Justicia fiscal y educación en el Perú. Urgencias, prioridades y realidades
2 de febrero de 2024El presente documento contiene la investigación solicitada por el Grupo Nacional de Presupuesto Público y la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación, cuya finalidad es analizar la forma en que viene evolucionando el financiamiento de la educación pública en el Perú —responsabilidad del Estado como garante de derechos—; y cómo dicho financiamiento se ve limitado y condicionado por la disponibilidad de recursos fiscales, los cuales, pese a un crecimiento nominal significativo en años recientes, presentan problemas persistentes de insuficiencia y precariedad.
En esa línea, la investigación explora cuáles han sido las prioridades en la distribución de recursos para la educación, y si dichas prioridades efectivamente se corresponden con los objetivos de inclusión y equidad, así como con los compromisos que ha asumido el Estado peruano para garantizar el derecho a la educación.
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Estudio de fiscalidad y derecho a la educación. República Dominicana
La garantía de una educación digna y de calidad representa uno de los grandes desafíos de la República Dominicana y los países de América Latina y el Caribe.
Abordar de manera integral estos desafíos implica la movilización de mayores recursos financieros públicos y su sostenibilidad en el tiempo. La evasión fiscal tiene un impacto negativo en la capacidad del gobierno para financiar programas de educación y otros servicios públicos. Esto se debe a que cuando las personas y las empresas evaden impuestos, se reduce el presupuesto disponible para invertir en áreas cruciales como educación, salud e infraestructura.
En el caso específico de la República Dominicana, la relación entre el gasto en educación y la evasión fiscal constituye un tema relevante para analizar y debatir. En ese sentido, se puede estudiar cómo la evasión fiscal afecta la cantidad de recursos disponibles para la educación, y cómo esto puede perjudicar el acceso y la calidad educativa en el país. Además, se puede examinar cómo las políticas tributarias pueden influir en el financiamiento de la educación y en la reducción de la evasión fiscal para mejorar la inversión en el sistema educativo.
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Análisis de la brecha existente para alcanzar una educación de calidad en el marco del Objetivo de Desarrollo 4. Paraguay
La educación en Paraguay se encuentra en medio de un debate crucial. La denominada ‘catástrofe educativa’, resultado de la gestión durante la pandemia, ha suscitado posiciones contrarias en relación al derecho a la educación y su alcance. Estos puntos de vista se expresaron en los últimos meses, particularmente en el contexto del debate sobre el Plan Nacional de Transformación Educativa (PNTE).
En este informe se examinan tres aspectos claves: la evolución del gasto en educación, el sistema tributario del país y la relación entre justicia fiscal y el derecho humano a la educación. Por último, se presentan recomendaciones con el objetivo de lograr un financiamiento sostenible de la educación con un enfoque de justicia fiscal. Por ejemplo, se recomienda aumentar la inversión en educación, fortalecer la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos, implementar políticas fiscales progresivas, promover la participación y el diálogo social en la toma de decisiones sobre el gasto educativo, entre otras sugerencias.
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Evolución del gasto en educación y funcionamiento de los sistemas tributarios en el Guatemala: 2015 – 2022
El Ministerio de Educación necesita un presupuesto mucho más alto que el asignado hasta ahora, pero no solo necesita un incremento presupuestario, sino también una revisión profunda y una reorientación de la calidad del gasto. Ninguna duda cabe acerca de la necesidad de financiar el funcionamiento institucional, pero habrá que verificar si los resultados del gasto de funcionamiento contribuyen realmente al logro del gran objetivo de la educación como motor del desarrollo.
La estructura tributaria de Guatemala es injusta y regresiva, con un alto grado de ineficiencia y baja capacidad recaudatoria. El sistema no se basa en la capacidad La estructura tributaria de Guatemala es injusta y regresiva, con un alto grado de ineficiencia y baja capacidad recaudatoria. El sistema no se basa en la capacidad de pago de las personas; más bien se recarga a los contribuyentes en situación de dependencia. Esta situación queda en evidencia al examinar los datos de
los últimos cinco años.de pago de las personas; más bien se recarga a los contribuyentes en situación de dependencia. Esta situación queda en evidencia al examinar los datos de los últimos cinco años. En el mediano y largo plazo, la política fiscal puede jugar un papel redistributivo para mejorar las condiciones de vida de la población, reducir la pobreza y eliminar la desigualdad social. En el caso de Guatemala, la estrategia se basa en el crecimiento económico neoliberal, que implica proporcionar todas las facilidades a la iniciativa privada para que, al mejorar sus ingresos, este beneficio se derrame y genere un efecto cascada que impacte directamente en los sectores con menores recursos.
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Educación y justicia en Colombia. Documento de actualización y sistematización.
Este informe aborda los desafíos significativos en el acceso y financiamiento de la educación en Colombia. A pesar de los esfuerzos realizados por los gobiernos
colombianos, aún existe una brecha considerable entre el número de niños, niñas y jóvenes en edad escolar y aquellos que realmente asisten al sistema educativo. Además, el gasto en educación en Colombia es relativamente bajo en comparación con otros países de la región.
El informe también resalta que es esencial abordar las deficiencias del sistema tributario, combatir la evasión y la elusión fiscal, y promover una mayor progresividad en el régimen fiscal. Subraya la importancia de cerrar las brechas en el sistema educativo y garantizar un acceso equitativo a una educación de calidad en Colombia. Esto requiere de un reajuste en las fuentes de financiamiento y en la manera cómo ellas contribuyen a los distintos niveles educativos, una mayor inversión en educación y una reforma tributaria integral.
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Evolución de la inversión en educación en Argentina entre el 2015-2021. Avances, desafíos y propuestas.
El presente estudio analiza la evolución de la inversión educativa desde el 2005 (año en que se sanciona la Ley de Financiamiento Educativo) hasta el 2021, teniendo en cuenta la información disponible. Además, realiza una serie de propuestas pedagógicas basadas en la concepción de justicia social y educativa con el fin de que permitan achicar las brechas existentes en el cumplimiento del derecho a la educación en Argentina. Por otro lado, introduce un análisis del sistema tributario argentino e intenta, mediante la vinculación entre justicia fiscal y financiamiento educativo, determinar espacios fiscales que permitan incrementar los recursos destinados a la educación para efectivizar el derecho a su acceso.
El estudio intenta evidenciar cómo el incremento en el impuesto a los bienes personales podría generar un aumento relevante en la recaudación que podría destinarse al financiamiento educativo. Del mismo modo, la anualización del impuesto a las grandes fortunas, la revisión de los gastos tributarios y la reducción de la fuerte evasión en el impuesto a las ganancias de sociedades.
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Día internacional de la educación: cinco puntos para su garantía como un derecho humano
23 de enero de 2024“El público apoya a la educación pública, y la educación pública funciona” es el mensaje que organizaciones, activistas, estudiantes, docentes, funcionarios públicos de todas las regiones del mundo comparten hoy, 24 de enero, Día Internacional de la Educación, y primer día de la Campaña por la educación pública.
Recuperar la educación pública para todas y todos
El público apoya a la educación pública, y la educación pública funciona
Organizada por el Consorcio sobre la Privatización de la Educación y los Derechos Humanos (PEHRC, por sus siglas en inglés), iniciativa formada por organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la CLADE, la Campaña demanda a los Estados que hagan realidad el derecho humano a la educación actuando en cinco áreas clave.
Cinco puntos para garantizar el derecho a la educación pública
- Dar prioridad a lo público, fortaleciendo la educación pública, inclusiva y gratuita;
- Financiar sólidamente la educación pública, asignando el mínimo de 6% del PIB y el 20% del gasto público a la educación
- Dejar de financiar la privatización de la educación. Los Estados, las instituciones de financiación del desarrollo, los inversores, los proveedores de fondos y los intermediarios deben asegurarse de que su financiación no apoye la educación privada, en particular la comercial y/o con ánimo de lucro.
- Regular y hacer cumplir la normativa a los actores privados, en particular para evitar conflictos de intereses por parte de los actores privados que influyen en los procesos normativos que rigen sus actividades, además de aplicar las leyes ya existentes y desarrollar una nueva y sólida reglamentación para proteger el derecho a la educación.
- Cambiar el discurso para que pongan de relieve los éxitos de la educación pública. La educación pública funciona cuando recibe el apoyo adecuado de los Estados.
Participa de la Campaña
Todos los cinco puntos por la educación pública están explicitados en una Declaración Pública que reúne firmas de toda la sociedad para fortalecer la lucha por el derecho humano a la educación.
Lee el documento completo en español, portugués, francés e inglés.
¡Participa!
Episodio 13: Justicia social en el Podcast Educación ¿Qué onda?
5 de diciembre de 2023Con una producción de 25 minutos el nuevo episodio del podcast de la CLADE educación ¿qué onda? comparte las reflexiones y prácticas sobre la defensa del derecho humano a la educación como uno de los puentes que fortalece otros derechos humanos. Con esta producción queremos invitarte a visitar este itinerario que desea ahondar la justicia con perspectiva integral para todos, todas y todes como parte de los caminos que nos llevan a la transformación social que aspiramos logren superar las desigualdades y discriminaciones.
En la sección informativa Notas en la pizarra abordamos detalles sobre primera infancia, migración y Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA). Iniciamos con la reunión ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes en la cual Ileana Lo Priore de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) e integrante del equipo directivo de la CLADE hizo un llamado a priorizar los derechos humanos. Patricia Gainza del Consejo Internacional de la Red Sin Fronteras ofrece sus palabras a propósito del aniversario número 15 y los desafíos para que la movilidad humana se asuma como un derecho. También en esta sección contamos con la voz de Timothy Ireland, vicepresidente del Consejo Internacional de Educación de Adultos (ICAE, por sus siglas en inglés) e integrante del Consejo de Educación Popular de América Latina y El Caribe (CEAAL) quien intervino en la Conferencia Regional de Seguimiento a la CONFINTEA VII en América Latina y el Caribe, evento que orienta la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA).
En la sección de opinión, Ecos y Voces seguimos en la celebración de los 20 años de la CLADE, en este episodio vas a escuchar a Valtencir Mendes, jefe de Educación de la Oficina Regional de Educación para América Latina y El Caribe de la UNESCO; Liz Marco de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación; Milton Luna del Contrato Social por la Educación; Rosana Heringer, docente e investigadora brasileña e integrante del Comité Directivo de la CLADE y desde República Dominicana, Pedro Acevedo del Foro Socioeducativo.
En la sección Tejido en Red se relata la experiencia del Foro por el Derecho a la Educación Pública quienes para celebrar sus veinte años abrazan la consigna “contra 50 años de mercado en la Educación, 20 años de lucha y movilización”. Compartimos el diálogo con parte de los y las integrantes del Comité Ejecutivo Ampliado, escucha a René Varas, Consuelo Chaparro y Danton Vera.
Con locución de María Paula Arango de la Federación Internacional de Fe y Alegría y Víctor Ibarra del Consejo de Educación Popular para América Latina y el Caribe (CEAAL).
Escucha el episodio completo:
Notas en la pizarra: primera infancia, migración y Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA)
Ileana Lo Priore de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) e integrante del equipo directivo de la CLADE asistió a la reunión ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes realizada en Jamaica, en la cual hizo un llamado a priorizar el espíritu de los derechos humanos y el derecho a la educación en la primera infancia.
La Red Sin Fronteras celebró su aniversario número 15 con la realización de su asamblea en Brasilia y como acción de incidencia entregando al gobierno brasileño una declaración que pone luz a los principales desafíos para que la movilidad humana sea un derecho. Escuchamos a Patricia Gainza del Consejo Internacional de la Red Sin Fronteras, que explica la situación de movilidad humana en América Latina y el Caribe con un enfoque indispensable de derecho.
En ocasión de la Conferencia Regional de Seguimiento a la CONFINTEA VII en América Latina y el Caribe que orienta la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) se convocaron representantes de 17 gobiernos de la región, organizaciones de la sociedad civil, universidades, personal directivo y docente de centros educativos para proponer líneas de compromiso que aterricen el Marco de Acción de Marrakech (MAM) en cuanto a la organización del sistema EPJA, la participación e inclusión; así como la calidad de la EPJA para los aprendizajes a lo largo de la vida. Declaraciones de Timothy Ireland, vicepresidente del Consejo Internacional de Educación de Adultos (ICAE, por sus siglas en inglés) e integrante del Consejo de Educación Popular de América Latina y El Caribe (CEAAL).
Ecos y Voces: justicia fiscal hacia la justicia social y los veinte años de CLADE
En la sección de opinión Ecos y Voces seguimos en la celebración de los 20 años de la CLADE como expresión del fuerte compromiso latinoamericano y caribeño por la defensa y promoción del derecho humano a la educación.
Una muestra de diversas voces animan y se suman al festejo deseando aumentar los compromisos desde las diferentes experiencias e iniciativas. Valtencir Mendes, jefe de Educación de la Oficina Regional de Educación para América Latina y El Caribe de la UNESCO reconoció el aporte de la CLADE a la justicia social desde muchas iniciativas, en especial de la justicia fiscal.
Manteniendo la mirada crítica y apuntando hacia la transformación social, CLADE realizó un viaje por las memorias en el marco de su aniversario. La membresía compartió esta alegría y la fuerza de la articulación regional que anima colectivamente, subrayando la participación en las movilizaciones que expresan las demandas sociales, procurando visibilizar el llamado a una oportuna atención y priorización estatal para la educación, como lo señala Liz Marco de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación. También se sumaron las voces de Milton Luna del Contrato Social por la Educación, Rosana Heringer, docente e investigadora brasileña e integrante del Comité Directivo de la CLADE y desde República Dominicana, Pedro Acevedo del Foro Socioeducativo.
Tejido en Red: Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile
Celebrando 20 años del Foro por el Derecho a la Educación Pública se pronuncian en torno a la consigna “contra 50 años de mercado en la Educación, 20 años de lucha y movilización”. El Foro por el Derecho a la Educación Pública es una coalición de organizaciones, actores sociales, educativas y de la sociedad civil, que entiende y defiende la educación como un derecho social, público, inclusivo, democrático y cohesionado, en un contexto donde el Estado chileno no garantiza constitucionalmente este derecho fundamental.
Compartimos el diálogo con parte de los y las integrantes del Comité Ejecutivo Ampliado del Foro, escuchamos a René Varas, Consuelo Chaparro y Danton Vera. Contamos con las valoraciones colectivas acerca de la situación de los derechos humanos y la educación en Chile. También se subraya otra de las vulneraciones vinculadas a la educación, como la alimentación escolar, que en Chile ha sido mercantilizada, del mismo modo que las expulsiones estudiantiles o cancelaciones de matrículas asociadas a las movilizaciones que compromete la prioridad del foro en la agenda de lucha desde la educación, misma que quiere seguir siendo una voz que se escuche fuerte y claro en favor de los derechos.
Al cierre del Podcast: Educación ¿Qué onda? les invitamos a visitar el Informe sobre Financiamiento del Derecho Humano a la Educación en América Latina y Caribe que junto a otras publicaciones de interés.
Lee más:
Podcast: Educación ¿qué onda?, episodio 1 Género y Educación
Episodio 2 Juventudes en Podcast Educación ¿Qué onda?
Episodio 3 en Podcast Educación ¿qué onda? Retrospectiva de CLADE 2022
Episodio 5: Educación no sexista en Podcast Educación ¿qué onda?
Episodio 6: Educación Inclusiva en el podcast Educación ¿Qué onda?
Episodio 7: Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) en el podcast Educación ¿Qué onda?
Episodio 8: Primera Infancia en el podcast Educación ¿Qué onda?
Episodio 9: Educación pública ante la privatización en el Podcast Educación ¿qué onda?
Episodio 10: Interculturalidad y juventudes en el Podcast Educación ¿qué onda?
Episodio 11: Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en el Podcast Educación ¿qué onda?
Episodio 12: Lucha docente en el Podcast Educación ¿qué onda?
Créditos:
Producción y Entrevistas: María Cianci Bastidas
Locución: María Paula Arango de la Federación Internacional de Fe y Alegría y Víctor Ibarra del Consejo de Educación Popular para América Latina y el Caribe (CEAAL).
Intervención artística musical del evento aniversario (Sao Paulo, Brasil): Odisseia das Flores
Canción: AnónimA Arte y Comunicación.
Cortina 20 Aniversario CLADE:
Colaboración de voces, Juan Carlos González, Sandra Luz Cruz.
Música: 1.- Autor: Lawrence Beamen Título: Round and Round. Licencia: CC BY-SA // 2.- Autor: Spectacular Sound Productions Título: Breathing. Licencia: Atribución-Compartir Igual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0) // 3.- Autor: Broke For Free Título: Night Owl. Licencia: CC BY
Voces collage: 1.- Infantiles Producción audiovisual original de Carolina Osorio con aportes de OMEP. Adaptación: María Cianci Bastidas. 2.- Collage: Gabriela Arrunátegui, Carolina Osorio, Marcos Alcântara, Fellipe Abreu, Lorena Osorio, Mariana Ovalle, Jesús Juárez, Ederson Kornst, Luis Chera, Israel Coelho, William Thelusmond, Mary Alves. Los niños Daniel Enrique y Marcello Sánchez Cianci.
Ilustración: Renata Dorea
Producción General: Nelsy Lizarazo, Thais Iervolino, Carolina Osorio y María Cianci Bastidas
Estado de la situación mundial sobre fiscalidad e impacto en la educación
18 de septiembre de 2023
Vernor Muñoz
Jefe de Política y Activismo de la Campaña Mundial por la Educación y ex-relator especial para el derecho a la educación.
El proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
La CLADE convocó entre el 8 y 9 de septiembre en Santiago de Chile, el Taller Regional-Global Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación que contó con la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Vernor Muñoz, jefe de política y activismo de la Campaña Mundial por la Educación intervino en el panel para comentar la situación internacional que afecta a la educación desde la fiscalidad.
Compartimos su texto.
Las discriminaciones estructurales del contexto mundial
En los últimos 20 años, docenas de fallos en tribunales regionales y nacionales europeos, y un puñado de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se remontan al 2005, han verificado la rampante segregación escolar de estudiantes romaníes o gitanos, que resulta abiertamente discriminatoria, ilegal y lamentablemente se mantiene en nuestros días.
Pero, además, para el año 2020, los niños y niñas gitanas constituían el 50% de los estudiantes en clases especiales y el 42% de los niños de escuelas especiales.
La discriminación educativa en el Norte Global que han sufrido los gitanos o romaníes, también se extiende a la población indígena. En una encuesta reciente realizada en Noruega, por ejemplo, las personas encuestadas de la nación sámi, informaron haber experimentado discriminación en múltiples entornos y con mayor frecuencia en la educación.
En Alberta, Canadá, el 30% de estudiantes indígenas, se han reportado como ausentes crónicos en el sistema educativo y en algunos distritos ese porcentaje se eleva al 80%.
Además, en el caso de Finlandia, famosa por sus conquistas educativas, en el informe Being Black in the EU, publicado este año 2023, los padres y madres finlandeses informaron de los niveles más altos de acoso racista y discriminación racial experimentados por sus hijos e hijas en la escuela.
El incremento fiscal y la consecución de sistemas tributarios eficientes y progresivos, no aseguran por sí mismos mayores recursos para la educación pública.
Las barreras para la inclusión educativa
La falta de acceso a la escuela regular en Europa de estudiantes con discapacidad, ha sido también seriamente documentada por UNICEF y Alemania es un caso paradigmático. Pero también lo es porque en este país los y las estudiantes de origen migrante enfrentan clarísimas limitaciones de acceso educativo, y esto es algo que pude constatar personalmente cuando realicé una visita oficial a ese país siendo relator especial de las Naciones Unidas. Y basta un dato para comprobarlo: en el grupo de edad de 30 a 35 años, sólo el 18% de las personas inmigrantes nacidas en Alemania han obtenido un título universitario.
Estos casos del norte global, no solo recuerdan que la lucha por la universalización del derecho a la educación incumbe a todos y todas, y principalmente mantener presente que, en los países con altos ingresos tributarios, no se han logrado mecánicamente impactos en la equidad y en la justicia educativa. Y según esto, los sistemas educativos adecuadamente financiados tampoco han sido siempre capaces de garantizar el acceso universal, ni la educación de calidad a todas las personas.
Llamado por la justicia fiscal como camino a la justicia educativa
De manera decidida y firme, nos sumamos a la lucha por la justicia fiscal. Sin embargo, pensamos que el incremento fiscal y la consecución de sistemas tributarios eficientes y progresivos, no aseguran por sí mismos mayores recursos para la educación pública.
En algunos casos más bien podría ocurrir lo contrario, por ejemplo, los países optan por trasladar mayores recursos fiscales al sector privado, como ha sucedido desde hace mucho tiempo en Chile y como propone el candidato que lidera las encuestas electorales en Argentina y como ocurre en Finlandia, Islandia y el Reino Unido, en donde instituciones privadas reciben al menos el 50% de su financiación del sector público (2020, p.175).
En contextos de alto endeudamiento, además, puede preverse que el incremento fiscal se utilice no para financiar la educación, sino para pagar la deuda pública, honrando así la sumisión colonial a la que se ven sometidos muchos países de renta media y baja.
Los ejemplos que he citado, además parecieran indicar que mayores presupuestos educativos, provenientes de la recaudación fiscal, tampoco llevan automáticamente a resolver problemas de discriminación y marginalización estructurales, pues bien puede suceder que los recursos nunca lleguen a las comunidades históricamente excluidas que más los necesitan.
La justicia fiscal, por lo tanto, no involucra únicamente los sistemas de recaudación, sino además los destinos de la inversión.
Recaudar bien, invertir adecuadamente
La justicia fiscal, por lo tanto, no involucra únicamente los sistemas de recaudación, sino además los destinos de la inversión: no basta recaudar bien, sino que es además necesario invertir adecuadamente.
Con ello entendemos que no es conveniente hablar de justicia fiscal, ni de ningún tipo de justicia, fuera del ecosistema de derechos humanos, pues es allí donde se definen los parámetros de distribución de la riqueza y de construcción de sociedades igualitarias y más precisamente donde se definen los fines de la educación y de su gobernanza. No interesa, por lo tanto, financiar cualquier educación, sino aquella en la que quepan todas las personas, en la que no se discrimine a nadie.
Con esto comprendemos que toda reforma tributaria debería responder a políticas de Estado basadas en derechos humanos y que la justicia fiscal no es una maniobra técnica para aumentar el producto per cápita, porque, como dice Richard Falk, a menos que el pueblo se beneficie, el crecimiento económico es solo un subsidio para los sectores ricos.
Riesgo de las miradas economicistas y demandas sociales
Un énfasis desmedido en los temas de financiamiento educativo, tiene el riesgo de encerrarnos en las lógicas utilitarias y en las razones eficientistas por las que aboga el Banco Mundial. Y bien sabemos que existen retos mayúsculos en torno a la desigualdad en los aprendizajes, el trabajo docente y los contenidos de la educación, que no lo definen los banqueros ni mucho menos las corporaciones.
Finalmente, quisiera recordar que las luchas contra la evasión, la elusión y la corrupción fiscal no son temas sobre los cuales las y los actores de la educación y los activistas tenemos dominio y por eso frecuentemente incursionamos con mucha cautela en espacios como éste. Sin embargo, también es cierto que estos temas deben ser debatidos en los espacios educativos, porque implican dinámicas de poder que afectan todos los ámbitos institucionales y comunitarios.
Desde la Campaña Mundial por la Educación nos alistamos a iniciar una campaña para apoyar la adopción de una convención de las Naciones Unidas sobre justicia fiscal. Creemos que la educación pública se vería muy positivamente impactada por un Convención Fiscal de la ONU, considerando que los países de bajos ingresos, incluyendo aquellos que gastan una parte significativa de sus presupuestos nacionales en educación, no pueden cumplir sus compromisos con el ODS 4, porque no hay ingresos suficientes para financiar una educación pública de calidad.
