“Los derechos humanos son un eje fundamental de la recuperación de la pandemia y para el logro de los ODS”
8 de marzo de 2022Garantizar los derechos humanos para lograr alcanzar los ODS y enfrentar los impactos de la pandemia. Este fue el mensaje central que salió del panel de apertura del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que tuvo inicio hoy y se realiza hasta el 9 de marzo, organizado por la CEPAL.
Participaron en este panel: Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); Amina Mohammed, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas; y Carlos Alvarado, Presidente de la República de Costa Rica.
La presentación y moderación fue realizada por Rodolfo Solano Quirós, ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, quien resaltó que el gobierno de su país ha promovido procesos de recuperación [de la pandemia COVID-19] basados en una agenda innovadora de financiamiento, e invitando a una nueva forma de pensar, entender y crear mecanismos frescos e innovadores para oportunidades de financiamiento del desarrollo sostenible.
“Los derechos humanos son un eje fundamental de la recuperación. Que salgamos de este Foro con acciones concretas para mejorar la calidad de vida de las poblaciones vulnerables”, añadió el Ministro.
Por un multilateralismo activo que apoye la integración regional
A su vez, Alicia Bárcenas destacó que alcanzar los ODS en un contexto de post pandemia, exige un multilateralismo activo que apoye la integración regional. “Debemos también escuchar a las mujeres, las y los jóvenes, a la sociedad civil y al sector privado, que dan forma tangible a la década de acción para la transformación que tenemos adelante”, agregó.
Señaló también como un paso fundamental para avanzar en el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible hasta el 2030: poner al multilateralismo y a las voluntades colectivas por encima de los liderazgos individuales y nacionalismos.
“La región de América Latina y el Caribe ha sido de las más golpeadas por la pandemia. Se magnificaron diferencias respecto al acceso a bienes públicos, como la salud. Las brechas entre países se profundizaron y se afectó especialmente a las naciones de ingreso medio, que son la mayoría de nuestra región”, afirmó.
Informó también que más de un tercio de la población de la región se encuentra en situación de pobreza, y que este problema es coyuntural, pero también estructural, pues ya antes de la pandemia predominaba en la región la cultura del privilegio. “El 66,7% de habitantes tienen conexión a Internet en la región. Pero, 53 millones de hogares no tienen conexión a Internet. ¿Cómo estudian las niñas y niños en estas casas, cómo trabajan sus padres?”
Bárcenas también llamó la atención al hecho de que falta financiamiento público para promover la Agenda 2030 en la región. Según la representante de CEPAL, Costa Rica es un ejemplo de cómo podemos avanzar en energías renovables, y la región debería ser referencia en este tema, así como crear una ruta regional para fortalecer la capacidad de los países latinoamericanos y caribeños en la producción y distribución de medicamentos y vacunas.
Mayor inversión pública en el desarrollo sostenible
Amina Mohammed, en su intervención, destacó como un elemento clave para avanzar en el logro de la Agenda 2030, una mayor inversión pública en el desarrollo sostenible, y también en prioridades, como: mayor resiliencia y preparación para el futuro, especialmente desde los aprendizajes de la pandemia; aumentar recursos financieros para sistemas de protección social; invertir en sistemas de producción de alimentos sostenibles y en la transición hacia las energías renovables; profundizar los debates y acciones para una educación transformadora en la post pandemia, buscando soluciones desde la solidaridad; y el fortalecimiento de la igualdad de género, de la protección social universal y de la garantía de empleos formales y dignos para todas las personas.
Por fin, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, señaló en su intervención la responsabilidad moral que tenemos para liderar y resolver los problemas contemporáneos, y resaltó la migración como un desafío regional importante que es también efecto de las desigualdades. “La solidaridad cambia al mundo. La economía de acumular no garantiza la seguridad”, subrayó.
Video de la reunión:
Educación durante la pandemia
La profundización de las desigualdades y el impacto de la pandemia por el COVID-19 afectaron fuertemente el acceso al derecho a la educación en el país. El análisis de la CADE cita el informe “Impacto de la pandemia en la educación de niños, niñas y adolescentes” presentado por UNICEF Argentina en julio de 2021 que muestra que “más de 1 millón de estudiantes no pudieron regresar a las aulas desde el inicio del ciclo lectivo 2021”. La CADE subraya que, si bien en el período 2020-2021 se pueden observar programas específicos para atender a estas dificultades, será necesario incrementar la inversión educativa y diseñar políticas inclusivas para la garantía del derecho a la educación en el país. “Lo mencionado hasta aquí hace suponer que aun con las leves mejoras en términos de algunos indicadores de eficiencia interna en el periodo 2018 y 2019 mencionados en el informe argentino, ante la profundización de las desigualdades y la inequidad en el acceso al derecho a la educación en el marco de la pandemia, las metas de la Agenda 2030 serán muy difíciles de alcanzar sin políticas públicas integrales y una fuerte inversión orientada a la equidad y justicia educativa”, subraya la CADE.Recomendaciones*
Destacamos los grandes esfuerzos realizados por los Estados argentinos y en particular por la gran mayoría de los equipos docentes y directivos de los establecimientos educativos en el periodo de pandemia. Aun así, se requieren de una serie de políticas educativas tendientes a garantizar derecho a la educación en el país, por lo que la CADE presenta una serie de recomendaciones. Son ellas: 1. Ampliación de las ofertas educativas en términos de aumento de secciones y unidades de servicio que contemplen la cantidad de estudiantes proyectados según las trayectorias teóricas y reales de los y las estudiantes. En particular del nivel inicial y medio. 2. Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento escolar, con igualdad de recursos en términos de justicia educativa. 3. Disminución de la brecha digital: conectividad, equipamiento tecnológico para cada uno de los establecimientos y la entrega anual de dispositivos electrónicos a la totalidad de ingresantes del nivel primario y secundario. Mantenimiento y actualización del equipamiento y la entrega, reemplazo o actualización de notebooks para uso de los y las docentes. Formación docente para la inclusión educativa con tecnologías. 4. Mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje con actualización de salarios docentes y reconocimiento de horas de trabajo remunerado fuera del aula; fortalecimiento a la gestión institucional y pedagógica del nivel secundario; acompañamiento a las trayectorias educativas reales del estudiantado considerando acceso, permanencia y egreso; articulación entre niveles educativos, en particular entre el nivel medio y la educación superior; formación inicial (con énfasis en el número de docentes requeridos en el nivel inicial para el cumplimiento de las metas) y formación continua y mayor articulación entre la formación y el mundo del trabajo. 5. Transferencias económicas desde el nacimiento hasta los 19 años, teniendo en cuenta la sobre edad del estudiantado del nivel medio y los colectivos más discriminados por género, identidad y orientación sexual, población migrante, entre otros. 6. Garantía de transporte de los y las estudiantes: en el caso del ámbito rural por el impacto que esta prestación tiene en el presentismo. 7. Diseño integral y articulado de las políticas educativas para el logro de los Objetivos de la Agenda 2030 con áreas vinculadas a la salud, al trabajo, a la promoción social y a la cultura. 8. Inversión económica que garantice el derecho fundamental a la educación con el 8% del PIB requerido para el costeo de las políticas mencionadas, teniendo en cuenta el nivel universitario y la inversión necesaria en cada una de las 24 jurisdicciones del país para que la justicia educativa sea una realidad.* En base a Browne, M.; Alvarez, M.; Paredes, D.; Gardyn, N.; Oviedo, M.; Herbón, M. “El Derecho a la educación en números: ¿cuál es la inversión necesaria para cumplirlo en los próximos 10 años? Metas de inversión para el cumplimiento del derecho a la educación al 2030 en Argentina. Propuesta para abrir la discusión de mediano y largo plazo.”, Fundación SES, UNIPE, con el apoyo de CADE; GCFE, UNICEF Argentina, 2020. https://fundses.org.ar/es/biblioteca/derecho-la-educacion-en-numeros.
">Entre 2016 y el presente: la educación argentina presenta avances y retrocesos
8 de febrero de 2022Si bien entre los años 2006 y 2014 hubo mejoras significativas en términos de políticas públicas y normativas garantes del derecho a la educación en Argentina, solo en el año 2015 se cumplió con la inversión educativa prevista en la ley y los años posteriores marcaron un retroceso en todos los aspectos. Esta es la afirmación de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en respuesta al Informe País 2021, documento publicado la semana pasada por el gobierno argentino que presenta indicadores relacionados con el derecho a la educación en Argentina en el Objetivo 4 de la Agenda 2030.
“La Ley de Educación Nacional sancionada en el año 2006 establece que el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al 6 % del Producto Interno Bruto (PIB)”. Sin embargo, entre 2015 y 2019 solo se llegó a ese porcentaje en el año 2015, para luego descender entre el 1,6% a 1,1% del PIB (-33%) hasta el 2019.
Educación durante la pandemia
La profundización de las desigualdades y el impacto de la pandemia por el COVID-19 afectaron fuertemente el acceso al derecho a la educación en el país. El análisis de la CADE cita el informe “Impacto de la pandemia en la educación de niños, niñas y adolescentes” presentado por UNICEF Argentina en julio de 2021 que muestra que “más de 1 millón de estudiantes no pudieron regresar a las aulas desde el inicio del ciclo lectivo 2021”. La CADE subraya que, si bien en el período 2020-2021 se pueden observar programas específicos para atender a estas dificultades, será necesario incrementar la inversión educativa y diseñar políticas inclusivas para la garantía del derecho a la educación en el país.
“Lo mencionado hasta aquí hace suponer que aun con las leves mejoras en términos de algunos indicadores de eficiencia interna en el periodo 2018 y 2019 mencionados en el informe argentino, ante la profundización de las desigualdades y la inequidad en el acceso al derecho a la educación en el marco de la pandemia, las metas de la Agenda 2030 serán muy difíciles de alcanzar sin políticas públicas integrales y una fuerte inversión orientada a la equidad y justicia educativa”, subraya la CADE.
Recomendaciones*
Destacamos los grandes esfuerzos realizados por los Estados argentinos y en particular por la gran mayoría de los equipos docentes y directivos de los establecimientos educativos en el periodo de pandemia. Aun así, se requieren de una serie de políticas educativas tendientes a garantizar derecho a la educación en el país, por lo que la CADE presenta una serie de recomendaciones. Son ellas:
1. Ampliación de las ofertas educativas en términos de aumento de secciones y unidades de servicio que contemplen la cantidad de estudiantes proyectados según las trayectorias teóricas y reales de los y las estudiantes. En particular del nivel inicial y medio.
2. Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento escolar, con igualdad de recursos en términos de justicia educativa.
3. Disminución de la brecha digital: conectividad, equipamiento tecnológico para cada uno de los establecimientos y la entrega anual de dispositivos electrónicos a la totalidad de ingresantes del nivel primario y secundario. Mantenimiento y actualización del equipamiento y la entrega, reemplazo o actualización de notebooks para uso de los y las docentes. Formación docente para la inclusión educativa con tecnologías.
4. Mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje con actualización de salarios docentes y reconocimiento de horas de trabajo remunerado fuera del aula; fortalecimiento a la gestión institucional y pedagógica del nivel secundario; acompañamiento a las trayectorias educativas reales del estudiantado considerando acceso, permanencia y egreso; articulación entre niveles educativos, en particular entre el nivel medio y la educación superior; formación inicial (con énfasis en el número de docentes requeridos en el nivel inicial para el cumplimiento de las metas) y formación continua y mayor articulación entre la formación y el mundo del trabajo.
5. Transferencias económicas desde el nacimiento hasta los 19 años, teniendo en cuenta la sobre edad del estudiantado del nivel medio y los colectivos más discriminados por género, identidad y orientación sexual, población migrante, entre otros.
6. Garantía de transporte de los y las estudiantes: en el caso del ámbito rural por el impacto que esta prestación tiene en el presentismo.
7. Diseño integral y articulado de las políticas educativas para el logro de los Objetivos de la Agenda 2030 con áreas vinculadas a la salud, al trabajo, a la promoción social y a la cultura.
8. Inversión económica que garantice el derecho fundamental a la educación con el 8% del PIB requerido para el costeo de las políticas mencionadas, teniendo en cuenta el nivel universitario y la inversión necesaria en cada una de las 24 jurisdicciones del país para que la justicia educativa sea una realidad.
* En base a Browne, M.; Alvarez, M.; Paredes, D.; Gardyn, N.; Oviedo, M.; Herbón, M. “El Derecho a la educación en números: ¿cuál es la inversión necesaria para cumplirlo en los próximos 10 años? Metas de inversión para el cumplimiento del derecho a la educación al 2030 en Argentina. Propuesta para abrir la discusión de mediano y largo plazo.”, Fundación SES, UNIPE, con el apoyo de CADE; GCFE, UNICEF Argentina, 2020. https://fundses.org.ar/es/biblioteca/derecho-la-educacion-en-numeros.
Educación para personas jóvenes y adultas migrantes y refugiadas en América Latina Contexto, experiencias y situación en el marco de la pandemia
28 de enero de 2022Este documento, que se elaboró a partir de la actualización y ampliación de un trabajo previo de la CLADE (2020), destaca no solo los marcos más recientes en la materia (jurídicos, políticos e institucionales), sino también una sistematización de experiencias de políticas públicas en torno a la educación de personas jóvenes y migrantes existen vivencias muy diversas en Brasil, Ecuador, El Salvador, Bolivia y México que ofrecen importantes elementos para la consolidación de ofertas educativas a las personas en movilidad). Asimismo, aborda los desafíos encontrados en el marco de la crisis sanitaria causada por la COVID-19 desde 2020 y formula una serie de recomendaciones en materia de políticas y prácticas acordes a los derechos de estas poblaciones.
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Necesidades y demandas de la sociedad civil colombiana en torno a la educación y aprendizaje a lo largo y ancho de la vida para personas jóvenes y adultas
Con la realización del Encuentro Nacional de Colombia hacia la Confintea VII en 2022: “Necesidades y demandas de la sociedad civil colombiana en torno a la educación y aprendizaje a lo largo y ancho de la vida para personas jóvenes y adultas”, realizado en septiembre 25, en el Salón Constitución del Capitolio Nacional del Congreso de la República de Colombia, buscamos visibilizar y sensibilizar acerca de la situación de la EPJA en Colombia, y construir un marco de recomendaciones, a ser incluidas en los documentos que surjan de la CONFINTEA VII que se realizará en 2022, evento mundial de educación de personas jóvenes y adultas, que desde UNESCO convoca
a los gobiernos de los países de diferentes regiones del mundo para revisar las políticas de la EPJA y que se realiza cada 12 años.
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Informe sobre el impacto de la pandemia de la COVID-19 en el trabajo infantil y educación en países de Sudamérica
23 de diciembre de 2021Año de publicación: 2021
Publicado por: Marcha Global Contra el Trabajo Infantil
Este documento, escrito durante la crisis sanitaria causada por COVID-19, tiene el objetivo de evaluar cuáles fueron sus impactos en la educación y en el trabajo infantil. Para ello, recopiló información en siete países de Sudamérica (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú), a partir de fuentes secundarias de organismos multilaterales, organizaciones Internacionales, no gubernamentales, sindicatos y redes de sociedad civil.
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La situación de la Educación con Personas Jóvenes y Adultas en América Latina y el Caribe en contexto de pandemia (Resumen ejecutivo)
Síntesis, recomendaciones y líneas estratégicas con base en diagnóstico que ofrece una mirada descriptiva y analítica de las iniciativas impulsadas en América Latina y el Caribe en Educación con Personas Jóvenes y Adultas durante el ciclo pandémico. Tiene como propósito contribuir, desde la región, al proceso de la Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA VII), que a nivel de América Latina y el Caribe fue realizada en julio y a nivel internacional tendrá lugar en Marruecos durante el año 2022.
>> Mensajes clave del documento.
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La situación de la Educación con Personas Jóvenes y Adultas en América Latina y el Caribe en contexto de pandemia
El estudio ofrece una mirada descriptiva y analítica de las iniciativas impulsadas en América Latina y el Caribe en Educación con Personas Jóvenes y Adultas durante el ciclo pandémico. Encargado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), tiene como propósito contribuir, desde la región, al proceso de la Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA VII), que a nivel de América Latina y el Caribe fue realizada en julio y a nivel internacional tendrá lugar en Marruecos durante el año 2022.
>> Mensajes clave del documento.
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Vinculando la Nueva Crisis de Endeudamiento con los Impuestos y la Educación
18 de diciembre de 2021Autor: Jo Walker
Publicado originalmente en NORRAG Special Issue 05, pp. 94-97
Fecha de publicación: noviembre de 2020
Título original en inglés: Linking the New Debt Crisis to Tax and Education
Resumen: Cada vez es más difícil defender la ampliación de los ingresos fiscales como estrategia para aumentar la financiación de la educación y otros servicios públicos, especialmente cuando hay una nueva crisis de la deuda y grandes porcentajes de los presupuestos nacionales desaparecen en el pago de viejas deudas. Los defensores de la educación deben estar tan comprometidos en la crisis de la deuda como lo están haciendo ahora en la justicia fiscal.
>> Descarga la síntesis del documento aquí.
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Mil Millones de Voces por la Educación: 4 kits para entender los impactos negativos de la privatización educativa
17 de diciembre de 2021En el marco de la campaña “Mil Millones de Voces por la Educación”, que demanda más y mejores recursos financieros para garantizar la educación pública, gratuita e inclusiva, hemos venido destacando los riesgos del avance de la privatización educativa en América Latina y el Caribe, y cómo eso impacta de manera negativa la realización de la educación como un derecho humano, en condiciones de igualdad y gratuidad para todas las personas.
En ese sentido, elaboramos 4 kits con materiales educomunicativos, entrevistas, artículos, videos, paneles virtuales y estudios, que abordan y presentan de manera clara y accesible qué está en juego para la educación cuando hablamos de temas, como: el avance de la privatización y comercialización de servicios públicos en el contexto de pandemia COVID-19; la influencia de organizaciones multilaterales financieras como Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en las políticas educativas de América Latina, a través de sus préstamos; las relaciones entre los sistemas tributarios, la justicia fiscal y el financiamiento educativo; y cómo las legislaciones en los diferentes países favorecen, o no, el lucro privado en y desde la educación.
A continuación, retomamos los diferentes paquetes de materiales y piezas educomunicativas que lanzamos durante el año sobre estos temas, buscando así contribuir con el debate y la ampliación del acceso a la información y al conocimiento, sobre la necesidad de controlar la actuación de la iniciativa privada en la educación, desde los Estados y la ciudadanía, y también de fortalecer los sistemas educativos públicos y gratuitos como una responsabilidad de los gobiernos y un derecho y espacio de aprendizaje seguro y democrático para todas y todos.
Financiamiento educativo y justicia fiscal
¿Cuál es la relación entre la apertura de una cuenta o empresa con nombres falsos en la Isla de Man (un paraíso fiscal) y la falta de calefacción en una escuela en cualquier país de nuestra América Latina y Caribe? ¿Qué vincula a la evasión de impuestos de las mega corporaciones y los ricos globales con el financiamiento de la educación pública, gratuita y de calidad? ¿Qué son los flujos financieros ilícitos y cómo impactan la educación?
Aquí compartimos tarjetas informativas, folleto, animación, diálogo virtual, entrevista y artículo para crear un acercamiento a la temática. ¡Buena lectura!
Lineamientos de bancos para educación y proyectos financiados en América Latina y el Caribe
Es imposible entender la política educativa a nivel nacional, regional o global, hablar de neoliberalismo o grandes movimientos de privatización y apertura hacia la participación privada en la educación, sin considerar el papel de organizaciones multilaterales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Pero, ¿qué están financiando estos Bancos? ¿Cuáles son sus agendas y directrices en América Latina y Caribe?
En este kit, a través de tarjetas informativas, animaciones, folletos, video, documentos y una entrevista, damos a conocer la actuación del BM y del BID en nuestra región, con base en un panorama de los proyectos educativos que actualmente financian estos bancos y las directrices que orientan estos proyectos.
¿En qué medida los marcos legales de los países de nuestra región hoy permiten, incentivan o impiden la realización del lucro en la educación?
Para responder a esta pregunta, la CLADE realizó un mapeo regional, y con base en sus informaciones elaboramos y divulgamos en este boletín distintas notas y materiales, así como tarjetas explicativas y otros estudios, que ayudan a comprender el contenido de dicho mapeo, el cual se enfatizó en analizar los sistemas educativos de nueve países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Haití, Honduras, México, Paraguay y Perú.
COVID-19 y privatización
Con la pandemia y las medidas de aislamiento social, las dinámicas cambiaron, impactando la sociedad como un todo y a la educación en particular. Uno de los impactos que se observan en el campo educativo fue la intensificación de los procesos de privatización y comercialización.
Este boletín profundiza el debate sobre estas temáticas a través de análisis, entrevista, materiales educomunicativos y publicación, para que podamos fortalecer nuestras acciones como red y en alianza con organizaciones y actores que defienden el derecho humano a la educación para todas y todos.
Para saber más:
¿Por qué la educación pública es el mejor camino para asegurar el derecho humano a la educación?
Te invitamos a ver a continuación una animación y un folleto, que con base en los hallazgos de un estudio internacional elaborado por el Consorcio Internacional sobre Privatización y Derechos Humanos, en el cual la CLADE forma parte, presentan de manera sintética cinco lecciones de siete países de bajos y mediados ingresos, sobre por qué la educación pública es el mejor camino para asegurar el derecho a la educación, con calidad e igualdad para todas y todos.
Animación
Educación y género
13 de diciembre de 2021Año de publicación: 2020
Publicado por: REPEM
Este estudio sobre la realidad de las mujeres en la educación analiza las desigualdades de género y sus agravantes durante la pandemia, pasando por temas como violencia, educación feminista y problemas sociales.
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