Evolución del Gasto en Educación en Guatemala entre el 2015-2021

25 de abril de 2023

Este documento nacional analiza la evolución del gasto público de Guatemala en educación durante el periodo 2015-2021


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Evolución del Gasto en Educación en Colombia entre el 2015-2021

El documento de trabajo analiza la evolución del gasto en el sistema público educativo de Colombia durante el periodo 2015-2021


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El sistema tributario en Argentina y el financiamiento en educación de 2015-2021

Este documento de trabajo hace un análisis sobre la relación del sistema tributario en Argentina con el financiamiento de su educación pública durante el periodo 2015-2021.


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Evolución de la inversión en Educación en Argentina entre 2015 y 2021

El presente informe nacional analiza la evolución y tendencias de la inversión pública argentina en educación durante el periodo 2015-2021, contemplando las brechas de financiamiento existentes para alcanzar una educación de calidad en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.


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La justicia social solo será posible con un sistema fiscal adecuado

13 de marzo de 2023

El avance del derecho a la educación y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el número cuatro, referido a la educación global, demandan una ampliación de recursos destinados a los sistemas públicos educativos cuya consecución puede encaminarse con acciones y medidas creciente de la base impositiva en la región. 

Con miras a profundizar los mecanismos de aporte que puede trazar la justicia fiscal al ejercicio de los derechos humanos en la región se comparte el Informe Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación – Una mirada regional desde América Latina realizado en el marco del proyecto “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: diagnóstico, participación e incidencia desde América Latina y Caribe” liderado por LATINDADD, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe (RJFLAC) y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE).

Con el objetivo de visibilizar la agenda conjunta de convergencia entre justicia fiscal y el derecho a la educación se realizó el foro público virtual “Justicia fiscal para financiar una educación pública transformadora”

Importancia de la educación como inversión social

La mirada estratégica de la educación como inversión social y no como gasto implica asumir un compromiso con el enfoque de derechos que ponen a los Estados en cuestionamiento por evidenciar las prioridades presupuestarias, y proponer la revisión del proceso de recaudación tributaria, incentivos, deducciones y exenciones. La correlación de fuerzas políticas y su gestión expone diversas preguntas desde la sociedad civil ¿Cuánto se destina a la educación? ¿Qué proporciones se mantienen entre gastos de seguridad y militar frente a la educación y/o la salud? ¿Cómo se definen las prioridades presupuestarias? ¿Qué porcentajes aumentan del endeudamiento público?, entre otras.

La justicia fiscal y la ampliación de la base impositiva son mecanismos para que los Estados establezcan mayor protección y políticas públicas con enfoque de derechos humanos, pudiendo ser el camino para garantizar mayores recursos para los sistemas públicos educativos, afirmó en las palabras de apertura, Luis Moreno coordinador del área de Justicia Fiscal de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social Latindadd y presidente de la Alianza Global por la Justicia Fiscal (en inglés Global Alliance for Tax Justice). 

Durante el foro se mantuvo la idea fuerza que la justicia fiscal viabiliza la posibilidad de recuperación de los recursos perdidos por prácticas tributarias abusivas, y que la medida de incrementar la recaudación de impuestos progresivos así como priorizar los gastos de los presupuestos permitiría a la región multiplicar los recursos disponibles para educación a corto plazo. 

Relación virtuosa: derecho humano a la educación y justicia fiscal

El investigador y consultor, Alejandro Mencías señaló durante la presentación del informe, la importancia de “la relación bidireccional virtuosa entre justicia fiscal y derecho humano a la educación” ya que se despliegan a nivel regional posibilidades de fuentes de ingresos para la educación, por lo cual si se activa la voluntad política pudiera facilitar el financiamiento educativo adecuado para América Latina y el Caribe.

El informe subraya que “las diferencias en el ámbito fiscal entre las regiones con mejores desempeños en lo educativo frente a aquellas en peores condiciones contemplan tres aspectos: un Estado como garante del derecho y proveedor principal del servicio público educativo, sistemas fiscales más justos, y más capacidades y responsabilidad a los diferentes niveles de gobierno. Estas características son compartidas por gran parte del mundo desarrollado, pero son ajenas a la realidad de América Latina y de regiones como África y gran parte del Asia”. 

“América Latina gasta 3.8 veces menos por estudiante, ocupando el quinto lugar entre las siete regiones a nivel mundial” según el informe Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación – Una mirada regional desde América Latina, por lo que las organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado para que se destine en promedio al menos el 4.4% del Producto Interno Bruto (PIB) o el 15.6 % del gasto total en educación (UNESCO, 2022). 

Los impuestos a bienes y servicios llegan a un 11,2% del Producto Interno Bruto en la región, mientras que los impuestos a la renta y a la propiedad un 6.2% elementos que hacen considerar estos sistemas fiscales como regresivos, es decir, los impuestos recaen sobre la mayoría de la población con gastos corrientes y en condiciones de franca desventaja para quienes concentran ganancias económicas y financieras. 

En términos de justicia fiscal debe existir una transformación para que la generación de ingresos provenga de la movilización interna de recursos mediante el recaudo de impuestos de manera progresiva, “lo que significa que quienes más tienen contribuyan más, y que a la vez más personas lo hagan bajo ese principio”. 

Más recursos para educación con sistemas fiscales progresivos 

La CEPAL en el año 2020 presentó un alerta cuando refirió que en la región un 6.1% del Producto Interno Bruto (PIB) se perdía por evasión o elusión fiscal, y se estima que el 1% se pierde anualmente por el uso de guaridas fiscales. “Entre ambos valores se pierde lo correspondiente al 160% de lo gastado anualmente en educación, valor que podría ser aún mayor, ya que lo contemplado por el abuso de guaridas fiscales corresponde únicamente a lo referido por los intercambios de información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”.

La comprensión del sistema tributario en la región es el primer paso para exigir su transformación con enfoque de justicia social. Actualmente, como se ha señalado, los sistemas fiscales son regresivos e cinsuficientes, ya que la mayor proporción de los ingresos proviene de impuestos indirectos. Como lo explica el informe esto se debe a varias razones, entre ellas: “la alta concentración del ingreso y la riqueza que no tributa; los altos niveles de informalidad del mercado laboral; el uso desmedido de guaridas fiscales; las pérdidas por flujos financieros ilícitos; la falsa facturación; y la evasión y elusión tributaria”. Si bien las estimaciones publicadas sobre evasión fiscal y flujos financieros ilícitos a nivel regional son escasas.

Para la región latinoamericana y caribeña invertir adecuadamente en educación es urgente. Por ello se exhorta a aumentar el control de quienes usan el comercio internacional y las guaridas fiscales para alterar y esconder ingresos y riquezas, a fin de obtener los beneficios sociales requeridos para la población como disponer de inversión de recursos para garantizar el derecho a la educación, fomentar la igualdad de género y el desarrollo social.

En el año 2021, la Red de Justicia Fiscal (en inglés Tax Justice Network) denuncia que a nivel mundial se pierden 483 mil millones de dólares por parte de corporaciones y personas que se valen de paraísos fiscales. El 1.4% de pérdida promedio representa alrededor del 31% del promedio que invierten en educación los países a nivel mundial.

La privatización amenaza la garantía a la educación

Maria Ron Balsera, integrante de la Campaña Mundial por la Educación, realizó comentarios al informe recalcando la importancia de exigir como sociedad civil mayores niveles de compromisos políticos de los Estados con el derecho humano a la educación. La especialista afirmó sobre los impuestos indirectos que son “la otra cara de la moneda de la deuda pública es la justicia fiscal” ya que afectan a la población en situación de pobreza. También señaló que es relevante reconsiderar las referencias establecidas por la OCDE, ya que obedecen a la lógica de los países más ricos, privilegiando a sectores de élite y en consecuencia profundizando las exclusiones y desigualdades. Del mismo modo, problematizar la relación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) con muchas de las políticas de recorte social llevando a cabo en los países de la región, incluso generando condiciones de incentivo a medidas privatizadoras.  

La Campaña Mundial por la Educación hace un llamado a la fiscalidad progresiva, esto es aumentar la asignación equitativa y con sensibilidad de género de los presupuestos, aumentar el financiamiento público a educación, aumentar el impuesto de las ganancias de empresas y ampliar la participación ciudadana de iniciativas públicas, desde su concepción, monitoreo y ejecución. 

No sólo es importante cuánto se invierte, sino cómo se invierte

Daniela Trucco, Oficial Superior de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la CEPAL compartió comentarios y refirió el informe Educación en tiempos de pandemia: una oportunidad para transformar los sistemas educativos en América Latina y el Caribe, en el cual se hace referencia a que no sólo es importante cuánto se invierte, sino la manera en que se realiza dicha inversión, además de la distribución del gasto público en los distintos niveles educativos. 

La mayoría de los recursos educativos se concentran en gastos corrientes, y en su mayoría destinados a infraestructura, lo cual se hizo más evidente al regreso de la pandemia, y la demanda que significó la readecuación de las estructuras básicas educativas como baños, ventilación, agua potable, entre otras, señaló la especialista. Hablar de la recuperación educativa implica generar debates sobre la inclusión social.

Más y mejor inversión educativa, apuntó la investigadora, señalando que “América Latina y el Caribe es una de las regiones más desiguales del mundo y debe trabajar en hacerse cargo de las causas estructurales de su desigualdad, entre las que se encuentra el acceso inequitativo a las oportunidades educativas de calidad. En este sentido, es necesario que la financiación educativa siga criterios de equidad horizontal y vertical, es decir, que asegure un mismo trato a estudiantes en condiciones similares y dirija mayores recursos hacia aquellos estudiantes pertenecientes a contextos más vulnerables que cuentan con mayores necesidades y requieren más apoyo”. 

Aumentar la inversión en la cartera educativa no debe traducirse en desmedro de otras garantías sociales, al contrario deben fortalecerse en la garantía de los derechos bajo el amparo de los Estados. Dado que las asimetrías y las desigualdades existentes se profundizaron aún más con la crisis económica y sanitaria, se hace urgente la promoción de políticas eficientes, de calidad y más equitativas de distribución de recursos destinados a la educación, atendiendo particularmente al estudiantado en condiciones de mayor vulnerabilidad. 

La integración regional potenciará caminos conjuntos

En el foro participaron María Rosa Martínez, diputada nacional por Buenos Aires de Argentina, José Luis Vargas, especialista en políticas públicas de Perú y Victoria Avendaño, especialista en investigación educativa desde Colombia. Estas intervenciones ratificaron el reconocimiento de espacios de debate que amplíen la información de la población sobre la viabilidad de justicia social desde las políticas tributarias oportunas.

Finalmente, Nelsy Lizarazo, coordinadora de la CLADE invitó a ampliar la mirada integral y de proceso en la incidencia política que mantenga los compromisos con la garantía de los derechos, entre los que se encuentra el derecho humano a la educación, lo que a su vez amerita interlocuciones sectoriales y superar las fragmentaciones. Al mismo tiempo hizo un llamado a impulsar instancias de integración regionales que faciliten caminos conjuntos para sustentar la movilización y demandas ciudadanas.  

También se presentaron informe de países

Paraguay

 

Colombia 

Perú

 

 

Guatemala

 

República Dominicana

 

Argentina 

 


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Sociedad civil demanda justicia fiscal para financiar una educación pública transformadora

23 de febrero de 2023

Para contribuir con el avance del derecho a la educación y el logro de los Objetivos de Desarrollo, especialmente el número cuatro, referido a la educación global, es necesario que los países de la región latinoamericana y caribeña establezcan acciones y medidas que amplíen su base impositiva y, al mismo tiempo, dote de mayores recursos a los sistemas educativos públicos.

LATINDADD, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe (RJFLAC) y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) organizan un foro público virtual titulado “Justicia fiscal para financiar una educación pública transformadora”, para visibilizar la agenda conjunta de trabajo que busca la convergencia entre la justicia fiscal y el derecho a la educación. En el foro también se socializarán los principales hallazgos del estudio “Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación: Una mirada regional desde América Latina”.

Necesidad de sistemas fiscales comprometidos con la inversión social

Previo a la pandemia, los países de la región enfrentaban desafíos como la inclusión y la calidad educativa, mismas que profundizaron las brechas de desigualdad con la crisis sanitaria y global. Los países que tuvieron mayor disponibilidad de recursos y capacidades lograron dar mejores respuestas a la crisis, pero no fue una realidad palpable en la mayoría del continente. 

Según la UNESCO, los países de América Latina y el Caribe ocupan el quinto lugar entre las siete regiones a nivel mundial en cuanto a la inversión del 4.4% de su Producto Interno Bruto (PIB) en promedio o el 15.6% de su gasto total en educación. Esta región invierte 3.8 veces menos por cada estudiante, en comparación con Europa y Norteamérica, donde los sistemas educativos son de mayor desempeño. 

Los sistemas fiscales de los países latinoamericanos y caribeños se caracterizan por la predominancia regresiva, es decir, que el grueso de la carga tributaria recae en los impuestos a bienes y servicios frente a los impuestos a la renta y propiedad. Los primeros representaron el 11.2% del PIB mientras que los segundos el 6.2% del PIB. 

La justicia fiscal es un camino para garantizar el derecho a la educación

Para generar un financiamiento público oportuno en educación es indispensable mecanismos de justicia fiscal. La promoción del acceso equitativo a una educación de calidad y la reconstrucción de los sistemas educativos de la región requieren presupuestos sostenibles y pertinentes. Uno de los mecanismos de garantizar los compromisos presupuestarios radica en mejorar los mecanismos de justicia fiscal, así la relación bidireccional entre la educación y la justicia fiscal es impostergable.

La justicia fiscal implica retornos sociales de la inversión en educación, porque permiten sostener la garantía del derecho humano a largo plazo. Un financiamiento que cuente con mayores ingresos fortalece a su vez la calidad educativa, las condiciones laborales de docentes y mejoramiento de infraestructura, lo que genera mayor compromiso contributivo de la ciudadanía en general.

Convocatoria a foro público sobre justicia fiscal y educación

El foro público abre su invitación para la participación de funcionarios y funcionarias públicas, congresistas, personas de la academia, integrantes de la sociedad civil y gremios de docentes para este viernes, 3 de marzo de 2023. El evento se realizará en español con traducción simultánea al inglés y portugués. Disposición del registro para inscripción aquí

Horarios del foro

8 a.m. Guatemala

9 a.m. Colombia, Ecuador y Perú 

10 a.m. República Dominicana

11 a.m. Argentina, Uruguay y Paraguay


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Adrián Falco, Latindadd: Educación podría recibir 5% más del PIB si las corporaciones pagasen impuestos de manera justa

23 de enero de 2023

¿Dónde está el dinero público?, ¿quién controla la inversión?, ¿en qué y cómo se invierte? Para Adrián Falco, co-presidente de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), son algunas de las preguntas claves del debate público que orientan estrategias superadoras de la pobreza y  ofrezcan garantías de la justicia social. 

Según el especialista, la educación pública es uno de los derechos que sufren grandes impactos del sistema injusto de tributación. La región latinoamericana y caribeña pierde cerca del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) en exoneraciones a grandes corporaciones, esto equivale al compromiso que deben asumir los Estados para el financiamiento educativo, marcado internacionalmente en al menos 6%. 

Para Adrián Falco, es fundamental “regular para capturar la renta y volcar a la inversión pública a través del sistema tributario, que es la mejor manera de romper con la desigualdad endémica qué afecta a nuestra región”, y exigir “el rol del Estado como garante de la inversión, de los servicios públicos de calidad y de los derechos es central.” 

Transformar los modelos tributarios exige comprenderlos

Comprender la génesis de la desigualdad, para transformarla, y así acortar o cerrar las brechas que impiden el desarrollo humano, implica a su vez conocer las causas y características del sistema tributario, así como las pérdidas que llevan aparejados dichos modelos. Según él, para concretar esta transformación se debe “mejorar la progresividad tributaria, quitar las exoneraciones, hay que trabajar en que los ganan más aporten más y lo que tienen menos en proporción” afirma el especialista, adicionalmente como sociedad civil sugiere “fortalecer nuestras narrativas para dialogar sobre el derecho humano a la educación a la hora de considerar la justicia fiscal”. 

La región latinoamericana y caribeña tiene un sistema tributario absolutamente regresivo, colocando la carga impositiva en los sectores más vulnerables, grava el consumo y no el patrimonio. Esta situación exige fortalecer las narrativas desde la sociedad civil para encaminar los temas presupuestarios y fiscales que pueden articularse para favorecer el derecho humano a la educación.  

Caminos para implementar la justicia fiscal

Es posible reorientar el dinero público para mejorar la inversión en educación proveniente de las pérdidas del sistema regional tributario. Esto se traduce en salarios dignos del personal docente, infraestructura escolar y otras condiciones de garantías de derechos en el ámbito educativo. 

Adrián Falco subraya que se pierden cerca de 26.000 millones de dólares por cada año por impuesto a las grandes fortunas y especifica que el monto invertido en educación se va por tributos a las grandes empresas que equivale a “los 500 mil millones de dólares por año que perdemos por elusión fiscal, los 320 mil millones de dólares por año perdemos por evasión, el 5% de nuestro PIB (Producto Interno Bruto). 

Iniciativas de justicia fiscal para el derecho a la educación

Dado el contexto, es indispensable profundizar un proceso de exigencia para sincerar la justicia fiscal, con modificaciones urgentes que reconduzca los recursos públicos para la consecución del derecho a la educación en los países de la región. 

CLADE, junto a la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe impulsan el proceso de exigencia por sincerar la justicia fiscal, con modificaciones urgentes de al menos tres impuestos, a saber, reformulando el impuesto predial, impuesto a grandes fortunas y la fiscalización – regularización de recursos corporativos.

Escucha a Adrian Falco, Co-Presidente de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) en su intervención del evento: la Educación con justicia fiscal ¿dónde están los recursos para la educación?


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Marcela Browne, CADE: “El Estado debe incluir políticas que garanticen la redistribución de ingresos”

20 de enero de 2023

Las empresas multinacionales evaden en Argentina un total de 1.200 millones de dólares anuales operando en paraísos fiscales. Según datos de Tax Justice Network, si se destinara esta cantidad a salarios docentes, se podrían incrementar las remuneraciones en un 45%.

Argentina cuenta con diversos mecanismos que establecen un porcentaje en los presupuestos de las provincias, sin embargo la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) observa en los datos desde 2015 una tendencia general de disminución de la inversión educativa.

Juan Colicigno (JC), de la CADE y del grupo de trabajo de comunicación de la CLADE entrevistó a Marcela Browne (MB), coordinadora de educación de Fundación SES y secretaria de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE).

Las convergencias entre la educación y la justicia fiscal

JC: ¿Qué es la justicia fiscal y cómo se relaciona con la educación?

MB: La justicia fiscal es un enfoque de derechos que permite la redistribución de ingresos y de riquezas para promover la equidad y la inclusión social. Esta distribución es posible a partir del aporte fiscal que realizan las personas y empresas. 

El sistema tributario argentino es sumamente regresivo. Por ejemplo, los bienes personales, que son los impuestos más progresivos, sólo representan el 2% de la recaudación total del Estado Nacional, mientras que el 40% recaudado proviene de impuestos al consumo, que son los más regresivos.

Garantizar el derecho humano a la educación requiere una mayor inversión educativa, que podría lograrse con modificaciones impositivas que permitan una redistribución más equitativa de los recursos. 

JC: ¿Cuál debe ser el papel de los gobiernos?

MB: El rol del Estado debe ser incluir políticas que garanticen la redistribución de ingresos y que aquellas personas que tienen mayor cantidad de recursos paguen proporcionalmente más. Lo cual se volvió aún más relevante en el contexto actual, donde la desigualdad aumenta. La evasión tributaria profundiza las desigualdades sociales y desfinancia al sistema educativo. 

Medidas y recomendaciones para la justicia fiscal y educativa

JC: ¿Cuáles son las medidas necesarias?

MB: Es posible alcanzar el objetivo educativo si combatimos la opacidad global tributaria, promoviendo el fin de las guaridas fiscales, la eliminación del secreto bancario y la penalización de la utilización de sociedades offshore (empresa multinacional que debido a la ubicación de sus fuentes de riqueza está sujeta a varias jurisdicciones, con frecuencia utilizadas para evadir normativas fiscales en los países de origen). 

Es necesario incorporar más voces a estos debates para plantear las batallas necesarias que fortalecerán la acción coordinada que mejore las condiciones de vida ciudadana, sin apelar a endeudamientos irresponsables o al ajuste irrestricto de los programas sociales con la participación de los gobiernos, congresistas, sindicatos, sector académico, las organizaciones y los movimientos sociales.

JC: ¿Cómo se puede conseguir el presupuesto necesario para garantizar el derecho a la educación?

MB: Las distintas organizaciones que expresamos la necesidad de justicia fiscal aseguramos que, con modificaciones impositivas es posible una redistribución más equitativa de los recursos y acercarse al cumplimiento del derecho universal a la educación. 

Proponemos modificaciones para mejorar un 16% el presupuesto educativo nacional anual:

  • Incremento del 10% el impuesto a los bienes personales.
  • Anualización del 50% del impuesto a las grandes fortunas.
  • Reducción del 20% gastos tributarios.

Estudio sobre el financiamiento educativo y la justicia fiscal

La investigación sobre Financiamiento Educativo y Propuestas de Justicia Fiscal para el derecho a la educación de iniciativa de la CLADE en alianza con la Fundación SES, la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE)Latindadd, y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe determinó que la educación pública argentina lograría recibir más en su financiamiento anual si las acciones de justicia fiscal fueran realizadas dentro del país. Este proyecto es coordinado por Marcela Browne y Adrián Falco, con la participación de las investigadoras Marisa Álvarez, Natalia Gardyn y Eva Sacco.


Video: Financiamiento de la educación

13 de diciembre de 2022

En el marco de la XII Asamblea CLADE, María Ron Balsera, coordinadora de Alianza y Justicia Fiscal y Educación de ActionAid, hizo una presentación sobre el financiamiento de la educación.

En su video, María Ron Balsera analiza el origen del financiamiento educativo, los cuatro ejes importantes para que un financiamiento educativo garantice el derecho a la educación: presupuesto justo, impuestos, asignaciones en la educación centradas en la equidad, y escrutinio necesario para que el dinero llegue en la práctica.

Al fin de su presentación, ella explica la importancia de garantizar la justicia fiscal. Según ella, la justicia fiscal aumenta la sostenibilidad, la rendición de cuentas democrática, la transparencia, etc.

Mira el video completo:

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Argentina: Con incremento en 10% a los impuestos de bienes personales, la educación puede obtener $27,8 billones de pesos argentinos extra de financiamiento

21 de noviembre de 2022

$120 billones de pesos argentinos (equivalentes a 730 millones de dólares), esa es la cantidad que la educación pública argentina lograría recibir a más en su financiamiento anual si acciones de justicia fiscal fueran realizadas en el país, la constatación fue presentada en la investigación sobre Financiamiento Educativo y Propuestas de Justicia Fiscal para el derecho a la educación.

De iniciativa de la CLADE, en alianza con la  Fundación SES, la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE)Latindadd, y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe, el proyecto es coordinado por Marcela Browne y Adrián Falco, con la participación de las investigadoras Marisa Álvarez, Natalia Gardyn y Eva Sacco.

“El rol del Estado debe incluir políticas que garanticen la redistribución de ingresos y que aquellas personas que tienen mayor cantidad de recursos paguen proporcionalmente más. Esto se volvió aún más relevante en el contexto actual en el cual la desigualdad está acrecentada”, afirmó Marcela Browne. Y agregó: “la evasión tributaria profundiza las desigualdades sociales y desfinancia al sistema educativo”.

La investigación propone que para alcanzar la meta de duplicar la inversión progresiva para el año 2030, se ejecute “el incremento del 10% del impuesto a los bienes personales. Con esto habría $27,8 billones de pesos argentinos adicionales (equivalentes a 169.116.667 millones de dólares) y la anualización del 50% del impuesto a las grandes fortunas. Se obtendrían $120 billones de pesos argentinos extra (equivalentes a 730 millones de dólares)”.

Los cambios sugeridos podrían aportar un 16% anual extra sin necesidad de ajustar otros rubros del presupuesto educativo nacional y por lo tanto fortalecer el derecho a la educación, a juicio del equipo de investigación.

Adrián Falco aseguró que es posible alcanzar el objetivo educativo si “combatimos la opacidad global tributaria promoviendo, además, el fin de las guaridas fiscales, la eliminación del secreto bancario y la penalización de la utilización de sociedades offshore”.

Las empresas offshore son multinacionales que ubican su riqueza extraterritorialmente del origen que las produce, evadiendo jurisdicciones que le resultan incómodas, pueden ser entidades financieras, corporaciones o incluso fondos de inversión.

La desinversión educativa y evasión tributaria

Según el estudio, Argentina invierte en cada estudiante del nivel primario, solamente 15% en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita. Mientras que los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destinan alrededor de 20%. En esta lista de comparación también se encuentran otros países de la región como Colombia, Chile, Brasil y Costa Rica.

El gasto público por estudiante como porcentaje del PIB per cápita, educación primaria, corresponde al gasto público total por cada estudiante en matrícula a nivel primario, expresado como porcentaje del PIB per cápita. El gasto público (corriente y de capital) incluye el gasto del gobierno en instituciones educativas (públicas y privadas), administración educativa y subsidios para entidades privadas.

En contraste, las empresas multinacionales evaden en Argentina un total de 1200 millones de dólares anuales operando en paraísos fiscales. Si se destinara esta cantidad a salarios docentes, se podrían incrementar las remuneraciones en un 45% según datos de Tax Justice Network.

Si bien en Argentina se cuenta con diversas normativas jurisdiccionales que establecen un porcentaje en el presupuesto provincial, con un seguimiento de los datos observados desde 2015, se nota una tendencia general disminuir la inversión educativa.

Recomendaciones de la sociedad civil

Las recomendaciones resultantes del estudio proponen criterios y parámetros que facilitan el seguimiento de la inversión educativa de calidad con relación a las Metas de la Agenda 2030.

La nota de la Jornada Nacional Presupuesto, elusión y evasión fiscal en debate por la educación, realizada el 28 de octubre en Buenos Aires destaca la oportunidad de “ampliación de las ofertas educativas según nivel y modalidad, diferenciando los ámbitos rural y urbano”.

Sobre el salario bruto docente de referencia correspondiente a personal docente de grado con 10 años de antigüedad, el estudio señala que se redujo en términos reales en al menos 24% desde el año 2015.

Por ello, se subraya la necesidad de mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, especificando la “actualización de salarios docentes, reconocimiento de 20 horas mensuales de trabajo docente fuera del aula para todos los niveles y modalidades educativas (planificación, corrección de tareas, entre otras), fortalecimiento la gestión institucional y pedagógica del nivel secundario, acompañamiento a las trayectorias socio educativas (en niveles primario y secundario), ratio de estudiantes,  formación de docentes de nivel inicial (con ampliación de la oferta) y de docentes en servicio”.