Vernor Muñoz
Jefe de Política e Incidencia de la Campaña Mundial por la Educación (CME)
Marco descolonizador de la financiación de la educación: Intersecciones entre la justicia fiscal y la movilización
30 de julio de 2024Vernor Muñoz
Los complejos enlaces entre la política y la economía, han sido objeto de múltiples investigaciones, pero es la teoría crítica de los derechos humanos la que ofrece un marco analítico para entenderlas en su relación con la justicia, la igualdad y la libertad.
Sabemos, por ejemplo, que el crecimiento económico es deseable, pero el crecimiento económico sin justicia social, no es más que un incentivo a los ricos. Es decir, si el crecimiento económico no conduce a eliminar la pobreza y a lograr el bienestar de las personas, su efecto no deja de ser únicamente un mecanismo para la acumulación.
Al mismo tiempo, sabemos que la eliminación de la pobreza ni el bienestar, se pueden lograr sin una educación basada en derechos humanos, cuyo financiamiento, a la vez, debería beneficiarse del crecimiento económico, aunque no siempre sea así.
Las economías de los países ricos, han crecido mucho más de lo que se necesita para que la gente prospere: se trata de economías obesas, que son como elefantes en una cristalería.
Este trabalenguas lo explica bien Olivier de Schutter, en su más reciente informe al Consejo de Derechos humanos (Erradicar la pobreza más allá del crecimiento, julio 2024). Las economías de los países ricos, dice Olivier, han crecido mucho más de lo que se necesita para que la gente prospere: se trata de economías obesas, que son como elefantes en una cristalería (esto lo digo yo, no Olivier): no pueden moverse sin romper algo valioso, como las vidas en Haití, la selva amazónica o los humedales de Ramsar.
Y el mecanismo político que, desde hace mucho tiempo, utilizan las economías obesas para seguir creciendo mórbidamente, es el colonialismo. El colonialismo es un régimen político que incluye dos grandes procesos: controlar, por un lado, y explotar, por el otro. Este régimen se manifiesta en múltiples ámbitos: existe colonialismo militar, social, cultural, político y, por supuesto, económico.
El colonialismo económico no es un hecho aparte, ni se puede comprender aisladamente del colonialismo político. Esta observación es importante para comprender que, detrás de las maniobras financieras que impulsan países del norte global y sobre todo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, subyace una ideología extractivista y controladora, que tiene como fin preservar privilegios de los países centrales y mantener un estatus quo de dominación.
El control colonial también impone modelos culturales, que hacen ver la dominación y el control como fenómenos naturales, aceptables y
¡hasta deseables!
El modelo extractivista del colonialismo económico, es en verdad un saqueo de los recursos del sur global, que suele utilizar el garrote de la deuda externa y las políticas de austeridad, castigando así a los desposeídos, a quienes se les priva de servicios públicos básicos.
El control colonial también impone modelos culturales, que hacen ver la dominación y el control como fenómenos naturales, aceptables y ¡hasta deseables!
El colonialismo, entonces, hace creer que quienes habitan los países colonizados, carecen de la capacidad para resolver sus propios problemas, razón por la cual deben mantenerse bajo el control de alguien más.
Peor aún, las prácticas colonialistas inducen a las personas a pensar que sus propias características sociales, su acervo cultural, sus organizaciones económicas -ancestrales o no- e ¡incluso sus fenotipos!, son inferiores, defectuosos o inaceptables.
Es decir, el colonialismo (hoy llamado neocolonialismo) ha sido y continúa siendo una práctica esencialmente violenta y transgresora del marco internacional de los derechos humanos.
Más grave aún, el colonialismo invariablemente conlleva a la degradación y descalificación étnica y se apoya en modelos patriarcales que incluyen el racismo y la xenofobia.
La descolonización del financiamiento público, incluyendo el educativo, es un proceso necesario de emancipación política de los Estados.
El colonialismo se sirve de la jerarquización de los actores sociales, sujetándolos a relaciones de poder y autoridad, mediante las cuales se les vigila y se les castiga.
El colonialismo suele tener un efecto devastador en el ámbito educativo, del que nos ha informado elocuentemente Paulo Freire, pero este no es el momento para referirme al respecto.
Entonces, refiriéndome al colonialismo en el financiamiento educativo, más bien enfocado en su desarticulación y en su superación. La descolonización del financiamiento público, incluyendo el educativo, es un proceso necesario de emancipación política de los Estados, por un lado, y por otro lado consiste en un proceso de democratización interna, orientado hacia la búsqueda de equidad, por lo que también es un proceso político.
Con la emancipación financiera, los Estados se hacen cargo de sus obligaciones fiscales, recurriendo a sus propios recursos internos. Esto puede lograrse si el peso de la deuda disminuye significativamente, si los créditos se acuerdan con arreglo a la justicia y a la solidaridad internacional y si los dictados de los organismos financieros internacionales dejan de imponer la austeridad como mandato central y dejan también de estimular la explotación insostenible de los recursos naturales y de la mano de obra barata.
La democratización financiera al interior de los Estados, y por lo tanto la búsqueda de equidad e igualdad estructurales, requiere de un sistema tributario progresivo.
La democratización financiera al interior de los Estados, y por lo tanto la búsqueda de equidad e igualdad estructurales, requiere de un sistema tributario progresivo, con el que se pueda gravar adecuadamente las grandes riquezas, y se establezcan mecanismos para luchar contra la evasión y elusión de las corporaciones que lucran sin tributar lo que deberían.
Como vemos, la descolonización del financiamiento público requiere de varios procesos entrelazados internos y externos, que solo podrían alcanzarse si la sociedad civil está debidamente articulada para exigir los cambios políticos que se requieren.
Nos referimos a la sociedad civil del sur global, pero también a las organizaciones civiles del norte, en las que recae la obligación de exigir a sus Estados el cese de las políticas neocoloniales y el endoso al comercio justo, para terminar con las maniobras extractivistas con las que se ha castigado históricamente a los países empobrecidos.
Los marcos tributarios progresivos requieren de un instrumento internacional vinculante, capaz de enderezar el rumbo y de sentar las bases para un financiamiento justo y predecible de los servicios públicos, especialmente la salud y la educación.
La Convención Tributaria de la ONU es la vía más adecuada para avanzar hacia ese fin y por eso la CME desarrolla una campaña global para apoyarla. Puede ser que la Convención de la ONU, de llegar a adoptarse, no sea suficiente para desarmar un modelo global de extracción y explotación que solo ha servido para profundizar la desigualdad.
Sin embargo, pensamos que es un paso en la dirección correcta y que será un catalizador para estimular muchos otros cambios necesarios.
Invertir en el futuro: Curso para una fiscalidad justa para una educación de calidad
26 de abril de 2024¿De dónde vienen los recursos para financiar la educación de niños, niñas, adolescentes, personas jóvenes y adultas de los países de América Latina y el Caribe? ¿Cómo ampliar los recursos públicos a la educación? Fue a partir de esas y otras cuestiones que la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en alianza con la Red para la Justicia Fiscal para América latina y el Caribe y la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD) realizó entre febrero y abril el curso virtual “Invertir en el futuro: fiscalidad justa para una educación de calidad”.
Prevista para una dedicación de 40 horas, la formación en línea fue ofertada de manera gratuita y contó con más de 100 personas inscriptas. El objetivo de la iniciativa fue acercar a los principales conceptos del derecho humano a la educación y la justicia fiscal de forma interrelacional.
Autodirigido, el curso tuvo cuatro módulos que abordaron temas clave: (a) lo público y la educación, (b) justicia fiscal y su impacto en la educación, (c) financiamiento del Estado y reformas tributarias progresivas y (d) incidencia social e historias de cambio. A través de él, se actualizaron los marcos conceptuales, y el análisis estratégico del propio contexto identificando áreas de oportunidad que los Estados puedan asumir para garantizar el acceso pleno a educación pública de calidad.
Las organizaciones preveen la realización de más ediciones a partir del segundo semestre.
Justicia Fiscal para garantizar el derecho humano a la educación
El curso es resultado del Proyecto Justicia Fiscal y Educación, realizado entre 2022 y 2023 por la CLADE, Latinddad y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe e investigó la inversión en educación entre 2015 y 2022 en la región y en los países Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Según las organizaciones, el ejercicio investigativo sirvió para entender el origen de la “falta de recursos” para el sector educativo en los países participantes. “La mayoría de los sistemas fiscales de la región son altamente regresivos y cargan impuestos a toda la población sin diferenciar su nivel de ingreso, su riqueza y su capital. La búsqueda de sistemas fiscales progresivos es una lucha histórica que viene tomando fuerza; tanto así, que autoridades económicas se reunieron en julio de 2023 en Cartagena para discutir sobre la Convención Fiscal de Naciones Unidas, un espacio alterno a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que agrupa a los países ricos y responde a sus intereses”, afirman.
Lee más:
Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación – Una mirada regional desde América Latina
El sistema tributario en Argentina y el financiamiento en educación de 2015-2021
El sistema tributario y su impacto en la financiación de la educación en Colombia entre 2015 y 2021
El sistema tributario en Guatemala y el financiamiento de educación entre el 2015 y 2021
El sistema tributario en Paraguay y el financiamiento en educación entre el 2015 y 2021
El sistema tributario en Perú y el financiamiento de educación entre el 2015 y 2021
El sistema tributario en República Dominicana y el financiamiento de educación entre 2015 y 2021
Evolución de la inversión en Educación en Argentina entre 2015 y 2021
Evolución del Gasto en Educación en Colombia entre el 2015-2021
Evolución del Gasto en Educación en Guatemala entre el 2015-2021
Evolución del Gasto en Educación en Paraguay entre el 2015-2021
Evolución del gasto en Educación en el Perú 2015-2021
Evolución del Gasto en Educación en República Dominicana entre el 2015 y 2021
Justicia fiscal y educación en el Perú. Urgencias, prioridades y realidades
2 de febrero de 2024El presente documento contiene la investigación solicitada por el Grupo Nacional de Presupuesto Público y la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación, cuya finalidad es analizar la forma en que viene evolucionando el financiamiento de la educación pública en el Perú —responsabilidad del Estado como garante de derechos—; y cómo dicho financiamiento se ve limitado y condicionado por la disponibilidad de recursos fiscales, los cuales, pese a un crecimiento nominal significativo en años recientes, presentan problemas persistentes de insuficiencia y precariedad.
En esa línea, la investigación explora cuáles han sido las prioridades en la distribución de recursos para la educación, y si dichas prioridades efectivamente se corresponden con los objetivos de inclusión y equidad, así como con los compromisos que ha asumido el Estado peruano para garantizar el derecho a la educación.
Descargar
Estudio de fiscalidad y derecho a la educación. República Dominicana
La garantía de una educación digna y de calidad representa uno de los grandes desafíos de la República Dominicana y los países de América Latina y el Caribe.
Abordar de manera integral estos desafíos implica la movilización de mayores recursos financieros públicos y su sostenibilidad en el tiempo. La evasión fiscal tiene un impacto negativo en la capacidad del gobierno para financiar programas de educación y otros servicios públicos. Esto se debe a que cuando las personas y las empresas evaden impuestos, se reduce el presupuesto disponible para invertir en áreas cruciales como educación, salud e infraestructura.
En el caso específico de la República Dominicana, la relación entre el gasto en educación y la evasión fiscal constituye un tema relevante para analizar y debatir. En ese sentido, se puede estudiar cómo la evasión fiscal afecta la cantidad de recursos disponibles para la educación, y cómo esto puede perjudicar el acceso y la calidad educativa en el país. Además, se puede examinar cómo las políticas tributarias pueden influir en el financiamiento de la educación y en la reducción de la evasión fiscal para mejorar la inversión en el sistema educativo.
Descargar
Evolución del gasto en educación y funcionamiento de los sistemas tributarios en el Guatemala: 2015 – 2022
El Ministerio de Educación necesita un presupuesto mucho más alto que el asignado hasta ahora, pero no solo necesita un incremento presupuestario, sino también una revisión profunda y una reorientación de la calidad del gasto. Ninguna duda cabe acerca de la necesidad de financiar el funcionamiento institucional, pero habrá que verificar si los resultados del gasto de funcionamiento contribuyen realmente al logro del gran objetivo de la educación como motor del desarrollo.
La estructura tributaria de Guatemala es injusta y regresiva, con un alto grado de ineficiencia y baja capacidad recaudatoria. El sistema no se basa en la capacidad La estructura tributaria de Guatemala es injusta y regresiva, con un alto grado de ineficiencia y baja capacidad recaudatoria. El sistema no se basa en la capacidad de pago de las personas; más bien se recarga a los contribuyentes en situación de dependencia. Esta situación queda en evidencia al examinar los datos de
los últimos cinco años.de pago de las personas; más bien se recarga a los contribuyentes en situación de dependencia. Esta situación queda en evidencia al examinar los datos de los últimos cinco años. En el mediano y largo plazo, la política fiscal puede jugar un papel redistributivo para mejorar las condiciones de vida de la población, reducir la pobreza y eliminar la desigualdad social. En el caso de Guatemala, la estrategia se basa en el crecimiento económico neoliberal, que implica proporcionar todas las facilidades a la iniciativa privada para que, al mejorar sus ingresos, este beneficio se derrame y genere un efecto cascada que impacte directamente en los sectores con menores recursos.
Descargar
CLADE se suma al llamado de más de 200 organizaciones por una Convención fiscal en la ONU
9 de noviembre de 2023La lectura sobre la situación económica de América Latina y El Caribe con frecuencia se basa en la afirmación de la reducción de recursos públicos para inversión social, especialmente en el campo del derecho a la educación. El origen de esta situación responde a una baja recaudación tributaria, ocasionada por prácticas de evasión y elusión fiscal de megacorporaciones, así como la reaparición de las políticas de austeridad.
En este escenario, un sistema tributario justo es la base de una sociedad inclusiva y democrática según especialistas. Por ello, la justicia fiscal se transforma en condición necesaria para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y de la superación de las desigualdades.
Voces se suman al llamado en el escenario global
Ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), por iniciativa del Grupo Africano se expone la propuesta para la creación de una convención que trabaje la fiscalidad global para modernizarla y hacerla más equitativa. La moción ha sido suscrita y respaldada por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) junto a más de 200 organizaciones y sindicatos de ámbitos nacionales, regionales e internacionales.
Las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos firmantes de la carta pública dirigida a representantes gubernamentales e integrantes de la ONU expresan que “apoyamos firmemente y acogemos con beneplácito el proyecto de resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la promoción de una cooperación fiscal internacional inclusiva y eficaz”.
Solicitud para la apertura de un comité intergubernamental
En el Informe sobre el estado de la justicia fiscal presentado por Tax Justice Network en 2023, se estima que el abuso fiscal internacional representa para los países un total de 480.000 millones de dólares en ingresos fiscales perdidos cada año. En consecuencia, la cooperación fiscal internacional toma un sentido clave en una economía cada vez más digitalizada y globalizada recobrando una urgencia impostergable para que la Convención tome una prioridad alta en las agendas globales.
Entre las solicitudes de la sociedad civil se menciona el establecimiento de un comité intergubernamental especial de composición abierta dirigido por los Estados Miembros para elaborar una convención fiscal general de las Naciones Unidas que considere el enfoque integral incluidos los flujos financieros ilícitos relacionados con los impuestos y la tributación de la prestación de servicios transfronterizos.
El comunicado de la sociedad civil reitera que la justicia fiscal “no puede basarse en directrices y marcos voluntarios (…) los sistemas tributarios justos, eficaces y transparentes son un elemento central de la democracia y vitales para garantizar la justicia económica, social y ambiental”.
Lee la Carta de apoyo Convención Fiscal ONU
Semana por la #EducaciónConJusticiaFiscal empieza el 13 de noviembre
8 de noviembre de 2023América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo. Según la UNESCO, el 10% más rico tiene el 30% del ingreso total, mientras que el 20% más pobre tiene el 6%. En la región, aseguran especialistas, una de las principales razones de los altos índices de desigualdad se debe a que su sistema tributario posibilita la evasión de impuestos y es absolutamente regresivo, colocando la carga impositiva en los sectores más vulnerables, es decir gravando el consumo y no el patrimonio.
Justicia fiscal para enfrentar las desigualdades
El contexto desigual también genera consecuencias sobre la educación pública,de los más de 120 millones de estudiantes en América Latina y el Caribe, 47% no llegan a finalizar la secundaria. Si hubiera una política fiscal justa que cobrara las grandes riquezas no declaradas y los impuestos de la propiedad por un lado, así como acabar con el abuso de las empresas y corporaciones multinacionales por el otro, la inversión educativa podría cuadruplicarse en la región, afirman especialistas.
Para transformar el contexto de desigualdades y no garantía del derecho humano a la educación, activistas, organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, docentes y trabajadoras/es de la educación en América Latina y el Caribe realizarán, del 13 al 19 de noviembre de este 2023, la movilización continental en la Semana por la #EducaciónConJusticiaFiscal.
La iniciativa es parte del proyecto Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación y busca llamar la atención de autoridades y de la sociedad civil para la importancia de una recaudación tributaria justa, a fin de garantizar el financiamiento público de la educación a través de la producción y difusión de información sobre el tema: videos, infografías, informes, canciones y programas que destaquen el contexto y las demandas por un financiamiento público a partir de un sistema justo de tributación como parte de esta gran movilización que también contará con un twitazo por la #EducaciónConJusticiaFiscal.
Twitazo por la Educación con Justicia Fiscal
¿Dónde están los recursos para la educación? ¿Cuánto del financiamiento público para la educación podría aumentar si hubiera justicia fiscal en América Latina y el Caribe? Estas y otras cuestiones serán presentadas durante el twitazo por la #EducaciónConJusticiaFiscal que se llevará a cabo el 16 de noviembre, a las 12:00 (Hora de Argentina). ¡Participa!
Lee más: Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación
CLADE: articulación plural de organizaciones nacionales, regionales e internacionales por el derecho a la educación en América Latina y el Caribe
25 de septiembre de 2023Para Laura Gianecchinni, coordinadora programática de la CLADE, uno de los destaques de la iniciativa es su poder de articulación de organizaciones nacionales, regionales e internacionales que luchan por el derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe.
Proposito de la CLADE: articular la sociedad para defender el derecho humano a la educación
“El proposito de crear la CLADE fue articular los diversos actores sociales para defender el derecho humano a la educación que en aquel entonces – así como hoy – estaba en riesgo”, explica la primera coordinadora general de la CLADE, Camilla Croso. Al coordinar las acciones e iniciativas de la CLADE hasta 2020, Camilla Croso presenta algunos elementos importantes existentes en la lucha de la membresía a lo largo de todos estos años.
“La CLADE nos invita a proyectos que nos permiten posicionarnos más allá de la preocupación coyuntural constante”
21 de septiembre de 2023Ángeles Ferreira, de la Red por el Derecho a la Educación del Paraguay, habla sobre el apoyo de la CLADE en el proceso de configuración de la Red en Paraguay. Video realizado en el marco del Taller Regional – Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación”.
