Paraguay: posicionamiento en defensa de la educación con perspectiva de género

2 de agosto de 2023

La Red por el Derecho a la Educación de Paraguay manifiesta a través de un posicionamiento público su rechazo ante el avance del Proyecto de Ley que busca prohibir la promoción, fomento o enseñanza de la perspectiva de género en las instituciones educativas. 

El posicionamiento expresa que “el proyecto de ley contradice los principios fundamentales de igualdad, libertad de expresión, libertad religiosa y el derecho a una educación integral y no discriminatoria establecidos en la Constitución”. En tal sentido, apela al respeto del marco constitucional, y señala que la prohibición de la educación con perspectiva de género constituye una limitación a la democracia, e impide una sociedad justa e igualitaria. 

La red en su comunicación oficial afirmó que “es crucial prestar especial atención a la igualdad de género en todo el sistema educativo y en la educación familiar, abordando el acceso, contenido, contexto y prácticas de enseñanza y aprendizaje, así como los resultados educativos y oportunidades laborales”, e hizo un llamado a las autoridades para que sumen voluntades con firmeza por una educación inclusiva. 

Ante el contexto de violencia que viven niñas y adolescentes la red manifiesta “Nos preocupa la alarmante situación de violencia de género en Paraguay, evidenciada por el alto número de feminicidios y la violencia sufrida por mujeres en diferentes aspectos de la vida. Estos actos extremos de violencia tienen consecuencias devastadoras para las familias y la sociedad en su conjunto”, también subraya que 7 de cada 10 mujeres en Paraguay han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de toda su vida, información oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Se reitera la idea que un entorno educativo que cuestione los estereotipos y roles de género, que permita construir nuevas formas de socialización y relaciones humanas facilitará recursos para prevenir la violencia y el ejercicio pleno de derechos de niñas, adolescentes y jóvenes.

Educación con perspectiva de género

En Paraguay, la educación con perspectiva de género se trabaja a partir la reforma de 1992, desde entonces se analiza el rol fundamental del sistema educativo en la reproducción de las desigualdades entre hombres y mujeres, y se establecen formas de visibilización y superación de las diversas expresiones de violencia a través de prácticas no sexistas y no discriminatorias. 

La Red ha manifestado su alerta por acciones que desde las instancias gubernamentales instan a retrocesos en derechos, considerando viables mecanismos que limitan el acceso a la educación sexual integral. Así lo hacían saber diversas organizaciones en un pronunciamiento público en diciembre de 2022 que denunciaban la activación de procesos de investigación a docentes que impartieron clases sobre educación sexual e integral. 

Lee el Posicionamento Público – Red por el Derecho a la Educación de Paraguay

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Cerrada. Convocatoria. Términos de Referencia para elaboración del informe nacional para el diagnóstico: Oportunidades educativas para mujeres jóvenes y adultas indígenas en Brasil, Colombia, Guatemala y Paraguay

11 de abril de 2023

Antecedentes sobre la CLADE

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) es una red plural de organizaciones de sociedad civil con presencia en 18 países de América Latina y el Caribe (ALC), que impulsa acciones de movilización social e incidencia política para defender el derecho humano a una educación transformadora, pública, laica y gratuita para todos y todas, a lo largo de la vida y como responsabilidad del Estado.

Además de trabajar por la afirmación de la educación como un derecho humano, la CLADE busca fortalecer las democracias activas y participativas en América Latina y el Caribe. Para cumplir con su misión y realizar su agenda política, la CLADE utiliza como estrategias: la incidencia en las políticas públicas; la movilización social; la exigibilidad política y jurídica; la articulación interinstitucional con actores nacionales, regionales e internacionales; la producción de conocimiento e investigación; y acciones de comunicación interna y externa.

Para calificar sus acciones de incidencia política, la CLADE suele desarrollar estudios de alta calidad. El presente estudio, que tiene el apoyo de Oxfam IBIS, investiga cuáles son las oportunidades educativas públicas para mujeres indígenas jóvenes y adultas en Brasil, Colombia, Guatemala y Paraguay. Eso es relevante porque las evidencias muestran que aún hay mucho que hacer por la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA), especialmente por mujeres indígenas jóvenes y adultas. 

Según estudio publicado por la Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM), las mujeres indígenas que viven en áreas rurales de Guatemala son excluidas del sistema educativo, completando menos de dos años de escolaridad (REPEM, 2022). El mismo problema se hace presente en Paraguay, donde además de la exclusión de mujeres de los espacios educativos, existe la percepción de que la educación formal excluye los saberes ancestrales indígenas (CECTEC, 2022). El fenómeno de alcance regional implica, por lo tanto, la necesidad de comprender mejor la oferta educativa pública disponible para mujeres indígenas jóvenes y adultas en los cuatro países mencionados.

Objetivos del Diagnóstico

Objetivo general 

Realizar una investigación diagnóstica (cualitativa y cuantitativa) sobre la situación del derecho humano a la educación de mujeres indígenas jóvenes y adultas de Brasil, Colombia, Guatemala y Paraguay. Se indagará particularmente las dimensiones de interculturalidad, neocolonialismo y de género presente en las políticas y prácticas direccionadas a esa población desde los respectivos sistemas públicos de educación. Se incorporará al menos una buena práctica por país.

Objetivos específicos

1. Indagar sobre la oferta educativa existente para mujeres indígenas jóvenes y adultas en Brasil, Colombia, Guatemala y Paraguay con énfasis en dimensiones de interculturalidad, neocolonialismo y de género. 
2. Desarrollar recomendaciones de políticas públicas que partan del reconocimiento de las particularidades encontradas para la plena realización de la educación intercultural bilingüe y transformadora de género de las mujeres indígenas jóvenes y adultas. 
3. Implementar una estrategia de comunicación, movilización e incidencia política a partir de los resultados encontrados con actores clave de CLADE y conjuntamente con Oxfam.

Metodología de trabajo

La investigación se realizará de manera dialogada con los miembros de CLADE en cada país (en este caso Paraguay), el equipo de Coordinación Ejecutiva de CLADE y responsables por la realización del informe regional.

El trabajo de investigación nacional se centrará alrededor de los siguientes componentes:

1. Apoyo al refinamiento de la metodología del informe regional;
2. Recolección sistemática de literatura sobre oportunidades educativas públicas en educación básica y superior para mujeres indígenas jóvenes y adultas a nivel nacional;
3. Revisión de estudios, políticas y datos recientes en ámbito nacional;
4. Ejecución de entrevistas a especialistas en el tema;
5. Redacción del documento de investigación nacional, de acuerdo con la metodología regional desarrollada y la estructura acordada para los cuatro estudios.

Manifestación de interés

Personas interesadas en hacer el diagnóstico deben enviar correo con el título “Investigación sobre oportunidades educativas para mujeres indígenas” a seleccion@redclade.org, durante el mes de abril, su hoja de vida, mencionando investigaciones de su autoría ya realizadas.

También deben enviar una carta de motivación para hacer la investigación y la bibliografía de referencia que proponen para el estudio nacional. 

La CLADE invita particularmente a personas indígenas, y especialmente mujeres indígenas, a que envíen sus propuestas.

Ver Términos de referencia por país

• Brasil
• Colombia
• Guatemala
• Paraguay

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Paraguay: organizaciones hacen llamado a gobierno para que se respete el derecho a la educación en su país

16 de noviembre de 2022

Las diversas organizaciones de la sociedad civil representadas por la Red por el Derecho a la Educación de Paraguay y por el  Servicio Paz y Justicia publicaron hoy (16/11) un pronunciamiento que denuncia al Estado paraguayo por activar procesos de investigación a docentes que imparten clases sobre educación sexual e integral. Según la nota, los procesos activados por el Estado impiden la promoción y protección del derecho humano a la educación y pueden incurrir en graves sanciones para la continuidad laboral de los/as docentes, entre otras consecuencias.

“Recordamos a las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias [MEC], la importancia estratégica de respetar, proteger y promover el derecho a la educación, y que estas responsabilidades no pueden realizarse con una norma que desconoce principios básicos de la convivencia democrática y de respeto a los derechos humanos”, explican las organizaciones.

Aunque existan múltiples iniciativas internacionales que critican y recomiendan al Estado Paraguayo a no seguir en adelante con acciones y políticas que prohíban la educación sexual e integral, todavía sigue vigente  la Resolución Nº 29664/2017, que prohíbe la difusión de materiales sobre la “ideología/teoría de género”. Según las organizaciones, tal resolución impide que el Estado paraguayo garantice el derecho a la educación.

Por ello, a Red por el Derecho a la Educación de Paraguay y el Servicio Paz y Justicia expresan en su pronunciamiento que “el MEC – Ministerio de Educación y Ciencias- precisa sostener su misión institucional y no dejarse llevar por presiones capaces de transformarla en una institución que legitima la propagación de parámetros de conducta y de mensajes que desconocen el pluralismo y las diferencias legítimas de una sociedad democrática, contribuye a la degradación de las condiciones de respeto a la integridad física y psíquica de las personas, al mismo tiempo que promueve una cultura de odio y violencia que profundamente atenta contra la dignidad humana”.

Lee la nota completa: Posicionamento Público – Red por el Derecho a la Educación de Paraguay y Servicio Paz y Justicia.

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Investigación y políticas educativas en Paraguay en tiempos de pandemia

4 de noviembre de 2021

Bajo el marco de la publicación “Estado y Derecho a la Educación en América Latina – Desafíos para la investigación educativa a partir de la pandemia”, el artículo “La investigación y las políticas educativas en Paraguay en tiempos de pandemia”, de Rodolfo Elías (abril de 2021), analiza el contexto educativo en Paraguay y expande el mismo dentro de los tiempos de la pandemia. Este se propone mirar cómo se da la investigación educativa y los desafíos que la misma enfrenta durante la crisis sanitaria. Para ello, impulsa el análisis desde diferentes espacios en el país, a raíz de las diferentes situaciones educativas y por la necesidad de desarrollar propuestas de políticas que puedan constituir una alternativa a las visiones tecnocráticas y autoritarias predominantes actualmente en el ámbito nacional. 

De acuerdo con el artículo, previo a la pandemia, el contexto de Paraguay se encontraba sumergido en desigualdad, pobreza y precarización, las cuales impactan directamente en el sistema educativo. Esta situación se produce en un momento de debilidad institucional y de polarización política. En un periodo de grandes cuestionamientos a la gestión para las autoridades educativas, que en los últimos años han tenido una tendencia de recuperar prácticas autoritarias y de mayor incidencia de grupos fundamentalistas. 

Dada la pandemia, se utilizaron medidas de educación a distancia, siendo la principal la creación de la plataforma “Tu escuela en casa”. Esta plataforma entra en funcionamiento a partir de un acuerdo entre el Ministerio de Educación (MEC) y MICROSOFT. Las clases en plataforma generan una serie de problemas, en un país con baja inversión, escasa infraestructura, donde uno de los primeros temas tiene que ver con el acceso a internet. 

Según unos datos publicados por UNICEF, el 22% de estudiantes paraguayos acceden a las clases a través de plataformas virtuales. El resto, en especial estudiantes de escuelas públicas y que viven en áreas rurales, no tienen acceso o lo hacen de manera irregular. Tales estudiantes reciben sus clases a través de medios como el WhatsApp, utilizados por docentes para enviar guías o por fotocopias que son retiradas por las madres, padres o los propios y propias estudiantes de sus escuelas. Por tanto, la pandemia  amplíó la brecha educativa entre estudiantes que tienen acceso a las plataformas educativas, tienen apoyo escolar por parte de su madre o padre y cuentan con condiciones en su hogar para realizar las actividades escolares y, por otra parte, estudiantes que no tienen acceso a la plataforma o lo tienen de manera irregular, que carecen de apoyo para tareas escolares y no cuentan con las condiciones mínimas en sus hogares. Además, el contexto generó nuevas exigencias a docentes, quienes deben asumir estrategias educativas y herramientas sin haber tenido experiencia ni formación en educación a distancia y en el uso de plataformas educativas.

El escenario del Covid-19

La pandemia y las medidas educativas implementadas en este contexto también han puesto en evidencia los problemas de desigualdad y en muchos casos los han profundizado: mayor énfasis en el logro de las competencias básicas a lo que se reduce el concepto de aprendizaje, énfasis en el cumplimiento de tareas, mayor uniformidad y homogeneidad en las propuestas educativas. Se trasladó la escuela al hogar, pero no se consideró las condiciones de vida, la pobreza, el nivel educativo de madres y padres, mayor presión en las mujeres, en especial en las madres para suplir la ausencia de la escuela y la falta de docentes, lo que generó en muchos casos mayor estrés, incluso más violencia en la familia y un aumento de la brecha social y educativa entre quienes tienen acceso a la tecnología y las personas que no tienen las condiciones mínimas para utilizar la plataforma educativa y realizar las tareas asignadas.

Financiamiento

El contexto paraguayo también cuenta con presión de sectores conservadores en contra del financiamiento a la investigación social a pesar de la necesidad educativa del país. Por otro lado, se ha podido reflexionar con docentes, estudiantes, madres, padres y comunidades sobre las experiencias educativas en estas circunstancias de la pandemia. Donde, a pesar de las dificultades, también se dan experiencias educativas interesantes como el mayor acercamiento de docentes a las familias, ya que se estableció una comunicación y un mayor involucramiento, en especial de las madres, con el proceso educativo de sus hijos e hijas. También, en algunos casos, se logró una mayor autonomía de estudiantes para realizar tareas, investigar, buscar información. A esto hay que sumar las innumerables iniciativas impulsadas por docentes, directoras y directores de escuelas para mantener el contacto con sus estudiantes y la presencia de la escuela, para dar soporte psicosocial y apoyar el desarrollo de actividades escolares.

Para saber más sobre la investigación y la respuesta educativa en Paraguay, así como desafíos e innovaciones implementadas durante la pandemia en el país, puedes acceder al estudio completo aquí: Estado y Derecho a la Educación.

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CLADE empieza 2021 con dos nuevos miembros

19 de enero de 2021

Desde su XI Asamblea Regional, realizada entre los meses de octubre y noviembre de 2020, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) cuenta con dos nuevos miembros para empezar 2021: el Foro Venezolano por el Derecho a la Educación (Fovede) y la Red por el Derecho a la Educación del Paraguay. 

 

Venezuela – Siendo un espacio plural para el diálogo entre maestros, maestras, profesores/as, académicos/as, familias, comunidades y decisores, el Fovede busca construir colectivamente el futuro de la educación pública, gratuita, popular, científica y de calidad en Venezuela. 

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Paraguay – Creada en julio de 2018, la Red por el Derecho a la Educación del Paraguay reúne organizaciones gremiales de docentes y de estudiantes, de los niveles secundario y universitario, así como otras ONGs y personas investigadoras y profesionales de la educación con deseos y preocupaciones acerca de la educación paraguaya. Tiene como objetivo el fortalecimiento de la educación liberadora para la formación de personas libres y capaces para ejercer sus derechos y obligaciones, en una patria soberana, con libre determinación sobre su proceso de desarrollo. 

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Sobre la CLADE y su membresía 

La CLADE es una red plural de organizaciones de la sociedad civil, con presencia en 18 países de América Latina y el Caribe, que impulsa acciones de movilización social e incidencia política para defender el derecho humano a una educación transformadora, pública, laica y gratuita para todos y todas, a lo largo de la vida y como responsabilidad del Estado. Conozca nuestros miembros. 

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Argentina, anunció que, por falta de presupuesto, en el 2020, el Colegio Argentino de Asunción cerrará sus puertas definitivamente. Actualmente la escuela, ubicada en la capital paraguaya, que dependía de la Embajada Argentina en el país y atendía a 107 estudiantes, desde el nivel inicial hasta el tercer año de la secundaria, no está más funcionando. Se trataba de una de las pocas escuelas en la ciudad que recibían estudiantes con discapacidades, siendo que casi mitad de las y los estudiantes del centro educativo tenía capacidades especiales. En el mismo predio funciona también la Biblioteca Nacional del Paraguay. La Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), integrante de la red CLADE, divulgó una nota pública en la cual rechaza el cierre del centro educativo, manifestando su solidaridad con las y los docentes que allí desempeñaban sus tareas. “No podemos aceptar que se cierren escuelas, ni aquí ni en ninguna parte. La prioridad por la educación no se declama, se expresa en políticas y decisiones concretas que garantizan el derecho a la educación de los pueblos”, señala la CADE. La Campaña también insta para que las personas se manifiesten a favor del mantenimiento del Colegio y de la garantía del derecho a la educación pública y gratuita para todos y todas. Alberto Croce, secretario nacional de la CADE, explica que se está planeando tirar abajo el edificio, como parte de una operación inmobiliaria que está llevando adelante la Embajada argentina en el Paraguay. “Desde la CADE, rechazamos con mucha fuerza estas perspectivas de ajuste y negocio y los cierres de instituciones educativas y los recortes en las políticas públicas que favorecen a nuestro pueblo”, afirmó. Lee aquí la nota completa.">

Campaña rechaza el cierre de Colegio Argentino en Asunción, una de las pocas escuelas que recibía estudiantes con discapacidades

5 de septiembre de 2019

En el 2018, Mauricio Macri, presidente de Argentina, anunció que, por falta de presupuesto, en el 2020, el Colegio Argentino de Asunción cerrará sus puertas definitivamente. Actualmente la escuela, ubicada en la capital paraguaya, que dependía de la Embajada Argentina en el país y atendía a 107 estudiantes, desde el nivel inicial hasta el tercer año de la secundaria, no está más funcionando. (más…)

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Paraguay: Estudiantes de secundaria piden educación sexual integral

20 de agosto de 2018

Estudiantes de secundaria lanzaron este lunes la campaña denominada “Es hora de gritar por la EIS”, buscando la implementación de la Educación Integral de la Sexualidad (EIS) en todas las escuelas y colegios del país. (más…)

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Pautas prioritarias de los movimientos estudiantiles de América Latina y el Caribe

2 de diciembre de 2016

Se realizó en México un conversatorio con representantes de movimientos estudiantiles de la secundaria en América Latina y el Caribe para discutir las coyunturas actuales, demandas y retos de los movimientos estudiantiles que luchan en defensa de la educación pública de sus países (más…)

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Al respecto, entrevistamos a Carmen Colazo, académica y militante feminista con una importante trayectoria de lucha por los derechos de las mujeres en Argentina y Paraguay. Fue la primera Directora de Educación de la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República de Paraguay, y en la actualidad se desempeña como directora de la Diplomatura en Desarrollo Humano con enfoque de Género y Derechos Humanos (DDHH) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). También es directora de la Red Mujeres, Géneros y Desarrollo con Equidad (RIF GED) del Colegio de las Américas (COLAM) de la Organización Universitaria Interamericana (OUI). “Así como nos han educado para la discriminación, también podemos educar para la emancipación, para la libertad y para la igualdad”, afirma Colazo durante la charla. Lea, abajo, la entrevista completa: ¿Cómo se manifiesta la discriminación de género en las escuelas? Es decir, ¿cuáles son las principales barreras que las niñas y las mujeres enfrentan en materia educativa? Nos hemos dado cuenta de que, en América Latina, la discriminación de género se manifiesta de alguna manera en las estadísticas de acceso, permanencia y resultados, en todos los niveles educativos, del preescolar al pos universitario. Por una parte, las mujeres acceden cada vez más a la educación y también tienen una igual permanencia en el sistema educativo y presentan casi los mismos resultados de los hombres. Sin embargo, las discriminaciones de género en el sistema educativo se muestran más que en los números, en las formas cualitativas. Por ejemplo, en cómo están elaborados los textos y los materiales educativos, en cómo se muestran las imágenes de las mujeres en relación con los varones en los libros y materiales con los cuales trabajan las y los docentes en los centros educativos. En los libros, siempre hay una preponderancia de la figura masculina, hay más figuras masculinas que femeninas, y no se releva el aporte de las mujeres a la cultura. En general, las mujeres aparecen en puestos subalternos, mientras los hombres se muestran ejerciendo derechos sobre ellas. Ellas son vistas limpiando y cocinando, y los hombres, en cambio, se presentan en imágenes de “trabajo productivo”, con evidentes muestras de poder de decisión. ¿Más allá del contenido de los libros de texto, cómo la discriminación de género se manifiesta en las prácticas escolares? Los estereotipos de géneros también se dan en la práctica docente y en la división de espacios para niñas y niños en los centros educativos. En las clases de Matemáticas, por ejemplo, los estudios e investigaciones demuestran que las niñas son menos consideradas, pues se cree que no tienen habilidad para los números y las disciplinas exactas. Asimismo, en las divisiones de espacio en los centros de educación preescolar, a las niñas se enseña a hacer tareas de cuidado, que tienen a ver con los roles tradicionalmente asignados a las mujeres. En cambio, los varones son estimulados a hacer trabajos de informática u organización de estructuras y deportes. Además, la formación del magisterio no tiene en cuenta la cuestión de género y las/los docentes no están preparadas/os para trabajar desde la igualdad y propiciar la igualdad dentro de las escuelas. Asimismo, falta sensibilización a las autoridades en este tema, y por ello las mismas no entienden las barreras culturales que las niñas enfrentan en la educación por los estereotipos de género y por esa cultura de división sexual del trabajo y de los roles para las mujeres y para los varones. El sistema educativo continua la socialización que inicia la familia, la cual generalmente es discriminativa y se mantiene en todos los niveles. ¿Cómo le parece que se puede superar tan diversas formas de discriminación de género en la educación? Se podría superar estas formas de discriminación con la inclusión de la perspectiva de género en todo sistema educativo, formal y no formal, en todos los niveles, con miras a deconstruir los espacios, currículos, imágenes y contenidos de los textos y materiales, tratando de generar una formación docente desde la mirada de género con contenidos que releven la importancia del aporte cultural de las mujeres en igualdad de condición. Por otra parte, ¿usted cree que la escuela puede jugar un rol estratégico en la lucha contra el machismo y el sexismo? Creo que el sistema educativo, desde los primeros niveles, es lo más importante para iniciar una desconstrucción de los roles y para luchar contra el machismo y el sexismo, pues, así como nos han educado para la discriminación, la desigualdad, la violencia y la subordinación, también podemos educar para la emancipación, la libertad y la igualdad. Estos elementos deben estar presentes desde el inicio de la educación formal. El Ministerio de la Mujer de Paraguay, de que fuimos fundadoras, trabajó conjuntamente con todo el sistema educativo y creó un programa que se llama PRIOME, el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y Resultados para las Mujeres en la Educación, que trabaja con todos los niveles educativos y el Ministerio de Educación y Cultura. Este programa tenía cuatro ejes: sensibilización de las autoridades, reforma curricular desde la mirada de género, reforma de los textos y los materiales y realización de licitaciones para la contratación de empresas que elaboran los textos escolares desde la perspectiva de género, así como la formación y actualización de las y los docentes desde la mirada de género. Te puedo asegurar que trabajamos con todos los niveles educativos y nos hemos dado cuenta de que se producía cada vez más un cambio en la forma de mirar a los niños y a las niñas e incluirlos/as en una formación que ni los discriminara ni los desigualara, sino que los tratara como seres humanos iguales, que se podrían proyectar al máximo que quisieran, sin tener un estereotipo construido que los limitara. También trabajamos mucho con las maestras, con las directoras, con las universidades. Sinceramente, el machismo y sexismo están en todo el sistema, incluso en la epistemología universitaria, en la forma de entender las ciencias. En ese sentido, sería muy importante trabajar con todas las universidades para la desconstrucción de los currículos de las carreras universitarias y la actualización de las y los docentes que actúan en las universidades. ¿De qué manera un proyecto pedagógico no sexista puede contribuir con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria? Creo que la escuela y la sociedad tienen que estar conectadas. Todo lo que hemos hecho, como mujeres feministas que luchamos por la igualdad, nació desde una propuesta de los movimientos sociales, que se han incluido en las políticas públicas. En realidad, las propuestas de igualdad, no discriminación, modificación de los roles y estereotipos sexistas, empoderamiento de las mujeres, igualdad de géneros en la economía y educación no-sexista han nascido, en gran parte, de los movimientos feministas, que han traspasado la sociedad y adentrado el Estado, como demandas al sistema educativo, que también se organizaron en la educación no formal. Un proyecto de educación no sexista tendría que incluir, en una programación estratégica, a todos los niveles educativos, y tanto el sistema formal, como el no formal, comunicándolos. Se deberían articular dentro del sistema formal todos los niveles y modalidades educativos, para poder llegar a una desconstrucción de los estereotipos de género, lo que puede llevar muchos años, pues es un trabajo sobre una cultura que está vigente hace años, y no será fácil deconstruirla. Creo que esta programación estratégica debe contemplar distintas consideraciones de género, en primer lugar: cómo están (o no están) empoderadas las niñas, cómo se distribuyen los recursos desde la mirada de las mujeres en su relación con la economía y la sociedad, de qué manera se releva el aporte de las mujeres en el sistema educativo, cómo se reflejan las estadísticas de discriminación de género en el sistema educativo. Todo esto debe tener en cuenta un proyecto de educación no sexista, que aborde cómo se construyen los roles femeninos y masculinos en la familia, con miras a deconstruir estas asignaciones culturales en el trabajo y en otros campos, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y niñas. En América Latina, es también importante que este proyecto tenga en cuenta la interseccionalidad de la cuestión de género en relación con otras categorías, como la raza, la etnia, la lengua y la clase social, pues esto nos marca en la discriminación y la desigualdad existentes en la región, y nos lleva a la necesidad de poner atención en cómo está la situación de las niñas negras e indígenas en nuestros sistemas educativos, promoviendo una educación que realmente rompa las discriminaciones. Otra urgencia es romper con la patriarcalidad en el sistema educativo, que promueve la falta de acceso de las niñas y mujeres a un sistema de igualdad de oportunidades y resultados. ¿Usted ha visto experiencias exitosas en este sentido? ¿Podría compartirlas por favor? Podemos citar el PRIOME, que se ha desarrollado por más de 15 años en Paraguay, desde el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de la Educación, incidiendo en los currículos, la modificación de los roles, la actualización docente, los textos y los materiales educativos, e inclusive en la denuncia de la violencia de género dentro del sistema educativo. Otra experiencia exitosa ha sido el PRIOME de Argentina, coordinado por Gloria Bonder, que implementó los mismos frentes de acción del programa realizado en Paraguay. Otra experiencia exitosa fue la creación del portal de América Latina Genera, donde están disponibles recursos e informaciones sobre programas, proyectos y propuestas de educación desde la perspectiva de género. Otras experiencias positivas son las del Colegio de las Américas y de la Organización Universitaria Interamericana, que crearon cursos sobre el sistema educativo y la cuestión de género, trabajando esta temática con docentes, mujeres indígenas y mujeres negras, con miras a transformar la educación en nuestra región. Fue un trabajo importante y lindo, centrado en las desigualdades entrecruzadas. Hay otras experiencias interesantes en el sistema educativo de Córdoba, que impulsa la FLACSO, como por ejemplo el Concurso “Género”, por el cual se estimula la presentación de proyectos que abordan esta temática en el sistema educativo cordobés. Con este trabajo, pudimos esmuciar las discriminaciones presentes en el sistema educativo, los pequeños machismos que se dan y las formas de tratamiento a otras orientaciones sexuales e identidades de género en las escuelas. En ese programa, se observaron casos en que los/las docentes favorecían el encasillamiento de las niñas y niños en roles y estereotipos de género, por ejemplo con la prohibición de que los niños jugaran con muñecas, argumentando que si lo hicieran serían “menos varones” o tendrían otra orientación sexual, o identidad de género. Identificamos anécdotas como esa, y pudimos revertirlas y analizarlas, trabajando el estigma de las otras orientaciones sexuales e identidades de género dentro del sistema educativo, e indagando cómo el sistema deja de tratar a las y los estudiantes con respecto y dignidad debido a los muchos prejuicios contra esas formas diversas de sexualidad e identidad de género. No hay proyecto exitoso que no se diseñe a partir de diagnósticos elaborados a través del diálogo con las personas, especialmente las que más sufren con la discriminación, recogiendo informaciones sobre sus trayectorias de vida y necesidades. Creo que todas las fortalezas que podamos unir y todas las experiencias que podamos trabajar son pocas aún para desestructurar un sistema milenario, construido para la desigualdad y la violencia de género. *Entrevista publicada originalmente en la página "Debate Buena Educación" el 6 de septiembre de 2016">

“Podemos educar para la emancipación, para la libertad y para la igualdad”

25 de octubre de 2016

Carmen Colazo, académica y militante feminista, habla sobre cómo la cuestión de género afecta a la calidad de la educación, y cómo el sistema educativo puede deconstruir los estereotipos de género* (más…)

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Rebelión Lxs estudiantes universitarios están haciendo historia en Paraguay, a través de la denominada La Primavera Estudiantil. A lo largo de las últimas semanas, ellxs han despertado una de las más grandes movilizaciones en la historia del país, demandando reformas democráticas en los estatutos de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Si el estudiantado logra su meta, será la primera vez en la historia moderna del país en que reformas de importancia nacional resultan de la presión de los movimientos sociales. El éxito que lxs manifestantes estudiantiles han tenido, tanto para movilizar un apoyo masivo como para despertar una empatía nacional, revela importantes cambios en la política paraguaya y tiene el potencial de engendrar transformaciones aún más profundas. Comenzadas a fines de agosto, las manifestaciones han congregado a miles de estudiantes y unificado las 12 facultades de la UNA en una huelga y en una serie de tomas que han paralizado el campus. Lxs estudiantes demandan cuatro reformas básicas de gobernanza de la Universidad: que se elimine la mayoría absoluta actualmente sostenida por docentes en la Asamblea Universitaria, la cual está compuesta por representantes del profesorado, del estudiantado y de los egresados de las 12 facultades; que lxs representantes sean limitadxs a una sola reelección a los órganos de gobierno; que se prohíba la elección de individuos que ocupan cargos de confianza dentro de la universidad; y que se establezca una comisión electoral independiente para regular las elecciones universitarias. Como respuesta a las presiones de lxs estudiantes, la Asamblea Universitaria se reunió el 29 de septiembre a debatir y votar sobre las propuestas reformas. Como en dos ocasiones anteriores en los últimos dos meses, la asamblea desistió de aprobar las demandadas reformas, provocando nuevas rondas de manifestaciones estudiantiles. A comienzos de octubre, el conflicto se ha agudizado a la medida que líderes universitarios y una facción aliada de líderes estudiantiles desarrollan las elecciones de representantes a la Asamblea Universitaria. Manifestantes estudiantiles y docentes han boicoteado estas elecciones, calificándolas como potencialmente ilegales y claramente ilegítimas en el contexto de la crisis actual. Las prácticas anti-democráticas llevadas a cabo durante el proceso eleccionario —como el ocultamiento del cronograma electoral y la falta de un periodo de presentación e impugnación de candidaturas— han reprimido la participación y la competencia electoral, permitiendo que los líderes universitarios elijan a dedo candidatos que responden a sus intereses. Lxs estudiantes exigen la prórroga de las elecciones hasta que se aprueben las reformas al estatuto, e incluso ya han logrado la suspensión de las elecciones en las Facultades de Agronomía, Ingeniería y Medicina por medio de un pedido de impugnación al tribunal de justicia electoral. Un año conflictivo en la Universidad Nacional de Asunción Las ocupación y las protestas actuales se iniciaron el 24 de agosto, cuando la Asamblea Universitaria se opuso a votar por las reformas propuestas por La Comisión Especial para la Reforma del Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción (REUNA) luego de 8 meses de negociaciones. Está comisión fue conformada por estudiantes, docentes, y decanos con la tarea de elaborar un borrador de los nuevos estatutos y dar fin a una ola de protestas que emergió un año atrás, luego de que estudiantes sacaran a la luz un escándalo de corrupción de la máxima autoridad universitaria. Durante la ocupación del rectorado de la Universidad, lxs estudiantes recuperaron documentos que comprobaban graves actos de corrupción y nepotismo del Decano de la Universidad, Froilán Peralta, quien había asignado múltiples salarios a los parientes y amistades de su ex secretaria. Una serie de estrafalarias escenas se desplegaron durante la ocupación. Una administradora universitaria encapuchada intentó entrar al rectorado y robar documentos; una secretaria empezó a comer documentos para eliminar la evidencia de los casos de corrupción luego de ser descubierta y detenida por estudiantes en las puertas del campus. La fiscalía investigó la escena y registro la evidencia, luego de largas demoras y solo bajo el escrutinio y la presión de activistas estudiantiles. Una crisis de liderazgo se desató luego de que Froilán fuera arrestado y 12 funcionarios administrativos fueran imputados por el cobro indebido de salarios. La crisis terminó con el nombramiento de nuevos líderes universitarios que acordaron negociar con líderes estudiantiles sobre reformas de gobernanza en la Universidad. En total, las movilizaciones del año pasado impulsaron la renuncia de 74 administradores y 232 profesores, decanos, y vice decanos y la imputación de 42 funcionarios universitarios. Inspirada por hechos de corrupción, la indignación estudiantil también ha expuesto la amplia gama de abusos personales y políticos perpetrados impunemente por docentes y líderes universitarios, a causa de la ausencia de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la institución. Tradicionalmente, las autoridades universitarias han distribuido salarios y posiciones lucrativas a miembros del Partido Colorado y a conexiones personales, callando voces disidentes a través de su marginalización, amedrentamientos y la amenaza de despido. Según Mauricio Portillo, representante estudiantil en la facultad de veterinaria, docentes ejercen control sobre los centros de estudiantes con el apoyo de estudiantes en peligro de aplazo. Para asegurar sus notas, estos estudiantes trabajan para marginalizar posturas críticas y reformistas entre sus compañeros y proteger los privilegios de los docentes en instancias de representación estudiantil. El privilegio político gozado por el profesorado permite graves abusos de poder en las aulas de la UNA. Autoridades universitarias se apropian de recursos designados para la expansión y mejora de los programas académicos. La contratación y protección de investigadores e instructores no calificados frena la producción académica y científica de la institución, y obstaculiza las innovaciones curriculares y pedagógicas necesarias para que la formación universitaria alcance estándares internacionales en Paraguay. En junio, un profesor de la Facultad de Medicina fue imputado por acoso sexual y, durante las últimas manifestaciones mujeres estudiantes, han denunciado prácticas sistemáticas de coerción sexual en dicha institución. Estudiantes de la Facultad de Derecho han reportado casos de docentes que hacen llamadas telefónicas días antes de los exámenes finales y solicitan pagos a los alumnos para aprobar sus exámenes. Los líderes universitarios han respondido al creciente movimiento estudiantil con amenazas, amedramientos, y violencia física. Durante la ocupación del año pasado, los estudiantes descubrieron carpetas en las cuales administradores habían acumulado documentos registrando las actividades y posteos en las redes sociales de líderes estudiantiles disidentes; una práctica que recuerda al aparato de inteligencia utilizado para eliminar a la disidencia política por medio de acoso, arresto, tortura, y desaparecimiento forzoso durante los 35 años de la dictadura Stronista (1954-1989). Abundan ejemplos más explícitos de la represión del movimiento estudiantil. Diecisiete estudiantes de la Universidad Nacional del Este fueron procesados luego de haber ocupado oficinas universitarias para evitar la destrucción de documentos que podrían comprobar hechos de corrupción cometidos por funcionarios de la universidad. A fines de septiembre, la Fiscalía de San Lorenzo ordenó la detención de cuatro dirigentes estudiantiles, por “privación de libertad” a los miembros de la Asamblea Universitaria, luego de que miles de estudiantes habían rodeado el edificio donde las autoridades estaban reunidas para discutir las reformas de los estatutos de la Universidad. La orden fue levantada posteriormente, pero ésta es una táctica común utilizada por los fiscales para intimidar a los dirigentes sociales y desmovilizar a sus seguidores. Luego de la última asamblea universitaria, la policía detuvo e interrogó a cuatro guardias privados de seguridad contratados por el Decano de la Facultad de Medicina después de que éstos hayan asaltado y amenazado a dos estudiantes manifestantes con una cadena de metal y otras armas. El decano de la Facultad de Filosofía acusó a dirigentes estudiantiles de “tomar órdenes” y “recibir víveres” de extranjeros y declaró “lícito repelar la violencia con violencia”—haciendo eco del xenofóbico y autoritario discurso de seguridad de la dictadura paraguaya. Las autoridades de la UNA también ejercen censura ideológica, particularmente en la Escuela de Ciencias Sociales, que depende de la Facultad de Derecho – una institución que está profundamente atada a la tradición autoritaria del Partido Colorado. Esto es un legado directo de la dictadura, la cual ha prohibido la enseñanza de Ciencias Políticas en Paraguay de manera a limitar la construcción de un pensamiento político crítico disidente. La Universidad Nacional ha ofrecido licenciaturas en ciencias políticas y sociología solamente a partir del 2003, y la malla curricular, la contratación de docentes y la administración de la escuela ha sido sometido a un manejo politizado y corrupto por directores de la Facultad de Derecho. El año pasado, los estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales levantaron su toma sólo luego de haber impulsado la renuncia del director y la firma de un acuerdo con el director interino para iniciar la desanexión de la institución de la Facultad de Derecho, un primer paso hacia la creación de una Facultad de Ciencias Sociales. Hasta la fecha, este acuerdo ha sido ignorado, y como resultado, estas disciplinas, cruciales no solo para un debate político informado, sino para el mejoramiento de la administración pública, continúan severamente subdesarrolladas en Paraguay. El contexto de resurgimiento del autoritarismo en Paraguay El resurgimiento del control autoritario y partidario de la UNA y la masiva resistencia estudiantil son emblemáticas de tensiones crecientes acerca del futuro político paraguayo. La protesta estudiantil forma parte de un conjunto de conflictos que se desatan luego de una década de convulsivo cambio político. En 2008, seis décadas de hegemonía del Partido Colorado fueron interrumpidos cuando el ex Obispo Fernando Lugo llegó al poder con una coalición electoral contradictoria —compuesta por el oligárquico Partido Liberal y nuevos partidos de izquierda con poca fuerza electoral. Durante esta corta apertura democrática, ex representantes de la sociedad civil ocuparon instituciones del Estado para impulsar una serie de reformas, incluyendo una mejor cobertura y acceso a servicios de salud pública, reformas del servicio civil y la renegociación de las remesas que recibe Paraguay del gobierno brasilero en concepto de electricidad generada por Itaipú Binacional. Al mismo tiempo, el Partido Liberal, por primera vez en generaciones, tuvo acceso a las arcas del Estado para promover su máquina política. Estos cambios debilitaron el control del Partido Colorado sobre los recursos estatales, que sostenían su monopolio político. Sin embargo, los colorados conservaron el control del parlamento y, junto con sus contrapartes oligárquicas del Partido Liberal, bloquearon cambios legislativos. En 2012, el Parlamento se convirtió en el centro de las críticas mediáticas sobre la corrupción y el clientelismo, llevando a inéditas protestas ciudadanas. En ese contexto, los legisladores de los partidos mayoritarios aprovecharon un violento conflicto de tierra en el distrito de Curuguaty para destituir al presidente Lugo, en un juicio político calificado como “golpe parlamentario” por observadores internacionales. El juicio quebró la coalición que había llevado a Lugo al poder, rompiendo el naciente movimiento de protestas en facciones partidarias, y desacreditando al Partido Liberal después de unos breves meses de haber usurpado la oficina ejecutiva. Todo ello cementó el camino para que el Partido Colorado volviera al poder en las elecciones de 2013. A partir de entonces, la dirección de la sociedad paraguaya y el carácter del Estado entraron en disputa. El Partido Colorado está dividido entre una facción autoritaria tradicional, que permaneció fuerte en el Parlamento, y una facción empresarial prebendaria, liderada por el Presidente Horacio Cartes, quien ha proveído al partido de los recursos financieros necesarios para mantener su fuerza electoral. Mientras tanto, la oposición ha permanecido dividida entre la izquierda minoritaria y el ideológicamente conservador Partido Liberal. En este contexto, Paraguay ha visto una llegada tardía de los discursos neoliberales que otros gobiernos latinoamericanos desarrollaron en 1990; discursos que tienen como fin promover las alianzas público-privadas, la privatización, y la liberalización internacional financiera. Irónicamente, en el caso paraguayo, este discurso ha justificado la expansión más acelerada de la deuda pública en la historia democrática paraguaya, así como también la continuación del modelo agroexportador de crecimiento económico. Mientras la economía ha estado posicionada entre las más resilientes de América Latina, ha hecho poco para eliminar la persistente inequidad rural o detener el crecimiento de la nueva pobreza urbana. Las dislocaciones políticas y económicas de los años recientes han dejado a los paraguayxs materialmente insegurxs, desconfiadxs y resentidxs acerca del sistema político imperante. Las políticas de este gobierno provocaron las primeras huelgas generales a lo largo de los últimos quince años, impulsadas por sindicatos en oposición a la ley de alianzas público-privadas, así como también movilizaciones continuas en el interior del país para resistir el despojo de comunidades campesinas por el agronegocio. A fines de septiembre, ciudadanos llenaron las plazas centrales de Asunción manifestándose en contra de un proyecto de ley que hubiera asignado un triple aguinaldo a los funcionarios del Senado, mientras instituciones de salud y educación pública carecen de presupuesto. Al mismo tiempo, la coyuntura política ha producido un acuerdo partidario que promueve el resurgimiento de prácticas autoritarias utilizadas para controlar a la sociedad civil durante la dictadura. Durante este gobierno, el presupuesto de las fuerzas militares alcanzó cifras inéditas en el periodo democrático con la adjudicación de US$132 millones a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), incluyendo US$6,7 millones desviados de manera potencialmente ilegal de fondos asignados para inversiones educativas y de infraestructura. El Ministerio Público y las instituciones judiciales han criminalizado la lucha social, especialmente imputando y encarcelando a dirigentes campesinos. El ejemplo más explícito fue la reciente condena de 11 campesinos por crímenes de homicidio, conspiración criminal e invasión de propiedad privada, relacionados a la muerte de nueve policías en Curuguaty. Durante el juicio desarrollado a lo largo del año, la Fiscalía no presentó evidencia directa para inculpar a los campesinos del asesinato, sino desarrolló una retórica que asocia a las organizaciones campesinas con la subversión política y el terrorismo para sentenciar al grupo de dirigentes a penas entre cinco y treinta años de prisión. Además, la Fiscalía no ejecutó ninguna investigación del asesinato de 11 campesinos que también ocurrió en Curuguaty, cuando un contingente de 300 policías armados expulsaron a 60 campesinos hombres, mujeres y niños de la tierra donde estaban viviendo. Los títulos de propiedad claramente invalidaron los cargos de invasión, ya que demostraron que la tierra en cuestión pertenecía al Estado en lugar de Campos Morombí, la empresa privada que reclamaba ser dueña. Si bien el proceso fue una parodia de juicio, dio un claro mensaje de que el Estado está dispuesto a violar el debido proceso y emplear toda la fuerza de su poder punitivo en contra de campesinos organizados para proteger los intereses de terratenientes y agronegocios. Organizaciones campesinas y de derechos humanos mantienen una vigilia permanente fuera del Palacio de Justicia Nacional pidiendo que se nulifique el juicio. La Promesa del Movimiento Estudiantil Sucesivas generaciones de estudiantes han librado la lucha por democratizar la UNA. Retomando este legado, las actuales manifestaciones estudiantiles ya han alcanzado logros históricos—una clara señal de cambio generacional y de la potencial renovación de liderazgo de los movimientos políticos y sociales. La actual generación de estudiantes universitarios fue la primera nacida luego del fin de la dictadura, en el 1989, y de la adopción una constitución democrática, en el 1992. Estos estudiantes han crecido gozando de mayores libertades civiles y políticos y mayor acceso a la información del mundo exterior que las generaciones anteriores. También han madurado políticamente en un momento en el cual el resto de Latinoamérica experimentaba un giro a la izquierda, el resurgimiento de movimientos sociales, y la expansión de derechos sociales. En tanto sus aspiraciones aumentadas chocan contra los límites y la persistencia de instituciones autoritarias, esta generación ha sido más capaz de montar una masiva y sostenida resistencia. La sigue una generación de estudiantes de secundaria aún más audaz. Luego del colapso de una escuela pública en mayo del 2016, estudiantes ocuparon un colegio en la capital, demandando que la Ministra de Educación se haga responsable del desastroso estado de la infraestructura escolar y de los inadecuados niveles de inversión. Estudiantes a lo largo de todo el país se adhirieron a las protestas, ocupando un total de 130 colegios durante dos semanas y forzando la renuncia de la Ministra. A una temprana edad, estos estudiantes han comprendido su exclusión de los privilegios de la élite política de su país, además de un sentido de agencia colectiva en demandar al estado sus derechos sobre bienes públicos. A los estudiantes les une las frustraciones comunes con una universidad mediocre y liderada por una élite mezquina y enquistada en el poder. Sin embargo, los estudiantes que integran este movimiento lo hacen con una diversidad de aspiraciones personales, con visiones dispares sobre el tipo de universidad y sociedad que quisieran construir, y con perspectivas conflictivas sobre las controversias políticas que sacuden al país. No obstante, las escenas de las actuales movilizaciones dan esperanza de que servirán como experiencias formativas para esta generación y harán emerger identidades colectivas sostenidos por un nuevo ethos democrático. En cada facultad, los estudiantes han llamado asambleas generales para negociar y consensuar posturas a través de debate abierto y voto directo, permitiendo a la masa de estudiantes observar una rendición de cuentas de sus propios líderes. En Paraguay, donde el liderazgo autoritario es común incluso en los movimientos progresistas, esta experiencia ofrece a los estudiantes lecciones profundas acerca de la potencial eficiencia y la legitimidad de los procesos democráticos. Durante las últimas semanas, el campus de la UNA ha sido un laboratorio para la expresión creativa, la organización, la comunicación, y la generación de nuevas narrativas públicas. Mientras las clases fueron suspendidas, estudiantes organizaron talleres de metodología de investigación, charlas sobre la historia del movimiento estudiantil, instalaciones de arte, lecturas de poesía, eventos deportivos, fogatas, y conciertos de música —todo en nombre de la reforma. Miles de estudiantes han salido a las calles movilizando el apoyo de docentes, padres, comunicadores, y hasta empresas privadas. En este momento, los estudiantes se están reagrupando luego del tercer rechazo de la asamblea universitaria a sus propuestas. Se debate entre ellos cómo mantener el dinamismo del movimiento sin las organizaciones institucionalizadas que les permitirían montar estrategias de reforma a largo plazo. Dejando de lado el logro o no de sus objetivos en esta coyuntura, el movimiento estudiantil ya ha comenzado a forjar una nueva y más esperanzadora narrativa pública en torno a las posibilidades de cambio en el Paraguay, la urgente necesidad de democracia, y el imperativo de la acción social colectiva. La promesa verdadera de la primavera estudiantil se fundamenta en los logros que ya ha generado: los vínculos duraderos de solidaridad, el sentido de eficacia política, y la experiencia práctica con la organización democrática. Estas son herramientas claves para las siguientes conquistas de los movimientos sociales en el Paraguay. Gustavo Setrini es profesor en la Facultad de Educación, Cultura y Desarrollo Humano e investigador afiliado al Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños de la Universidad Nueva York (NYU). Es Ph.D. en economía política por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).">

La primavera estudiantil paraguaya

18 de octubre de 2016

¿Son las recientes protestas de los estudiantes paraguayos el comienzo de un despertar político? (más…)

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