a la inversión en protección social, salud y educación en la periferia global, entonces hay un privilegio de asignaciones que se puede cuestionar. El debate de la educación no puede estar al margen del debate sobre una fiscalidad progresiva que ayuda a disminuir las discriminaciones.

Ver su presentación.

Avances en la agenda del financiamiento desde la experiencia chilena

Santiago de Chile fue sede de la primera reunión de seguimiento del Marco de Acción de Marrakech para la región latinoamericana. El equipo anfitrión de la sede estuvo liderado por la coordinadora nacional del área de trayectorias educativas y aprendizaje a lo largo de la vida del Ministerio de Educación de Chile, María Eugenia Letelier, quien también tuvo una intervención durante el evento regional para narrar la experiencia desde la gestión gubernamental. 

La especialista señaló que resulta útil hacerse preguntas que pueden resultar incómodas y generan reflexión para abrir debates. La primera pregunta que realizó fue ¿es solo un problema de financiamiento o es la expresión de otros problemas? A su juicio, la EPJA sigue siendo invisible en sí misma, en la contribución que hace para la política pública y el sistema educativo en general. Por lo cual, el insuficiente financiamiento, la identificación de las asignaciones y gastos relacionados, refleja la falta de valor e importancia que la modalidad tiene en las políticas educativas y refleja la dificultad que tenemos para convencer sobre sus alcances. Esto pasa por la forma en que estamos comunicando sobre la EPJA, porque hay distintas partidas presupuestarias que impiden avanzar en evaluaciones y análisis más precisos. Así las cosas, el financiamiento no es solo presupuesto disponible.

Transparentar el financiamiento resulta una combinación entre la capacidad de gobernar para lograr recursos y los cambios presupuestarios – normativos que se requieren. Esto tiene implicaciones que trascienden el cambio de gobierno y que modifican la estructura de financiamiento.

Por otro lado, para la especialista no es menos importante la manera en la cual incide la herencia del pasado, con las estructuras y amarres históricos. En el caso de Chile, persisten estructuras de la época de la dictadura. La articulación de labores entre el ejecutivo y el legislativo pueden visibilizar prioridades en los presupuestos determinados por su correlación con el Producto Interno Bruto (PIB).

La articulación de labores entre el ejecutivo y el legislativo pueden visibilizar prioridades en los presupuestos determinados por su correlación con el Producto Interno Bruto (PIB).

María Eugenia Letelier, Chile

María Eugenia Letelier sugiere otra pregunta, ¿cómo pasar de los compromisos y recomendaciones a la construcción de una política de financiamiento? Sobre lo cual coinciden los llamados de las declaraciones internacionales. Son muy relevantes las recomendaciones, pero eso solo no basta, ya que es necesario hacer estudios sobre el proceso presupuestario que hagan convergencia con la agenda de los Ministerios de Hacienda, que es el lugar donde se priorizan las políticas públicas y se expresa la coherencia entre la verificación de los presupuestos. Por lo tanto, si no tenemos incidencia en el proceso de construcción presupuestaria se limitan los logros.

En la misma línea de reflexión desde las preguntas, en su intervención planteó ¿qué papel pueden o deben jugar las agencias de cooperación? La claridad, a juicio de la especialista, radica en que puede participar en la  incidencia, aunque no modifiquen directamente las estructuras presupuestarias. La gobernanza, compromiso y financiamiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son fundamentales para lograr un nuevo posicionamiento que visibiliza la contribución de la educación y en específico de la EPJA a la sociedad. 

Desde su responsabilidad en el Ministerio, María Eugenia Letelier, manifiesta insistir en múltiples fundamentaciones y minutas del financiamiento para la EPJA, sin embargo, resulta muy difícil. En Chile, la subvención de todo el sistema educativo se paga por asistencia de estudiante, es decir, el costo de la subvención se calcula por la subvención y la asistencia media. No se cuenta con una subvención basal fija. Los establecimientos funcionan de acuerdo al financiamiento que perciben. Además, el modo de cálculo de asistencia media, referida en la ley de subvenciones proviene de la dictadura, es decir una visión neoliberal de la educación que trae consecuencias hasta la actualidad, que refuerza lo remedial constantemente, pero no ofrece soluciones. 

La subvención de la educación de personas adultas es la más baja de todo el sistema escolar. Se calcula por asistencia media sin considerar las características y condiciones de las y los estudiantes que en modalidad de jóvenes y personas adultas no asisten todos los días, tienen dificultades de acceso, además de las derivadas durante y después de la pandemia. El acceso a otras subvenciones escolares preferenciales para estudiantes en situación de alta vulnerabilidad no es amplio. 

En las palabras finales de su intervención, María Eugenia Letelier señaló que hay que mirar la EPJA desde una perspectiva histórica, por eso es importante cambiar la narrativa contextualizada, en tanto la infancia es siempre acompañada con personas adultas y la educación es intergeneracional como es intercultural. Se puede promover la alianza con las universidades para incluir la especialidad de EPJA. Al mismo tiempo impulsar la dignidad de la labor docente.

Ver su presentación.

Situación y perspectivas desde Guatemala: la EPJA y su financiamiento

Francisco Cabrera, viceministro de Educación de Guatemala, quien intervino con las primeras palabras recordando que su origen es desde la participación en los espacios de la sociedad civil y ahora asume la función pública, evidenciando escenarios muy distintos.  Resaltó que hay un problema de visibilidad de la EPJA, y esto pasa por reeducar a distintos públicos en razón del entendimiento de la época, de su importancia, su trascendencia y su potencial, a pesar que existen documentos muy claros, pero muchos de ellos son invisibles en el día a día de la política pública, simplemente no están, no se miran. Estos marcos deben estar en los procesos de definición, porque ahí se puede conseguir que los compromisos efectivamente se conviertan en parte de las agendas. 

El viceministro señala que para recolocar el tema de la EPJA, se debe reeducar al funcionariado que suele pensar la educación como sinónimo de escuela, de escolaridad o escolarización, muchas de las personas con estas responsabilidades vienen de trayectoria, de herencias y suelen resistirse a los cambios, a los nuevos enfoques de gestión. Especialmente este llamado aplica a quienes se involucran con la planificación institucional y presupuestaria, reconociendo que los presupuestos son limitados. En el proceso de reeducación también se incluye a la clase política porque no tienen presente la educación de personas adultas, la de juventudes es más evidente por el efecto rebote en la economía y ámbito laboral. Siguiendo, también hay que reeducar a la sociedad, para que sea defendido como derecho, porque desde la experiencia del especialista, señala que las personas que participan de estos programas se sienten agradecidas, pero hay que relevar la educación a lo largo de la vida.

El segundo aspecto señalado en la intervención se refiere a las programaciones presupuestarias, particularmente desde la política pública, porque se navega con presupuestos muy estrechos y con un factor de rigidez presupuestaria que dificulta saltos importantes. Seguido de la ejecución presupuestaria en el campo público, que no es algo que suceda de manera espontánea, tiene que hilvanar una serie de pasos que se anteceden por lo menos un año antes de la implementación y luego la articulación con el marco legal de las finanzas públicas. En Guatemala resulta complejo a partir de malas experiencias de ejecuciones públicas arbitrarias y la corrupción generalizada. 

Hay que alinear todas las piezas para que se pueda justificar debidamente un incremento a los financiamientos, lo que lleva necesariamente a disputar con otras muchas necesidades y a esperar los plazos que suelen ser de medianos a largos. El ejercicio de romper la rigidez presupuestaria es todo un reto en los sistemas educativos, que funcionan con un bajo o insuficiente nivel de recursos disponibles, realidad compartida por todos los países de América Latina y el Caribe, a juicio del viceministro. 

El ejercicio de romper la rigidez presupuestaria es todo un reto en los sistemas educativos, que funcionan con un bajo o insuficiente nivel de recursos disponibles, realidad compartida por todos los países de América Latina y el Caribe.

Francisco Cabrera, Guatemala

Además, urge la comprensión de que el aumento del financiamiento debe ampliarse, en el sentido que, no solo es deseable, sino que además necesario. Una vez pasada esta etapa hay que asegurar que los recursos nuevos sean ejecutados, invertidos efectivamente y eso significa que se exige una capacidad a la hora de la rendición de cuentas, demostrar una ejecución efectiva; así se evitan las críticas por no lograr la meta, lo que deriva en recortes o regresiones en la inversión pública.

Una tercera idea versa sobre impulsar lo atractivo de la EPJA, que trascienda la mirada aburrida de la formación educativa y su sentido en el imaginario social sobre el derecho a la educación a lo largo de la vida, vincularlo con cuestiones prácticas para mejorar las oportunidades y las condiciones, a diferencia de la visión tradicional de la escuela que se ve como un efecto de largo plazo. Las personas jóvenes y adultas necesitan respuestas a problemas que enfrentan día a día, no a los problemas del futuro con el acceso a un diploma, como el agobio económico, la falta de trabajo, posiblemente la migración; en la frontera hay escuelas que se han quedado casi sin estudiantes debido a los movimientos migratorios. 

La cuarta y última idea del ponente se centra en la educación de personas jóvenes y adultas como una acción política que supere la marginalidad y la discriminación. Volver la EPJA como un tema político, no solo social, que retoma el valor de política pública, para lo cual hace falta el impulso desde dentro de las instituciones y al mismo tiempo la demanda por presión social fuerte para movilizar la estructura política del país para construir un escenario futuro transformado de manera sustantiva. 

También subrayó el especialista que los institutos de estadísticas observan prioridades desde las principales urgencias de los países. La visibilización de la EPJA pasa, por ejemplo, con la demostración de mejores ingresos para las familias y consecuentemente para el país, entonces hay que documentarlo más, especialmente ahondar en los mecanismos de análisis y de investigación más tradicionales. También en ese proceso de integración y reeducación de representantes de gobiernos hay que procurar diálogos con las instancias de Hacienda y Finanzas y no restringirlo al ámbito educativo. 

El financiamiento público educativo de personas jóvenes y adultas en la región 

Por su parte, Alejandro Vera, jefe de la Unidad de Monitoreo y Planificación de la Educación de la UNESCO compartió reflexiones a partir del Informe Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación de Personas Adultas (GRALE, por su siglas en inglés). La naturaleza descentralizada que tiene este sector, la cantidad de actores hace difícil construir información no solamente financiera, sino también información en general, por lo cual efectivamente tenemos un problema de acceso a datos estadísticos, así como para consolidar el análisis sobre las políticas. La mayoría de las veces el presupuesto está de forma general para el financiamiento público de la educación, principalmente desde el Ministerio de Educación, pero no se logran observar todos los programas, modalidades o niveles de la EPJA, porque es difícil conceptualizar sus alcances, cómo se conforma para que los datos puedan ser precisos.

Si bien existen compromisos internacionales y distintos instrumentos tanto generales como específicos se señala que el financiamiento público debe estar entre el 4 y 6% del Producto Interno Bruto (PIB), y entre el 15 y 20% del gasto público total; sin embargo, en los últimos 20 años el promedio de países en la región ha cumplido los mínimos, es decir no por arriba del 15% del gasto público total, aunque sí del 4% del PIB. Durante el periodo reciente desde el 2015 en adelante hay un cierto estancamiento y una cierta desaceleración de los esfuerzos, habiendo logrado un pico en el 2014, cuando empezó un declive y un estancamiento del financiamiento de la educación. La EPJA ratifica esta tendencia desde el 2018 y 2020, la mayor parte de los países tenían un decrecimiento o un estancamiento; apenas el 30% de los países decían haber aumentado el presupuesto desde el 2018, entonces se evidencia un estancamiento de los presupuestos.

Históricamente la educación ocupa aproximadamente un tercio de la inversión social, pero durante la pandemia del 35% al 30% en el 2020, lo que se repite en 2021, entonces la educación no se prioriza, esta tendencia que se mantiene en la educación de personas jóvenes y adultas resulta preocupante para el especialista. Aunque se cumplieran los estándares mínimos del presupuesto en educación sigue siendo insuficiente. 

En el GRALE vemos que el 60% de los países de la región manifiestan cubrir la línea presupuestaria para la educación de personas adultas, lo que afirma que pueden identificar el rubro presupuestario dedicado a la EPJA, por lo cual mejorar la información de seguimiento es un buen camino para ello. También cabe resaltar que los países de la región identifican poca participación de actores no estatales en el financiamiento de la EPJA, se refiere al sector privado, si se compara a nivel mundial la mitad de los países identifica la cooperación internacional en un 32% del sector privado.

Si bien algunas poblaciones están atendidas, no es suficiente la inclusión de algunos sectores como personas sin empleo, mujeres, personas de la tercera edad, personas privadas de libertad, migrantes e indígenas.

Alejandro Vera

Por otra parte, si bien algunas poblaciones están atendidas, no es suficiente la inclusión de algunos sectores como personas sin empleo, mujeres, personas de la tercera edad, personas privadas de libertad, migrantes e indígenas. Alejandro Vera recuerda que el actor principal responsable del financiamiento en la EPJA es el gobierno en su Ministerio de Educación por lo cual es necesario trabajar para una distribución más justa de los recursos cuando son escasos. La situación fiscal no está en un ciclo expansivo requiriendo mayor atención al uso de los recursos con dimensiones de eficiencia y equidad.

La EPJA al no estar posicionada políticamente dentro de los presupuestos es susceptible a sufrir recortes, cuando hay ajustes y se prioriza a la educación se destina a los niveles obligatorios básicos, otras modalidades y niveles quedan desprotegidos. Resulta primordial construir una retórica que logre proteger a la educación de personas adultas para incluirlo en la agenda de debate fiscal y la viabilidad de la sostenibilidad financiera de la educación. 

Ver su presentación.

Financiamiento para la EPJA en el GRALE

La intervención del jefe del clúster de monitoreo del Instituto de la UNESCO para el aprendizaje a lo largo de la vida (UIL), Nicolas Jonas expuso lo complejo que resulta el tema de financiamiento para la EPJA, ya que no se cuenta con mecanismos de coordinación y monitoreo eficientes, data actualizada, ni las herramientas apropiadas para reportar de forma desagregada. En cuanto a los compromisos internacionales, viendo los últimos 15 años, no se cuenta con números específicos para valorar su transformación. El Estado no controla todo el financiamiento para la EPA, pero desempeña un rol importante para la atención de grupos en situación de vulnerabilidad. Dentro de los actores que se involucran en el financiamiento educativo también se encuentran las propias familias del estudiantado, y en otra medida el sector privado y la cooperación internacional.

El Estado no controla todo el financiamiento para la EPA, pero desempeña un rol importante para la atención de grupos en situación de vulnerabilidad.

Nicolas Jonas

La encuesta sobre la EPJA fue respondida por 158 países, de un total de 196, la mayoría alcanzaron la meta de financiamiento, se tienen 100 respuestas de países en cuanto el rango de porcentaje del gasto público. Sin embargo, si se desea precisar el porcentaje, solo 60 pudieron ofrecer información, de las cuales 53 estaban actualizadas para el periodo del reporte. En síntesis, de los 208 países tenemos data confiable y actualizada solo para un cuarto de ellos.

La UIL promueve una metodología común para tener informaciones confiables e importantes que nos permitan incrementar y mejorar la inversión pública.

Ver su presentación con traducción al español.

Desafío por el derecho humano a la educación

Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE, cerró el encuentro virtual invitando a profundizar el estudio de los informes puestos a disposición, para promover un giro en las narrativas imperantes sobre la EPJA, tanto en las políticas como en los presupuestos públicos. Existe un desafío de contar con información oportuna para movilizar las estructuras rígidas del presupuesto y así conectar los gastos con los presupuestos en función a las demandas de la EPJA, sabiendo que trasciende la labor de los ministerios de educación, pues la interinstitucionalidad también amerita su consideración.

Visita la grabación del evento en español.

También puede ver la grabación es portugués e inglés.

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Contra Viento y Marea. Testimonios de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA)

20 de agosto de 2024

La radio sigue siendo el medio de comunicación vigente y presente en las poblaciones más remotas y empobrecidas de nuestra América Latina y El Caribe, que acompaña y entretiene, informa y promueve la defensa de los derechos humanos a la salud, la educación y sobre todo el derecho a una vida digna.

Contra Viento y Marea es una producción educomunicativa que cuenta a través de testimonios como expresión del espíritu de la vida, la experiencia de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en tiempos de pandemia.

Conocemos cómo Idalia Ospina Ospina que se graduó junto con 105 personas mediante el programa “Resignificar la vida, un camino hacia la paz” en Corinto, al norte del Cauca donde habitan varias comunidades afro, indígenas y campesinas que han tenido que convivir con los problemas de narcotráfico y el conflicto armado.

Texto originalmente publicado por: ALER leer más

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Seguimiento al Marco de Acción de Marrakech (MAM) para evidenciar compromisos con la EPJA

3 de agosto de 2024

La CONFINTEA VII desarrolló un balance de los desafíos e identificó prioridades en el campo de la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA) a lo largo de toda la vida a través de un enfoque integral que abarca todas las modalidades de EPJA (formal, no formal e informal), y múltiples contextos de aprendizaje, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Fue la primera CONFINTEA la que consideró los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y se estima que es el evento más importante para la comunidad internacional de EPJA en el camino hacia 2030.

Siguiendo el Marco de Acción de Marrakech (MAM)

El principal resultado de la CONFINTEA VII fue el Marco de Acción de Marrakech (MAM), que establece las prioridades para garantizar oportunidades de aprendizaje equitativos para la EPJA. El Marco establece una hoja de ruta para unas políticas y prácticas eficaces de educación de personas jóvenes y adultas durante la próxima década, centrándose en la equidad, la inclusión y el aprendizaje a lo largo de toda la vida.  

El MAM también establece  que los Estados miembros se comprometen a mejorar los mecanismos de gobernanza y la calidad del aprendizaje y la educación de personas jóvenes y adultas respaldados con una mayor inversión. Además, se comprometieron a promover la igualdad de acceso al aprendizaje en entornos digitales y a posicionar la inclusión y la igualdad de género en el centro de estos esfuerzos para garantizar el derecho humano a la educación, la igualdad de oportunidades y la ciudadanía activa. 

El seguimiento al MAM  en América Latina y El Caribe

La Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO) y el Ministerio de Educación de Chile, tras la séptima Conferencia Internacional de Educación de Personas Adultas (CONFINTEA VII) en Marrakech, organizaron la primera Conferencia Regional de Seguimiento a la CONFINTEA VII en América Latina realizada el pasado 14 de noviembre de 2023 en Santiago de Chile para dar seguimiento a los compromisos de los Estados y señalar horizontes comunes para la EPJA.

La conferencia regional reunió a las partes interesadas que trabajan en el ámbito de la EPJA en América Latina identificando las herramientas y los mecanismos necesarios para construir sistemas inclusivos de aprendizaje a lo largo de toda la vida en la región. Durante esta conferencia se analizaron las carencias, prioridades y necesidades en relación con las recomendaciones del Marco de Acción de Marrakech (MAM), se compartieron prácticas inspiradoras e innovaciones en materia de aprendizaje y educación de personas jóvenes y adultas, proponiendo orientaciones regionales de seguimiento para supervisar los avances en la aplicación del MAM.

Un aspecto central fue el debate sobre el rol de la sociedad civil, el sector privado y las universidades en la implementación del MAM y las sesiones de trabajo grupal, que incluyeron docentes y otros actores, que se centraron en estrategias para mejorar la organización de los sistema de educación para personas jóvenes y adultas, promover la participación e inclusión y elevar la calidad educativa en la región. No obstante, se señaló la necesidad urgente de aumentar la inversión y el apoyo a iniciativas que atiendan a las poblaciones más vulnerables, como las comunidades rurales e indígenas.

Las experiencias nacionales se nutren en el diálogo regional

En el mes de julio de 2024, la UNESCO – OREALC dio a conocer el reporte regional que contiene un resumen de los principales aspectos discutidos y las conclusiones surgidas en la Conferencia Regional de Seguimiento a la CONFINTEA VII en América Latina. El documento constituye un punto de partida para el establecimiento de acciones que permitan cumplir los compromisos acordados en el Marco de Acción de Marrakech.

El reporte realiza un subrayado sobre los aspectos relevantes que forman parte del diálogo y seguimiento en cada uno de los países de la región. En esta Conferencia se intercambiaron experiencias y estrategias puestas en práctica en México, República Dominicana, Paraguay y Chile. 

Con un llamado a fortalecer las alianzas que se reitera en este reporte como producto de las reflexiones compartidas en el marco del diálogo acerca de la participación de la sociedad civil, el sector privado y la universidad en la implementación del Marco de Acción de Marrakech, “se enfatizó la importancia de establecer compromisos claros y alianzas sólidas entre todos los actores involucrados en la educación de personas jóvenes y adultas. Estos acuerdos son esenciales para garantizar una implementación efectiva del Marco de Acción de Marrakech y mantener un enfoque conjunto en los objetivos” señala el documento. 

Mayor inclusión y financiamiento para la EPJA 

Adicionalmente en el reporte figura la importancia de adoptar enfoques inclusivos que consideren “las múltiples dimensiones de la diversidad y la interseccionalidad, que reconozcan las diferencias individuales y garanticen que todos los y las estudiantes tengan igualdad de oportunidades para participar y aprender (…) Asimismo, se reconoció la diversidad y los contextos individuales de las y los estudiantes, abogando por evitar la politización excesiva de la educación y respaldarla con sistemas de acreditación y reconocimiento de saberes”.

Las conclusiones y recomendaciones derivadas de la Conferencia Regional de Seguimiento a la CONFINTEA VII representan un importante hito en el fortalecimiento de la educación de personas jóvenes y adultas en América Latina y El Caribe. Especialmente se concluyó que es necesario aumentar el compromiso político y financiero tanto sostenido como adecuado a largo plazo para la EPJA.

Para la región de América Latina y El Caribe resulta clave el fortalecimiento institucional y financiero de la EPJA como una condición para su proyección, destacando que los Ministerios de Educación y otros organismos estatales deben dotar de presupuestos suficientes, generar capacidades técnicas y políticas, establecer alianzas para implementar ofertas oportunas y mecanismos de acreditación que faciliten el reconocimiento de saberes y la participación, desde una perspectiva inclusiva y de formación integral.

Lee más: Especial – Seguimiento al Marco de Acción de Marrakech (MAM) para la Educación de Personas de Jóvenes y Adultas (EPJA)

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Pinches Niñes: articulando arte y derechos humanos

1 de agosto de 2024

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Marco descolonizador de la financiación de la educación: Intersecciones entre la justicia fiscal y la movilización

30 de julio de 2024

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El derecho a la educación en América Latina y el Caribe: el presente es el pasado del futuro. Un panorama del inicio de los años 2020 desde la CLADE

24 de julio de 2024

Este documento continúa una serie de estudios producidos por la CLADE y parte de un esfuerzo anterior que resultó en el informe regional “El derecho a la educación en América Latina y el Caribe – de la garantía del derecho al cumplimiento del ODS 4 en el siglo XXI: políticas, sentidos y disputas”, finalizado justo antes de la pandemia de COVID-19 y publicado en 2020. Tras un extenso análisis, el estudio destacaba tres tendencias que se configuraban al mismo tiempo como alertas para la región: la privatización de la educación, cada vez más compleja; las persistentes desigualdades educativas, sociales y económicas; y la disputa en torno a los sentidos de la educación, que caminan hacia una individualización y debilitamiento de su contenido social y político.

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Un nuevo llamado para aumentar esfuerzos para el cumplimiento de los ODS

Con un nuevo llamado para que se sumen esfuerzos desde los Estados para la acción eficaz y urgente de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el marco de la Agenda 2030, concluyó el debate general sobre el tema “De la Cumbre de los ODS a la Cumbre del Futuro” en el marco del Foro Político de Alto Nivel. Celebrado bajo los auspicios del Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC), el Foro tuvo lugar del 8 al 17 de julio. El tema de este año fue Reforzar la Agenda 2030 y erradicar la pobreza en tiempos de crisis múltiples: la aplicación eficaz de soluciones sostenibles, resilientes e innovadoras.

El Foro Político de Alto Nivel ofreció a los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y otros socios la oportunidad de intercambiar experiencias y presentar soluciones innovadoras destinadas a acelerar la implementación de los ODS. En este proceso también se dieron a conocer los exámenes nacionales voluntarios. Hubo un total de 36 países que expusieron sus Informes Voluntarios Nacionales, se destacaron cinco de la región, a saber, México, Costa Rica, Ecuador, Honduras y Brasil.

Según la nota oficial se concretó una masiva movilización en torno al Foro Político de Alto Nivel que contó con 13 eventos especiales de alto nivel, 13 laboratorios de Informes Voluntarios Nacionales, 219 eventos paralelos y 14 exposiciones. Destaca especialmente referido a la educación el lanzamiento del Grupo de Acción sobre Futuros de la Educación Superior y la Inteligencia Artificial de la Iniciativa de Educación Superior para la Sostenibilidad.

Mayores compromisos y demandas con el derecho humano a la educación 

Parte de la membresía de CLADE que participó en representación de la sociedad civil en el Foro Político de Alto Nivel subrayó la necesidad de reforzar los compromisos con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 4), que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, además de promover oportunidades de aprendizaje para todos a lo largo de la vida. En tal sentido y ante la profundización de las desigualdades se puso de relieve la urgente necesidad de fortalecer el derecho humano a la educación, en cuanto a los siguientes aspectos: 

1. Acceso universal a la educación sin discriminación ni exclusiones de ningún tipo, considerando los desafíos globales como el cambio y justicia climática.
2. Repensar la inclusión digital desde los marcos de los derechos humanos y superando las brechas que amplían las desigualdades.
3. Financiamiento oportuno y adecuado para la educación, encaminando los esfuerzos para que la justicia tributaria lo haga efectivo. Reiterando el llamado para que los países destinen al menos el 4-6% de su Producto Interno Bruto (PIB) a la educación.
4. Aumentar la participación de la sociedad civil, especialmente a los actores tradicionalmente invisibilizados como las juventudes, minorías étnicas, entre otros. 
5. Integración de la perspectiva de género en la Agenda de los ODS como uno de los factores que oriente la igualdad de niñas, jóvenes y mujeres. 

La educación en la declaración ministerial

El Consejo Económico y Social concluyó su segmento de alto nivel con la adopción la declaración política compartido por la Presidenta del Consejo, Paula Narváez (Chile), señala que “reafirmamos que la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas contribuirán de manera crucial al progreso en todos los objetivos y metas(…) Las mujeres y las niñas deben disfrutar de igualdad de acceso a una educación de calidad, a los recursos económicos y a la participación política, así como de igualdad de oportunidades(…) Trabajaremos por un aumento significativo de las inversiones para cerrar la brecha de género (…) La integración sistemática de la perspectiva de género en la aplicación de la Agenda es crucial”. 

Paula Narváez en su intervención afirmó que “este Foro Político de Alto Nivel ha puesto de relieve que no es demasiado tarde para hacer realidad el desarrollo sostenible”.

Pacto, Cumbre del Futuro y derecho humano a la educación

El Foro de este año 2024 sienta las bases para la Cumbre del Futuro, que tendrá lugar del 22 al 23 de septiembre, en la que se espera un nuevo consenso internacional sobre los caminos para tener un mejor presente y proteger el mejor futuro posible. En tal sentido, se espera que resulte la adopción del Pacto para el Futuro, que incluirá como anexos un Pacto Digital Mundial y una Declaración sobre las Generaciones Futuras.

La declaración del Pacto por el Futuro se encuentra en proceso de revisiones y se dio a conocer en su versión borrador, en el cual se destacan las siguientes referencias sobre el derecho humano a la educación:

En la acción 6 de la mencionada declaración ministerial de enfrentamiento a la pobreza para no dejar a nadie atrás se destaca que es necesario “erradicar la pobreza y reducir las desigualdades promoviendo la cobertura sanitaria universal, aumentando el acceso a una educación inclusiva y de calidad y al aprendizaje permanente, incluso en situaciones de emergencia, y mejorando las oportunidades de trabajo decente para todos”.

Con relación a la ciencia, la tecnología y la innovación en beneficio de las personas y del planeta, la acción 30 señala que “fomentaremos la movilidad y la circulación de talentos, incluso mediante programas educativos”. Lo que se une el llamado de la medida 31 en el que se refuerzan las capacidades para que la ciencia, la tecnología y la innovación “contribuyan a nuestros esfuerzos para erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones y el hambre, y para reducir las desigualdades, además de áreas como la seguridad alimentaria y la nutrición, la salud, la educación”. Del mismo modo, se exhorta a los países a superar la brecha digital de género y los riesgos de exclusión que viven niñas y mujeres, mejorando las oportunidades de educación y empleo, entre otras. 

También se resalta la “importancia de invertir en los servicios sociales esenciales para los niños y los jóvenes, especialmente la salud, la educación y la protección social, y de garantizar un acceso equitativo a ellos (Acción 30, n°50)”. 

Especialmente para primera infancia anima a “apoyar a los países en desarrollo para que aumenten significativamente la inversión procedente de todas las fuentes en educación y competencias, especialmente la educación y las competencias de la primera infancia y de las niñas, para construir sistemas educativos inclusivos, accesibles y resilientes y sociedades de aprendizaje permanente”.

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Resumen Ejecutivo. Gobernanza de la digitalización de la educación: reflexiones desde América Latina y el Caribe

18 de julio de 2024

Resumen ejecutivo del informe explora las complejidades de la gobernanza en el contexto de la digitalización de la educación, destacando la importancia de revisar y entender mejor este concepto ante el aumento de alianzas multistakeholder, es decir, espacios que integran gobiernos, sociedad y empresas, supuestamente para definir políticas públicas, colaborar e innovar.

Durante la pandemia de COVID-19, se adoptaron plataformas de grandes empresas tecnológicas en la educación de forma masiva, trayendo nuevos desafíos, especialmente para la educación pública de América Latina y el Caribe (ALC).

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Gobernanza de la digitalización de la educación: reflexiones desde América Latina y el Caribe

El estudio intenta profundizar en la digitalización de la educación para apoyar a la CLADE en afirmar el derecho humano a la educación, influir en políticas públicas, y fomentar la movilización social e interinstitucional. Se presentará el contexto contemporáneo de la sociedad digital e identificará nuevos actores en la gobernanza y formulación de políticas educativas digitales a nivel nacional y multilateral.

Durante la pandemia, el concepto de “transformación digital” se popularizó, refiriéndose a la integración de tecnologías digitales en escuelas para mejorar el uso pedagógico y la conectividad. Para comprender la interacción entre la privatización educativa y las Tecnologías Digitales de Información y Comunicación (TDIC) en ALC, es esencial revisitar la historia de esta agenda. El uso de TDIC en educación, promovido para mejorar la inclusión digital y la calidad educativa, realmente ofrece una visión restringida de los cambios sociales actuales, marcados por la “dataficación” y “plataformización” debido al auge de la Inteligencia Artificial (IA).

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