CRIMINALIZACIÓN Y VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE ESTUDIANTES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Reflexiones a partir de los casos de estudiantes secundarios y universitarios en Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras

En los últimos años, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) viene expresando su preocupación ante la respuesta negativa de muchos Estados a los reclamos y demandas de estudiantes y docentes por mayor participación en el debate público y en la toma de decisiones sobre las políticas educativas. Existe un progresivo cierre del diálogo entre el Estado y los sujetos de la comunidad educativa en diversos países y, más que eso, una creciente criminalización de esos sujetos en contextos de protestas sociales.

Es en este escenario que este Informe Regional es dedicado a la situación de las y los estudiantes en América Latina y el Caribe como protagonistas de la defensa del derecho a la educación y de otros derechos humanos. Sobran ejemplos en los últimos años de situaciones de criminalización, represión policial, persecución política, uso de armas letales, allanamientos, detenciones arbitrarias, judicialización, entre otras, a estudiantes de distintos países de la región. A su vez, se advierte una serie de instrumentos normativos que han entrado en vigor en los últimos años en América Latina y el Caribe (leyes, decretos, protocolos y reformas a la normativa penal con la creación de nuevas figuras penales), así como el incremento de políticas y prácticas gubernamentales que se convierten en instrumentos para marginalizar las posturas críticas, desalentar el ejercicio de las libertades democráticas e incrementar los controles punitivos. Todo esto contrariando múltiples tratados internacionales que aseguran los derechos humanos como deber irrestricto a ser resguardado por los Estados.

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La CLADE, en conjunto con miembros de su red y otras organizaciones, se ha pronunciado y ha instado a las autoridades locales, regionales e internacionales, al cese inmediato ante situaciones constatadas de represión a la protesta pacífica y otras violaciones a los derechos humanos, como en el caso de la militarización de las escuelas en Brasil, la situación de represión y criminalización de la protesta estudiantil en Honduras, la acción represiva contra integrantes del magisterio y adherentes, así como la desaparición de estudiantes en México, cierre de sindicatos de maestros y organizaciones de defensa de derechos humanos y estudiantiles, acusación de estudiantes en Nicaragua por terrorismo, prisión sin las garantías del debido proceso y derecho a la defensa., entre otros.

Todo lo anterior ha permitido identificar que existen desafíos comunes a toda la región, y que tales hechos forman parte de un contexto más amplio de regresión y restricción de la protesta social y de debilitamiento de la democracia. Actualmente, muchas de estas vulneraciones no son sistemáticamente recolectadas; numerosos casos de violaciones de derechos humanos ocurridos contra estudiantes se mantienen indocumentados, no son objeto de investigación ni actuación de la justicia. En otros casos, las vulneraciones a los derechos humanos ocurren precisamente en las etapas de investigación y en órbita de la justicia.

En el año 2018, CLADE y el Fondo de Asistencia Internacional de Estudiantes y Académicos Noruegos (Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund -SAIH) firmaron un acuerdo de cooperación con el objetivo de profundizar el estudio de este fenómeno y desarrollar una serie de acciones, entre ellas una recopilación y análisis de situaciones,  con miras a ampliar el conocimiento, la visibilidad y la justiciabilidad de las violaciones de derechos humanos ocurridas contra estudiantes de América Latina y el Caribe.

En este esfuerzo conjunto se enmarca el presente documento, que pretende aportar a la identificación de cómo se manifiesta la criminalización y violación de los derechos humanos de estudiantes en América Latina y el Caribe, inicialmente a partir de la mirada y escucha de actores estudiantiles (universitarios y secundarios), defensores y defensoras de derechos humanos, en cuatro países en la región: Colombia, Chile, Honduras y Nicaragua. Además de conocer mejor las diversas expresiones y dimensiones de este fenómeno, el Informe ofrece como aporte una matriz analítica que puede ser usada para documentar casos e identificar abusos. Su versión en línea permitirá, asimismo, que las y los estudiantes puedan ampliar la información a partir de casos que hayan experimentado o conocido, de manera que el conocimiento sobre el panorama regional pueda seguir ampliándose. Por su parte, los casos identificados también serán documentados a través de la iniciativa global Students' Rights' Monitor desarrollada por la SAIH,  que busca apoyar a estudiantes en su esfuerzo por una educación superior de calidad, libertad académica y protección de sus derechos humanos.

A partir del análisis inicial de casos recientes ocurridos en los mencionados países, escuchando a los mismos estudiantes además de organizaciones y actores sociales que acompañan de cerca la situación, el documento ofrece una serie de recomendaciones y un llamado a la acción urgente por parte de los Estados para la superación de todas las formas de violación de los derechos humanos de estudiantes y por la puesta en marcha de espacios que efectivamente promuevan el diálogo y la resolución no violenta de conflictos.

Buena lectura.

Introducción

Desde hace varios años el tema de la situación de defensoras y defensores de los derechos humanos se ha instalado como una grave preocupación a nivel regional, habiéndose incrementado significativamente debido a un contexto de “creciente sofisticación de las acciones dirigidas a impedir, obstaculizar, o desmotivar la labor de defensa y promoción de los derechos humanos” (CIDH, 2015). En el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya en el año 2001 se implementó una Unidad Temática específica encargada de dar seguimiento a la situación de quienes defienden los derechos humanos en toda la región, la cual, en virtud de la trascendencia del fenómeno, se instituyó desde el 2011 como la Relatoría sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos[1].

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), así como diversas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el campo de los derechos humanos, también advierten por las preocupantes tendencias regionales orientadas a la represión y restricción de las reivindicaciones ciudadanas, el derecho a manifestarse pacíficamente y a la protesta social, dándose por parte del Estado una respuesta indebida y contraria al marco de los derechos humanos, tales como el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas e incluso ejecuciones sumarias o extrajudiciales, promulgación de leyes que limitan el ejercicio del derecho a manifestarse, sometimiento a procesos judiciales sin las debidas garantías, entre otras. Este escenario ha determinado que la Oficina Regional para América del Sur del ACNUDH, en conjunto con otras instancias de derechos humanos, presentara una recopilación y sistematización de los estándares a nivel internacional, regional y nacional (para Chile) aplicables al ejercicio del derecho a la protesta social de forma que la misma sirva como recordatorio y marco de orientación para la actuación de los Estados ante situaciones de protesta[2]

Es pertinente destacar que las mujeres defensoras de derechos humanos enfrentan riesgos diferenciados y efectos desproporcionados por motivos de género, los que a su vez se exacerban de acuerdo con los derechos que defienden, su orientación sexual e identidad de género, su origen étnico o su ubicación territorial (CIDH, 2019).

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Entre las situaciones ocurridas en los últimos años que más han tenido visibilidad, demandando la intervención de mecanismos internacionales de derechos humanos, se puede mencionar el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en septiembre de 2014 en México (Caso Ayotzinapa) aún no resuelto[3]; el asesinato de Berta Cáceres, reconocida lideresa indígena y defensora de los derechos humanos y del medio ambiente, en marzo de 2016 en Honduras[4];  el asesinato de Marielle Franco, concejala y reconocida defensora de derechos humanos,  en marzo de 2018 en Brasil[5]; el incremento de actos de violencia en contra personas defensoras y líderes sociales involucrados en la defensa e implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia[6], los continuos ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos de las personas LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales) en varios países de la región, entre muchas otras.

Aquellas situaciones que involucran la defensa del derecho humano a la educación propiamente dicho, con excepción de casos puntuales, no han tenido tanta visibilidad, a pesar de tratarse de un fenómeno de trascendencia y dimensiones crecientes, de ahí los esfuerzos que viene realizando CLADE en este sentido. 

Este Informe adopta como punto de partida el concepto de criminalización afirmado por la CIDH: aquellos procesos en los que se llevan adelante “juicios injustos o infundados a personas que de manera legítima reclaman el respeto y protección de los derechos humanos” más precisamente “el inicio y sujeción a investigaciones penales o querellas judiciales sin fundamento con el objeto de amedrentar la labor de defensoras y defensores y generar una paralización de su trabajo en tanto su tiempo, recursos y energías deben dedicarse a su propia defensa”[7]. Con base en las permanentes denuncias y claras evidencias aportadas, este organismo también afirmó que existe un sistemático uso indebido del derecho penal, que afecta la integridad, y trabajo en defensa y promoción de los derechos humanos. En este sentido, define esta práctica como la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales y no estatales con el fin de obstaculizar sus labores de defensa, impidiendo así el ejercicio legítimo de su derecho a defender los derechos[8]

También se ha hecho referencia a estos procesos como la puesta en marcha por parte del Estado, de marcos jurídicos, estrategias y acciones político-judiciales con la intención de dar un tratamiento de ilegítimo e ilegal al ejercicio de ciertos derechos civiles[9], a la defensa promoción y protección de los derechos humanos, con el fin último de agredir a las personas que desempeñan el rol de defensoras de derechos humanos o entorpecer la labor que desarrollan[10].

Es desde estas caracterizaciones de la criminalización en el ámbito de los derechos humanos, que CLADE se aproxima a la temática, teniendo presente también la multiplicidad de otras estrategias y acciones que muchas veces hacen parte del proceso y contribuyen para la construcción de un contexto en el que la misma sea posible. Así, por ejemplo, las acciones de intimidación, hostigamiento, descalificación, estigmatización, difamación, deslegitimación, que como veremos en el caso de la represión al movimiento estudiantil serán centrales. 

Breve caracterización del fenómeno: especificidades de la criminalización de actores de la comunidad educativa

Desde este contexto y marco conceptual, y teniendo como eje central la defensa del derecho humano a la educación[11], es que CLADE se propone dar luz específicamente a la situación de las y los estudiantes y las múltiples violaciones que sufren en el contexto de protestas pacíficas, en particular considerando el progresivo aumento de las movilizaciones en el ámbito de la defensa de la educación pública, las que mayormente obtienen una respuesta estatal que conlleva mecanismos de represión, el uso abusivo de la fuerza, la persecución penal y la criminalización.

En los últimos años, la CLADE ha emprendido diversas estrategias para profundizar en la comprensión, caracterización, visibilización y denuncia de este fenómeno. Entre ellas, monitoreo de procesos, facilitación de diálogo y mediación, elaboración de un dossier sobre la temática[12], intercambio y articulación de estrategias con órganos de protección de derechos humanos y Relatorías Temáticas de Sistema Interamericano y del Sistema Universal, pronunciamientos públicos, intervenciones ante diversas instancias gubernamentales y de derechos humanos, acompañamiento de estudiantes, articulación de estrategias con organizaciones de la sociedad civil del campo del derecho a la educación y del campo de defensa de los derechos humanos.

Este informe corresponde a una nueva etapa, que tiene por objetivo conocer mejor el escenario de Colombia, Chile, Honduras y Nicaragua, países con casos recientes de repercusión mundial, y a partir de ello reflexionar sobre la situación de América Latina y el Caribe, tejiendo recomendaciones. Además de observar cómo se manifiesta la criminalización y violación de los derechos humanos de estudiantes en América Latina y el Caribe, el documento ofrece como aporte una matriz analítica que puede ser usada para documentar casos e identificar abusos, como trataremos más adelante.

En términos generales, las protestas se enmarcan en procesos de oposición a un determinado contexto político, económico y social, con altísimos niveles de desigualdad e imposición de lógicas neoliberales  tales como: la privatización de la oferta de matrículas por instituciones no públicas, la segregación socioeducativa por parte de estudiantes, la  estandarización mediante pruebas, los procesos  de endoprivatización y exoprivatización que sigue la política pública en este ámbito[13]. Se observan, además, en el mismo contexto situaciones de debilitamiento o restricción de los espacios democráticos, procesos de corrupción, ascenso de la extrema derecha, el avance y accionar de los grupos no estatales anti-derechos y algunos grupos religiosos, el ataque a periodistas y medios de comunicación independientes, la explotación del medio ambiente, así como el debilitamiento de la agenda de derechos en general y de la igualdad de género. 

En consonancia con este escenario, entender desde la propia mirada de los actores involucrados, cuáles son las principales demandas y agendas de las y los estudiantes, así como los elementos de la coyuntura regional que afectan de manera directa su derecho a la educación ha sido una de las prioridades de CLADE. Desde diferentes espacios de intervención, articulación y consulta que se han llevado adelante[14], así como desde el acompañamiento de colectivos y movimientos estudiantiles[15], surge que las reivindicaciones en lo que se refiere a la educación son amplias y variadas, destacándose entre ellas: la defensa de una educación pública, gratuita y de calidad, más recursos para la educación pública, el reconocimiento de la diversidad y superación de las múltiples formas de discriminación y violencia presentes en los sistemas educativos, mejores condiciones de acceso a la escuela e infraestructura, el rechazo a la privatización y a la imposición de pruebas estandarizadas y la garantía del derecho a la participación de estudiantes en el debate y definición de las políticas educativas.

Cabe resaltar que las demandas van más allá de la esfera del derecho a la educación, centrándose a su vez en la prioridad de construir una comunidad y un planeta distintos, democráticos, sustentables y pacíficos, basándose en nociones de ciudadanía y sostenibilidad activa, respeto, colaboración, empatía y solidaridad entre todas y todos[16].

Todo ello ha ido llevando a un creciente rol de los actores de la comunidad educativa, primordialmente como defensores del derecho a la educación, y de manera general de la plataforma de derechos humanos más ampliamente, con un marco de reivindicaciones a través de la protesta social. 

Más allá del derecho a la educación, se ha podido apreciar que hay una serie de restricciones, a la libertad de expresión, de opinión, de reunión y de asociación, de circulación, así como al derecho de protesta social. Pero en razón de las particulares implicancias que supone para el ejercicio del derecho a la educación, merece un especial destaque el derecho a la participación. Este derecho se encuentra previsto en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, lo que reafirma la participación como condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia con base en los principios de igualdad, autonomía, gratuidad, respeto a la diversidad y no discriminación[17].

Específicamente en el ámbito de la educación, en lo que concierne a la organización y participación estudiantil, casi todas las leyes de educación de la región incluyen preceptos específicos al respecto[18].  Asimismo, la Agenda de Educación 2030 reconoce la importancia de escuchar y abrir espacios a la juventud, a las y los estudiantes y sus organizaciones, sea a nivel nacional, regional o internacional, puesto que esos actores son “los más indicados para determinar los requisitos para mejorar el aprendizaje como educandos activos y responsables”.

A  su vez el Marco de Acción para la Educación 2030 contempla entre sus estrategias fortalecer la eficiencia y efectividad de las instituciones, el liderazgo escolar y la gobernanza a través de una mayor participación de las comunidades; aspira a un incremento de la democratización del proceso de toma de decisiones, con las voces y prioridades de la ciudadanía;  y alude a la participación de las familias, las comunidades, docentes y educadoras/es y sus organizaciones, estudiantes y organizaciones estudiantiles, organizaciones de la sociedad civil. Se habla de participación institucionalizada y garantizada, y que abarque el desarrollo e implementación de políticas educativas en todos los niveles y en todas sus etapas (planificación, monitoreo y evaluación).

Más allá de los claros abusos perpetrados por agentes públicos, este Informe identificó una serie de dinámicas que contribuyen a la criminalización de las y los estudiantes para legitimar las múltiples violaciones que experimentan sobre todo en el contexto de la lucha por sus derechos. A modo introductorio, se destaca la participación de otros actores, como partidos políticos, grupos religiosos, antiderechos y conservadores de la sociedad civil, así como actores privados y del sector empresarial, que están haciendo foco en los temas educativos y promueven una mirada negativa y estereotipada sobre los defensores del derecho a la educación pública. Centralmente contribuyen a la formación de una mirada que existe un estudiante “modelo”, que efectivamente tiene reivindicaciones, pero “las demanda por vías oficiales e institucionales”, versus “jóvenes peligrosos y delincuentes, que están en las calles perturbando el orden público”.

En este sentido, un eje central de este documento es el tratamiento dado a las protestas pacíficas y a sus sujetos por los medios de comunicación. En la sociedad actual su influencia es indiscutible, influye de forma significativa en las personas y en las culturas. Se ha planteado que tiene efectos importantes, no solo por su capacidad de incidir en las conductas y actitudes individualmente a corto plazo, sino porque influyen en las formas de conocer, de dar sentido a la realidad y de interactuar con las demás personas y la percepción colectiva.

Las y los estudiantes están cotidianamente en los medios de comunicación, y la manera como se los representa contribuye contundentemente a la formación de imaginarios sobre ellas y ellos. ¿Cómo tratan sus demandas? ¿Cómo se refieren a los movimientos estudiantiles y sobre todo a sus representantes? ¿Cómo muestran las violaciones? ¿Quiénes hablan públicamente sobre la temática? Al mirar detenidamente el tratamiento que se les dan, Kaplan (2011) destacó que la manera como los medios crean y recrean una forma de sensibilidad específica frente a la problemática de la violencia, donde las y los jóvenes se muestran como peligrosos y la escuela resulta bajo un manto de sospecha. Se construye a nivel de opinión pública la imagen criminalizada del estudiante que protesta, o reclama, por el mero hecho de cuestionar el orden establecido a partir de su condición de estudiantes, en la sociedad latinoamericana, como si fuesen “grupos fuera de control”.   

“La operación discursiva reduccionista asocia mecánicamente a la violencia con el delito y hace blanco de la responsabilidad a los jóvenes. Los adolescentes y jóvenes, escolarizados y no escolarizados, son nominados como sujetos amenazantes. Aparecen como los transgresores que sobrepasan los umbrales de tolerancia que supuestamente asumimos como sociedad. El miedo a los jóvenes es uno de los efectos simbólicos de esta adjetivación como sujetos peligrosos. La atribución de “violento” fabrica una barrera social o muro simbólico o límite simbólico producto del proceso de estigmatización de los jóvenes que opera como mecanismo regulador del umbral de la tolerancia supuestamente admitido por el orden social”[19]

Las situaciones de criminalización y hostigamiento a estudiantes, como se verá más en detalle, generan una serie de impactos de diversa magnitud y gravedad, ya sea en forma directa o indirecta y afectando en muchos casos también a su entorno personal, familiar o social, teniendo a su vez implicancias colectivas al afectar a las temáticas y personas a quienes ellos representan. Así, por ejemplo, el riesgo en su vida e integridad personal, afectaciones a la integridad física, psíquica, moral, a las trayectorias curriculares educativas, afectaciones en materia jurídica (detenciones, investigaciones, juicios y condenas), económica, enfrentamiento de situaciones de exilio, entre otras.

Finalmente, se nota que, en este escenario de protestas sociales y criminalización de actores de la comunidad educativa y defensores y defensoras del derecho a la educación, han jugado un rol fundamental algunas instancias nacionales, regionales e internacionales de derechos humanos. Es así como muchas de estas situaciones han contado con la intervención o el involucramiento de los mecanismos nacionales de protección de derechos humanos (Instituciones Ombudsman y Defensorías del Pueblo) instancias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos – SIDH (como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus Relatorías Temáticas), o del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos -SUDH (como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Relatorías Especializadas, u otros órganos o agencias del Sistema ONU) así como organizaciones del ámbito de la sociedad civil que trabajan en el campo de la defensa de derechos, como CLADE, sus coaliciones nacionales y redes aliadas. Estas intervenciones se han venido dando desde diversas dimensiones y diferentes abordajes (en virtud de sus competencias y/o mandatos): intervenciones directas, presentación y seguimiento de denuncias, observación y monitoreo de situaciones, apoyo en procesos de diálogo y mediación, pronunciamientos, comunicados de prensa, la admisión de diversas audiencias temáticas sobre el tema, informes de situación, recomendaciones, medidas cautelares, así como en algunos casos el apoyo a estudiantes que han tenido que abandonar su país.

[1] La preocupación por el tema ha determinado una profundización del estudio del fenómeno y la definición de diversas actuaciones en el ámbito de sus competencias. Pudiéndose señalar en los últimos años: la realización de consultas a los Estados y a la sociedad civil, la publicación de dos informes hemisféricos sobre la situación regional de los defensores y defensoras, la publicación de un informe sobre criminalización de las defensoras y defensores de derechos humanos, la realización de audiencias públicas (de oficio) sobre el “Uso indebido del derecho penal para criminalizar a defensoras y defensores de derechos humanos”, así como la admisión de solicitudes de audiencias presentadas por parte de diversas organizaciones de la sociedad civil que vienen monitoreando y denunciando estas situaciones de criminalización de defensores/as y de la protesta social. En: https://www.oas.org/es/cidh/defensores/

[2] “Protesta social y derechos humanos. Estándares internacionales y nacionales”. Publicación conjunta de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile (2015). En: https://acnudh.org/load/2015/04/PROTESTA-SOCIAL.pdf

[3] Comunicado de prensa OEA, en:  https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/239.asp

[4] Comunicado de prensa OEA, en: https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/024.asp

[5] Comunicado de prensa OEA, en:  https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/052.asp

[6] Informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia, en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/DefensoresColombia.pdf

[7] CIDH, Segundo  informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los  derechos humanos en las Américas.  https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf

[8] La CIDH ha reconocido que esta puede darse “mediante la presentación de denuncias infundadas o basadas en tipos penales no conformes con el principio de legalidad, o en tipos penales que no cumplen con los estándares interamericanos atendiendo a las conductas que castigan. También puede darse a través de la sujeción a procesos penales prolongados y mediante la aplicación de medidas cautelares con fines no procesales. La manipulación del derecho penal en perjuicio de las defensoras y los defensores se ha convertido en un obstáculo que amerita la atención prioritaria por parte de los Estados, pues tiene por efecto amedrentar la labor de defensa y protección de los derechos humanos, y paralizar el trabajo de las defensoras y defensores, dado que su tiempo, recursos (financieros y demás) y energías deben dedicarse a su propia defensa”. Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Criminalización de la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos (2015): http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/criminalizacion2016.pdf

[9] Comisión Internacional de Juristas (CIJ), en: https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/06/28Criminalizacion-de-la-protesta-social.pdf

[10] Echeverría, J. (2012). ‘Criminalización de la protesta social’

[11] Plenamente consagrado en el marco jurídico internacional de los derechos humanos como  “un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos” así como en los marcos nacionales de todos los países de la región, y por tanto exigible y justiciable.

[12] CLADE (2016) Dossier “Criminalización de la Protesta Social en el ámbito de la Educación”

[13] Verger, T. Mochetti, M y Fontdevilla, C. (2017). Resumen e Introducción En Nuevas tendencias de privatización educativa en América Latina: Una cartografía de políticas, tendencias y trayectorias. Internacional de la Educación: Bruselas.

Apple, M (1999): “El Neoliberalismo en Educación”. Revista Docencia Nº9, Colegio de Profesores de Chile, Stgo.

Verger. A. 2012. Privatización de la Educación: Tendencias Globales y Retos para la Investigación Educativa. Encuentro del GT5 de l’ANPED. Campinas, 10 de Agosto de 2012

[14] Así, por ejemplo, los Seminarios Regionales sobre Educación Secundaria en América Latina y el Caribe realizados por la CLADE con el apoyo de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe (realizados en Colombia en el 2013 y en Costa Rica en el 2014) y Conversatorio con Estudiantes Secundaristas “La Implementación de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe”, realizado en Ciudad de México, el día 10 de noviembre del 2016.

[15] A través de la consulta a las coaliciones nacionales que hacen incidencia política por el derecho a la educación y conforman su red CLADE, el seguimiento de materiales producidos y divulgados públicamente por organizaciones y colectivos estudiantiles.

[16] Por una educación garante de derechos. Demandas de estudiantes secundaristas para América Latina y el Caribe (CLADE, 2017) En: https://redclade.org/wp-content/uploads/Por-una-educación-garante-de-derechos-Demandas-de-estudiantes-secundaristas-para-América-Latina-y-el-Caribe.pdf

[17] Así, por ejemplo: Declaración Universal de Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; Convención Americana sobre Derechos Humanos; Carta Democrática Interamericana; Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública.

[18] CLADE: Publicación: Las Leyes Generales de Educación en América Latina. El Derecho como Proyecto Político (2015); y Documento de Trabajo: El Derecho a la Participación en el Ámbito Educativo (2016).

[19] Kaplan, C. (2011). Jóvenes en turbulencia. Miradas críticas contra la criminalización de los estudiantes. Propuesta Educativa, (35), 95-103. Disponible en https://www.redalyc.org/pdf/4030/403041706014.pdf

Metodología

En términos metodológicos, la elaboración del presente Informe Regional tuvo como punto de partida la construcción de una matriz, una herramienta analítica que permitiera la identificación de las múltiples formas de violencias perpetradas contra estudiantes en el contexto de lucha por los derechos educativos. Muchas veces estos fenómenos no son nombrados como tal, de manera que resulta un ejercicio útil no sólo para este documento, sino más bien para la identificación, documentación y denuncias futuras de mecanismos, a partir de los cuales son criminalizadas las conductas y acciones de las y los estudiantes. A través de dicha matriz, se pudo armar el panorama, conocer mejor el escenario de los cuatro países, reflexionar sobre la situación de América Latina y el Caribe y tejer las recomendaciones.

Las matrices de análisis han sido utilizadas por las distintas disciplinas vinculadas a las ciencias sociales y políticas, permitiendo - en el ámbito de las materias de derechos humanos - el desarrollo de un enfoque para entender la noción y diseño de políticas públicas aplicadas a la realidad de un país, territorio, pueblo y/o comunidad, según la temática de interés que se esté abordando. Por ejemplo, para el caso de las políticas justas de igualdad de género, han permitido identificar y evaluar los problemas públicos asociados, la formulación, la implementación y el seguimiento de la política, respecto a las exigencias de justicia redistributiva, de reconocimiento y de representación para un grupo expuesto a diversas dimensiones de injusticias y no a una sola[1], al mismo tiempo permite diferenciar dominios culturales hegemónicos que se están desplegando en los diversos Estados.

Muchas veces, estas matrices permiten el despliegue de una propuesta metodológica que deriva en la construcción de indicadores. Garretón (1996)[2], señala que  ésta permite estudiar los movimientos sociales en los diferentes  países  latinoamericanos, y abstraer las relaciones entre sus participantes con el Estado y otros entes de la sociedad civil, y las acciones desplegadas por éstos[3]. Debido a la proliferación de diversos procesos sociales, es posible visualizar la vigencia de matrices antiguas, y al mismo tiempo la necesidad de aportar a  la construcción de nuevas matrices según el fenómeno que se quiere estudiar[4].

Para estos efectos, fueron tres las variables consideradas: a)  actores que mueven acciones de criminalización. En primer lugar, actores estatales (del poder legislativo, judicial, ejecutivo, policías y fuerzas militares) y no estatales (seguridad privada, medios de comunicación, entre otros), b) tipos de acciones de criminalización y finalmente c) víctimas de las acciones de criminalización.

Para esta última categoría nos referimos a estudiantes de diversos movimientos estudiantiles, de los países latinoamericanos y caribeños, quienes son víctimas de estas acciones de criminalización y violaciones de derechos. Como fuente, se contó con informes previos y revisión documental, donde se indagó en posibles características entre las y los estudiantes relacionadas a:

  • Distinción urbano /rural: las características y condiciones que viven diariamente las y los estudiantes según el territorio que habitan, tienen un factor geográfico considerable en la relación campo/ciudad. En Latinoamérica y el Caribe, el 81% de la población vive en ciudades[5] por lo que tener datos respecto a las distinciones en estos dos ámbitos resulta importante.
  • Distinción educación superior y educación secundaria: consideramos a las y los estudiantes en dos grandes grupos que sufren criminalizaciones de distinto nivel. Por una parte, los estudiantes de enseñanza secundaria y, por otra, estudiantes que siguen cursos superiores técnicos, agrícolas, comerciales y universitarios.
  • Estudiantes indígenas y afrodescendientes: es intención de esta matriz diferenciar los datos y evidencias de criminalización específica de grupos indígenas, así como afrodescendientes, que sufren una doble invisibilización de sus vulneraciones de derecho y sanción de sus acciones organizativas.
  • Distinción de identidad de género y orientación sexual: además de la identidad de género, la matriz buscó captar también de qué manera características asociadas a las personas LGTBIQA+ (Lesbiana, Gay, Transexual, Transgénero, Travesti, Bisexual, Intersexual, Queer, Asexual y otras disidencias) transcienden como factores que agudizaban los procesos de criminalización. Esto es, la especial situación que enfrentan las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI), o aquellas personas percibidas como tales.

A partir de lo mencionado, en primer lugar, se estimó necesario entrevistar a integrantes de los respectivos Foros Nacionales de Educación miembros de CLADE en los países analizados: Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación; Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile; Foro Dakar de Honduras y Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua. Estas primeras entrevistas permitieron contactar actores claves, víctimas y testigos de procesos de criminalización, defensores y defensoras de DDHH en educación, quienes aportaron información fundamental para la realización de este informe. A continuación, se genera la abreviación de las y los entrevistados para el resguardo de su identidad y efectos de cita y pie de página de este informe:

  1. Chile:
  • representante del Foro Chileno, desde ahora FORO-CL1,
  • dos representantes del movimiento estudiantil, desde ahora EST-CL1 y EST-CL2 respectivamente
  • dos integrantes de organizaciones defensoras de estudiantes criminalizados, desde ahora DEF-CL1 y DEF-CL2.
  1. Colombia:
  • dos integrantes del Foro Colombiano, desde ahora FORO-CO1 y FORO-CO2
  • un integrante del movimiento estudiantil, desde ahora EST-CO1
  • un integrante de organización defensora de derechos humanos, desde ahora DEF-CO1
  1. Honduras:
  • una integrante del Foro Honduras, desde ahora FORO-HN1
  • dos dirigentes del movimiento estudiantil, desde ahora EST-HN1 y EST-HN2
  1. Nicaragua:
  • un integrante del Foro de Nicaragua, desde ahora FORO-NI1
  • un integrante del movimiento estudiantil, desde ahora EST-NI1
  • un defensor de estudiantes criminalizados, desde ahora DEF-NI1

Estas entrevistas se realizaron de manera presencial y virtual, a través de una entrevista semi estructurada, que contenía cuatro preguntas centrales: ¿Quiénes criminalizan a las y los estudiantes en tu país?, ¿Qué es lo que hacen?, ¿Contra quiénes lo hacen? (tipo de estudiantes) y ¿Cómo lo hacen?. La información recabada, se traspasó a la matriz anteriormente señalada.

Asimismo, para profundizar en el conocimiento de la situación en cada país, se trató de conocer el tratamiento dado por los medios de comunicación a casos emblemáticos recientes. Este apartado, realizado en colaboración con la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), buscó observar en qué medida los medios contribuyeron para la formación de estereotipos, fenómeno íntimamente relacionado a los procesos de criminalización de las y los estudiantes como de los movimientos estudiantiles. Para ello, se comparó la cobertura de un hito específico en un medio masivo y un medio considerado alternativo. El levantamiento se realizó de forma digital, tanto de noticias, como de opinión. El análisis del tratamiento de medios se incorporó en los apartados en cada uno de los países.

Finalmente, para la elaboración del análisis, tendencias regionales y recomendaciones, se consideró, además de la información de entrevistas recopiladas, los documentos, casos y situaciones ya registrados anteriormente por la CLADE, así como las normativas y marcos revisados en informes anteriores.

[1] CEPAL (2012). Matriz de análisis para la identificación de políticas justas de igualdad de género. Naciones Unidas, Impreso en Santiago de Chile.

[2] Garretón, M. 1996. Movimientos sociales y procesos de democratización. Un marco analítico. Disponible en: https://www.archivochile.com/Mov_sociales/Doc_gen/MSdocgen0010.pdf

[3] Mascareño, A.  2009. Acción y estructura en América Latina. De la matriz sociopolítica a la diferenciación funcional. Disponible en: http://sociologia.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2012/01/Matriz_y_diferenciacion_funcional_PyS-Mascareno.pdf

[4] Garretón, M. 1996. Movimientos sociales y procesos de democratización. Un marco analítico. Disponible en: https://www.archivochile.com/Mov_sociales/Doc_gen/MSdocgen0010.pdf

[5] Noticia del portal de Naciones Unidad “Las ciudades seguirán creciendo, sobre todo en los países en desarrollo”, en: https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-world-urbanization-prospects.html

Una mirada a los países​

A continuación, se presentarán los principales datos obtenidos en los cuatro países seleccionados. Además de las preguntas sobre quienes criminalizan a las y los estudiantes y de las maneras en que lo realizan, información obtenida especialmente a través de las entrevistas, se agregaron datos de contexto y un caso destacado, que termina por dar concretud y visibilidad a los efectos de la criminalización que sufren estudiantes movilizados. De la misma manera, se incorpora un recuadro sobre cómo los medios en el país cubren las movilizaciones estudiantiles, ayudando a entender, por fin, las percepciones de las y los estudiantes que luchan en el imaginario público.

El movimiento estudiantil en Chile ha sido uno de los actores más relevantes y movilizados en el país desde el retorno de la dictadura: el 2001 con el mochilazo, el 2006 con las/os pingüinos, y el 2011 con el movimiento estudiantil que exigía el término del lucro en la educación. Se trata de una creciente participación de las y los jóvenes en la escuela, en particular en la escuela pública, lo que ha motivado la reacción represiva, criminalizadora y "securitizadora" de la convivencia en las escuelas. Más recientemente, en 2019, nuevamente las distintas organizaciones, tanto de universitarios como secundarios, llamaron a una gran movilización nacional en demanda por una educación no sexista, gratuita y por poner fin a las lógicas de endeudamiento para acceder a la educación superior. Estos años fueron cruciales para evidenciar que son las y los jóvenes quienes han sido los primeros en levantar la voz y salir a la calle a manifestar su descontento por las situaciones de injusticia social, comportamientos destructores de la educación pública y el derecho a la protesta[1].

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En paralelo, se nota, por parte del Estado, la persistencia de ofrecer a la opinión mundial la imagen de un Chile como oasis de la democracia[2], estable, seguro y legitimando el actuar de las fuerzas de represión estatal desestimando, en todo momento, las demandas y condenando las formas de protesta.

El desarrollo en Chile del llamado Estado Neoliberal[3] vino de mano con la generación de dispositivos de control que han ido instalando una conducta social deseada, y a la vez, una sanción de comportamientos indeseables o transgresores con el orden social hegemónico. No muy distinto es el panorama en torno a la organización estudiantil. La regulación ejercida por parte de los aparatos estatales se logra mediante la articulación de procesos legales y administrativos, que sancionan o penalizan a quienes participan de protestas. Esta práctica ha traído como consecuencia la institucionalización de la violencia, atentando al derecho a manifestarse y a educarse.

Como veremos a continuación, esta dinámica involucra una multiplicidad muy expresiva de actores, como es afirmado en entrevista: “carabineros, fuerzas especiales, sistema de salud, tribunales, fiscalía, gendarmería, defensoría penal pública, y jueces, todos estructuralmente ejercen acciones criminalizantes, y por otro lado está la escuela, los medios de comunicación y apoderados que también criminalizan a través de sus instituciones, existe un realidad estructural que garantiza la violación de derechos de los jóvenes y niños en su ejercicio de protesta social, y hay también elementos culturales que fortalecen esta violación de derechos y permanente criminalización (...) es una cadena de entidades que no garantizaron ni la protección, ni los derechos de los jóvenes y niños, por eso es sistémica”[4].

Cabe recordar que en su oportunidad el presidente Sebastián Piñera marcó el camino ideológico al señalar que la educación es "un bien de consumo"[5]. El endeudamiento de la población chilena en la educación es una de las más altas del mundo[6], acorde con una educación con alto costo económico, privatizada y donde lo público ha sido remitido a la mínima expresión. Varios de los relatos proporcionados apuntan a una sistemática destrucción de los últimos espacios de la educación pública.

 

 

¿Quiénes criminalizan a las y los estudiantes en tu país?

A partir del material recogido en las entrevistas en el caso de Chile, se desprende que existe una gran presencia de actores estatales que participan en los procesos de criminalización sobre el movimiento estudiantil. En esta línea, podemos distinguir al Poder Ejecutivo (Presidente, Ministerio de Educación, Ministerio del Interior), Poder Legislativo (Senado y la Cámara de Diputados), Poder Judicial (Jueces, Fiscalía), Carabineros, Municipalidades (en su carácter de sostenedores de escuelas), escuelas públicas (directoras/es, administrativas/os, profesoras/es, madres, padres y tutoras/es). Se destaca la construcción de un discurso que criminaliza a las y los estudiantes, que involucra no solo los medios sino más bien la misma ciudadanía.

Desde el aparato estatal se estigmatiza la manifestación estudiantil instalando un discurso que se esparce a lo largo del tejido social, y que, mediante los dispositivos legales, judicializan las acciones y protestas del movimiento de las y los estudiantes organizados. Con esta dinámica, logra que el resto de la sociedad incida para que no se manifieste. Más allá, se nota la afirmación de una cultura de punición y no una búsqueda orientada a una resolución no violenta de conflictos. Como se señala en una entrevista, “estamos en una fase civil de la dictadura, se valora y refuerza la cultura punitivista y castigadora. El sentido de la dignidad no está instalado en la sociedad, no tenemos conciencia de nuestra dignidad[7]”.

 

 

En el caso chileno, la actuación por parte del Poder Ejecutivo apareció de manera muy articulada al Congreso, sobre todo en la proposición de normas que buscan criminalizar o agravar las sanciones a las protestas estudiantiles. Dichas medidas vienen acompañadas de discursos que las justifican, que buscan obtener respaldo social.

Como ejemplos, mencionamos tres legislaciones propuestas y aprobadas durante los dos mandatos de Sebastián Piñera: la Ley de Violencia Escolar (del año 2011), un importante hito en la intervención de la convivencia escolar en Chile, y la legitimación de la expulsión o cancelación de matrículas cómo sanción, la Ley que Fortalece el Resguardo del Orden Público (2011) - más conocida como Ley Hinzpeter - que modifica el control de porte de arma, retenciones o toma de control de vehículo de transporte público de pasajeros[8], y la penalización de la toma de los liceos. Esta ley se aprueba en 2011, un periodo de álgidas protestas lideradas por el movimiento estudiantil, cuando se registró la expulsión de más de 11.000 estudiantes por movilizarse[9], a esto agregamos la constante violencia y acoso policial a las y los jóvenes. Más recientemente, se promulga la Ley Aula Segura (2018)[10], dirigida a todos los establecimientos que reciben subvención del Estado, fortalece facultades de los directores[11] de establecimientos educacionales obligando a escuelas y liceos a incorporar a sus reglamentos internos una vía rápida para expulsar estudiantes por hechos de  violencia[12].

Según el Foro Chileno por el Derecho a la Educación Pública, medidas como éstas son una agresión tanto al derecho a la educación, ya que en algunos casos facilitan la suspensión de las trayectorias educativas, como al proceso pedagógico mismo, pues naturalizan la resolución de los conflictos mediante la sanción y no con procesos educativos[13].

Por parte de la policía, se constata el ingreso, represión, detención y desalojo de estudiantes de las escuelas por parte de Fuerzas Especiales (FFEE). Asimismo, se ha denunciado la persecución y el arresto domiciliario de estudiantes. A la vez, en sus procedimientos hacen controles de identidad selectivos a estudiantes secundarios, tipificación errónea de faltas y apremios ilegales.

A partir de los relatos, se desprende que han aumentado las denuncias sobre los delitos de tortura: “La nueva generación de estudiantes que irrumpe el 2006 no tenía la huella del terror que las generaciones anteriores que vivieron la dictadura militar, ahora si ya la tienen, y se genera una cierta banalización al comparar los niveles de represión actual sobre el movimiento estudiantil con las prácticas de la dictadura. Recién el 2016 se instala el concepto de tortura en la ley, y ellos fueron parte de ese proceso que no quedaron conformes 100% en como quedó redactada (…) la tortura y la criminalización sobre el movimiento estudiantil se genera para que las generaciones que no vivieron la dictadura tengan esta huella que paraliza y daña al cuerpo social en su conjunto”[14]. En esta línea, algunas/os estudiantes que caen presos han sido duramente torturados, incluyendo abuso sexual, otras/os relatan que se les han aplicado gas pimienta y que la policía ha hecho uso de armas “Taser” para inmovilizar con golpes eléctricos.

Se nota con preocupación asimismo la presencia diaria de Fuerzas Especiales en los alrededores de universidades y establecimientos educacionales, el lenguaje con el cual se refieren a las y los estudiantes: “La criminalización que ellos ejercen está en cómo se refieren a nosotras/os y en el seguir órdenes que les dan, y que no piensan,  solo ejecutan”[15].

 

Las entrevistas igualmente se centraron en diversas violencias que tienen lugar en el interior y en la dinámica de las escuelas secundarias. Se registra, por parte de directoras y directores, prácticas de persecución y delación hacia estudiantes organizadas y organizados mediante la aplicación de la Ley Aula Segura. Una vez invocada la ley, se prohíbe el ingreso de las y los estudiantes involucrados a la escuela y/o sala de clases, lo que a su vez interfiere en la elaboración de la defensa y facilita los procesos de suspensión y expulsión. Tampoco se hacen cargo del acompañamiento de las y los estudiantes expulsados, faltando al derecho de recibir educación. Mediante las facultades que poseen en su cargo, van produciendo desarticulación de las movilizaciones, con prácticas como el adelanto de vacaciones, e invalidación de las demandas estudiantiles.

También se levantan querellas judiciales en contra de estudiantes, estas tanto por directores, como por parte de los sostenedores de la escuela. En algunos liceos se ha llegado a observar incluso violencia física de directores a estudiantes. A pesar de que los establecimientos educacionales cuentan con manuales de convivencia para las acciones graves (violencia, peleas, etc.), queda a criterio de los directivos de las escuelas el poder acelerar los procesos de expulsión sin considerar un debido proceso de defensa.

Los gobiernos locales (municipios en Chile), en su calidad de sostenedores de las escuelas públicas, autorizan ingreso de las Fuerzas Especiales a los colegios bajo su administración (como ha ocurrido en el Instituto Nacional , Internado Nacional Barros Arana, Liceo N°1, Liceo Carmela Carvajal y Liceo N°7[16]). Se visualiza la incorporación de cámaras de seguridad en las inmediaciones de colegios, para mantener estricto control sobre las y los estudiantes. Por otro lado, también sectores de madres, padres y tutores[17] delatan, persiguen y aparecen en la prensa declarando en contra de las movilizaciones estudiantiles.

Respecto de los medios de comunicación y la ciudadanía más ampliamente, se identifica el rol de los medios de comunicación en la instalación de “un discurso en la población respecto las movilizaciones estudiantiles de miedo, criminalizan sus acciones sin explicar el fondo”, como se tratará en el recuadro a seguir. Es importante subrayar que dicho discurso parece encontrar fuerte adhesión en la ciudadanía: “Las personas, trabajadoras, pobladoras criminalizan porque a veces se ven afectadas y afectados por las lacrimógenas, porque las manifestaciones afectan su trabajo, la represión les afecta. Sin embargo, no entienden que estamos dando una lucha, más bien sienten que esto afecta en su trabajo y choca con su forma de pensar, ya que al no tener un pensamiento más politizado, reproducen lo que dice la prensa”[18]. Finalmente, las y los estudiantes llegaron a relatar golpes e insultos de personas que no conocen en las manifestaciones cuando salen a las calles, tratándoles además de delincuentes.

¿Contra quiénes lo hacen?

De acuerdo a los documentos analizados, testimonios y entrevistas provenientes de informantes claves chilenos, quienes sufren mayoritariamente estas acciones son las y los estudiantes escolares urbanos y rurales (con menos información sobre éstos últimos) en primera instancia, y en menor medida, universitarias y universitarios. En los últimos años, ha sido el movimiento de estudiantes secundarios quienes han liderado las protestas contra las políticas neoliberales del Estado chileno en ámbitos de educación, y las leyes criminalizadoras han estado dirigidas a escuelas públicas secundarias y primarias.

Los estudiantes secundarios no solo tienen una crítica al sistema, sino también a las prácticas organizativas, ponen en práctica una nueva modalidad de acción política, tanto en la calle, como dentro de los colegios: ellas y ellos rescatan la asamblea, proliferan la formación de cúpulas dirigenciales y privilegian a las vocerías que no concentran el poder, sino que transmiten la decisión de la asamblea. Estas prácticas son más democráticas, la propuesta política de las secundarias y los secundarios se caracteriza por la autogestión, asamblea, autoeducación y la relevancia que se le da a la comunidad, a los espacios de solidaridad en la población. Junto a  ésto, uno de sus aportes y particularidad es la transformación cultural y social, que construye una propuesta política que busca disputar los estereotipos individualistas en las calles y barrios[19].

Las y los estudiantes más criminalizados son dirigentes estudiantiles, jóvenes organizadas/os y movilizadas/os, de clase popular. Sin embargo, encontramos mayor persecución en aquellas y aquellos que se manifiestan de manera radical en las calles o con el rostro cubierto (encapuchadas y encapuchados). Por otro lado, nos encontramos con un asedio constante a los ‘colegios emblemáticos’[20], ya que son los liceos donde ha habido históricamente mayor organización.

Otro perfil criminalizado, pero en menor medida, son quienes van constantemente a marchas, aunque si bien, no tienen una organización tan articulada, presentan un nivel de conciencia y presencia en la calle. En esta línea, durante las manifestaciones en las calles convocadas por la Confederación de federaciones de estudiantes de Chile (CONFECH) se registran controles de identidad y revisión de mochilas justamente a estudiantes secundarios.

RECUADRO I: CASO DESTACADO

 

Persecución política y criminalización: Los primeros expulsados por Aula Segura

Una protesta protagonizada  el día 3 de abril del 2019 por alumnos  del Liceo Enrique Molina Garmendia de Concepción - el más emblemático de la ciudad -,  que incluyó un corte de una de las principales vías de tránsito, la calle Víctor Lamas, se convirtió en la excusa perfecta para la aplicación de la Ley Aula Segura. Procedimiento que terminó con la expulsión de seis estudiantes del establecimiento, quienes fueron acusados por la dirección de agredir a dos profesionales: una profesora y una trabajadora social. El jefe de la Dirección de Educación Municipal (DAEM) Concepción, señaló que ‘un grupo de alumnos comenzó a sacar mobiliario de las salas y causar desorden, entonces eso motivó que en un momento las funcionarias afectadas se involucraran para tratar de detener el desorden y fueran agredidas como ya se sabe’. Por ello, agregó, “se aplicó el reglamento de convivencia interna del liceo, después de aplicado y se decidió la expulsión de 6 de los 18 alumnos involucrados.[21]

Estos estudiantes, de segundo a cuarto medio, fueron los primeros expulsados, a fines del mismo mes, al calor de la recién aprobada Ley Aula Segura, gracias a las facultades que ésta entrega a las direcciones de los centros educativos. Los implicados acusan que no se llevó a cabo un debido proceso, además de la falta de pruebas, parámetros ciertos y objetivos sobre la aplicación de dicha Ley; en tanto la notificación a sus tutores no llegó en el tiempo que indica la legislación, ya que se les informó del cambio de normativa en la reunión de madres, padres, tutores del 3 de abril, el mismo día de la protesta. Asimismo, el abogado recurrente, afirma que el procedimiento se llevó a cabo sin tener claridad de las razones por las cuales se les acusa, por lo que no  hubo una  formulación clara de los cargos[22].

Los estudiantes señalan, que hubo además intervencionismo político por parte de una senadora del partido de ultraderecha Unión Demócrata Independiente (UDI), a quien acusan de haber dado apoyo para que se consumara la expulsión, prestando sus abogados a la dirección del liceo para lograr el cometido, gestión que fue agradecida vía twitter por la Secretaria Regional Ministerial (SEREMI) de Educación. Los estudiantes añaden, que el establecimiento tiene la intención de criminalizar la dirigencia estudiantil, en tanto cuatro de los seis inculpados son miembros de la lista que pretendía la reelección del Centro de Estudiantes del liceo.

Solo cuatro de los seis acusados apelaron a la resolución, a la Corte de Apelaciones de Concepción, donde se decretó el 15 de abril que los estudiantes pudiesen retomar sus clases, luego que desde el 4 de abril permanecieran suspendidos, según los procedimientos de la Ley. Así, el martes 16 de abril los estudiantes se reintegran al establecimiento, sin embargo, algunos funcionarios del liceo llevaron a cabo una protesta de brazos caídos, en rechazo a lo señalado por la Corte. Días después, el 24 de abril, el municipio se querelló contra el menor de edad S. R, único acusado supuestamente por agredir a la asistente social del recinto, y el 29 de abril, la Corte volvió a ser efectiva  la expulsión de todos los alumnos implicados, sin distinción.

Solo uno de los cuatro estudiantes siguió impugnando las medidas de la DAEM y la Seremi de Educación para impugnar el proceso, mientras que el resto no pudo costear la defensa legal de las acusaciones que se les imputan. Es importante señalar que en todo este proceso el DAEM no le comunicó a la familia de S.R.  a qué institución educacional sería derivado, ni tampoco presentó apoyo psicosocial a los otros tres estudiantes que fueron reubicados en otro liceo, ambos hechos van en contra de lo que señala la misma ley Aula Segura[23].

S.R, fue dirigente del Centro de Alumnos del Liceo Enrique Molina en año 2018, acusa que esta ley ‘viene a pavimentar un camino para poder implementar con mayor facilidad la Ley NEP (Nueva Educación Pública, promulgada en 2017 por Michelle Bachelet) y una serie de nuevas políticas educativas que se vendrán durante estos años, debido a que la desmunicipalización es un sistema totalmente paupérrimo que va a provocar muchas movilizaciones en los secundarios. La Ley Aula Segura otorga facultades al rector para expulsar a estudiantes sin las pruebas suficientes’[24] Agrega que esta ley no ha sido ocupada para la sanción de otras situaciones de ‘violencia’ al interior de los establecimientos educacionales, como el bullying, acoso sexual, porte de armas, entre otras,  desde que se implementó, su aplicación se lleva a cabo ante  movilizaciones, por lo que ‘parece más una persecución política que busca criminalizar al movimiento estudiantil con el objetivo de deslegitimarlo’[25].

RECUADRO II:  MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En la cobertura de las protestas, ´violencia, vandalismo y la búsqueda por controlar el orden en el sector´

 

Una mirada a medios masivos hegemónicos y a medios alternativos en Chile muestra ausencia de pluralidad de voces y pone en jaque la presencia de las y los estudiantes como interlocutores válidos. ¿Quiénes hablan de sus demandas?

Las movilizaciones del año 2019 en Chile, previas al gran estallido social del mes de octubre, pueden ser explicadas por medio de la acumulación de fuerzas que se generó con los años y que dejó en evidencia las injusticias de todo el sistema capitalista neoliberal en el país.

Si bien es cierto, las marchas y protestas no fueron tan masivas como en los años 2006 y 2011 de todos modos, desencadenó fórmulas de protestas que no se habían visto hasta antes del estallido social de Octubre del 2019, cuando estudiantes secundarios decidieron evadir el pago del pasaje del metro tras su aumento. No es objeto de este análisis lo que ocurrió después de este fenómeno, sino encontrar los argumentos a la estigmatización y criminalización de la protesta estudiantil y que, para efectos de este estudio, se concentran desde abril a septiembre de este año, coincidentemente anterior al estallido social en Chile, como una manera de contar con la perspectiva que permita ponderar los hechos acaecidos entre los meses de estudio.

Para el análisis del comportamiento de los medios hegemónicos en el caso chileno tomamos El Mercurio on line www.emol.com y www.soychile.cl y dos medios alternativos, www.eldesconcierto.cl y www.cronicadigital.cl. Emol o El Mercurio On Line, es el portal web del diario El Mercurio, el más antiguo de Chile y del mundo en habla hispana. Fundado en 1827 en Valparaíso, su línea editorial se caracteriza por ser conservadora, proclive a los intereses políticos y económicos de la derecha, de propiedad de la familia Edwards que mantiene la propiedad de innumerables diarios a lo largo del país y de la marca www.soychile.cl.

Crónica Digital[26] es un medio de comunicación social y comunitario, fundado el 2005, con una mirada alternativa asociada a los derechos humanos y es parte de la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos. Mientras El Desconcierto[27] editorialmente es un medio que se autodefine como un grupo de profesionales del ámbito de las ciencias sociales y la industria editorial, que se reunió a fines del 2011 con el objetivo de levantar un medio de comunicación digital conectado con las principales tendencias transformadoras de la sociedad del siglo XXI, sus principales focos son las noticias sobre derechos sociales y medio ambiente; los debates de política, educación, género y diversidad sexual; los temas de cultura, transparencia y pueblos originarios.

Generalmente los medios como Emol, buscan asociar la violencia y vandalismo[28] a la demanda estudiantil, además resaltan su negativa al diálogo y la carencia de una propuesta consistente, relacionando por ejemplo, un incendio a un paradero de buses con las manifestaciones estudiantiles supuestamente provocado por manifestantes. Aunque muchas resoluciones judiciales muestran que las detenciones de carabineros son ilegales, la prensa monocorde parece no considerar estas informaciones, recalcando el carácter violento de los estudiantes.

Los medios hegemónicos, generalmente se detienen en las consecuencias de las marchas, en disturbios que se generan una vez que la movilización de carácter pacífico termina. En contraparte los medios alternativos, ponen el foco en las demandas y exigencias de la protesta. Este contrapunto tiene como consecuencia que ante el escaso impacto que tienen los medios alternativos sobre los hegemónicos, sean estos últimos los que imponen sus agendas que luego son compartidas por los canales de televisión, reforzando la mirada de los medios masivos.

En ese contexto que el sensacionalismo de los titulares, bajadas[29] y epígrafes, busca impactar con una frase que no necesariamente refleja el contexto y el fondo de una marcha estudiantil. Los adjetivos de “vándalos”, “encapuchados”, “violentistas”, entre otros, son contextualizados con las palabras estudiantes, protestas y manifestantes, lo que profundizan sutilmente con fotografías. La clase política no parece tomarse con seriedad lo que el mundo educacional requiere, existe en Chile una anulación de los y las estudiantes como sujetos válidos, como interlocutores legítimos de demandas, situación todavía más crítica en la enseñanza secundaria.

A mediados de abril de 2019, las y los estudiantes chilenos anunciaron la primera marcha del      año[30]. Las distintas organizaciones, tanto de universitarios como secundarios, llamaron a una gran movilización nacional en demanda por una educación no sexista, gratuita, fin al endeudamiento y evitar la pérdida de la gratuidad para muchos estudiantes universitarios. En este sentido, durante el año 2018, se produjeron protestas que solicitaban avanzar hacia una educación no sexista, las mismas que en mayo de ese año condujeron a que 32 universidades fueran tomadas o se mantuvieran en movilización, tras conocerse casos de abuso y acoso sexual en planteles de educación superior del país. Entre tanto, la demanda por gratuidad y fin al endeudamiento, son peticiones que vienen desde hace al menos diez años, como asimismo el fin de las políticas de mercado[31] en la educación y que recoge El Desconcierto, a través de la opinión de la Federación de Estudiantes de Chile (FECH), cuestión que no se registra en los medios masivos proclives al sistema.

La primera marcha estudiantil de abril de 2019 tuvo una cobertura importante en todos los medios de comunicación del país, ya que fue una protesta a nivel nacional que continuaría durante las siguientes semanas. Sin embargo, la información fue focalizada en las masivas movilizaciones de la capital Santiago[32] donde Emol destaca que tras la manifestación se produjeron 35 personas detenidas y resalta en primer plano la opinión de la Intendenta (autoridad política de la capital) Karla Rubilar. El texto se acompaña de una fotografía donde destacan banderas rojo y negras, en un claro intento por asociar la demanda estudiantil a conglomerados políticos que se relacionan con estos colores y coinciden con opciones de izquierda. A la vez, minimiza el rol de los estudiantes como interlocutores válidos, con cierto sentido paternalista. “La marcha fue autorizada con la esperanza en que fuera una movilización pacífica", y destaca que desde muy temprano hayan comenzado los desórdenes. Apuntó que "eso no es defensa de ninguna idea, eso es vandalismo y delincuencia[33]”, dijo Karla Rubilar, a través de Emol.

Las marchas también se produjeron en otras ciudades importantes del país como Valparaíso, Temuco  y Concepción[34], allí se destaca por parte de la cadena El Mercurio, los daños y el avalúo económico tras la protesta estudiantil (subrayando las consecuencias de las protestas). En la fotografía aparecen estudiantes arrancando de un vehículo policial y en primer plano, algo difuminado, una persona que sería un estudiante con lo que parece ser una piedra en su mano derecha. La manifestación ocurre frente a la Universidad de Concepción, donde una estudiante resulta herida, pero al parecer para Emol no es noticia, menos que el contenido de la declaración de la Casa de Estudios advierta que “como institución, no solicitamos que las Fuerzas Especiales (FF.EE) de carabineros ingresaran al interior del campus y lamentamos profundamente lo sucedido a partir de ello". Sin embargo, el titular se enfoca en contrasentido a la declaración de la Universidad.

Entretanto los medios contrahegemónicos, tomando como muestra Crónica Digital[35], parten informando desde la fuente oficial de los estudiantes secundarios, agrupados en la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) que anuncian una marcha y advierte las causas[36], además de contextualizar el rechazo a las leyes que impulsa el Ejecutivo y que profundizan la segregación escolar[37]. Lo mismo hace El Desconcierto al titular que Confech y estudiantes secundarios confirman la primera marcha del año 2019[38].

 

Los medios de comunicación hegemónicos, principalmente la televisión, fijaron la información sobre el actuar de algunos grupos de estudiantes e infiltrados (hay que decir que en Chile se han registrado casos de policías civiles infiltrados en manifestaciones cometiendo desmanes), con el fin de criminalizar la protesta estudiantil. Ese discurso permea importantes sectores de la sociedad, lo mismo hicieron medios escritos y on line como Emol y Soychile de El Mercurio. Se presenta una relación en que la institución encargada del orden público, en ese caso carabineros, se muestra como víctima de manifestantes[39] e incluso a través de videos, muestran el momento en que un policía es atacado por manifestantes[40], buscando asociar la capucha a personas que cometen delitos, información que penetra en la opinión colectiva.

Los medios alternativos, además de informar sobre los destrozos efectivamente ocurridos, fijaron su línea editorial sobre el fondo de las demandas[41] y el actuar represivo de las fuerzas policiales[42], haciendo referencia a las preguntas - casi de forma prospectiva- si las y los estudiantes serían capaces de generar un gran movimiento social contra el gobierno de Sebastián Piñera, tal cual ocurrió en su primera administración el año 2011, donde durante meses, las y los estudiantes marcharon contra el lucro en la educación superior y que se extendió a todos los niveles de enseñanza del país.

El medio alternativo HispanTV.com advierte sobre la dura represión[43] de policías, junto con un video que habla de la mercantilización de la educación. Llama la atención que para los medios masivos parece no existir la versión de las y los estudiantes. Se aprecia un micrófono, precisamente el de hispantv.com, un contraste con los puntos de prensa de las autoridades oficiales, donde falta espacio para colocarlos. A contrapunto, este medio se empeña en colocar como fuente aquellos que protestan en las calles.

[1] Foro por el derecho a la educación (compiladores/as): Una década de luchas y propuestas por la educación (2015): http://www.opech.cl/wp/wp-content/uploads/2015/08/D%C3%A9cada-luchas.pdf

[2] Presidente Piñera: Chile es un verdadero oasis en una América Latina convulsionada. En: en:https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/presidente-pinera/presidente-pinera-chile-es-un-verdadero-oasis-en-una-america-latina/2019-10-09/063956.html

[3] Las fisuras del neoliberalismo maduro chileno: Trabajo, “Democracia protegida” y conflictos de clases. En http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20151203023022/fisuras.pdf . <www.plataforma-nexos.cl>;  La democracia disciplinaria: El proyecto posneoliberal para América Latina. En: http://www.quimantu.cl/libro/la-democracia-disciplinaria/.

[4] DEF-CL1

[5] Presidente Piñera confirma que la educación ‘es un bien de comsuno’ En: https://www.emol.com/noticias/nacional/2011/07/19/493428/presidente-pinera-afirma-que-la-educacion-es-un-bien-de-consumo.html

[6] Reino Unido y Chile son los países con le educación superior más cara del mundo. En: https://www.adnradio.cl/nacional/2018/12/20/reino-unido-y-chile-son-los-paises-con-la-educacion-superior-mas-cara-del-mundo-3840576.html

Chile está entre los países de la OCDE que tiene los aranceles universitarios más caros. En: https://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/09/12/874989/Chile-esta-entre-los-paises-de-la-OCDE-que-tiene-los-aranceles-universitarios-mas-caros.html

[7] DEF-CL1

[8] Ideas matrices de proyecto de ley que fortalece resguardo del orden público. En: https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/25721/2/Recepcion_de_ideas_matrices_de_proyecto_que_fortalece_resguardo_orden_publico__2_.pdf

[9]. En:  https://unidaddocente.cl/declaracion-foro-por-el-derecho-a-la-educacion-publica-ante-proyecto-aula-segura/

[10] Ley Aula Segura. Informe CEDLE. En: http://cedle.cl/wp-content/uploads/2019/03/Ley_Aula_Segura.pdf

[11]  Ley N 21.128. Aula Segura. En: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1127100

[12] Chile: Foro por el Derecho a la Educación Pública se manifiesta contra proyecto de ley “Aula Segura”. En: https://redclade.org/noticias/chile-foro-por-el-derecho-a-la-educacion-publica-se-manifiesta-contra-proyecto-de-ley-aula-segura/

[13] Idem

[14]DEF-CL1

[15] EST-CL2

[16] Dos alumnas del Liceo 7 de Santiago fueron heridas con perdigones por carabineros que ingresaron al recinto. En: https://www.chvnoticias.cl/sucesos/alumnas-liceo-7-heridas-perdigones-carabineros_20191105/

Chile. Indignante: Alumnas de Liceo 1 deben seguir votación en una plaza tras injustificado desalojo de FFEE. En: https://kaosenlared.net/chile-indignante-alumnas-de-liceo-1-deben-seguir-votacion-en-una-plaza-tras-injustificado-desalojo-de-ffee/

[17] En el caso de Chile, existe la figura de ‘apoderadas y apoderados’ para referirse a la o el integrante de la comunidad educativa que vela contribuye  a la formación y el logro de aprendizajes de la o el estudiante. Estos pueden ser madres, padres, familiares o cuidadores. En: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1142884

[18] EST-CL2

[19] De actores secundarios a estudiantes protagonistas. Versión 2.0. Varios Autores. En: https://www.quimantu.cl/wp-content/uploads/2020/04/DE_ACTORES.pdf

[20] Nomenclatura que hace referencia a establecimientos educacionales públicos de excelencia académica, que buscan entregar  dar una respuesta a la segmentación del sistema educacional chileno, permitiendo el ingreso de estudiantes vulnerables, a una educación de calidad. En:  Selección en la educación secundaria y acceso a universidades de elite por tipos de establecimiento en Chile Análisis de la cohorte 2016: https://centroestudios.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/100/2017/06/DctoTrabajo8-MRivera.pdf

[21] Primer caso de aplicación ley Aula Segura. En: https://sabes.cl/2019/04/12/primer-caso-de-aplicacion-de-ley-aula-segura-dejo-a-seis-alumnos-expulsados-de-liceo-en-concepcion/

[22] Idem

[23] Primer caso judicializado de Aula Segura llega a la Corte Suprema. En: https://interferencia.cl/articulos/primer-caso-judicializado-de-aula-segura-llega-la-corte-suprema

[24] Primer expulsado por Aula Segura: “el movimiento secundario no ha hecho lo suficiente por oponerse”. En:

https://interferencia.cl/articulos/primer-expulsado-por-aula-segura-el-movimiento-secundario-no-ha-hecho-lo-suficiente-por

[25] Idem

[26] Página oficial Crónica Digital, en:  www.cronicadigital.cl

[27] Página oficial El Desconcierto, en: www.eldesconcierto.cl

[28] Con incidentes aislados termina  primera marcha estudiantil del año en el centro de Santiago.  En:   https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/04/25/945862/Con-incidentes-aislados-termina-primera-marcha-estudiantil-del-ano-en-el-centro-de-Santiago.html

[29] Síntesis que acompaña el titular en prensa gráfica.

[30] Confech llama a paro nacional y marchas tras pérdida de gratuidad de estudiantes que se atrasaron en sus carreras. En: https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/04/03/943429/Confech-convoca-a-la-primera-marcha-del-ano-en-rechazo-que-miles-alumnos-pierdan-la-gratuidad.html  / En:

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/04/03/943429/Confech-convoca-a-la-primera-marcha-del-ano-en-rechazo-que-miles-alumnos-pierdan-la-gratuidad.html

[31]Pérdida de gratuidad y la necesidad de reconstruir movimiento estudiantil para luchar. En: https://www.eldesconcierto.cl/2019/04/03/perdida-de-gratuidad-y-la-necesidad-de-reconstruir-movimiento-estudiantil-para-luchar/

[32] Marcha estudiantil en Santiago dejó 35 personas detenidas y seis Carabineros lesionados. En:

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/04/25/945917/Carabineros-detalla-que-35-personas-fueron-detenidas-durante-marcha-estudiantil-en-Santiago.html

[33] Intendenta Rubilar por marcha estudiantil: "Se les escapó de las manos a los organizadores". En:

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/04/26/945946/Intendenta-Rubilar-por-marcha-estudiantil-Se-les-escapo-de-las-manos-a-los-organizadores.html

[34] Universidad de Concepción avaluó en $5 millones los daños tras la marcha del jueves. En:  https://www.soychile.cl/Concepcion/Sociedad/2019/04/27/592770/Universidad-de-Concepcion-avaluo-en-5-millones-los-danos-tras-la-marcha-del-jueves.aspx

[35] Página web Crónica oficial, en:  www.crónicadigital.cl

[36] Estudiantes anuncian marcha. En: https://www.cronicadigital.cl/2019/04/16/estudiantes-anuncian-marchas-de-protesta/

[37] Pérdida de gratuidad y la necesidad de reconstruir el movimiento estudiantil para luchar. En: https://www.eldesconcierto.cl/2019/04/03/perdida-de-gratuidad-y-la-necesidad-de-reconstruir-movimiento-estudiantil-para-luchar/

[38] CONFECH y estudiantes secundarios confirman Primera marcha del año 2019. En: https://www.eldesconcierto.cl/2019/04/15/confech-y-estudiantes-secundarios-confirman-la-primera-marcha-del-ano-2019/

[39] Gobierno por carabinero agredido en marcha estudiantil: "Son cobardes que atacan en grupo". En: https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/04/25/945881/Gobierno-por-carabinero-agredido-en-marcha-estudiantil-Son-cobardes-que-atacan-en-grupo.html

[40] Encapuchados atacan a carabinero tras marcha estudiantil e intendenta Rubilar condena vandalismo. En: https://tv.emol.com/detail/20190425163653888/encapuchados-atacan-a-carabinero-tras-marcha-estudiantil-e-intendenta-rubilar-condena-vandalismo

[41] Tu futuro tiene deudas. En: https://www.eldesconcierto.cl/2019/04/24/tu-futuro-tiene-deudas/

[42] Represión a manifestantes en protestas contra el gobierno de Piñera, en: https://www.cronicadigital.cl/2019/09/05/represion-a-manifestantes-en-protestas-contra-gobierno-de-pinera/

[43] Estudiantes chilenos duramente reprimidos en primera marcha de 2019. En: https://www.hispantv.com/noticias/chile/426978/estudiantes-represion-marcha-educacion

La preocupación por la situación de las personas que defienden los derechos humanos en Colombia ha sido reiteradamente expresada por la CIDH, que se ha manifestado sobre la falta de protección y medidas de seguridad, así como por la impunidad existente en relación con los actos perpetrados[1] contra las personas que ejercen la defensa de los derechos humanos: defensoras y defensores, líderes sociales y comunales, estudiantes, periodistas. Se destaca, por ejemplo, la admisión en el año 2016 del caso de un estudiante asesinado en el marco de una manifestación universitaria[2] y más recientemente, en noviembre de 2019, el fallecimiento de otro estudiante como resultado del uso desmedido de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional en el marco de una protesta”[3]. También CIDH ha reafirmado la importancia de su labor para la consolidación del Estado de Derecho y la transición hacia la paz en Colombia, y ha lamentado que la situación de la violencia siga en aumento sostenido desde la implementación del último Acuerdo de Paz.

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Dentro del contexto más reciente del país, cabe destacar la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (2016)[4] y el complejo proceso posterior para la implementación de los compromisos asumidos en el mismo, compromisos entre los que también se contempla la situación de defensoras y defensores de derechos humanos, en cuanto a la garantía de sus derechos, la prevención del riesgo y estrategias para garantizar su seguridad y protección integral.

En visita reciente al país, destacó los “altos niveles de asesinatos, y también en graves amenazas, estigmatización y actos de criminalización”, además de la falta de un “sistema unificado que dé cuenta de las cifras consolidadas respecto al número de defensoras y defensores de derechos humanos asesinados” [5]. La CIDH también ha recibido información y ha manifestado su preocupación por la “estigmatización en medios de prensa de las protestas estudiantiles, en las que se señala a los estudiantes como “vándalos”, “guerrilleros” o “terroristas”[6].

Cifras manejadas por organizaciones de la sociedad civil en oportunidad de una audiencia celebrada ante la CIDH[7], indican que entre el 2010 y el primer semestre de 2019 se registraron al menos 3.434 amenazas contra personas defensoras de DDHH, seguido de un descenso significativo en 2016, para luego, entre 2018 y 2019 presentar un incremento del 53 por ciento en las amenazas, desde agosto de 2018 hasta junio de 2019 se registraron al menos 632 amenazas. En 2019, el ACNUDH documentó 108 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, incluyendo 15 mujeres y dos integrantes de la población LGBTI.[8]

Entre los aspectos positivos cabe destacar la aprobación, en el ámbito distrital de Bogotá, del “Protocolo de Actuación para Las Movilizaciones Sociales en Bogotá: Por El Derecho a la Movilización y la Protesta Pacífica”[9] orientado a regular la actuación de las fuerzas de seguridad y la protección de  derechos de las personas que participan en las movilizaciones. Ya anteriormente el ACNUDH en el último informe del 2019 había advertido sobre la falta de protocolos acusando malos tratos y tortura, recomendando la revisión de protocolos de actuación del ESMAD.[10]

De la información recabada en entrevistas con la matriz utilizada, podemos destacar que, en el ámbito político y económico, las políticas públicas han priorizado los intereses económicos y propiciado procesos de privatización que han impactado fuertemente en el ámbito educativo. El sistema educativo del país ha sufrido en las últimas décadas un avance de la privatización y al mismo tiempo la precarización del ámbito público sobre todo en lo que atañe al financiamiento de la universidad pública. Esta situación ha llevado al movimiento estudiantil a ser uno de los más críticos y movilizados, en conjunto con los movimientos campesinos e indígenas, y ha sido fuertemente amedrentado por el Estado y otros actores.

Por su parte, el país presenta un escenario desafiante en lo que respecta a la educación superior pública (profesional, técnica y tecnológica), el que se vio agravado en los últimos gobiernos con la disminución del financiamiento. Ello genera a su vez una crisis que impacta en el sostenimiento de los campus universitarios, el funcionamiento y gestión administrativa de las instituciones de educación, así como el ámbito de la investigación, docencia y extensión universitaria.

En este contexto, y ante las dificultades que presenta la ley 30 de 1992 con respecto a asuntos tan claves como el financiamiento de la educación superior pública, las y los estudiantes del país conformaron la Mesa Amplia Nacional Estudiantil en 2011 y se ganaron un nivel amplio de legitimidad con diversos sectores sociales del país, así como un lugar de interlocución frente al gobierno de Juan Manuel Santos. Al finalizar el año 2011 se cierra el proceso de interlocución y protestas con el retiro del proyecto de ley que pretendía “corregir” algunos aspectos de la ley pero que, a cambio de resolver el problema estructural, incorporaba otros asuntos que iban en detrimento de la situación educativa.

El 7 de agosto de 2018 inicia su período de gobierno el presidente Iván Duque del partido Centro Democrático que representa la postura de derecha más radical. De inicio, anuncia su oposición a los acuerdos de paz y la inversión de 8.9 millones USD para la seguridad pública, frente a 9.8 millones USD para el Ministerio de Educación y declarados insuficientes por el movimiento estudiantil, lo que pone en alerta a todos los sectores sociales del país.

Agenda de lucha del movimiento estudiantil Colombia

El movimiento estudiantil universitario construye sus demandas principalmente relacionadas al presupuesto destinado a las universidades públicas. Este agrupa jóvenes críticos al sistema educativo y político en general existente en Colombia. Debido a ello, enfrentan situaciones de criminalización, la que recae principalmente en estudiantes urbanos de universidades públicas.

Por otro lado, del análisis de entrevistas se destaca la demanda de paz, en el marco de la cual alegan su derecho a educarse en un contexto que promueva un buen aprendizaje y no en medio de la guerra, ya que algunos estudiantes aseguran “la paz nunca llegó”. Además de lo anterior existe la presencia de un modelo educativo que no promueve el conocimiento crítico, sino más bien, intenta hegemonizar conductas, saberes y discursos, siendo la escuela un dispositivo de control más, y no un espacio de construcción de saberes, encuentro y reconstrucción del tejido social.

Es por lo anterior que las luchas por la educación en el país se focalizan principalmente en el robustecimiento del financiamiento. Así, “a lo largo del año pasado, el contexto de lucha por el derecho a la educación se caracterizó por miles de movilizaciones a lo largo y ancho del país, convocadas desde las organizaciones estudiantiles de educación superior y de docentes, así mismo los procesos de incidencia en el Congreso de la República y la apertura de espacios de formación en torno al derecho a la educación y su financiación. Este proceso culminó con la firma de un acuerdo entre el gobierno y las organizaciones estudiantiles universitarias y de docentes, en el que el gobierno se compromete a entregar cerca de $1.2 millones USD adicionales para la Educación Superior Pública a lo largo del próximo cuatrienio”[11]

 

Concretamente, las demandas más expresadas refieren a: garantizar y aumentar los recursos que permitan al Estado entregar educación pública gratuita; la dignificación de la labor docente, con salarios y jornadas de trabajo justas; los centros educativos como territorios de paz y justicia social, exentos de todo tipo de violencias; la implementación de procesos de reparación postconflicto establecidos en los acuerdos de paz[12];  el pleno respeto al derecho a la libertad de expresión y enseñanza, a la integridad física de estudiantes, docentes y demás actores de la comunidad educativa, así como su  derecho a asociación y protesta social.

¿Quiénes criminalizan a los/as estudiantes en tu país?

 

En este contexto mencionado precedentemente, en función de las exploraciones realizadas y según los señalamientos de algunas de las personas entrevistadas, la institucionalidad estatal juega un importante rol en los procesos de criminalización contra personas, colectivos u organizaciones, procesos en los que también es posible identificar intereses económicos y políticos de las clases dominantes, aunado al rol de los medios de comunicación que en su mayoría responden a intereses de élites de poder. Se destaca a su vez, la participación de los paramilitares quienes también participan de procesos de criminalización. A seguir, los principales puntos relevados:

 

¿Qué es lo que hacen?  /  ¿Contra quienes lo hacen?

De manera general, se notó la elaboración de un discurso oficial y acciones concretas que más allá de las situaciones de criminalización suponen generar un discurso y concepciones equívocas respecto de un derecho humano, como lo es el derecho a la protesta (indivisible de otros derechos humanos fundamentales como ya se ha señalado), para comenzar a instalar el ejercicio de este derecho como una problemática social de “desorden público”, “desmanes”, “vandalismo”.

Se ha observado que representantes de altos cargos de poder en el Estado (por ejemplo, desde el ámbito presidencial o de las autoridades ministeriales), adoptan conductas de etiquetamiento a quienes se oponen al sistema político educativo imperante. Estas prácticas, como llamar “vándalos” a manifestantes, a través de los medios de comunicación, constituyen un eslabón significativo a la hora de generar procesos de criminalización tanto de la protesta, como de las personas manifestantes y dirigentes sociales.

Las entrevistas relataron casos de hostigamiento, amenazas, secuestro, ajusticiamiento, infiltraciones, entre otros, por parte de los aparatos policiales y de inteligencia. La creación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD)[13] como una unidad específica de la policía especializada en “disturbios”, la que opera desde el año 1999 y que la mayoría de las veces no respeta protocolos de acciones, reprimiendo las manifestaciones, hostigando y amenazando dirigentes estudiantiles y docentes.

En los casos investigados y según la información recabada, podríamos inferir que se constituye como una parte importante en los procesos de criminalización ya que realiza, desde etiquetamiento de sujetos (con el caso de los “carteles de vándalos”), actos de violencia, detenciones arbitrarias de manifestantes, y hasta actos que implican la apertura de procesos legales en contra de estudiantes. El ESMAD es permanentemente acusado de no respetar los protocolos en el uso de las armas de “contención”.[14] En tal sentido, se ha señalado entre los más recientes, el caso de un estudiante (Dilan Cruz)[15] que resultó muerto por el impacto de un artefacto de gas lacrimógeno en su cabeza.

 

Se registra la aprobación de leyes que habilitan el control de las manifestaciones legítimas de los movimientos sociales y organizaciones. En tal sentido, se puede mencionar el Código Nacional de Policía y Convivencia (2016)[16] que contiene estipulaciones orientadas a limitar el derecho a la protesta, reunión y manifestaciones públicas. En efecto, se establece que toda persona puede reunirse y manifestarse en sitio público con el fin de exponer ideas e intereses colectivos de carácter cultural, político, económico, religioso, social o de cualquier otro fin legítimo, pero que con tales fines debe darse aviso por escrito presentado ante la primera autoridad administrativa del lugar o mediante correo electrónico, suscrito por lo menos por tres personas. A su vez, se establece que toda reunión y manifestación que cause alteraciones a la convivencia podrá ser disuelta, pero sin delimitar los criterios para ello, lo que podría estar otorgando una facultad ilimitada de disolver reuniones y manifestaciones[17].

En lo que concierne al poder judicial según las expresiones vertidas por las personas entrevistadas, se aprecia en este ámbito un uso indebido del derecho penal, al que deben enfrentarse dirigentes y jóvenes organizados con falsas acusaciones (los conocidos casos de los falsos positivos judiciales) , procesos sin las debidas garantías conllevando a situaciones de encarcelamiento o exilio, y la vulneración  de derechos humanos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso judicial.[18]

 

Se han identificado casos en los que  grupos Paramilitares[19] realizan declaraciones, con claras amenazas de muerte a estudiantes y dirigentes estudiantiles. Entre los más conocidos casos, se menciona el del grupo armado ilegal autodenominado “Águilas Negras”, grupo que ha venido señalando como objetivo militar a diversas organizaciones de la sociedad civil y defensoras y defensores de derechos humanos, incluyendo estudiantes. Copia de una de estas amenazas (panfleto de fecha 17 de septiembre de 2018) fue entregada a la CIDH en el marco de la visita al país realizada en noviembre de 2018.[20]

 

RECUADRO I: CASO DESTACADO

 

 

El “Cartel de los Vándalos”: historia de un estudiante criminalizado

 

En el contexto, se presenta el caso de un estudiante universitario, acusado sin fundamento y expuesto públicamente por parte de actores estatales como responsable de actos de disturbio y vandalismo en el marco de una manifestación, y las vulneraciones que ello supuso para sus derechos

 

El año 2013 ocurre el Paro Nacional Agrario, el país se paraliza por las demandas, protestas y movilizaciones masivas del sector, acompañadas por un gran número de estudiantes universitarias/os. En el contexto de las movilizaciones realizadas en Bogotá, un joven de 18 años, estudiante de Filosofía de la Universidad Pedagógica, salió a marchar junto a sus compañeras/os, logrando llegar junto a otros pocos al centro de la ciudad, en el marco de los enfrentamientos con la ESMAD. Atendiendo a la solicitud del Presidente, que se había pronunciado expresando que para “identificar y capturar a estas personas” se conformaría un «cartel de los vándalos», la Policía Nacional hace una recopilación de imágenes de 48 personas, las que fueron difundidas masivamente a través de carteles fijados en estaciones de transporte colectivo (TransMilenio), estaciones de policía, despachos judiciales, así como se difunde en televisión abierta, y en numerosas páginas de internet, entre las cuales se encontraba la de este joven. En el cartel, titulado “Ayúdenos a identificarlos”, ofrecía además una recompensa de cinco millones de pesos a quien proporcione información sobre estas personas supuestamente responsables de graves disturbios.

El día de la marcha, el estudiante había grabado algunas partes de las manifestaciones con su celular, lo que le permitió contar con pruebas de no haber participado en los disturbios (arrojar piedras, rayar paredes) y contrarrestar una serie de falsas evidencias que acompañaban su criminalización[21]. Estos hechos determinaron acciones de apoyo y protección por parte de algunos docentes de la Universidad, así como el acompañamiento ante los impactos generados por la exposición de su imagen en el cartel (no podía presentarse en clases, requirió de alojamiento debido a que la familia lo expulsó de la casa, entre otras).  Entre las acciones llevadas adelante, y contando con apoyo legal, elaboraron un dossier con pruebas principalmente mediáticas sobre el montaje y el proceso de criminalización que vivió el estudiante.

Lo anterior motivó una serie de acciones judiciales. Así, compareciendo y presentando un Derecho de Petición ante la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de ejercer su derecho a la defensa, conocer las razones de la exposición de su imagen públicamente, y conocer si existía algún proceso penal o investigación en su contra. En respuesta, la Fiscalía confirma que no existían registros de Procesos Penales en curso contra el estudiante. La presentación de una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, que le fue negada por considerar que la finalidad buscada con el cartel era legítima[22], señalando que debería recurrir ante la Fiscalía y a la Policía Nacional para demostrar su inocencia. En razón de ello, se interpone una acción de tutela ante el Juzgado 72 Municipal con Funciones de Control de Garantías de la ciudad de Bogotá, señalado el juez actuante la vulneración al derecho al buen nombre y que “la publicación de esos carteles, con los señalamientos de responsabilidades, con el ofrecimiento igualmente de recompensas, sin, al parecer y de acuerdo a lo que ha dicho la fiscalía igualmente, sin elementos materiales probatorios viola también ese derecho fundamental a la presunción de inocencia”. En consecuencia, ordenó que los carteles deberían ser retirados de todos los sitios y lugares y que además debían ser investigadas las personas que ordenaron la publicación del mismo.

Concretamente, los caminos legales buscaron que cesara la vulneración a sus derechos a la integridad personal, honra, buen nombre, presunción de inocencia, debido proceso, dignidad humana, familia y tranquilidad.

Además de esto, se consideró que estas vulneraciones habían afectado también a su familia ocasionando grandes perjuicios, por dicha razón se solicita al Presidente de la República Juan Manuel Santos y al Director de la Policía Metropolitana de Bogotá pedir perdón público al joven ya que lo habían condenado como vándalo. Hasta el día de hoy no hay un proceso de reparación para el joven estudiante ni para su familia. Cabe destacar que esta situación y forma de criminalización se sigue repitiendo hasta hoy, como en las manifestaciones del último paro en Colombia[23]. Dos días antes a la realización del Paro Nacional de noviembre de 2019, se realizaron al menos 36 allanamientos contra medios de comunicación alternativos, asociaciones de artistas, organizaciones no gubernamentales y residencias de estudiantes en Bogotá, Cali y Medellín. Los mismos fueron realizados por instrucciones de la Fiscalía General de la Nación y gran parte de ellos con posterioridad fueron declarados ilegales por la justicia[24].

 

 

RECUADRO II:  MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 

´¡Ojo! Continúa movilización de estudiantes´

A continuación, compartimos un panorama sobre los medios de comunicación en su abordaje a la temática de la movilización estudiantil, así como los discursos que se despliegan hacia a la construcción de una mirada negativa sobre esta protesta social.

 

Para este relevamiento sobre el tratamiento a las narrativas mediáticas, se escogieron las piezas informativas y de opinión publicadas entre el 10 y el 15 de octubre de 2018, tomando como medio hegemónico la versión Online del periódico El Tiempo (ET)[25] y, por otro lado, La Silla Vacía (SV)[26] medio de comunicación online independiente, notas publicadas  en el marco de las marchas ocurridas durante el mes de octubre de 2018.

De manera general, La Silla Vacía, aunque publica menos notas con respecto al tema, ofrece una información más profunda que permite una comprensión del fenómeno en el contexto político, social y económico; incluyendo además información sobre la naturaleza y procedencia de los actores del escenario social y político. Es así que, por ejemplo, quienes acceden a estos artículos informativos tienen más claridad respecto a quienes convocan a  movilizarse y que no se trata de un actor homogéneo (“Los estudiantes” como se destaca en las noticias de ET) sino que es una confluencia entre dos sectores: La Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES), que reúne 300 Representantes Estudiantiles de 60 universidades; y la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (UNES) nacida en 2018 y que nuclea  estudiantes de educación superior pública y privada.

Cada una de estas organizaciones tiene su propio pliego de peticiones, como se muestra en el artículo publicado el 10 de octubre, este explica el origen de cada organización, los grupos políticos que los acompañan y la estructura organizativa; hace un recorrido por la forma en que cada organización participa y lidera la marcha, así como sus demandas; finalmente, analiza los puntos de encuentro y desencuentro de las organizaciones estudiantiles. Ofrece un contexto nacional, es decir los artículos no se centran en la marcha como evento desde lo local, narrada desde lo que pasa en las regiones o principales ciudades del país, sino que tienen una perspectiva nacional que permiten comprender la relevancia política del hecho.

El Tiempo (ET) se centra más en la difusión de piezas informativas y de opinión, pero del acto de movilización en sus diferentes momentos y espacios. Sus referencias, en su mayoría (10 sobre 12), aluden a hechos detallados de las movilizaciones en la capital del país (Bogotá), lo que deja ver un gran nivel de centralidad (capitalino) si se tiene en cuenta que, según uno de los estudiantes entrevistados, las marchas se registraron en 8 ciudades importantes del país; apenas en 2 de ellas se hace alusión a hechos relacionados con las marchas en los departamentos de El Valle, Cauca, Nariño y Meta. En el caso de la Silla Vacía, 3 de las referencias se refieren al hecho en su carácter nacional y en una de ellas se especifica a la ciudad de Medellín.

Las escasas voces que se escuchan desde la posición del gobierno se refieren a asuntos relacionados a los daños realizados en las marchas a Transmilenio[27] (transporte público) en la capital colombiana, pero no con asuntos estructurales de las demandas. En El Tiempo, por ejemplo, sólo en una nota de las analizadas[28], habla sobre la importancia de la educación la ministra del ramo, en contraste, en el medio La Silla Vacía los expertos y estudiantes entrevistados sí se refieren a temas importantes sobre educación.

Es importante señalar que ambos medios en sus lenguajes presentan el tema de las marchas como un asunto de confrontación entre dos bandos, alimentando la polarización, al utilizar la palabra “fuerza” y “pulso”, y significando la marcha, como una constante tensión de poder entre los movimientos estudiantiles y el nuevo Gobierno.

En el manejo que se le da a las fuentes y a los discursos de los actores que intervienen en las notas publicadas por la Silla Vacía, se deja ver que las marchas son un derecho, que éstas no son generadoras de miedo. Las publicaciones de El Tiempo, por el contrario, hacen alusión a temas como el “vandalismo”. Le dan mayor fuerza en sus patrones de discurso a las dificultades que la marcha genera en el desplazamiento de los habitantes, principalmente de la ciudad de Bogotá. En nota publicada el 10 de octubre, el título que da entrada a la noticia dice “¡Ojo! Continúa movilización de estudiantes” [29]. La expresión ¡Ojo! denota precaución ante la posible presencia de situaciones que generan inseguridad o peligro. Se advierte, por tanto, que el medio está más preocupado por el “vandalismo” de las marchas, que por el propósito social y político que las mismas pueda tener. El cuerpo de la noticia es una constante alarma a las dificultades de movilización y sus consecuencias debido a la marcha.

Un elemento que aporta en la intención de las narrativas de los medios es el uso de los formatos, ambos medios online acuden a formatos multimediales. La Silla Vacía, por ejemplo, acude a la noticia, la columna de opinión, la fotografía y el podcast. Así, por ejemplo, el día 10 de octubre, titula dando entrada y publica textualmente un comunicado sobre el apoyo de los educadores y las educadoras rurales a las marchas estudiantiles. El Tiempo utiliza el video, la réplica de Twitter de entidades públicas, parlamentarios/as, otros medios de comunicación y referentes universitarios.

Notamos que, de manera sutil, El Tiempo, a pesar de mostrar cierta apertura  a darle  voz a quienes protestan (estudiantes, profesores/as), logra generar un estigma de las marchas, vinculándose constantemente con “vandalismo y la generación del caos[30]” en la principal ciudad del país. La tendencia se repite por medios masivos (sobre todo la televisión) en las actuales circunstancias de movilizaciones generadas a partir del paro nacional.

[1] Los que incluyen asesinatos amenazas, hostigamientos, atentados.

[2] En 2016, la CIDH admite el caso de Jhonny Silva, estudiante de la Universidad del Valle, asesinado por integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía en 2005 durante una manifestación universitaria. https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2016/COAD1108-08ES.pdf

[3] En en el marco de la movilización ciudadana “cacerolazo” la que tuvo lugar el 23 de noviembre de 2019 en la ciudad de Bogotá, el joven Dylan Cruz fue impactado en la cabeza por uno de los artefactos falleciendo el 25 de noviembre: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/313.asp

[4] http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf

[5] https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/008.asp

[6] https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/008.aspEn

[7] CIDH, 173° período de sesiones (Setiembre de 2019) por las siguientes organizaciones de la sociedad civil: Asociación Minga, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional –CEJIL-, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –CAJAR-, Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, Comisión Colombiana de Juristas –CCJ-, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –CSPP-, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES-, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos –CEEUU-, Corporación Jurídica Libertad, Corporación Reiniciar, Corporación Yira Castro, Fundación Nydia Erika Bautista, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Ruta Pacífica de las Mujeres, y SISMA Mujer:  https://www.coljuristas.org/nuestro_quehacer/item.php?id=258

[8] Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia durante el año 2019. Disponible en: https://www.hchr.org.co/index.php/informes-y-documentos/informes-anuales/9136-informe-del-alto-comisionado-de-las-naciones-unidas-para-los-derechos-humanos-sobre-la-situacion-de-derechos-humanos-en-colombia-durante-el-ano2019

[9] Decreto 563 de 2015: http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64324&dt=S

[10] Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia durante el año 2019. Disponible en:  Informe anual alto comisionado, año 2019.

[11] Luchas por el financiamiento educativo en Colombia. Disponible en: https://redclade.org/noticias/colombia-en-2019-siguen-las-luchas-por-financiamiento-educativo-el-derecho-a-la-educacion-y-la-paz/

[12] Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Disponible en: https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Fotos2016/12.11_1.2016nuevoacuerdofinal.pdf

[13] Escuadrones móviles antidisturbios. Disponible en: https://www.policia.gov.co/especializados/antidisturbios

[14] Informe anual Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) 2019. Disponible en: https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informe-anual-2019-ES-2.pdf

[15] Comunicado de prensa de la CIDH. Disponible en:  http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/313.asp

[16] Ley 1801 por la cual se expide el Código Nacional de Policía  y Convivencia, art. 53: http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201801%20DEL%2029%20DE%20JULIO%20DE%202016.pdf

[17] Código nacional de policía. Disponible en:  https://www.policia.gov.co/sites/default/files/ley-1801-codigo-nacional-policia-convivencia.pdf

[18] Falsos positivos presentados por CIDH. Disponible en:  Casos de Falsos positivos presentados por la CIDH

[19] Denuncian amenazas de las Águilas Negras a estudiantes. Disponible en:  https://www.elespectador.com/noticias/nacional/antioquia/denuncian-amenazas-de-las-aguilas-negras-estudiantes-de-la-universidad-de-antioquia-articulo-861793

[20] CIDH, Comunicado de Prensa No. 08/19, Visita de trabajo a Colombia sobre la alarmante situación de asesinatos de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos, 15 de enero de 2019. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/008.asp

[21] Como correos electrónicos de personas que no se identificaban con un número de documento de identidad, y que aseguraban ser compañeros del estudiante, señalándole como una de las personas responsables de los disturbios.

[22] La Corte Suprema de Justicia, confirmó esta determinación por fallo de 17 de octubre de 2013.

[23] Estudiantes aparecen en cartel acusados de vandalismo. Disponible en: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/estudiantes-de-manizales-rechazan-aparecen-en-cartel-de-buscados-por-vandalismo-438798

[24] Informe anual Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) 2019. Disponible en: https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informe-anual-2019-ES.pdf

[25] Se consideraron 12 notas informativas y de opinión que hacen alusión al tema del movimiento estudiantil. El periódico El Tiempo es el de mayor tiraje impreso en el país y propiedad de un empresario que a su vez es del grupo Aval (la banca), de numerosas industrias y financiador de varias campañas a la presidencia del país.

[26] Se revisan 4 piezas informativas y de opinión. La Silla Vacía, fundada en 2009 es propiedad de una abogada, escritora y periodista que ejerce como presidenta de la Fundación para la Libertad del Periodismo (FLIP), este medio tiene la narrativa de las historias que describen las formas de ejercicio del poder en Colombia.

[27] Estudiantes limpian graffitis de TransMilenio. Disponible en: https://www.eltiempo.com/bogota/estudiantes-limpian-graffitis-de-transmilenio-durante-marchas-universitarias-279690

[28]  Publicada con fecha 10 de octubre

[29] Paro de estudiantes en Bogotá. Disponible en: https://www.eltiempo.com/bogota/paro-de-estudiantes-en-bogota-dificultara-la-movilidad-279252

[30] Paro de estudiantes en Bogotá. Disponible en: https://www.eltiempo.com/bogota/paro-de-estudiantes-en-bogota-dificultara-la-movilidad-279252

En la última década, se asistió con preocupación en Honduras al aumento de casos de violencia, asesinato, criminalización y persecución a estudiantes movilizados en el país para luchar por sus derechos, tales como transporte público, boleto estudiantil gratuito, reformas y un mayor presupuesto para a educación. Según datos del Observatorio Nacional de la Violencia, de enero de 2010 a mayo de 2018, han sido asesinados en contextos de protestas, huelgas, y violencia por parte de grupos armados, 1.522 estudiantes de todos los niveles educativos en Honduras.

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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha afirmado que Honduras sigue siendo el país de la región más peligroso para las y los defensores de derechos humanos. En un reciente informe[1], este organismo destacó su preocupación particularmente a la inseguridad a la que están expuestos las y los activistas en el país, y reconoció el rol de las y los estudiantes universitarios en la lucha por los derechos humanos. Sus llamados, a través de medios pacíficos, para mejores condiciones de la educación superior y por mayor participación estudiantil, vienen siendo respondidas con penalidades, violencia y prisión arbitraria. El organismo destaca, finalmente, la cuestión de la impunidad como un dato a ser superado con urgencia.

Desde el año 2009, tras el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, el movimiento estudiantil viene movilizándose contra los diversos  gobiernos surgidos a partir de ese hecho y contra las políticas privatizadoras, de restricción democrática y de participación al interior de las Universidades, particularmente las movilizaciones del año 2015 tuvieron repercusión internacional.

El proceso privatizador de la educación pública Hondureña se expresa fundamentalmente en la creciente provisión de educación prebásica por parte de fundaciones privadas,  surgimiento de escuelas privadas de bajo costo, cobro de cuotas a las familias con niñas/os en escuelas públicas, la provisión privada resultante de la insuficiencia de las escuelas públicas en el nivel secundario. Por otra parte, el movimiento de estudiantes denuncia el fenómeno de la incursión en el ámbito educativo de empresas a través de lo que se denomina responsabilidad social corporativa, la creciente participación de ONG´s y organizaciones con fines de lucro subcontratadas por agencias de cooperación, y la puesta en marcha de las políticas de rendición de cuentas[2].

Ante este proceso privatizador han sido los estudiantes tanto secundarios como universitarios que han asumido un rol protagónico de resistencia a estas medidas. Las universidades como símbolo de expresión y pensamiento crítico asumen el papel de encarar, criticar y expresar su opinión ante la crisis sociopolítica. Las universidades públicas de Honduras han liderado las denuncias de represión y criminalización hacia los movimientos sociales y estudiantiles.[3]

 

¿Quiénes criminalizan a los/as estudiantes en tu país?

 

Dado el contexto de crisis política que vive el país, las personas entrevistadas coinciden en que el principal actor responsable de la criminalización de la protesta estudiantil es el mismo Estado hondureño. Se menciona también a sectores conservadores de la sociedad identificados con el Partido Nacional actualmente en la administración del Estado y con mayoría parlamentaria en el congreso, este partido tiene muchos intereses económicos en la educación y en otros ámbitos como la minería donde también se criminaliza a los dirigentes sociales que se oponen a estas inversiones y proyectos. El gobierno defiende las políticas privatizadoras, y de nula participación democrática de todos los actores educativos, impidiendo la formación de un pensamiento libre y crítico.

El principal promotor e impulsor de la política de criminalización es el Estado Hondureño, a través de sus distintas instituciones: gobierno, congreso unicameral, tribunales de justicia y autoridades universitarias, que articulan mecanismos y dispositivos legales para configurar un escenario donde el movimiento estudiantil, y sus protagonistas son puestos ante la opinión pública como un sector que atenta contra la estabilidad y el orden del sistema.

De igual manera, sectores de la sociedad civil como empresarios, medios de comunicación y grupos paramilitares (escuadrones de la muerte) fueron identificados como promotores de la criminalización.

¿Qué es lo que hacen? 

Desde el año 2009 los distintos gobiernos desplegaron una sistemática política de criminalización hacia el movimiento estudiantil, los principales mecanismos implementados por las distintas administraciones contemplan:

La elaboración de un discurso oficial que tiende a separar y dividir el movimiento entre estudiantes modelos, que mantienen una actitud pacífica y de respeto a los canales institucionales para procesar las demandas del sector, y estudiantes que desbordan esos canales institucionales y ponen en riesgo la seguridad y el desarrollo “normal” de las instituciones educativas. Estos últimos son catalogados como “vagos”, vándalos” y “terroristas”.

De la misma manera, se promueven iniciativas legales que tienden a subir las penas a conductas relacionadas con la protesta social, como obstrucción de las vías públicas, uso de capuchas, y la tipificación como delitos de sedición y terrorismo a la ocupación de edificios públicos. Este accionar se ve claramente reflejado en las últimas modificaciones al código penal, que hoy se encuentra sin poder entrar en vigor dado el cuestionamiento de organizaciones sociales, y organismos de derechos humanos como la CIDH, y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El principal actor represivo contra las movilizaciones estudiantiles y sociales que ha impedido el derecho a la protesta social ha sido la policía. El accionar de esta ha sido respaldo del gobierno central, aumentando incluso los recursos monetarios al presupuesto de la policía y fortaleciendo la militarización de la sociedad hondureña. Las principales formas de ataque, señaladas por las personas entrevistadas, han sido la infiltración al movimiento estudiantil, seguimiento a dirigentes, identificación de domicilios, familiares, conductas, rutas de desplazamiento, tomas de fotografías, vigilancias permanentes, y envío de mensajes y amenazas de muerte. Estas prácticas persecutorias y de amedrentamiento generan miedo, desmovilización, y en algunos casos exilio obligado.

Hoy de los 128 diputados que componen el congreso, 67 responden a la política oficial del gobierno y del partido Nacional. Su accionar ha estado concentrado en modificar el código penal en aquellos artículos que permitan tipificar de terrorismo la protesta social. El artículo 590 aprobado en Septiembre del año 2017 señala: “Son asociaciones terroristas las constituidas sea de modo permanente o transitorio por dos o más personas para cometer algún delito con alguna de las finalidades siguientes: -Subvertir gravemente el orden constitucional; -Provocar un estado de terror en la población o parte de ella. -Tienen también la consideración de asociaciones terroristas las que aun teniendo como objeto constitutivo uno lícito, realicen en todo o en parte las conductas a las que se refiere el párrafo anterior,”[4] El mismo artículo contempla penas máximas de hasta 20 años de presidio efectivo.

Por otro lado, las principales autoridades universitarias han presentado querellas, realizado expulsiones, restricción de becas de alimentación,  excelencia académica y origen étnico a estudiantes identificados cuando participan en las movilizaciones. También se han dado prácticas de delación por parte de autoridades y profesores ligados sobre todo al Partido Nacional. Asimismo, se registraron amenazas  como mecanismo de desarticulación del movimiento estudiantil, ofrecimiento de becas y de trabajo para condicionar la conducta de estudiantes.

En lo que concierne al Ministerio Público en su rol de dirigir las investigaciones, y proveer las pruebas ante las acusaciones de delitos cometidas por estudiantes en los contextos de movilización y protestas, existe acuerdo entre las personas entrevistadas respecto a una serie de irregularidades que violentan el derecho al justo proceso e igualdad ante la ley, cometidas por fiscales vinculados con escuadrones de la muerte, con el fin de atemorizar a estudiantes y testigos de hechos. Desde el 2014 al 2017 se iniciaron 152 requerimientos fiscales, el 2016 y 2017 se dieron 25 órdenes de captura contra estudiantes, y en el mismo periodo se registraron 60 expulsiones.

La prensa y los medios de comunicación de masas también son actores importantes en los procesos de criminalización, tergiversando la realidad, etiquetando como vándalos, y vagos a  estudiantes que protestan. Se invisibiliza el contenido de fondo del reclamo estudiantil y solo se concentra en los actos violentos que acontecen en las movilizaciones. Tanto el gobierno como los medios resaltan[5] un modelo de estudiante dócil, acrítico, y pasivo como modelo de buen estudiante que respeta las leyes y normas universitarias (ver recuadro II abajo).

En lo que concierne a los empresarios, estos se han posicionado en relación a las protestas estudiantiles exigiendo el respeto a la propiedad privada, el llamado al orden y la paz social, y a que el gobierno aplique todas las sanciones contra aquellos sectores estudiantiles movilizados por estar deteriorando la imagen del país y obstaculizando la llegada de la inversión extranjera.[6]

Por último, los escuadrones de la muerte conformados por expolicías y militares que vienen de los 80´s, y que en la actual coyuntura se han reactivado enfocando su actuar sobre dirigentes estudiantiles. La denuncia de reactivación de estos grupos paramilitares y su vinculación con el ministerio público, se hacen en el contexto del asesinato de dos dirigentes estudiantiles secundarios y uno universitario ocurrido en Septiembre del año 2018. Entre Enero del 2010 y Marzo del 2016 según el Instituto Universitario de Democracia Paz y Seguridad se registraron 1183 homicidios de estudiantes. Desagregando estos datos, se evidencia que 160 de las y los asesinados eran estudiantes de educación superior, 624 de secundaria, 124 de primaria, y 275 víctimas fueron identificadas como estudiantes sin determinar el nivel educativo al que pertenecían.

Desde el año 2009, cuando se identifica un momento clave de visibilidad del movimiento y la consecuente represión,  hasta el año 2019, se registran 1.500 estudiantes asesinados. En ninguno de esos casos ha establecido la verdad y la justicia, consagrando altos niveles de impunidad.[7]

¿Contra quiénes lo hacen?

El movimiento estudiantil durante los últimos años ha concentrado su accionar en la oposición y rechazo a las políticas privatizadoras de la educación y desde las elecciones del 2017 ha sido el actor social que más ha impulsado el reclamo de ¡Fuera JOH! ( Juan Orlando Hernández). Por lo tanto, no es de extrañar que en general el movimiento estudiantil, tanto universitario como secundario hoy sea foco de una sistemática campaña de criminalización, desprestigio social y represión.

Otros sectores de jóvenes que también han sido víctimas de estas prácticas criminalizadoras son aquellos que se involucran a las demandas ambientalistas y de protección de los recursos naturales, en alianza con comunidades indígenas, también están los jóvenes que representan la diversidad de género, el movimiento que reclama por el alto a los femicidios que en Honduras hasta octubre del año 2018 registraba 300 casos.

Las y los estudiantes hoy están organizados en asociaciones, ante las cuales existe una práctica de cooptación por parte de autoridades, que ofrecen favores y se muestran, como personas “cercanas” y conscientes de las demandas estudiantiles.

RECUADRO I: CASO DESTACADO

 

La judicialización y criminalización de estudiantes de la UNAH

 

En el contexto hondureño, se destaca el caso judicial contra tres miembros del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), acusados y sentenciados por usurpación en el marco de la toma de la Universidad, habiendo sido además objeto de sanciones administrativas como la expulsión de la institución.   

 

El juicio contra los tres estudiantes se inició el 15 de julio 2015 inmediatamente después de que el Ministerio Público presentara un requerimiento fiscal. Dos días después, el 17 de julio, un juez penal les tomó las respectivas declaraciones de imputado y el 05 de agosto de ese mismo año se desarrolló la audiencia inicial, dictando auto de procesamiento con medidas sustitutivas a la prisión, sin que surtiera efecto un Recurso de Apelación interpuesto por la defensa.

La audiencia preliminar se desarrolló el 31 de marzo del 2016 y el  4 de mayo de ese año el Tribunal de Sentencias emitió el auto de apertura de juicio oral y público. El juicio se desarrolló entre el 24 y 27 de mayo del 2017. Allí los declararon culpables y el 07 de agosto de dicho año les individualizaron la pena.

La Autoridad de la UNAH presentó querellas criminales bajo la acusación de “usurpación” y son detenidos y procesados los tres primeros estudiantes que luego llegaron a ser 24 en total. Luego  de la presentación de la querella los tres alumnos fueron además expulsados. Se trata universitarios todos miembros del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), en su momento, condenados a tres años de prisión, luego que el Ministerio Público los acusara de usurpación por la toma de las instalaciones de la UNAH, a inicios del mes de julio del 2015, donde demandaban respeto al derecho a la protesta y defensa de la educación pública.

La abogada defensora, actual tutora de uno de los afectados, en representación de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), explicó que a casi dos años de haberse dictado la sentencia condenatoria la Sala Cuarta, del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, no ha transcrito el acta correspondiente, la cual solo se mantiene en audio, y que por ese motivo en la Corte Suprema de Justicia no les permiten interponer el Recurso de Casación. Sostuvo, además, que es una acción atípica del Tribunal de Sentencias que violenta el debido proceso al que tienen derecho los estudiantes[8]. El 7 de agosto de 2017 los estudiantes resultaron condenados por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencias, según consta en el acta de individualización de la pena, inserta en el folio 410 del expediente.

Uno de los afectados, quien se desempeña como periodista y que en el 2015 era estudiante de la carrera de periodismo, ejercía sus labores acompañando de cerca la lucha estudiantil. En muchas ocasiones fue reprimido por miembros de la policía y del ejército, quienes, violando la autonomía universitaria, con el consentimiento de las autoridades, ingresaban a la universidad para agredir a estudiantes.

Sobre el problema que se presenta en la Corte Suprema de Justicia, la prensa alternativa habló con un afectado, quien contundentemente dijo que no es la primera vez que se les obstruye el acceso a la justicia y esa actitud de los jueces no obedece más que otra de las acciones de persecución emprendidas por las autoridades en contra del estudiantado. “Es para intimidar a la población estudiantil”[9]

A renglón seguido indicó que la falta de acceso a la justicia les viene afectando desde julio del 2015 cuando inició el proceso penal. Tanto él como, como los otros dos estudiantes  involucrados en ese juicio, ya venían siendo víctimas de persecución desde el 2014.

Aunque es consciente de la escalada del gobierno en contra de los movimientos sociales, para el afectado no se explica por qué la justicia hondureña, a la cual él considera desvirtuada, no les permite hacer uso del último recurso legal. Aseveró que la situación forma parte de una política de Estado encaminada a golpear a los movimientos sociales y que la intimidación trasciende la criminalización y alcanza hasta la muerte.

Añadió que se han asesinado estudiantes universitarios y de secundaria, alcanzando incluso a tutores. El afectado agrega que dentro de la universidad se golpea, asaltan y violan muchachas. Sumado a eso, las y los estudiantes que son criminalizados se les acusa de delitos con penas  mayores a los seis años para asegurarse que estarán la cárcel.

RECUADRO II:  MEDIOS DE COMUNICACIÓN

‘Los estudiantes enfrentan a la policía’

 

A continuación, se comparte un análisis de la cobertura realizada por los diarios hondureños a las movilizaciones de estudiantes en contra de la privatización de la administración de los servicios de educación y salud

A mediados de 2019, estudiantes de secundaria y universidad, se suman a las acciones en defensa de la salud y educación, amenazadas por los Decretos Legislativos número 56-2015 que contenía la Ley Marco de Protección Social y el PCM-026-2018, relativo a la creación de la Comisión Especial para la Transformación del Sistema Nacional de Salud. En la última década se agudizó el proceso de privatización de servicios básicos como electricidad, agua potable y vías públicas, esta última a través de la instalación de casetas de peaje, que obligan el pago para su tránsito. Este proceso se pretende extender al sistema educativo y de salud a través de aprobación de leyes y decretos. La administración de la salud y la educación pasarían por lo tanto a manos privadas.

La comunidad estudiantil desarrolló tomas en los centros educativos, marchas y protestas en varias ciudades del país. Esto provocó represión sostenida de parte de agentes de seguridad del Estado: militares y policías. El uso desproporcionado de la fuerza trajo represión, criminalización y asesinatos. Uno de los crímenes más visible fue el de Eblin Noé Corea[10], estudiante del Instituto Polivalente Doroteo Varela Mejía, del municipio de Yarumela - La Paz.

 

La demanda de la comunidad estudiantil de rechazo al proceso de privatización, se enmarca en las acciones nacionales que juntaron a diversos sectores de la sociedad hondureña: gremios, organizaciones sociales, de base o territorial, médicos, docentes y ciudadanía en general. A pesar de que las acciones eran en coordinación con la Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación, la narrativa de los medios de comunicación contra estudiantes era más agresiva motivando la criminalización y justificando las acciones de violencia de parte de los agentes del Estado.

Los medios de comunicación corporativos, aquellos que pertenecen a los grupos de poder económico y político en Honduras: La Prensa, El Heraldo, Radio HRN, Radio América, HCH televisión y Corporación Televicentro, con más de 3 canales nacionales, en su cobertura periodística visibilizan las protestas y acciones de las y los estudiantes como ilícitas y violentas, justificando el uso desproporcionado de la fuerza de policías y militares. Para este análisis exploratorio, seleccionamos dos de estos medios: La Prensa y El Heraldo, que pertenecen al Grupo OPSA (misma editorial), aunque con coberturas geográficas diferentes, uno con mayor presencia en la zona central y el otro en el norte.

En la cobertura de los medios corporativos las acciones de estudiantes en defensa de la educación y salud eran señaladas fuera de la ley, a pesar de que la Constitución de la República garantiza el derecho a la organización (Artículo 76) y protesta. El Estado, por su parte, hacía caso omiso a su obligación de garantizar el derecho a la libertad de expresión y opinión.

Las y los estudiantes reconocen la amenaza, vía decreto, de la privatización de la educación pública, por lo que apelan a la ley para conocer los alcances de la misma y las implicaciones para un millón de estudiantes de primaria y secundaria. Con este proceso las organizaciones estudiantiles de secundaria y de la universidad pública se articulan con la Plataforma en defensa de la salud y la educación, iniciando acciones de rechazo a la privatización de la salud: tomas, caminatas y plantones. Sin embargo, estas tomas son reprimidas por agentes policiales y militares.

Los medios de comunicación en Honduras estigmatizan a las y los estudiantes que denuncian, y les califican como “vándalos, agresivos y violentos”, justificando ante la opinión pública el comportamiento de las fuerzas públicas de seguridad ante el uso desproporcionado de la fuerza, afirmando que las y  los estudiantes propiciaron esa violencia.

En los medios de comunicación impresos analizados, el Estado representado, por  policías y militares que ejecutan desalojos violentos, en el Ministerio Público que acusa a estudiantes por sus acciones, y en los juzgados que inician procesos acusatorios contra estudiantes señalados de violentos. Por otro lado, se encuentra la sociedad civil (no estudiantil) representada por las organizaciones sociales que agrupan la lucha en defensa de la salud y educación, así como de derechos humanos que denuncian violaciones presentes en las protestas que defienden la educación pública, protagonizada por estudiantes de secundaria y universidades.

En la muestra analizada corroboramos que los titulares están cargados de palabras como: caos, enfrentamientos, violentos y disturbios, en todos los casos responsabilizando a estudiantes, subrayando los efectos de las movilizaciones y justificando el uso desproporcionado de la fuerza de los cuerpos de seguridad. Mostramos los siguientes titulares: “Caos y tráfico vehicular en bulevar Suyapa por tomas en la UNAH[11]”, “Estudiantes de secundaria enfrentan a la policía[12]” y “Los encapuchados lanzaban piedras hacia los vehículos”.

Las fotografías que acompañan las noticias muestran a estudiantes encapuchados, quemando de llantas, con piedras en las manos y enfrentándose a policías[13], lo que refuerza la idea de retratos de jóvenes violentos.

La cobertura periodística de los medios señalados construye una imagen de estudiantes violentos, que convocan al caos, frente a los representantes del orden,  policías y militares[14], obligados por las circunstancias (justificativo mediático) a dispersar movilizaciones utilizando gas e incluso armas de fuego[15], sin contextualizar el origen de las demandas, la vulneración de derechos o la protección a la que se debe el Estado.

Otra idea central, es que se muestra a las y los estudiantes incapaces de tener demandas propias en el marco de la reivindicación de derechos,  reflejada por los medios como sujetos manipulados por la oposición política que en los dos últimos años ha demandado la salida del presidente Juan Orlando Hernández por su vínculo con el narcotráfico y la corrupción.

[1] Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders on his visit to Honduras; February-March 2019:  https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/005/53/PDF/G1900553.pdf?OpenElement

[2] Internacional de la Educación (IE, 2019) “La educación en Honduras: entre la privatización y la globalización”. D. Brent Edwards Jr., Mauro C. Moschetti & Alejandro Caravaca:

 

[3] Criminalización de la protesta y ataques contra universitarios en Hondura febrero 2019 http://derechosuniversitarios.org/index.php/2019/07/03/criminalizacion-de-la-protesta-y-ataques-contra-universitarios-en-honduras/

[4] Escandalosa aprobación del artículo 590 del nuevo código penal; Septiembre 2017. https://elsoca.org/index.php/america-central/hondu/4507-honduras-escandalosa-aprobacion-del-articulo-590-del-nuevo-codigo-penal

[5] Movilizaciones de las juventudes en Honduras: La experiencia de los estudiantes Universitarios de la UNAH (2009-2017); Pablo Vommaro; Galel Briceño-Cerrato;Revista LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, vol. XVI, núm. 2, julio-diciembre de 2018, México

[6] Empresarios hondureños exigen para graves daños a la economía; en La Prensa; Junio 2019:

https://www.laprensa.hn/honduras/1291429-410/empresarios-graves-da%C3%B1os-econom%C3%ADa-protestas-maestros-medicos

[7] Escuadrones de la muerte se reactivan en Honduras; en Hispantv; Sptiembre 2018; https://www.hispantv.com/noticias/honduras/387292/protesta-asesinato-estudiantes-atic

[8] “Sin acceso a la justicia tres estudiantes criminalizados por la UNAH porque sentencia está sólo en audio”; en Pasos de Animal grande; Enero 2019; http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/denuncias/item/2387-sin-acceso-a-la-justicia-tres-estudiantes-criminalizados-por-la-unah-porque-sentencia-esta-solo-en-audio

[9] Idem.

[10] Eblin Noel: la voz apagada por las balas militares; en Radio Progreso; Junio 2019:

https://wp.radioprogresohn.net/eblin-noel-la-voz-apagada-por-las-balas-militares/

[11] “Caos y tráfico vehicular en el bulevar Suyapa por tomas en la UNAH” El Heraldo, Octubre 2019: https://www.elheraldo.hn/pais/1324698-466/caos-y-tr%C3%A1fico-vehicular-en-el-bulevar-suyapa-por-tomas-en-la

[12] “Estudiantes de secundaria se enfrentan a la policÍa en tegucigalpa”; en La Prensa;Junio 2019 https://www.laprensa.hn/honduras/1296666-410/estudiantes-de-secundaria-se-enfrentan-a-la-polic%C3%ADa-en-tegucigalpa

[13] Idem.

[14] “ Joven de 17 años muere tras recibir disparos durante protestas en Yarumela, La Paz”; en el Heraldo; Junio 2019; https://www.elheraldo.hn/sucesos/1295272-466/joven-de-17-a%C3%B1os-muere-tras-recibir-disparos-durante-protestas-en-yarumela

[15] Confirman uso de balas militares en manifestaciones contra JOH; en Radio progreso; Julio 2019; https://wp.radioprogresohn.net/confirman-uso-de-balas-militares-en-manifestaciones-contra-joh/

La fuerte represión a la protesta social en Nicaragua ganó amplia repercusión internacional, particularmente desde la crisis de abril del 2018 donde estudiantes, particularmente universitarias/os, estuvieron en el centro de ella. Estas manifestaciones venían de un creciente proceso de descontento social, cierre de espacios de participación y una crisis  de la institucionalidad.

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El movimiento estudiantil universitario inició las protestas el 18 de abril del 2018, en el portón principal de la Universidad Centroamericana (UCA), exigiendo al gobierno acciones para sofocar un incendio en la reserva natural Indio Maíz (la segunda reserva más grande de Nicaragua, ubicada en el extremo sureste), pero el gobierno respondió enviando  grupos de choque compuesto por jóvenes miembros de la agrupación partidaria Juventud Sandinista (JS), quienes llegaron de forma violenta a disolver la manifestación. La agresión a las y los universitarios de la UCA, incrementó las protestas también en  otras universidades. Sin embargo, - y de forma paralela -, el gobierno aprobó una reforma a la seguridad social que  reducía el 5% de la pensión a las jubiladas y jubilados, lo que también generó mayores protestas en todo el país.

Estas protestas estudiantiles a favor de las personas jubiladas fueron respondidas por ataques de paramilitares, grupos de choques armados afines[1] , acompañados de la policía nacional, que ya para los comienzos de mayo del mismo año, había ocasionado la muerte de al menos 46 personas,[2] entre ellos Álvaro Conrado, joven de 15 años, quien había decidido ayudar llevando agua a estudiantes de la Universidad de Managua, recibiendo el impacto de un proyectil a la altura del cuello. La negligencia y negación a recibirlo en un centro asistencial, ocasiona su muerte[3].

A raíz de estas muertes, se originó un levantamiento popular masivo, el que, luego de una iniciativa de la Iglesia Católica,  fue abordado por el gobierno con un diálogo nacional en mayo de 2018, resultando por fin fallido. Una de las razones que lo explican, es la participación de representaciones del gobierno en las protestas por la vía armada con la denominada “Operación limpieza”, en donde hay variaciones sobre la cifra de personas fallecidas, ya que son dadas por el contexto en que cada institución realizó su levantamiento de denuncias. Por un lado, la CIDH informa de 325 personas que perdieron la vida, sin embargo, las cifras oficiales reconocen 195. Cabe señalar, que a posterior hubo varios intentos nuevamente fallidos de diálogos, donde las y los estudiantes ocuparon un rol protagónico.

Ante la respuesta negativa por parte del Estado, varios organismos de derechos humanos se han manifestado expresando su preocupación con la situación del país[4]. En el informe “Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua”, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se destaca que en dicho contexto los actos de tortura y malos tratos contra los manifestantes detenidos han sido recurrentes, la libertad de expresión ha sido restringida mediante acciones que van desde el cierre de medios de comunicación independientes y la retención de sus bienes y equipos, hasta el encarcelamiento de periodistas nacionales, durante meses. Se ha impedido el ejercicio del derecho de reunión pacífica, la libertad de asociación ha sufrido igualmente un deterioro durante este periodo de crisis. Nueve organizaciones de la sociedad civil, incluidos destacados organismos de derechos humanos fueron privadas de su personalidad jurídica al haber sido acusadas de apoyar  “acciones terroristas” durante las protestas de 2018. Asimismo, las defensoras y defensores de derechos humanos y de lideranza comunitaria, indígenas y afrodescendientes que adoptaron posturas críticas hacia el gobierno no han dejado de vivir acoso, estigmatización y amenazas.

La CIDH, en su Informe[5]  contabiliza 327 personas muertas, más de 2.000 heridas, 62.000 refugiadas, la gran mayoría perseguidas que abandonaron el país. Permanecen todavía 96[6] presos políticos en las cárceles, de  cerca de 700, entre ellos muchas/os estudiantes. Es en este escenario, que se nota con preocupación la puesta en marcha de procesos de criminalización selectiva hacia el movimiento estudiantil en general, con casos de detenciones ilegales, secuestros, agresiones físicas, torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes.

En el caso de las universidades públicas del país, la protesta iniciada en abril ha visibilizado diversas problemáticas asociadas a la Autonomía Universitaria, legitimidad de las autoridades universitarias, financiamiento, libertad de cátedra, de organización estudiantil e incluso el cuestionamiento y reflexión sobre qué tipo de universidad requiere el desarrollo y futuro del país. En las entrevistas, se registra  el intento de convertir a la universidad en “(...) un espacio que evita promover discusión de ideas, debate de políticas públicas y solamente respaldar las posturas del partido actual del gobierno que es el Frente Sandinista(...) en los auditorios se promueve las políticas del gobierno o su versión sobre las situaciones sociales, políticas y económicas que están afectando al país (...)”(EST-NI1)

Como recuerda el Informe alternativo de sociedad civil Educación en Nicaragua, por ocasión de la revisión del país en el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas[7], los derechos y libertades constitucionales transgredidas a las y los estudiantes dejan en un estado de flagrante violación a los derechos humanos, transgrediendo las libertades y derechos fundamentales consagrados en la constitución política de Nicaragua.

¿Quiénes criminalizan a las/os estudiantes en tu país?

 

De acuerdo con los documentos analizados, testimonios y entrevistas provenientes de Nicaragua, los principales promotores de la criminalización provienen del aparato estatal, como un gran engranaje de sus poderes y sus instituciones públicas que dialogan en función de lo que promueve el gobierno, además de la participación de terceros de la sociedad civil como paramilitares.

Desde el poder ejecutivo, no solo el presidente, sino también la vicepresidente, quien además es su esposa, han desempeñado un papel importante en cuanto a la forma de proceder de algunos Ministerios, el de Salud, el Público e Interior, por la falta de protocolos ante los procedimientos de elaboración de expedientes, para levantar posteriores procesos judiciales, ante medidas de represión, asedio, tortura, persecución que sufren las y los estudiantes.  Todo esto de la mano del Poder Judicial, cuya Corte Suprema les inhabilita el derecho de una legítima defensa. Lo anterior da cuenta efectivamente de cómo los poderes del Estado de Nicaragua se imbrican de manera tal, que toda acción  e incluso intención que vaya en oposición, se etiqueta, se reprime, generando mecanismos de criminalización hacia  las y los estudiantes.

A seguir, se sistematiza los principales tópicos mencionados por las y los entrevistados.

 

Desde la Asamblea Nacional, se han modificado leyes del código penal para establecer una tipificación legal de "terrorismo" que hiciera calzar a las/os estudiantes en esta modificación. La Ley contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aprobada en julio de 2018 fue objeto de diversas críticas y preocupaciones, incluso de parte de la ACNUDH por considerar que la misma “presenta una definición muy amplia de terrorismo” y que pudiera ser “utilizada en contra de las personas que participen en las protestas”[8]. No se puede tener reuniones en la universidad, en una casa, mucho menos hacer un encuentro político en las calles. Como se ha dicho, quitaron la personalidad jurídica a 9 organizaciones de derechos humanos, prohibiendo el ingreso y ejecución de sus funciones, siendo confiscadas sus cuentas bancarias, sus casas, vehículos, todos los medios con los que contaban.

La Policía Nacional y las fuerzas “antimotines”, han generado persecución a estudiantes críticos y abiertamente opositores al gobierno, en varias ocasiones han parado buses urbanos requisando jóvenes que tienen alguna referencia de haber participado en acciones que van en contra del partido gobernante. Se declaró delito estar con un globo azul y blanco en actos de protesta, por lo que la policía nacional, anda por la capital, reventándolos como una de sus tareas. La persecución ha sido tal, que se han  llevado  estudiantes a prisión,  han marcado en sus brazos las 4 letras del gobierno Sandinista, elaborado expedientes cuestionables, con los cuales después se les arman procesos judiciales. De la misma manera, han ingresado a los hospitales, obligando a firmar a las/os estudiantes y/o sus familiares un documento donde establece que no interpondrán un proceso de denuncia contra el Estado. Cabe señalar, que, desde los organismos de inteligencia, se ha perseguido, vigilado y amedrentado a quienes se declaran en oposición al gobierno, incluyendo a integrantes del movimiento estudiantil.

En cuanto a la función de los ministerios, se menciona que están controlados por el partido de gobierno, tomando una participación determinante en este proceso. Desde el Ministerio de salud, el instituto de medicina legal ha dictado resultados ambiguos o derechamente alejados a los que se sabe cómo causa de muerte de algunas víctimas. Los hospitales públicos en algunos casos han obligado a los familiares de las y los fallecidos, a firmar documentos con causa de muerte que no corresponden a las genuinas.

Desde las universidades públicas y el Consejo Nacional Universitario CNU, (rectores y decanos de las universidades públicas), promovieron y legitimaron la expulsión de más de 80  estudiantes de sus universidades, durante el contexto de las protestas antigubernamentales del 2018. Éstos, abandonaron a sus estudiantes, validaron la represión, la expulsión de forma definitiva,  arbitraria, sin pruebas, donde no se llevó esto a comisiones disciplinarias correspondientes al código de ética institucional, sino que fue una resolución directa del CNU. Este consejo estableció la resolución de clasificarlos como “golpistas”, “terroristas”, “vandálicos” por haber participado en protestas, evitan promover la discusión y el debate de las políticas públicas, a tal punto que dentro de la universidad se promueven lugares donde se presentan videos que respaldan y muestran la versión gubernamental sobre lo acontecido. Para las defensa de trabajos investigativos, trabajos monográficos o de proyectos se ha establecido lineamientos que no vayan en contra de la política del gobierno. Hay estudiantes a quienes no se les entregan notas, se han borrado sus antecedentes académicos, no se les permite trabajar, pues sus nombres circulan por instituciones impidiendo que puedan acceder a trabajo. Actualmente, algunos estudiantes no tienen el derecho de poder hacer exámenes de admisión para universidades públicas.

Como afirma el informe Educación en Nicaragua[9], en el contexto de la crisis, quedó evidenciada la parcialidad de las autoridades académicas de las universidades públicas, al asentir la violencia con que fueron reprimidos y asesinados las y los estudiantes. Los rectores de las universidades públicas no alzaron su voz a favor del movimiento estudiantil, por el contrario, justifican la violencia institucional del Estado. Se registraron casos de expulsión de la universidad por participar en las protestas y manifestaciones, sin derecho a la defensa, además de dinámicas de premio o castigo a docentes y estudiantes por intereses político-partidarios. De tal manera, la libertad académica, de pensamiento y de cátedra se encuentran en grave amenaza.

En cuanto a los movimientos estudiantiles, está el Centro Universitario de la Universidad Nacional CUUN y la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua UNEN,  únicos movimientos aprobados por la Asamblea Nacional, y tienen un marco legal respaldado por la ley de autonomía. Ambos se declaran abiertamente simpatizante del partido de gobierno. Ambos han limitado el acceso a estudiantes críticos a sus espacios, de tal forma, que las/os estudiantes abiertamente opositores al gobierno no pueden tomar parte en los procesos electorales. Ante la violación de derechos de estudiantes, que resultaron en muertes, asesinatos, estos movimientos que debían defender sus derechos de los estudiantes, guardaron silencio y por ello empezaron a surgir distintos movimientos, que actualmente están siendo criminalizados al interior de las universidades y han tenido que trabajar de forma clandestina. Se ha generado persecución, acoso, asedio a quienes no estén organizados en la UNEN, entregando información a los órganos de inteligencia, a la policía nacional, al ministerio público y  al poder judicial.

La libertad de organización estudiantil está seriamente afectada. Los mismos movimientos estudiantiles que originalmente se levantaron como una articulación que velaba por los intereses y derechos de forma soberana y representativa de los/as estudiantes, hoy se encuentra cooptados y restringidos.

En cuanto a los procedimientos de los jueces y la Corte Suprema, reciben casos que vienen con el vicio del no debido proceso. Todo lo sucedido ha devenido en estudiantes universitarios presos, enfrentados a procesos legales sin garantías mínimas de derecho, como defensa, juicios orales y públicos, sino que fueron a puerta cerrada, siendo testigos la misma policía nacional y/o simpatizantes del gobierno, que eran dirigentes conocidos a nivel departamental o nacional, junto con presentarse pruebas construidas falsas e insostenibles. Varios de estos estudiantes, posteriormente salieron y  actualmente están en libertad producto de una "auto-amnistía impuesta" otorgada por el gobierno, en la que se establece que se les 'perdonaban' delitos que no habían cometido. El Ministerio público, acusa a estudiantes, incluso que hayan sido detenidos ilegalmente.

En cuanto a los medios de comunicación existen 11 canales televisivos, de los cuales  6 son propiedad de la familia presidencial (Ortega Murillo), no entregan información que cuestione las políticas del Estado, reproduciendo los conceptos de “golpistas”, “terroristas”, “traidores de la patria”, mostrando a las/os estudiantes como terroristas peligrosos. La vicepresidenta, aparece en locuciones diarias, descalificando estudiantes y criminalizándolos permanentemente en un discurso construido a través de una serie de epítetos; “puchetos”, “comejenes”, “bacterias”, “hongos”, “vandálicos” y “golpistas”.

En el caso de una parte de la sociedad civil, se informa sobre la presencia de paramilitares armados en la entrada de las universidades. Estos revisan a quienes entran, restringen ingreso a estudiantes involucrados en la revuelta y les detienen ilegalmente, teniéndolos retenidos algunos días antes de entregarlos a las autoridades, golpeándoles y torturando psicológicamente.

¿Contra quiénes lo hacen?

 

Contra todo estudiante[10] que se declare en oposición al gobierno, incluyendo a desertores  de la UNEN. De hecho, estos últimos fueron la/os que mayor revanchismo sufrieron, porque se les calificaba como 'traidores'.

Los testimonios de los informantes claves datan que los  principales afectados, son estudiantes de las universidades públicas,  y contra quienes habría una mayor represión en estudiantes pertenecientes a la comunidad indígena de Monimbó.

 

RECUADRO I: CASO DESTACADO

Grupo de Estudiantes: de las manifestaciones a la cárcel

Como se ha señalado, las protestas sociales del 18 de  abril del 2018 fueron catalizadas  por el movimiento estudiantil universitario contra una reforma a un plan de pensiones que puso en evidencia el malestar de años de la sociedad civil, hasta pedir la salida del poder del Presidente. Ya a los días, el Centro Nicaragüense de Derecho Humanos, confirmaba la muerte de una veintena de personas[11], entre ellas, muchas eran estudiantes[12]. A pesar del cerco mediático, la represión y persecución de las fuerzas policiales, las y los estudiantes no solo siguieron sosteniendo las manifestaciones, sino que éstas aumentaron.

Es así que el 25 de agosto del mismo año, en la ciudad de León, siete universitarias/os (entre ellas/os una joven transgénero) del movimiento estudiantil “19 de abril” que se encontraban marchando en oposición al gobierno, fueron interceptadas/os y detenidas/os de forma arbitraria, generando un gran revuelo a nivel mediático, debido a la serie de procedimientos ilegales y situaciones de vulnerabilidad que no solo vivieron durante meses, sino que aún a la fecha sufren hostigamiento.

“(…) Nos capturan los paramilitares inicialmente. Las motocicletas se pusieron en frente de la calle (...)y detrás inmediatamente la Policía. Nos logra bajar la Policía del vehículo en que veníamos, pero quienes nos interceptan inicialmente fueron paramilitares. Posteriormente a eso, nos trasladaron a la Dirección de Operaciones de la Policía de León, después de un recorrido inmenso por todas las calles. Después de habernos golpeado, porque al momento de la captura nos golpean, mi compañera Victoria Obando fue herida de gravedad en su momento y al igual que Juan Pablo Alvarado que fue herido”[13] (Luis Quiroz, abril, 2019)

Para esa misma noche, las presiones y manifestaciones por parte de padres, madres y estudiantes de la  educación superior, así como otros sectores de la población, solicitando la aclaración de los hechos, obtuvieron como respuesta por parte de las fuerza policiales y paramilitares, una violenta represión, atacando con disparos y cerrando el acceso a la ciudad de León[14].

Lo complejo del caso, radica en que, a estos siete dirigentes estudiantiles, se les presentó como autores de la quema del Club Universitario de la Universidad Nacional (CUUN), acusados de cargos como robos, amenazas, asesinato, porte de armas, señalándoles en los medios de comunicación oficial y por parte de las autoridades como terroristas. La consecuencia fue el encarcelamiento para las y los siete acusados, trasladando a una estudiante - quien hasta ese entonces llevaba una lucha activa en la Mesa Nacional LGTBI de Nicaragua y que se identifica como mujer trans - con sus compañeros varones para cumplir confinamiento[15]. Vivieron golpes, amenazas, intimidación y humillaciones, sin acceder a un debido proceso. Algunas/os fueron  liberadas/as 7 meses después en abril del 2019  cumpliendo régimen de arresto domiciliario y otras/os fueron liberadas/os en junio del 2019 junto a más de 50 personas, luego de que fuera aprobada la Ley de Amnistía, la que buscaba absolver a todas las personas detenidas desde lo ocurrido en abril del 2018, bajo la consigna de una contribución para garantizar la paz.

Sin embargo, esta ley generó controversia, desde el Comité Pro Liberación de Presos Políticos, se rechazó esta medida, en primera instancia, porque no fue solicitada, ni exigida por las víctimas, a quienes se les “absuelve” de delitos que no cometieron, señalándoles que en caso de participar en manifestaciones, volverían a ser detenidas/os. En segunda instancia, se dejaba impune todos los crímenes y abusos por parte de las fuerzas policiales (ya que, en esta regulación,  se cierran todos los procesos administrativos y penales). Por tanto, es “una burla para el pueblo de Nicaragua”[16].Cabe señalar, que este caso no termina con la libertad de estos 7 estudiantes, ya que a la fecha aún se consigna hostigamiento y amenazas por parte de autoridades y fuerzas policiales de gobierno[17].

 

RECUADRO II:  MEDIOS DE COMUNICACIÓN

“Héroes de abril” versus “terroristas, golpistas, aliados de la derecha”

 

En Nicaragua, existe una gran polarización de los medios de comunicación. Se ha seleccionado para este informe el diario La Prensa, único medio escrito de circulación nacional, de corte conservador y empresarial, radio Camoapa, con enfoque comunitario y considerado un medio alternativo de gran alcance nacional y se consideró importante agregar también a radio La Primerísima, identificado actualmente con perfil pro-gobierno.

Se relevan las protestas estudiantiles de Nicaragua, en abril de 2018. El diario La Prensa, desde inicios de las protestas estudiantiles, le dio una amplia cobertura a los diferentes escenarios, señalando las graves violaciones a los derechos humanos que cometió el gobierno Sandinista al reprimir el levantamiento cívico primero juvenil y luego masivo de la población nicaragüense. La radio Camoapa, dio amplia cobertura a los acontecimientos calificando casi de “héroes” a las y los estudiantes que iniciaron las protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega y descalificando a otro sector juvenil, la Juventud Sandinista. Ambos medios de comunicación construyeron el ideal de cómo ver a estos jóvenes nicaragüenses, quienes se manifestaron en las calles en contra del gobierno, rechazando la violencia, exigiendo libertades públicas.

Por su parte, radio La Primerísima descalificó a las y los jóvenes manifestantes, a quienes denominó “terroristas, golpistas” aliados de la derecha y del imperialismo de los Estados Unidos, incluso se refería a esos jóvenes como delincuentes pagados por la derecha para intentar derrocar al gobierno de Daniel Ortega y a integrantes de la juventud sandinista como los nuevos héroes defensores de la revolución, que incluso llegaron a popularizar una canción en donde aparecen los miembros de la Juventud Sandinista con el presidente Ortega: “Daniel se queda”, del mariachi Azucena[18].

En el análisis que se realizó de La Prensa[19] por un lado, las y los jóvenes son señalados como  estudiantes universitarios autoconvocados  , con un tratamiento que les identifica como defensores de los derechos ciudadanos al resistir en las barricadas[20]. Y por el otro, a quienes integran la Juventud Sandinista como turbas, agresores.[21] Se mantiene en la agenda noticiosa,  el énfasis en el conflicto  entre jóvenes opositores e integrantes de la Juventud Sandinista. [22]El 19 de abril de 2018 se califica a las y los jóvenes como héroes de la democracia cuando se reseña el enfrentamiento con la policía[23]. Ese mismo día la vicepresidenta Rosario Murillo les descalifica como grupos minúsculos por iniciar protestas siendo sujetos de manipulación[24].

Mientras, en radio La Primerísima[25] si bien, la vicepresidenta descalifica las protestas, el medio la muestra como alguien que llama a preservar la paz[26]. Se refuerza las declaraciones del  gobierno que califican al movimiento estudiantil, de “vándalos”, grupos violentos que atentaron contra la policía y ciudadanos,[27] y  causaron daños en varios lugares, acusándolos de delincuentes.[28]  “Destrozos en la delegación del INSS en ciudad Sandino[29]”.

[1] Los paramilitares de Daniel Ortega son expoliciías y exmilitares https://confidencial.com.ni/los-paramilitares-son-expolicias-y-exmilitares/

[2] La matanza de Daniel Ortega suma 46 muertos https://confidencial.com.ni/la-matanza-de-daniel-ortega-suma-46-muertos/

[3] Alvaro Manuel Conrado Davila https://gieinicaragua.org/victima/alvaro-manuel-conrado-davila/

[4] Sembrando el terror. En:  https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR4392132018SPANISH.PDF

[5]  https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua2018-es.pdf.

[6] En la fecha final de publicación de este Informe. En:  https://www.laprensa.com.ni/2020/09/01/nacionales/2715336-regimen-ha-excarcela-a-mas-de-22-mil-reos-comunes-sin-explicar-los-mecanismos-utilizados

[7] Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua. Informe Conjunto Presentado por la coalición de ONG ́s y Colectivos Juveniles de Sociedad Civil, para el tercer ciclo de revisión al Estado de Nicaragua, ante el mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU)

[8] Nicaragua: la espantosa pérdida de vidas debe detenerse inmediatamente. En   http://www.oacnudh.org/nicaragua-la-espantosa-perdida-de-vidas-debe-detenerse-inmediatamente/

[9]Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua. Informe Conjunto Presentado por la coalición de ONG ́s y Colectivos Juveniles de Sociedad Civil, para el tercer ciclo de revisión al Estado de Nicaragua, ante el mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU)

[10] A días de las iniciadas protestas del 18 de abril, la policía había detenido a más de 200 estudiantes, donde indicaron torturas por parte de las fuerzas de seguridad.  https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/04/24/protestas-en-nicaragua-los-estudiantes-que-fueron-liberados-relataron-la-brutal-tortura-que-sufrieron-en-prision/

[11] CENIDH; comunicado n°3 https://www.cenidh.org/noticias/1053/

[12] Los muertos de la represión que Daniel Ortega oculta https://confidencial.com.ni/quienes-son-muertos-de-las-protestas-en-nicaragua/

[13] Luis Quiroz: En la cárcel bebimos agua sucia de piletas e inodoros. En: https://niu.com.ni/luis-quiroz-en-la-carcel-bebimos-agua-de-piletas-sucias-y-del-inodoro/

[14] Noche de terror en León, tras secuestro de líderes estudiantiles. En: https://www.nicaraguainvestiga.com/noche-de-terror-en-leon-tras-secuestro-de-lideres-estudiantiles/

[15] #Presos políticos: Las luchas de Victoria Obando En: https://niu.com.ni/presospoliticos-las-luchas-de-victoria-obando/

[16] Ley de Amnistía en Nicaragua: por qué muchos presos liberados tras la nueva normativa del gobierno de Daniel Ortega se oponen a la misma. En:

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48589868

[17] Resumen discurso presidenta del CENIDH en evento paralelo al 43 período de sesiones de la ONU. En https://www.cenidh.org/noticias/1194/

[18]  Daniel se queda. En https://www.youtube.com/watch?v=rdshycM468c

[19]  Noticia de Nicaragua  www.laprensa.com.ni

[20]  Turbas paramilitares atacan pobladores que resguardan barricadas en Leon. En https://www.laprensa.com.ni/2018/06/13/departamentales/2435128-turbas-paramilitares-atacan-pobladores-que-resguardan-barricadas-en-leon 1

[21]Agresiones a las protestas contra las reformas al seguro social. En   https://www.laprensa.com.ni/2018/04/18/politica/2405622-en-vivo-protestas-contra-reformas-al-inss

[22]  Jóvenes se rebelan en los departamentos https://www.laprensa.com.ni/2018/04/20/departamentales/2406797-jovenes-se-rebelan-en-los-departamentos

[23] “Así se vivió el enfrentamiento entre estudiantes de la UNA y los antimotines” https://www.laprensa.com.ni/2018/04/19/imagenes/2406403-en-imagenes-asi-se-vivio-el-enfrentamiento-entre-estudiantes-de-la-una-y-antimotines

[24] “Rosario Murillo describe como legítima defensa la agresión de turbas orteguistas https://www.laprensa.com.ni/2018/04/19/politica/2406376-rosario-murillo-describe-como-legitima-defensa-la-actuacion-de-sus-partidarios

[25]  Cobertura nacional, frecuencias: 91.7 fm, 105.3 fm y 680 am http://www.radiolaprimerisima.com/

[26]  Rosario insta a preservar la paz http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/241240/rosario-insta-a-preservar-la-paz/

[27]  Vándalos siembran caos frente a universidad agraria http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/241308/vandalos-siembran-caos-frente-a-universidad-agraria/

[28] Drogadictos reciben dinero para sembrar caos en Managua

http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/241419/drogadictos-reciben-dinero-para-sembrar-caos-en-managua/

[29] Destrozos en delegación del INSS en ciudad Sandino
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/241383/destrozos-en-delegacion-del-inss-en-ciudad-sandino/

Tendencias Regionales

Luego de la mirada de cada uno de los países y con base en la matriz desarrollada inicialmente, se pudo encontrar algunas líneas comunes, con mayor o menor énfasis en cada contexto, lo que apunta a elementos importantes a tener en cuenta en el momento de pensar la situación a nivel latinoamericano y caribeño. La búsqueda de respuestas a la cuestión sobre los actores involucrados en los procesos que terminan por criminalizar a las y los estudiantes, en particular aquellos vinculados a movimientos estudiantiles organizados, terminó por reafirmar, en su conjunto, una multiplicidad de actores que interactúan, con una relevante participación del Estado, con peculiaridades en cada contexto.

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En el actuar del poder ejecutivo, en particular la presidencia y distintos ministerios, se identifica:

  • Creación de organismos de control y seguridad con atribuciones y facultades específicas orientadas a la represión.
  • Proposición de proyectos de ley que dificultan o inhiben las protestas sociales.
  • Generación y consolidación de discursos que propician la criminalización
  • Aumento de presupuesto para la policía y otorgamiento de mayores facultades para la disolución y represión de las protestas
  • Aumento de la militarización (con la presencia sobre todo del ejército) en las escuelas y universidades (violando la autonomía universitaria).

En los parlamentos, se registró: 

  • Aprobación de nuevas leyes que dificultan la realización de manifestaciones y protestas sociales, o imponen requerimientos de notificación previa u otros.
  • Modificaciones de normas existentes en el sentido de atribuir un reproche penal o administrativo a conductas relacionadas a la protesta social (como obstrucción de vías públicas, afectación a la circulación o el tránsito, uso de capuchas, ocupaciones o tomas de centros educativos, o cualquier otra conducta de las que son propias de una protesta social).
  • Modificación del código penal para configurar como crímenes acciones típicas de protestas. En Honduras y Nicaragua, se hace bajo la figura de terrorismo y en Chile y Colombia como vandalismo.

Se nota con preocupación también el rol de los tribunales de justicia y fiscalías, configurando un amplio abanico de medidas y actuaciones que evidencian además un uso indebido del derecho penal:

  • Procesos legales y judiciales indebidos o sin las garantías fundamentales, resultando algunos con sentencia de condena y pena de prisión.
  • Apertura de procesos en contra de estudiantes bajo diferentes figuras penales sin fundamento y sin las pruebas pertinentes o bajo pruebas falsas.
  • Vulneración de la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.
  • Falsas imputaciones o acusaciones a estudiantes movilizadas/os.
  • Obstáculos a la defensa para el acceso a justicia y reparación adecuada por derechos afectados de las y los estudiantes.
  • Impunidad de los actores responsables de las violaciones de derechos humanos de estudiantes, no llevando adelante los procesos de investigación, juzgamiento y sanción con la debida diligencia, y/o arribando a resoluciones absolutorias.

Los abusos de las policías fueron notados:

  • Uso desmedido de la fuerza y no respeto a los protocolos de estándares internacionales sobre uso de armas y otros elementos de contención.
  • Uso de gas lacrimógeno, gas pimienta o de armas taser (armas de descarga eléctrica).
  • Detención ilegal, agresión física y psicológica.
  • Delación ante órganos de inteligencia.
  • Implantación de evidencias o uso de elementos probatorios falsos.
  • Desalojos en establecimientos educacionales
  • Hostigamientos y amenazas
  • Persecución y encarcelamiento de estudiantes
  • Infiltraciones y montajes.
  • Instalación de cámaras seguridad alrededor de las escuelas.
  • Controles de identidad selectivos y revisión de mochilas en lugares próximos a los accesos de establecimientos educacionales
  • Tipificación errónea de faltas y apremios ilegale
  • Asesinatos

Todavía en ámbito estatal, el rol de las autoridades de universidades públicas y directores/as de unidades escolares igualmente se mostraron extremadamente relevantes, apuntando también a graves violaciones de las libertades y autonomía académica.

  • Presentación de querellas y denuncias
  • Aplicación de sanciones, suspensión y expulsión
  • Restricción de becas de alimentación y académicas
  • Limitaciones al derecho de admisión en universidades públicas
  • Prohibición de reuniones en universidades (Nicaragua)
  • Ataques a la libertad académica, prohibiendo trabajos que promulguen contra el gobierno.
  • Requisas de pertenencias a estudiantes
  • Presencia de fuerzas militares y/o policiales en el ámbito escolar/ universitario y aumento de seguridad privada.

La violencia extrema y casos de asesinatos – atribuidos, en algunos casos a grupos paramilitares y escuadrones de muerte – igualmente han sido notados con preocupación:

  • Asesinatos durante manifestaciones o luego de haber participado en protestas
  • Secuestros y torturas
  • Hostigamiento, acoso, asedio y amenazas
  • Identificación a domicilios y familiares
  • Diseminación pública de fotografías y datos personales

Importante destacar, que la mirada a los contextos nacionales mostró que las acciones vienen acompañadas de prácticas y discursos que apoyan la formación de su legitimidad por parte de la opinión pública. Es común encontrar por parte de los gobiernos la referencia a dos tipos de estudiantes: el estudiante “modelo”, que “tiene demandas, pero las reclama por vías institucionales”, y el estudiante que “no sigue las normas”, que es “peligroso al sistema”. La misma ciudadanía muchas veces se apropia de este discurso, y reproduce acciones de hostilidad e incluso agresiones físicas hacia manifestantes, como relatado en Chile, en donde asimismo se registraron acciones de persecución y delación por parte de madres, padres y tutores.

Desde sectores del empresariado, se registró, en este mismo sentido, prácticas que refuerzan la visión negativa de estudiantes que participan en protestas; se ofrece trabajos o beneficios a “estudiantes modelo”, que no participan en las protestas y protegen la propiedad privada. Lo anterior, debido a que la imagen país se ve afectada, para mantener una economía estable, ya que es una preocupación por parte de este sector. De ahí surgen las presiones hacia el gobierno para el “mantenimiento del orden”.

No obstante, el importante rol que cumplen, por un lado,  algunos medios de comunicación, periodistas, comunicadoras/es en la cobertura y seguimiento de las manifestaciones y protestas para recabar e informar a la ciudadanía sobre las demandas estudiantiles, otros contribuyen fuertemente a la construcción negativa en el imaginario público de esos mismos estudiantes defensores de derechos. En el caso de los medios de comunicación masiva, en Chile, Colombia y Honduras se observó:

  • Discurso negativo a propósito de las y los estudiantes manifestantes, reforzando un estereotipo de persona peligrosa. En el caso de Nicaragua, Colombia y en menor medida en Honduras, existe un mayor énfasis en estudiantes de universidades públicas. En el caso de Chile ese énfasis es hacia el movimiento secundario.
  • Ausencia de fuentes estudiantiles en contraposición a las fuentes oficiales del gobierno
  • Énfasis en los inconvenientes causados por las protestas y no en las causas de las reivindicaciones y/o las consecuencias de la criminalización.

En estos casos, fue fundamental un contrapunto hecho por los medios alternativos o comunitarios analizados, que tuvieron como principal característica una escucha más atenta a las demandas estudiantiles, permitiendo la comprensión del fenómeno en el contexto político, social y económico; incluyendo además información sobre la naturaleza y procedencia de los actores del escenario social y político.

El caso de Nicaragua guarda especificidades con relación a la cobertura de las protestas estudiantiles. Allí las diferencias no fueron tanto entre los medios masivos y comunitarios, sino más bien entre los oficiales y no oficiales, lo que refleja la grave polarización en que se encuentra el país.  Los medios en favor del gobierno descalifican a las y los jóvenes manifestantes, a quienes llamaron “terroristas, golpistas, aliados de la derecha y del imperialismo”.

En lo que respecta a las personas sobre las que recae la criminalización (víctimas), en primera línea se encuentran las y los estudiantes organizados con posturas críticas al contexto político, económico y social, y de rechazo a las políticas públicas vigentes y a los gobiernos que las imponen, así como a la gestión poco democrática del ámbito educativo. 

La criminalización alcanza particularmente a los movimientos estudiantiles del ámbito de la educación superior pública (universitaria) o secundaria en el caso de Chile que rechaza y resiste la destrucción del sentido de lo público en educación.

Asimismo, se identifican otros actores jóvenes que también se enmarcan en demandas ambientalistas y protección de recursos naturales, en alianza con poblaciones indígenas, así como quienes representan la diversidad de género, o que reclaman por el fin de feminicidios. Se quiere destacar la existencia de situaciones de criminalización diferenciada, como por ejemplo el caso de estudiantes pobres, del área urbana, o pertenecientes a comunidades rurales, indígenas o afrodescendientes.

Como víctimas de estos procesos también se encuentran otras personas del entorno educativo, familiar o relacional de las y los estudiantes, testigos, así referentes del ámbito comunicacional o de prensa que cubren las manifestaciones para denunciar las violaciones.

Consecuencias

La investigación arrojó que los procesos de criminalización no sólo develan formas de control social específicas, sino generan serias consecuencias y graves impactos, que afectan por un lado a estudiantes como víctimas directas, y por otro, en forma conexa a toda la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto.

Con especial énfasis se destaca a continuación, los que afectan a las y los estudiantes:

  • Graves restricciones a su derecho a educarse en las instituciones de educación secundaria y superior, impidiendo o generando obstáculos para que la reincorporación de estudiantes pueda ser posible, en algunos casos, como ya se señaló, incluso ha sido de forma definitiva.
  • Sujeción a procedimientos y procesamientos irregulares o sin respetar el principio de legalidad o las garantías judiciales indispensables.
  • Usos de violencia física, conllevando en algunos casos situaciones de tortura, abuso sexual, e incluso la muerte.
  • Afectaciones a los derechos de: dignidad, honra y buen nombre, con el menoscabo de la imagen pública de aquellos estudiantes que han tomado la decisión de manifestarse en contra de las medidas de los gobiernos
  • Dificultades posteriores de integrarse al mundo laboral
  • Impactos en la salud e integridad física, psicológica y emocional (afectaciones en el ámbito de su vida privada y familiar) 
  • Riesgos asociados al tener que organizarse o articularse en forma clandestina para evitar la persecución.
  • Afectaciones de índole económica al tener que enfrentar el costo de asesoramiento legal, presentación de recursos, procesos de defensa, cambio de domicilio, incluso situaciones de exilio.

Los hallazgos indican impactos a nivel social y colectivo, en la comunidad en su conjunto, al suponer restricciones en el debate público, la pluralidad de opiniones en una sociedad, profundizar la polarización, debilitamiento de los vínculos de solidaridad, debilitamiento de estructura sociocultural, impactos en las desigualdades sociales al inhibir procesos de promoción y defensa de derechos humanos, la instalación de un paradigma contrario a la resolución pacífica de conflictos y la imposición de la prevalencia de las cuestiones de seguridad y orden público sobre el conjunto de derechos humanos.

Lo referido precedentemente y que surge de la investigación realizada en los cuatro países, claramente supone una violación a los derechos humanos de las y los estudiantes, así como la afectación de un conjunto de derechos y libertades fundamentales.

Sobre la base de la información y el análisis realizado, recordando que las actividades de protesta pacífica y de denuncia son legítimas pues deben ser protegidas, así como que las personas defensoras de derechos humanos constituyen pilares esenciales para el fortalecimiento y la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, por la labor que desempeñan para la plena vigencia de los derechos fundamentales (CIDH, 2019), destacando la especificidad que conlleva el fenómeno de la criminalización en el ámbito educativo, se formulan las siguientes recomendaciones.

Leer más

PARA TODOS LOS ÁMBITOS:

  • Relevancia de profundizar en el análisis del contexto, la visibilidad, comprensión, denuncia y sistematización de situaciones de criminalización, desde un enfoque de derechos humanos y de género, con miras a la adopción de las medidas que contribuyan a su superación desde todos los ámbitos de la sociedad y diversos niveles: comunitario, municipal, regional, nacional e internacional.
  • Articulación de esfuerzos y medidas desde todas las esferas de la sociedad para avanzar en un mayor reconocimiento y consolidación del derecho a la protesta social como un derecho humano fundamental y como mecanismo de defensa e incidencia por el derecho a la educación, el rol de las y los estudiantes como defensores de derechos humanos y como esencial para el fortalecimiento de una sociedad democrática y del Estado de Derecho.
  • En línea con lo anterior, abordar la trascendencia del pleno ejercicio del derecho a la participación y en ese marco el fortalecimiento de mayores niveles de participación estudiantil en el debate y procesos de toma de decisión sobre políticas públicas como un elemento sustancial para la consolidación del derecho a la educación y la pluralidad del debate sobre las cuestiones de interés público.
  • Realizar campañas de combate a la construcción y expresión de discursos de odio o declaraciones estigmatizantes, que en muchos casos acompañan los procesos de criminalización y contribuyen a incrementar el riesgo y generar mayores niveles de intolerancia, discriminación, hostilidad, repudio y/o violencia contra estudiantes y demás actores de la comunidad educativa que defienden los derechos humanos. En igual sentido, y con el fin de fortalecer el enfoque de derechos humanos, implementar acciones de educación, capacitación, sensibilización y divulgación dirigidas a representantes de todas las esferas gubernamentales, de la sociedad civil y medios de comunicación.

ORGANISMOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS Y EDUCACIÓN

  • Es indispensable que desde el movimiento internacional que actúa por el derecho a la educación, en forma conjunta y articulada con los sistemas de protección de los derechos humanos, los Estados, la cooperación internacional y las organizaciones de la sociedad civil, se les otorgue la trascendencia que reviste este fenómeno y se avance en un abordaje específico, diagnósticos y adopción de respuestas adecuadas en defensa de las y los estudiantes.
  • Para los organismos de derechos humanos que actúan en defensa de los defensores y defensoras, recomendamos llevar adelante un mayor seguimiento y visibilidad a las particularidades en el caso de la lucha por el derecho humano a la educación, formulando las recomendaciones pertinentes y sobre todo visibilizando las garantías de las y los estudiantes.

PARA EL ÁMBITO ESTATAL: LEGISLATIVO, EJECUTIVO, ADMINISTRATIVO, JUDICIAL

  • En términos generales, dotar de relevancia y aplicación a nivel nacional de los contenidos y recomendaciones formuladas en los últimos informes de la CIDH sobre la temática, en particular el más recientemente publicado: Protesta y Derechos Humanos. Estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal[1].
  • Apertura de canales de diálogo directo con movimientos y colectivos de estudiantes, así como implementación de mecanismos de participación estudiantil en todas las esferas de diseño de políticas públicas educativas y toma de decisión, desde el local hasta el internacional.
  • Emprender esfuerzos para una política pública de reconocimiento, prevención y protección integral de personas defensoras del derecho a la educación, de su derecho a la protesta social y demás derechos, reconocimiento de su rol fundamental en la defensa de este derecho que responda a enfoques diferenciales como de género, étnico y para población LGBTI.
  • Abstenerse de adoptar marcos normativos formulados en contra a los estándares de derechos, penalmente ambiguos o difusos, que se orienten a limitar los espacios de participación y de protesta y derogar los existentes.
  • Adoptar las medidas pertinentes para excluir la presencia de agentes de las fuerzas armadas o policía militar en los recintos educativos, así como su participación en los contextos de protesta estudiantil.
  • Poner en marcha medidas de prevención y protección a las personas defensoras del derecho a la educación, particularmente estudiantes, tales como el desarrollo de protocolos de actuación con base a los instrumentos internacionales que se refieren a la materia y desarrollo de medidas que contrarresten el uso indebido del derecho penal, así como el combate a discursos y declaraciones contra estudiantes por parte de representantes del ámbito estatal.
  • Combate a la impunidad y a manipulación del poder punitivo y represivo, investigando las actuaciones irregulares, abusivas y arbitrarias de la policía, así como a aquellas actividades de servicios y/o agentes de inteligencia que se realizan en forma ilegal e ilegítima contra estudiantes en contextos de protesta.
  • Implementar un sistema específico de registro y sistematización de todos los casos que involucran criminalización y violaciones a los derechos de estudiantes, con información completa, precisa, desglosada y accesible.
  • Desde el ámbito del poder judicial, ministerio público, fiscalías y conjunto de operadores de justicia, garantizar el pleno ejercicio del derecho de acceso a la justicia, la correcta aplicación de los marcos legales absteniéndose de incurrir en la penalización de actividades legítimas, así como velar por investigaciones y procesos judiciales en los que se contemplen plenamente las debidas garantías.

 

PARA LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS

  • Tomar plena conciencia de la relevancia del fenómeno y de su abordaje en el ámbito educativo de forma de avanzar en mecanismos y estrategias que contribuyan a la promoción y salvaguarda de todos los derechos comprometidos en los procesos de criminalización, tales como: protocolos de actuación e investigación ante situaciones que se presenten, prohibición de medidas que afecten el derecho a la educación o que conlleven respuestas de represalia, superación de conflictos mediante el diálogo y procesos de mediación, evitar en lo posible el ingreso de fuerzas policiales o militares en los espacios educativos, una mayor democratización del espacio educativo, la no estigmatización de estudiantes, entre otras.
  • Con miras a profundizar en la temática, implementar la difusión y tratamiento en el ámbito educativo de las investigaciones, informes y recomendaciones emitidas por los órganos de derechos humanos y en los que se avanza hacia una definición de los procesos de criminalización y se clarifica sobre los derechos y garantías que deben protegerse en este tipo de situaciones.

 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

  • Fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil, observatorios, movimientos sociales y estudiantiles, para identificar y denunciar en los sistemas de justicia y de derechos humanos nacionales e internacionales las violaciones a los derechos de estudiantes y abusos en el contexto de protestas sociales, y en la lucha por el derecho a la educación de manera general. Ello supone también avanzar en el diseño e implementación de herramientas (como la construcción de estadísticas y bases de datos) que contribuyan a un mejor seguimiento y monitoreo del fenómeno, al fortalecimiento de los mecanismos de protección adecuados y la incidencia en políticas públicas.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

  • Ampliar la pluralidad de actores escuchados en la cobertura de las protestas y dar visibilidad a las reales demandas de los actores que se movilizan.
  • Asumir un rol en línea con los derechos humanos y libertades fundamentales que se involucran en la temática, absteniéndose de promover o instaurar discursos, declaraciones y narrativas estigmatizantes de las y los estudiantes y la protesta estudiantil, así como argumentaciones justificativas ante la opinión pública del comportamiento de las fuerzas públicas de seguridad y del uso desproporcionado de la fuerza y la criminalización.
  • Como ya ha sido señalado, reiteramos la importancia de una mayor articulación entre los movimientos sociales y el periodismo alternativo para generar contranarrativas que resaltan valores positivos en el trabajo de las y los defensores en la promoción de los derechos humanos y el rol crucial que juegan en el reforzamiento de la democracia y el estado de derecho[2].

 

[1] CIDH. IDH/RELE/INF.22/19. http://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/ProtestayDerechosHumanos.pdf

[2] Protection International. Informe Criminalización de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos - Categorización del fenómeno y medidas para su afrontamiento (2016):  https://www.protectioninternational.org/wp-content/uploads/2016/01/PI_Criminalisation_Spanish_PrintReady1.pdf

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