Foto: UNICEF/UNI166655/FABRES

Documento reúne a demandas de estudiantes de secundaria en América Latina y el Caribe

27 de enero de 2017

La publicación de CLADE señala las principales banderas de lucha y agendas de las y los estudiantes, así como los elementos de la coyuntura regional que afectan de manera directa la educación secundaria

En el marco de la Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, que tuvo lugar en los días 24 y 25 de enero en Buenos Aires, la CLADE dio a conocer el documento Por una educación garante de derechos – Demandas de estudiantes secundaristas para América Latina y el Caribe, realizado con el apoyo de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe.

Sin pretender agotar el tema, la publicación señala las principales demandas y agendas de las y los estudiantes secundaristas, así como los elementos de la coyuntura regional que afectan de manera directa la educación secundaria. Las banderas de lucha que se destacan son amplias y variadas, incluyendo la defensa de una educación pública, gratuita y de calidad, más recursos para la educación pública, el reconocimiento de la diversidad y la lucha contra la discriminación, mejores condiciones de acceso a la escuela e infraestructura, el rechazo a pruebas estandarizadas y la garantía del derecho a la participación de las/los estudiantes en el debate y definición de las políticas educativas. El documento también da visibilidad a casos de criminalización, violencia y represión contra estudiantes secundaristas de la región.

Para su elaboración, la CLADE consultó los posicionamientos y materiales producidos y divulgados públicamente por organizaciones y colectivos de estudiantes secundaristas, así como los reportajes y artículos publicados en los medios de comunicación de nueve países – Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Paraguay y Uruguay – en los últimos dos años (2015 y 2016).

El documento fue presentado a las y los Ministras/os de Educación de la región durante la Reunión Educación 2030: Educación y Habilidades para el Siglo 21, que se realizó en Buenos Aires en los días 24 y 25 de enero, con la participación de autoridades de educación, representantes de organismos multilaterales y de organizaciones y redes de la sociedad civil, entre ellas la CLADE y sus miembros: Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE), Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) Latinoamérica y Plan Internacional, así como el Consejo Internacional de Educación de Personas Adultas (ICAE) en cuyo Comité Directivo la CLADE forma parte, representando la región de América Latina y el Caribe.

Dicha Reunión Ministerial tuvo el objetivo de consensuar una mirada para el seguimiento e implementación de la Agenda de Educación 2030 en América Latina y el Caribe, generando estrategias y programas, a nivel nacional y regional. La coordinadora general de la CLADE, Camilla Croso, representó esta red en la reunión y participó en la segunda mesa redonda del 25 de enero, con el tema Alianzas e instrumentos para la implementación de la Agenda de Educación 2030 – construyendo coaliciones.

Descargue aquí el documento Por una educación garante de derechos – Demandas de estudiantes secundaristas para América Latina y el Caribe.


<em>Como parte de los debates del Conversatorio con Estudiantes de Secundaria “La Implementación de la Agenda de Educación 2030 en América Latina y el Caribe”, que la CLADE realizó ayer [10 de noviembre] en Ciudad México, con el apoyo de UNICEF para América Latina y el Caribe (UNICEF LACRO) y OSFAM-IBIS, se impulsó una mesa de diálogo con estudiantes de secundaria  de siete países de la región, con el tema “La criminalización de los movimientos estudiantiles en América Latina y el Caribe”.</em>
<span id= Por Fabíola Munhoz, de CLADE En la ocasión, Yuri Velasco Tavares, integrante de la Unión Brasileña de Estudiantes de Secundaria (UBES) y participante en la toma de una de las escuelas ocupadas actualmente en el estado brasileño de Rio Grande do Sul por estudiantes  que reivindican una educación pública, gratuita y de calidad, comentó las principales amenazas a los derechos a la educación y a la participación social que se observan actualmente en Brasil. Son ellos la Propuesta de Enmienda a la Constitución Federal (PEC) 55 (antes PEC 241), que prevé el recorte de recursos para la salud, educación y asistencia social por los próximos 20 años, y que después de presentada al Congreso Nacional por el gobierno de Michel Temer, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, caminando para su aprobación definitiva en el Senado Federal; y la reforma de la educación secundaria que el gobierno nacional impulsa sin diálogo con las comunidades educativas, la cual determina, entre otros cambios, la transformación de disciplinas que antes eran obligatorias para esta etapa educativa, como Artes, Educación Física, Sociología y Filosofía, en disciplinas opcionales y de menor valor en el currículo. Asimismo, se ha presentado en el Congreso Nacional el llamado proyecto de ley “Escuela sin partido”, que pretende determinar puniciones para las y los docentes que expresen posiciones políticas y discutan la cuestión de género, llamada prejuiciosamente de “ideología de género” en sus clases. “Lo que quieren con estos cambios es formar mano de obra barata para las empresas, y no formar ciudadanos que puedan ser emprendedores y luchar por sus derechos, transformando la sociedad”, dijo Yuri. En seguida, Ariel Veras, representante de la FENAES (Federación Nacional de Estudiantes de Secundaria) de Paraguay señaló las principales demandas del movimiento estudiantil secundarista en el país. Relató que desde el 2015 se impulsan movilizaciones en colegios públicos y privados, con la masiva participación de organizaciones sociales de diversos sectores y universitarias/os, con miras a exigir: el aumento del presupuesto destinado a la educación del 3,5 % del Producto Interior Bruto (PIB) al 7 %; la mejora en la calidad e infraestructura educativas; la inclusión del almuerzo escolar para la educación media; el respeto a la ley del boleto estudiantil; la inclusión de libros en el paquete que las y los estudiantes reciben al inicio del curso; y la formación docente en servicio. Pese a que en 2016, con esta lucha, se haya logrado la renuncia de la ex ministra de Educación Marta Lafuente y el compromiso del actual ministro con el atendimiento a las demandas del movimiento estudiantil, este diálogo con el gobierno no avanzó y, de otra parte, se intensificó la represión y criminalización contra las y los secundaristas y universitarias/os movilizadas/os. “En el 2014, luego de la toma simbólica del Ministerio de Educación, fueron perseguidos más de 15 estudiantes e imputados 4 de ellos, siendo dos menores de edad. En el 2015 y 2016, con las movilizaciones estudiantiles, se viene dando una gran persecución a los dirigentes estudiantiles, impidiendo reuniones, sancionando y dando acusaciones a las y los dirigentes”, cuenta Ariel [descargue aquí su ponencia completa]. A su vez, José Bustillo Cruz, del Movimiento de Estudiantes Universitarios de Honduras (MEU), habló de las distintas violaciones de derechos humanos de que son víctimas las y los estudiantes de la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH), que están movilizadas/os en defensa de una educación terciaria pública, gratuita y de calidad, y contra la privatización de la universidad. Cruz nos cuenta que ha habido varios casos de desapariciones forzadas y criminalización de la protesta social en el país. Más de 70 estudiantes fueron imputados con el delito de sedición y usurpación, apenas porque tomaron planteles para defender su derecho a la educación. Después de fuertes manifestaciones que se impulsaron en la UNAH en 2014, se imputó a 6 estudiantes que participaron en estas protestas, por el delito de usurpación. “Hasta hoy, ellos responden a procesos penales, aunque no se haya comprobado la existencia de crimen, lo que es una grave violación de los derechos de estos estudiantes, que luchan contra la privatización de la universidad y por la democratización de la toma de decisiones en este centro educativo. Protestar es un derecho humano que debe ser garantizado a todas y todos”, concluye [lea aquí su ponencia completa]. También se relataron casos de criminalización y represión a la protesta estudiantil en Argentina, México, Ecuador y Colombia, destacándose en estos procesos la participación de los medios de comunicación y grupos religiosos, que contribuyen enérgicamente con la difusión y validación de mensajes prejuiciosos y de satanización de estudiantes y docentes movilizadas/os en defensa del derecho a la educación.">
Como parte de los debates del Conversatorio con Estudiantes de Secundaria “La Implementación de la Agenda de Educación 2030 en América Latina y el Caribe”, que la CLADE realizó ayer [10 de noviembre] en Ciudad México, con el apoyo de UNICEF para América Latina y el Caribe (UNICEF LACRO) y OSFAM-IBIS, se impulsó una mesa de diálogo con estudiantes de secundaria  de siete países de la región, con el tema “La criminalización de los movimientos estudiantiles en América Latina y el Caribe”.

Estudiantes de secundaria de América Latina y el Caribe comparten casos de criminalización y represión a la protesta estudiantil

11 de noviembre de 2016

Como parte de los debates del Conversatorio con Estudiantes de Secundaria “La Implementación de la Agenda de Educación 2030 en América Latina y el Caribe”, que la CLADE realizó ayer [10 de noviembre] en Ciudad México, con el apoyo de UNICEF para América Latina y el Caribe (UNICEF LACRO) y OSFAM-IBIS, se impulsó una mesa de diálogo con estudiantes de secundaria  de siete países de la región, con el tema “La criminalización de los movimientos estudiantiles en América Latina y el Caribe”.
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Repudiamos el Golpe de Estado en Brasil

2 de septiembre de 2016

La CLADE expresa públicamente su rechazo al Golpe de Estado que ha culminado en la destitución de Dilma Rousseff, presidenta democráticamente electa en Brasil con 54,5 millones de votos. El día de ayer marca en la historia latinoamericana otro inaceptable capítulo de injusticia y afronta a las democracias.  (más…)


<em>Estudiantes y autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras firmaron un acuerdo presentado por la mesa mediadora, con un conjunto de recomendaciones para superar los conflictos ante la adopción de nuevas normas académicas sin diálogo previo con las comunidades educativas. Vernor Muñoz, a invitación de la CLADE, al lado de Carlos Posas, Miriam Miranda y Mauricio Diaz Vurdet, integró la mesa. La firma de los acuerdos, las recomendaciones y el retiro de las acusaciones judiciales contra 75</em> <em>estudiantes son logros fundamentales para la plena realización del derecho humano a la educación en Honduras y para el fortalecimiento de la democracia en el país</em><!--more-->

Finalizaron exitosamente el 28 de julio los trabajos de la mesa mediadora entre estudiantes y autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). La mesa funcionó durante cuatro días, dando seguimiento a un acuerdo suscrito entre las autoridades de la UNAH y representantes del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) que determinó su instalación, con miras a construir una propuesta de procedimientos para abordar las <a href=nuevas normas académicas. El documento final de la mesa reconoce a las y los estudiantes como actores centrales de la UNAH y al MEU como interlocutor válido en el proceso de diálogo ante el conflicto. Según Vernor Muñoz, invitado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) para integrar la mesa mediadora, “ha sido un éxito importante de esa mesa el reconocimiento del derecho a la participación de los y las estudiantes – en la toma de decisiones y en los órganos de gobierno de la UNAH – así como del derecho a la protesta, comprendiendo la protesta estudiantil como parte del ejercicio de la democracia”. Hubo además un compromiso de las autoridades universitarias de retirar las acusaciones judiciales contra 75 estudiantes. El 17 de agosto, el diario Presencia Universitaria anunció que la UNAH cumplió en su totalidad con la homologación del acuerdo dado el 20 de julio, con la eliminación de los requerimientos fiscales de 75 estudiantes [lea aquí la noticia]. Otro gran logro de la mesa mediadora ha sido en relación a las nuevas normas académicas. Específicamente, hubo un compromiso para la revisión de la totalidad de las normas académicas vigentes, de manera que estas puedan ser definidas en diálogo entre autoridades, estudiantes y docentes, en línea con la propia Ley Orgánica de la Universidad y otros marcos normativos, los cuales garantizan la participación de todos estos actores en la toma de decisiones y en los órganos de gobierno de la universidad. Además, en relación a las normas objeto del conflicto, la mesa recomendó suspenderlas de inmediato hasta que no se aprueben normas alternativas. Son ellas: la suspensión del cobro de servicios a las y los estudiantes; la tabla de unidad valorativa, que restringe al/a la estudiante el poder de matricularse en las clases que desea de acuerdo al puntaje que alcance en las evaluaciones; los artículos que determinan al/a la estudiante que pierde un examen más de dos veces dejar la universidad o cambiar de carrera; y el índice académico mínimo de 70%, bajándolo al 65%. Para Engels Vladimir López, estudiante de Sociología y Trabajo Social y vocero del MEU, la mesa mediadora ha tenido un rol fundamental en el sentido de marcar una ruta para la superación de la problemática en la UNAH. “En el inicio, había poca apertura al diálogo. La mesa ha realizado un trabajo contundente e importante para avanzar en la crisis que se ha establecido en el 2013, estableciendo un diálogo participativo e incluyente”, declaró. “El primer gran punto amarrado por la mesa ha sido la convocatoria de elecciones estudiantiles para seleccionar la representación de las y los estudiantes para conformar el órgano de gobierno universitario”, celebró. La mesa también recomendó que se incluyera en la agenda de diálogo un punto específico sobre las acciones necesarias para seguir mejorando la infraestructura de la Universidad y las condiciones laborales de las y los docentes. Finalmente sugirió a la UNAH evitar el uso de sanciones administrativas y disciplinarias internas contra estudiantes y docentes en protesta, garantizar la seguridad de estudiantes, docentes, autoridades y visitantes a los centros universitarios y regularizar la actividad académica e institucional, reprogramando el calendario académico a la mayor brevedad. Para Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE, la resolución del conflicto por medio del diálogo es un hito a conmemorar. “La promoción del diálogo para superar conflictos y el reconocimiento del derecho a la participación, expresión y libre asociación de los y las estudiantes son elementos que fortalecen la democracia en Honduras y son una inspiración para toda la región de América Latina y el Caribe”. Aminta Navarro, coordinadora del Foro Dakar Honduras, a su vez, considera que ha sido importante la participación de la CLADE en el proceso de mediación entre estudiantes del MEU y las autoridades de la UNAH, sin dejar de reconocer el aporte previo al proceso de la mesa mediadora que brindaron otras instancias, como el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) y la representante de las Naciones Unidas para Honduras, contribuyendo juntos al fortalecimiento de los procesos democráticos y a los diálogos incluyentes. Actualmente, los distintos actores de las comunidades educativas están desarrollando, por separado, una propuesta para la integralidad de las normas. Cuando cada proponente tenga sus sugerencias finales, se establecerá una mesa de diálogo para consensuar una nueva propuesta, que se remitirá al Consejo Universitario para aprobación final. Se estima que las negociaciones tendrán lugar hasta febrero del 2017. La CLADE seguirá acompañando de cerca el proceso. Entienda el caso – Desde el 2015, los movimientos estudiantiles de Honduras, en el ejercicio de su derecho a la libre manifestación y expresión, vienen reivindicando el cumplimiento de su derecho a una educación pública, gratuita y de calidad para todas y todos y mejores condiciones en las universidades del país. Estas manifestaciones han sido reprimidas a menudo de manera violenta, con acusaciones judiciales a manifestantes y hasta el asesinato de estudiantes, como los ocurridos en marzo del 2015, denunciados por la CLADE. En mayo del 2016, sin previo diálogo con las y los estudiantes, la UNAH puso en vigencia sus nuevas normas, lo que ha motivado que los movimientos estudiantiles intensificaran sus manifestaciones. Las movilizaciones fueron reprimidas por las autoridades de manera violenta y generaron el establecimiento de acusaciones judiciales contra 75 estudiantes, lo que provocó un impase en la concertación entre autoridades y estudiantes. Luego de un largo proceso de diálogo, el 20 de julio de 2016 se propuso la instalación de la mesa mediadora, que dio inicio a sus trabajos el 25 de julio, presentando 3 días después sus recomendaciones finales para las negociaciones futuras entre autoridades y estudiantes. Conozca el contenido completo del documento final de la mesa mediadora.">

Celebramos acuerdo firmado por estudiantes y autoridades de la UNAH en Honduras con la intervención de la mesa mediadora

1 de agosto de 2016

Estudiantes y autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras firmaron un acuerdo presentado por la mesa mediadora, con un conjunto de recomendaciones para superar los conflictos ante la adopción de nuevas normas académicas sin diálogo previo con las comunidades educativas. Vernor Muñoz, a invitación de la CLADE, al lado de Carlos Posas, Miriam Miranda y Mauricio Diaz Vurdet, integró la mesa. La firma de los acuerdos, las recomendaciones y el retiro de las acusaciones judiciales contra 75 estudiantes son logros fundamentales para la plena realización del derecho humano a la educación en Honduras y para el fortalecimiento de la democracia en el país (más…)


Foto: El Nuevo Heraldo

Honduras: Estudiantes y autoridades firman acuerdo mediado por la CLADE

Finalizaron exitosamente el 28 de julio los trabajos de la mesa mediadora entre estudiantes y autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). La mesa funcionó durante cuatro días, dando seguimiento a un acuerdo suscrito entre las autoridades de la UNAH y representantes del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) que determinó su instalación, con miras a construir una propuesta de procedimientos para abordar las nuevas normas académicas. (más…)


El 16 de junio de 2016, el presidente interino de Brasil, Michel Temer, presentó ante el Congreso Nacional una Propuesta de Enmienda a la Constitución Federal (PEC) que determina un límite máximo de gastos públicos en distintos niveles de gestión, bajo el argumento de que es necesario crear un nuevo régimen fiscal frente a la actual crisis financiera del país.<!--more-->

Actualmente, el artículo 212 de la Constitución brasileña determina que el gobierno federal debe aplicar en educación, anualmente, nunca menos del 18%, y los estados, el Distrito Federal y los municipios el 25% de los ingresos recaudados en impuestos. Este mecanismo de vinculación de recursos fue una conquista fundamental, que consta en las Constituciones del país desde 1934, y que fue suspendida únicamente durante los períodos dictatoriales.

La PEC 241/2016 que quiere instituir un nuevo régimen fiscal, también conocida como la “PEC del techo”, si se aprueba, reducirá fuertemente los recursos que se invierten actualmente en salud y educación, pues determina que el valor máximo para el gasto público en las distintas esferas de gobierno debe condicionarse al valor asignado el año anterior, corregido apenas por la inflación anual, tomando como base el año 2016. Esta regla se aplicará durante los próximos 20 años como mínimo, lo que suspende en la práctica la vinculación mínima de recursos que garantiza la Constitución.

La PEC, además, establece que, en caso de que el poder público extrapole el límite máximo de gastos públicos estipulado, estará prohibido de conceder aumento salarial o cualquier otro beneficio a sus servidoras/os públicas/os. Esta prohibición también abarca la creación de nuevos puestos, la apertura de concursos públicos e incluso la estructuración de carreras que impliquen en aumento de gastos.

Estas medidas que defiende el actual gobierno interino podrán afectar gravemente las mejorías y la ampliación del acceso que requiere el sistema educativo nacional, y el cumplimiento del Plan Nacional de Educación (PNE). Por ejemplo, será imposible crear 3,4 millones de nuevas matrículas en la educación de la primera infancia, 700 mil plazas en la pre-escuela, 500 mil en la enseñanza fundamental, 1,6 millones en la enseñanza media, 14 millones en la alfabetización de personas jóvenes y adultas, 4 millones en la enseñanza técnica y profesional y 2 millones en el nivel superior. Asimismo, será imposible garantizar el pago del piso salarial del magisterio y promover la necesaria valoración de esta carrera profesional, así como implementar el Costo Alumno Calidad Inicial (CAQi), que debería ponerse en marcha a partir del 24 de junio de 2016.

Según cálculos del profesor del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) João Sicsú, el presupuesto para la educación en el año 2015 fue de 103,8 mil millones de reales (lo equivalente a 30,62 mil millones de dólares). De acuerdo a los límites para el gasto público que establece la PEC 241/2016, el mismo presupuesto hubiera sido de apenas R$31,5 mil millones (9,29 mil millones de dólares), lo que representaría un valor 70% menor. En concreto, si aprobada la nueva regla, habrá una interrupción de un proceso de crecimiento en el gasto educativo.

De 2008 hasta hoy, los recursos aplicados en educación aumentaron el 117% por encima de la inflación, y el año pasado superaron en un 28% el mínimo obligatorio estipulado por la Constitución. Ese crecimiento que venía ocurriendo tendría que sostenerse de modo a cumplir la meta del Plan Nacional de Educación que determina destinar el 10% del PIB para la educación hasta el 2024.

Además, los recursos que se retirarían de la salud y de la educación con esta PEC se gastarían en el pago de intereses y demás encargos de la deuda pública del gobierno brasileño, beneficiando a los bancos y creedores.

Por todas estas razones, rechazamos la actual propuesta del gobierno interino. Son medidas que fragilizan a la democracia, violando el principio de la no regresividad de los derechos humanos, y que aumentarán las actuales desigualdades económicas y sociales, afectando la calidad de vida y la dignidad de la mayoría de la población brasileña.

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y las redes, organizaciones sociales y parlamentarias/os que firman este manifiesto apoyan los posicionamientos recientes ya manifestados por la <a href=Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil en contra de la PEC 241 y demandan que el Congreso Nacional no apruebe esta propuesta. Además, convocan a toda la comunidad educativa y activistas por el derecho a la educación a que se opongan vehementemente a la PEC 241, con miras a garantizar las conquistas sociales alcanzadas. Firman este manifiesto en conjunto con la CLADE:
Organizaciones y redes sociales
  • Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER);
  • Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education (ASPBAE);
  • Campaña Mundial por la Educación (CME);
  • Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL);
  • Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO);
  • Confederación de Trabajadores de la Educación de la Rep. Argentina - CTERA (Sonia Alesso, Secretaria General);Miguel Duhalde, Secretario de Educación);
  • Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL);
  • Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (Graciela Morgade, docente);
  • Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE);
  • Foro Mundial de Educación (Secretaria Ejecutiva del Consejo Internacional);
  • Frente Internacional de Comunicadores por la Libertad de Expresión de los Pueblos;
  • Global Initiative for Economic, Social, Cultural Rights;
  • International Council for Adult Education (ICAE);
  • Internacional de la Educación (IE);
  • Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP);
  • Portal Otras Voces;
  • Public Services International (PSI);
  • Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM);
  • Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo Docente (Red Estrado);
  • Red Global/Local por la Calidad Educativa;
  • Right to Education Project (RTE).
Parlamentarias/os
  • Brenda Fraga Gutiérrez, diputada del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo en México;
  • Daniel Filmus, Parlamentario del Mercosur por Argentina, Ex Ministro de Educación y Senador Nacional e Investigador del Conicet y Profesor de la UBA;
  • Ivan Valente, Diputado federal de Brasil;
  • Jorge Aguilar Paredes, Diputado Centroamericano en el PARLACEN por el Estado de Honduras;
  • Sebastián Sabini, diputado uruguayo, electo por el Departamento de Canelones.
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Manifiesto contra las propuestas del gobierno interino de Brasil que recortan recursos públicos en salud y educación

24 de junio de 2016

El 16 de junio de 2016, el presidente interino de Brasil, Michel Temer, presentó ante el Congreso Nacional una Propuesta de Enmienda a la Constitución Federal (PEC) que determina un límite máximo de gastos públicos en distintos niveles de gestión, bajo el argumento de que es necesario crear un nuevo régimen fiscal frente a la actual crisis financiera del país. (más…)


Grafiti pintado por las Unidades Muralistas Luchador Ernesto Miranda (UMLEM) de Chile el sábado 4 de junio de 2011
Rodrigo Fernández

Por una educación pública y de calidad en América Latina y el Caribe: estudiantes y docentes se movilizan para defender este derecho

27 de mayo de 2016

Le hemos dado seguimiento a masivas manifestaciones de estudiantes y maestras/os en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Paraguay, que tienen como demanda común un mayor financiamiento para la educación pública y la garantía de su gratuidad y calidad (más…)


Conferencia de prensa realizada por el movimiento “Al al SIMCE” el 4 de noviembre de 2015

Chile: Denuncian violencia y represión contra estudiantes movilizadas/os por la suspensión de evaluación educativa

12 de noviembre de 2015

Estudiantes, madres, padres, docentes y trabajadoras/es de educación que se oponen al sistema de evaluación SIMCE condenan la represión y reafirman que seguirán en lucha por una mejor educación y el derecho a no rendir la prueba  (más…)


Catarina Bessell

Consulta Regional sobre la educación para la paz, convivencia democrática y derechos humanos

21 de julio de 2013

El informe, impulsado por la CLADE, tiene el propósito de conocer en qué medida los principios de Educación en Derechos Humanos están informando prácticas y políticas educativas en la región

Lea la publicación aquí.