El derecho humano a la educación solo se garantiza con justicia fiscal
8 de septiembre de 2023Concentración de la riqueza y mantenimiento de la pobreza. Para cambiar este escenario, que ha estado presente en América Latina y el Caribe en los últimos tiempos, hay que garantizar los derechos humanos, entre ellos la educación. Para eso, es fundamental asegurar un sistema tributario justo, afirman especialistas y autoridades presentes en el Taller Regional-Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación”, que se realiza el 8 y 9 de septiembre en Santiago, Chile.
Nelsy Lizarazo: “En términos de ejercicio pleno del Derecho a la Educación, no basta con el acceso a la educación, es necesario invertir en calidad educativa”
El encuentro es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
“Han sido dos años de aprendizaje súper interesante, no solamente en asuntos técnicos, sino también en construcción de posición política y también en términos humanos”, dice Nelsy Lizarazo, coordinadora de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) durante la apertura del taller.
Según ella, en términos de ejercicio pleno del Derecho a la Educación, no basta con el acceso a la educación, es necesario invertir en calidad educativa. “Son necesarios cuatro criterios para tener en cuenta: el primero, la proporción dedicada a la educación debe de ser suficiente; el segundo, que ese presupuesto debe de ser del tamaño adecuado, que responda a las necesidades educativas del país, a sus brechas, a sus desigualdades; el tercero, presupuesto ser sensible a los grupos históricamente excluidos; y el cuarto, que el presupuesto sea transparente, construido, evaluado de forma participativamente con la ciudadanía.
Adrián Falco: “Para superar la pobreza, la desigualdad, para dar y garantizar derechos a toda la población y dar acceso a servicios públicos de calidad a toda la ciudadanía, para eso promovemos la #JusticiaFiscal”
Para Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad), la región latinoamericana y caribeña, mantiene 30% de pobreza y 19% de indigencia y, sin embargo, se concentra cada vez más la riqueza y los gobiernos dan cada vez más concesiones a los ricos y al gran capital. “Para superar la pobreza, la desigualdad, para dar y garantizar derechos a toda la población y dar acceso a servicios públicos de calidad a toda la ciudadanía, para eso promovemos la #JusticiaFiscal”, afirma.
Además de Nelsy Lizararo y Adrián Falco, el encuentro cuenta con la participación de Dereje Alemanyehu, de la Alianza Global por Justicia Fiscal -GATJ; Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación; Mariana Huepe, de CEPAL; de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
50 organizaciones de América Latina y el Caribe instan autoridades por un nuevo Pacto Fiscal para garantizar derechos humanos en la región
27 de julio de 2023Se busca la concreción de Consejo Consultivo Permanente de la sociedad civil que participe de las decisiones y acompañe las acciones de reformulación regional de los sistemas tributarios; la incorporación del enfoque de derechos humanos y del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) – entre ellos el 4, que trata de la educación – como principio para la creación y reformulación de los sistemas tributarios así como la implementación de reformas tributarias progresivas, que priorizarán los impuestos con potencial redistributivo y recaudatorio real. Estas son tres de las ocho recomendaciones que organizaciones y movimientos de la sociedad civil, entre ellas la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), presentaron hoy (27) a ministros y ministras de América Latina y el Caribe, a través de una carta.
Nelsy Lizarazo: “Desde nuestro lugar como CLADE, impulsar políticas fiscales progresivas con el horizonte puesto en el financiamiento suficiente para garantizar el derecho a la educación, en alianza con organizaciones de toda la región, es estratégico”
El documento fue entregado durante el primer día de realización de la Cumbre Ministerial para la región de América Latina y el Caribe hacia una tributación global incluyente, sostenible y equitativa, que se realiza del 27 al 28 de julio en Cartagena de las Indias, Colombia y tiene como objetivo reunir líderes de la región para definir la estructura de gobernanza de la nueva plataforma de cooperación tributaria y acordar las priorizaciones de los temas más apremiantes para la agenda de discusión regional y global; encontrar soluciones sostenibles que den al sistema tributario internacional la estabilidad y flexibilidad deseables para enfrentar el entorno cambiante de negocios y movilidad global.
“Esta primera cumbre regional no hubiera sido posible sin el impulso y los procesos participativos de organizaciones sociales y academia, en diálogo con gobiernos que han sabido escuchar y convocar. Las recomendaciones que estamos entregando son el resultado de procesos de años desde el campo de las luchas sociales y conectan la política fiscal con los derechos humanos, la justicia social y económica, la equidad. Es el final de una primera etapa y el comienzo de un proceso en el que será necesario sostener el impulso. Desde nuestro lugar como CLADE, impulsar políticas fiscales progresivas con el horizonte puesto en el financiamiento suficiente para garantizar el derecho a la educación, en alianza con organizaciones de toda la región, es estratégico”, afirma Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE.
Proceso: reforma tributaria para la garantía de derechos
La carta con las recomendaciones presentada a ministras y ministros es resultado de un proceso de construcción colectiva entre movimientos, redes y organizaciones preocupados en establecer un sistema de política fiscal justo en la región para garantizar entre otros derechos, el derecho humano a la educación.
Bogotá (Colombia) y Ciudad de Panamá (Panamá) fueron las dos ciudades donde se realizaron encuentros, en mayo y junio de este año, respectivamente, para debatir y definir algunas de las principales preocupaciones y necesidades de la sociedad civil en términos de política fiscal.
Según las organizaciones, América Latina y el Caribe es la región con mayor desigualdad de riqueza del planeta, además de presentar altos niveles de pobreza, con más de 80 millones de personas viviendo en situación de pobreza extrema. “A pesar de esto, los países de la región no utilizan todo el potencial de la tributación para abordar estos problemas. Este escenario se contradice con los compromisos de derechos humanos ampliamente asumidos en la región, por fuera de otros complementarios como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, afirman las organizaciones en la carta entregada a las autoridades.
Con justicia fiscal, la región multiplicaría recursos para la educación pública
Uno de los derechos humanos más impactados por la falta de un sistema tributario justo en América Latina y el Caribe es la educación. Según el Informe Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación – Una mirada regional desde América Latina realizado en el marco del proyecto “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: diagnóstico, participación e incidencia desde América Latina y Caribe” liderado por LATINDADD, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe (RJFLAC) y la CLADE, la región gasta 3.8 veces menos por estudiante, ocupando el quinto lugar entre las siete regiones a nivel mundial.
Con justicia fiscal, a partir de la recuperación de los recursos perdidos por prácticas tributarias abusivas, de la incrementación de la recaudación de impuestos progresivos y priorizando los gastos de los presupuestos, es posible multiplicar los recursos disponibles para educación en la región a corto plazo.
“Se estima que alrededor de 5.6% del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe se pierde, tanto por la evasión como la elusión fiscal. La recuperación de ese dinero equivaldría al monto comprometido por nuestros países desde la Declaración de Incheon para avanzar en un financiamiento público adecuado de sistemas públicos de educación que garanticen el derecho para todos y todas a lo largo de toda la vida”, afirma Nelsy Lizarazo.
Víctor Cristales, Colectivo de Educación para Todos y Todas de Guatemala: la inclusión, la interculturalidad y la justicia fiscal en la agenda educativa del contexto electoral
1 de junio de 2023El Colectivo de Educación para Todos y Todas de Guatemala fue creada en 2003, inspirado en el trabajo colaborativo en el compromiso de profundizar “el compromiso por el derecho humano a la educación pública, gratuita y laica, que garantice la dignidad para todas y todos en Guatemala” según señala el informe luz presentado al Foro Político de Alto Nivel en 2019.
El contexto socioeconómico y político en Guatemala no ha cambiado mucho desde que se presentó dicho informe en 2019, a pesar que la pandemia recrudeció las condiciones de vulnerabilidad de la mayoría de la población en situación de pobreza sistémica, desigualdad, discriminación, exclusión y altos niveles de impunidad.
Sigue vigente lo referido en esa ocasión, sobre el argumento de que el contexto “es desfavorable, ya que se han descubierto grandes evasiones al fisco por parte de grandes empresas y estas lo han aceptado, siendo Guatemala uno de los países con más bajos niveles de recaudación fiscal. Debido a diversas formas de evasión de impuestos”.
Víctor Cristales expresa su preocupación por sumar esfuerzos en la incidencia en favor del derecho humano a la educación con una perspectiva de justicia fiscal, pertinente en el contexto electoral que enfrenta Guatemala en las próximas semanas. Considera que la sociedad civil puede demandar acciones afirmativas de inclusión e interculturalidad.
La inclusión educativa intercultural y de las diversidades
Para el coordinador del Colectivo de Educación para Todos y Todas de Guatemala, un balance positivo que recuerda la trayectoria institucional es la defensa del carácter gratuito de la educación para la población maya, xinca, garífuna y ladina, en sus palabras señala que “también se ha logrado incrementar un poco el presupuesto en materia de acceso a los alimentos de los niños y niñas en muchas escuelas primarias”.
Demandas pendientes por un presupuesto educativo justo
La mayor preocupación actual es la demanda por el incremento del presupuesto e inversión en educación, ya que aún no alcanza a cubrir el 7 % que plantea la Ley Nacional de Educación, afirma Víctor Cristales.
La mayor preocupación actual es la demanda por el incremento del presupuesto e inversión en educación, ya que aún no alcanza a cubrir el 7 % que plantea la Ley Nacional de Educación, afirma Víctor Cristales.
Aunque se ha implementado un bono de juventud como ayuda económica para esta población. A juicio del docente “hay sectores muy desatendidos, como el sector de jóvenes en educación básica y la educación diversificada, prácticamente han quedado muy a merced de la iniciativa privada que son los que más ofertan. El Estado todavía no llega a cubrir estos dos ciclos”.
Desigualdad en los bienes públicos deriva en exclusión educativa
Muchas comunidades indígenas tienen dificultades de acceso a libros de texto y conectividad, esto se agravó durante la pandemia en Guatemala, ya que la brecha digital significaba también exclusión educativa.
Existen actualmente comunidades indígenas y rurales que no tienen acceso a la energía eléctrica, y por otro lado, el personal docente y estudiantil tienen obstáculos para tener acceso a la telefonía que son atendidas única y precariamente por empresas privadas, señaló Víctor Cristales, siendo limitado a las familias que puedan pagar dichos servicios.
Incidencia política por la educación en contexto electoral
El Colectivo de Educación para Todos y Todas de Guatemala ha preparado dos informes, la evolución del gasto en educación en Guatemala entre el 2015-2021 y el sistema tributario en Guatemala y el financiamiento de educación entre el 2015 y 2021, que abordan la situación educativa, las políticas públicas que las sustentan y sus deficiencias, especialmente en cuanto a cobertura, financiamiento y calidad educativa, vinculado a un sistema tributario regresivo e injusto, que no permite avanzar por la falta de recursos suficientes para afrontar la problemática existente en el marco del proyecto conjunto con la CLADE, la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
Estos informes son materiales de trabajo que son presentados a las candidaturas presidenciales para que lo consideren en sus planes de gobierno, a fin de buscar una vez hecha la juramentación en los cargos, mayor compromiso con la inversión en educación, para aumentar la recaudación fiscal y evitar la elusión fiscal, que es una de las fuentes que potencialmente garantizan un presupuesto justo para educación
Para la despedida, Víctor Cristales hace un llamado desde Guatemala a sumar voces para una educación incluyente que cuente con más y mejor presupuesto que garantice la equidad.
Mira el video
Episodio 7: Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) en el podcast Educación ¿Qué onda?
29 de mayo de 2023En el séptimo episodio del Podcast, Educación ¿Qué onda?, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) se suma al llamado de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME). El episodio está dedicado a la SAME con diversas voces de nuestra región latinoamericana y caribeña, invitando a conocer en 25 minutos experiencias, reflexiones y prácticas desde nuestro quehacer en red.
La SAME tiene como objetivo llamar la atención de la sociedad civil e instar a los gobiernos sobre la necesidad de concretar el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad para todos y todas. Cada año de la movilización se destaca un tema clave, este año 2023 es centrado en la decolonización del financiamiento
Esta creación colaborativa cuenta con las voces de Vernor Muñoz, jefe de Política y Activismo de la Campaña Mundial por la Educación (CME); William Thélusmond, coordinador general de la Coalición Reagrupación Educación para Todos y Todas de Haití; Ramón Corvalán, Red por el Derecho a la Educación de Paraguay que también integra el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) y Andressa Pelanda, coordinadora general de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil.
En la locución contamos con el apoyo de Patricio Cabezas, de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil y Tamara Montalvo del equipo regional de la CLADE.
Escucha el podcast completo:
Notas en la pizarra: Campaña Mundial por la Educación (CME) y el llamado a la decolonización integral en Haití
Vernor Muñoz, jefe de Política y Activismo de la Campaña Mundial por la Educación comparte la relevancia del llamado mundial sobre el financiamiento educativo con un enfoque de decolonización. El lema invirtiendo en un mundo más justo: por la descolonización del financiamiento de la educación ¡ya! ha sido consensuado en la Campaña Mundial por la Educación (CME).
En el marco de la conmemoración del primer aniversario del Foro Mundial de Educación de Dakar, realizado en 2000, se impulsan diversas iniciativas de SAME, simultáneamente en más de 100 países para defender el derecho humano a la educación.
William Thélusmond, coordinador general de la Coalición Reagrupación Educación para Todos y Todas de Haití expresa su preocupación por la inestabilidad política, la lucha contra la discriminación y la violencia en Haití como parte de los desafíos que se traducen en los esfuerzos de decolonizar nuestros pensamientos, prácticas, experiencias y vida cotidiana.
Además Haití se enfrenta a condiciones de desigualdades que impactan considerablemente la vida de las infancias, juventudes y personas adultas. Estas complejidades profundizan las brechas y exclusiones educativas y sociales de la mayoría de la población.
Ecos y Voces: demandas por un Plan Nacional de Educación decolonizado para enfrentar las desigualdades en Brasil
Andressa Pelanda, coordinadora general de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil afirma la necesidad urgente de no retroceder con el Plan Nacional de Educación, y frente a las desigualdades, ¡decolonizar la financiación!, ya que Plan Nacional de Educación (PNE) se encuentra en su noveno y último año de implementación de la Ley, por lo cual demandan la construcción de un nuevo Plan oportuno y pertinente.
Adicionalmente Andressa Pelanda menciona cómo la educación decolonial se fortalece con la profundización de un Estado democrático que garantice los derechos, lo público y lo popular, lo que se impulsa con mayor participación social.
Tejido en Red: resistencia y propuesta desde la Red por el Derecho a la Educación de Paraguay
Ramón Corvalán nos invita a conocer un poco más sobre el trabajo de la Red por el Derecho a la Educación de Paraguay, él también integra el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ).
La red tiene incidencia sobre la justicia fiscal para encaminar de mejor manera la garantía del derecho a la educación reconociendo que se percibe una creciente amenaza a los derechos humanos en Paraguay.
Por otra parte, la resistencia cultural y anticolonial de la apropiación del idioma guaraní para la expresión de los sentidos de un pueblo con conciencia histórica.
El abordaje de un financiamiento no colonial sobre la educación y la profundización de los compromisos por parte de los Estados implica reconocer que los pagos de deuda asfixian los presupuestos nacionales por lo que urgen mecanismos de reparación; la transformación de la cooperación internacional en relaciones transparentes, horizontales y decolonizadoras, así como aumentar las políticas fiscales progresivas como un paso de justicia social.
Les invitamos a visitar los informes sobre los sistemas tributarios y la evaluación de los gastos en educación que muestran los datos nacionales sobre la justicia fiscal para el derecho humano a la educación, que implica la disponibilidad de recursos y su administración en Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Créditos
Producción y entrevistas: María Cianci Bastidas
Locución: Patricio Cabezas, de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil y Tamara Montalvo del equipo regional de la CLADE
Canción: AnónimA Arte y Comunicación
Apoyo musical: Justicia Fiscal. Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza del Observatorio de Justicia Fiscal desde las Mujeres en Bolivia. 2008
Ilustración: Renata Dorea
Producción General: Nelsy Lizarazo, Thais Iervolino, Carolina Osorio y María Cianci Bastidas
El sistema tributario en República Dominicana y el financiamiento de educación entre 2015 y 2021
26 de abril de 2023Este trabajo describe el impacto que tuvo la política de globalización de los mercados sobre la política fiscal en la República Dominicana durante el período 2000-2021. Incluye los efectos de la globalización sobre la estructura de los tributos (pérdida de ingresos arancelarios) y, por otro lado, la transformación que ha sufrido el gasto público para acomodar la inequidad del modelo de crecimiento económico impuesto en los países que integraron sus economías a los objetivos de las grandes economías del mundo; lo cual se analiza desde una perspectiva macroeconómica general.
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Evolución del Gasto en Educación en República Dominicana entre el 2015 y 2021
El presente informe hace un análisis sobre los avances y brechas de República Dominicana en término de los indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible, 4, que trata del derecho humano a la educación, así como también presenta el comportamiento del gasto del Ministerio de Educación durante los años de 2015 y 2021, las principales intervenciones financiadas en este rango de tiempo y las tendencias del gasto educativo en el país.
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Evolución del gasto en Educación en el Perú 2015-2021
Con siete capítulos, este documento analiza el gasto público peruano en educación para el periodo compreendido entre el 2015 y 2021. Para ello, tal publicación traza un diagnóstico del estado de la educación en el país, presenta la situación de la inversión educativa y desafíos de la ejecución y gestión de recursos, entre otros elementos.
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El sistema tributario en Guatemala y el financiamiento de educación entre el 2015 y 2021
25 de abril de 2023Este documento aborda la problemática educativa, las políticas públicas que la sustenta y las carencias existentes, especialmente en cuanto a cobertura, financiamiento y calidad educativa, vinculado a un sistema tributario regresivo e injusto, que no permite avanzar por la falta de recursos suficientes para afrontar la problemática existente.
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