Manos de un niño escribiendo en un cuaderno con un lapís rojo
Lourdes Nique

Diálogo de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil en torno a los desafíos para la educación

18 de diciembre de 2020

Con la participación de integrantes de seis países de la región (Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú,  República Dominicana y Uruguay, el pasado jueves 8 de octubre tuvo lugar un nuevo  encuentro de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la  Educación en América Latina y el Caribe para dialogar en torno a la situación actual de la  región y acciones futuras. 

La primera parte del evento se centró en un amplio intercambio sobre el escenario regional y  una mirada sobre las particularidades y desafíos presentes en algunos de los países de la  región (algunos de los cuales enfrentan crisis políticas y/o institucionales, cambios de  gobierno, procesos electorales en proceso o realizados recientemente), poniendo en destaque  los retos y desafíos que se presentan para la educación en el marco de la crisis sanitaria en  curso (COVID-19). 

Se señaló que, además de poner de relieve las vulnerabilidades preexistentes, la pandemia ha  desatado niveles de incertidumbre sin precedentes; impactos generalizados sobre el conjunto  de derechos humanos (civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales);  graves efectos económicos y sociales marcados por la profundización de la pobreza,  exclusión social y las desigualdades. 

Además, ha dejado al descubierto la fragilidad de las estructuras estatales para hacer frente a  la crisis sanitaria (sistemas de salud, protección social y educación); ha favorecido el  incremento de la violencia, del trabajo infantil y del trabajo doméstico de niños, niñas y  adolescentes. Este escenario está acompañado, en algunos casos, con la adopción de marcos  normativos y presupuestarios que suponen (de forma explícita o implícita) regresiones en  materia de derechos y políticas sociales, o políticas públicas que resultan insuficientes;  acuerdos con los organismos multilaterales bajo condiciones que afectarán los presupuestos  de salud y educación; emergencia de tendencias conservadoras que han ido sumando discriminaciones y desigualdades hacia los sectores históricamente excluidos o los derechos  de las poblaciones LGBTI; restricciones a la protesta y criminalización de reivindicaciones  de la ciudadanía, considerando además un escenario de movilización reducida, también como  consecuencia de la emergencia sanitaria.  

En lo que respecta al derecho a la educación, se intercambió sobre los profundos impactos  desencadenados por la suspensión de las actividades presenciales y el cierre de las  instituciones educativas (conllevando la clausura del año escolar, como en el caso de Bolivia,  o la incertidumbre en cuanto a la conclusión de los ciclos escolares en otros países),  implicancias en el logro de aprendizajes y rezago en todos los niveles educativos; impactos  en la vida de estudiantes incluso en el ámbito familiar (como incremento de la violencia, en  particular la violencia de género), discriminaciones a sectores más vulnerables, a niñas,  mujeres, pueblos indígenas y personas con discapacidad; profundas desigualdades entre el  ámbito urbano y rural; falta de cobertura de internet, brechas de acceso a las tecnologías y  plataformas virtuales (herramientas y redes digitales) afectando a niñas, niños y adolescentes  en zonas rurales y zonas urbanas más empobrecidas; el aumento de las brechas entre  estudiantes que asisten a establecimientos privados y quienes asisten a establecimientos  públicos, la exacerbación del trabajo de cuidado humano y reproductivo y de apoyo a la labor  educativa en las mujeres; aumento de estudiantes en los sistemas públicos por el cierre de los  establecimientos privados y la dificultad de los mismos para hacer frente este incremento. 

A su vez, la alerta por la implementación de políticas públicas y/o marcos normativos que  imponen modificaciones para el campo de la educación, suponen retrocesos en torno a la  participación social en el sistema educativo y/o propician avances hacia la privatización,  imponen una reducción o congelamiento de presupuesto educativo, reducción o supresión de  horas docentes, abren espacio a tendencias conservadoras (proyectos de educación sexual  desde perspectivas confesionales). 

La segunda parte del encuentro se centró en las líneas de acción y proyecciones de la Red  Mixta, en particular avanzar en un plan de trabajo bajo tres ejes prioritarios: reactivación del  proceso de animación de la Red; creación de Grupos de Trabajo Temáticos (Primera Infancia,  Financiamiento y privatización y Criminalización de las comunidades educativas) y  profundización de las articulaciones de la Red Mixta. Como acciones prioritarias para el  2020, el fortalecimiento de los aspectos comunicacionales de la Red y realizar una  recopilación de las modificaciones normativas que supongan implicancias para el campo del  derecho a la educación ya sea porque suponen retrocesos o porque se orientan a fortalecer y  garantizar más plenamente este derecho en el marco de la pandemia (medidas inspiradoras  y/o los desafíos más presentes y urgentes en la materia).  

Como propuesta a mediano plazo, queda planteada la posibilidad de realizar un análisis  regional que coloque el énfasis en las buenas prácticas que la sociedad civil y algunos estados  han promovido en el contexto COVID-19. A su vez, y como parte del eje de fortalecimiento  comunicacional, se propone revisar la cobertura mediática que se viene realizando a los temas  educativos en el contexto de la crisis sanitaria (tendencias, brechas, prácticas innovativas, ver  cómo los medios participan o no en la educación virtual o en la educación por medios;  movilización de la opinión pública, entre otras cuestiones). 


Foto: Pxhere.com

Organizaciones rechazan la violencia contra maestras y maestros en Colombia

16 de diciembre de 2020

“Lo que hoy se denuncia no es un fenómeno puramente coyuntural sino una práctica política con lamentables efectos culturales que han consolidado una naturalización de la violencia y del exterminio físico de los oponentes, como medios para impedir el logro de las reivindicaciones democráticas mínimas exigidas por el pueblo colombiano que sufre los efectos de la desigualdad. El llamado es a frenar de una vez por todas la impunidad existente frente a este tipo de hechos”, se afirma en la nota publicada hoy (16/12) por más de 20 organizaciones, redes y coaliciones internacionales, regionales y nacionales, entre ellas la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), que denuncian el gobierno colombiano por la extrema violencia generalizada vivida por las y los docentes del país, principalmente las/os más de 350 mil que integran la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE).

Según el documento, en el caso colombiano, la lucha por el derecho a la educación se superpone a la lucha por el derecho a la vida. “Por esa razón, las organizaciones firmantes expresamos nuestro más radical rechazo a estas manifestaciones de violencia, y pedimos al gobierno colombiano mostrar resultados contundentes en las investigaciones, y a la comunidad internacional ejercer una vigilancia rigurosa sobre la situación que viven los maestros las maestras de Colombia, en particular los integrantes de FECODE, a quienes manifestamos toda nuestra solidaridad y apoyo en estas difíciles circunstancias”.


>> Lee la nota completa:
▪️ Español – Comunicado Conjunto contra la Campaña de Estigmatización a la Federación Colombiana de Educadores de Colombia – FECODE

▪️ English – Joint Press Release Against Stigmatization Campagn to the Colombian Federation of Educators of Colombia – FECODE

▪️ Português – Comunicado Conjunto Contra a Campanha de Estigmatização da Federação Colombiana de Educadores – FECODE

▪️ kreole – Kominike Nan Tètansanm Kont Kanpay Pèsekisyon k ap Fèt Kont Federasyon Kolonbyen Edikatè Kolonbyen Yo


Foto: Mauricio Castañedas

CLADE lanza informe sobre la criminalización de la lucha estudiantil

10 de diciembre de 2020

Con el apoyo del fondo Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund (SAIH), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanza hoy (10/12) el informe “Criminalización y violación a los derechos humanos de estudiantes en América Latina y el Caribe. Reflexiones a partir de los casos de estudiantes secundarios y universitarios en Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras”.

Entre los objetivos del documento está el análisis y la visibilización de la situación de las y los estudiantes de la región como protagonistas de la defensa del derecho a la educación y de otros derechos humanos y su creciente criminalización en contextos de protestas sociales en Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras.

“Levantar información desde los territorios y las voces de los actores sociales y sus luchas, resulta fundamental no solamente en la visibilización de una tendencia que gana terreno en los últimos años en nuestro continente, sino también de cara a las propuestas y la urgente necesidad de que los Estados cumplan su rol de garantes de todos los derechos y, en este caso, del derecho a participar, asociarse, expresarse libremente y movilizarse, pacíficamente, exigiendo el cumplimiento del Derecho Humano a la Educación”, afirma Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE.

Para la elaboración del informe se entrevistó a estudiantes de los países mencionados y se analizó su situación como protagonistas de la defensa del derecho a la educación y de otros derechos humanos y su creciente criminalización en contextos de protestas sociales en esos cuatro países.  Además de los casos concretos presentados, la investigación hace un análisis, en alianza con la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), sobre el rol de los medios de comunicación en el proceso de criminalización de estudiantes y movimientos estudiantiles.

El documento también considera la existencia, extensión y singularidades de este fenómeno, así como la profunda afectación que supone no solo para el derecho a la educación, también para otro conjunto de derechos humanos fundamentales. En términos generales, se puede mencionar: impacto en los derechos de participación, libertad de expresión, reunión y asociación; represión y uso excesivo de la fuerza; actuaciones penales infundadas con el fin de paralizar o deslegitimar sus causas; arrestos; imposición de sanciones penales, civiles y administrativas; vigilancia de organizaciones de estudiantes; asesinato de estudiantes. En el ámbito educativo: expulsiones, suspensiones, cancelación de becas u otros beneficios estudiantiles.


Hallazgos y resultados

Los hallazgos y resultados de este proceso ratifican algunas tendencias que ya se habían identificado en otros procesos y acciones que viene llevando adelante CLADE en torno a este tema, así como los graves impactos que suponen para el derecho a la educación y para todo el conjunto de derechos humanos.

En cuanto a los responsables, el informe identificó una multiplicidad de actores y factores que interactúan en los procesos de criminalización, con una relevante participación del Estado, como el aumento de la militarización (con la presencia sobre todo del ejército) en las escuelas y universidades (violando la autonomía universitaria); la aprobación de leyes que dificultan la realización de manifestaciones y protestas sociales o la penalización a conductas relacionadas a la protesta social; la apertura de procesos en contra de estudiantes bajo diferentes figuras penales sin fundamento y sin las pruebas pertinentes o en base a pruebas falsas;  la detención ilegal, agresión física y psicológica de estudiantes y de la comunidad escolar; el asesinato durante manifestaciones o luego de haber participado en protestas por parte de grupo paramilitares y el énfasis en los inconvenientes causados por las protestas y no en las causas de las reivindicaciones y/o las consecuencias de la criminalización por parte de los medios de comunicación.

Entre los impactos y consecuencias del proceso de criminalización, la investigación identificó graves restricciones a su derecho a educarse en las instituciones de educación secundaria y superior, impidiendo o generando obstáculos para que la reincorporación de estudiantes pueda ser posible, en algunos casos, como ya se señaló, incluso ha sido de forma definitiva; usos de violencia física incluyendo, en algunos casos situaciones de tortura, abuso sexual, e incluso la muerte.


Consideraciones y recomendaciones

El informe trata de aportar el panorama regional y reafirma la necesidad de fortalecer urgentemente estrategias que ayuden a revertir este fenómeno y contribuyan a garantizar los derechos de todos los actores de la comunidad educativa, en particular de las y los estudiantes, ofreciendo una serie de recomendaciones generales y otras específicas dirigidas a diferentes ámbitos (ámbito estatal gubernamental, organismos de derechos  humanos, medios de comunicación, sociedad civil,  y a la comunidad educativa).

Entre las recomendaciones están: la relevancia de profundizar en el análisis del contexto, la visibilidad, comprensión, denuncia y sistematización de situaciones de criminalización, desde un enfoque de derechos humanos y de género y la articulación de esfuerzos y medidas desde todas las esferas de la sociedad para avanzar en un mayor reconocimiento y consolidación del derecho a la protesta social como un derecho humano fundamental y como mecanismo de defensa e incidencia por el derecho a la educación, el rol de las y los estudiantes como defensores de derechos humanos.


La educación es una obligación del Estado y factor habilitante para el ejercicio de otros derechos

9 de diciembre de 2020

“El derecho a la educación es una obligación central de los Estados nacionales. Esa exigencia debe ser actualizada en un contexto de desembarco de los medios virtuales, contenidos digitales y de asedio a la escuela presencial”, afirma la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en su Declaración Final de la XI Asamblea Regional CLADE. 

El documento es el resultado de reflexiones y debates realizados durante la XI Asamblea de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, que se llevó a cabo de modo virtual entre el 13 de octubre y el 26 de noviembre y contó con una amplia participación de organizaciones miembros de la CLADE, representantes estudiantiles y docentes, movimientos, organizaciones de la sociedad civil, investigadores/as y académicos/as.

Con el tema “Derecho Humano a la Educación: horizontes y sentidos en la post pandemia”, la Asamblea se realizó en un contexto en el que nuestra América Latina y Caribe y  el mundo entero enfrentan las consecuencias de la pandemia provocada por el Covid-19 y contó con transmisiones en vivo semanales sobre las temáticas desarrolladas por la CLADE para analizar la actual coyuntura regional e internacional y trazar estrategias para la efectiva implementación del derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe en el contexto de la post pandemia.

“La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, sus foros nacionales, redes regionales y ONGs internacionales que la integran han realizado un gran esfuerzo desde que comenzó la presente crisis, para acompañar procesos que garanticen los derechos de los pueblos, para reflexionar sobre las consecuencias de la pandemia, para denunciar la profundización de la desigualdad y para alentar el compromiso de la comunidad educativa a no bajar los brazos ante la difícil situación que se fue agravando”, argumenta  el documento.


Clases presenciales y privatización educativa

A través del documento, la CLADE afirma “que la pandemia demostró la importancia de la presencialidad en la educación y en los aprendizajes a lo largo de toda la vida, porque aprender es un acto relacional, que necesita del diálogo, del abrazo y del hacer en los territorios y que, cuando la virtualidad es indispensable, debe también garantizar el derecho humano a la educación, en todo lo que este significa”.

La CLADE también llama la atención sobre la agudización del proceso de privatización de la educación. “Conocimos un nuevo modelo de privatización (familias, estudiantes y docentes asumiendo el coste de equipos y conexión), estratificación estudiantil (a partir de las posibilidades o no de conexión) y cientos de miles de estudiantes imposibilitados de continuar su trayecto educativo en estos contextos. Esta situación amenaza con mantenerse y expandirse con los anuncios de modelos híbridos de enseñanza”, afirma.

En este contexto, la CLADE insta a que “los Estados garanticen el acceso universal y público al internet como un derecho, y no como una mercancía. Desarrollando plataformas virtuales propias y abiertas, que garanticen nuestra soberanía en materia de tecnología educativa”, además de asumir “su rol de garante de los derechos humanos, considerando la indivisibilidad de los mismos y a la educación como factor habilitante para el ejercicio de otros derechos, para disminuir las desigualdades y para lograr que nuestras sociedades sean más justas e igualitarias”, entre otras acciones.

Lee el documento completo aquí


Sobre la XI Asamblea Regional de la CLADE

Durante las siete semanas en las que se llevó a cabo la Asamblea Regional, la CLADE y su membresía realizaron más de 10 paneles y debates sobre la educación latinoamericana y caribeña. A continuación están los enlaces de los videos de los paneles, debates de las sesiones internas, documentos y presentaciones hechas durante toda el evento.

13/10 – Panel de apertura: Jóvenes y derecho a la educación en América Latina y el Caribe
20/10 – Panel: Derechos desde el principio
27/10 – Panel: Educación de Personas Jóvenes y Adultas
03/11 – Panel: Desigualdades, inclusión y educación
10/11 – Panel: Educación Pública en Riesgo: Privatización, Financiamiento, Docentes
17/11 – Panel: Rasgos de la coyuntura internacional en la pandemia y post pandemia”
19/11 – Panel: Derechos humanos y educación

Del 23/11 al 26/11


Nuevo Comité Directivo

En la XI Asamblea, se realizó un balance del Plan Estratégico Cuatrienal 2018-2020 de la CLADE. En el encuentro también se eligió el nuevo Comité Directivo, compuesto por seis representantes de los foros nacionales, dos de las redes regionales y dos de ONGs internacionales, además de la coordinadora general.  El Comité ahora tiene la siguiente composición:

  • ActionAid
  • Agenda Ciudadana por la Educación de Costa Rica
  • Campaña Argentina por el Derecho a la Educación
  • Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación
  • Campaña por el Derecho a la Educación de México
  • Federación Internacional Fe y Alegría
  • Oxfam IBIS
  • Organización Mundial de Educación Preescolar – Región América Latina
  • Reagrupación Educación para Todos y Todas Haití
  • Coordinadora General de CLADE

La pandemia hace lupa de la vulneración a los derechos, también el de educación

27 de noviembre de 2020

La necesidad de una nueva narrativa que no naturalice la vulneración de derechos, la lucha contra la privatización y la desfinanciación del derecho humano a la educación son temas que se han debatido esta semana por organizaciones sociales de 18 países en la región. La pandemia hace lupa de la vulneración a los derechos, también el de educación, evidenciado en todos los sentidos las brechas que vivimos en América Latina y El Caribe.

La justicia fiscal es una de las propuestas que desde las organizaciones sociales ayudaría al cumplimiento de la agenda en favor del bienestar común, recordando que una de las prioridades sería la asignación de los Estados de al menos 6% del Producto Interno Bruto para la inversión educativa, sin embargo esto se ve amenazado con la contracción económica global derivada de la pandemia.

Educación para la no violencia, la inclusión y la organización social en la defensa de los derechos humanos, así como la escuela como entorno de protección son parte de las claves para la defensa de la educación en el continente y el Caribe.

Diálogo en el marco de la XI Asamblea la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), con Nelsy Lizarazo, Coordinadora General de la CLADE; Jesús Juárez de Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM) y Elizabeth Robert coordinadora de la comunidad de práctica de OXFAM en educación para ALC.

Enlace para descargar: Voces sobre la Mesa – 27 Noviembre 2020


Rasgos y perspectivas transformadoras de la coyuntura internacional de pandemia y pospandemia

23 de noviembre de 2020

Al momento de escribirse esta nota –a casi un año del surgimiento de la pandemia del SARS-CoV-2- más de 55 millones de personas han sufrido ya el contagio con el lamentable saldo de más de 1 millón trescientos treinta mil muertos.

Esta catástrofe se ha producido en el marco de una crisis global transicional, que ya se evidenciaba con la explosión de la burbuja financiera en 2008 y que ahora el Covid-19 desnuda y exacerba a nivel local, regional y mundial.

Como fotografía absurda de un esquema obsoleto, mientras el deterioro económico ha incrementado el número de pobres, el desempleo y la sobrecarga de explotación sobre las mujeres, encargadas en la tradición patriarcal del cuidado familiar, las multinacionales que detentan el dominio sobre plataformas electrónicas han embolsado beneficios astronómicos.

En el área educativa millones de niñas, niños y jóvenes han sido excluidos, no solamente por el cierre de las instituciones, sino también por la falta de acceso a conectividad y tecnología, las desigualdades económicas y educacionales.

Del mismo modo, en una suerte de pandemia amplificada, han proliferado brotes de autoritarismo, militarización, censura y ataques a la libertad académica y contra la autonomía universitaria y ha aumentado la violencia contra educadores y estudiantes.

Junto a la profundización de la brecha digital, se han expandido la desinformación, el discurso de odio, el dogmatismo y la vigilancia digital a través de las plataformas electrónicas y han encontrado eco la irracionalidad y el discurso anticientífico.

Se trata, sin duda alguna, de una crisis de carácter civilizatorio extendida a todos los campos, que cuestiona qué es lo verdaderamente esencial, que ha mostrado porqué la salud debe priorizarse frente a la economía, que ha resignificado el rol del cuidado y ha dejado al descubierto la necesidad de compartir los recursos del planeta con otros seres.

Por otra parte, se ha hecho incuestionable la necesidad de mecanismos de justicia social que lleven a la equidad.

Los anticuerpos del viejo orden

Aun así, el viejo orden se resiste. Hay múltiples vacunas en marcha, de un modo mucho más acelerado que ninguna otra antes. A pesar de los llamamientos y el clamor por una vacuna de los pueblos, que sea un bien público y universal, el cuándo y cómo las poblaciones puedan ser inmunizadas, no se define en la OMS sino en la OMC.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la principal centinela del orden mundial capitalista, en la que restricciones y patentes toman primacía sobre cuestiones de salud público y bienestar compartido.

Entre las farmacéuticas que aspiran al multimillonario negocio está Pfizer – multinacional con sede en los Estados Unidos – que ya tiene comprometido el 80% de la producción de su vacuna a países ricos, que representan tan solo el 14% de la población mundial. Por lo demás, su medicamento requiere ser conservado a 70° bajo cero, condición que solo laboratorios de países desarrollados tecnológicamente pueden garantizar.

Por su parte, la vacuna elaborada por el laboratorio Moderna, financiada en un 100% por el gobierno de los Estados Unidos – es decir, los contribuyentes estadounidenses –, si bien permite menores rango de frío (20° bajo cero), su costo es de 40 u$ por dosis (el doble que la de Pfizer) y también ya ha sido comprada por los mismos países.

Es un escándalo que, debido al sistema de patentes y a pesar del aporte común de muchos científicos al develamiento del código genético del virus – entre ellos varios latinoamericanos – nadie más pueda producirlas. Países como India y Sudáfrica han propuesto una exención en el período de pandemia para poder producir genéricos, pero esto, pese a la urgencia, no ha sido resuelto.

La clave sin duda es si en la pospandemia podrá establecerse un nuevo orden que conduzca a profundas transformaciones, a reducir las desigualdades, a que nadie pueda limitar el cuidado de la salud. Un nuevo fundamento que garantices el Derecho a la Educación Pública y gratuita, la salud, el derecho al agua, entre tantos otros. En suma, un nuevo esquema signado por la solidaridad y el derecho pleno a la vida frente al derecho monopólico.

Articular lo social y lo político

En medio de un panorama de incertidumbre, hay una ofensiva conservadora que plantea la peligrosa ilusión de un orden regresivo. Ante ello se levantan múltiples movimientos en resistencia interseccional. Por doquier se hacen oír y se expanden las reivindicaciones de feminismos, poblaciones migrantes, trabajadores domésticos, agrupaciones sindicales; se levantan las organizaciones campesinas, los sin techo, los pueblos indígenas, las luchas antirracistas.

Es en el acuerdo de los movimientos y las luchas sociales desde donde debe surgir una respuesta global. Desde una articulación transversal de la misma base que se exprese en estrategia común y logre enlazar lo social y lo político.

La alternativa debe ser sistémica y la lucha al mismo tiempo social y política, para reencauzar formas de convivencia que hoy se debaten entre el caos de mercado y la insustancialidad institucional.

Para la educación, el desafío es poder traducir  este panorama para que llegue al conjunto de la sociedad.

El movimiento por el Derecho a la Educación

En un planeta interconectado, más allá de su diversidad cultural y local, las problemáticas se vuelven cada vez más comunes, por lo que es imprescindible, para el logro de un movimiento cada vez más fuerte, incrementar el diálogo y el entendimiento común entre las distintas latitudes.

Para transformar, se hace necesario clarificar cuál es el enfoque educativo con visión social.

Pero también comprender en profundidad la estructura del contexto económico y político en que la educación está inserta.  No podemos cerrar los ojos, los conflictos tienen impacto y una adecuada estrategia de trabajo requiere la habilidad de analizar la situación completa.

¿De quién es la responsabilidad sobre la capacidad de los países para la protección social y la educación? ¿Cuáles son las consecuencias de las políticas del Banco Mundial y otros actores políticos y financieros? Solo luego de analizar y comprender, es posible tomar posición, por lo que es fundamental crear mecanismos a este fin. Para hacer frente a ese desafío, puede ser sumamente útil instalar una academia política global, una universidad mundial.

Asimismo, para fortalecer el trabajo en red, se necesita saber qué sucede en las distintas regiones. Intercambiar, conocernos, nos hace más fuertes. Pensar en el otro, reforzar la solidaridad entre todos, crear mecanismos y  herramientas para lograr mayor coordinación, es el sentir y el hacer que nos dará eficacia.

No podemos permitir que nos separen, es preciso unificar un discurso educacional claro y común.

El movimiento mundial por el derecho a la educación se debe a los intereses de los pueblos, no de los financiadores.

La fuerza del cambio vendrá por la acción local, que trabaje por las necesidades de la gente, que apoye efectivamente a la base social y que logre vincular estas necesidades con niveles estratégicos de transformación.

Necesitamos esperanza, no expectativa. Con la esperanza, si caes, te levantas y sigues luchando.


Esta nota intenta reflejar parte de los conceptos vertidos en el conversatorio virtual “Rasgos de la coyuntura internacional en la pandemia y post pandemia”, organizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en alianza con la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE), la Red Global Glocal por la Calidad Educativa (RGGCE) y la Red Espacio sin Fronteras (ESF).

Como ponentes, participaron del evento Roberto Bissio, Director Ejecutivo del Instituto del Tercer Mundo y de Social Watch; Aida García Naranjo, Presidenta del Consejo Internacional de la Red Sin Fronteras y miembro de la Red Internacional de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RIMLAC); Elena Naumkina, Gestora de Equipo, Programa de Educación de Open Society Foundations y Refat Sabbah, Presidente de la Campaña Mundial por la Educación y coordinador general de la Campaña Árabe por la Educación para Todos.

Las palabras de bienvenida y cierre estuvieron a cargo de Alberto Croce (CADE), mientras que Luz Palomino (RGGCE) y Javier Tolcachier (Pressenza) colaboraron en la moderación.

La actividad tuvo lugar el 17/11 en el marco de las sesiones de debate hacia la XI Asamblea Regional de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) «Derecho Humano a la Educación: horizontes y sentidos en la post pandemia», que se lleva a cabo del 13 de octubre al 26 de noviembre de 2020.


Foto: IIN-OEA

Niñ@s estudiantes no fueron tomados en cuenta por los gobiernos para enfrentar la pandemia.

17 de noviembre de 2020

La pandemia no sólo desnudo la precariedad de los sistemas de salud y educación de nuestros países latinoamericanos sino también puso en cuestionamiento la forma cómo los gobiernos enfrentaron la pandemia. ¿Qué nivel de consulta hubo a la población, a todos los sectores de la sociedad? ¿Era necesario hacerlo? Víctor Giorgi, director del Instituto interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la Organización de Estados Americanos (OEA), considera que sí y advierte que este importante sector de la población no fue tomado en cuenta. Lamenta que la pandemia haya convertido a los estudiantes infantes en una especie de robot producto de la virtualidad cuando la cercanía, el contacto constituyen poderosos elementos de aprendizaje. Esta y otras ideas nos comparte en la siguiente entrevista realizada por nuestra compañera María Cianci Bastidas en el marco de la XI Asamblea Regional CLADE que en su agenda discute el tema de los Derechos Humanos, riesgo de precariedad en la pandemia.

Producción: María Cianci Bastidas – Hugo Ramírez. Coordinación general ALER

Escucha la entrevista completa aquí:


#ParaQueTodosVean la imagen muestra del lado izquierdo a una niña blanca de aproximadamente 10 años de edad, está de perfil y lleva en sus manos un recipiente transparente con un líquido de color blanco por dentro, tiene cabello de color castaño y recogido en una cola de caballo, lleva una camiseta de algodón blanca sin estampados y en su espalda lleva un mochila de color negro con azul y en el bolsillo lateral derecho de la mochila lleva una botella térmica roja con tapa blanca. El fondo de la fotografía es una pared con ladrillos a la vista, del lado izquierdo los ladrillos son de color naranja, y del lado derecho los ladrillos son de cemento. En el extremo inferior izquierdo están los créditos de autoría de la foto:  @UNICEF/ECU/2017/HEIM. Fin de la descripción.
Foto: UNICEF/ECU/2017/HEIM

Derechos humanos y educación: una mirada intersectorial en el contexto de la región de América Latina y el Caribe

11 de noviembre de 2020

El séptimo evento público, organizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en alianza con la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), el Foro Dakar de Honduras, el Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua, realizado hoy como parte del proceso hacia la Asamblea Regional.

Se comenzó viendo el tema de las alianzas inclusivas para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sustentable número 4 referido a la Educación, gracias a la exposición de Soledad García Muñoz – Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales garantes de la educación; a lo que siguió Víctor Giorgi, Director General del Instituto Interamericano del Niño, tratando el tema del derecho de los niños y niñas a la educación como motor para la transformación social.

Se concluyó esta primera parte respondiendo a las preguntas que quienes participaban fueron dejando en el chat por parte de la y el panelista.

Luego, ya avanzando hacia el segundo panel de expositores sobre las medidas restaurativas del derecho a la educación, se contó con la moderación de Vernor Muñoz – Coordinador de políticas, incidencia y campañas de la Campaña Mundial por la Educación (CME). Las intervenciones comenzaron con la presentación de Fabián Salvioli – Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justica, la reparación y las garantías de no repetición – quien desarrolló el tema de la educación de Derechos Humanos como requisito para cualquiera que desempeñe algún cargo público y formule políticas públicas, además de la enseñanza de los Derechos Humanos como parte del currículum formativo de jóvenes y adolescentes.

Aminta Navarro, del Foro Dakar Honduras, presentó el Informe de CLADE sobre La criminalización y violación a los derechos humanos de estudiantes en América Latina y El Caribe (Reflexiones a partir de los casos de estudiantes secundarios y universitarios en Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras), que comenta los derechos humanos vulnerados en el marco de la criminalización de los movimientos estudiantiles, resumiendo el estudio, sus conclusiones y recomendaciones.

Para concluir, Marcela Browne – Responsable educación de Fundación SES /CADE- intervino respecto de los Desafíos para el cumplimiento del ODS4 haciendo especial énfasis en la necesidad de políticas redistribuitivas y de justicia fiscal que permitan colocar al ser humano al centro de la actividad social, tanto de las políticas para asegurar el derecho a la educación como también todos los demás derechos humanos.

A ello siguieron los comentarios finales de los panelistas, quienes si bien recibieron muchas preguntas de parte de quienes asistieron, no contaron con tiempo suficiente para responderlas en la misma reunión, de modo que fueron recogidas por los organizadores.


Foto: Pressenza

Desigualdades e interseccionalidades: Si no es inclusiva y transformadora, no merece llamarse Educación

5 de noviembre de 2020

Si bien las desigualdades de acceso a la Educación mejoraron en América Latina y el Caribe en los últimos 20-30 años, los efectos de la pandemia amenazan con profundizar las injusticias estructurales, haciendo retroceder las posibilidades de capacitación y crecimiento humano de millones de educandos.

¿Qué grupos sufren más? ¿Cómo avanzar? Éstas son preguntas íntimamente relacionadas, que encuentran respuesta a través del concepto y la herramienta de la interseccionalidad.

Sucede que la región no solamente es la más desigual del mundo en términos socioeconómicos, sino que además hay conjuntos humanos en cuyos cuerpos se cruzan múltiples desigualdades.

A la tremenda vulneración de Derechos Humanos básicos que significa la pobreza – que en la mayor parte de los casos es estructural y multidimensional, afectando no solo los ingresos sino otros indicadores de deterioro en la calidad de vida – se suman las discriminaciones y violencias por motivos de género, de proveniencia cultural, la segregación e invisibilización de las personas con discapacidad o las condiciones que deben enfrentar las y los migrantes.

Pandemia y violencia contra las mujeres

La importancia de la Educación como garante de otros Derechos básicos como el derecho a la inclusión, la socialización, la participación o la alimentación se ve hoy coartada por el cierre de las instituciones de educación a causa del brote pandémico. La CEPAL calculó que más de 160 millones de estudiantes han visto interrumpida sus trayectorias educativas. En simultáneo, 85 millones de niñas y niños han dejado de recibir la alimentación a la que accedían en el sistema escolar.

La crisis sanitaria expuso los desniveles existentes en los distintos países en cuanto a infraestructura sanitaria y educativa, al tiempo que hizo visibles las brechas de acceso a tecnología y conectividad al interior de los países. Esta disparidad afectó fuertemente las posibilidades de los sectores vulnerables, al recurrir el sistema a modalidades virtuales de enseñanza.

Del mismo modo, la precarización laboral de amplios sectores, en el marco de un marcado deterioro de la economía real, hace temer por un aumento de la deserción escolar. En particular, las niñas podrían verse afectadas al tener que ocuparse de tareas de cuidado familiar en reemplazo de sus madres ocupadas en la búsqueda de ingresos. Este mandato social de responsabilidad femenina en labores de cuidado, acuñado en matrices sociales patriarcales, continúa siendo uno de los principales impedimentos para la aspiración de sociedades igualitarias.

El contexto de pandemia ha agudizado las violencias contra las mujeres, que sufren de manera cotidiana relaciones de opresión sistémicas a nivel social, familiar e interpersonal.

Los Pueblos Indígenas: Entre la segregación y el riesgo pandémico

En un modo distinto, pero igualmente doloroso, pervive la desigualdad estructural que atraviesa la vida de los más de 800 pueblos indígenas de la región. El distanciamiento, la discriminación, la erosión de la base material y cultural de su existencia por parte de sociedades ancladas en matrices de tipo colonial, negó a estas comunidades ya con anterioridad a la pandemia gran parte de sus Derechos Humanos.

Debido a las altas tasas de desnutrición y la precariedad de la infraestructura, los 60 millones de indígenas de América Latina -un 10% de la población total- han visto agravarse su situación con la coyuntura de riesgo sanitario producida por el Covid-19.

El sistema educativo, lejos de actuar como factor igualador, ha profundizado las desigualdades a través de la segregación cultural, sin permitir a estas naciones desarrollarse según sus propios valores y cosmogonías, ni aportar con su riqueza de saberes al conocimiento común.

Lejos de ello, la historia que se enseña en el sistema escolar tradicional poco habla de la infinita violencia contra los indígenas ni de la brutalidad contra los negros arrancados a la esclavitud desde el África. Violencia y explotación que son la marca indeleble sobre la que se construyó la inequidad actual.

Además de políticas públicas decididas de apoyo, es preciso que exista una educación verdaderamente inclusiva, que utilice modelos pedagógicos diferenciados de acuerdo a los escenarios en los que viven las comunidades indígenas y en cuyo diseño puedan participar los jóvenes y las mujeres de dichas comunidades.

Personas con discapacidad y educación virtualizada

Las personas con discapacidad son otro colectivo estructuralmente aislado en el modelo de un patrón educativo rígido y capacitista, que no las concibe como parte del alumnado regular.

Esta situación de no presencia ni pertenencia alcanza aún una mayor relevancia en el marco de una educación virtualizada por la emergencia pandémica. A las habituales barreras se suman las dificultades de acceso a tecnología adecuada y las dinámicas de clase a distancia que no contemplan necesidades particulares. Sumado a la carencia de personal de apoyo, se ha producido la desconexión de muchas personas con discapacidad de la actividad educacional.

Como contraparte, la situación permitió visibilizar a las personas con discapacidad, hizo posible un trabajo de agrupamiento de estudiantes según su necesidad, ayudó a pensar nuevas formas de evaluar y posibilitó la alternancia de lo sincrónico y lo asincrónico.

Del mismo modo, hizo patente el rol fundamental de la familia como actor central del proceso educativo, de la mano con la escuela y los propios estudiantes, al tiempo que colaboró con una docencia más reflexiva y la recreación de los modos de interactuar.

Precaria situación de migrantes ante crisis sanitaria, educativa y económica

La condición de migrante es otra de las circunstancias en las que la desigualdad se multiplica. La mayoría de estas personas atraviesa la actual crisis sanitaria en un marco de precariedad, al que se suma la crisis educativa. Se mira al migrante como mano de obra, como fuerza de trabajo y no como un ser para la educación.

Muchos migrantes no cuentan con conexión fija a internet, no poseen equipos adecuados ni cuentan con las condiciones de vivienda con privacidad que se adecúen a las modalidades educativas virtuales. A la vulnerabilidad económica, agravada por el alarmante desempleo, a las dificultades lingüísticas y tecnológicas se agrega la carencia de recursos de apoyo pedagógico para los niños y niñas migrantes.

Los Estados deben desarrollar políticas públicas con compromiso social, ético, poniendo el énfasis en la diversidad y la multiculturalidad. Es imperioso producir libros y pedagogía para la pluralidad abandonando una tradición educativa asimilacionista.

Hacia el futuro

Es imprescindible aprovechar la pospandemia para replantear sentido y finalidad de la educación hacia un modelo heterogéneo, diverso, inclusivo, solidario y accesible para todas y todos.

Se necesita dejar atrás una matriz educacional concebida en el período industrial con el fin de disciplinar, estandarizar, cosificar. Un esquema cuya íntima raíz es naturalizar la desigualdad.

Es imperioso resistir las presiones para mercantilizar y privatizar lo público y en particular, el espacio educativo, que son una afrenta directa a la posibilidad de disminuir la injusticia y promover una creciente equidad.

Corresponde abordar sin dilación un tipo de educación intercultural, emancipadora, abierta al otro, al diferente. Construir un horizonte formativo transformador, no reproductor de desigualdades.

Desarrollar un modelo que ayude a desmontar el andamiaje cultural del patriarcado, que conciba la protección de la igualdad como un bien común, como noción profunda y de cotidiana aplicación.

La lucha por el cambio educativo no se inicia ni agota en el ámbito educativo, sino que es una lucha política, en las relaciones interpersonales e intrafamiliares para modificar las relaciones de poder.

En esta lucha, la educación debe tomar partido por los históricamente excluidos, porque una educación que no sea inclusiva, no merece llamarse educación.


Muestra EPJA prorroga inscripciones hasta el 13 de noviembre

3 de noviembre de 2020

Estudiantes, docentes y otras personas y grupos que desarrollen trabajos multimedia, artísticos y culturales que promuevan la visibilidad de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) tendrán algunos días más para inscribirse en la muestra multimedios “Otras lecturas del mundo: miradas de personas jóvenes y adultas”. Ahora, el plazo para las inscripciones se extiende hasta el 13 de noviembre.


¿Quiénes pueden participar?

  • Comunidades educativas: Estudiantes, docentes y trabajadoras/es de la educación.
  • Grupos de arte y cultura: artistas y/o colectivos que actúen en el sector de la cultura.
  •  Colectivos y organizaciones sociales: que actúen con procesos educativos u otros campos de los derechos humanos.

¿Qué se puede presentar?

Trabajos multimedia, artísticos, culturales como audiovisuales,  fotografías, foto reportajes, testimonios documentales, podcasts, animaciones que promuevan la visibilidad de experiencias específicas del ámbito de la educación de personas jóvenes y adultas, con una mirada regional y un enfoque centrado en la defensa del derecho a la educación y de los derechos humanos en general.


¿Cómo inscribirse?

Para participar, solo debes diligenciar este formulario hasta el 13 de noviembre. En caso de que tengas alguna duda, sobre cómo inscribirte, envía un mensaje al correo electrónico: muestraepja@redclade.org


Sobre la muestra

Lanzada hoy, 8 de septiembre, en el marco de celebración del Día Internacional de la Alfabetización y hacia la conmemoración del centenario del nacimiento de Paulo Freire, el 19 de setiembre de 2021, la muestra audiovisual busca ofrecer un espacio para la presentación de experiencias que se desarrollen en este campo de la educación y que pongan de relieve, a través de expresiones artísticas, la importancia de la EPJA como derecho humano fundamental, su potencial transformador y para la promoción de los derechos humanos y de una vida digna. 

La iniciativa es impulsada por la CLADE en alianza con el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), la Red de Educación Popular Entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe (REPEM), la Federación Internacional de Fe y Alegría, y el Consejo Internacional de Educación de Personas Adultas (ICAE); y cuenta con el apoyo de la DVV International.


Para más informaciones:

>> Muestra multimedia “Otras lecturas del mundo: miradas de personas jóvenes y adultas”
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