vouchers para la elección de escuelas privadas de primera infancia por las familias. Según las trabajadoras y trabajadores, el cambio en el artículo 203 del Código del Trabajo crearía un fondo financiado por el empleador o la empleadora para pagar por sala cuna universal de baja calidad a hijas e hijos menores de 2 años de madres trabajadoras. Además, dicen que este cambio implicaría en la disminución de fondos del Seguro de Cesantía, que se garantiza a las madres. Respecto a la educación superior, las trabajadoras y trabajadores denuncian el retraso en la implementación de la Subsecretaría de Educación Superior, que se haría cargo de resguardar los derechos y obligaciones de las instituciones educativas y estudiantes de terciaria. Asimismo, critican el cambio de los requisitos en la gratuidad educativa, que ha generado la pérdida retroactiva de este derecho para alrededor de 28 mil estudiantes.

Lea+ Síntesis de la conferencia de prensa del 15 de marzo, elaborada por ANDIME Chile en el 2019: Lucha de la sociedad civil contra los retrocesos conservadores y neoliberales

Por las razones mencionadas, las organizaciones que impulsan las protestas exigen la renuncia de la Ministra de Educación y estudian la posibilidad de mover una Acusación Constitucional en su contra por malversación de fondos públicos, proselitismo y abandono de responsabilidades. Las organizaciones que impulsan estas protestas son: Federación Nacional de Trabajadores Públicos de la Educación (FENAEDUP), Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (ANDIME), Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y Central Unitaria de Trabajadores (CUT). La FENAEDUP es miembro del Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile, que es socio de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en el país.

 

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Chile: Denuncian actuación del Ministerio de Educación

20 de marzo de 2019

En conferencia de prensa, funcionarias y funcionarios del Ministerio critican la poca claridad sobre cómo se pretende avanzar en el mejoramiento del sistema educativo nacional y exigen la renuncia de la actual ministra (más…)

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cierre de clases del período nocturno. La Fiscalía Nº 31 de la Ciudad Autónoma imputó a 43 madres y padres de estudiantes que tomaron ocho escuelas y las/os responsabilizó por no haber impedido que sus hijas e hijos participasen en las protestas. Con una acusación por impedimento al ingreso o salida de lugares públicos, el gobierno porteño intenta conseguir un precedente para evitar futuras tomas en las instituciones educativas. De resultar culpables, las madres y padres podrán afrontar multas de hasta 10 mil pesos argentinos o tendrán que realizar trabajos comunitarios. En una nota pública, la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) señala que la decisión de la Justicia porteña es “una medida claramente intimidatoria y que atenta abiertamente contra derechos reconocidos tanto por la legislación nacional como por convenios internacionales que el país ha suscrito”. También afirma que las y los estudiantes poseen el derecho a organizarse para defender y asegurar el cumplimiento y pleno ejercicio de sus derechos, así como el beneficio conjunto de la comunidad, mientras que no debe exigirse a sus padres y madres que limiten el ejercicio de este derecho. “Entendemos que es dentro del ámbito escolar y junto a los actores de la comunidad educativa, el espacio donde se deben generar las instancias necesarias para reflexionar, proponer y resolver estas situaciones propiciando la participación de las y los estudiantes”, subraya la CADE en su nota. Las madres y padres fueron citadas/os para hacerles saber que están imputadas/os y deberán presentarse los días 18, 19 y 20 de marzo. Luego, deberán designar abogada o abogado de defensa, o podrán recibir la asistencia de la Defensa Pública.">

Argentina: Imputaron a madres y padres de estudiantes que tomaron escuelas en Buenos Aires

17 de marzo de 2019

La Justicia imputó a madres y padres por no haber impedido que sus hijas e hijos protestasen contra reformas curriculares (más…)

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Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua (FEDH-IPN) se ha articulado con estudiantes de distintas universidades del país, así como organizaciones y colectivos de jóvenes para elaborar el estudio “Participación Juvenil y Procesos de Transformación Social: Implicancia, Impacto, Retos y Compromisos”. El estudio, aún en proceso de elaboración, busca sistematizar la participación de las juventudes organizadas frente a los contextos sociopolíticos de transformación social y en la construcción de nuevos paradigmas educativos. Como resultado de ese proceso, se estableció al interior del Foro la Mesa Temática de Educación Superior con miras a fortalecer las capacidades de los y las jóvenes como líderes y lideresas del movimiento estudiantil, por la autonomía universitaria y para promover su participación activa en el sistema universitario. Asimismo, la iniciativa busca delinear estrategias de respuesta y protección a la violenta represión a las protestas sociales iniciada en abril del 2018 en el país. Por ese motivo, el FEDH-IPN también incentivó la participación y el involucramiento de los y las jóvenes en la elaboración del informe alternativo de sociedad civil que el Foro presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante la Evaluación Periódica Universal (EPU) al Estado de Nicaragua, que se realizará en mayo del 2019. ”El Foro pretende promover y demandar el cumplimiento de una participación social activa y del derecho humano a la educación, especialmente la educación universitaria y su autonomía, así como denunciar violaciones a los derechos humanos y a la protesta social”, afirma el coordinador del FEDH-IPN, Jorge Mendoza. ¿Qué es el EPU? El EPU es un mecanismo de justiciabilidad impulsado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), diseñado para revisar la situación de derechos humanos en todo el mundo. Brinda a los países la oportunidad de hacer una revisión sobre los desafíos que aún persisten en la búsqueda por la igualdad y la universalidad de derechos. El proceso empieza con el envío de un informe oficial del Estado sobre la situación de la implementación de los derechos en su territorio, que es examinado por otros países miembros de Naciones Unidas. Luego del análisis del informe oficial, los países hacen recomendaciones al Estado examinado, que puede aceptarlas, comprometiéndose con su cumplimiento, o “tomar nota” de ellas, sin preocuparse en adoptar medidas al respecto. Las recomendaciones deben implementarse hasta la siguiente revisión del país, que ocurre cinco años después. La sociedad civil puede participar en el proceso, aportando al informe oficial que prepara el Estado para la revisión, elaborando informes alternativos que se presentan al Consejo de Derechos Humanos como insumos adicionales, incidiendo en las delegaciones de países responsables por hacer recomendaciones al Estado revisado y haciendo el seguimiento a la implementación de las recomendaciones. Sepa más sobre el EPU.">

Nicaragua: Foro realiza acciones de incidencia por la educación y la participación social en alianza con estudiantes y jóvenes

27 de febrero de 2019

Como resultado de ese proceso, se estableció al interior del Foro la Mesa Temática de Educación Superior con miras a fortalecer las capacidades de los y las jóvenes como líderes y lideresas del movimiento estudiantil (más…)

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Foro por el Derecho a la Educación Pública, red de organizaciones de la sociedad civil que es miembro de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en Chile. En este diálogo, se aborda el escenario educativo en el país, donde en el 2018 se aprobaron leyes que agradan a los sectores conservadores, como la que fortalece una “industria educativa” y la que criminaliza los conflictos en la escuela, en vez de adoptar medidas pedagógicas para resolverlos de manera pacífica. Parra señala que los movimientos sociales del país están muy dispersos para combatir los retrocesos, y que una de las metas para el 2019 es reorganizar los grupos de la sociedad civil. “Es necesario encontrar el camino que nos permita construir demandas comunes y acuerdos que nos den claridad ante las falsas reformas y los ajustes y mejoras que la derecha hace al modelo neoliberal en la educación”, afirma. Lea la entrevista completa: ¿Cuál es el contexto del derecho a la educación en tu país actualmente y cuáles son las expectativas para el 2019? Al conocer y tratar de entender los anuncios de este gobierno en materia educativa, somos testigos de los intentos por avanzar en políticas reaccionarias y con marcado sello neoliberal. Se aprobó el proyecto Aula Segura que criminaliza el conflicto en la escuela, y surgen otras reformas, anuncios y ajustes que tienen por objetivo dar una señal a los sectores conservadores de la sociedad chilena. Son ejemplos la nueva ley migratoria, que persigue regular el ingreso, la estadía, la residencia y el egreso de los extranjeros al país, como también su ejercicio de derechos y deberes; y el último proyecto de ley de “Admisión justa”, que busca defender “la libertad de elegir escuelas”, enarbolando las familias a reforzar la competitividad entre centros educativos. Los partidos de la Nueva Mayoría, coalición política de la ex presidenta Michelle Bachelet, parecen desarticulados y sin una agenda unificada, carentes de moral para enfrentar a las políticas neoliberales que su propio gobierno impulsó. Por otra parte, un importante sector de las organizaciones que integran el Frente Amplio, coalición de la izquierda chilena, parece estar apostando únicamente a lo electoral, a consolidarse como un cuarto bloque de poder electoral, incluso en llegar a una presidencia polarizada, más que en construir oposición con el movimiento social. El caso del asesinato de Camilo Catrillanca, un joven mapuche que falleció de un disparo en la cabeza en medio de un procedimiento policial, ha mostrado la incapacidad que tiene el actual gobierno parar afrontar los conflictos sociales. El movimiento social sigue de pie, se siguen produciendo estallidos sociales, como el caso de las protestas en Quintero y Puchuncaví y del sindicato de los portuarios en Valparaíso. Pese a que el movimiento popular chileno sigue dividido, desarticulado, sin un Sur común por ahora, no está derrotado. Esperamos para este año un incremento de las movilizaciones, incluso una continuidad del movimiento feminista con un rostro más popular y vinculado con otros movimientos reivindicativos, como de la educación, reforma en las pensiones, frentes de trabajadores/as, pobladoras y pobladores, ambientalistas, movimiento feminista, etc. ¿En este contexto, cómo los movimientos que defienden el derecho a la educación están reaccionando? En cuanto al Movimiento Social por la Educación, también está atomizado, cada uno en su metro cuadrado debatiendo parceladamente el sistema educativo, mientras el neoliberalismo hace de las suyas con nuestras escuelas. Mientras el movimiento -atomizado y desarticulado- reacciona ante cada anuncio y/o proyecto (sin lograr avance alguno), el sistema de subsidio a la oferta educativa privada se extiende a todo el sistema, incluyendo la educación superior (gratuidad y lógica de becas) y la Educación Parvularia (Ley de Equidad en Educación Parvularia). Asimismo, el negocio en la alimentación, los textos escolares y otros servicios asociados a la educación pública continúa sin freno. Es decir, el movimiento social se ha visto entrampado en críticas acotadas a temas específicos de estas reformas y proyectos de ley, no logrando articular una propuesta global que supere el actual sistema educativo. Sin un proyecto o líneas programáticas que nos aúnen, nos quedamos inmovilizados o coaccionados a defender los supuestos “avances” hechos por los gobiernos de la Nueva Mayoría. ¿Qué hacer entonces ante esta encrucijada? ¿Cuál es el plan del Foro para enfrentar esta dispersión del movimiento social, oponiéndose a dichas reformas y leyes? Como Foro, no vamos a salir a defender en el debate legislativo los espurios “avances” que supuestamente hicieron los gobiernos Concertación y Nueva Mayoría, y sí persistiremos en generar espacios de convergencia entre actores educativos, por el real fortalecimiento y defensa de la educación pública. Es necesario encontrar el camino que nos permita construir demandas comunes y acuerdos que nos den claridad ante las falsas reformas de la Nueva Mayoría y los ajustes y mejoras que la derecha hace al modelo neoliberal en educación. Creemos que una educación pública como derecho es totalmente contradictoria con una “industria educativa” que, como dice Piñera [Sebastián Piñera, presidente de Chile], considere la educación como bien de consumo, servicio o mercancía. La educación es un derecho. En consecuencia, consideramos necesario oponernos a cualquier forma de privatización de la educación pública y, además en avanzar en líneas programáticas mínimas, que nos permitan luchar por la construcción de una educación pública verdaderamente transformadora. Ninguno de los actores educativos presentes en el Foro por el Derecho a la Educación Pública, podemos resolver solos estos desafíos. Debemos unirnos, trabajar en conjunto y convocar a un proceso de trabajo y reflexión que acompañe la movilización social con la construcción de propuestas y demandas comunes, que nos orienten, y nos hagan un solo cuerpo en la lucha por una educación pública para la transformación social. ¿Cuáles serán las actividades o ejes de acción prioritarios del Foro este año? Seguiremos con espacios de formación hacia el movimiento social por la educación, no sólo en la Región Metropolitana, para bajar a las bases. Internamente, planeamos fortalecer nuestra asamblea como espacio de encuentro y debate entre actores y sus bases. Además, difundiremos las propuestas realizadas en la mesa de investigación del Foro, utilizando las herramientas que tenemos: página web y redes sociales. Realizaremos una ofensiva hacia los medios para que nos den un espacio permanente. Sentimos también la necesidad de generar una definición,operativa y amplia, sobre qué entendemos por educación pública. Es algo estratégico para que podamos luchar por esto. En este sentido, sistematizaremos experiencias para constituir un Nuevo Sistema de Educación Pública, público, comunitario, pluridiverso e inclusivo. Por fin, planeamos fortalecer la relación y el apoyo entre organizaciones y actores educativos, para que podamos no sólo responder a la coyuntura, pero aglutinarnos en la lucha. En este sentido, deseamos ser una entidad de interpelación, para participar y presionar en la Iniciativa Popular de Ley para cambiar el sistema de pensiones en Chile.">

Chile en el 2019: Lucha de la sociedad civil contra los retrocesos conservadores y neoliberales

20 de febrero de 2019

En entrevista a la CLADE, representantes del Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile hacen un balance de la situación de la educación en el país en el 2018 y presentan sus principales focos de lucha en el 2019 (más…)

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Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER) publicó un comunicado, en el cual señala la necesidad de crear marcos jurídicos para democratizar el espectro radioeléctrico, y establecer modelos de medios de comunicación que garanticen la diversidad y la pluralidad de voces. “No es posible promover la ‘tolerancia, el diálogo y la paz’ manteniendo modelos mediáticos concentrados que, muchas veces, promueven antivalores, fomentan el irrespeto a la diversidad y hacen apología de la violencia”, afirmó en la nota pública. En la misma fecha, ALER difundió también una carta abierta a la Asamblea Nacional y al gobierno de Ecuador, en la cual demanda acciones afirmativas para los medios comunitarios del país. En la carta, la Asociación expresa preocupación respecto a las reformas de la Ley Orgánica de Comunicación ecuatoriana que se discuten actualmente en el parlamento nacional, especialmente en lo que toca a la amenaza de veto al artículo 86 de dicha ley. Este artículo determina que “el Estado implementará las políticas públicas que sean necesarias para la creación y el fortalecimiento de los medios de comunicación comunitarios como un mecanismo para promover la pluralidad”. ALER apuntó que eliminarlo de la ley representaría un resquebrajamiento de la democracia, que se sustenta en la garantía de los derechos a la libertad de expresión y a la comunicación. A su vez, la Agencia Pressenza destacó en una publicación en las redes sociales el potencial que tiene la radio para la unión, el diálogo y la promoción de cambios. “La radio nos informa, transforma y une. Reúne a comunidades de todas las profesiones y condiciones sociales para promover un diálogo constructivo para el desarrollo. Más concretamente, la radio es el medio ideal para pedir que se apacigüen y contrarresten la violencia y los conflictos, en particular en zonas remotas, que están potencialmente más expuestas a esas realidades”, subrayó.">

Día Mundial de la Radio: Redes regionales subrayan la importancia de este medio para la tolerancia, el diálogo y la paz

14 de febrero de 2019

ALER y Pressenza recuerdan el Día Mundial de la Radio, resaltando que este medio juega un rol fundamental para la construcción del diálogo, la pluralidad de voces y la transformación social hacia la paz (más…)

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Estudiantes, trabajadoras/es de la educación y CADE celebran el resultado de su lucha contra una resolución del Ministerio de Educación de la ciudad, que establecía el cierre de escuelas públicas La Multisectorial Contra el Cierre de las Escuelas Nocturnas, de la que la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) participa activamente en alianza con las comunidades educativas del país, logró que la Ministra de Educación de Buenos Aires anulara una resolución que determinaba el cierre de escuelas públicas secundarias nocturnas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por la resolución 2018-4055, el Ministerio de Educación de la ciudad había anunciado que 14 liceos y escuelas secundarias comerciales que funcionan en horario nocturno serían cerradas a partir del 2019 y se suprimirían cursos en otros 9 centros similares. Estas modalidades educativas atienden de manera prioritaria a jóvenes de comunidades más pobres, quienes concurren en horario nocturno porque trabajan o buscan trabajo durante el resto del día. La CADE se pronunció en diciembre del año pasado para rechazar la resolución anunciada, la cual consideró intempestiva porque fue adoptada sin un diálogo previo con las comunidades educativas, sobre las mejores formas de solucionar los desafíos de los establecimientos educativos. “Al cerrarlas, numerosos y numerosas estudiantes ven seriamente comprometidas sus posibilidades de continuar estudiando, más allá de los traslados que se proponen, y, sobre todo, muchxs docentes titulares, interinxs, suplentes y auxiliares docentes, perderán sus puestos de trabajo” afirmaba la declaración ante el cierre de las escuelas comerciales nocturnas. La CADE, en alianza con organizaciones sociales, estudiantiles y juveniles de Argentina, difundió esta declaración y participó en movilizaciones en las calles y a través de las redes sociales, para denunciar que este tipo de medidas, en tiempos de ajustes presupuestarios, afectan el derecho a la educación pública y los derechos de los sectores con menos recursos que habitan la ciudad. “Hacemos un llamado a las autoridades para que reconsideren estas medidas y procuren consensuada y participativamente, los mejores caminos para fortalecer las instituciones educativas y garantizar el derecho a la educación de lxs estudiantes que cursan en estas escuelas -y lxs que podrían hacerlo- y el derecho al trabajo de lxs docentes y auxiliares”, afirmó la declaración. Como resultado, el último 30 de enero, Soledad Acuña, Ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, anuló la resolución que cerraba las escuelas nocturnas. “Ha sido un gran logro de la lucha de toda la comunidad educativa, con participación activa de la CADE. ¡Estamos muy contentXs! La lucha y la movilización siguen siendo herramientas importantes para defender la educación pública y el derecho a la educación”, afirma Alberto Croce, secretario nacional de la CADE. ">

Argentina: Comunidades educativas de Buenos Aires logran anulación del cierre de escuelas públicas nocturnas

6 de febrero de 2019

Estudiantes, trabajadoras/es de la educación y CADE celebran el resultado de su lucha contra una resolución del Ministerio de Educación de la ciudad, que establecía el cierre de escuelas públicas (más…)

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Apoyamos la lucha por la educación superior pública y rechazamos la represión contra estudiantes en Colombia

21 de diciembre de 2018

CLADE y Coalición Colombiana reconocen que la firma de acuerdo entre el gobierno nacional de Colombia y representantes del movimiento estudiantil y magisterial del país es un resultado importante de la lucha de la comunidad educativa por una educación superior pública, gratuita y de calidad para todas y todos (más…)

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Como integrantes de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, redes de la sociedad civil hermanas que defienden el derecho humano a la educación pública, gratuita, laica, transformadora y a lo largo de la vida, reconocemos que la firma del acuerdo para la educación superior pública entre el gobierno nacional de Colombia y representantes del movimiento estudiantil y magisterial del país, que tuvo lugar el último 14 de diciembre, es un resultado importante de la lucha de la comunidad educativa por una educación superior pública, gratuita y de calidad para todas y todos. Destacamos que la promesa del gobierno colombiano de destinar 5,8 billones de pesos colombianos a la educación superior pública, en los próximos cuatro años, frente al anterior anuncio de que se invertirían apenas 2 billones para este fin en el mismo período, representa igualmente un logro del movimiento estudiantil y magisterial organizado en el país. Por otro lado, nos sumamos a los reclamos de las y los estudiantes y docentes por el compromiso del Estado de que cada nuevo peso asignado a la educación según dicho acuerdo, se destinará exclusivamente a la educación superior pública y para garantizar el derecho humano a la educación de toda la población, asegurando el acceso y permanencia de las personas con menos ingresos, en detrimento de la financiación de iniciativas que favorezcan la privatización educativa, la cual refuerza la segregación y profundiza desigualdades. Asimismo, nos sumamos al rechazo de la Mesa Amplia Nacional de Profesores de Universidades Públicas de Colombia y otros movimientos y organizaciones de la sociedad civil, frente a la brutalidad policial con la que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) viene atacando a las y los estudiantes universitarias/os que se movilizan y protestan por un financiamiento público justo y adecuado a las universidades públicas, violencia esta que recientemente le arrebató el ojo izquierdo a Esteban Mosquera, estudiante de Música de la Universidad del Cauca. Expresamos nuestra solidaridad a Esteban Mosquera y a todas y todos las/os estudiantes que han sido víctimas de la violencia del Estado, golpeadas/os y castigadas/os por defender sus derechos, y exhortamos a las fuerzas policiales y al Estado para que cesen la represión y agresión contra la protesta social. Apoyamos las manifestaciones pacíficas que las y los estudiantes y docentes vienen impulsando en el país, y reafirmamos que es deber del Estado proteger, respetar y garantizar la libertad de asociación, expresión y manifestación de todas las personas, sin reprimirlas, amenazarlas o criminalizarlas por ejercer este derecho. A la vez, seguiremos apoyando a la comunidad educativa en su lucha justa y ejemplar para que el acuerdo firmado con el gobierno nacional se cumpla y se socialice con las diferentes universidades públicas del país a partir del inicio del próximo año. Respaldamos igualmente el posicionamiento de las y los docentes y estudiantes movilizadas/os de que harán el monitoreo del cumplimiento a este acuerdo en las calles y dando continuidad a sus acciones de protesta pacífica y concientización de la población a favor del derecho humano a la educación de todas las personas, en condiciones de igualdad y gratuidad. Descargue la nota pública de la CLADE y la Coalición Colombiana aquí.">

Apoyamos la lucha por la educación superior pública y rechazamos la represión contra estudiantes en Colombia

CLADE y Coalición Colombiana reconocen que la firma de acuerdo entre el gobierno nacional de Colombia y representantes del movimiento estudiantil y magisterial del país es un resultado importante de la lucha de la comunidad educativa por una educación superior pública, gratuita y de calidad para todas y todos (más…)

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Nos manifestamos por el cese de la criminalización y violencia contra estudiantes en Honduras

17 de diciembre de 2018

Repudiamos la detención ilegal de tres estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), resultado de la creciente criminalización y represión de estudiantes movilizadas/os por el derecho a la educación en el país. (más…)

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Nos manifestamos por el cese de la criminalización y violencia contra estudiantes en Honduras

Repudiamos la detención ilegal de tres estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), resultado de la creciente criminalización y represión de estudiantes movilizadas/os por el derecho a la educación en el país. (más…)

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