Manos de un niño escribiendo en un cuaderno con un lapís rojo
Lourdes Nique

Diálogo de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil en torno a los desafíos para la educación

18 de diciembre de 2020

Con la participación de integrantes de seis países de la región (Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú,  República Dominicana y Uruguay, el pasado jueves 8 de octubre tuvo lugar un nuevo  encuentro de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la  Educación en América Latina y el Caribe para dialogar en torno a la situación actual de la  región y acciones futuras. 

La primera parte del evento se centró en un amplio intercambio sobre el escenario regional y  una mirada sobre las particularidades y desafíos presentes en algunos de los países de la  región (algunos de los cuales enfrentan crisis políticas y/o institucionales, cambios de  gobierno, procesos electorales en proceso o realizados recientemente), poniendo en destaque  los retos y desafíos que se presentan para la educación en el marco de la crisis sanitaria en  curso (COVID-19). 

Se señaló que, además de poner de relieve las vulnerabilidades preexistentes, la pandemia ha  desatado niveles de incertidumbre sin precedentes; impactos generalizados sobre el conjunto  de derechos humanos (civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales);  graves efectos económicos y sociales marcados por la profundización de la pobreza,  exclusión social y las desigualdades. 

Además, ha dejado al descubierto la fragilidad de las estructuras estatales para hacer frente a  la crisis sanitaria (sistemas de salud, protección social y educación); ha favorecido el  incremento de la violencia, del trabajo infantil y del trabajo doméstico de niños, niñas y  adolescentes. Este escenario está acompañado, en algunos casos, con la adopción de marcos  normativos y presupuestarios que suponen (de forma explícita o implícita) regresiones en  materia de derechos y políticas sociales, o políticas públicas que resultan insuficientes;  acuerdos con los organismos multilaterales bajo condiciones que afectarán los presupuestos  de salud y educación; emergencia de tendencias conservadoras que han ido sumando discriminaciones y desigualdades hacia los sectores históricamente excluidos o los derechos  de las poblaciones LGBTI; restricciones a la protesta y criminalización de reivindicaciones  de la ciudadanía, considerando además un escenario de movilización reducida, también como  consecuencia de la emergencia sanitaria.  

En lo que respecta al derecho a la educación, se intercambió sobre los profundos impactos  desencadenados por la suspensión de las actividades presenciales y el cierre de las  instituciones educativas (conllevando la clausura del año escolar, como en el caso de Bolivia,  o la incertidumbre en cuanto a la conclusión de los ciclos escolares en otros países),  implicancias en el logro de aprendizajes y rezago en todos los niveles educativos; impactos  en la vida de estudiantes incluso en el ámbito familiar (como incremento de la violencia, en  particular la violencia de género), discriminaciones a sectores más vulnerables, a niñas,  mujeres, pueblos indígenas y personas con discapacidad; profundas desigualdades entre el  ámbito urbano y rural; falta de cobertura de internet, brechas de acceso a las tecnologías y  plataformas virtuales (herramientas y redes digitales) afectando a niñas, niños y adolescentes  en zonas rurales y zonas urbanas más empobrecidas; el aumento de las brechas entre  estudiantes que asisten a establecimientos privados y quienes asisten a establecimientos  públicos, la exacerbación del trabajo de cuidado humano y reproductivo y de apoyo a la labor  educativa en las mujeres; aumento de estudiantes en los sistemas públicos por el cierre de los  establecimientos privados y la dificultad de los mismos para hacer frente este incremento. 

A su vez, la alerta por la implementación de políticas públicas y/o marcos normativos que  imponen modificaciones para el campo de la educación, suponen retrocesos en torno a la  participación social en el sistema educativo y/o propician avances hacia la privatización,  imponen una reducción o congelamiento de presupuesto educativo, reducción o supresión de  horas docentes, abren espacio a tendencias conservadoras (proyectos de educación sexual  desde perspectivas confesionales). 

La segunda parte del encuentro se centró en las líneas de acción y proyecciones de la Red  Mixta, en particular avanzar en un plan de trabajo bajo tres ejes prioritarios: reactivación del  proceso de animación de la Red; creación de Grupos de Trabajo Temáticos (Primera Infancia,  Financiamiento y privatización y Criminalización de las comunidades educativas) y  profundización de las articulaciones de la Red Mixta. Como acciones prioritarias para el  2020, el fortalecimiento de los aspectos comunicacionales de la Red y realizar una  recopilación de las modificaciones normativas que supongan implicancias para el campo del  derecho a la educación ya sea porque suponen retrocesos o porque se orientan a fortalecer y  garantizar más plenamente este derecho en el marco de la pandemia (medidas inspiradoras  y/o los desafíos más presentes y urgentes en la materia).  

Como propuesta a mediano plazo, queda planteada la posibilidad de realizar un análisis  regional que coloque el énfasis en las buenas prácticas que la sociedad civil y algunos estados  han promovido en el contexto COVID-19. A su vez, y como parte del eje de fortalecimiento  comunicacional, se propone revisar la cobertura mediática que se viene realizando a los temas  educativos en el contexto de la crisis sanitaria (tendencias, brechas, prácticas innovativas, ver  cómo los medios participan o no en la educación virtual o en la educación por medios;  movilización de la opinión pública, entre otras cuestiones). 


Foto: Pxhere.com

Organizaciones rechazan la violencia contra maestras y maestros en Colombia

16 de diciembre de 2020

“Lo que hoy se denuncia no es un fenómeno puramente coyuntural sino una práctica política con lamentables efectos culturales que han consolidado una naturalización de la violencia y del exterminio físico de los oponentes, como medios para impedir el logro de las reivindicaciones democráticas mínimas exigidas por el pueblo colombiano que sufre los efectos de la desigualdad. El llamado es a frenar de una vez por todas la impunidad existente frente a este tipo de hechos”, se afirma en la nota publicada hoy (16/12) por más de 20 organizaciones, redes y coaliciones internacionales, regionales y nacionales, entre ellas la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), que denuncian el gobierno colombiano por la extrema violencia generalizada vivida por las y los docentes del país, principalmente las/os más de 350 mil que integran la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE).

Según el documento, en el caso colombiano, la lucha por el derecho a la educación se superpone a la lucha por el derecho a la vida. “Por esa razón, las organizaciones firmantes expresamos nuestro más radical rechazo a estas manifestaciones de violencia, y pedimos al gobierno colombiano mostrar resultados contundentes en las investigaciones, y a la comunidad internacional ejercer una vigilancia rigurosa sobre la situación que viven los maestros las maestras de Colombia, en particular los integrantes de FECODE, a quienes manifestamos toda nuestra solidaridad y apoyo en estas difíciles circunstancias”.


>> Lee la nota completa:
▪️ Español – Comunicado Conjunto contra la Campaña de Estigmatización a la Federación Colombiana de Educadores de Colombia – FECODE

▪️ English – Joint Press Release Against Stigmatization Campagn to the Colombian Federation of Educators of Colombia – FECODE

▪️ Português – Comunicado Conjunto Contra a Campanha de Estigmatização da Federação Colombiana de Educadores – FECODE

▪️ kreole – Kominike Nan Tètansanm Kont Kanpay Pèsekisyon k ap Fèt Kont Federasyon Kolonbyen Edikatè Kolonbyen Yo


Foto: Mauricio Castañedas

CLADE lanza informe sobre la criminalización de la lucha estudiantil

10 de diciembre de 2020

Con el apoyo del fondo Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund (SAIH), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanza hoy (10/12) el informe “Criminalización y violación a los derechos humanos de estudiantes en América Latina y el Caribe. Reflexiones a partir de los casos de estudiantes secundarios y universitarios en Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras”.

Entre los objetivos del documento está el análisis y la visibilización de la situación de las y los estudiantes de la región como protagonistas de la defensa del derecho a la educación y de otros derechos humanos y su creciente criminalización en contextos de protestas sociales en Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras.

“Levantar información desde los territorios y las voces de los actores sociales y sus luchas, resulta fundamental no solamente en la visibilización de una tendencia que gana terreno en los últimos años en nuestro continente, sino también de cara a las propuestas y la urgente necesidad de que los Estados cumplan su rol de garantes de todos los derechos y, en este caso, del derecho a participar, asociarse, expresarse libremente y movilizarse, pacíficamente, exigiendo el cumplimiento del Derecho Humano a la Educación”, afirma Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE.

Para la elaboración del informe se entrevistó a estudiantes de los países mencionados y se analizó su situación como protagonistas de la defensa del derecho a la educación y de otros derechos humanos y su creciente criminalización en contextos de protestas sociales en esos cuatro países.  Además de los casos concretos presentados, la investigación hace un análisis, en alianza con la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), sobre el rol de los medios de comunicación en el proceso de criminalización de estudiantes y movimientos estudiantiles.

El documento también considera la existencia, extensión y singularidades de este fenómeno, así como la profunda afectación que supone no solo para el derecho a la educación, también para otro conjunto de derechos humanos fundamentales. En términos generales, se puede mencionar: impacto en los derechos de participación, libertad de expresión, reunión y asociación; represión y uso excesivo de la fuerza; actuaciones penales infundadas con el fin de paralizar o deslegitimar sus causas; arrestos; imposición de sanciones penales, civiles y administrativas; vigilancia de organizaciones de estudiantes; asesinato de estudiantes. En el ámbito educativo: expulsiones, suspensiones, cancelación de becas u otros beneficios estudiantiles.


Hallazgos y resultados

Los hallazgos y resultados de este proceso ratifican algunas tendencias que ya se habían identificado en otros procesos y acciones que viene llevando adelante CLADE en torno a este tema, así como los graves impactos que suponen para el derecho a la educación y para todo el conjunto de derechos humanos.

En cuanto a los responsables, el informe identificó una multiplicidad de actores y factores que interactúan en los procesos de criminalización, con una relevante participación del Estado, como el aumento de la militarización (con la presencia sobre todo del ejército) en las escuelas y universidades (violando la autonomía universitaria); la aprobación de leyes que dificultan la realización de manifestaciones y protestas sociales o la penalización a conductas relacionadas a la protesta social; la apertura de procesos en contra de estudiantes bajo diferentes figuras penales sin fundamento y sin las pruebas pertinentes o en base a pruebas falsas;  la detención ilegal, agresión física y psicológica de estudiantes y de la comunidad escolar; el asesinato durante manifestaciones o luego de haber participado en protestas por parte de grupo paramilitares y el énfasis en los inconvenientes causados por las protestas y no en las causas de las reivindicaciones y/o las consecuencias de la criminalización por parte de los medios de comunicación.

Entre los impactos y consecuencias del proceso de criminalización, la investigación identificó graves restricciones a su derecho a educarse en las instituciones de educación secundaria y superior, impidiendo o generando obstáculos para que la reincorporación de estudiantes pueda ser posible, en algunos casos, como ya se señaló, incluso ha sido de forma definitiva; usos de violencia física incluyendo, en algunos casos situaciones de tortura, abuso sexual, e incluso la muerte.


Consideraciones y recomendaciones

El informe trata de aportar el panorama regional y reafirma la necesidad de fortalecer urgentemente estrategias que ayuden a revertir este fenómeno y contribuyan a garantizar los derechos de todos los actores de la comunidad educativa, en particular de las y los estudiantes, ofreciendo una serie de recomendaciones generales y otras específicas dirigidas a diferentes ámbitos (ámbito estatal gubernamental, organismos de derechos  humanos, medios de comunicación, sociedad civil,  y a la comunidad educativa).

Entre las recomendaciones están: la relevancia de profundizar en el análisis del contexto, la visibilidad, comprensión, denuncia y sistematización de situaciones de criminalización, desde un enfoque de derechos humanos y de género y la articulación de esfuerzos y medidas desde todas las esferas de la sociedad para avanzar en un mayor reconocimiento y consolidación del derecho a la protesta social como un derecho humano fundamental y como mecanismo de defensa e incidencia por el derecho a la educación, el rol de las y los estudiantes como defensores de derechos humanos.


Protestas en Lima por golpe de estado parlamentario el 12 de noviembre de 2020. Manifestación en la Plaza San Martín.
Foto: Johnattan Rupire / Wikimedia Commons

Perú: ¡Exigimos la renuncia de Merino!

15 de noviembre de 2020

“Tras los últimos acontecimientos, los miembros de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación reiteramos nuestro compromiso con la democracia en el Perú y exigimos la inmediata renuncia del cuestionado Presidente Manuel Merino de Lama y su gabinete ministerial. La CPDE une su voz al clamor de toda la ciudadanía que demanda la renuncia de un presidente que nunca debió asumir el cargo”, declaró la CPDE en un pronunciamiento publicado el 14 de noviembre.

El lunes pasado, 9 de noviembre, el presidente Martín Vizcarra fue destituido y Manuel Merino de Lama, presidente del congreso peruano, ha juramentado como presidente del país. Según informaciones de Pressenza, Merino de lama es “un personaje que cada vez que ejerció un cargo público ha sido sindicado por actos de corrupción y cuya agonizante representatividad se evidencia con los 5 271 votos que recibió para ser electo. Usó su cargo de presidente del congreso para promover un primer intento de vacancia en alianza con Keiko Fujimori, actualmente con prisión domiciliaria y lideresa del partido Fuerza Popular, investigado por lavado de activos en el marco de una organización criminal”. 

La CPDE, en su pronunciamiento, también llama la atención para el Congreso del país. “no perdonamos la irresponsabilidad de un Congreso insensible a los duelos e  incremento de la pobreza a consecuencia de la pandemia de la que es víctima el país y e mundo entero, al haber provocado la grave crisis política que atravesamos en estos momentos y ha cobrado ya dos injustas muertes”. 

>> Lee el pronunciamiento aquí.


Protestas: muerte y violencia

Según Pressenza, el golpe de Estado en Perú ha movilizado los jóvenes de Perú, que están realizando protestas diarias en todo el territorio y contra el gobierno del nuevo mandatario Manuel Merino, quien se ha convertido en uno de los políticos más impopulares del país, tras haber orquestado la destitución de Vizcarra desde el Parlamento.

En respuesta, hubo represión policial que resultó en dos muertes y heridos. En carta publicada hoy, 15 de noviembre, la  Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER) condena “CONDENA enérgicamente el asesinato de dos ciudadanos peruanos producto de la represión policial extrema contra la ciudadanía que reclama en las calles y plazas la renuncia del señor Manuel Merino nombrado presidente a través de un golpe parlamentario. La actuación de las fuerzas del orden ha dejado además un centenar de heridos, incluidos periodistas, sin que las autoridades del nuevo gobierno hagan algo por detenerlo pese a la preocupación advertida en días anteriores por el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en América del Sur”.

Para ALER, lo que ocurre en Perú es la consecuencia de una actuación irresponsable del Congreso Nacional que en medio de una grave crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19, y con elecciones generales ya convocadas para abril del 2021, vacó al Presidente Vizcarra, valiéndose del artículo 113, inciso 2, que refiere incapacidad moral permanente. Presuntos actos de corrupción en las que habría incurrido el depuesto mandatario sirvieron como argumento para vacarlo por un Congreso desprestigiado, pues 68 de sus 130 miembros están implicados en investigaciones judiciales.

“Frente a los lamentables hechos ocurridos en las últimas horas, ALER exige el respeto a la vida de todos los peruanos y peruanas, al tiempo de recordar que la protesta ciudadana es un derecho reconocido por la Constitución Política del Perú; como también, el derecho a la libertad de expresión, de prensa y a la movilización pública pacífica”, afirma la Asociación en nota.

>> Lee la nota aquí. 

El Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe  también publicó en su página del facebook una nota de repudio exigiendo la inmediata renuncia de Merino. “Muertes y varios heridos enlutan a nuestro país. Es el costo de la insurgencia de los pueblos frente al golpe de Estado institucional que nos quieren seguir imponiendo, es el costo por la dignidad que no puede quedar impune”, se dice en el documento. 

La nota solicita la inmediata respuesta a los responsables de estos asesinatos, al gobierno golpista de Manuel Merino, al Primer Ministro, al Ministro del Interior y al comando que estuvo a cargo de las operaciones.

“Exigimos la renuncia de Manuel Merino, y la instalación de un gobierno popular de transición que posibilite los mecanismos necesarios para resolver esta situación de caos que de ninguna manera podrá resolverse reemplazando a Merino por otro congresista servidor del régimen golpista, que sólo busca mantener las medidas neoliberales que se profundizan cada día, y que niega los mínimos derechos a millones de compatriotas”

>> Lee el texto completo.

 


Foto: Chandan Khanna/AFP

Haití: Reagrupación Educación para Todos y Todas de Haití denuncia persecución y represión a sindicatos docentes

8 de octubre de 2020

“La REPT condena enérgicamente la persecución y represión de docentes y sindicatos de docentes y los actos de brutalidad policial contra estudiantes que protestan para exigir que el Estado respete sus derechos”, afirma en una carta pública la Reagrupación Educación para Todos y Todas de Haití (REPT). 

En el documento, que fue publicado el 16 de septiembre, REPT también denuncia actos de brutalidad policial perpetrados contra estudiantes durante las movilizaciones para exigir el respeto de sus derechos.

“Las demandas de los sindicatos de profesores y estudiantes son justas. La Constitución reconoce que todos los ciudadanos y ciudadanas pueden manifestarse por sus demandas y garantiza que el Estado haitiano escuche su voz y respete sus derechos. Es un abuso, una violación de los derechos humanos y de su integridad cuando la policía les impide manifestarse. La policía debe proteger y servir en lugar de reprimir”, señala la REPT.

La organización también cuestiona el motivo por el cual las autoridades no están pensando en solucionar el problema en lugar de promoverlo. “¿Por qué no buscar un compromiso con los sindicatos para que los profesores puedan ir a trabajar? ¿Por qué el estado obliga a los y las estudiantes a manifestarse en las calles para exigir maestros y maestras en las aulas? Esto demuestra que estamos en un país que no se rige por un sistema educativo cada vez más distorsionado y que necesita un respiro”.

Sistema educativo

La REPT llama la atención de las autoridades sobre el mal funcionamiento del sistema educativo. “Hoy, se ve al ministerio pidiendo a las escuelas que ‘salven’ un año escolar en solo dos meses, mientras que otra categoría de escuelas ya ha comenzado el nuevo año escolar 2020-2021. Esto muestra claramente que el sistema educativo no tiene realmente un compromiso con la igualdad, tampoco con la equidad”, se afirma en el documento.

La carta pública también demanda al Estado haitiano un sistema educativo público y gratuito más amplio, visto que más del 80 por ciento de los niños, niñas y jóvenes están en las escuelas privadas, según el informe del censo realizado por el Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional (MENFP).

“Debe haber un compromiso claro para desarrollar escuelas públicas con buenos planes de estudio, buenos maestros y maestras y buenas condiciones de trabajo y de vida, buenos materiales e infraestructura. Una vez más, la REPT hace un llamado al MENFP a hacer lo necesario para facilitar las negociaciones con los sindicatos de docentes. El Estado tiene la responsabilidad de negociar para que la situación no se deteriore más, para que los niños y niñas puedan sentarse en clase con los docentes a aprender”, se afirma en la carta.


>> Lee la carta publicada por la REPT (versión en francés)


Foto: Pressenza.com

Congreso Mundial de Educación condena privatización educativa

1 de octubre de 2020

Este I Congreso Mundial de Educación: en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo acuerda en condenar de manera firme y contundente este nuevo modelo de privatización educativa que se intenta imponer en el marco de la pandemia del COVID-19. Por ello, se insta a los gobiernos, a que en el periodo que aún resta de la pandemia se garantice el acceso universal y gratuito al internet y los planes de datos, así como la dotación de equipos de computación a docentes y estudiantes” se afirma en el primer punto de la Declaración final del I Congreso Mundial en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo, realizado de 25 a 27 de septiembre de este año.

El encuentro reunió miles de educadores, educadoras, activistas, estudiantes e interesados en el tema del derecho a la educación para reflexionar sobre el neoliberalismo en todas sus formas y expresiones a fin de avanzar en el establecimiento de una Coordinadora Internacional de los y las Trabajadores de la Educación (CITE), como espacio permanente de diálogo, encuentro y organizaciones de quienes luchamos en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo.

A continuación, lee algunas de las resoluciones tomadas durante el encuentro.

Movimiento pedagógico en la construcción de resistencias gremiales y sindicales

El I Congreso Mundial por la Defensa de la Educación Pública y la Defensa contra el Neoliberalismo Educativo invita a los maestros y maestras del mundo a organizar colectivos en cada centro educativo y en cada espacio de trabajo para hacer de la pedagogía un asunto político central para enfrentar el capitalismo cognitivo desde los territorios y desde cada práctica según las particularidades de los contextos.

De igual manera, convoca a las organizaciones y movimientos ligados a la educación que den lugar en sus estructuras a estas formas de lucha con especificidad pedagógica, y que promuevan el más amplio movimiento internacional de las posiciones críticas convocando a toda la sociedad y concientizándola de que la educación es un asunto de todas-os para construir una escuela que haga real una educación pública, democrática, científica y popular”.


La paz en Colombia es una garantía para la paz en la región

Colombia ha sufrido una crisis humanitaria que se expresa en lo ocurrido en el año 2020 en el cual se han perpetrado 63 masacres en las que se han asesinado 252 personas, entre ellos 215 líderes y lideresas sociales indígenas, afros, campesinos, juveniles, sindicales y defensores de DDHH y 43 firmantes del acuerdo de paz de La Habana.

“Este congreso expresa también su plena solidaridad con el pueblo colombiano que hoy sale a las calles a exigir el respeto por la vida, por la libertad de expresión y por la supervivencia. Nos corresponde a las y los de abajo, juntar fuerzas e iniciativas para superar desde nuestra imaginación, creatividad y resistencia, este momento aciago que vive la humanidad y que no se superará por vía del capitalismo depredador neoliberal”, se afirma en el documento final del congreso.

Desde el campo de la educación, el congreso también denunció los fuertes estragos que ha generado en el sistema educativo nacional, la desfinanciación sistemática, enmarcada en la doctrina neoliberal de privatización y recorte de las responsabilidades del Estado. Este elemento es generador de más violencia, de mayor desigualdad entre las colombianas y los colombianos y no permite que por el suelo del país hermano, transite la paz, la vida digna, el respeto por la diferencia.

“Respaldamos la lucha de FECODE por hacer de la Escuela Territorio de Paz, para que se garantice una educación con condiciones dignas, donde se garantice la libertad de catedra, de pensamiento e investigación y la justicia social. No puede haber paz, sin garantías para la vida, sin respeto por la diferencia, sin unas políticas de gobierno que favorezcan a las mayorías empobrecidas, sin verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición de los crímenes en el marco del agudo conflicto social y armado que no cesa; por ello desde el congreso mundial de educación elevamos la alerta sobre la situación de Colombia para que podamos hacer efectiva nuestra solidaridad en estos momentos y en el futuro” se dice en el documento.


Condena y repudio al Bloqueo norteamericano contra Cuba

En embargo de Estados Unidos a Cuba también fue tema de debate del congreso. Participantes del encuentro denunciaron el hecho de que Estados Unidos haya presionado para que el gobierno de la isla no pudiera acceder a respiradores artificiales y otros insumos necesarios para superar la contingencia el COVID-19.

La isla también fue destaque sobre el tema de la educación. “Cuba prueba cada día que la escuela solidaria debe nacer de una sociedad solidaria y que la sociedad solidaria debe nacer de una escuela tal. Esa es la verdadera dialéctica de la educación a la que aspiramos: gobiernos liberadores y escuelas descolonizadas. Cuba lo ha logrado y no merece que el imperialismo entorpezca su desarrollo con medidas carentes de todo valor ético e irresponsables con la vida humana.


Desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa

La desaparición forzada de los 43 jóvenes, aspirantes a maestros, en de Ayotzinapa (México) fue otro tema presente en el congreso, que exigió del Estado mexicano la presentación con vida de los normalistas desaparecidos y demandó a todos los niveles de gobierno castigo a los culpables materiales e intelectuales.

“Exhortamos a todos los asistentes a este primer congreso a difundir ampliamente la lucha de los padres y madres de los 43 y ratificamos nuestro apoyo incondicional a la lucha ejemplar emprendida por el Comité de Padres y Madres de los 43 y organizaciones hermanas”, se afimar en el documento final del evento.


Renta básica universal

“Más que definiciones generales que demandan cambios imaginarios sobre las condiciones de vida de la población, desde este Congreso Mundial de educadores y educadoras de todo el mundo asumimos el compromiso de la lucha por la distribución del ingreso y de la riqueza que se explicita en la demanda por una Renta Básica Universal, RBU”, se afirma en el documento final del encuentro.

Para el congreso, es importante no solo combatir la pobreza y la desigualdad, sino terminar con la explotación y el saqueo, defender el metabolismo social y natural en beneficio de las actuales y futuras generaciones.


>> Lee todas las resoluciones construídas en el marco del Congreso Internacional


Estudiantes de América Latina y el Caribe discuten sobre criminalización y violencia

13 de septiembre de 2020

Para reflexionar sobre el creciente proceso de militarización y represión a estudiantes y educadoras y educadores como respuesta a la protesta social en América Latina, adolescentes y jóvenes de la región se reunirán para realizar el segundo encuentro latinoamericano estudiantil. 

El evento tuvo lugar el 12 de septiembre  y fue transmitido en la página de Facebook de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE).

Mira la grabación del encuentro:

ENCUENTROS LATINOAMERICANOS ESTUDIANTILES CRIMINALIZACIÓN Y VIOLENCIA SOCIAL EN LA REGIÓN

ENCUENTROS LATINOAMERICANOS ESTUDIANTILES CRIMINALIZACIÓN Y VIOLENCIA SOCIAL EN LA REGIÓN

Posted by CLADE – Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación on Saturday, September 12, 2020

 


Ciclo de encuentros

Con el objetivo de reflexionar sobre los impactos de la crisis sanitaria en la cotidianidad educativa de las y los jóvenes de América Latina y el Caribe, el ciclo incluye tres encuentros, además de la apertura. En agosto fueron realizados la apertura y el primer encuentro, el 6 y 12, respectivamente, y además de este segundo encuentro, está prevista la realización de un último en octubre. 

La iniciativa es de la CLADE y siete foros que componen su membresía: la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE), el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile, la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE), la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE), la Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM) y la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE), además del Movimiento Estudiantil de Latinoamérica y el Caribe (MELAC).


Foto: Pxhere.com

Colombia: Organizaciones denuncian masacre de niños, niñas y jóvenes

20 de agosto de 2020

Ante el contexto de extrema violencia vivida en Colombia, con los asesinatos y masacres que se están cometiendo contra niños, niñas y jóvenes en diferentes regiones del país, la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación y más de 90 organizaciones sociales, educadoras, educadores, y activistas del país y de América Latina y el Caribe publicaron esta semana un comunicado denunciando los crímenes y exigiendo justicia y esclarecimiento de los hechos.

El documento denuncia los asesinatos de 21 adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios cuyos casos todavía no están resueltos y sus respectivos culpables siguen impunes. Según el documento, “el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registra 183 personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos asesinadas en lo que va del año 2020”.

“Requerimos al Estado colombiano ejercer el monopolio de la fuerza para desmantelar y desarticular los grupos criminales que han tomado los territorios, violentan y masacran las comunidades de nuestro país”, se afirma en el comunicado.

Las organizaciones que firman el documento también instan al Estado colombiano “a respetar e implementar los acuerdos de paz en los territorios y a generar medidas de protección para quienes se encuentran en peligro de muerte, en especial para las personas en procesos de reincorporación social, a las comunidades indígenas y afrodescendientes, a las y los líderes sociales y defensoras/es de Derechos Humanos”.


>> Documento completo: Comunicado Urgente por la vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes


Foto: Unicef-Bolivia

CLADE rechaza resolución del gobierno boliviano que clausura el año escolar en el país

6 de agosto de 2020

Ante el anuncio del gobierno transitorio del Estado Plurinacional de Bolivia el último domingo, 2 de agosto, de dar por finalizado el ciclo escolar 2020 en todos los niveles y modalidades del sistema educativo del país, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) publicó hoy, 5 de agosto, un pronunciamiento en rechazo de esta medida gubernamental. 

Para la CLADE, la medida constituye una violación del derecho a la educación y de otros derechos fundamentales de casi tres millones de estudiantes, y tiende a profundizar las desigualdades y discriminaciones ya presentes en el país, impactando especialmente a los grupos más vulnerables, como niñas y niños más pequeños, adolescentes, mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, personas con discapacidad, campesinas y campesinos, así como amplifica las desigualdades entre los sistemas educativos público y privado. 

CLADE: “Momentos como los que estamos viviendo exigen, más que nunca, un diálogo horizontal entre los distintos actores y el compromiso con el fortalecimiento de los Estados y de los sistemas públicos, gratuitos, universales, inclusivos, laicos, de educación, salud y protección social, así como la adopción de políticas intersectoriales, que reconozcan la indivisibilidad de los derechos humanos”

El posicionamiento respalda el pronunciamiento de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE), publicado ayer, que exige la derogación de la resolución y exhorta al gobierno transitorio a asumir su rol de garante del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de Bolivia, en consecución de la Constitución Política del Estado.

En el documento, la CLADE recuerda que “momentos como los que estamos viviendo exigen, más que nunca, un diálogo horizontal entre los distintos actores y el compromiso con el fortalecimiento de los Estados y de los sistemas públicos, gratuitos, universales, inclusivos, laicos, de educación, salud y protección social, así como la adopción de políticas intersectoriales, que reconozcan la indivisibilidad de los derechos humanos”. 

Para la Campaña Boliviana, las consecuencias más preocupantes de la medida serán el rezago educativo, la deserción escolar, la ruptura de la continuidad de los estudios, la exclusión social y la discriminación. En su pronunciamiento, la CBDE demanda que el Ministerio de Educación del país convoque a todas las organizaciones y sectores sociales educativos para consensuar y asumir de manera responsable y urgente un Plan de Contingencia Educativa, exigido desde el inicio de la pandemia.


>> Pronunciamiento Público – Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación

>> Pronunciamiento Público – Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación


Foto: Piensa Prensa Alternativa

Informe: “La crisis estructural del sistema educativo en Chile está lejos de garantizar el derecho a la educación”

23 de julio de 2020

“No hay institución en Chile que realice un seguimiento de las vulneraciones de los derechos humanos en la educación. Las organizaciones de derechos humanos se encuentran precarizadas y no logran dar cuenta de lo que está ocurriendo en nuestras escuelas y liceos”. Esto afirmaron organizaciones y actores educativos durante el encuentro de la Mesa de Seguimiento de las vulneraciones al Derecho a la Educación, cuyos debates, reflexiones y recomendaciones fueron sistematizados en el informe “Derechos Humanos y Educación”. Mesa Seguimiento al Derecho a, de y desde la Educación en Chile, publicado en junio de este año. 

Formada por organizaciones como la Red contra la represión a estudiantes y el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile (FODEP), la Mesa de Seguimiento a las vulneraciones al Derecho a la Educación tiene el objetivo de monitorear las múltiples vulneraciones del derecho en las comunidades educativas, particularmente después del 18 de octubre de 2019, día del estallido social y posterior revuelta popular en Chile, donde toda forma de protesta social, particularmente en escuelas y liceos, se vio afectada por mayores medidas de represión y persecución. 

Con análisis de entrevistas con especialistas y actores educativos, de información de medios de prensa y redes sociales y de datos de la Superintendencia de Educación, el informe afirma que la crisis estructural del sistema educativo en Chile está lejos de garantizar el derecho a, en y desde la educación. “A partir de este informe se puede dar cuenta de una vulneración diversa y sistemática desde la institucionalidad que ha impactado transversalmente a las comunidades educativas”, se sostiene en el texto.

El documento también presenta un diagnóstico de que el sistema educativo chileno actúa bajo una lógica autoritaria. “Esto impacta negativamente a las comunidades educativas, ya que no existen espacios de participación en la toma de decisiones en temas fundamentales, tales como: la convivencia escolar, el financiamiento, el currículum, la gestión y administración de un espacio educativo. En consecuencia, no existe una participación efectiva de la comunidad educativa, clave para el ejercicio pleno de un derecho humano fundamental como es la educación”.

>> Informe sobre Derechos Humanos y Educación – Mesa de Seguimiento (2020)