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Foto: Diego E. F. Gajardo[/caption]
Falta de financiamiento y crecimiento de la privatización educativa - Este segundo capítulo de nuestro especial temático sobre los desafíos y luchas para el derecho a la educación que 2020 trajo a 2021 y expectativas para el nuevo año, enfatiza de manera general, a partir de reflexiones y acciones de la red de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), el financiamiento justo de la educación y el proceso de privatización educativa en nuestra región.
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Foto: Fernando Fazão/Agência Brasil[/caption]
La intersección de la educación con otros derechos para procesos educativos con calidad - Es cierto que la educación es habilitante de otros derechos humanos, pero su realización depende de condiciones básicas, especialmente en un contexto de pandemia: escuelas con buena infraestructura, saneamiento adecuado y agua potable, alimentación escolar, etc. Sin embargo, la realidad de muchos países de América Latina y el Caribe muestra lo contrario. Este tercer capítulo analiza la importancia de garantizar otros derechos humanos para que tengamos una educación de calidad.
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Foto: Fernanda de Paula[/caption]
Educación en el contexto de pandemia y derechos digitales - Este capítulo aborda las consecuencias de la falta de infraestructura que ha generado, entre otras cosas, una profundización de las desigualdades educativas y sociales, con el refinamiento de la estratificación entre estudiantes.
Además, analiza la falta de condiciones dignas de trabajo a los y las docentes durante la pandemia.
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Foto: Dimitry B Unsplash[/caption]
Más allá de la educación - violencia de género, trabajo infantil y represión contra las comunidades educativas - Con la pandemia, las medidas de distanciamiento evidenciaron las asimetrías existentes y las profundizaron, suponiendo un retroceso educativo que tiende a profundizar las desigualdades, principalmente por las condiciones económicas y sociales de la gran mayoría de la población. Este capítulo aborda este contexto y los caminos para la superación y enfrentamientos de estos desafíos.
La educación desde la mirada de personas jóvenes y adultas - En el mundo existen 750 millones de personas analfabetas, de las cuales dos tercios son mujeres. De esta cifra, 32 millones pertenecen a América Latina y el Caribe, lo que representaba un 4% del total de la población del mundo. Estas 32 millones de personas latinoamericanas y caribeñas han sufrido una doble exclusión: estudian ahora porque en su infancia fueron excluidas de los sistemas formales. Para garantizar que estas personas finalmente accedan a la educación y logren estudiar, derecho que les fue negado cuando eran niños y niñas, la CLADE ha venido realizando un largo proceso de defensa y promoción del derecho a la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA). Este especial presenta algunas de esas acciones.
Pandemia y postpandemia: resistencia y lucha permanente hacia la garantía de la educación - Aun con los graves desafíos educativos, movimientos sociales y organizaciones mostraron una gran fuerza para seguir adelante. Este último capítulo presenta algunas de esas luchas.">
De 2020 a 2021: ¿Cuáles son los desafíos y luchas para la educación?
11 de febrero de 2021El 2020 fue un año retador, de pérdidas, cambios y aprendizajes. La pandemia COVID-19 paralizó el mundo. Hasta enero de este año, tuvimos más de 95 mil millones de casos de COVID-19 y más de 2 mil millones de muertes. Solo en América Latina y el Caribe, se han reportado más de 11 millones de casos de coronavirus.
Este més, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) presenta una serie especial alrededor de los desafíos y luchas para el derecho a la educación que 2020 trajo a 2021 y expectativas para el nuevo año.
Desigualdades en la Educación – Este primer capítulo enfatiza de manera general las desigualdades en la educación que fueron profundizadas con la pandemia. A partir de reflexiones y acciones de la red de la CLADE, esta edición plantea, además, la educación inclusiva, el financiamiento educativo justo, la gratuidad de sistemas educativos públicos y la perspectiva holística, intersectorial y de derechos humanos en la educación, como caminos hacia una realidad mejor en el post-pandemia.
Falta de financiamiento y crecimiento de la privatización educativa – Este segundo capítulo de nuestro especial temático sobre los desafíos y luchas para el derecho a la educación que 2020 trajo a 2021 y expectativas para el nuevo año, enfatiza de manera general, a partir de reflexiones y acciones de la red de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), el financiamiento justo de la educación y el proceso de privatización educativa en nuestra región.
La intersección de la educación con otros derechos para procesos educativos con calidad – Es cierto que la educación es habilitante de otros derechos humanos, pero su realización depende de condiciones básicas, especialmente en un contexto de pandemia: escuelas con buena infraestructura, saneamiento adecuado y agua potable, alimentación escolar, etc. Sin embargo, la realidad de muchos países de América Latina y el Caribe muestra lo contrario. Este tercer capítulo analiza la importancia de garantizar otros derechos humanos para que tengamos una educación de calidad.
Educación en el contexto de pandemia y derechos digitales – Este capítulo aborda las consecuencias de la falta de infraestructura que ha generado, entre otras cosas, una profundización de las desigualdades educativas y sociales, con el refinamiento de la estratificación entre estudiantes.
Además, analiza la falta de condiciones dignas de trabajo a los y las docentes durante la pandemia.
Más allá de la educación – violencia de género, trabajo infantil y represión contra las comunidades educativas – Con la pandemia, las medidas de distanciamiento evidenciaron las asimetrías existentes y las profundizaron, suponiendo un retroceso educativo que tiende a profundizar las desigualdades, principalmente por las condiciones económicas y sociales de la gran mayoría de la población. Este capítulo aborda este contexto y los caminos para la superación y enfrentamientos de estos desafíos.
La educación desde la mirada de personas jóvenes y adultas – En el mundo existen 750 millones de personas analfabetas, de las cuales dos tercios son mujeres. De esta cifra, 32 millones pertenecen a América Latina y el Caribe, lo que representaba un 4% del total de la población del mundo. Estas 32 millones de personas latinoamericanas y caribeñas han sufrido una doble exclusión: estudian ahora porque en su infancia fueron excluidas de los sistemas formales. Para garantizar que estas personas finalmente accedan a la educación y logren estudiar, derecho que les fue negado cuando eran niños y niñas, la CLADE ha venido realizando un largo proceso de defensa y promoción del derecho a la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA). Este especial presenta algunas de esas acciones.
Pandemia y postpandemia: resistencia y lucha permanente hacia la garantía de la educación – Aun con los graves desafíos educativos, movimientos sociales y organizaciones mostraron una gran fuerza para seguir adelante. Este último capítulo presenta algunas de esas luchas.
Sesionó en el Foro Social Mundial 2021 la Asamblea “Hacia una agenda global: el derecho humano a la educación desde los movimientos”
1 de febrero de 2021Con la participación de un centenar de delegadas/os de organizaciones que convergen en torno a la educación como derecho humano, se realizó este sábado (30) en el marco del Foro Social Mundial (FSM) 2021 la asamblea autogestionada «Hacia una agenda global: el derecho humano a la educación desde los movimientos».
La actividad fue organizada por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), la Agencia Pressenza, la Red Espacio sin Fronteras, la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, la Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM), la Organización Mundial para la Educación Preescolar (Omep) y Fe y Alegría.
En la apertura, abrió el diálogo Grant Kasowanjete, coordinador global de la Campaña Mundial por la Educación, quien puntualizó en la necesidad de asegurar un mayor financiamiento para la educación pública en los países del Sur global como uno de los principales desafíos para efectivizar el derecho humano a la educación.
De manera certera, señaló que “por cada dólar que llega en concepto de ayuda desde el Norte global, diez dólares son sustraídos a través de la deuda externa y otros mecanismos”, lo cual erosiona los erarios públicos y desfinancia el sistema, ya que el 90% de los presupuestos para la educación provienen de recursos propios.
Por su parte, Nelsy Lizarazo, desde la coordinación general de CLADE, enfatizó en la profundización a partir de la pandemia de la brechas de desigualdad preexistentes y un refinamiento de la estratificación y exclusión del trayecto educativo en sectores sociales con carencias de acompañamiento, conectividad o equipamiento adecuado, destacando las poblaciones rurales, migrantes, indígenas y personas con discapacidad, entre otras.
A su vez, indicó cómo ante la situación los gobiernos han entregado millonarias sumas de dinero y datos a las corporaciones, información que alimentará el negocio ya enorme de estas multinacionales de tecnología. Agregó además que la emergencia ha supuesto una mayor precarización de la condición docente con reducciones de presupuesto, disminución de salarios, una mayor carga laboral a lo que se suma la presión psicológica producida por el esfuerzo de los educadores para dar respuesta y superar las dificultades que supuso el reto tecnológico y pedagógico de educar a distancia.
A partir de estas caracterizaciones, se lanzó a modo de disparador la pregunta sobre los aprendizajes, fortalezas y desafíos identificados en este transcurso.
En una primera ronda de intervenciones se señalaron aspectos claves como la falta de infraestructura y la necesidad de desarrollo tecnológico comunitario con independencia de las grandes plataformas corporativas, el daño generado por la exclusión de millones de niños del proceso educativo o la disfuncionalidad de una planificación educativa homogénea ante la complejidad de realidades diversas.
Entre los aprendizajes se valoró la capacidad imaginativa de los educadores que lograron sobreponerse a condiciones adversas, la propensión al conocimiento de las niñas y niños más allá de la institucionalidad, la importancia del diálogo y el trabajo conjunto entre la escuela, padres y comunidad, el rol de la educación comunitaria junto a la incidencia favorable de los proyectos políticos progresistas frente al fracaso del sistema neoliberal.
La asamblea continuó su reflexión colectiva en relación a la agenda prioritaria de las regiones y lo común en dichas agendas.
En diálogo fluido y propositivo, los participantes indicaron que la lucha debe conducir ante todo, ante la violencia imperante en distintos territorios, a garantizar el derecho a la vida. Asimismo, a superar la inequidad en los niveles educativos entroncados en el sistema social, a ofrecer espacios educativos seguros, libres de agresión y abuso para niñas y niños al tiempo de fortalecer un nuevo relacionamiento social no depredador.
También se señaló la necesidad de impulsar una revolución política-pedagógica frente a las agendas neoliberales, potenciar el diálogo intergeneracional, en especial en relación a los adultos mayores y la importancia de implementar la Educación Sexual Integral como mecanismo para superar la violencia sexual que se ejerce contra niñas, adolescentes y las mujeres en general.
Por otra parte, se recalcó entre las prioridades globales la lucha para que el Derecho a la Educación no sea minimizado, la defensa y fortalecimiento del sistema público y contrarrestar la falacia de que los sistemas privados son mejores, la superación de la desigualdad y la discriminación educativa y la garantía de un adecuado financiamiento para la educación desde una perspectiva de derechos humanos.
A la hora del análisis de posibles ejes transversales para la acción común, se puso el acento en la indivisibilidad de los derechos humanos y en consecuencia, se propuso promover alianzas amplias entretejiendo luchas con las agendas de los demás derechos al tiempo de contribuir a fortalecer la organización y movilización social. Por otra parte, se remarcó la trascendencia de continuar con la generación de conocimiento conectándolo con mensajes y campañas que movilicen demandas.
Del mismo modo, se deslizó en el debate la sugerencia de un mayor intercambio sobre las modalidades utilizadas para visibilizar las buenas prácticas y lograr incidencia efectiva en relación a las reivindicaciones planteadas.
Entre las propuestas de acción conjunta se sugirió la creación de un observatorio, promover la educación liberadora en presencia del centenario de Paulo Freire, abrir los espacios para la expresión de las nuevas generaciones y la idea del Buen Vivir. Es preciso una sacudida de la acción política para repensar la educación en clave feminista y de equidad socioeconómica y articular las fuerzas para superar la enfermedad no solo física sino también de carácter mental que sufre la humanidad.
Finalmente la Asamblea aprobó un texto para ser propuesto e incluido en la declaración final del Foro Social Mundial 2021.
“En el marco del presente FSM 2021, nos sumamos a la agenda de transformación en el ámbito global, articulada a los diversos campos de la lucha social y por derechos, reconociendo el rol catalizador que tiene la educación. La pandemia evidenció las desigualdades históricas dentro y fuera de los sistemas educativos, afectando a mujeres, niñas; personas con discapacidad; personas refugiadas y migrantes; comunidades indígenas; poblaciones rurales, entre otras. Evidenció asimismo la brecha digital y las respuestas de los gobiernos a ella, así como la necesidad de la construcción de una estrategia de soberanía digital.
A través de sistemas públicos de educación fortalecidos, es necesario resistir a las amenazas de las políticas de austeridad fiscal, endeudamiento de los países y al recorte del financiamiento de la educación, bien como a las múltiples tendencias de privatización. Desde la primera infancia, pasando por las juventudes y garantizando la educación de personas adultas, es imprescindible, en la post pandemia, replantear el sentido y finalidad de la educación, en un horizonte de búsqueda por los derechos de los pueblos y superación del patriarcado. Un modelo heterogéneo e intercultural, transformador e inclusivo; basado en el diálogo y seguro para las comunidades; valorando sus conocimientos y saberes locales, así como la colaboración solidaria y el compromiso con la protección de la vida.”
Grabación del evento:
Día de la Educación: Campaña global quiere dar voz a las mil millones de personas afectadas por el COVID-19
25 de enero de 2021Se lanzó hoy, con un diálogo virtual, la campaña internacional “Mil Millones de Voces por la Educación”. La iniciativa quiere escuchar y divulgar las voces de las más de mil millones de personas que tuvieron su derecho a la educación afectado por la pandemia COVID-19 y hace un llamado a las comunidades educativas de todo el mundo para exigir el derecho a la educación e impulsar acciones que demanden un financiamiento educativo adecuado y justo.
Refat Sabbah, presidente de la Campaña Mundial por la Educación, red internacional que impulsa la campaña, dio las bienvenidas e introdujo algunos de los mensajes clave de la campaña, especialmente la necesidad de que los gobiernos inviertan como mínimo el 20% de sus presupuestos públicos en educación, y aseguren una educación gratuita y de calidad para todas y todos, además de medidas contra la comercialización de la educación, que se ha profundizado con la pandemia y la enseñanza a distancia.
Video de la campaña con las demandas clave de la iniciativa
A continuación, Martina Darmanin, representante de la Unión Europea de Estudiantes (ESU), por su acrónimo en inglés), señaló algunos de los principales desafíos que experimentan las y los jóvenes de su región ante el contexto de COVID-19.
Destacó que, más allá de la falta de acceso a la educación, las juventudes hoy se enfrentan a problemáticas, como la falta de empleo, la no preparación de las instituciones educativas para los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera virtual, los espacios limitados para que las comunidades educativas, especialmente familias, estudiantes y docentes puedan participar del debate sobre las soluciones que el contexto de pandemia requiere; y el hecho de que algunos gobiernos están usando las medidas de “lockdown” como excusa para restringir derechos y libertades. Mencionó también el peor impacto de la crisis sanitaria para jóvenes con discapacidad, mujeres, migrantes, víctimas de racismo y xenofobia, etc.
Solange Akpo, de la Campaña Africana por la Educación para Todos (ANCEFA), señaló entre los desafíos de su región la falta de conectividad a Internet, el avance de la privatización de la educación y la falta de responsabilidad y transparencia de los gobiernos respecto al gasto público en educación y su rendición de cuentas. Defendió que desde la Unión Africana se impulse la cancelación de la deuda de los países africanos menos desarrollados, para posibilitar que tengan los recursos necesarios para invertir en educación y salud, asignando como mínimo 6% del Producto Interno Bruto (PIB) y 20% del gasto público total en educación.
Helen Dabu, de la Asociación de Asia Pacífico Sur por la Educación Básica y de Personas Adultas (ASPBAE), enfatizó la presión tremenda que hay actualmente sobre los presupuestos de los países de su región, debido a la contracción de las economías y la crisis sanitaria. Informó que, con la reducción de los ingresos gubernamentales, hay fuerte competencia entre los diferentes Ministerios, y que muchos Estados se encuentran seriamente endeudados y con recursos limitados para enfrentar la COVID-19 y financiar servicios sociales esenciales.
En este escenario, añadió, hay instituciones financieras internacionales que aumentan préstamos a los países de la región sin transparencia e imponiendo como condición la reducción de gastos en educación y otros derechos. Mientras tanto, falta sensibilidad en las inversiones en educación, que no priorizan los grupos marginalizados y profundizan o mantienen las desigualdades.
A su vez, Zahi Azar, de la Campaña Árabe por la Educación para Todos (ACEA), compartió que su región vive guerras y violencias históricas, que ya existían antes de la pandemia, entre ellas las relacionadas a la ocupación de Palestina. Ya se vivía en la región, explicó, un gran colapso económico y hay escuelas establecidas en áreas de conflicto, con millones de personas refugiadas, mucha gente con hambre, desplazada internamente, sin acceso a cualquier educación. Son situaciones de emergencia que existían y se profundizaron con la pandemia, especialmente porque en dicho contexto no existe infraestructura o acceso a Internet que permita mantener la educación.
Beathe Øgård, de la Coalición Europea y Norteamericana por la Educación (ENACE), destacó que el financiamiento educativo ha sido fuertemente impactado en su región y que otros desafíos son: los efectos de la pandemia a la salud mental de docentes y estudiantes ante el aislamiento y el proceso enseñanza-aprendizaje en línea, y los impactos de la nueva coyuntura a madres y padres trabajadores, especialmente mujeres. Enfatizó también que es necesario garantizar la participación de docentes en la elaboración de soluciones y planes de reapertura para las escuelas.
Situación latinoamericana y caribeña: privatización y precariedad para docentes
Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), destacó como un rasgo preocupante del contexto de América Latina y el Caribe la profundización de procesos privatizadores con “nuevos modelos de negocio” centrados en provisión de tecnologías, de paquetes educativos virtuales y nuevos tipos de colaboraciones públicos-privadas multisectoriales con prestadoras de servicios educativos contratadas por los gobiernos.
Añadió como otros desafíos de la región: la precarización de la profesión docente (docentes sin contrato fijo, con más de un empleador o trabajando por horas, inestabilidad, sobrecarga laboral, baja salarial, etc.) y el refinamiento de la estratificación de estudiantes entre aquellas y aquellos: con posibilidades de acceso y conectividad y acompañamiento de sus familias en casa; con posibilidades de acceso y conectividad, no de acompañamiento; con poco acceso y conectividad y sin acompañamiento; sin acceso, sin conectividad, como lo son las comunidades indígenas y rurales, entre otras.
“Los Estados al no estar preparados para este paso a la virtualidad generaron alianzas con grandes compañías como Zoom, Facebook, Google for Education, YouTube, entre otras. Estas organizaciones inversoras en educación se aproximan al Estado como si brindaran un servicio filantrópico, gratuito, “bondadoso” y solidario y así mismo lo presentan los propios gobiernos. El Estado le abre las puertas y le facilita la base de datos de prácticamente todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, o sea lo primero que entregó el Estado son los datos de los profesores y profesoras, de los y las estudiantes y de las familias”, destacó Nelsy Lizarazo.
En este panorama preocupante, planteó que es necesario recuperar el trabajo de miles de docentes en los sistemas públicos, fortalecer sus capacidades y atenderles socioemocionalmente, lo que exige incluso más inversión de la que existía antes de la pandemia, más aún considerando la presión sobre los sistemas públicos de educación, consecuencia del aumento del desempleo en la región y la imposibilidad de las familias de cubrir los costos de una educación privada, incluso barata y sin buena calidad.
Madeleine Zúñiga, vice presidenta de la CME y coordinadora de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación, cerró el evento destacando que, si defendemos derechos, hay que defender siempre el presupuesto que financie el ejercicio de esos derechos. “Luchar por el derecho humano a la educación es luchar también por otros derechos, pues los derechos humanos son indivisibles y la educación es habilitadora de otros derechos. Tenemos que ser fieles a los derechos humanos y a nuestra misión de transformar el mundo con la Agenda de Desarrollo 2030”, afirmó.
Mil Millones de Voces en América Latina y el Caribe
“Estamos ante un escenario que abre la posibilidad de concretar importantes cambios de paradigmas, sobre el sentido social de la educación y el contenido del derecho humano a la educación, entre otros. Es un escenario para fortalecer la acción de los movimientos sociales, las voces de los grupos en condiciones de vulnerabilidad, la visibilización de las brechas y barreras”, afirmó Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE.
La CLADE y sus miembros se sumarán a las actividades de la campaña a lo largo de este año.
Esta será una oportunidad de unirnos para ¡PEDIR UNA ACCIÓN URGENTE POR LA EDUCACIÓN! ¡Las voces de mil millones de personas cuya educación se ha visto afectada por la pandemia, deben elevarse y escucharse! A partir de estas voces, la campaña tiene como objeto abordar la falta de financiación de la educación, agravada por la pandemia de COVID-19, que también es un obstáculo para la realización de la Agenda de Desarrollo 2030 y del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4), referido a la educación.
Sepa más sobre la campaña y cómo participar
Diagnóstico de la situación del derecho humano a la educación en tiempo de pandemia – Marzo a octubre 2020
El presente estudio recorre la situación del derecho humano a la educación durante el estado de emergencia a causa de la pandemia por Covid-19 en los países de América Latina y el Caribe (marzo a octubre de 2020) desde el enfoque de derechos humanos. Mediante un proceso conceptual y metodológico riguroso se levantó, cruzó y verificó información en torno a 10 ejes temáticos, desde una gran diversidad de fuentes.
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Derecho humano a la educación desde los movimientos será tema de asamblea en el Foro Social Mundial 2021
21 de enero de 2021
Identificar conjuntamente, en un diálogo amplio y diverso, las claves de la lucha común por el Derecho Humano a la Educación, siempre en intersección con otros derechos, dando continuación al vínculo y a las acciones con otras regiones y actores. Este es el objetivo de la asamblea autogestionada “Hacia una Agenda Global: El Derecho Humano a la Educación desde los Movimientos”, que se llevará a cabo el sábado, 30 de enero, de 10:00 a 12:00 (GMT-3).
La asamblea es organizada por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), la Agencia Pressenza, la Red Espacio sin Fronteras, la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, la Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM), Organización Mundial para la Educación Preescolar (Omep) y Fe y Alegría. El evento será transmitido por las páginas de Facebook e Youtube de la CLADE. Se realizará en español y contará con traducción simultánea para portugués, inglés y francés.
Haz tu inscripción para el evento
Acción CLADE: Foro Social Mundial 2021
Sobre el Foro Social Mundial 2021
El Foro Social Mundial es un espacio abierto de encuentro para: intensificar la reflexión, realizar un debate democrático de ideas, elaborar propuestas, establecer un libre intercambio de experiencias y articular acciones eficaces por parte de las entidades y los movimientos de la sociedad civil que se opongan al neoliberalismo y al dominio del mundo por el capital o por cualquier forma de imperialismo y, también, empeñados en la construcción de una sociedad planetaria orientada hacia una relación fecunda entre los seres humanos y de estos con la Tierra.
Considerando la situación de pandemia mundial, la edición 2021 del Foro Social Mundial será virtual. La propuesta es un ensamblaje de varias ideas y parte de la experiencia de foros presenciales, mezclada con las potencialidades del virtual.
Entérate más
Organizaciones rechazan la violencia contra maestras y maestros en Colombia
16 de diciembre de 2020“Lo que hoy se denuncia no es un fenómeno puramente coyuntural sino una práctica política con lamentables efectos culturales que han consolidado una naturalización de la violencia y del exterminio físico de los oponentes, como medios para impedir el logro de las reivindicaciones democráticas mínimas exigidas por el pueblo colombiano que sufre los efectos de la desigualdad. El llamado es a frenar de una vez por todas la impunidad existente frente a este tipo de hechos”, se afirma en la nota publicada hoy (16/12) por más de 20 organizaciones, redes y coaliciones internacionales, regionales y nacionales, entre ellas la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), que denuncian el gobierno colombiano por la extrema violencia generalizada vivida por las y los docentes del país, principalmente las/os más de 350 mil que integran la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE).
Según el documento, en el caso colombiano, la lucha por el derecho a la educación se superpone a la lucha por el derecho a la vida. “Por esa razón, las organizaciones firmantes expresamos nuestro más radical rechazo a estas manifestaciones de violencia, y pedimos al gobierno colombiano mostrar resultados contundentes en las investigaciones, y a la comunidad internacional ejercer una vigilancia rigurosa sobre la situación que viven los maestros las maestras de Colombia, en particular los integrantes de FECODE, a quienes manifestamos toda nuestra solidaridad y apoyo en estas difíciles circunstancias”.
>> Lee la nota completa:
▪️ Español – Comunicado Conjunto contra la Campaña de Estigmatización a la Federación Colombiana de Educadores de Colombia – FECODE
▪️ English – Joint Press Release Against Stigmatization Campagn to the Colombian Federation of Educators of Colombia – FECODE
▪️ Português – Comunicado Conjunto Contra a Campanha de Estigmatização da Federação Colombiana de Educadores – FECODE
▪️ kreole – Kominike Nan Tètansanm Kont Kanpay Pèsekisyon k ap Fèt Kont Federasyon Kolonbyen Edikatè Kolonbyen Yo
CLADE lanza informe sobre la criminalización de la lucha estudiantil
10 de diciembre de 2020Con el apoyo del fondo Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund (SAIH), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanza hoy (10/12) el informe “Criminalización y violación a los derechos humanos de estudiantes en América Latina y el Caribe. Reflexiones a partir de los casos de estudiantes secundarios y universitarios en Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras”.
Entre los objetivos del documento está el análisis y la visibilización de la situación de las y los estudiantes de la región como protagonistas de la defensa del derecho a la educación y de otros derechos humanos y su creciente criminalización en contextos de protestas sociales en Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras.
“Levantar información desde los territorios y las voces de los actores sociales y sus luchas, resulta fundamental no solamente en la visibilización de una tendencia que gana terreno en los últimos años en nuestro continente, sino también de cara a las propuestas y la urgente necesidad de que los Estados cumplan su rol de garantes de todos los derechos y, en este caso, del derecho a participar, asociarse, expresarse libremente y movilizarse, pacíficamente, exigiendo el cumplimiento del Derecho Humano a la Educación”, afirma Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE.
Para la elaboración del informe se entrevistó a estudiantes de los países mencionados y se analizó su situación como protagonistas de la defensa del derecho a la educación y de otros derechos humanos y su creciente criminalización en contextos de protestas sociales en esos cuatro países. Además de los casos concretos presentados, la investigación hace un análisis, en alianza con la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), sobre el rol de los medios de comunicación en el proceso de criminalización de estudiantes y movimientos estudiantiles.
El documento también considera la existencia, extensión y singularidades de este fenómeno, así como la profunda afectación que supone no solo para el derecho a la educación, también para otro conjunto de derechos humanos fundamentales. En términos generales, se puede mencionar: impacto en los derechos de participación, libertad de expresión, reunión y asociación; represión y uso excesivo de la fuerza; actuaciones penales infundadas con el fin de paralizar o deslegitimar sus causas; arrestos; imposición de sanciones penales, civiles y administrativas; vigilancia de organizaciones de estudiantes; asesinato de estudiantes. En el ámbito educativo: expulsiones, suspensiones, cancelación de becas u otros beneficios estudiantiles.
Hallazgos y resultados
Los hallazgos y resultados de este proceso ratifican algunas tendencias que ya se habían identificado en otros procesos y acciones que viene llevando adelante CLADE en torno a este tema, así como los graves impactos que suponen para el derecho a la educación y para todo el conjunto de derechos humanos.
En cuanto a los responsables, el informe identificó una multiplicidad de actores y factores que interactúan en los procesos de criminalización, con una relevante participación del Estado, como el aumento de la militarización (con la presencia sobre todo del ejército) en las escuelas y universidades (violando la autonomía universitaria); la aprobación de leyes que dificultan la realización de manifestaciones y protestas sociales o la penalización a conductas relacionadas a la protesta social; la apertura de procesos en contra de estudiantes bajo diferentes figuras penales sin fundamento y sin las pruebas pertinentes o en base a pruebas falsas; la detención ilegal, agresión física y psicológica de estudiantes y de la comunidad escolar; el asesinato durante manifestaciones o luego de haber participado en protestas por parte de grupo paramilitares y el énfasis en los inconvenientes causados por las protestas y no en las causas de las reivindicaciones y/o las consecuencias de la criminalización por parte de los medios de comunicación.
Entre los impactos y consecuencias del proceso de criminalización, la investigación identificó graves restricciones a su derecho a educarse en las instituciones de educación secundaria y superior, impidiendo o generando obstáculos para que la reincorporación de estudiantes pueda ser posible, en algunos casos, como ya se señaló, incluso ha sido de forma definitiva; usos de violencia física incluyendo, en algunos casos situaciones de tortura, abuso sexual, e incluso la muerte.
Consideraciones y recomendaciones
El informe trata de aportar el panorama regional y reafirma la necesidad de fortalecer urgentemente estrategias que ayuden a revertir este fenómeno y contribuyan a garantizar los derechos de todos los actores de la comunidad educativa, en particular de las y los estudiantes, ofreciendo una serie de recomendaciones generales y otras específicas dirigidas a diferentes ámbitos (ámbito estatal gubernamental, organismos de derechos humanos, medios de comunicación, sociedad civil, y a la comunidad educativa).
Entre las recomendaciones están: la relevancia de profundizar en el análisis del contexto, la visibilidad, comprensión, denuncia y sistematización de situaciones de criminalización, desde un enfoque de derechos humanos y de género y la articulación de esfuerzos y medidas desde todas las esferas de la sociedad para avanzar en un mayor reconocimiento y consolidación del derecho a la protesta social como un derecho humano fundamental y como mecanismo de defensa e incidencia por el derecho a la educación, el rol de las y los estudiantes como defensores de derechos humanos.
La educación es una obligación del Estado y factor habilitante para el ejercicio de otros derechos
9 de diciembre de 2020
“El derecho a la educación es una obligación central de los Estados nacionales. Esa exigencia debe ser actualizada en un contexto de desembarco de los medios virtuales, contenidos digitales y de asedio a la escuela presencial”, afirma la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en su Declaración Final de la XI Asamblea Regional CLADE.
El documento es el resultado de reflexiones y debates realizados durante la XI Asamblea de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, que se llevó a cabo de modo virtual entre el 13 de octubre y el 26 de noviembre y contó con una amplia participación de organizaciones miembros de la CLADE, representantes estudiantiles y docentes, movimientos, organizaciones de la sociedad civil, investigadores/as y académicos/as.
Con el tema “Derecho Humano a la Educación: horizontes y sentidos en la post pandemia”, la Asamblea se realizó en un contexto en el que nuestra América Latina y Caribe y el mundo entero enfrentan las consecuencias de la pandemia provocada por el Covid-19 y contó con transmisiones en vivo semanales sobre las temáticas desarrolladas por la CLADE para analizar la actual coyuntura regional e internacional y trazar estrategias para la efectiva implementación del derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe en el contexto de la post pandemia.
“La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, sus foros nacionales, redes regionales y ONGs internacionales que la integran han realizado un gran esfuerzo desde que comenzó la presente crisis, para acompañar procesos que garanticen los derechos de los pueblos, para reflexionar sobre las consecuencias de la pandemia, para denunciar la profundización de la desigualdad y para alentar el compromiso de la comunidad educativa a no bajar los brazos ante la difícil situación que se fue agravando”, argumenta el documento.
Clases presenciales y privatización educativa
A través del documento, la CLADE afirma “que la pandemia demostró la importancia de la presencialidad en la educación y en los aprendizajes a lo largo de toda la vida, porque aprender es un acto relacional, que necesita del diálogo, del abrazo y del hacer en los territorios y que, cuando la virtualidad es indispensable, debe también garantizar el derecho humano a la educación, en todo lo que este significa”.
La CLADE también llama la atención sobre la agudización del proceso de privatización de la educación. “Conocimos un nuevo modelo de privatización (familias, estudiantes y docentes asumiendo el coste de equipos y conexión), estratificación estudiantil (a partir de las posibilidades o no de conexión) y cientos de miles de estudiantes imposibilitados de continuar su trayecto educativo en estos contextos. Esta situación amenaza con mantenerse y expandirse con los anuncios de modelos híbridos de enseñanza”, afirma.
En este contexto, la CLADE insta a que “los Estados garanticen el acceso universal y público al internet como un derecho, y no como una mercancía. Desarrollando plataformas virtuales propias y abiertas, que garanticen nuestra soberanía en materia de tecnología educativa”, además de asumir “su rol de garante de los derechos humanos, considerando la indivisibilidad de los mismos y a la educación como factor habilitante para el ejercicio de otros derechos, para disminuir las desigualdades y para lograr que nuestras sociedades sean más justas e igualitarias”, entre otras acciones.
Lee el documento completo aquí
Sobre la XI Asamblea Regional de la CLADE
Durante las siete semanas en las que se llevó a cabo la Asamblea Regional, la CLADE y su membresía realizaron más de 10 paneles y debates sobre la educación latinoamericana y caribeña. A continuación están los enlaces de los videos de los paneles, debates de las sesiones internas, documentos y presentaciones hechas durante toda el evento.
13/10 – Panel de apertura: Jóvenes y derecho a la educación en América Latina y el Caribe
20/10 – Panel: Derechos desde el principio
27/10 – Panel: Educación de Personas Jóvenes y Adultas
03/11 – Panel: Desigualdades, inclusión y educación
10/11 – Panel: Educación Pública en Riesgo: Privatización, Financiamiento, Docentes
17/11 – Panel: Rasgos de la coyuntura internacional en la pandemia y post pandemia”
19/11 – Panel: Derechos humanos y educación
Del 23/11 al 26/11
- Video – Sesión interna – 23/11
- Vídeo Sesión Interna – 24/11
- Video – Sesión interna – 26/11
- Síntesis de los paneles temáticos
- De la garantía del derecho al cumplimiento del ODS4 en el siglo XXI
- Educación, pandemia y post pandemia: una mirada desde la membresía de CLADE
- Educación, privacidad y transparencia: una encrucijada de derechos
- Panorama institucional y fortalecimiento de la Red CLADE
- Informe Narrativo – 2018-2020
- Declaración Final de la XI Asamblea Regional CLADE
Nuevo Comité Directivo
En la XI Asamblea, se realizó un balance del Plan Estratégico Cuatrienal 2018-2020 de la CLADE. En el encuentro también se eligió el nuevo Comité Directivo, compuesto por seis representantes de los foros nacionales, dos de las redes regionales y dos de ONGs internacionales, además de la coordinadora general. El Comité ahora tiene la siguiente composición:
- ActionAid
- Agenda Ciudadana por la Educación de Costa Rica
- Campaña Argentina por el Derecho a la Educación
- Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación
- Campaña por el Derecho a la Educación de México
- Federación Internacional Fe y Alegría
- Oxfam IBIS
- Organización Mundial de Educación Preescolar – Región América Latina
- Reagrupación Educación para Todos y Todas Haití
- Coordinadora General de CLADE
La pandemia hace lupa de la vulneración a los derechos, también el de educación
27 de noviembre de 2020La necesidad de una nueva narrativa que no naturalice la vulneración de derechos, la lucha contra la privatización y la desfinanciación del derecho humano a la educación son temas que se han debatido esta semana por organizaciones sociales de 18 países en la región. La pandemia hace lupa de la vulneración a los derechos, también el de educación, evidenciado en todos los sentidos las brechas que vivimos en América Latina y El Caribe.
La justicia fiscal es una de las propuestas que desde las organizaciones sociales ayudaría al cumplimiento de la agenda en favor del bienestar común, recordando que una de las prioridades sería la asignación de los Estados de al menos 6% del Producto Interno Bruto para la inversión educativa, sin embargo esto se ve amenazado con la contracción económica global derivada de la pandemia.
Educación para la no violencia, la inclusión y la organización social en la defensa de los derechos humanos, así como la escuela como entorno de protección son parte de las claves para la defensa de la educación en el continente y el Caribe.
Diálogo en el marco de la XI Asamblea la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), con Nelsy Lizarazo, Coordinadora General de la CLADE; Jesús Juárez de Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM) y Elizabeth Robert coordinadora de la comunidad de práctica de OXFAM en educación para ALC.
Enlace para descargar: Voces sobre la Mesa – 27 Noviembre 2020
Desigualdades e interseccionalidades: Si no es inclusiva y transformadora, no merece llamarse Educación
5 de noviembre de 2020Si bien las desigualdades de acceso a la Educación mejoraron en América Latina y el Caribe en los últimos 20-30 años, los efectos de la pandemia amenazan con profundizar las injusticias estructurales, haciendo retroceder las posibilidades de capacitación y crecimiento humano de millones de educandos.
¿Qué grupos sufren más? ¿Cómo avanzar? Éstas son preguntas íntimamente relacionadas, que encuentran respuesta a través del concepto y la herramienta de la interseccionalidad.
Sucede que la región no solamente es la más desigual del mundo en términos socioeconómicos, sino que además hay conjuntos humanos en cuyos cuerpos se cruzan múltiples desigualdades.
A la tremenda vulneración de Derechos Humanos básicos que significa la pobreza – que en la mayor parte de los casos es estructural y multidimensional, afectando no solo los ingresos sino otros indicadores de deterioro en la calidad de vida – se suman las discriminaciones y violencias por motivos de género, de proveniencia cultural, la segregación e invisibilización de las personas con discapacidad o las condiciones que deben enfrentar las y los migrantes.
Pandemia y violencia contra las mujeres
La importancia de la Educación como garante de otros Derechos básicos como el derecho a la inclusión, la socialización, la participación o la alimentación se ve hoy coartada por el cierre de las instituciones de educación a causa del brote pandémico. La CEPAL calculó que más de 160 millones de estudiantes han visto interrumpida sus trayectorias educativas. En simultáneo, 85 millones de niñas y niños han dejado de recibir la alimentación a la que accedían en el sistema escolar.
La crisis sanitaria expuso los desniveles existentes en los distintos países en cuanto a infraestructura sanitaria y educativa, al tiempo que hizo visibles las brechas de acceso a tecnología y conectividad al interior de los países. Esta disparidad afectó fuertemente las posibilidades de los sectores vulnerables, al recurrir el sistema a modalidades virtuales de enseñanza.
Del mismo modo, la precarización laboral de amplios sectores, en el marco de un marcado deterioro de la economía real, hace temer por un aumento de la deserción escolar. En particular, las niñas podrían verse afectadas al tener que ocuparse de tareas de cuidado familiar en reemplazo de sus madres ocupadas en la búsqueda de ingresos. Este mandato social de responsabilidad femenina en labores de cuidado, acuñado en matrices sociales patriarcales, continúa siendo uno de los principales impedimentos para la aspiración de sociedades igualitarias.
El contexto de pandemia ha agudizado las violencias contra las mujeres, que sufren de manera cotidiana relaciones de opresión sistémicas a nivel social, familiar e interpersonal.
Los Pueblos Indígenas: Entre la segregación y el riesgo pandémico
En un modo distinto, pero igualmente doloroso, pervive la desigualdad estructural que atraviesa la vida de los más de 800 pueblos indígenas de la región. El distanciamiento, la discriminación, la erosión de la base material y cultural de su existencia por parte de sociedades ancladas en matrices de tipo colonial, negó a estas comunidades ya con anterioridad a la pandemia gran parte de sus Derechos Humanos.
Debido a las altas tasas de desnutrición y la precariedad de la infraestructura, los 60 millones de indígenas de América Latina -un 10% de la población total- han visto agravarse su situación con la coyuntura de riesgo sanitario producida por el Covid-19.
El sistema educativo, lejos de actuar como factor igualador, ha profundizado las desigualdades a través de la segregación cultural, sin permitir a estas naciones desarrollarse según sus propios valores y cosmogonías, ni aportar con su riqueza de saberes al conocimiento común.
Lejos de ello, la historia que se enseña en el sistema escolar tradicional poco habla de la infinita violencia contra los indígenas ni de la brutalidad contra los negros arrancados a la esclavitud desde el África. Violencia y explotación que son la marca indeleble sobre la que se construyó la inequidad actual.
Además de políticas públicas decididas de apoyo, es preciso que exista una educación verdaderamente inclusiva, que utilice modelos pedagógicos diferenciados de acuerdo a los escenarios en los que viven las comunidades indígenas y en cuyo diseño puedan participar los jóvenes y las mujeres de dichas comunidades.
Personas con discapacidad y educación virtualizada
Las personas con discapacidad son otro colectivo estructuralmente aislado en el modelo de un patrón educativo rígido y capacitista, que no las concibe como parte del alumnado regular.
Esta situación de no presencia ni pertenencia alcanza aún una mayor relevancia en el marco de una educación virtualizada por la emergencia pandémica. A las habituales barreras se suman las dificultades de acceso a tecnología adecuada y las dinámicas de clase a distancia que no contemplan necesidades particulares. Sumado a la carencia de personal de apoyo, se ha producido la desconexión de muchas personas con discapacidad de la actividad educacional.
Como contraparte, la situación permitió visibilizar a las personas con discapacidad, hizo posible un trabajo de agrupamiento de estudiantes según su necesidad, ayudó a pensar nuevas formas de evaluar y posibilitó la alternancia de lo sincrónico y lo asincrónico.
Del mismo modo, hizo patente el rol fundamental de la familia como actor central del proceso educativo, de la mano con la escuela y los propios estudiantes, al tiempo que colaboró con una docencia más reflexiva y la recreación de los modos de interactuar.
Precaria situación de migrantes ante crisis sanitaria, educativa y económica
La condición de migrante es otra de las circunstancias en las que la desigualdad se multiplica. La mayoría de estas personas atraviesa la actual crisis sanitaria en un marco de precariedad, al que se suma la crisis educativa. Se mira al migrante como mano de obra, como fuerza de trabajo y no como un ser para la educación.
Muchos migrantes no cuentan con conexión fija a internet, no poseen equipos adecuados ni cuentan con las condiciones de vivienda con privacidad que se adecúen a las modalidades educativas virtuales. A la vulnerabilidad económica, agravada por el alarmante desempleo, a las dificultades lingüísticas y tecnológicas se agrega la carencia de recursos de apoyo pedagógico para los niños y niñas migrantes.
Los Estados deben desarrollar políticas públicas con compromiso social, ético, poniendo el énfasis en la diversidad y la multiculturalidad. Es imperioso producir libros y pedagogía para la pluralidad abandonando una tradición educativa asimilacionista.
Hacia el futuro
Es imprescindible aprovechar la pospandemia para replantear sentido y finalidad de la educación hacia un modelo heterogéneo, diverso, inclusivo, solidario y accesible para todas y todos.
Se necesita dejar atrás una matriz educacional concebida en el período industrial con el fin de disciplinar, estandarizar, cosificar. Un esquema cuya íntima raíz es naturalizar la desigualdad.
Es imperioso resistir las presiones para mercantilizar y privatizar lo público y en particular, el espacio educativo, que son una afrenta directa a la posibilidad de disminuir la injusticia y promover una creciente equidad.
Corresponde abordar sin dilación un tipo de educación intercultural, emancipadora, abierta al otro, al diferente. Construir un horizonte formativo transformador, no reproductor de desigualdades.
Desarrollar un modelo que ayude a desmontar el andamiaje cultural del patriarcado, que conciba la protección de la igualdad como un bien común, como noción profunda y de cotidiana aplicación.
La lucha por el cambio educativo no se inicia ni agota en el ámbito educativo, sino que es una lucha política, en las relaciones interpersonales e intrafamiliares para modificar las relaciones de poder.
En esta lucha, la educación debe tomar partido por los históricamente excluidos, porque una educación que no sea inclusiva, no merece llamarse educación.
