La caja de bobos más grande que pueda existir: El METAverso de Facebook
8 de noviembre de 2021mark Zuckerberg acaba de anunciar que desde el 1 de diciembre la empresa Facebook pasará a llamarse META. Esto tiene dos implicaciones, una de carácter empresarial para legitimar y construir viabilidad jurídica a una de las operaciones más importantes que vienen haciendo: la venta de información. Facebook usa la minería de datos para apropiarse la información desagregada de sus usuarios, la cual vende a terceros sin reportar porcentaje de ganancias para quienes de manera inconsciente proporcionan la información. La segunda para crear el metaverso, un universo virtual que modelará actividades como consumo, participación política, sociabilidad, educación e incluso filtrará el acceso a la innovación científica tecnológica.
Esto ocurre, en medio de la incredulidad de muchos docentes y gremios docentes respecto al sostenimiento de la ofensiva de las trasnacionales de la tecnología sobre el mundo educativo, tanto en la fase educativa presencial de la pandemia como durante la postpandemia. Hasta ahora, las actividades que pretende asumir el metaverso de Facebook eran parte de las tareas de reproducción cultural asignadas por el capital a los sistemas escolares (consumo, sociabilidad, ciudadanía, democratización del conocimiento).
Esto ocurre mientras entre el 40% y 50% de la población estudiantil – e incluso docentes- no tiene siquiera conexión a internet o aun dispositivo de conexión remota. Y el otro 50% -estudiantes y docentes- usó plataformas comunicacionales como zoom, googlemeet, streamyeards, Facebook o WhatsApp para maratones de doce horas de clase y más, evidenciando que no tienen ni la más mínima idea de la tormenta tecnológica que se avecina sobre la educación. En el primero de los casos estaríamos observando el surgimiento de la peor y más abrupta de las exclusiones de los últimos siglos, aún ocultada con discursos de pronta normalización; quienes están quedando rezagados hoy corren el riesgo de quedarlo permanentemente y pasar a la periferia de la peor de las pobrezas y marginaciones. En el segundo de los casos la educación durante la pandemia les convirtió en consumidores de tecnología, analfabetos en programación y algoritmos, destinados a seguir la pauta que impongan los acuerdos de gobiernos y sus ministerios de educación con las corporaciones tecnológicas. Por eso hemos insistido en la urgencia de alfabetización en los algoritmos para poder producir respuestas de emancipación y liberación en el actual contexto y sobre todo sobre la necesidad de un debate pedagógico mundial sobre las implicaciones de la cuarta revolución industrial en educación.
¿Que será el metaverso de Facebook?
Hasta ahora Zuckerberg ha anunciado fragmentos de lo que será su metaverso y por ello afirmamos que será la más grande caja de bobos que pueda existir. Será un mercado virtual absurdo, donde van a cobrar dinero real por experiencias virtuales o tal vez sea gratuito para garantizar la alienación que sostenga el modo de producción y acumulación capitalista en la cuarta revolución industrial.
En el metaverso de Facebook, podrás tener avatares (réplicas tuyas) en la oficina y de tus amigos en casa. Mediante mecanismos de realidad virtual aumentada podrás compartir con amigos o personajes que tú crees, comprando alimentos, ropa, viajes, casas que solo estarán en este universo paralelo. Podrás viajar con amigos a lugares remotos con una sensación de realidad en tiempo real, propia de tecnología que hoy asociamos en su nivel primario al GPS.
En la caja de bobos más grande del mundo, quienes se sumen serán educados en comportamiento social, participación política, consumo y tendrán acceso a información filtrada y trabajada.
Claro que esto no será el 1 de diciembre de “golpe y porrazo”. La transición será lenta y sostenida pero seguramente, en el 2030, cuando los teóricos del Foro de Davos prevén el crash del sistema educativo global, el metaverso emergerá como alternativa más allá del entretenimiento.
Vacunas COVID-19 para garantizar el derecho a la educación
7 de octubre de 2021
Alejandra Sánchez Cabezas
Alejandra Sánchez Cabezas, de Argentina. Médica, máster en epidemiología, gestión y políticas de salud. Doctora en Ciencia Política. Miembra fundadora de ACCESO: Foro de instituciones para la promoción del acceso universal a las vacunas COVID-19.
UNICEF da cuenta del efecto de la pandemia sobre el bienestar de niños, niñas y adolescentes, producto del cierre obligado de las escuelas para proteger a toda la población. Afirma que los chicos y las chicas se han visto afectados de múltiples maneras y que las consecuencias son mucho más severas para quienes viven en condiciones más vulnerables. El cierre de las escuelas, que afectó a más de 167 millones de estudiantes, no sólo fue en el área del conocimiento, sino que también causó problemas emocionales, cambios en los hábitos de sueño y alimentación, angustia y depresión, afectación en el desarrollo afectivo y cognitivo e incremento de violencias; demostrando una vez más que la escuela tiene un rol fundamental en el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes.
Para paliar estas consecuencias y garantizar que las escuelas no vuelvan a tener que cerrarse es clave el rol de las vacunas. Las vacunas, como ninguna otra medida, logran disminuir los niveles de transmisión comunitaria y la sobrecarga de los sistemas de salud que son las principales causas que justifican el cierre de las escuelas.
Pero el acceso a las vacunas no es equitativo. Según el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el momento se han aplicado en todo el mundo 5,5 billones de vacunas (5.500.000.000.000). Esto parecería ser una buena noticia, si no se agregara un dato más: de esa cantidad de vacunas aplicadas, el 80% se concentró en países de renta alta y media.
Es decir que mientras algunos países de altos ingresos ya han vacunado a más del 60% de la población y están aplicando una tercera dosis, hay otros que no alcanzan a tener al 1% de su población vacunada con una sola dosis. Si seguimos por este camino, la salida global de la pandemia estará cada vez más lejos y, otra vez, las poblaciones más pobres morirán y se enfermarán más, y sus escuelas deberán cerrarse nuevamente.
Es necesario y urgente que las vacunas contra el COVID-19 sean declaradas como derecho humano y bien público global. ¿Qué quiere decir esto? Que estén al servicio de todos los habitantes del planeta en igual cantidad y calidad.
Para contribuir con ese pedido, más de 30 organizaciones de la sociedad civil, sociedades científicas, consejos de bioética, universidades e instituciones prestadoras de salud de Latinoamérica crearon Acceso, un grupo para ayudar a esclarecer y difundir la información accesible y favorecer la articulación de organismos nacionales, internacionales y sociedades científicas para contribuir a contrarrestar las desigualdades en el acceso a las vacunas contra el COVID-19.
Por todas estas razones Acceso continúa sumando organizaciones de toda la región, como la Campaña por el Derecho a la Educación en México, que compartan consensos basados en la participación social, la solidaridad y el respeto para ayudar a que la sociedad en su conjunto supere la emergencia que atraviesa, promoviendo una distribución equitativa y oportuna de las vacunas.
Para superar cualquier problema de salud las respuestas no pueden ser individuales y la pandemia del COVID-19 no es una excepción. Ningún país se salva sólo. Para revertir las inequidades a las que nos enfrentamos debemos crear nuevas formas de organización social y las escuelas son el lugar por excelencia para hacerlo y así transformar estas realidades que duelen. Para que la escuela siga siendo un espacio que acompañe la actuación de los sujetos en pos de su libertad, para que las escuelas puedan seguir construyendo ciudadanías capaces de crear formas de vida más equitativas, para que puedan ser semilla de emancipación de mundos sostenidos en relaciones sociales solidarias, debemos garantizar que haya vacunas que frenen el avance de la pandemia para que las escuelas sigan abiertas.
Pandemia y privatización en la educación superior: Tecnologías de la educación y reforma de la Universidad
24 de septiembre de 2021El desarrollo de políticas y prácticas de mercado en la ES, junto con la expansión de las asociaciones público-privadas (PPPs por sus siglas en inglés), la participación del sector privado y la creciente participación de los proveedores de servicios de tecnología digital comercial, tiene una larga historia en muchos sistemas educativos de todo el mundo. A través de un completo estudio para la Internacional de la Educación, Ben Williamson y Anna Hogan identifican que la expansión de la tecnología educativa es altamente motivada por beneficios económicos y examinan las diversas formas de la “transformación digital” de las universidades.
A través de un ejercicio de mapeo, los autores identifican once dinámicas y organismos clave en la mercantilización, privatización y comercialización de la ES, las cuales se han reproducido o exacerbado por los procesos de creciente digitalización y dataficación. Estas incluyen la educación digital como catalizadora del mercado, el cambio de comportamiento de los consumidores, el resurgimiento de cursos masivos en línea y la transformación de la Inteligencia Artificial (IA) que ha sido justificada durante la pandemia como una ayuda para “acelerar el proceso de recuperación” de estudiantes que experimentaron una “pérdida de aprendizaje” como resultado de las clases canceladas.
Utilizando las organizaciones y actividades de comercialización, el informe presenta siete resultados principales y problemas claves descubiertos a través de este estudio:
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Reimaginación de la educación superior:
Diversas organizaciones de múltiples sectores tradujeron la crisis de la salud pública en una oportunidad para rediseñar la ES a largo plazo como un sector digitalmente innovador y con gran cantidad de datos de las sociedades y economías postpandémicas. Si bien la enseñanza presencial constituía una amenaza urgente para la salud pública mundial, también fue construida por organizaciones que incluían empresas de tecnología educativa, consultorías, organismos internacionales e inversores, como un problema a más largo plazo y una amenaza para la “capacitación” de estudiantes, la “empleabilidad” y la recuperación económica mundial post-coronavirus. Visualizadas como una forma de “ayuda de emergencia” durante los cierres, las herramientas EdTech (Tecnologías de la Educación) también se presentaron como una oportunidad para la inversión y la obtención de beneficios económicos.
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Gobernanza por infraestructuras tecnológicas:
Aunque todavía es demasiado pronto para saber cómo será el panorama post-pandémico de la ES, parece razonable predecir que la mayoría de las instituciones de ES seguirán utilizando estas infraestructuras tecnológicas para ampliar su oferta. De igual manera, las infraestructuras desarrollarán nuevas capacidades de análisis de datos y aprendizaje automático. Esto constituye una forma de gobernar la ES a través de la tecnología, ampliando la influencia política de las organizaciones del sector privado para que se conviertan en centros políticos “en la sombra”, estableciendo el formato de la enseñanza y el aprendizaje de la ES a distancia, e internacionalmente, a través de infraestructuras técnicas.
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Hibridación universidad-empresa:
Las nuevas PPPs están trabajando para difuminar los límites entre sectores. A medida que las instituciones públicas de ES dependen cada vez más de los modelos empresariales del sector privado y de las prácticas basadas en el mercado, corren el riesgo de privatizar la ES en busca de beneficios. Algunos acuerdos de colaboración público-privada parecen ser complejos a propósito para ocultar las intenciones de obtener beneficios. Sin embargo, cuando se utiliza a las y los estudiantes para generar estos beneficios con tácticas de humo y espejos, tenemos que cuestionar la ética de estos acuerdos.
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Entornos pedagógicos programados:
Es necesario garantizar que la educación no se convierta en algo lineal como una entrega unidireccional de contenidos de docentes (a través de plataformas comerciales) a estudiantes en estos entornos pedagógicos programados. Parte del problema de la rápida asimilación del EdTech por parte de los sistemas de ES durante la pandemia ha sido que los miembros del profesorado han sido los responsables de hacer pivotar su práctica en línea sin una formación y apoyo formales, ni tiempo y recursos suficientes. La expectativa potencial de las y los estudiantes de recibir tanto enseñanza presencial como en línea planteará importantes retos en términos de trabajo académico y podría catalizar un mayor desarrollo de servicios complementarios de “EdTech” para consumidores, incluidos aquellos en los que el personal con empleo precario presenta recursos para su compra por parte de estudiantes consumidores. También podría dar lugar a un mayor uso de datos y herramientas de inteligencia artificial que puedan compensar a profesores, proporcionando comentarios e intervenciones automatizadas.
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Dataficación y vigilancia:
Las empresas de tecnología educativa y sus promotores han aumentado el despliegue del análisis de datos, el aprendizaje automático y la inteligencia artificial (IA) en la enseñanza superior, y han hecho hincapié en el lenguaje y las prácticas del “aprendizaje personalizado” y la “toma de decisiones basada en datos”. La IA también se ha potenciado mediante el despliegue de herramientas de control de datos a gran escala integradas en el software de gestión del aprendizaje en línea, tecnologías de vigilancia como los sistemas de corrección de exámenes a distancia, y sistemas de seguridad en los campus y las aplicaciones de localización de estudiantes. En la imaginación del futuro de la educación superior basada en la IA, la próxima generación de experiencias de aprendizaje será “individual y personalizada” y escalada con algoritmos, junto con la acreditación digital y la alineación de la educación con el trabajo basado en datos.
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Libertad y autonomía académica:
La labor de educadores académicos y académicas se ha visto afectada por la creciente penetración del sector privado y la tecnología comercial en la ES durante la pandemia. Se ha exigido a educadores académicos y académicas que dupliquen su preparación e impartición de clases tanto en formato presencial como en línea. La libertad académica está en peligro cuando la enseñanza y el aprendizaje en línea realizados en un contexto internacional son contrarios a la política de determinados regímenes estatales, lo que hace temer la censura y la supresión de la investigación crítica en la educación a distancia.
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Reproducción de desigualdades:
Muchos y muchas estudiantes, en particular aquellos y aquellas de mayores recursos económicos, han podido mantenerse al día con sus estudios de educación superior a lo largo de la pandemia. No obstante, también hay estudiantes a que no les ha quedado más remedio que hacer una pausa o cancelar sus matrículas. Las desigualdades están determinadas y se profundizan por el género, la clase, la cultura, la raza y el contexto geopolítico, entre otros factores. Al igual que la pandemia presenta a la industria de la tecnología educativa un momento para rediseñar el futuro de la educación superior, los propios sistemas de educación superior tienen la oportunidad de reimaginarse como un sistema más igualitario, y de definir y regular el papel de la tecnología educativa en estos imaginarios alternativos.
Durante el COVID-19, las medidas “temporales” de emergencia han surgido como oportunidades experimentales para establecer una nueva “normalidad digital” en la que los actores privados ejercen un papel sustancialmente mayor en las escuelas, colegios y universidades de todo el mundo, con amplias implicaciones para la experiencia de las y los estudiantes y la vida laboral del personal. Aunque las respuestas a la pandemia han sido claramente definidas por regiones y contextos específicos, la digitalización de la enseñanza superior se ha convertido en una vía para privatizar y comercializar aún más la educación pública.
En pocas palabras, la pandemia de COVID-19 ha sido explotada como una oportunidad de emergencia para que el sector privado y las organizaciones comerciales aumenten su penetración e influencia en la educación superior. Los autores recomiendan que las partes interesadas en la ES, incluidos el personal académico, las y los estudiantes y los sindicatos que les representan, trabajen de forma urgente y colegiada para definir imaginarios alternativos que puedan guiar la recuperación postpandémica de la ES.
Para acceder al informe completo (en inglés) pueden hacer clic aquí: Pandemic Privatisation in Higher Education: EdTech & University Reform. De igual manera, pueden acceder al resumen ejecutivo (en español) aquí: Pandemia y privatización – Principales Realidades Observadas.
La pandemia ha forzado un giro hacia la “formación en línea” y la “enseñanza a distancia de emergencia”, lo que ha convertido a las tecnologías en un componente fundamental de la educación. Desde los primeros meses de la pandemia COVID-19, se evidenció, en las respuestas por parte de los sistemas educativos, la presencia de proveedores comerciales de tecnologías de la educación y las organizaciones que los apoyan, quienes han formado poderosas redes y coaliciones para dar protagonismo a sus productos, y animar a escuelas, docentes, padres y madres a usarlos.
Estas coaliciones ilustran la aparición de nuevos tipos de colaboraciones público-privadas y de redes políticas relacionadas con la expansión de las tecnologías de la educación, así como el aumento de la importancia del sector privado en la regulación y la prestación de servicios educativos.
Si bien la tragedia mundial que dispara la pandemia ocupa el foco, detrás están quienes aprovechan las crisis para hacer negocios y multiplicar sus ganancias. Para Naomi Klein, el “capitalismo de desastre” es la forma en que las industrias privadas surgen para beneficiarse directamente de las crisis. La “doctrina del shock” es la estrategia política de utilizar estas crisis para impulsar políticas que sistemáticamente profundizan la desigualdad, enriquecen a las élites y debilitan a todos los demás. Durante el “shock” que supone lidiar con la crisis, el sector privado suele dar un paso al frente con “soluciones” de mercado calculadas y gratuitas para resolver “problemas” públicos aparentemente irresolubles.
En este escenario, los países latinoamericanos y caribeños constituyen un apetecible mercado para las compañías locales, nacionales y transnacionales de educación. Por ello las presiones para liberar la economía en este rubro se ejercen a nivel internacional, con el objetivo de liberar el comercio internacional de los servicios educativos. Entonces, no se puede negar que las tendencias privatizadoras previas a la pandemia son diversas y van desde procesos estructurales que afectan el rol del Estado, hasta iniciativas privatizadoras incipientes pero insistentes.
56% de las plataformas son promovidas por proveedores comerciales de tecnologías de la educación y las organizaciones que los apoyan: Alphabet Inc, principalmente Google, Google Classroom y Microsoft.
Políticas educativas en el contexto de pandemia: espacio lucrativo para grandes empresas
En el proceso de elaboración del documento “Privatización y comercialización de la educación en América Latina y el Caribe: aproximación y alertas en tiempos de pandemia”, visitamos las páginas web de 23 Ministerios de Educación de la región, buscando detectar los espacios exclusivamente dedicados a la enseñanza en el contexto de la pandemia, para así conocer las estrategias que implementaron, pero principalmente verificar las alianzas establecidas con empresas, fundaciones, ONGs y otros actores privados.
El 21% de los países revisados desarrollaron plataformas de aprendizaje durante la pandemia, es decir que generaron servicios interactivos en línea que proveen a las y los docentes, estudiantes, madres y padres de información, herramientas, recursos y un espacio virtual para impartir clases. Todos los demás generaron al menos espacios con recursos digitales, que pueden ser documentos, juegos y libros en línea para complementar la tarea educativa. Estos recursos muchas veces están organizados por grado y materia, pero no existe un espacio para el encuentro con el o la docente.
En el 56%, figuran explícitamente espacios promovidos por Alphabet Inc, principalmente Google, Google Classroom y Microsoft. En el 91% de las páginas web de Ministerios, se encuentran espacios que vinculan directamente a canales televisivos y radios, tanto privadas como estatales. En el 71% de las páginas, figuran explícitamente empresas, fundaciones u ONGs.
56% de las plataformas son promovidas por proveedores comerciales de tecnologías de la educación y las organizaciones que los apoyan: Alphabet Inc, principalmente Google, Google Classroom y Microsoft.
En el 71% de las páginas web de Ministerios, se encuentran espacios que vinculan directamente a canales televisivos y radios de empresas, fundaciones u ONGs.
En las plataformas, el 20% del contenido es de origen público y privado o exclusivamente privado, donde incluso el acceso a ciertos documentos y programas está arancelado.
De los 23 países analizados, 55% facilitan algunas aplicaciones, servicios, plataformas y paquetes mediante Youtube, 22% por Microsoft Office 365, 11% por Teams, 6% por Google Classroom y 6% aplicaciones para Android.
El paso a la virtualidad claramente favoreció el posicionamiento de empresas de venta de servicios educativos a distancia que ya venían operando o que rápidamente se adaptaron a esta situación. Favoreció también a otras empresas que no son específicamente educativas, pero que ofrecen herramientas y tecnologías que se volvieron muy necesarias en el ámbito educativo.
(...) la virtualidad como nueva realidad requiere soberanía digital de los Estados, el uso de las tecnologías en los procesos educativos y la demanda de conectividad para todos y todas; es necesario, en este contexto, desnaturalizar los atributos positivos de la privatización y sus estrategias
La “nueva normalidad”: respuestas insuficientes de los Estados y nuevas demandas desde la sociedad
Debido a la pandemia, se tuvo que elaborar en muy poco tiempo programas específicos de televisión, programas de capacitación para docentes, programas para niños, niñas y adolescentes. La sociedad demanda respuestas del Estado, demanda la resolución de los problemas y encontró al Estado poco preparado en términos de formación del personal, infraestructura y medios, fenómeno este que es parte de un proceso de debilitamiento de lo público por el desfinanciamiento de la educación. Los Estados dejaron de invertir en investigación y producción tecnológica, de manera que la inversión, la investigación y el desarrollo de lo tecnológico están en manos de instancias privadas. Al no estar preparados para este paso a la virtualidad, los Estados generaron alianzas con grandes compañías.
En un contexto de pandemia y virtualidad, las grandes corporaciones tecnológicas multinacionales han visto disparada la demanda de sus productos y servicios debido a su capacidad para ofrecer soluciones a escala internacional, con gran rapidez. Estas empresas, respaldadas por organizaciones multilaterales con influencia política y estamentos gubernamentales nacionales, han integrado a estudiantes, docentes y escuelas en sus plataformas educativas en línea y sus sistemas en la nube, aumentando las posibilidades de que las institucionales educativas públicas dependan a largo plazo de la infraestructura tecnológica privada. Es así que, además de ganar millones, también captan a millones de usuarios y potenciales clientes, rompiendo resistencias antiguas hacia el sector privado.
En este contexto la sociedad civil puede generar diversas alertas: la virtualidad como nueva realidad requiere soberanía digital de los Estados, el uso de las tecnologías en los procesos educativos y la demanda de conectividad para todos y todas; es necesario, en este contexto, desnaturalizar los atributos positivos de la privatización y sus estrategias; la situación nos plantea concientizar y problematizar a la comunidad educativa sobre lo que implica la privatización de la educación; la sociedad deberá estar activa y vigilante frente a los acuerdos privatizadores.
Pese a todo el panorama negativo, esta crisis ha estimulado también positivamente grandes e importantes reflexiones y debates en torno a la urgencia de modificar la manera en que “se hace educación”, y cuestionar la presencialidad y la no presencialidad es una tarea que deben impulsar los Estados, los educadores, las educadoras, los académicos, las académicas, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. También nos invita a reconocer que existe un retraso en las políticas públicas en lo que hace a las nuevas tecnologías. El Estado debe ser capaz de crear plataformas de código abierto, de generar espacios virtuales de formación docente y materiales educativos y propuestas formativas, entre otras alternativas.
">Tendencias de privatización y nuevos negocios educativos en tiempos de pandemia
8 de julio de 2021
Teresa Arteaga
Teresa Arteaga fue la responsable por la investigación y textos del documento “Privatización y comercialización de la educación en América Latina y el Caribe: aproximación y alertas en tiempos de pandemia”, lanzado en abril de 2021 por la CLADE.
La pandemia ha forzado un giro hacia la “formación en línea” y la “enseñanza a distancia de emergencia”, lo que ha convertido a las tecnologías en un componente fundamental de la educación. Desde los primeros meses de la pandemia COVID-19, se evidenció, en las respuestas por parte de los sistemas educativos, la presencia de proveedores comerciales de tecnologías de la educación y las organizaciones que los apoyan, quienes han formado poderosas redes y coaliciones para dar protagonismo a sus productos, y animar a escuelas, docentes, padres y madres a usarlos.
Estas coaliciones ilustran la aparición de nuevos tipos de colaboraciones público-privadas y de redes políticas relacionadas con la expansión de las tecnologías de la educación, así como el aumento de la importancia del sector privado en la regulación y la prestación de servicios educativos.
Si bien la tragedia mundial que dispara la pandemia ocupa el foco, detrás están quienes aprovechan las crisis para hacer negocios y multiplicar sus ganancias. Para Naomi Klein, el “capitalismo de desastre” es la forma en que las industrias privadas surgen para beneficiarse directamente de las crisis. La “doctrina del shock” es la estrategia política de utilizar estas crisis para impulsar políticas que sistemáticamente profundizan la desigualdad, enriquecen a las élites y debilitan a todos los demás. Durante el “shock” que supone lidiar con la crisis, el sector privado suele dar un paso al frente con “soluciones” de mercado calculadas y gratuitas para resolver “problemas” públicos aparentemente irresolubles.
En este escenario, los países latinoamericanos y caribeños constituyen un apetecible mercado para las compañías locales, nacionales y transnacionales de educación. Por ello las presiones para liberar la economía en este rubro se ejercen a nivel internacional, con el objetivo de liberar el comercio internacional de los servicios educativos. Entonces, no se puede negar que las tendencias privatizadoras previas a la pandemia son diversas y van desde procesos estructurales que afectan el rol del Estado, hasta iniciativas privatizadoras incipientes pero insistentes.
Políticas educativas en el contexto de pandemia: espacio lucrativo para grandes empresas
En el proceso de elaboración del documento “Privatización y comercialización de la educación en América Latina y el Caribe: aproximación y alertas en tiempos de pandemia”, visitamos las páginas web de 23 Ministerios de Educación de la región, buscando detectar los espacios exclusivamente dedicados a la enseñanza en el contexto de la pandemia, para así conocer las estrategias que implementaron, pero principalmente verificar las alianzas establecidas con empresas, fundaciones, ONGs y otros actores privados.
El 21% de los países revisados desarrollaron plataformas de aprendizaje durante la pandemia, es decir que generaron servicios interactivos en línea que proveen a las y los docentes, estudiantes, madres y padres de información, herramientas, recursos y un espacio virtual para impartir clases. Todos los demás generaron al menos espacios con recursos digitales, que pueden ser documentos, juegos y libros en línea para complementar la tarea educativa. Estos recursos muchas veces están organizados por grado y materia, pero no existe un espacio para el encuentro con el o la docente.
En el 56%, figuran explícitamente espacios promovidos por Alphabet Inc, principalmente Google, Google Classroom y Microsoft. En el 91% de las páginas web de Ministerios, se encuentran espacios que vinculan directamente a canales televisivos y radios, tanto privadas como estatales. En el 71% de las páginas, figuran explícitamente empresas, fundaciones u ONGs.
56% de las plataformas son promovidas por proveedores comerciales de tecnologías de la educación y las organizaciones que los apoyan: Alphabet Inc, principalmente Google, Google Classroom y Microsoft.
En el 71% de las páginas web de Ministerios, se encuentran espacios que vinculan directamente a canales televisivos y radios de empresas, fundaciones u ONGs.
En las plataformas, el 20% del contenido es de origen público y privado o exclusivamente privado, donde incluso el acceso a ciertos documentos y programas está arancelado.
De los 23 países analizados, 55% facilitan algunas aplicaciones, servicios, plataformas y paquetes mediante Youtube, 22% por Microsoft Office 365, 11% por Teams, 6% por Google Classroom y 6% aplicaciones para Android.
El paso a la virtualidad claramente favoreció el posicionamiento de empresas de venta de servicios educativos a distancia que ya venían operando o que rápidamente se adaptaron a esta situación. Favoreció también a otras empresas que no son específicamente educativas, pero que ofrecen herramientas y tecnologías que se volvieron muy necesarias en el ámbito educativo.
La “nueva normalidad”: respuestas insuficientes de los Estados y nuevas demandas desde la sociedad
Debido a la pandemia, se tuvo que elaborar en muy poco tiempo programas específicos de televisión, programas de capacitación para docentes, programas para niños, niñas y adolescentes. La sociedad demanda respuestas del Estado, demanda la resolución de los problemas y encontró al Estado poco preparado en términos de formación del personal, infraestructura y medios, fenómeno este que es parte de un proceso de debilitamiento de lo público por el desfinanciamiento de la educación. Los Estados dejaron de invertir en investigación y producción tecnológica, de manera que la inversión, la investigación y el desarrollo de lo tecnológico están en manos de instancias privadas. Al no estar preparados para este paso a la virtualidad, los Estados generaron alianzas con grandes compañías.
En un contexto de pandemia y virtualidad, las grandes corporaciones tecnológicas multinacionales han visto disparada la demanda de sus productos y servicios debido a su capacidad para ofrecer soluciones a escala internacional, con gran rapidez. Estas empresas, respaldadas por organizaciones multilaterales con influencia política y estamentos gubernamentales nacionales, han integrado a estudiantes, docentes y escuelas en sus plataformas educativas en línea y sus sistemas en la nube, aumentando las posibilidades de que las institucionales educativas públicas dependan a largo plazo de la infraestructura tecnológica privada. Es así que, además de ganar millones, también captan a millones de usuarios y potenciales clientes, rompiendo resistencias antiguas hacia el sector privado.
En este contexto la sociedad civil puede generar diversas alertas: la virtualidad como nueva realidad requiere soberanía digital de los Estados, el uso de las tecnologías en los procesos educativos y la demanda de conectividad para todos y todas; es necesario, en este contexto, desnaturalizar los atributos positivos de la privatización y sus estrategias; la situación nos plantea concientizar y problematizar a la comunidad educativa sobre lo que implica la privatización de la educación; la sociedad deberá estar activa y vigilante frente a los acuerdos privatizadores.
Pese a todo el panorama negativo, esta crisis ha estimulado también positivamente grandes e importantes reflexiones y debates en torno a la urgencia de modificar la manera en que “se hace educación”, y cuestionar la presencialidad y la no presencialidad es una tarea que deben impulsar los Estados, los educadores, las educadoras, los académicos, las académicas, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. También nos invita a reconocer que existe un retraso en las políticas públicas en lo que hace a las nuevas tecnologías. El Estado debe ser capaz de crear plataformas de código abierto, de generar espacios virtuales de formación docente y materiales educativos y propuestas formativas, entre otras alternativas.
Sistematización de Experiencias de Atención y Educación en la Primera Infancia en América Latina y el Caribe en el Marco de la Emergencia Causada por la Pandemia del COVID-19
29 de junio de 2021Esta sistematización presenta experiencias claves de América Latina y el Caribe que constituyen buenas prácticas de la Atención y Educación Integral a la Primera Infancia (AEPI) y permiten abrir líneas de trabajo y de política pública útiles para el actual momento y para la post pandemia.
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- Diagnóstico Derecho a la Educacion - Magaly Robalino Campos, Patricia Andrade Pacora y Daniel Larrea *English version here
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Presentaciones en la Conferencia CIES
19 de mayo de 2021En el marco de la SAME, la CLADE organizó y participó en paneles de la Conferencia Anual de la Sociedad Educativa Comparada e Internacional (CIES, por su acrónimo en inglés), que fue realizada del 25 de abril al 2 de mayo.
Con el lema “Responsabilidad social en contextos de transformación”, la conferencia reunió especialistas de todo el mundo para analizar cuestiones relacionadas a “¿cómo están cambiando nuestras visiones y agendas? ¿Cómo influye esto en nuestras acciones en materia de políticas, planificación y práctica? ¿Cómo interactúa la responsabilidad social de entidades, gobiernos, organizaciones, comunidades e investigadores, con estos contextos cambiantes, la creciente variedad de actores y las visiones y enfoques cambiantes de la educación a nivel mundial y local?”, entre otras.
Durante la Conferencia, la CLADE realizó paneles con énfasis en los temas: criminalización contra las comunidades educativas en América Latina y el Caribe; y el estado del derecho humano a la educación en la región frente a la pandemia COVID-19.
En el panel “Criminalización y violación de derechos humanos de estudiantes en América Latina y el Caribe”, realizado el 27 de abril, se enfocó la situación de esta problemática en Chile. Así mismo, se comentaron hallazgos del informe regional, realizado por la CLADE, “Criminalización y violación a los Derechos Humanos de Estudiantes en América Latina y el Caribe”.
A su vez, el panel “El derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe: desafíos y horizontes en la post-pandemia”, realizado el 29 de abril, contó con la presentación de Fernanda Saforcada, destacando algunos aspectos del informe “El derecho a la educación en América Latina y el Caribe – De la garantía del derecho al cumplimiento del ODS 4 en el siglo XXI: políticas, sentidos y disputas”. También participó Magaly Robalino, quien en la ocasión abordó la situación del derecho humano a la educación durante el estado de emergencia a causa de la pandemia por COVID-19 en los países de América Latina y el Caribe, en base a un diagnóstico realizado por la investigadora para el período marzo a octubre de 2020.
Mira sus ponencias a continuación.
- Diagnóstico Derecho a la Educacion – Magaly Robalino Campos, Patricia Andrade Pacora y Daniel Larrea
*English version here
Privatización educativa: publicaciones lanzadas
El lucro en la legislación sobre educación en América Latina y el Caribe
La publicación resulta de una investigación con el propósito de evidenciar si y en qué grado los marcos legales de la región permiten el lucro en la educación en su etapa obligatoria.
> Presentation about the document in English (by Teise Garcia)
Banco Interamericano de Desarrollo: lineamientos para educación y proyectos financiados en América Latina y el Caribe
Esta investigación analiza los lineamientos para la educación por parte de organismos internacionales entendidos como clave en las tendencias privatizadoras.
Banco Mundial: lineamientos para educación y proyectos financiados en América Latina y el Caribe
Este estudio observa los proyectos financiados por el Banco Mundial en América Latina y el Caribe y presenta la actuación del banco en las reformas educativas de la región.
> Presentations about the two documentos are available in English here (by Erika Moreira)
Privatización y comercialización de la educación en América Latina y el Caribe: aproximación y alertas en tiempos de pandemia
Este documento analiza la situación del derecho a la educación en el contexto de COVID-19, y las tendencias privatizadoras y de comercialización de la educación frente a la pandemia.
> Presentation about the document in English (by Teresa Arteaga)
Guía orienta la atención educativa en el contexto de pandemia en América Latina y el Caribe
El escenario regional determinado por la crisis epidemiológica provocada por el COVID-19 impone un mayor compromiso ante los múltiples riesgos que supone este contexto que ha determinado, no solo el surgimiento de nuevos desafíos y limitaciones, sino también que los ya existentes se hayan agravado como la profundización de las desigualdades y discriminación, el incremento de situaciones de abuso, violencia sexual y de género, el trabajo infantil, las vulnerabilidades en cuanto a seguridad alimentaria, la brecha digital y tecnológica y el avanzo de la privatización educativa.
Por ello y para que el derecho humano a la educación sea garantizado en este contexto, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanza la “Guía Protección del Derecho Humano a la Educación: Recomendaciones hacia la reapertura de centros educativos y reinicio de ciclos 2021”.
El presente documento contiene 32 recomendaciones y orientaciones para la atención educativa y la garantía del derecho a la educación en el contexto de pandemia y la adopción de medidas específicas, oportunas y adecuadas ante el inicio (reapertura) de los ciclos educativos, instando a que las mismas sean adoptadas de conformidad con el pleno respeto a los derechos humanos, así como con la obligación de brindar un acceso efectivo cualquiera sea la modalidad que se adopte: presencial, semipresencial, remota, combinada, a distancia.
Para el proceso de formulación de las recomendaciones, han sido consultados los siguientes documentos: la Guía de las Guías COVID-19, de la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación; la publicación ¿Cómo garantizar el acceso al derecho a la educación para niñas, niños y adolescentes durante la pandemia de COVID-19?, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); los Protocolos y orientaciones para la reapertura de escuelas en países de América Latina y el Caribe, de Unicef, y el informe Reabrir las escuelas en América Latina y el Caribe: claves, desafíos y dilemas para planificar el retorno seguro a las clases presenciales, de Unesco.
“El año 2020, marcado por el cierre masivo de los establecimientos educativos en todos los niveles de educación, en primera instancia, y luego la implementación, por parte de muchos países, de medidas de reapertura (totales o parciales), con estrategias de reintegro de estudiantes y de continuidad del año educativo (ya sea en forma presencial o virtual), aun tratando de responder de la mejor manera posible a las circunstancias, ha provocado impactos profundos sobre los derechos educativos de niñas, niños, adolescentes, personas jóvenes y adultas. Ante el inicio de un nuevo ciclo educativo en la región, con el presente documento de recomendaciones, la CLADE se propone abogar y contribuir a un retorno seguro y gradual”, se afirma en el documento.
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Actividad parlamentária y la adopción de leyes generales de carácter urgente
Más allá de las particularidades identificadas a nivel nacional y/o desde la mirada por subregiones, el documento da cuenta de la preponderancia de una actividad parlamentaria supeditada a la adopción de leyes generales de carácter urgente (bajo iniciativa del poder ejecutivo), centradas en la declaración de la emergencia sanitaria, así como una marcada tendencia hacia la adopción de medidas legislativas de impulso fiscal y protección a la economía real. No se encuentra evidencia clara de que los parlamentos hayan integrado la protección del derecho humano a la educación como un factor decisivo en la gestión de la crisis provocada por el COVID-19, ni hacia un mayor compromiso de fortalecimiento de los sistemas de educación, ni leyes específicas que se hayan ocupado de dicho fortalecimiento integrando, en específico, el contexto COVID-19 y el manejo de los procesos de recuperación pospandemia.Avance de una agenda prioritaria
Estas primeras exploraciones permiten afirmar la relevancia de un mayor liderazgo de los parlamentos en la protección del derecho humano a la educación. Se impone la urgencia de avanzar en una agenda prioritaria determinada por el contexto de pandemia y orientada a garantizar plenamente la educación y el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos, incluyendo los aspectos presupuestarios. Supone también la urgencia de considerar el abordaje del incremento de la desigualdad, la discriminación, la violencia, los particulares impactos desde la perspectiva de género, y otras brechas preexistentes agudizadas por el cierre de los establecimientos educativos, y los profundos impactos que ello representa en los proyectos de vida de niñas, niños y adolescentes. Una especial priorización al tratamiento de los derechos digitales e igualdad de acceso, esencial para el cumplimiento del derecho a la educación en un escenario en el que prima el confinamiento y la educación a distancia. También el fortalecimiento del rol fiscalizador de los parlamentos para asegurar la debida protección y evitar la adopción de medidas o proyectos que implican una regresión.Más sobre la publicación
Invitamos a leer la publicación que además abarca elementos del contexto regional y mundial, del panorama económico y social, así como el debate, participación y movilización social por la defensa del derecho a la educación en el contexto de pandemia y las reivindicaciones claras y firmemente planteadas en torno no solo al derecho a la educación¹; y que también nos invita a reflexionar sobre el necesario e inminente rol estratégico de la educación en la fase de recuperación y la gestión integral de los impactos del contexto COVID 19.¹ Entre otras, la necesidad de asegurar políticas sociales progresivas con estrategias de protección social y seguridad alimentaria; la importancia de la salud psíquica y del rol de la educación en la cohesión social; la necesidad de invertir más y con mayor calidad y del rol de fiscalización de los parlamentos para asegurarlo; la incorporación de la educación para la primera infancia como estrategia prioritaria; el aseguramiento de los sistemas públicos educativos e incluso la ampliación de sus coberturas con modalidades pedagógicas diversas; la agenda pendiente con el cierre de brechas educativas con los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendiente; la agenda de género en la educación pendiente y profundizada por las violencias y las prácticas nocivas naturalizadas.">
Documento exploratorio respecto a la actividad parlamentaria en el contexto COVID-19
En un contexto marcado por la crisis sanitaria regional y global, en el marco de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, se consideró fundamental realizar una aproximación a la actividad parlamentaria, de forma de poder identificar más directamente el tratamiento y respuestas que desde los ámbitos legislativos se estaba dando a la educación.
El presente documento es el resultado de esta exploración, la que se llevó a cabo durante el año 2020 y abarcó el análisis de la actividad parlamentaria de 17 países de la región.
En términos generales, luego de la exploración de 17 sitios oficiales parlamentarios y más de 15 fuentes temáticas documentales, y para el período temporal en que se situó el estudio, es posible afirmar que no se evidencia un desarrollo normativo específico y focalizado en la protección del derecho humano a la educación.
Actividad parlamentária y la adopción de leyes generales de carácter urgente
Más allá de las particularidades identificadas a nivel nacional y/o desde la mirada por subregiones, el documento da cuenta de la preponderancia de una actividad parlamentaria supeditada a la adopción de leyes generales de carácter urgente (bajo iniciativa del poder ejecutivo), centradas en la declaración de la emergencia sanitaria, así como una marcada tendencia hacia la adopción de medidas legislativas de impulso fiscal y protección a la economía real. No se encuentra evidencia clara de que los parlamentos hayan integrado la protección del derecho humano a la educación como un factor decisivo en la gestión de la crisis provocada por el COVID-19, ni hacia un mayor compromiso de fortalecimiento de los sistemas de educación, ni leyes específicas que se hayan ocupado de dicho fortalecimiento integrando, en específico, el contexto COVID-19 y el manejo de los procesos de recuperación pospandemia.
Avance de una agenda prioritaria
Estas primeras exploraciones permiten afirmar la relevancia de un mayor liderazgo de los parlamentos en la protección del derecho humano a la educación. Se impone la urgencia de avanzar en una agenda prioritaria determinada por el contexto de pandemia y orientada a garantizar plenamente la educación y el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos, incluyendo los aspectos presupuestarios.
Supone también la urgencia de considerar el abordaje del incremento de la desigualdad, la discriminación, la violencia, los particulares impactos desde la perspectiva de género, y otras brechas preexistentes agudizadas por el cierre de los establecimientos educativos, y los profundos impactos que ello representa en los proyectos de vida de niñas, niños y adolescentes. Una especial priorización al tratamiento de los derechos digitales e igualdad de acceso, esencial para el cumplimiento del derecho a la educación en un escenario en el que prima el confinamiento y la educación a distancia. También el fortalecimiento del rol fiscalizador de los parlamentos para asegurar la debida protección y evitar la adopción de medidas o proyectos que implican una regresión.
Más sobre la publicación
Invitamos a leer la publicación que además abarca elementos del contexto regional y mundial, del panorama económico y social, así como el debate, participación y movilización social por la defensa del derecho a la educación en el contexto de pandemia y las reivindicaciones claras y firmemente planteadas en torno no solo al derecho a la educación¹; y que también nos invita a reflexionar sobre el necesario e inminente rol estratégico de la educación en la fase de recuperación y la gestión integral de los impactos del contexto COVID 19.
¹ Entre otras, la necesidad de asegurar políticas sociales progresivas con estrategias de protección social y seguridad alimentaria; la importancia de la salud psíquica y del rol de la educación en la cohesión social; la necesidad de invertir más y con mayor calidad y del rol de fiscalización de los parlamentos para asegurarlo; la incorporación de la educación para la primera infancia como estrategia prioritaria; el aseguramiento de los sistemas públicos educativos e incluso la ampliación de sus coberturas con modalidades pedagógicas diversas; la agenda pendiente con el cierre de brechas educativas con los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendiente; la agenda de género en la educación pendiente y profundizada por las violencias y las prácticas nocivas naturalizadas.
En un contexto marcado por la crisis sanitaria regional y global, en el marco de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, se consideró fundamental realizar una aproximación a la actividad parlamentaria, de forma de poder identificar más directamente el tratamiento y respuestas que desde los ámbitos legislativos se estaba dando a la educación.
El presente documento es el resultado de esta exploración, la que se llevó a cabo durante el año 2020 y abarcó el análisis de la actividad parlamentaria de 17 países de la región.
En términos generales, luego de la exploración de 17 sitios oficiales parlamentarios y más de 15 fuentes temáticas documentales, y para el período temporal en que se situó el estudio, es posible afirmar que no se evidencia un desarrollo normativo específico y focalizado en la protección del derecho humano a la educación.
Actividad parlamentária y la adopción de leyes generales de carácter urgente
Más allá de las particularidades identificadas a nivel nacional y/o desde la mirada por subregiones, el documento da cuenta de la preponderancia de una actividad parlamentaria supeditada a la adopción de leyes generales de carácter urgente (bajo iniciativa del poder ejecutivo), centradas en la declaración de la emergencia sanitaria, así como una marcada tendencia hacia la adopción de medidas legislativas de impulso fiscal y protección a la economía real. No se encuentra evidencia clara de que los parlamentos hayan integrado la protección del derecho humano a la educación como un factor decisivo en la gestión de la crisis provocada por el COVID-19, ni hacia un mayor compromiso de fortalecimiento de los sistemas de educación, ni leyes específicas que se hayan ocupado de dicho fortalecimiento integrando, en específico, el contexto COVID-19 y el manejo de los procesos de recuperación pospandemia.Avance de una agenda prioritaria
Estas primeras exploraciones permiten afirmar la relevancia de un mayor liderazgo de los parlamentos en la protección del derecho humano a la educación. Se impone la urgencia de avanzar en una agenda prioritaria determinada por el contexto de pandemia y orientada a garantizar plenamente la educación y el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos, incluyendo los aspectos presupuestarios. Supone también la urgencia de considerar el abordaje del incremento de la desigualdad, la discriminación, la violencia, los particulares impactos desde la perspectiva de género, y otras brechas preexistentes agudizadas por el cierre de los establecimientos educativos, y los profundos impactos que ello representa en los proyectos de vida de niñas, niños y adolescentes. Una especial priorización al tratamiento de los derechos digitales e igualdad de acceso, esencial para el cumplimiento del derecho a la educación en un escenario en el que prima el confinamiento y la educación a distancia. También el fortalecimiento del rol fiscalizador de los parlamentos para asegurar la debida protección y evitar la adopción de medidas o proyectos que implican una regresión.Más sobre la publicación
Invitamos a leer la publicación que además abarca elementos del contexto regional y mundial, del panorama económico y social, así como el debate, participación y movilización social por la defensa del derecho a la educación en el contexto de pandemia y las reivindicaciones claras y firmemente planteadas en torno no solo al derecho a la educación¹; y que también nos invita a reflexionar sobre el necesario e inminente rol estratégico de la educación en la fase de recuperación y la gestión integral de los impactos del contexto COVID 19.¹ Entre otras, la necesidad de asegurar políticas sociales progresivas con estrategias de protección social y seguridad alimentaria; la importancia de la salud psíquica y del rol de la educación en la cohesión social; la necesidad de invertir más y con mayor calidad y del rol de fiscalización de los parlamentos para asegurarlo; la incorporación de la educación para la primera infancia como estrategia prioritaria; el aseguramiento de los sistemas públicos educativos e incluso la ampliación de sus coberturas con modalidades pedagógicas diversas; la agenda pendiente con el cierre de brechas educativas con los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendiente; la agenda de género en la educación pendiente y profundizada por las violencias y las prácticas nocivas naturalizadas.">
Educación y pandemia: CLADE lanza documento exploratorio respecto a la actividad parlamentaria
11 de mayo de 2021
En un contexto marcado por la crisis sanitaria regional y global, en el marco de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, se consideró fundamental realizar una aproximación a la actividad parlamentaria, de forma de poder identificar más directamente el tratamiento y respuestas que desde los ámbitos legislativos se estaba dando a la educación.
El presente documento es el resultado de esta exploración, la que se llevó a cabo durante el año 2020 y abarcó el análisis de la actividad parlamentaria de 17 países de la región.
En términos generales, luego de la exploración de 17 sitios oficiales parlamentarios y más de 15 fuentes temáticas documentales, y para el período temporal en que se situó el estudio, es posible afirmar que no se evidencia un desarrollo normativo específico y focalizado en la protección del derecho humano a la educación.
Actividad parlamentária y la adopción de leyes generales de carácter urgente
Más allá de las particularidades identificadas a nivel nacional y/o desde la mirada por subregiones, el documento da cuenta de la preponderancia de una actividad parlamentaria supeditada a la adopción de leyes generales de carácter urgente (bajo iniciativa del poder ejecutivo), centradas en la declaración de la emergencia sanitaria, así como una marcada tendencia hacia la adopción de medidas legislativas de impulso fiscal y protección a la economía real. No se encuentra evidencia clara de que los parlamentos hayan integrado la protección del derecho humano a la educación como un factor decisivo en la gestión de la crisis provocada por el COVID-19, ni hacia un mayor compromiso de fortalecimiento de los sistemas de educación, ni leyes específicas que se hayan ocupado de dicho fortalecimiento integrando, en específico, el contexto COVID-19 y el manejo de los procesos de recuperación pospandemia.
Avance de una agenda prioritaria
Estas primeras exploraciones permiten afirmar la relevancia de un mayor liderazgo de los parlamentos en la protección del derecho humano a la educación. Se impone la urgencia de avanzar en una agenda prioritaria determinada por el contexto de pandemia y orientada a garantizar plenamente la educación y el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos, incluyendo los aspectos presupuestarios.
Supone también la urgencia de considerar el abordaje del incremento de la desigualdad, la discriminación, la violencia, los particulares impactos desde la perspectiva de género, y otras brechas preexistentes agudizadas por el cierre de los establecimientos educativos, y los profundos impactos que ello representa en los proyectos de vida de niñas, niños y adolescentes. Una especial priorización al tratamiento de los derechos digitales e igualdad de acceso, esencial para el cumplimiento del derecho a la educación en un escenario en el que prima el confinamiento y la educación a distancia. También el fortalecimiento del rol fiscalizador de los parlamentos para asegurar la debida protección y evitar la adopción de medidas o proyectos que implican una regresión.
Más sobre la publicación
Invitamos a leer la publicación que además abarca elementos del contexto regional y mundial, del panorama económico y social, así como el debate, participación y movilización social por la defensa del derecho a la educación en el contexto de pandemia y las reivindicaciones claras y firmemente planteadas en torno no solo al derecho a la educación¹; y que también nos invita a reflexionar sobre el necesario e inminente rol estratégico de la educación en la fase de recuperación y la gestión integral de los impactos del contexto COVID 19.
¹ Entre otras, la necesidad de asegurar políticas sociales progresivas con estrategias de protección social y seguridad alimentaria; la importancia de la salud psíquica y del rol de la educación en la cohesión social; la necesidad de invertir más y con mayor calidad y del rol de fiscalización de los parlamentos para asegurarlo; la incorporación de la educación para la primera infancia como estrategia prioritaria; el aseguramiento de los sistemas públicos educativos e incluso la ampliación de sus coberturas con modalidades pedagógicas diversas; la agenda pendiente con el cierre de brechas educativas con los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendiente; la agenda de género en la educación pendiente y profundizada por las violencias y las prácticas nocivas naturalizadas.
