CLADE: repudio a las actuales políticas del gobierno brasileño ante la pandemia COVID-19
27 de mayo de 2020Ante el crecimiento rápido del número de contagios y muertes por la pandemia COVID-19 en Brasil y la negligencia pública de la presidencia del país respecto a la gravedad de la crisis sanitaria, la CLADE divulga hoy, 26 de mayo, un posicionamiento público en solidaridad y apoyo a la sociedad brasileña.
“(…) En un momento en que Brasil es reconocido como principal foco de la pandemia en América Latina y el Caribe, el gobierno asume una postura burlesca ante la gravedad de la situación, y a la vez irresponsable y violenta, en el sentido de que estimula conflictos sociales y la polarización política, y defiende que la población se arme, contribuyendo a profundizar los impactos negativos del COVID-19 y a agravar la inestabilidad política, social, sanitaria y económica en la que el país se encuentra. Lamentamos la absoluta ausencia de duelo por parte de la máxima autoridad del país, ante las más de veinte y una mil muertes que el país registra y extendemos todo nuestro sentimiento a las víctimas, sus familias y entes queridos, y a todo el pueblo brasileño”, afirma la nota.
El comunicado también subraya los problemas que la educación brasileña enfrenta en este contexto de crisis sanitaria y política. “El presidente ha defendido la reapertura de las escuelas y universidades, en un escenario de graves riesgos de contagio por el COVID-19 y ante un recorte de 19.8 mil millones de reales (3.62 mil millones de dólares) en el presupuesto de la educación para el 2020”.
A través del posicionamiento, la CLADE se suma a la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, estudiantes, docentes y otros sectores movilizados del país, que cobran medidas serias del gobierno nacional para la superación del actual contexto de crisis y por la inversión de los recursos necesarios en salud, educación y otros derechos sociales.
>> Nota de la CLADE completa.
El Salvador: especialistas discutirán los impactos de la pandemia COVID-19 en la educación
26 de mayo de 2020¿Qué esperamos de la educación después del COVID-19? Para discutir y reflexionar sobre esa y otras cuestiones respecto a los impactos de la crisis sanitaria provocada por la pandemia a la educación pública, la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) realizará este jueves, 28 de mayo, a partir de las 14:00 de El Salvador (GMT-6), un conversatorio virtual. El evento se transmitirá a través de la página de RESALDE en el Facebook.
Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE, será una de las panelistas del encuentro, que también contará con la participación de Vernor Muñoz, director de Políticas e Incidencia de la Campaña Mundial por la Educación (CME); Felipe Rivas, de la RESALDE; Carlos Rodríguez, coordinador del Instituto Nacional de Formación Docente de El Salvador (Infod); y Jazmin Elena, representante estudiantil y miembro de RESALDE.
>> Para participar, solo debes llenar el formulario de inscripción.
Ecuador: Contrato Social por la Educación respalda decisión judicial que suspende el recorte de financiamiento para la educación superior
18 de mayo de 2020Tras la medida cautelar de la Corte Constitucional de Ecuador, que deja sin efecto la reducción de más de 98 millones de dólares del presupuesto destinado a las universidades y que obliga al Ministerio de Economía y Finanzas a abstenerse de hacer modificaciones que puedan tener un impacto negativo en las instituciones de educación superior del país, el Contrato Social por la Educación (CSE) divulgó una nota pública, en la que respalda la decisión y exhorta a la Corte para que falle de manera definitiva contra el recorte presupuestario por el gobierno.
“Consideramos crucial esta decisión porque respalda las voces de protesta de diferentes sectores frente a las medidas económicas y el inminente riesgo que estas conllevan para las universidades: despido y precarización del trabajo docente, masificación estudiantil, deterioro de la calidad educativa e investigación, supresión de becas, suspensión de carreras, entre otros”, dice la nota.
Según informaciones de la Agencia Pressenza, el recorte de casi 100 millones de dólares afectaría a 31 universidades públicas y un organismo del sistema de educación superior del país. Pressenza también informa que las medidas cautelares de la Corte Constitucional del Ecuador responden a una acción de incumplimiento interpuesta por el colectivo Acción Jurídica Popular y disponen al Ministerio de Economía y Finanzas, así como a las autoridades de la función ejecutiva pertinentes, que suspendan y se abstengan de realizar modificaciones presupuestarias que puedan tener un impacto negativo en el presupuesto de las instituciones de educación superior. Adicionalmente, la Corte detuvo los efectos de la Circular Nro. MEF-VGF-2020-0003-C, emitida por el Ministerio de Economía, en relación a los presupuestos de las instituciones de educación superior.
En las próximas semanas, la Corte Constitucional analizará los argumentos de fondo y determinará si, en efecto, ha habido incumplimiento a los parámetros constitucionales que deben regir lo referido al presupuesto para la educación en estado de excepción. La Corte también deberá decidir sobre otras causas pendientes de resolución por el mismo tema, entre ellas una acción por incumplimiento interpuesta por varias universidades.
“Es indispensable que organizaciones sociales, movimientos, estudiantes y docentes mantengan activas las formas de exigibilidad social y también la recopilación de información y envío de escritos de amicus curiae a la Corte Constitucional. Todos estos elementos serán de utilidad para que este órgano jurisdiccional adopte la decisión más favorable en la protección del derecho a la educación”, afirma el artículo publicado por Agencia Pressenza.
Educación básica y regular
Para el Contrato Social por la Educación, el recorte de financiamiento a las universidades es parte de una serie de acciones que han afectado la educación regular y básica en el país, así como el bachillerato de Educador, generando despidos de docentes con contratos ocasionales, disminución de dos categorías en el escalafón y baja de sueldos, recortes en los niveles preescolares y ajustes en programas emblemáticos de educación de personas adultas.
“Reiteramos la premisa de que el Estado es el garante del derecho a la educación y tiene la obligación de protegerla en todos sus niveles. Sin embargo, el sistema educativo desde inicial, básica y bachillerato está debilitado por la situación actual del país y las decisiones económicas adoptadas”, subrayó el CSE en su nota.
Lee a continuación el posicionamiento completo:
Respaldo a la decisión de la Corte Constitucional
La educación es un derecho humano fundamental que promueve el ejercicio de otros derechos. Es un bien público y estratégico que se debe proteger y potenciar.
Como Contrato Social por la Educación respaldamos la decisión de la Corte Constitucional del Ecuador de suspender el recorte presupuestario a las universidades y la disposición al Ministerio de Economía y Finanzas de abstenerse de hacer modificaciones que puedan tener un impacto negativo en las instituciones de educación superior.
Consideramos crucial esta decisión porque respalda las voces de protesta de diferentes sectores frente a las medidas económicas y el inminente riesgo que estas conllevan para las universidades: despido y precarización del trabajo docente, masificación estudiantil, deterioro de la calidad educativa e investigación, supresión de becas, suspensión de carreras, entre otras.
Reiteramos la premisa de que el Estado es el garante del derecho a la educación y tiene la obligación de protegerla en todos sus niveles. Sin embargo, el sistema educativo desde inicial, básica y bachillerato está debilitado por la situación actual del país y las decisiones económicas adoptadas.
Afectación a programas de alfabetización, despidos de docentes con contratos ocasionales, recortes en los niveles preescolares, ajustes en programas de educación de adultos son algunas de las consecuencias.
Exhortamos a la Corte Constitucional por una sentencia definitiva frente al recorte presupuestario y a las autoridades de gobierno que canalicen esfuerzos que protejan y garanticen el derecho a la educación como herramienta de desarrollo.
Quito, mayo de 2020
Brasil: Financiamiento de la educación no puede poner en riesgo a otros programas esenciales
“En este momento de pandemia COVID-19, en que las desigualdades sociales y educacionales tienden a profundizarse, la respuesta de aquellos y aquellas que están verdaderamente comprometidos con el derecho a la educación debe ser la aprobación de un Fundeb [Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y Valoración de los Profesionales de Educación] robusto, con la constitucionalización de parámetros que garantizan la calidad y con inversión adecuada para tal fin, sin que para eso se utilicen fuentes de recursos que ponen en riesgo a otros programas esenciales, y sin la permisibilidad con mecanismos de evaluación y distribución de recursos que solo presionen por más disparidades socioeconómicas y educativas”, afirmó la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil en su posicionamiento público divulgado el último martes, 12 de mayo.
Respecto a la votación de la propuesta legislativa para el nuevo Fundeb, que será llevada a cabo en el Congreso Nacional, la Campaña manifiesta la necesidad de realizar cambios en el texto actual del proyecto, pues de aprobarse como está se podrían generar impactos drásticos en la financiación de la educación básica, en especial en lo que toca a los programas sociales que son todavía más esenciales en el momento de crisis que vivimos por la pandemia COVID-19.
>> Lee el texto completo en portugués: “O Fundeb em novo cenário: a pandemia da COVID-19”
Bolivia: Demanda por protección social y educación de calidad en el contexto de la pandemia
7 de mayo de 2020La entrega del bono familiar a toda la población estudiantil en Bolivia; estrategias para que los medios de comunicación generen programas e insumos educativos; y el diseño de protocolos que garanticen el desarrollo educativo en el contexto de la pandemia COVID-19 son algunas de las demandas que la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) presenta al Ministerio de Educación boliviano en pronunciamiento.
En el comunicado, la Campaña “reconoce el Derecho a la Educación como derecho básico y habilitante para ejercer los demás derechos humanos, por lo que ante la emergencia sanitaria global a causa de la propagación del COVID-19, manifiesta su preocupación por que en esta etapa de cuarentena total y post cuarentena se garantice el derecho a la educación asumiendo medidas integrales, adecuadas, pertinentes y oportunas”.
Para la CBDE, todas las medidas propuestas deben traducirse en lineamientos claros desde el Ministerio de Educación y otras instancias del Estado, para garantizar el derecho a la educación, en articulación con maestros, maestras, padres y madres de familia, estudiantes y sociedad civil en su conjunto.
Lee el pronunciamento completo.
Educación Técnica, tecnológica y productiva
La CBDE también organizó el conversatorio en línea “Educación Técnica, tecnológica y productiva: desafíos y oportunidades en el contexto del COVID-19 caminando hacia la transformación digital”.
Mira la grabación:
https://www.facebook.com/CampanaBolivianaPorElDerechoALaEducacion/videos/1067044507010824/
Con informaciones de Ação Educativa.">
Brasil: Tribunal decidió que la prohibición del abordaje de género en la educación es inconstitucional
29 de abril de 2020El pasado viernes, 24 de abril, el Supremo Tribunal Federal (STF), corte máxima de Brasil, decidió que la prohibición del tratamiento a cuestiones relacionadas a género y sexualidad en las escuelas del país es inconstitucional. (más…)
Diógenes Sánchez Pérez[/caption]
¿Cómo está la situación de Panamá ante el COVID-19? ¿De qué manera las comunidades educativas y activistas por el derecho a la educación están actuando o se organizando para contribuir en mitigar los efectos de la crisis en el campo educativo nacional?
Lamentablemente, Panamá no estaba preparado para una crisis de esta naturaleza y dimensión. La situación de la educación fue agravada porque el Ministerio de Educación (Meduca) no cuenta con plataformas virtuales para que, en los sectores de la sociedad que tienen acceso a la Internet, se pueda desenvolver una educación a distancia. Son muy pocos los y las docentes que han podido interactuar con sus estudiantes a través de blogs, WhatsApp, o correo electrónico, pero nada oficial. Esto nos pone a repensar el tema de la educación virtual y a ver cómo el Meduca debe desarrollar plataformas para el caso de emergencias.¿Con qué misión nace la Coalición Panameña y cuáles son sus objetivos y líneas de acción prioritarios?
Desde el principio, la misión de la Coalición ha sido la garantía de una educación pública, gratuita, obligatoria y de calidad para todo el pueblo panameño, garantizando también la equidad educativa para todas y todos. Lamentablemente, aunque el Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá ha crecido más del 5% al año, hace 15 años, seguimos siendo uno de los países más desiguales de América Latina y del mundo. Esto se refleja también en nuestro sistema educativo, siendo que aún tenemos cerca de 1.200 “aulas rancho”, que son escuelas improvisadas con techo de paja y piso de tierra, ubicadas principalmente en las comarcas indígenas. Uno de nuestros objetivos principales es mejorar este tipo de escuela.¿Cuáles son los desafíos y oportunidades para la realización del derecho humano a la educación en Panamá actualmente?
Entre los desafíos, se destaca la dificultad en llevar la educación a los rincones más apartados, no solo en las comarcas pero también en las áreas campesinas. El 35% de las áreas del país no cuentan con escuelas secundarias, y por lo tanto otro de nuestros objetivos es extender el sistema educativo, para generar condiciones de igualdad para que estas poblaciones puedan salir de la pobreza. La educación es el único instrumento capaz de realizar esto y, por lo tanto, la consideramos como una oportunidad para mejorar la vida de las personas en nuestro país.¿Cuáles son las principales demandas de la sociedad civil para el derecho a la educación en el país?
Tenemos la ventaja de que la educación primaria se ha extendido por casi todo el país, pero el acceso a la educación media y superior sigue en falta, y esto es una de las principales reivindicaciones de la población. Además, una demanda no solo de la sociedad civil, sino de toda la comunidad educativa, sería mejorar la calidad de la educación. Otra demanda tiene que ver con el financiamiento educativo. Según la Ley Orgánica de Educación de 1995, Panamá debería invertir el 6% de su PIB en la educación, lo que fue reforzado 20 años después con la Agenda de Educación 2030. Sin embargo, el país solo destina el 3,5% de su PIB a la educación, y garantizar el cumplimiento de dicha ley es una gran cuestión para nosotros.¿Desde la mirada de la Coalición Panameña, ¿cuál es la importancia de haberse integrado a la CLADE y por qué?
Primeramente, consideramos importante poder incidir en proyectos comunes en nuestra región para la defensa del derecho humano a la educación. Poder vincularnos a una red es algo que consideramos fundamental. Segundo, creemos en el intercambio de experiencias y aprendizajes con otras latitudes para que podamos integrarlos a nuestras acciones como educadores de Panamá. Además, muchas de las políticas neoliberales que se han implementado en América Latina también están se imponiendo aquí, y este intercambio es importante para que podamos nutrirnos de estos conocimientos de lucha. Por esto consideramos importante sumarnos a la CLADE, pues para nosotros es fundamental participar de estos procesos.">CLADE tiene un nuevo miembro: la Coalición Panameña por el Derecho a la Educación se suma a la red
27 de abril de 2020La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) acaba de recibir la adhesión de un nuevo miembro: la Coalición Panameña por el Derecho a la Educación.
“Creemos en el intercambio de experiencias y aprendizajes con otras latitudes para que podamos integrarlos a nuestras acciones como educadores de Panamá”, afirma Diógenes Sánchez Pérez, miembro de la Coalición Panameña.
Para conocer cuáles son las expectativas de la coalición, ante su integración a la CLADE, y también para saber más sobre el escenario de la lucha por el derecho humano a la educación en Panamá, especialmente ante la actual coyuntura de la pandemia COVID-19, invitamos Sánchez Pérez para una entrevista.
Lee el diálogo a continuación. (más…)
Revista La Piragua 47
24 de abril de 2020La Revista latinoamericana y caribeña de educación y política, la Revista Piragua, presenta el tema de educación popular en tiempos de transformación. Desde una editoria que trata del “Momento histórico inédito que desafía a la reinvención de los procesos de educación popular”, se puede encontrar la temática de la EPJA en la publicación y también enfoques como:
- Visiones críticas y pandemia;
- Pedagogías desde el Sur;
- Voces jóvenes y más.
Vea en la Revista Piragua 47.
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Coalición Colombiana lanza publicación sobre EPJA
23 de abril de 2020Contribuir para que las políticas públicas de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en Colombia sean construidas desde las perspectivas y demandas de las y los estudiantes y docentes. Este es uno de los objetivos de la publicación “Por una Educación de Personas Jóvenes y Adultas Emancipadora y Garante de Derechos”, recién lanzada por la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, en alianza con la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y con el apoyo de DVV International. (más…)
“Al Ministerio de Educación, planteamos la creación de programas educativos formales y no formales que respondan a las necesidades en escenarios de crisis, así como el desarrollo de normas mínimas para la educación en emergencias”También recomienda al Estado de Nicaragua promover el derecho a la educación para todos los niños, niñas y adolescentes en tiempos de emergencias, tomando en cuenta el acceso y los ambientes de aprendizaje, los planes de estudio, la capacitación e instrucciones a la comunidad educativa y, sobre todo, la elaboración de políticas públicas reales, enfocadas en la pertinencia y calidad educativa que debe brindar el sistema educativo. “Al Ministerio de Educación, planteamos la creación de programas educativos formales y no formales que respondan a las necesidades en escenarios de crisis, así como el desarrollo de normas mínimas para la educación en emergencias”, añade el Foro. Así mismo, insta el Estado de Nicaragua para que, en coordinación con los gobiernos municipales y entidades educativas, lleve a cabo acciones que promuevan la seguridad y protección de las niñas, niños y adolescentes ante la alerta mundial. Demanda a las autoridades, de manera general, que acaten las recomendaciones de científicos y científicas, adoptando medidas efectivas de prevención y protección. A las familias, a su vez, recomienda estar alertas ante cualquier manifestación del virus a fin de retomar las recomendaciones sanitarias. En un nuevo comunicado, el FEDH-IPN subraya los impactos de la actual situación de emergencia para la educación nacional y refuerza que muchas madres y padres han decidido no mandar sus hijas e hijos a los centros escolares. Como respuesta, el gobierno ha minimizado los efectos del COVID-19 y ha comenzado una campaña de hostigamiento y presión a través de llamadas telefónicas, donde insta a cesar con la inasistencia, afirmando que esta compromete las notas. "Se hace urgente buscar estrategias, didácticas y mecanismos para brindar una educación a distancia y crear programas educativos formales y no formales que respondan a las necesidades educativas de las niñas, niños y adolescentes en escenarios de crisis actuales y posteriores”, afirma el Foro.">
Nicaragua: Para proteger las comunidades educativas, Foro demanda el cierre de escuelas
16 de abril de 2020Ante el avance del COVID-19 en Nicaragua, el Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua (FEDH-IPN), miembro de la CLADE en el país, divulgó una declaración pública, en la que rechaza la decisión del Ministerio de Educación (MINED) de no haber decretado medidas de protección y prevención efectivas contra el virus. El Foro comparte sus preocupaciones sobre cómo la crisis de salud puede afectar el aprendizaje y la seguridad de niñas, niños y adolescentes. “La salud y la vida de las niñas, niños y adolescentes es primero”, subraya. (más…)
