La <a href=resolución, adoptada el pasado 13 de noviembre y que trata sobre la ayuda al desarrollo de la Unión Europea en el campo de la educación, toma entre sus fundamentos el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que estipula que "toda persona tiene derecho a la educación", y señala que la educación será gratuita, al menos en las etapas elementales y fundamentales. Esto se establece también en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que reconoce que la equidad, la inclusión y la igualdad de género están inextricablemente vinculadas al derecho a la educación para todas las personas, así como en la Observación General Nro. 36 del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que aborda el derecho de las niñas y mujeres a la educación, y en la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre la Financiación para el Desarrollo. En el texto de la resolución se reafirma que la educación es un derecho humano fundamental y central para la realización de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que impide la transmisión de la pobreza entre generaciones y desempeña un papel fundamental en el logro de la igualdad de género. Asimismo, afirma que los derechos que deben respetarse en la educación van más allá de la mera igualdad aritmética e incluyen la promoción de una verdadera igualdad de género en y a través de la educación. La resolución representa un precedente crucial ante el crecimiento de los actores privados con fines de lucro en el campo de la educación, en particular en los países en vías de desarrollo, dado que expresamente señala que Unión Europea y los Estados miembros, de conformidad con la meta del ODS 4 - referido a la educación - de número 4.1 y el artículo 26 de la DUDH, no deben utilizar la ayuda al desarrollo para apoyar a los establecimientos educativos comerciales privados que no respetan los principios y valores de la Unión. Asimismo, teniendo en cuenta que la ayuda educativa debe ser una prioridad, porque la educación es esencial para el desarrollo económico, la reducción de las desigualdades, la inclusión social de las personas con discapacidad, la salud, la democracia, el estado de derecho y la prevención de conflictos, deplora el hecho de esta ayuda no sea una prioridad para los donantes internacionales e insta a que la educación se sitúe en el centro de las políticas de desarrollo de la Unión Europea y sus Estados miembros. Reconoce también que lograr el ODS 4  requiere una inversión masiva en los sistemas educativos y alienta a la Unión y a sus Estados miembros que dediquen el 10% de su asistencia oficial para el desarrollo (AOD) a la educación para el 2024, y el 15% para 2030. Lea la Resolución completa aquí (en inglés). Más información aquí. Con informaciones de GI-ESCR y Parlamento Europeo">
La resolución, que trata sobre la ayuda al desarrollo de la Unión Europea, toma entre sus fundamentos el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que estipula que "toda persona tiene derecho a la educación"

Parlamento Europeo adopta resolución que alienta a no financiar escuelas privadas con fines de lucro

21 de noviembre de 2018

La resolución, adoptada el pasado 13 de noviembre y que trata sobre la ayuda al desarrollo de la Unión Europea en el campo de la educación, toma entre sus fundamentos el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que estipula que “toda persona tiene derecho a la educación”, y señala que la educación será gratuita, al menos en las etapas elementales y fundamentales. (más…)

Foto de las y nuevos integrantes del directivo de la CME con las y los integrantes de la gestión pasada
Archivo CME

Asamblea de la Campaña Mundial por la Educación trazó caminos para alcanzar sistemas educativos públicos con igualdad, inclusión y justicia

20 de noviembre de 2018

El evento brindó una oportunidad para que activistas y defensoras/es del derecho a la educación de todo el mundo pudieran discutir y elaborar planes y estrategias comunes hacia la garantía de una educación transformadora y comprometida con los derechos humanos (más…)

Adhesivo pegado en un poste, en el que se lee
Daniel Lobo

Experto de Naciones Unidas alerta sobre impactos de la privatización generalizada

9 de noviembre de 2018

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, afirma que la privatización generalizada de los bienes públicos está eliminando sistemáticamente la protección de los derechos humanos y marginando aún más a las personas que viven en la pobreza (más…)

<em>Se define como una de las prioridades de los Estados la garantía de una educación de calidad, equitativa e inclusiva</em> <!--more--> El 5 de septiembre de 2018 tuvo lugar en Mendoza, Argentina, la Reunión Ministerial de Educación del G20. En la <a href=declaración final del encuentro, las autoridades presentes reafirmaron el compromiso de sus Estados con el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030 y la garantía de una educación de calidad, equitativa e inclusiva. La declaración subraya que las políticas hacia la igualdad de género en la educación son fundamentales para el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y que se debe dotar a las y los docentes de conocimiento, habilidades, valores y actitudes libres de los estereotipos de género para que todas y todos se desarrollen hasta alcanzar su máximo potencial. Además, señala que la implementación de estas políticas requiere un financiamiento adecuado. “Reconocemos que es de vital importancia que se proporcionen niveles suficientes de inversión nacional e internacional en educación en aras de lograr educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como oportunidades de aprendizaje permanente para todas y todos”, afirma la declaración. El documento también destaca el rol fundamental de las y los docentes, y la necesidad de garantizar valorización y formación adecuada para estos profesionales. Asimismo, subraya que el acceso a la educación de calidad es un derecho humano y la base para la conquista de otros derechos, afirmando que “el poder transformador y la naturaleza transversal de la educación la convierten en una herramienta esencial para abordar nuestros desafíos globales y contribuir a la búsqueda de diálogo, consenso, cooperación, colaboración, y metas de políticas, objetivos coordinados y respuestas del G20”. En el marco de la Reunión Ministerial, la CLADE, en alianza con sus miembros en los países de América Latina y el Caribe que forman parte en el G20 - Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil y Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) en México, entregaron un documento a las autoridades presentes en el encuentro. En ese documento, expresan sus preocupaciones ante los desafíos para el financiamiento educativo en la región e instan los gobiernos que integran el G20 para que asuman un compromiso con la justicia tributaria; garanticen recursos adecuados para el derecho a la educación y el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos y gratuitos; y ejecuten planes y presupuestos educativos sensibles a la inclusión, la equidad, la igualdad de género y la garantía del acceso y la permanencia escolar para todas las personas. A pesar de recoger gran parte de estas demandas, la declaración ministerial no profundiza en algunos de los planteamientos de la sociedad civil, por ejemplo, el compromiso de los Estados con el financiamiento adecuado de sistemas públicos gratuitos, y la justicia tributaria como forma de asegurar los presupuestos públicos nacionales sostenibles como principal fuente de recursos para la educación. Otras partes de la declaración, a su vez, generan preocupación porque defienden la gestión educativa “por resultados”, lo que podría abrir camino para la focalización de inversiones en políticas educativas “eficientes”, según los recursos que estén “disponibles”, en detrimento de parámetros para un financiamiento educativo con calidad para todas las personas, que pongan a los derechos por encima de los resultados y se desarrollen en diálogo con la sociedad civil. La CLADE y sus miembros seguirán impulsando acciones de incidencia para que se incluyan compromisos con el financiamiento educativo, la gratuidad educativa, la realización del derecho humano a la educación y la Agenda de Educación 2030 en la declaración final del G20, que se adoptará en el marco de la Cumbre de Líderes, a realizarse los días 30 de noviembre y 1º de diciembre de 2018 en Buenos Aires, Argentina. Lea la Declaración de Ministros de Educación del G20 aquí.">
Se define como una de las prioridades de los Estados la garantía de una educación de calidad, equitativa e inclusiva

Declaración de Ministros de Educación del G20 reafirma compromiso con la realización de la Agenda de Educación 2030

19 de octubre de 2018

Se define como una de las prioridades de los Estados la garantía de una educación de calidad, equitativa e inclusiva (más…)

Archivo CLADE

Organizaciones defienden el derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia en audiencia ante el Comité de los Derechos del Niño

21 de septiembre de 2018

En base a estudio realizado en América Latina y el Caribe, representantes de CLADE, OMEP y EDUCO presentaron retos y recomendaciones

Representantes de CLADE, OMEP – Vicepresidencia Regional para América Latina y Fundación Educación y Cooperación EDUCO participaron este 18 de septiembre en audiencia ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en Ginebra, Suiza. En esta ocasión, defendieron la plena realización de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), así como la promoción de un enfoque coordinado, integral y multisectorial para la atención y la educación en la primera infancia.

Los planteamientos son resultado del estudio “El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia: perspectivas desde América Latina y el Caribe”, iniciativa conjunta de las organizaciones. La investigación revela que, pese a que las Leyes Generales de Educación en la región reconocen la educación como un derecho humano y el Estado como garante de su pleno ejercicio desde la primera infancia, con distintos puntos de partidas, persiste una fragmentación y dispersión de las políticas y prácticas para esta etapa educativa, así como la ausencia de un financiamiento adecuado.

Se señala la necesidad de profundizar en la relevancia y prioridad de la Atención y Educación en la Primera Infancia (AEPI, concebida para niñas/os de 0 a 8 años de edad) en los marcos jurídicos, políticos, presupuestarios e institucionales, de manera que los mismos tengan un mayor arraigo en el interés superior del niño y otorguen una mayor protección a sus derechos. “Defendemos un enfoque integral de la atención y educación en la primera infancia desde el nacimiento hasta los 8 años, haciendo hincapié en su valor inherente por encima de la preparación para las próximas etapas educativas”, afirmó Mercedes Mayol Lassalle, de OMEP.

Dicho estudio demuestra el insuficiente desarrollo de las políticas estatales para la etapa que va del nacimiento a los 3 años de vida – lo que resulta en que para muchas familias, niños y niñas la educación y el cuidado en la primera infancia es todavía, en la práctica, un privilegio y no un derecho, ampliando aún más las brechas sociales en una región ya desigual como América Latina y el Caribe.

Asimismo, se identifica y denuncia la cobertura insuficiente en la AEPI, lo que afecta especialmente a los sectores sociales económicamente más rezagados, así como una infraestructura inadecuada para esta etapa educativa en términos de seguridad y accesibilidad para todas las personas. También se señala que la gratuidad de la AEPI todavía no se garantiza para todas y todos en la región, y que falta avanzar en la formación y valorización de las y los maestras/os de esta etapa educativa.

Una preocupación expuesta ante el Comité ha sido la tendencia creciente de centrar atención en los éxitos de carácter académico, conllevando además al sometimiento de niñas y niños cada vez más pequeñas/os a pruebas estandarizadas, en detrimento de sus derechos al juego, la creatividad, la cooperación, la autoconfianza y la autonomía. “Esa tendencia contradice los principios de la CDN y de sus Observaciones Generales, en particular el principio de la evolución de las facultades del niño”, señaló Mikel Egibar, de EDUCO.

Frente a este contexto, las organizaciones recomiendan: que los principios de la CDN integren de manera más exhaustiva y coherente los marcos legales, políticos y presupuestarios relacionados a la educación y al cuidado en la primera infancia; que el derecho humano a la educación de niñas y niños del nacimiento a 3 años sea plenamente garantizado; que se desarrollen formas de evaluación y modelos educativos para la AEPI que respeten las características específicas de esta etapa de vida, así como los conceptos y propósitos de la educación previstos en la CDN; y el fortalecimiento de sistemas de educación y cuidado en la primera infancia públicos y universales, como forma de superar las desigualdades y discriminaciones.

CLADE, OMEP y EDUCO hicieron un llamado al Comité para que apoye a los Estados miembros en la realización del derecho a la educación en la primera infancia, en diálogo con otros actores relevantes, desarrollando para ello orientaciones hacia la articulación de sus Comentarios Generales a las políticas de AEPI; y solicitando informaciones fiables y sólidas a los Estados de América Latina y el Caribe, sobre en qué medida están garantizando este derecho.

“Reafirmamos ante el Comité nuestro compromiso con la realización y el avance del derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia en nuestra región, y nuestra disposición de seguir colaborando y dialogando en ese sentido”, afirmó Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE, en el cierre de la audiencia.

Estudio completo – La investigación completa, intitulada “El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia: perspectivas desde América Latina y el Caribe”, será lanzada el 18 de octubre de 2018, a las 12h00 de Brasil (GMT -3), con un seminario virtual que tendrá la presencia de Jorge Cardona Llorens, miembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, al lado de otras/os invitadas/os. En breve, compartiremos una invitación virtual con otras informaciones sobre cómo participar en este evento. Descargue el sumario ejecutivo de la investigación:

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en articulación con la Campaña Mundial por la Educación (CME) y sus miembros en países de la región que forman parte en el G20- Argentina, Brasil y México - incide para lograr un compromiso del G20 con la realización plena de las metas de la Agenda de Educación 2030 <!--more--> El <a href=Grupo de los Veinte (G20) es un foro que reúne a líderes de las principales economías del mundo, con miras a desarrollar políticas globales para abordar los mayores desafíos de la actualidad. El G20 está compuesto por 19 países y la Unión Europea. Los 19 países son Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Alemania, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. Argentina ocupa la presidencia pro-tempore del G20, recibiendo encuentros de diferentes niveles gubernamentales. Por primera vez, la temática educativa entró a un Foro del G20. Con miras a influenciar este debate, logrando un compromiso del G20 con la ejecución de presupuestos y políticas para la garantía de una educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva, a lo largo de la vida y equitativa para todas y todos, CLADE y CME se sumaron al Grupo de Trabajo (GT) sobre Educación, Empleo e Inclusión del Civil 20 (C20), mecanismo integrado por organizaciones no gubernamentales que lidera la relación de este sector con los gobiernos que forman parte en el Grupo de los Veinte. Representantes de CLADE y CME vienen acompañando los diálogos del C20 y participaron en la elaboración de un documento con recomendaciones para los Estados del G20 relacionadas a educación, empleo e inclusión. Estos planteamientos se presentaron en el 2º Encuentro del Grupo de Trabajo de Educación del G20 (11 y 12 de junio en Ginebra, Suíza) y la Sesión conjunta de los Grupos de Trabajo de Educación y Empleo del G20 (13 de junio, también en Ginebra). El Grupo de Trabajo de Educación del G20 es coordinado por el Ministerio de Educación de Argentina y está compuesto por representantes de los 20 integrantes del G20 y agencias internacionales, como la UNESCO. Asimismo, Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE y presidenta de la CME, participó en la Cumbre del Civil 20, que tuvo lugar los días 6 y 7 de agosto en Buenos Aires. En esta ocasión, se fortaleció la articulación de la CLADE con organizaciones de distintos sectores, así como con otros grupos de trabajo temáticos que forman parte en este espacio de participación de la sociedad civil en el G20. En su intervención durante el evento, Croso recordó la tragedia que tuvo lugar en la escuela nº 49 de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, donde una explosión de gas provocó la muerte de la vicedirectora Sandra Calamano y del auxiliar Rubén Rodríguez, y subrayó que en este contexto la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), miembro de la CLADE en el país, pone en marcha una petición para exigir la creación de la “Verificación Técnica Educativa” (VET), a realizarse anualmente para asegurar que la infraestructura de las escuelas esté en condiciones adecuadas y seguras para la garantía del derecho a la educación [sepa más].">

CLADE insta Estados del G20 a reafirmar su compromiso con la realización de la Agenda de Educación 2030

1 de agosto de 2018

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en articulación con la Campaña Mundial por la Educación (CME) y sus miembros en países de la región que forman parte en el G20- Argentina, Brasil y México – incide para lograr un compromiso del G20 con la realización plena de las metas de la Agenda de Educación 2030
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La Resolución adoptada durante el 38º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrado recientemente (del 18 de junio al 6 de julio de 2018) insta a los Estados a dar cumplimiento a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho a la educación por todos los medios apropiados. <span style=Los contenidos de esta resolución son especialmente relevantes, enfatizando la importancia para el cumplimiento del derecho a la educación del fortalecimiento del sistema de gobernanza de la educación y sugiriendo para ello, entre otras medidas: revisar los sistemas nacionales de gobernanza de la educación (leyes, políticas, instituciones, procedimientos y prácticas administrativas, mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas y los procedimientos judiciales relativos al derecho a la educación); fomentar la participación inclusiva en los mecanismos y procedimientos de gobernanza educativa (favoreciendo la inclusión y colaboración de docentes, padres y madres, autoridades locales, estudiantes y otras personas interesadas); promover la formación en derechos humanos de todos los agentes y partes interesadas, en el marco de los sistemas de gobernanza educativa (que los programas de educación y capacitación, componentes y procesos de gobernanza y gestión de la educación, incluidos los planes de estudio, los métodos pedagógicos y la capacitación, sean claramente orientados al fortalecimiento del aprendizaje acerca de los derechos humanos). Otro de los puntos resaltados refiere a la ampliación de las oportunidades educativas para todos sin discriminación, entre otros medios poniendo en práctica programas especiales para luchar contra las desigualdades, lo que incluye las barreras a la accesibilidad y la discriminación de las mujeres y las niñas en la educación, reconociendo la considerable importancia de invertir en la enseñanza pública hasta el máximo de los recursos disponibles. En tal sentido, se exhorta a los Estados “a acelerar el proceso de eliminación de la discriminación por motivos de género y todas las formas de violencia, en particular el acoso sexual, la violencia sexual y de género relacionada con la escuela y la intimidación de los niños, en las escuelas y otros entornos educativos, y a hacer efectivos la igualdad de género y el derecho a la educación para todos”. Cabe destacar que esta resolución aborda especialmente, en dos de sus numerales (4 y 5), el tema de la reglamentación, supervisión y la exigencia de rendición de cuentas a los proveedores de servicios educativos privados, y la relevancia de apoyar actividades de investigación con miras a abordar los impactos que supone la comercialización de la educación para el disfrute de este derecho. El texto de la resolución insta a los Estados a “establecer un marco regulador que garantice la reglamentación de todos los proveedores de servicios educativos, incluidos los que operan de manera independiente o en colaboración con los Estados, inspirado en los instrumentos y principios internacionales de derechos humanos, que prevea, al nivel apropiado, entre otras cosas, reglas y normas mínimas para la creación y el funcionamiento de los servicios educativos, trate de contrarrestar todas las repercusiones negativas de la comercialización de la educación y refuerce el acceso de las víctimas de vulneraciones del derecho a la educación a recursos y reparación adecuados”. Esta resolución, unida a otras adoptadas precedentemente en las que también se ha abordado esta temática, supone un importante marco jurídico referencial en lo que respecta a la regulación de los actores privados por parte de los Estados. En materia de financiamiento de la educación, la resolución exhorta a los Estados a aumentar y mejorar la financiación interna y externa de la educación, y a tomar “todas las medidas necesarias, con inclusión de asignaciones presupuestarias suficientes, para garantizar una educación de calidad accesible, inclusiva, equitativa y no discriminatoria y promover las oportunidades de aprendizaje para todos, prestando especial atención a las niñas, los niños y niñas marginados/as, las personas mayores, las personas con discapacidad y todos los grupos vulnerables y marginados, incluidos los afectados por emergencias humanitarias y situaciones de conflicto”, destacando a su vez la importancia de la cooperación internacional. Finalmente, la resolución condena “los reiterados ataques contra estudiantes, docentes, escuelas y universidades, que obstaculizan la efectividad del derecho a la educación y causan daños graves y duraderos a las personas y las sociedades”. Acceda aquí al texto completo de la Resolución A/HRC/38/L.13 Encuentre más información sobre esta Resolución en los siguientes enlaces: http://www.right-to-education.org/news/newly-adopted-un-resolution-shows-growing-consensus-improve-regulation-education-accordance http://globalinitiative-escr.org/newly-adopted-un-resolution/">
Consejo de Derechos Humanos de la ONU insta a los Estados a ampliar las oportunidades educativas para todas las personas, sin discriminación, y a invertir lo máximo de recursos disponibles en la educación pública

Resolución de Consejo de la ONU exhorta al cumplimiento efectivo del derecho a la educación de todas y todos

20 de julio de 2018

La Resolución adoptada durante el 38º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrado recientemente (del 18 de junio al 6 de julio de 2018) insta a los Estados a dar cumplimiento a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho a la educación por todos los medios apropiados.

Los contenidos de esta resolución son especialmente relevantes, enfatizando la importancia para el cumplimiento del derecho a la educación del fortalecimiento del sistema de gobernanza de la educación y sugiriendo para ello, entre otras medidas: revisar los sistemas nacionales de gobernanza de la educación (leyes, políticas, instituciones, procedimientos y prácticas administrativas, mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas y los procedimientos judiciales relativos al derecho a la educación); fomentar la participación inclusiva en los mecanismos y procedimientos de gobernanza educativa (favoreciendo la inclusión y colaboración de docentes, padres y madres, autoridades locales, estudiantes y otras personas interesadas); promover la formación en derechos humanos de todos los agentes y partes interesadas, en el marco de los sistemas de gobernanza educativa (que los programas de educación y capacitación, componentes y procesos de gobernanza y gestión de la educación, incluidos los planes de estudio, los métodos pedagógicos y la capacitación, sean claramente orientados al fortalecimiento del aprendizaje acerca de los derechos humanos).

Otro de los puntos resaltados refiere a la ampliación de las oportunidades educativas para todos sin discriminación, entre otros medios poniendo en práctica programas especiales para luchar contra las desigualdades, lo que incluye las barreras a la accesibilidad y la discriminación de las mujeres y las niñas en la educación, reconociendo la considerable importancia de invertir en la enseñanza pública hasta el máximo de los recursos disponibles. En tal sentido, se exhorta a los Estados “a acelerar el proceso de eliminación de la discriminación por motivos de género y todas las formas de violencia, en particular el acoso sexual, la violencia sexual y de género relacionada con la escuela y la intimidación de los niños, en las escuelas y otros entornos educativos, y a hacer efectivos la igualdad de género y el derecho a la educación para todos”.

Cabe destacar que esta resolución aborda especialmente, en dos de sus numerales (4 y 5), el tema de la reglamentación, supervisión y la exigencia de rendición de cuentas a los proveedores de servicios educativos privados, y la relevancia de apoyar actividades de investigación con miras a abordar los impactos que supone la comercialización de la educación para el disfrute de este derecho.

El texto de la resolución insta a los Estados a “establecer un marco regulador que garantice la reglamentación de todos los proveedores de servicios educativos, incluidos los que operan de manera independiente o en colaboración con los Estados, inspirado en los instrumentos y principios internacionales de derechos humanos, que prevea, al nivel apropiado, entre otras cosas, reglas y normas mínimas para la creación y el funcionamiento de los servicios educativos, trate de contrarrestar todas las repercusiones negativas de la comercialización de la educación y refuerce el acceso de las víctimas de vulneraciones del derecho a la educación a recursos y reparación adecuados”.

Esta resolución, unida a otras adoptadas precedentemente en las que también se ha abordado esta temática, supone un importante marco jurídico referencial en lo que respecta a la regulación de los actores privados por parte de los Estados.

En materia de financiamiento de la educación, la resolución exhorta a los Estados a aumentar y mejorar la financiación interna y externa de la educación, y a tomar “todas las medidas necesarias, con inclusión de asignaciones presupuestarias suficientes, para garantizar una educación de calidad accesible, inclusiva, equitativa y no discriminatoria y promover las oportunidades de aprendizaje para todos, prestando especial atención a las niñas, los niños y niñas marginados/as, las personas mayores, las personas con discapacidad y todos los grupos vulnerables y marginados, incluidos los afectados por emergencias humanitarias y situaciones de conflicto”, destacando a su vez la importancia de la cooperación internacional.

Finalmente, la resolución condena “los reiterados ataques contra estudiantes, docentes, escuelas y universidades, que obstaculizan la efectividad del derecho a la educación y causan daños graves y duraderos a las personas y las sociedades”.

Acceda aquí al texto completo de la Resolución A/HRC/38/L.13

Encuentre más información sobre esta Resolución en los siguientes enlaces:

http://www.right-to-education.org/news/newly-adopted-un-resolution-shows-growing-consensus-improve-regulation-education-accordance

http://globalinitiative-escr.org/newly-adopted-un-resolution/

Nélida Céspedes

Comité Directivo de la Educación 2030 se reunió en París

7 de marzo de 2018

Se realizó del 28 de febrero al 2 de marzo en París, Francia, una reunión del Comité Directivo de la Educación 2030, que hace el seguimiento de la Agenda de Educación 2030 a nivel mundial (más…)

<em>Países donantes se comprometieron a colaborar con 2,3 mil millones de dólares, y 50 países en desarrollo anunciaron que aumentarán su gasto público en educación en 30 mil millones de dólares en el período de 2018 al 2020</em><!--more--> Los días 1º y 2 de febrero, en Dakar, Senegal, la Alianza Mundial por la Educación (AME) celebró una conferencia histórica sobre el financiamiento educativo. Por primera vez la conferencia de financiación para el reabastecimiento de la AME se realizó en un país en desarrollo, co-convocada por los presidentes de Senegal y Francia. Fue una oportunidad única para ampliar el compromiso de países de todos los continentes con la asignación de más recursos para la educación en el período 2018-2020, bajo los parámetros de la Agenda de Educación 2030. Diez jefas/es de Estado, tres ex representantes de gobiernos nacionales y más de 60 Ministerios de Educación estuvieron presentes en el evento, que tuvo la participación de 1200 personas, incluyendo altos representantes de distintas agencias de las Naciones Unidas, como UNESCO y UNICEF, además de representantes de la sociedad civil y del sector privado. Como resultado de la Conferencia, países donantes se comprometieron a colaborar con 2,3 mil millones de dólares a la AME para los próximos tres años, un aumento representativo en comparación con el 1,3 mil millones que la Alianza Mundial ha recibido en donaciones en los últimos tres años. A la vez, 50 países en desarrollo anunciaron que aumentarán su gasto público en educación en el período de 2018 al 2020 para un total de 110 mil millones de dólares, lo que representa un importante avance en comparación con los 80 mil millones que invirtieron entre el 2015 y el 2017. Dos tercios de estos países se comprometieron en alcanzar una inversión en educación del 20% de su gasto público total hasta el 2020, lo que era una reivindicación de la AME, apoyada por la CLADE, la Campaña Mundial por la Educación (CME) y otras redes y organizaciones de la sociedad civil que vienen participando activamente en este proceso de reabastecimiento. La CLADE estuvo presente en la Conferencia con una delegación formada por: Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE y presidenta de la Campaña Mundial por la Educación; Francisco Feliz, del Foro Socioeducativo de la República Dominicana; Jorge Mendoza, del Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua; José Javier Acevedo, del Foro Dakar Honduras; y Laura Giannecchini, coordinadora de desarrollo institucional de la CLADE y representante de las organizaciones de sociedad civil de los países en desarrollo en el Consejo de Administración de la Alianza Mundial por la Educación. “Este fue un momento clave para lograr el apoyo prioritario de los países en desarrollo y de la comunidad internacional para la educación, buscando reverter la actual tendencia de disminución de los fondos de la ayuda internacional al desarrollo para la educación. Una vez anunciadas las promesas, la sociedad civil de todo el mundo tendrá el papel crucial de hacer el seguimiento a esos compromisos, garantizando que se cumplan de manera transparente y que sean sostenibles a lo largo de los años”, afirmó Laura Giannecchini. Otro avance de la Conferencia ha sido el énfasis que se ha puesto en la justicia tributaria como principio fundamental para garantizar un financiamiento educativo justo, sostenido y que respete la soberanía de los países. Esta perspectiva fue defendida fuertemente por Noruega, que prometió apoyar a los países en desarrollo que deseen promover reformas tributarias progresivas, y Gana, que convocó a sus colegas de continente a luchar contra la corrupción, los flujos ilícitos de recursos y las evasiones fiscales, con miras a garantizar los fondos necesarios para implementar una educación gratuita, universal y de calidad. “Durante la Conferencia, también quedó claro que la disputa alrededor de qué educación queremos es intensa y que debemos seguir avanzando en la lucha por una educación emancipadora y garante de derechos”, afirmó Camilla Croso. Croso participó en un panel de la Conferencia de Financiamiento, al lado de UNESCO, Internacional de la Educación (IE), Save the Children y el ex Ministro de Educación de Tanzania. En esta oportunidad, dio a conocer los puntos centrales de la <a href=Declaración de la Sociedad Civil ante la Conferencia. Entre los principales puntos, destacó el rol de los Estados como garantes del derecho a una educación gratuita, inclusiva y de calidad y que el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos debe ser una prioridad para la AME, la cual debe ser explícita en no usar sus recursos para financiar la educación privada, negocios educativos con fines de lucro o cualquier reforma educativa que promueva la estratificación de los sistemas educativos. “Invitamos a todos los socios de la AME a abordar no solo el porcentaje que se invierte en educación, sino también el tamaño de los presupuestos de los gobiernos, a través de reformas tributarias progresivas y justicia tributaria. Exhortamos a la AME para que sume su voz a la convocatoria de un organismo intergubernamental con los recursos necesarios para establecer y hacer cumplir normas tributarias mundiales. Para ello, deben detenerse los flujos financieros ilícitos, la evasión y elusión de impuestos, así como los incentivos fiscales nocivos”, afirmó la presidenta de la CME. Destacó también que el marco de financiamiento de la AME debe asegurar que los países que reciben recursos promuevan una efectiva participación de la sociedad civil y el respecto por los derechos humanos [lea aquí su ponencia completa]. Encuentro de la sociedad civil - En preparación a la Conferencia de la AME, la Campaña Mundial por la Educación, en alianza con ANCEFA y COSYDEP, realizó el 31 de enero el evento de la sociedad civil “Financiación sostenible de la educación”, en el cual la delegación CLADE estuvo presente al lado de otras/os activistas y representantes de organizaciones aliadas. Además de hacer un análisis global de las tendencias sobre el financiamiento educativo y la problemática de la privatización y de la urgente necesidad de promover justicia tributaria, la reunión enfatizó cuatro dimensiones clave: el monto total de recursos disponibles para la educación (y para ello la justicia tributaria como estrategia fundamental); el porcentaje del gasto público que se invierte en educación; la importancia de asegurar una inversión de recursos sensible a la inclusión y calidad educativa y la necesidad de un seguimiento a la ejecución presupuestaria por la sociedad civil. En el cierre de este encuentro, 250 representantes de la sociedad civil de 40 países acordaron un posicionamiento conjunto sobre el financiamiento educativo y el proceso de reabastecimiento de la AME, el cual se presentó a Jefas/es de Estado y aliados de la Alianza Mundial por la Educación, en el marco de la Conferencia [lea aquí el posicionamiento completo].">
Países donantes se comprometieron a colaborar con 2,3 mil millones de dólares, y 50 países en desarrollo anunciaron que aumentarán su gasto público en educación en 30 mil millones de dólares en el período de 2018 al 2020

Conferencia de la Alianza Mundial por la Educación culmina con nuevos compromisos de donantes y países en desarrollo para el financiamiento del derecho humano a la educación

19 de febrero de 2018

Países donantes se comprometieron a colaborar con 2,3 mil millones de dólares, y 50 países en desarrollo anunciaron que aumentarán su gasto público en educación en 30 mil millones de dólares en el período de 2018 al 2020 (más…)

<em>El evento ofrece una oportunidad única para garantizar nuevos compromisos por parte de países en desarrollo y donantes, con la garantía de un financiamiento justo para la educación pública</em><!--more--> Los días 1º y 2 de febrero, en Dakar, Senegal, la <a href=Alianza Mundial por la Educación (AME) celebra una conferencia sobre el financiamiento educativo histórica, como parte fundamental de su campaña de reabastecimiento 2020. Esta es la primera vez que la conferencia de financiación de un fondo mundial como este se realiza en un país en desarrollo, habiendo sido co-organizada por el gobierno de Francia. Esto ofrece una increíble y única oportunidad para garantizar un nuevo compromiso por parte de países en desarrollo y de países donantes con la asignación de más recursos para la educación en el periodo 2018-2020. En este marco y como parte de las actividades de la movilización regional "¡Financien lo justo! Por una educación pública y gratuita para todas y todos", la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) se suma a un llamado a la acción de la Campaña Mundial por la Educación (CME), que bajo el lema “Financiando el futuro: por más recursos para el derecho a la educación”, tiene el objetivo de presionar los gobiernos y la cooperación internacional para que se comprometan con un mayor financiamiento para la educación pública en todo el mundo. Además de promover acciones de comunicación con miras a darle visibilidad a las demandas y luchas por el financiamiento educativo a nivel regional y en los distintos países de América Latina y el Caribe, la CLADE ha estimulado sus foros nacionales miembros en países que forman parte en la AME, para que incidan con miras a que sus gobiernos hagan promesas ambiciosas, pero a la vez creíbles para el financiamiento doméstico de la educación, mencionando de dónde se sacarán los recursos y cómo la sociedad civil podrá hacer el monitoreo de su implementación. Asimismo, la CLADE participa en la Conferencia sobre el Financiamiento de la AME en Senegal, con una delegación formada por: Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE; Francisco Feliz, del Foro Socioeducativo, de la República Dominicana; Jorge Mendoza, del Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua; José Javier Acevedo, del Foro Dakar Honduras; y Laura Giannecchini, coordinadora de desarrollo institucional de la CLADE y representante de las organizaciones de sociedad civil de los países en desarrollo en el Consejo de Administración de la Alianza Mundial por la Educación. En la conferencia, se espera que los donantes prometan destinar 3,1 mil millones de dólares hasta el 2020 para la educación pública en los países en desarrollo y que los países en desarrollo igualmente se comprometan a aumentar el financiamiento doméstico para la educación, asignando un mínimo del 20% del gasto público para la educación. “Será un momento clave para lograr el apoyo prioritario de los países en desarrollo y de la comunidad internacional para la educación, buscando reverter la actual tendencia de disminución de los fondos de la ayuda internacional al desarrollo para la educación. Una vez anunciadas las promesas, la sociedad civil de todo el mundo tendrá el papel crucial de hacer el seguimiento a esos compromisos, garantizando que sean cumplidos de manera transparente y que sean sostenibles a lo largo de los años”, afirma Laura Giannecchini. En preparación a la Conferencia de la AME, la Campaña Mundial por la Educación realizó el 31 de enero el evento de la sociedad civil “Financiación sostenible de la educación”, en el cual la delegación CLADE estuvo presente, al lado de otras/os activistas y representantes de organizaciones aliadas. La reunión tuvo el objetivo de preparar a las y los representantes de sociedad civil para la Conferencia de la AME, mediante la discusión de asuntos relacionados con una financiación justa e igualitaria de la educación.">
El evento ofrece una oportunidad única para garantizar nuevos compromisos por parte de países en desarrollo y donantes, con la garantía de un financiamiento justo para la educación pública

CLADE participa en la Conferencia de Financiamiento de la Alianza Mundial por la Educación

29 de enero de 2018

El evento ofrece una oportunidad única para garantizar nuevos compromisos por parte de países en desarrollo y donantes, con la garantía de un financiamiento justo para la educación pública (más…)

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