Justicia fiscal y educación en el Perú. Urgencias, prioridades y realidades
2 de febrero de 2024El presente documento contiene la investigación solicitada por el Grupo Nacional de Presupuesto Público y la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación, cuya finalidad es analizar la forma en que viene evolucionando el financiamiento de la educación pública en el Perú —responsabilidad del Estado como garante de derechos—; y cómo dicho financiamiento se ve limitado y condicionado por la disponibilidad de recursos fiscales, los cuales, pese a un crecimiento nominal significativo en años recientes, presentan problemas persistentes de insuficiencia y precariedad.
En esa línea, la investigación explora cuáles han sido las prioridades en la distribución de recursos para la educación, y si dichas prioridades efectivamente se corresponden con los objetivos de inclusión y equidad, así como con los compromisos que ha asumido el Estado peruano para garantizar el derecho a la educación.
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Estudio de fiscalidad y derecho a la educación. República Dominicana
La garantía de una educación digna y de calidad representa uno de los grandes desafíos de la República Dominicana y los países de América Latina y el Caribe.
Abordar de manera integral estos desafíos implica la movilización de mayores recursos financieros públicos y su sostenibilidad en el tiempo. La evasión fiscal tiene un impacto negativo en la capacidad del gobierno para financiar programas de educación y otros servicios públicos. Esto se debe a que cuando las personas y las empresas evaden impuestos, se reduce el presupuesto disponible para invertir en áreas cruciales como educación, salud e infraestructura.
En el caso específico de la República Dominicana, la relación entre el gasto en educación y la evasión fiscal constituye un tema relevante para analizar y debatir. En ese sentido, se puede estudiar cómo la evasión fiscal afecta la cantidad de recursos disponibles para la educación, y cómo esto puede perjudicar el acceso y la calidad educativa en el país. Además, se puede examinar cómo las políticas tributarias pueden influir en el financiamiento de la educación y en la reducción de la evasión fiscal para mejorar la inversión en el sistema educativo.
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Evolución del gasto en educación y funcionamiento de los sistemas tributarios en el Guatemala: 2015 – 2022
El Ministerio de Educación necesita un presupuesto mucho más alto que el asignado hasta ahora, pero no solo necesita un incremento presupuestario, sino también una revisión profunda y una reorientación de la calidad del gasto. Ninguna duda cabe acerca de la necesidad de financiar el funcionamiento institucional, pero habrá que verificar si los resultados del gasto de funcionamiento contribuyen realmente al logro del gran objetivo de la educación como motor del desarrollo.
La estructura tributaria de Guatemala es injusta y regresiva, con un alto grado de ineficiencia y baja capacidad recaudatoria. El sistema no se basa en la capacidad La estructura tributaria de Guatemala es injusta y regresiva, con un alto grado de ineficiencia y baja capacidad recaudatoria. El sistema no se basa en la capacidad de pago de las personas; más bien se recarga a los contribuyentes en situación de dependencia. Esta situación queda en evidencia al examinar los datos de
los últimos cinco años.de pago de las personas; más bien se recarga a los contribuyentes en situación de dependencia. Esta situación queda en evidencia al examinar los datos de los últimos cinco años. En el mediano y largo plazo, la política fiscal puede jugar un papel redistributivo para mejorar las condiciones de vida de la población, reducir la pobreza y eliminar la desigualdad social. En el caso de Guatemala, la estrategia se basa en el crecimiento económico neoliberal, que implica proporcionar todas las facilidades a la iniciativa privada para que, al mejorar sus ingresos, este beneficio se derrame y genere un efecto cascada que impacte directamente en los sectores con menores recursos.
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CLADE se suma al llamado de más de 200 organizaciones por una Convención fiscal en la ONU
9 de noviembre de 2023La lectura sobre la situación económica de América Latina y El Caribe con frecuencia se basa en la afirmación de la reducción de recursos públicos para inversión social, especialmente en el campo del derecho a la educación. El origen de esta situación responde a una baja recaudación tributaria, ocasionada por prácticas de evasión y elusión fiscal de megacorporaciones, así como la reaparición de las políticas de austeridad.
En este escenario, un sistema tributario justo es la base de una sociedad inclusiva y democrática según especialistas. Por ello, la justicia fiscal se transforma en condición necesaria para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y de la superación de las desigualdades.
Voces se suman al llamado en el escenario global
Ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), por iniciativa del Grupo Africano se expone la propuesta para la creación de una convención que trabaje la fiscalidad global para modernizarla y hacerla más equitativa. La moción ha sido suscrita y respaldada por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) junto a más de 200 organizaciones y sindicatos de ámbitos nacionales, regionales e internacionales.
Las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos firmantes de la carta pública dirigida a representantes gubernamentales e integrantes de la ONU expresan que “apoyamos firmemente y acogemos con beneplácito el proyecto de resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la promoción de una cooperación fiscal internacional inclusiva y eficaz”.
Solicitud para la apertura de un comité intergubernamental
En el Informe sobre el estado de la justicia fiscal presentado por Tax Justice Network en 2023, se estima que el abuso fiscal internacional representa para los países un total de 480.000 millones de dólares en ingresos fiscales perdidos cada año. En consecuencia, la cooperación fiscal internacional toma un sentido clave en una economía cada vez más digitalizada y globalizada recobrando una urgencia impostergable para que la Convención tome una prioridad alta en las agendas globales.
Entre las solicitudes de la sociedad civil se menciona el establecimiento de un comité intergubernamental especial de composición abierta dirigido por los Estados Miembros para elaborar una convención fiscal general de las Naciones Unidas que considere el enfoque integral incluidos los flujos financieros ilícitos relacionados con los impuestos y la tributación de la prestación de servicios transfronterizos.
El comunicado de la sociedad civil reitera que la justicia fiscal “no puede basarse en directrices y marcos voluntarios (…) los sistemas tributarios justos, eficaces y transparentes son un elemento central de la democracia y vitales para garantizar la justicia económica, social y ambiental”.
Lee la Carta de apoyo Convención Fiscal ONU
Semana por la #EducaciónConJusticiaFiscal empieza el 13 de noviembre
8 de noviembre de 2023América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo. Según la UNESCO, el 10% más rico tiene el 30% del ingreso total, mientras que el 20% más pobre tiene el 6%. En la región, aseguran especialistas, una de las principales razones de los altos índices de desigualdad se debe a que su sistema tributario posibilita la evasión de impuestos y es absolutamente regresivo, colocando la carga impositiva en los sectores más vulnerables, es decir gravando el consumo y no el patrimonio.
Justicia fiscal para enfrentar las desigualdades
El contexto desigual también genera consecuencias sobre la educación pública,de los más de 120 millones de estudiantes en América Latina y el Caribe, 47% no llegan a finalizar la secundaria. Si hubiera una política fiscal justa que cobrara las grandes riquezas no declaradas y los impuestos de la propiedad por un lado, así como acabar con el abuso de las empresas y corporaciones multinacionales por el otro, la inversión educativa podría cuadruplicarse en la región, afirman especialistas.
Para transformar el contexto de desigualdades y no garantía del derecho humano a la educación, activistas, organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, docentes y trabajadoras/es de la educación en América Latina y el Caribe realizarán, del 13 al 19 de noviembre de este 2023, la movilización continental en la Semana por la #EducaciónConJusticiaFiscal.
La iniciativa es parte del proyecto Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación y busca llamar la atención de autoridades y de la sociedad civil para la importancia de una recaudación tributaria justa, a fin de garantizar el financiamiento público de la educación a través de la producción y difusión de información sobre el tema: videos, infografías, informes, canciones y programas que destaquen el contexto y las demandas por un financiamiento público a partir de un sistema justo de tributación como parte de esta gran movilización que también contará con un twitazo por la #EducaciónConJusticiaFiscal.
Twitazo por la Educación con Justicia Fiscal
¿Dónde están los recursos para la educación? ¿Cuánto del financiamiento público para la educación podría aumentar si hubiera justicia fiscal en América Latina y el Caribe? Estas y otras cuestiones serán presentadas durante el twitazo por la #EducaciónConJusticiaFiscal que se llevará a cabo el 16 de noviembre, a las 12:00 (Hora de Argentina). ¡Participa!
Lee más: Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación
CLADE: articulación plural de organizaciones nacionales, regionales e internacionales por el derecho a la educación en América Latina y el Caribe
25 de septiembre de 2023Para Laura Gianecchinni, coordinadora programática de la CLADE, uno de los destaques de la iniciativa es su poder de articulación de organizaciones nacionales, regionales e internacionales que luchan por el derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe.
Proposito de la CLADE: articular la sociedad para defender el derecho humano a la educación
“El proposito de crear la CLADE fue articular los diversos actores sociales para defender el derecho humano a la educación que en aquel entonces – así como hoy – estaba en riesgo”, explica la primera coordinadora general de la CLADE, Camilla Croso. Al coordinar las acciones e iniciativas de la CLADE hasta 2020, Camilla Croso presenta algunos elementos importantes existentes en la lucha de la membresía a lo largo de todos estos años.
“La CLADE nos invita a proyectos que nos permiten posicionarnos más allá de la preocupación coyuntural constante”
21 de septiembre de 2023Ángeles Ferreira, de la Red por el Derecho a la Educación del Paraguay, habla sobre el apoyo de la CLADE en el proceso de configuración de la Red en Paraguay. Video realizado en el marco del Taller Regional – Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación”.
Estado de la situación mundial sobre fiscalidad e impacto en la educación
18 de septiembre de 2023
Vernor Muñoz
Jefe de Política y Activismo de la Campaña Mundial por la Educación y ex-relator especial para el derecho a la educación.
El proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
La CLADE convocó entre el 8 y 9 de septiembre en Santiago de Chile, el Taller Regional-Global Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación que contó con la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Vernor Muñoz, jefe de política y activismo de la Campaña Mundial por la Educación intervino en el panel para comentar la situación internacional que afecta a la educación desde la fiscalidad.
Compartimos su texto.
Las discriminaciones estructurales del contexto mundial
En los últimos 20 años, docenas de fallos en tribunales regionales y nacionales europeos, y un puñado de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se remontan al 2005, han verificado la rampante segregación escolar de estudiantes romaníes o gitanos, que resulta abiertamente discriminatoria, ilegal y lamentablemente se mantiene en nuestros días.
Pero, además, para el año 2020, los niños y niñas gitanas constituían el 50% de los estudiantes en clases especiales y el 42% de los niños de escuelas especiales.
La discriminación educativa en el Norte Global que han sufrido los gitanos o romaníes, también se extiende a la población indígena. En una encuesta reciente realizada en Noruega, por ejemplo, las personas encuestadas de la nación sámi, informaron haber experimentado discriminación en múltiples entornos y con mayor frecuencia en la educación.
En Alberta, Canadá, el 30% de estudiantes indígenas, se han reportado como ausentes crónicos en el sistema educativo y en algunos distritos ese porcentaje se eleva al 80%.
Además, en el caso de Finlandia, famosa por sus conquistas educativas, en el informe Being Black in the EU, publicado este año 2023, los padres y madres finlandeses informaron de los niveles más altos de acoso racista y discriminación racial experimentados por sus hijos e hijas en la escuela.
El incremento fiscal y la consecución de sistemas tributarios eficientes y progresivos, no aseguran por sí mismos mayores recursos para la educación pública.
Las barreras para la inclusión educativa
La falta de acceso a la escuela regular en Europa de estudiantes con discapacidad, ha sido también seriamente documentada por UNICEF y Alemania es un caso paradigmático. Pero también lo es porque en este país los y las estudiantes de origen migrante enfrentan clarísimas limitaciones de acceso educativo, y esto es algo que pude constatar personalmente cuando realicé una visita oficial a ese país siendo relator especial de las Naciones Unidas. Y basta un dato para comprobarlo: en el grupo de edad de 30 a 35 años, sólo el 18% de las personas inmigrantes nacidas en Alemania han obtenido un título universitario.
Estos casos del norte global, no solo recuerdan que la lucha por la universalización del derecho a la educación incumbe a todos y todas, y principalmente mantener presente que, en los países con altos ingresos tributarios, no se han logrado mecánicamente impactos en la equidad y en la justicia educativa. Y según esto, los sistemas educativos adecuadamente financiados tampoco han sido siempre capaces de garantizar el acceso universal, ni la educación de calidad a todas las personas.
Llamado por la justicia fiscal como camino a la justicia educativa
De manera decidida y firme, nos sumamos a la lucha por la justicia fiscal. Sin embargo, pensamos que el incremento fiscal y la consecución de sistemas tributarios eficientes y progresivos, no aseguran por sí mismos mayores recursos para la educación pública.
En algunos casos más bien podría ocurrir lo contrario, por ejemplo, los países optan por trasladar mayores recursos fiscales al sector privado, como ha sucedido desde hace mucho tiempo en Chile y como propone el candidato que lidera las encuestas electorales en Argentina y como ocurre en Finlandia, Islandia y el Reino Unido, en donde instituciones privadas reciben al menos el 50% de su financiación del sector público (2020, p.175).
En contextos de alto endeudamiento, además, puede preverse que el incremento fiscal se utilice no para financiar la educación, sino para pagar la deuda pública, honrando así la sumisión colonial a la que se ven sometidos muchos países de renta media y baja.
Los ejemplos que he citado, además parecieran indicar que mayores presupuestos educativos, provenientes de la recaudación fiscal, tampoco llevan automáticamente a resolver problemas de discriminación y marginalización estructurales, pues bien puede suceder que los recursos nunca lleguen a las comunidades históricamente excluidas que más los necesitan.
La justicia fiscal, por lo tanto, no involucra únicamente los sistemas de recaudación, sino además los destinos de la inversión.
Recaudar bien, invertir adecuadamente
La justicia fiscal, por lo tanto, no involucra únicamente los sistemas de recaudación, sino además los destinos de la inversión: no basta recaudar bien, sino que es además necesario invertir adecuadamente.
Con ello entendemos que no es conveniente hablar de justicia fiscal, ni de ningún tipo de justicia, fuera del ecosistema de derechos humanos, pues es allí donde se definen los parámetros de distribución de la riqueza y de construcción de sociedades igualitarias y más precisamente donde se definen los fines de la educación y de su gobernanza. No interesa, por lo tanto, financiar cualquier educación, sino aquella en la que quepan todas las personas, en la que no se discrimine a nadie.
Con esto comprendemos que toda reforma tributaria debería responder a políticas de Estado basadas en derechos humanos y que la justicia fiscal no es una maniobra técnica para aumentar el producto per cápita, porque, como dice Richard Falk, a menos que el pueblo se beneficie, el crecimiento económico es solo un subsidio para los sectores ricos.
Riesgo de las miradas economicistas y demandas sociales
Un énfasis desmedido en los temas de financiamiento educativo, tiene el riesgo de encerrarnos en las lógicas utilitarias y en las razones eficientistas por las que aboga el Banco Mundial. Y bien sabemos que existen retos mayúsculos en torno a la desigualdad en los aprendizajes, el trabajo docente y los contenidos de la educación, que no lo definen los banqueros ni mucho menos las corporaciones.
Finalmente, quisiera recordar que las luchas contra la evasión, la elusión y la corrupción fiscal no son temas sobre los cuales las y los actores de la educación y los activistas tenemos dominio y por eso frecuentemente incursionamos con mucha cautela en espacios como éste. Sin embargo, también es cierto que estos temas deben ser debatidos en los espacios educativos, porque implican dinámicas de poder que afectan todos los ámbitos institucionales y comunitarios.
Desde la Campaña Mundial por la Educación nos alistamos a iniciar una campaña para apoyar la adopción de una convención de las Naciones Unidas sobre justicia fiscal. Creemos que la educación pública se vería muy positivamente impactada por un Convención Fiscal de la ONU, considerando que los países de bajos ingresos, incluyendo aquellos que gastan una parte significativa de sus presupuestos nacionales en educación, no pueden cumplir sus compromisos con el ODS 4, porque no hay ingresos suficientes para financiar una educación pública de calidad.
Asia, África, América Latina y El Caribe: justicia fiscal es la respuesta para garantizar el financiamiento público educativo
15 de septiembre de 2023Las transferencias de riquezas al norte global mina nuestro derecho de tener un desarrollo sustentable. Fue lo que afirmaron especialistas de todo el mundo durante el Taller Regional-global “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: experiencias y perspectivas para la incidencia”, realizado durante los días 8 y 9 de septiembre en Santiago de Chile. En la ocasión, se debatió la importancia de luchar contra la evasión y elusión fiscal para garantizar el derecho a la educación.
Chenai Mukumba, de la Red de Justicia Fiscal en África (TJNA) mencionó que los países africanos están dando el 3% del PIB (Producto Interno Bruto), en contraposición con el 6% que exigen los compromisos internacionales. “En Ghana, con 20% de lo que se pierde en incentivos fiscales, si se invirtiera en educación, asistirían 300 mil niños y niñas más a las escuelas. Se podrían contratar 10 mil profesores más. Y se podrían repartir 557 mil comidas para niños y niñas en los comedores de los centros educativos”, afirma.
En ese sentido, Aida Jean Nacpil Manipon, de la Red de Justicia Fiscal en Asia, aseguró que “las transferencias de riquezas al norte global erosiona nuestra propia capacidad de tener un desarrollo sustentable”. La representante de Asia dijo ser necesario un llamado para mejorar los servicios públicos, con más inversión en educación y salud pública.
Desde América Latina y el Caribe, Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad), habló sobre la correlación del derecho humano a la educación y la justicia fiscal: a corto plazo, la justicia fiscal posibilita que la sociedad disponga de más recursos para servicios públicos – como la educación – y a largo plazo, la educación pública fortalece la justicia fiscal.
Desde una mirada regional, Amparo Naranjo, de Unesco, plantea afirma que “una inversión en educación produce retornos importantes no solo el individuo sino en el planeta.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 [que trata del derecho a la educación] es apalancador como otros objetivos. Hay que pasar de las palabras a la acción”.
Sobre el evento
El Taller Regional-global “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: experiencias y perspectivas para la incidencia” es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Adrián Falco, Chenai Mukumba, Amparo Naranjo y Aida Jean Nacpil Manipon, Vernor Muñoz, Mariana Huepe y Dereje Alemanyehu, el encuentro contó con la participación de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación (CME), Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); de Mariana Huepe, Dereje Alemanyehu y Seruwagi Jane Nalunga. También participaron las senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
