“Aprender para una paz duradera” es el llamado de la Campaña Mundial por la Educación en el Día Internacional de la Educación
24 de enero de 2024En el marco del Día Internacional de la Educación, la Campaña Mundial por la Educación hace un llamado a aprender para una paz duradera, que se reconozca y proteja la dignidad e igualdad de todas personas, especialmente resistiendo ante la escala planetaria de conflictos sociales, políticos y militares. “La paz duradera será posible con justicia social”, se afirma en la declaración.
La declaración completa a continuación:
La Campaña Mundial por la Educación se une a las celebraciones del Día Internacional de la Educación 2024, reconociendo el fracaso histórico de los Estados y de la comunidad internacional a la hora de garantizar todas las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, en particular la meta 7: «Para 2030, velar por que todos los educandos adquieran los conocimientos y aptitudes necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y modos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible».
La escalada de conflictos sociales, políticos y militares en todas las regiones del mundo es significativa y parece que la búsqueda de la paz no es el tema principal de la agenda de resolución de conflictos. En consecuencia, se siguen perdiendo vidas de niños y mujeres, pero no sólo, de forma dramática e impune, sin lograr avances significativos, o peor aún, retrocesos, en la búsqueda de una paz duradera.
Detrás de muchos de estos conflictos persisten desacuerdos geopolíticos, pero en la mayoría de los casos, la guerra también se inflama por el racismo, la intolerancia y muchas otras formas violentas y sutiles de discriminación. Estamos convencidos de que no se alcanzará una paz duradera sin justicia. Los sistemas de justicia deben trabajar por la paz. Igualmente importante es que los sistemas educativos promuevan una ciudadanía mundial que reconozca y proteja la dignidad y la igualdad intrínseca de los seres humanos y el derecho inalienable de las personas a la autodeterminación.
Los esfuerzos por la paz mundial deben abarcar también la necesidad de moderar la voracidad comercial, que se ceba en los ecosistemas, y poner límites urgentes a la fabricación y el comercio de armas, evidenciando así el doble rasero de los gobiernos que se enriquecen con la venta de armas mientras comparten discursos retóricos sobre la paz.
La Campaña Mundial por la Educación considera que la sensibilización de la opinión pública y el apoyo político son cruciales para la introducción de la educación para la paz y el aprendizaje de los derechos humanos en todos los niveles y modalidades educativos, incluida la educación no formal, la formación de adultos y la formación permanente, la formación del profesorado y el desarrollo de capacidades.
La contribución de la sociedad civil a la agenda de la educación transformadora debe seguir contando con el mejor auspicio de los gobiernos, teniendo en cuenta que los acuerdos adquiridos en la Cumbre de la Educación Transformadora se corresponden con las obligaciones vinculantes establecidas por el derecho internacional de los derechos humanos.
La CME lamenta profundamente que la educación quede fuera del programa de la próxima Cumbre del Futuro, ya que estamos convencidos de que ninguno de sus objetivos podrá alcanzarse si no se abordan con decisión la educación y el aprendizaje permanente.
Los paradigmas no cambian por arte de magia, y mucho menos puede hacerlo el curso de explotación, guerra y desigualdad que muchos países siguen experimentando y el mundo presenciando. Si la comunidad internacional no redobla sus esfuerzos para hacer de la educación un instrumento de aprendizaje de los derechos humanos, del respeto a la diversidad y de la paz como forma de vida.
El alcance y los planteamientos propuestos para la Cumbre del Futuro deben incluir las transformaciones educativas, incluido el papel docente en la construcción de una paz duradera. Sólo así se garantiza la construcción de un cambio duradero, porque la paz no se consigue exhortando, sino con el ejemplo.
La CME anima a todos los gobiernos y a la comunidad internacional a emprender acciones decisivas para la plena implementación del ODS 4.7 e incluye a la sociedad civil y a las organizaciones de docentes y estudiantes para dar forma a la agenda urgente que el mundo necesita.
Lee la declaración en español e inglés.
Traducción al español gracia a la Agencia Pressenza
Venezuela: más de 650 días sin aumento salarial, el magisterio vuelve a las calles
10 de enero de 2024
Desde el lunes 08 de enero de 2024, luego del periodo vacacional decembrino, en Venezuela se espera poder dar inicio al periodo escolar para quienes están cursando estudios en educación inicial, básica, media y media Técnica, así como la continuidad de formación en la educación superior. Sin embargo, el retorno se encuentra difuso ante el llamado a las movilizaciones ciudadanas nacionales por parte de la base magisterial que llaman la atención sobre la delicada situación económica que viven las trabajadoras y los trabajadores activos, las y los jubilados, las y los pensionados y el resto de la administración pública, quienes cerraron el 2023 con 441 jornadas de reclamos con exigencia de derechos laborales, según datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y, que se encuentran sin respuesta por parte del Estado Patrono. Esta situación viene aconteciendo desde el 15 de marzo de 2022, fecha del último incremento decretado por el gobierno de Nicolás Maduro, donde estableció, para ese entonces, un sueldo mensual de 130 bolívares que equivalía a 30 dólares, acompañado de un discurso prometedor de la recuperación gradual del poder adquisitivo.
A pesar que a inicio del año 2024 el presidente y voceros del gobierno han informado que “la economía de Venezuela creció en el 2023 un 4.5% como lo pronosticó la Cepal”, hoy se han acumulado más de 650 días sin mejoras significativas, por el contrario, el salario mínimo para las y los jubilados y pensionados se ubica en 3,62 dólares mensuales, mientras que, para las y los trabajadores activos oscila entre 5, 12 y 40 dólares dependiendo de la ubicación en la tabla de pagos por conceptos de mejoramiento profesional o de clasificación. Todo esto ha ocurrido en medio de un contexto inflacionario en el que los precios siguen aumentando tanto en bolívares como en divisas, lo que frustra aún más a las y los trabajadores que ven cómo, a diario, pueden cumplir menos con la posibilidad de alimentarse, vestirse, comprar medicamentos, cuidar de su salud y tener momentos de esparcimiento como parte de una vida saludable.
Por tanto, con una agenda de levantamiento de voz, este martes 09 de enero, las y los trabajadores de escuelas públicas volvieron a las calles en exigencia de demandas económicas, la firma de un nuevo contrato colectivo para sustituir el que está vencido desde hace cuatro años, el pago de deudas pendientes, la restitución de la Cobertura del Seguro Médico Asistencial (HCM), la eliminación del instructivo Onapre, mejores condiciones laborales y el rechazo a una bonificación que no tiene repercusión en pasivos laborales al carecer del carácter salarial afectando a más de 4 millones trabajadoras y trabajadores de la administración pública.
Para el 10, 11 y 12 del mes presente, el magisterio barinés decretó paro de 72 horas, mientras que el 15 de enero, fecha en la que conmemora el Día del Maestro, sigue el llamado a continuar en todo el territorio nacional con la agenda de reclamos y lucha para recuperar la calidad de vida de las personas que conforman todos los gremios. También se estima que se dé a conocer la ruta de acciones a posterior.
Campaña brasileña participará de Comisión para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Brasil
15 de noviembre de 2023La Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación ha sido elegida para formar parte de la Comisión para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CNODS) del gobierno del país. Las convocatorias de selección recibieron un total de 130 candidaturas para 42 plazas en cinco categorías diferentes.
Seleccionada en primer lugar en la categoría de políticas públicas, la cual está conformada por “organizaciones de la sociedad civil (OSC), redes y movimientos sociales que trabajan directamente en la implementación de políticas públicas establecidas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, la Campaña actúa hace años en la lucha por el cumplimiento de la Agenda 2030.
Además de incidir hace varios años en el Foro Político de Alto Nivel de la ONU, al defender el derecho humano a la educación, la Campaña Brasileña integra el Grupo de Trabajo de la Agenda 2030 y coordina el capítulo de educación del Informe Luz sobre la Agenda 2030 en Brasil, documento que hace un análisis sobre la implementación de los ODSs en el país y presenta lo que es necesario para que se cumpla el compromiso que Brasil ha firmado junto a la ONU para que las metas globales sean alcanzadas hasta 2030.
Lee la nota completa en portugués: Campanha é selecionada para compor a Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (CNODS)
Red Sin Fronteras: 15 años por el derecho a migrar en América Latina
10 de noviembre de 2023“El modelo económico impuesto a América Latina y el Caribe es el causante de la actual situación económica y social que afecta al continente. Lo que la convirtió en la región del mundo que acoge el mayor número per cápita de personas desplazadas, refugiadas, demandantes de asilo o apátridas: 20 millones, una quinta parte del total mundial; y generó que las condiciones de vida de las personas migrantes sean cada vez más críticas por la falta de acceso a las políticas sociales, producto de un sistema desigual y excluyente, donde la pandemia exacerbó las vulnerabilidades”, se afirma en la Declaración Final de la Asamblea 15 Años de la Red Sin Fronteras, enviada el 8 de noviembre del presente año al Departamento de Migraciones del Ministerio de Justicia de Brasil.
El documento fue elaborado a lo largo de los dos días de realización de la Asamblea, el 7 y 8 de noviembre, y presenta el contexto de movilidad humana actual, destacando los principales avances y desafíos para garantizar los derechos y la ciudadanía de las personas migrantes.
“En el último quinquenio hubo diverso avances de los cuales destaco cuatro: el Pacto Mundial para la Migración [primer acuerdo de las Naciones Unidas negociado a nivel intergubernamental sobre un enfoque común para gestionar la migración internacional], la Cumbre regional entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC), puesta en marcha en julio y en cuya agenda consta por primera vez el tema migratorio, el Encuentro de Palenque [realizado en octubre y que abordó soluciones integrales al fenómeno migratorio en la región], y el surgimiento de la Alianza Américas,[organización en red transnacional enraizada en las comunidades inmigrantes latinas en los Estados Unidos-Centroamérica]”, explica Aída García Naranjo, presidenta de la Red Sin Fronteras.
La Declaración también cita la importancia de los “Principios para una ciudad acogedora”, que tiene como punto de partida un enfoque de derechos integrales, indivisibles, interdependientes, irrenunciables y progresivos, para ejercer plenamente el derecho a migrar y a migrar con derechos. “Nuestra visita a Brasil fue fundamental porque vemos que la iniciativa que se toma a nivel gubernamental de lo que representa la Red de Ciudades Acogedoras en el país, que es de una envergadura mayor, con la articulación de 700 ciudades brasileñas”.
A través de la carta, la Red Sin Fronteras también llama la atención hacia el crecimiento de la crisis migratoria. “El peso de la atención a la emergencia humanitaria se sobrepone frente a la atención de las causas estructurales. Medidas como vacunas, acceso a casas de acogida o viviendas, flexibilización de documentación y permisos de residencia o generalización de asilos y otras respuestas han sido coordinadas en varios países, con apoyo de los organismos internacionales, atendiendo a diferentes poblaciones, sin embargo, de manera deficiente, con un enfoque asistencialista dirigido a las necesidades y no a la garantía de derechos”, argumenta la carta.
> Lee la Declaración Final de la Asamblea 15 Años de la Red Sin Fronteras
La migración no es un problema, sino un derecho
La Declaración Final fue elaborada durante la “Asamblea 15 años” con el objetivo de celebrar la trayectoria de lucha por la promoción de los derechos humanos y la defensa de las personas migrantes y refugiadas, reflexionar sobre el contexto actual de migración en América Latina y el Caribe, Portugal, España y Francia y trazar un plan estratégico para los próximos años.
Patricia Gainza, del Consejo Internacional de la Red Sin Fronteras, explica que la situación de movilidad humana en América Latina y el Caribe en términos de derechos humanos ha retrocedido. “Hace 15 años había una tendencia de nuestros gobiernos a generar un ambiente mucho más propenso para la población inmigrante, respetuoso de los derechos. Fue una década en que se cambiaron muchas leyes en Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil – con el Estatuto do Estrangeiro [Estatuto del Extranjero] – y en muchos otros países. Ahora estamos enredados en una situación con fronteras cerradas, conflictos serios en diferentes fronteras”, afirma.
Desde 2008, la Red Sin Fronteras ha actuado en la promoción de derechos humanos, en la defensa de las personas migrantes y refugiadas, en su integración y garantía del derecho a la ciudadanía universal, a partir de la construcción de alianzas entre movimientos sociales y autoridades, de la articulación de la diáspora latinoamericana, de la defensa de políticas de cooperación entre los pueblos, por un desarrollo sostenible, de la superación de asimetrías, por el derecho a migrar y a migrar con derechos.
Más información: Red Sin Fronteras
Lee la declaración final
CLADE se suma al llamado de más de 200 organizaciones por una Convención fiscal en la ONU
9 de noviembre de 2023La lectura sobre la situación económica de América Latina y El Caribe con frecuencia se basa en la afirmación de la reducción de recursos públicos para inversión social, especialmente en el campo del derecho a la educación. El origen de esta situación responde a una baja recaudación tributaria, ocasionada por prácticas de evasión y elusión fiscal de megacorporaciones, así como la reaparición de las políticas de austeridad.
En este escenario, un sistema tributario justo es la base de una sociedad inclusiva y democrática según especialistas. Por ello, la justicia fiscal se transforma en condición necesaria para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y de la superación de las desigualdades.
Voces se suman al llamado en el escenario global
Ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), por iniciativa del Grupo Africano se expone la propuesta para la creación de una convención que trabaje la fiscalidad global para modernizarla y hacerla más equitativa. La moción ha sido suscrita y respaldada por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) junto a más de 200 organizaciones y sindicatos de ámbitos nacionales, regionales e internacionales.
Las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos firmantes de la carta pública dirigida a representantes gubernamentales e integrantes de la ONU expresan que “apoyamos firmemente y acogemos con beneplácito el proyecto de resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la promoción de una cooperación fiscal internacional inclusiva y eficaz”.
Solicitud para la apertura de un comité intergubernamental
En el Informe sobre el estado de la justicia fiscal presentado por Tax Justice Network en 2023, se estima que el abuso fiscal internacional representa para los países un total de 480.000 millones de dólares en ingresos fiscales perdidos cada año. En consecuencia, la cooperación fiscal internacional toma un sentido clave en una economía cada vez más digitalizada y globalizada recobrando una urgencia impostergable para que la Convención tome una prioridad alta en las agendas globales.
Entre las solicitudes de la sociedad civil se menciona el establecimiento de un comité intergubernamental especial de composición abierta dirigido por los Estados Miembros para elaborar una convención fiscal general de las Naciones Unidas que considere el enfoque integral incluidos los flujos financieros ilícitos relacionados con los impuestos y la tributación de la prestación de servicios transfronterizos.
El comunicado de la sociedad civil reitera que la justicia fiscal “no puede basarse en directrices y marcos voluntarios (…) los sistemas tributarios justos, eficaces y transparentes son un elemento central de la democracia y vitales para garantizar la justicia económica, social y ambiental”.
Lee la Carta de apoyo Convención Fiscal ONU
Semana por la #EducaciónConJusticiaFiscal empieza el 13 de noviembre
8 de noviembre de 2023América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo. Según la UNESCO, el 10% más rico tiene el 30% del ingreso total, mientras que el 20% más pobre tiene el 6%. En la región, aseguran especialistas, una de las principales razones de los altos índices de desigualdad se debe a que su sistema tributario posibilita la evasión de impuestos y es absolutamente regresivo, colocando la carga impositiva en los sectores más vulnerables, es decir gravando el consumo y no el patrimonio.
Justicia fiscal para enfrentar las desigualdades
El contexto desigual también genera consecuencias sobre la educación pública,de los más de 120 millones de estudiantes en América Latina y el Caribe, 47% no llegan a finalizar la secundaria. Si hubiera una política fiscal justa que cobrara las grandes riquezas no declaradas y los impuestos de la propiedad por un lado, así como acabar con el abuso de las empresas y corporaciones multinacionales por el otro, la inversión educativa podría cuadruplicarse en la región, afirman especialistas.
Para transformar el contexto de desigualdades y no garantía del derecho humano a la educación, activistas, organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, docentes y trabajadoras/es de la educación en América Latina y el Caribe realizarán, del 13 al 19 de noviembre de este 2023, la movilización continental en la Semana por la #EducaciónConJusticiaFiscal.
La iniciativa es parte del proyecto Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación y busca llamar la atención de autoridades y de la sociedad civil para la importancia de una recaudación tributaria justa, a fin de garantizar el financiamiento público de la educación a través de la producción y difusión de información sobre el tema: videos, infografías, informes, canciones y programas que destaquen el contexto y las demandas por un financiamiento público a partir de un sistema justo de tributación como parte de esta gran movilización que también contará con un twitazo por la #EducaciónConJusticiaFiscal.
Twitazo por la Educación con Justicia Fiscal
¿Dónde están los recursos para la educación? ¿Cuánto del financiamiento público para la educación podría aumentar si hubiera justicia fiscal en América Latina y el Caribe? Estas y otras cuestiones serán presentadas durante el twitazo por la #EducaciónConJusticiaFiscal que se llevará a cabo el 16 de noviembre, a las 12:00 (Hora de Argentina). ¡Participa!
Lee más: Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación
La CLADE respalda a la Coalición Panameña por el Derecho a la Educación y exige el cese a la criminalización de la protesta social
7 de noviembre de 2023
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)
respalda a la
Coalición Panameña por el Derecho a la Educación
y exige el cese a la criminalización de la protesta social
La CLADE repudia la reciente detención arbitraria del coordinador nacional de la Coalición Panameña por el Derecho a la Educación y dirigente de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, Diógenes Sánchez.
Diógenes fue detenido arbitrariamente y fue víctima del uso ilegítimo de la fuerza a consecuencia de haber ejercido su derecho a la protesta para defender los derechos humanos del pueblo panameño ante las graves amenazas y violaciones que implican los modelos de desarrollo extractivistas. El pueblo organizado con el respaldo de la sociedad civil de Latinoamérica y el Caribe, exige que el gobierno nacional de Panamá rechace la minería a cielo abierto y detenga la operación actual y eventual de las empresas que lucran con esta actividad.
La CLADE exige el cese de la represión al ejercicio al derecho humano a la protesta de la ciudadanía y del gremio docente, alto a las detenciones arbitrarias en diferentes partes del país y la pronta liberación de los presos de conciencia que defienden su territorio y la libre autodeterminación de los pueblos.
La CLADE rechaza cualquier tipo de represalias jurídicas, políticas o administrativas en contra de Diógenes, actualmente en libertad.
La CLADE, exhorta a las autoridades competentes a que garanticen el derecho humano a la protesta, investigue y sancione a los responsables de la represión y se apegue a los estándares internacionales de derechos humanos, y asimismo atienda y resuelva las demandas de la Coalición Panameña por el Derecho a la Educación.
Descarga el pronunciamiento.
El derecho humano a la educación solo se garantiza con justicia fiscal
8 de septiembre de 2023Concentración de la riqueza y mantenimiento de la pobreza. Para cambiar este escenario, que ha estado presente en América Latina y el Caribe en los últimos tiempos, hay que garantizar los derechos humanos, entre ellos la educación. Para eso, es fundamental asegurar un sistema tributario justo, afirman especialistas y autoridades presentes en el Taller Regional-Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación”, que se realiza el 8 y 9 de septiembre en Santiago, Chile.
Nelsy Lizarazo: “En términos de ejercicio pleno del Derecho a la Educación, no basta con el acceso a la educación, es necesario invertir en calidad educativa”
El encuentro es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
“Han sido dos años de aprendizaje súper interesante, no solamente en asuntos técnicos, sino también en construcción de posición política y también en términos humanos”, dice Nelsy Lizarazo, coordinadora de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) durante la apertura del taller.
Según ella, en términos de ejercicio pleno del Derecho a la Educación, no basta con el acceso a la educación, es necesario invertir en calidad educativa. “Son necesarios cuatro criterios para tener en cuenta: el primero, la proporción dedicada a la educación debe de ser suficiente; el segundo, que ese presupuesto debe de ser del tamaño adecuado, que responda a las necesidades educativas del país, a sus brechas, a sus desigualdades; el tercero, presupuesto ser sensible a los grupos históricamente excluidos; y el cuarto, que el presupuesto sea transparente, construido, evaluado de forma participativamente con la ciudadanía.
Adrián Falco: “Para superar la pobreza, la desigualdad, para dar y garantizar derechos a toda la población y dar acceso a servicios públicos de calidad a toda la ciudadanía, para eso promovemos la #JusticiaFiscal”
Para Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad), la región latinoamericana y caribeña, mantiene 30% de pobreza y 19% de indigencia y, sin embargo, se concentra cada vez más la riqueza y los gobiernos dan cada vez más concesiones a los ricos y al gran capital. “Para superar la pobreza, la desigualdad, para dar y garantizar derechos a toda la población y dar acceso a servicios públicos de calidad a toda la ciudadanía, para eso promovemos la #JusticiaFiscal”, afirma.
Además de Nelsy Lizararo y Adrián Falco, el encuentro cuenta con la participación de Dereje Alemanyehu, de la Alianza Global por Justicia Fiscal -GATJ; Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación; Mariana Huepe, de CEPAL; de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
50 organizaciones de América Latina y el Caribe instan autoridades por un nuevo Pacto Fiscal para garantizar derechos humanos en la región
27 de julio de 2023Se busca la concreción de Consejo Consultivo Permanente de la sociedad civil que participe de las decisiones y acompañe las acciones de reformulación regional de los sistemas tributarios; la incorporación del enfoque de derechos humanos y del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) – entre ellos el 4, que trata de la educación – como principio para la creación y reformulación de los sistemas tributarios así como la implementación de reformas tributarias progresivas, que priorizarán los impuestos con potencial redistributivo y recaudatorio real. Estas son tres de las ocho recomendaciones que organizaciones y movimientos de la sociedad civil, entre ellas la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), presentaron hoy (27) a ministros y ministras de América Latina y el Caribe, a través de una carta.
Nelsy Lizarazo: “Desde nuestro lugar como CLADE, impulsar políticas fiscales progresivas con el horizonte puesto en el financiamiento suficiente para garantizar el derecho a la educación, en alianza con organizaciones de toda la región, es estratégico”
El documento fue entregado durante el primer día de realización de la Cumbre Ministerial para la región de América Latina y el Caribe hacia una tributación global incluyente, sostenible y equitativa, que se realiza del 27 al 28 de julio en Cartagena de las Indias, Colombia y tiene como objetivo reunir líderes de la región para definir la estructura de gobernanza de la nueva plataforma de cooperación tributaria y acordar las priorizaciones de los temas más apremiantes para la agenda de discusión regional y global; encontrar soluciones sostenibles que den al sistema tributario internacional la estabilidad y flexibilidad deseables para enfrentar el entorno cambiante de negocios y movilidad global.
“Esta primera cumbre regional no hubiera sido posible sin el impulso y los procesos participativos de organizaciones sociales y academia, en diálogo con gobiernos que han sabido escuchar y convocar. Las recomendaciones que estamos entregando son el resultado de procesos de años desde el campo de las luchas sociales y conectan la política fiscal con los derechos humanos, la justicia social y económica, la equidad. Es el final de una primera etapa y el comienzo de un proceso en el que será necesario sostener el impulso. Desde nuestro lugar como CLADE, impulsar políticas fiscales progresivas con el horizonte puesto en el financiamiento suficiente para garantizar el derecho a la educación, en alianza con organizaciones de toda la región, es estratégico”, afirma Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE.
Proceso: reforma tributaria para la garantía de derechos
La carta con las recomendaciones presentada a ministras y ministros es resultado de un proceso de construcción colectiva entre movimientos, redes y organizaciones preocupados en establecer un sistema de política fiscal justo en la región para garantizar entre otros derechos, el derecho humano a la educación.
Bogotá (Colombia) y Ciudad de Panamá (Panamá) fueron las dos ciudades donde se realizaron encuentros, en mayo y junio de este año, respectivamente, para debatir y definir algunas de las principales preocupaciones y necesidades de la sociedad civil en términos de política fiscal.
Según las organizaciones, América Latina y el Caribe es la región con mayor desigualdad de riqueza del planeta, además de presentar altos niveles de pobreza, con más de 80 millones de personas viviendo en situación de pobreza extrema. “A pesar de esto, los países de la región no utilizan todo el potencial de la tributación para abordar estos problemas. Este escenario se contradice con los compromisos de derechos humanos ampliamente asumidos en la región, por fuera de otros complementarios como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, afirman las organizaciones en la carta entregada a las autoridades.
Con justicia fiscal, la región multiplicaría recursos para la educación pública
Uno de los derechos humanos más impactados por la falta de un sistema tributario justo en América Latina y el Caribe es la educación. Según el Informe Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación – Una mirada regional desde América Latina realizado en el marco del proyecto “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: diagnóstico, participación e incidencia desde América Latina y Caribe” liderado por LATINDADD, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe (RJFLAC) y la CLADE, la región gasta 3.8 veces menos por estudiante, ocupando el quinto lugar entre las siete regiones a nivel mundial.
Con justicia fiscal, a partir de la recuperación de los recursos perdidos por prácticas tributarias abusivas, de la incrementación de la recaudación de impuestos progresivos y priorizando los gastos de los presupuestos, es posible multiplicar los recursos disponibles para educación en la región a corto plazo.
“Se estima que alrededor de 5.6% del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe se pierde, tanto por la evasión como la elusión fiscal. La recuperación de ese dinero equivaldría al monto comprometido por nuestros países desde la Declaración de Incheon para avanzar en un financiamiento público adecuado de sistemas públicos de educación que garanticen el derecho para todos y todas a lo largo de toda la vida”, afirma Nelsy Lizarazo.
Colombia: una mirada creativa del paro nacional
8 de febrero de 2023El 28 de abril de 2021 se iniciaron movilizaciones populares, juveniles y estudiantiles en muchos puntos clave del territorio colombiano, muchas de ellas se sostuvieron por más de 2 meses en demanda de una agenda gubernamental que considerara las garantías de los derechos humanos.
Las reformas tributarias, de salud, así como el régimen de contratación laboral y de pensiones fueron los puntos iniciales que despertaron las movilizaciones sociales sostenidas entre abril y junio del año 2021 en Colombia.
Esta movilización popular pacífica es considerada la más grande de la historia reciente de Colombia, tanto a nivel nacional, como local y regional, agruparon el cansancio a las problemáticas acumuladas de precarización económica y desigualdades que la pandemia y su manejo mostró y amplificó. Durante el paro nacional se efectuaron a nivel nacional 7.415 concentraciones, 3.415 bloqueos de vías, 2.475 marchas, 678 movilizaciones y 40 asambleas populares.
La política de ajuste neoliberal impuesta por el entonces presidente Iván Duque, afectaba la subsistencia de las mayorías populares. Las movilizaciones sumaron demandas sobre la renta básica, equivalente a 1 salario mínimo mensual, la matrícula cero para el ingreso a universidades, la revisión de los tratados de libre comercio y el cumplimiento de acuerdos (suscritos con estudiantes universitarios, comunidades campesinas e indígenas), y un llamado a los Acuerdos de Paz para su verdadero cumplimiento y la no fumigación de cultivos ilícitos.
En las visitas de la CIDH se constataron las denuncias de graves violaciones a derechos humanos, el desconocimiento del uso progresivo de la fuerza, la infiltración de grupos civiles armados, la estigmatización y criminalización de líderes sociales, además de la falta de seguridad para la integridad de quienes hacen labores de monitoreo y acompañamiento de DDHH. Esta situación acentuó la demanda social de desmantelamiento de la principal instancia responsable, el Escuadrón Móvil Antidisturbios conocido como ESMAD.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia reveló en su informe que entre el 28 de abril y el 15 de julio de 2021, durante el paro nacional se registraron 83 homicidios, se denuncia que presuntamente 44 de ellos fueron cometidos por la fuerza pública, especialmente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), incluyendo dos por inhalación de gases lacrimógenos y uno por atropellamiento de tanqueta. También se denunciaron 96 víctimas de violencia ocular y 35 de violencia sexual. Las observaciones y recomendaciones de organismos internacionales sobre la garantía de los derechos humanos llevaron a negociaciones que permitieron el acuerdo de desmovilización del paro nacional, con el compromiso del Estado de velar por los acuerdos de las mesas de diálogo.
Compartimos el poema escrito por el profesor Camilo E. Jiménez Camargo, de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, a propósito de la cercanía del segundo aniversario del paro nacional.
Mayo colombiano 2021
Criminalización y violación a los derechos humanos de estudiantes en América Latina y el Caribe.
En los últimos años, la CLADE viene expresando su preocupación ante la respuesta negativa de muchos Estados a los reclamos y demandas de estudiantes y docentes por mayor participación en el debate público y en la toma de decisiones sobre las políticas educativas. Existe un progresivo cierre del diálogo entre el Estado y los sujetos de la comunidad educativa en diversos países y, más que eso, una creciente criminalización de esos sujetos en contextos de protestas sociales.
Es en este escenario CLADE presentó en 2018 un Informe Regional: Criminalización y violación a los derechos humanos de estudiantes en América Latina y el Caribe. Reflexiones a partir de los casos de estudiantes secundarios y universitarios en Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras, dedicado a la situación de las y los estudiantes en América Latina y el Caribe como protagonistas de la defensa del derecho a la educación y de otros derechos humanos.
La preocupación por la situación de las personas que defienden los derechos humanos en Colombia ha sido reiteradamente expresada por la CIDH, que se ha manifestado sobre la falta de protección y medidas de seguridad, así como por la impunidad existente en relación con los actos perpetrados contra las personas que ejercen la defensa de los derechos humanos: defensoras y defensores, líderes sociales y comunales, estudiantes, periodistas. Se destaca, por ejemplo, la admisión en el año 2016 del caso de un estudiante asesinado en el marco de una manifestación universitaria y más recientemente, en noviembre de 2019, el fallecimiento de otro estudiante como resultado del uso desmedido de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional en el marco de una protesta. También CIDH ha reafirmado la importancia de su labor para la consolidación del Estado de Derecho y la transición hacia la paz en Colombia, y ha lamentado que la situación de la violencia siga en aumento sostenido desde la implementación del último Acuerdo de Paz.
