<em>En el marco del <a href=festival audiovisual “¡Luces, cámara y educación!” y de un convenio firmado entre CLADE e ILGALAC, estas dos redes difunden un alerta regional, en que hacen un llamado a toda la sociedad civil, autoridades estatales así como a los organismos y organizaciones de derechos humanos a enfrentar y combatir la discriminación y desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres y las personas LGBTI en nuestra región La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (ILGALAC) y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) expresan su preocupación por las diferentes manifestaciones de retroceso que se vienen dando en nuestra región en lo que hace a la consolidación de una educación con un enfoque de género y diversidad sexual, así como frente a las diferentes manifestaciones de bullying homofóbico, afectando derechos fundamentales y restringiendo el derecho a la educación en condiciones de igualdad y sin discriminación. Observamos que varias expresiones conservadoras y del ámbito religioso intentan deslegitimar y negar el enfoque de género, desconociéndolo como categoría de análisis y categorizándolo como una supuesta “ideología de género”, incidiendo para que el mismo sea eliminado de los marcos legales y políticos, e incluso del ámbito educativo. Observamos así que en Brasil se han retirado los términos “identidad de género” y “orientación sexual” del documento Base Nacional Común Curricular (BNCC). A su vez, sectores conservadores políticos y religiosos lideran la iniciativa llamada Escuelas sin partido, promoviendo proyectos de ley orientados a prohibir en el ámbito educativo el abordaje de ciertas temáticas, entre ellas las cuestiones de género y orientación sexual, y enmascarando sus objetivos bajo la consigna de que la iniciativa se orienta a desalentar el adoctrinamiento ideológico (político, religioso o moral) por parte de docentes en las aulas. Esta iniciativa ya ha sido objeto de un pronunciamiento conjunto por parte de la Relatora Especial para el Derecho Humano a la Educación, el Relator Especial para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión y la Relatora Especial para Libertad de Religión y de Creencia de Naciones Unidas (ONU), exigiendo al gobierno que los proyectos de ley sean revisados y se asegure su conformidad con el marco internacional de los derechos humanos y la Constitución Federal. Estos temas han sido objeto de cuestionamiento y recomendaciones también en el marco del Examen Periódico Universal (EPU). La elaboración en el ámbito del Ministerio de Educación de una guía que abordaba el tema de las orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en la escuela dirigida a docentes y que pretendía dar respuesta a un mandato de la Corte Constitucional de Colombia a fin de adecuar los manuales de convivencia escolar a diversidad sexual y no discriminación generó enérgicas resistencias en Colombia. Por su parte, en Panamá se vienen presentando cuestionamientos al proyecto de Ley Nro. 61 sobre educación sexual, actualmente en debate parlamentario; y el Ministerio de Educación continúa haciendo esfuerzos, pese a las presiones y resistencias, para avanzar en el diseño e implementación de guías sobre educación sexual. En Honduras, se advierte un agravamiento del contexto de violencia y discriminación que enfrentan las personas de la comunidad LGBTI. En Paraguay a instancia de grupos conservadores, se retiró la palabra género de la nueva ley contra la violencia hacia las mujeres. En Perú, se han dado fuertes cuestionamientos a la implementación del nuevo Currículo Nacional de la Educación Básica por incluir el enfoque de género, promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la construcción de la identidad de género y la educación sexual integral, además de haberse desplegado diversas acciones de comunicación y movilización, como por ejemplo la campaña “Con mis hijos no te metas”. Por su parte, asistimos a la reciente derogación parcial por parte del Congreso del artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1323 que había introducido una serie de reformas en materia de violencia de género, incluyendo como circunstancia agravante de responsabilidad penal de algunos delitos, cuando tuvieran base en la orientación sexual e identidad de género. En los contextos de protestas estudiantiles, se han dado casos en que el hostigamiento por parte de las fuerzas policiales se agudiza o presenta características especiales, cuando se trata de estudiantes LGBTI, como ha sucedido en Chile y Honduras, por ejemplo. En este contexto de retrocesos, debemos celebrar sin embargo en la esfera internacional la creación el año pasado de un nuevo mecanismo en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos, con el nombramiento del primer experto independiente de Naciones Unidas para la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. En el ámbito educativo, se destaca la adopción por parte del Ministerio de Educación de Chile de la Circular “Derechos de niñas, niños y estudiantes trans en el ámbito de la educación”, así como el documento “Diálogos Participativos de la Diversidad” y la Guía para el respeto, inclusión y convivencia LGBTI dentro de las escuelas. Finalmente, debemos recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que dentro de la prohibición de discriminación por motivos relacionados con la identidad y expresión de género, se deben incluir, como derechos protegidos, las conductas en el ejercicio de dicha identidad y garantizar de forma transversal el reconocimiento de la identidad de género en los distintos aspectos de la vida de la persona, y que el Estado debe brindar a cada persona la oportunidad de proyectarse libremente hacia los demás, acorde a su identidad de género y el derecho a ser reconocida en función de dicha identidad. Debemos tener presente a su vez, que en su informe preliminar sobre “Pobreza, Pobreza Extrema y Derechos Humanos en las Américas” de 2016, la CIDH destacó que la pobreza, discriminación y exclusión que afectan a las personas LGBTI en la región se relacionan con barreras para poder acceder a sistemas educativos seguros y de calidad; y que los Estados tienen la obligación de garantizar políticas de educación especialmente diseñadas para modificar patrones sociales y culturales de conducta, contrarrestar prejuicios y costumbres, y para erradicar prácticas basadas en estereotipos de personas LGBTI que pueden legitimar o exacerbar la violencia por prejuicio, instando a que adopten medidas para garantizar la continuidad de las personas LGBT en los sistemas de educación formal. Y más recientemente la CIDH ha condenado las alarmantes cifras de asesinatos de personas LGBT que han ocurrido en la región en lo que va del año 2017. En tal sentido, hacemos un llamado a toda la sociedad civil, autoridades estatales así como a los organismos y organizaciones de derechos humanos a enfrentar y combatir la discriminación y desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres y las personas LGBTI en nuestra región, a rechazar toda acción que promueva la violencia, la discriminación y el no reconocimiento de sus derechos, exigiendo la adopción de las medidas necesarias para garantizar plenamente el derecho a la educación por su especial connotación para reafirmar todo el conjunto de derechos humanos y libertades fundamentales.">
En el marco del festival audiovisual “¡Luces, cámara y educación!” y de un convenio firmado entre CLADE e ILGALAC, estas dos redes difunden un alerta regional, en que hacen un llamado a toda la sociedad civil, autoridades estatales así como a los organismos y organizaciones de derechos humanos a enfrentar y combatir la discriminación y desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres y las personas LGBTI en nuestra región

Enfoque de género, diversidad sexual e identidad de género: retrocesos en el ámbito educativo en América Latina y el Caribe

8 de diciembre de 2017

En el marco del festival audiovisual “¡Luces, cámara y educación!” y de un convenio firmado entre CLADE e ILGALAC, estas dos redes difunden un alerta regional, en que hacen un llamado a toda la sociedad civil, autoridades estatales así como a los organismos y organizaciones de derechos humanos a enfrentar y combatir la discriminación y desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres y las personas LGBTI en nuestra región (más…)

Archivo CLADE

Muestra de cortos y rueda de diálogos aborda la necesidad de reconocer las diversas identidades de género en la educación

En la tarde del primer día de actividades del Festival Audiovisual “¡Luces, Cámara y Educación!”, se realizó la segunda muestra de cortos del programa, con el tema “Experiencias inspiradoras de superación y enfrentamiento a las desigualdades y discriminaciones relacionadas a la orientación sexual e identidad de género en la educación”, la cual incluyó la exhibición del documental “Nací para ser Tiffany”, de Nicaragua, premiado del festival en la categoría “Colectivos y organizaciones de derechos humanos”. (más…)

La CLADE estuvo presente en la Reunión de Revisión de Medio Término de la VI Conferencia Internacional de Educación de Personas Adultas (CONFINTEA VI), que se realizó en Suwon, República de Corea, del 25 al 27 de octubre. Las CONFINTEA V y VI han dado relevancia y contenido a la agenda del derecho a la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA) en todo el mundo.<!--more--> Previamente a dicha Reunión, la CLADE se sumó al <a href=Foro de la Sociedad Civil: La contribución de la sociedad civil para garantizar el derecho a la educación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida para personas jóvenes y adultas, organizado por el ICAE. Durante este encuentro se revisaron los progresos en el Marco de Acción de Belém (2009) y se discutieron los principales desafíos para la EPJA en el contexto actual, así como posibles acciones de incidencia desde la sociedad civil para promover este derecho. Desde las regiones se han subrayado sugerencias y aportes a la Declaración Final de la Sociedad Civil que resultó del Foro. El documento demanda que se priorice la EPJA como un derecho humano fundamental y un bien público clave para la realización de los demás derechos humanos y para la concepción de un mundo digno. En este debate, representantes de América Latina y el Caribe apuntaron como retos para la realización de la EPJA en distintos países: los actuales retrocesos para la democracia y la ascensión de grupos políticos conservadores; el crecimiento de la censura cultural, artística y educativa, especialmente respecto a la cuestión de género; la criminalización de la pobreza y de movimientos sociales; el aumento de la desigualdad socioeconómica; el debilitamiento de la cooperación internacional para la EPJA; el predominio de una perspectiva reduccionista, instrumentalista y compensatoria de esta modalidad educativa por encima de una mirada holística de la educación, que tome en cuenta los procesos de aprendizaje, y no apenas sus metas cuantitativas y resultados medibles. A la vez, recomendaron: el aumento del financiamiento de la EPJA; el reconocimiento de la gran diversidad de los sujetos de esta modalidad educativa, considerándose especialmente la presencia de jóvenes; la valoración de nuevas epistemologías, generándose otros conceptos de desarrollo y educación, por ejemplo el buen vivir y la cultura oral; la necesidad de sistematizar e investigar prácticas y políticas exitosas de la EPJA; la importancia de la formación y profesionalización docente; la participación de todos los sujetos de la EPJA, especialmente educadoras/es y educandas/os, en la toma de decisiones sobre las políticas educativas; el fortalecimiento de una educación crítica, que valorice la cultura y tenga como objetivo la transformación social, reconociéndose la contribución de la educación popular para ese proceso. Desde América Latina y el Caribe participaron tanto en el Foro de la Sociedad Civil, como en la posterior reunión de revisión de medio término de la CONFINTEA VI: Nélida Céspedes y Roberto Catelli, del CEAAL; Timothy Ireland, coordinador de la Cátedra UNESCO de EPJA e integrante del ICAE; Sebastián Vielmas, del ICAE; Carmen Campero, miembro de la Red EPJA de México y representante de la CLADE por América Latina y el Caribe en el Comité Directivo del ICAE; Maria del Carmen Lorenzatti, profesora de la Universidad Nacional de Córdoba y especialista en EPJA; David Aruquipa, coordinador de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación; y Camilla Croso y Adelaida Entenza, respectivamente coordinadora general y asesora de políticas de CLADE.

Revisión de medio término de la CONFINTEA VI

El Tercer Informe Mundial sobre Aprendizaje y Educación de Adultos (GRALE) de la UNESCO, que da seguimiento a los avances en materia de la educación de personas jóvenes y adultas a nivel mundial (en particular los compromisos que contrajeron los Estados en CONFINTEA VI) destaca que, a pesar de que los países afirman haber progresado en sus marcos normativos y políticos desde el año 2009, aún hay alrededor de 758 millones de personas adultas, entre ellas 115 millones de entre 15 y 24 años de edad, que aún no lograron leer ni escribir adecuadamente. A su vez, pocos países lograron alcanzar al 2015 el objetivo de la Educación para Todos (EPT) de aumentar en un 50% el número de personas adultas alfabetizadas. En este contexto se realizó la Reunión de Revisión de Medio Término de la CONFINTEA VI, que tuvo la participación de más de 400 representantes de la sociedad civil y gobiernos de 98 países del mundo. El encuentro tuvo el objetivo de evaluar los avances y desafíos pendientes en la implementación del Marco de Acción de Belém, así como discutir el actual panorama de la EPJA, en base al tercer GRALE y a informes regionales, siempre en diálogo con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y la “Recomendación sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos”, instrumento adoptado por la UNESCO en el 2015 que da nuevos impulsos a este campo de la educación. Durante el evento, Camilla Croso participó, como presidenta de la Campaña Mundial por la Educación, en el panel "Perspectivas hacia 2030: educación y aprendizaje a lo largo de toda la vida, ODS 4 y la más amplia agenda de ODS”. En esta ocasión, destacó entre otras cuestiones el aprendizaje y la educación de personas jóvenes y adultas como parte integral del derecho humano a la educación, subrayando su rol “estructural, facilitador y fundamental” en la promoción e implementación de toda la Agenda de Desarrollo 2030. Planteó, además, una serie de recomendaciones para que la EPJA sea priorizada nacional e internacionalmente, como una política de Estado, desde una concepción más amplia y humanista que se refleje en la legislación, las políticas públicas y las prácticas educativas. Enfatizó también la necesidad de un mayor financiamiento de la EPJA en los países, así como desde la cooperación internacional, además de una mayor atención a las personas que sufren discriminación en el campo de la EPJA, como por ejemplo las mujeres, personas en contexto de encierro y personas adultas mayores. Lea aquí su ponencia completa (en inglés). La reunión de revisión de la CONFINTEA VI concluyó con un reconocimiento al educador brasileño Paulo Freire y su legado para la EPJA y la educación popular. En breve, compartiremos el informe y la declaración final del encuentro.

Educación en cárceles

En un evento paralelo realizado el día 27 de octubre, se promovió un breve intercambio de información sobre la situación de la educación en prisiones, destacándose algunos desafíos para la implementación de este derecho en algunos países. Se abarcó concretamente información sobre Filipinas, algunos países de Asia Central, Bielorrusia y, en lo que respecta a nuestra región, Brasil, Argentina y Uruguay. Participaron en este intercambio integrantes de Unang Hakbang Foundation Inc., DVV International, CEAAL, ICAE y CLADE.

Llamado a la Acción

Como resultado de la Reunión Regional sobre EPJA realizada el pasado mes de agosto por la CLADE, en alianza con CPDE, REPEM, CEAAL e ICAE, con el apoyo de DVV International, organizaciones y activistas de la sociedad civil del campo de la EPJA elaboraron y dieron a conocer en Suwon un Llamado a la Acción, con el objetivo de contribuir con la revisión de medio término de la CONFINTEA VI. "Debemos abordar el derecho a la educación de personas jóvenes y adultas desde una perspectiva ética, política, social y cultural, que promueva una educación holística, integral, transformadora, emancipadora, intercultural, enfocada a la paz, al buen vivir y a una relación armónica y sostenible con la naturaleza; que reconozca la contribución de los procesos de la educación formal, no formal e informal y el valor de la educación de gestión social, comunitaria y cooperativa, a las y los educandas/os como sujetos de derecho, históricos, con trayectorias de vida significativas y saberes diversos, y que se nutra de la tradición y los aportes de la educación popular que caracteriza la región de América Latina y el Caribe", afirman las organizaciones y activistas en el documento [léalo completo: en castellano y en inglés]. 10b71c23-353c-400a-890b-40fffc97b80b">

En la Revisión de Medio Término de la CONFINTEA VI, CLADE insta por la realización de la EPJA como derecho humano y responsabilidad de los Estados

8 de noviembre de 2017

La CLADE estuvo presente en la Reunión de Revisión de Medio Término de la VI Conferencia Internacional de Educación de Personas Adultas (CONFINTEA VI), que se realizó en Suwon, República de Corea, del 25 al 27 de octubre. Las CONFINTEA V y VI han dado relevancia y contenido a la agenda del derecho a la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA) en todo el mundo. (más…)

Sociedad civil internacional hace un llamado por la realización de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas

27 de octubre de 2017

El Foro de la Sociedad Civil previo a la Reunión de Revisión de Medio Término de la VI Conferencia Internacional de Educación de Personas Adultas (CONFINTEA VI), que se realizó en Suwon, República de Corea, entre los días 25 y 27 de octubre, culminó con la publicación de una declaración que sintetiza las consideraciones y demandas acordadas por representantes de organizaciones de la sociedad civil y activistas durante el evento. En este foro y en la CONFINTEA VI participaron por América Latina y el Caribe: Nélida Céspedes (CEAAL/ICAE/CLADE), Carmen Campero (CLADE/ICAE), David Aruquipa (CLADE/Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación), María del Carmen Lorenzatti (Universidad de Córdoba), Timothy Ireland (ICAE/ Universidad de Paraíba), Camilla Croso (CLADE/Campaña Mundial por la Educación) y Adelaida Entenza (CLADE). (más…)

Serge Bibauw

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lanzan un plan de acciones conjuntas para contribuir a la protección de las personas defensoras de derechos humanos en las Américas

25 de octubre de 2017

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos iniciaron hoy un nuevo y más profundo plan de cooperación para abordar uno de los problemas más apremiantes en las Américas: la protección de las personas defensoras de los derechos humanos. (más…)

Archivo CLADE

CLADE participa en foro de la sociedad civil realizado en el marco de la reunión de revisión de medio término de la CONFINTEA VI

En día de ayer se ha concluido el Foro de la Sociedad Civil “EDUCACION 2030: DEL COMPROMISO A LA ACCIÓN. La contribución de la sociedad civil para garantizar el derecho a la educación y el aprendizaje a lo largo de la vida para personas jóvenes y adultas”, impulsado por el Consejo Internacional de Educación de Personas Adultas (ICAE) y sus organizaciones socias y aliadas. El propósito de este encuentro ha sido revisar los avances en el Marco de Acción de Belem, identificar los principales desafíos para la educación de personas jóvenes y adultas en el contexto actual y estrategizar su promoción dentro de la reunión de revisión de medio término de la Conferencia Internacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (CONFINTEA VI+6), la que comienza en el día de hoy. (más…)

<em>En el marco de la movilización regional que impulsa la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) “¡Financien lo Justo!: Por una educación pública y gratuita para todas y todos”, la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER) realiza entrevistas para discutir los retos y avances en el financiamiento educativo de América Latina y el Caribe</em>.<!--more--> En ese contexto, ALER dialogó con Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE y presidenta de la Campaña Mundial por la Educación, quien subraya los mensajes clave y demandas principales de dicha movilización, por la cual se insta los Estados de la región a que cumplan sus compromisos con el financiamiento de la Agenda de Educación 2030 y la realización de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, referido a la educación, destinando el 6% de su Producto Interno Bruto (PIB) y el 20% de su presupuesto público total a la educación pública. Croso señaló, asimismo, la importancia del financiamiento educativo público para garantizar la gratuidad de la educación y asegurar su calidad. “El lucro en la educación no es compatible con el derecho a la educación. Como el lucro es un fin en sí mismo, no hay compromiso de sectores que se orientan por el lucro con la igualdad, ni con la equidad, o la formación ciudadana”. La coordinadora general de la CLADE también aborda la labor de incidencia promovida por la Campaña y redes de organizaciones de la sociedad civil aliadas, ante las Naciones Unidas y los gobiernos nacionales de la región, con miras a presionar por una mayor inversión en la educación pública. Comenta, además, la importancia de la lucha de la sociedad civil por la justicia fiscal y tributaria, destacando que mucho del dinero que se podría destinar a la educación pública hoy se pierde por prácticas de evasión fiscal o políticas tributarias que favorecen a las personas más ricas y las grandes empresas, en detrimento de los derechos de la mayoría de la población. Escuche a continuación la entrevista completa. <iframe src= Entrevista: ALER – María Cianci Bastidas Producción: CLADE - Fabiola Munhoz y Samuel Grillo Transcripción: CLADE- Marina González y Samuel Grillo">

“Fortalecer los sistemas públicos de educación y garantizar la gratuidad educativa son las únicas maneras de superar las desigualdades y discriminaciones estructurales de nuestras sociedades”

11 de octubre de 2017

En el marco de la movilización regional que impulsa la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) “¡Financien lo Justo!: Por una educación pública y gratuita para todas y todos”, la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER) realiza entrevistas para discutir los retos y avances en el financiamiento educativo de América Latina y el Caribe. (más…)

En el marco de la inauguración de la Semana Latinoamericana por el Derecho a la Educación, movilización regional impulsada por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) que se celebra bajo la consigna “¡Financien lo justo: Por una educación pública y gratuita para todas y todos”, la Agencia Pressenza dialogó con Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE y presidenta de la Campaña Mundial por la Educación. La entrevista aborda la lucha de la sociedad civil por más recursos para la garantía del derecho a la educación de todas las personas y los retos del financiamiento educativo en América Latina y el Caribe, relacionándolos con la necesidad de presionar también a los gobiernos para que establezcan la justicia tributaria. <strong>¿Cuál es el foco de la lucha por el derecho a la educación en nuestro continente y en el mundo?</strong> En este momento, estamos peleando principalmente por una educación que sea emancipadora, transformadora y garante de derechos. Por un lado, seguimos afirmando que la educación es un derecho humano fundamental. Eso desafortunadamente no es algo obvio, visto que hay una creciente tendencia a la privatización y al lucro en la educación, o de abordar la educación desde una perspectiva asistencialista, pero no como un derecho. Sentimos que cada vez más el llamado por una educación emancipadora es fundamental, debemos seguir luchando por una educación que conlleve a sociedades más justas y una vida digna. Ese sentido de la educación está en jaque y, por eso, como CLADE queremos estar poniendo mucho más énfasis en los sentidos de la educación, [para resaltar que] la educación en nuestros sistemas debe llevar a cambios sociales. <strong>Siguiendo esa agenda de luchas básicas y al mismo tiempo fundamentales, las estrategias para incidir en las decisiones políticas, tanto nacionales como internacionales, son múltiples. Un espacio clave son las Naciones Unidas. ¿Cuál fue la tarea que se cumplió tanto en el Foro Político de Alto Nivel (HLPF) como en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) y cuáles son los logros?</strong> Esa semana, durante la 72ª Asamblea General de la ONU, fue la segunda vez en la que la CLADE estuvo en [espacios de] las Naciones Unidas en los últimos meses. El HLPF 2017 tuvo lugar en julio y en esta ocasión tuvimos la oportunidad de hablar en una sesión del ECOSOC. Consideramos la ONU un escenario muy importante para nuestra lucha política, siempre cuando la conectamos con nuestras pautas nacionales, y es ese el esfuerzo que hacemos. Toda la red CLADE se involucra y se prepara para que podamos coordinar nuestros mensajes en esta instancia y compartir lo que estamos observando desde allá. Los planteamientos que llevamos en esas últimas ocasiones  tienen tres ejes principales: <ul> <li>El financiamiento a la educación. Es clave llevar esa pauta, sea en el sentido de un mayor financiamiento (tanto nacionalmente, como resultado de una cooperación internacional), como también toda una cuestión de justicia tributaria.</li> <li>La criminalización de las y los estudiantes y docentes. Sus protestas están siendo muy criminalizadas, así como las y los activistas que luchan por el derecho a la educación. Llevamos ese tema a las reuniones en Nueva York y también en Ginebra [Consejo de Derechos Humanos], ya que pudimos llevar la Dra. Koumbou Boly Barry, Relatora Especial sobre el Derecho a la Educación de Naciones Unidas, a Honduras para que pudiese observar las problemáticas de la educación en el país y en especial lacriminalización estudiantil. La Relatora ha, inclusive, enviado una carta, en conjunto con el Relator Especial de Defensores de Derechos Humanos y el Relator Especial de Libertad de Expresión de la ONU, a las autoridades de Honduras demandando que adopten medidas para superar esta situación.</li> <li>Género y educación, donde vemos un retroceso gravísimo. Visibilizamos en la reunión de ECOSOC que en América Latina y el Caribe se está retirando la pauta de la igualdad de género de los currículos y planes de educación.</li> </ul> <strong>Sobre la primera de las pautas, ¿podrías profundizar un poco más? ¿Por qué insistir en eso? ¿Cuál es la relación entre la justicia tributaria y el financiamiento de la educación pública?</strong> La relación es bastante grande en el sentido de que lo que más se escucha cuando los actores y los sujetos pelean por más financiamiento en la educación es que no hay recursos, que se está en crisis. Esto es una falacia. Sabemos que existen recursos y que están destinados a otras prioridades, así que es una cuestión de voluntad política ubicarlos a la educación y otros derechos.. Existen recursos para financiar todos los derechos, el problema es que van destinados a gastos militares, corrupción, entre otras muchas cosas. Queremos subrayar que si ponemos en marchas políticas de justicia tributaria, van a entrar recursos nuevos de una orden de grandeza importantísima. Entendemos por justicia tributaria la reforma de los sistemas para que las personas más ricas sean más tributadas. Lo que ocurre en la mayoría de los países es que los sectores más pobres son proporcionalmente mucho más tasados que los ricos. Aún hay toda la cuestión de evasión fiscal. Teníamos que tener mecanismos mucho más firmes y claros para impedir ese tipo de situación. No hay una cobranza fuerte sobre las empresas que dejan de pagar impuestos, la cual haría una diferencia inmensa en la cantidad de recursos disponibles. También peleamos por eso a nivel internacional, para que se cree un organismo intergubernamental y ese concepto de justicia tributaria pueda tener un objetivo más amplio. Para eso, el gobierno de Ecuador tiene actualmente un papel de liderazgo, queremos acercarnos a él para que podamos, como CLADE, unir nuestros esfuerzos en ámbito internacional. <strong>¿Podrías establecer un diagnóstico de cuáles países están más avanzados o tienen más dificultades en ese camino del financiamiento seguro al derecho a la educación?</strong> Los países que han logrado destinar una inversión mínima del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación, que es lo que los países han acordado en Lima en el 2014 y después en Nova York y París en el 2015, son Costa Rica, Venezuela, Cuba, Bolivia y Brasil hasta el año 2013, que es el último año con datos disponibles en las bases internacionales. O sea, muy pocos. De esos países, todos han mantenido ese nivel de inversiones. La excepción es Brasil, donde el presidente en ejercicio cambió la constitución del país el año pasado, de manera a congelar el gasto público en salud, educación y asistencia social por 20 años. Desafortunadamente, la anterior tendencia positiva [de crecimiento de recursos] ahora empieza a retrocederse. Lo mismo ocurre en Argentina, donde hasta el año pasado se venía subiendo la inversión en educación, llegando muy cerca del 6% del PIB, pero ahora también hay un revés en esa situación. En términos de porcentaje, son muy pocos los países que alcanzan el acordado. Pero, en CLADE también miramos muchos otros indicadores, y uno de ellos tiene que ver con la disponibilidad de recursos por persona en la edad escolar, considerando pre primaria, primaria y secundaria. Mirando esa situación nos quedamos muy preocupadas/os. Hay 8 países en América Latina y el Caribe en que observamos que ha aumentado la disponibilidad de recursos por persona en edad escolar entre 1998 hasta el último año reportado por cada país, que varía entre 2013 y 2015. Esos 8 países son Argentina y Brasil - que están revertiendo esa tendencia-, Chile, Costa Rica, Cuba, México, Uruguay y Venezuela. Sin embargo, todos eses países están todavía muy lejos de investir lo que la CLADE está tomando como un valor de referencia, para que podamos tener una base de comparación: US$7221,60, que es el promedio de recursos disponibles por persona en edad escolar para la mitad de los países de menores ingresos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el año 2010. El país mejor situado en nuestra región respecto a esta dimensión de análisis es Costa Rica, que destinó US$3.860,11 por año por persona en edad escolar durante el trienio 2013-2015, valor que apenas supera mitad del valor que tomamos como referente. Centroamérica es la subregión que dispone de menos recursos por persona en edad escolar, llegando al caso extremo de Nicaragua, donde fueron destinados US$371 por año por persona en edad escolar (alrededor del 5% del valor de referencia) entre 2010 y 2012. <strong>Es cierto que hay una brecha entre la educación de niñas y niños. En ese sentido, ¿podrías decirnos cuál país está mejor situado?</strong> En Latinoamérica, tenemos poca brecha entre las tasas de asistencia escolar de niños y niñas en el caso de la primaria, y en secundaria alta observamos una brecha que desfavorece los niños en lo que toca el acceso. Pero, debemos tener mucho cuidado con este dado, pues puede darnos una impresión equivocada, a la vez que la cuestión de la igualdad de género debe ser tomada desde una perspectiva más cualitativa que cuantitativa. Se trata de los valores y, actitudes que se transmiten en las escuelas respeto a la igualdad de género. No nos parece que la escuela logre ser transformadora, en el sentido de la superación del patriarcado. En nuestro continente, tenemos un nivel absurdo de feminicidio y una naturalización de las violencias y discriminaciones contra las niñas y mujeres. La escuela hoy no da cuenta de lograr una transformación de pensamiento y conductas en términos de igualdad de género. Lo que más nos preocupa es que en Brasil, Colombia, Perú y México, entre otros países de la región, avanza una pauta promovida por sectores ultraconservadores respecto a lo que llaman de “ideología de género”, distorsionando lo que es de hecho la igualdad de género, un derecho humano fundamental consolidado en tratados y convenciones, con amplia legislatura en todos los niveles.  Son grupos con mucha influencia política que están logrando retirar de los currículos referencias a la igualdad de género, llegando a impedir que se hagan discusiones sobre género y educación en las escuelas. En el caso de Perú, el Ministerio de Educación quiere promover ese derecho, desde el currículo de la educación básica nacional, pero sectores de la sociedad civil del país quieren impedirlo, moviendo acciones judiciales en su contra. Este es un gran motivo de preocupación en nuestra región.

“Lo que más se escucha cuando se pelea por más financiamiento para la educación en nuestra región es que no hay recursos. Esto es una falacia”

25 de septiembre de 2017

En el marco de la inauguración de la Semana Latinoamericana por el Derecho a la Educación, movilización regional impulsada por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) que se celebra bajo la consigna “¡Financien lo justo: Por una educación pública y gratuita para todas y todos”, la Agencia Pressenza dialogó con Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE y presidenta de la Campaña Mundial por la Educación.

La entrevista aborda la lucha de la sociedad civil por más recursos para la garantía del derecho a la educación de todas las personas y los retos del financiamiento educativo en América Latina y el Caribe, relacionándolos con la necesidad de presionar también a los gobiernos para que establezcan la justicia tributaria.

¿Cuál es el foco de la lucha por el derecho a la educación en nuestro continente y en el mundo?

En este momento, estamos peleando principalmente por una educación que sea emancipadora, transformadora y garante de derechos. Por un lado, seguimos afirmando que la educación es un derecho humano fundamental. Eso desafortunadamente no es algo obvio, visto que hay una creciente tendencia a la privatización y al lucro en la educación, o de abordar la educación desde una perspectiva asistencialista, pero no como un derecho.

Sentimos que cada vez más el llamado por una educación emancipadora es fundamental, debemos seguir luchando por una educación que conlleve a sociedades más justas y una vida digna. Ese sentido de la educación está en jaque y, por eso, como CLADE queremos estar poniendo mucho más énfasis en los sentidos de la educación, [para resaltar que] la educación en nuestros sistemas debe llevar a cambios sociales.

Siguiendo esa agenda de luchas básicas y al mismo tiempo fundamentales, las estrategias para incidir en las decisiones políticas, tanto nacionales como internacionales, son múltiples. Un espacio clave son las Naciones Unidas. ¿Cuál fue la tarea que se cumplió tanto en el Foro Político de Alto Nivel (HLPF) como en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) y cuáles son los logros?

Esa semana, durante la 72ª Asamblea General de la ONU, fue la segunda vez en la que la CLADE estuvo en [espacios de] las Naciones Unidas en los últimos meses. El HLPF 2017 tuvo lugar en julio y en esta ocasión tuvimos la oportunidad de hablar en una sesión del ECOSOC. Consideramos la ONU un escenario muy importante para nuestra lucha política, siempre cuando la conectamos con nuestras pautas nacionales, y es ese el esfuerzo que hacemos.

Toda la red CLADE se involucra y se prepara para que podamos coordinar nuestros mensajes en esta instancia y compartir lo que estamos observando desde allá. Los planteamientos que llevamos en esas últimas ocasiones  tienen tres ejes principales:

  • El financiamiento a la educación. Es clave llevar esa pauta, sea en el sentido de un mayor financiamiento (tanto nacionalmente, como resultado de una cooperación internacional), como también toda una cuestión de justicia tributaria.
  • La criminalización de las y los estudiantes y docentes. Sus protestas están siendo muy criminalizadas, así como las y los activistas que luchan por el derecho a la educación. Llevamos ese tema a las reuniones en Nueva York y también en Ginebra [Consejo de Derechos Humanos], ya que pudimos llevar la Dra. Koumbou Boly Barry, Relatora Especial sobre el Derecho a la Educación de Naciones Unidas, a Honduras para que pudiese observar las problemáticas de la educación en el país y en especial lacriminalización estudiantil. La Relatora ha, inclusive, enviado una carta, en conjunto con el Relator Especial de Defensores de Derechos Humanos y el Relator Especial de Libertad de Expresión de la ONU, a las autoridades de Honduras demandando que adopten medidas para superar esta situación.
  • Género y educación, donde vemos un retroceso gravísimo. Visibilizamos en la reunión de ECOSOC que en América Latina y el Caribe se está retirando la pauta de la igualdad de género de los currículos y planes de educación.

Sobre la primera de las pautas, ¿podrías profundizar un poco más? ¿Por qué insistir en eso? ¿Cuál es la relación entre la justicia tributaria y el financiamiento de la educación pública?

La relación es bastante grande en el sentido de que lo que más se escucha cuando los actores y los sujetos pelean por más financiamiento en la educación es que no hay recursos, que se está en crisis. Esto es una falacia.

Sabemos que existen recursos y que están destinados a otras prioridades, así que es una cuestión de voluntad política ubicarlos a la educación y otros derechos.. Existen recursos para financiar todos los derechos, el problema es que van destinados a gastos militares, corrupción, entre otras muchas cosas.

Queremos subrayar que si ponemos en marchas políticas de justicia tributaria, van a entrar recursos nuevos de una orden de grandeza importantísima. Entendemos por justicia tributaria la reforma de los sistemas para que las personas más ricas sean más tributadas. Lo que ocurre en la mayoría de los países es que los sectores más pobres son proporcionalmente mucho más tasados que los ricos.

Aún hay toda la cuestión de evasión fiscal. Teníamos que tener mecanismos mucho más firmes y claros para impedir ese tipo de situación. No hay una cobranza fuerte sobre las empresas que dejan de pagar impuestos, la cual haría una diferencia inmensa en la cantidad de recursos disponibles.

También peleamos por eso a nivel internacional, para que se cree un organismo intergubernamental y ese concepto de justicia tributaria pueda tener un objetivo más amplio. Para eso, el gobierno de Ecuador tiene actualmente un papel de liderazgo, queremos acercarnos a él para que podamos, como CLADE, unir nuestros esfuerzos en ámbito internacional.

¿Podrías establecer un diagnóstico de cuáles países están más avanzados o tienen más dificultades en ese camino del financiamiento seguro al derecho a la educación?

Los países que han logrado destinar una inversión mínima del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación, que es lo que los países han acordado en Lima en el 2014 y después en Nova York y París en el 2015, son Costa Rica, Venezuela, Cuba, Bolivia y Brasil hasta el año 2013, que es el último año con datos disponibles en las bases internacionales. O sea, muy pocos.

De esos países, todos han mantenido ese nivel de inversiones. La excepción es Brasil, donde el presidente en ejercicio cambió la constitución del país el año pasado, de manera a congelar el gasto público en salud, educación y asistencia social por 20 años. Desafortunadamente, la anterior tendencia positiva [de crecimiento de recursos] ahora empieza a retrocederse.

Lo mismo ocurre en Argentina, donde hasta el año pasado se venía subiendo la inversión en educación, llegando muy cerca del 6% del PIB, pero ahora también hay un revés en esa situación.

En términos de porcentaje, son muy pocos los países que alcanzan el acordado. Pero, en CLADE también miramos muchos otros indicadores, y uno de ellos tiene que ver con la disponibilidad de recursos por persona en la edad escolar, considerando pre primaria, primaria y secundaria.

Mirando esa situación nos quedamos muy preocupadas/os. Hay 8 países en América Latina y el Caribe en que observamos que ha aumentado la disponibilidad de recursos por persona en edad escolar entre 1998 hasta el último año reportado por cada país, que varía entre 2013 y 2015. Esos 8 países son Argentina y Brasil – que están revertiendo esa tendencia-, Chile, Costa Rica, Cuba, México, Uruguay y Venezuela. Sin embargo, todos eses países están todavía muy lejos de investir lo que la CLADE está tomando como un valor de referencia, para que podamos tener una base de comparación: US$7221,60, que es el promedio de recursos disponibles por persona en edad escolar para la mitad de los países de menores ingresos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el año 2010. El país mejor situado en nuestra región respecto a esta dimensión de análisis es Costa Rica, que destinó US$3.860,11 por año por persona en edad escolar durante el trienio 2013-2015, valor que apenas supera mitad del valor que tomamos como referente.

Centroamérica es la subregión que dispone de menos recursos por persona en edad escolar, llegando al caso extremo de Nicaragua, donde fueron destinados US$371 por año por persona en edad escolar (alrededor del 5% del valor de referencia) entre 2010 y 2012.

Es cierto que hay una brecha entre la educación de niñas y niños. En ese sentido, ¿podrías decirnos cuál país está mejor situado?

En Latinoamérica, tenemos poca brecha entre las tasas de asistencia escolar de niños y niñas en el caso de la primaria, y en secundaria alta observamos una brecha que desfavorece los niños en lo que toca el acceso. Pero, debemos tener mucho cuidado con este dado, pues puede darnos una impresión equivocada, a la vez que la cuestión de la igualdad de género debe ser tomada desde una perspectiva más cualitativa que cuantitativa. Se trata de los valores y, actitudes que se transmiten en las escuelas respeto a la igualdad de género.

No nos parece que la escuela logre ser transformadora, en el sentido de la superación del patriarcado. En nuestro continente, tenemos un nivel absurdo de feminicidio y una naturalización de las violencias y discriminaciones contra las niñas y mujeres. La escuela hoy no da cuenta de lograr una transformación de pensamiento y conductas en términos de igualdad de género.

Lo que más nos preocupa es que en Brasil, Colombia, Perú y México, entre otros países de la región, avanza una pauta promovida por sectores ultraconservadores respecto a lo que llaman de “ideología de género”, distorsionando lo que es de hecho la igualdad de género, un derecho humano fundamental consolidado en tratados y convenciones, con amplia legislatura en todos los niveles.  Son grupos con mucha influencia política que están logrando retirar de los currículos referencias a la igualdad de género, llegando a impedir que se hagan discusiones sobre género y educación en las escuelas. En el caso de Perú, el Ministerio de Educación quiere promover ese derecho, desde el currículo de la educación básica nacional, pero sectores de la sociedad civil del país quieren impedirlo, moviendo acciones judiciales en su contra. Este es un gran motivo de preocupación en nuestra región.

Foto de la sala de asambleas de las Naciones Unidas
UN Photo

Foros nacionales instan a representantes diplomáticas/os para que defiendan el financiamiento de la educación pública en las Naciones Unidas

19 de septiembre de 2017

Durante esta semana, mientras líderes mundiales se reúnen en Nueva York para la 72ª Asamblea General de las Naciones Unidas, la sociedad civil latinoamericana y caribeña intensifica sus acciones de incidencia política junto a representantes de las misiones diplomáticas de sus Estados ante las Naciones Unidas, así como junto a sus Ministerios de Asuntos Exteriores y Educación, con miras a poner en pauta el derecho humano a la educación. (más…)

<em>En el marco de la 72ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realiza en Nueva York, se presentará una declaración sobre el financiamiento de la Atención y Educación de la Primera Infancia (AEPI), que fue aprobada por unanimidad en la 69° Asamblea y Conferencia Mundial de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) y fue propuesta por la Vicepresidencia de la Región Latinoamericana de la OMEP.</em><!--more--> La inversión insuficiente en la primera infancia en muchos países ha conducido a injusticias sociales, discriminación en el acceso a la educación, mala calidad del aprendizaje y sustentabilidad deficiente de las políticas, lo que ha resultado en consecuencias graves para la vida actual y futura de niños y niñas. En este contexto y con miras al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, referido a la educación, y del Marco de Acción para la Educación 2030, la OMEP demanda a los gobiernos, en dicha declaración, que se cumplan los compromisos financieros relacionados con el desarrollo y la sustentabilidad de la educación en la primera infancia. En ese sentido, exige que los Estados: <ul> <li>aumenten la inversión pública y den prioridad a la AEPI;</li> <li>aseguren una AEPI de calidad, pública y gratuita;</li> <li>asignen los recursos necesarios para garantizar la equidad y la calidad en la AEPI, ampliando los derechos de los sectores sociales más desfavorecidos;</li> <li>inviertan en la mejora de la calidad de la formación de las y los educadoras/es de esta etapa educativa.</li> </ul> Lea <a href=aquí la declaración completa.">

OMEP insta por más recursos para la educación en la primera infancia

15 de septiembre de 2017

En el marco de la 72ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realiza en Nueva York, se presentará una declaración sobre el financiamiento de la Atención y Educación de la Primera Infancia (AEPI), que fue aprobada por unanimidad en la 69° Asamblea y Conferencia Mundial de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) y fue propuesta por la Vicepresidencia de la Región Latinoamericana de la OMEP. (más…)

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