Chile: Estudiantes de la Universidad de Concepción protestan contra criminalización y represión de jóvenes manifestantes

22 de octubre de 2021

El último martes [19 de octubre], cuando se conmemoraron dos años del inicio de las revueltas sociales en Chile, estudiantes autoconvocadxs de la Universidad de Concepción impulsaron manifestaciones durante los días 18 y 19 de octubre, a las cuales se sumaron en torno de 40 carreras, con el objetivo de recordar el comienzo del estallido social en el país, y presentar un pliego de demandas a la rectoría, entre ellas la retirada de una querella judicial contra 12 jóvenes, por su participación en protestas sociales.

“Entre fines de 2019 e inicios de 2020, se llevó a cabo una jornada extensa de protestas en Chile. En el caso particular de Concepción, entre enero y marzo de 2020, tuvieron lugar situaciones en el espacio de la universidad, en donde a mediados del año se interpuso una demanda por la fiscalía, en la cual la universidad actuó como querellante contra 12 jóvenes, que pasan por un proceso de prisión política. Es una situación compleja para las familias, ya que había una cantidad de jóvenes que era menor de edad en aquel momento en que fueron detenidos y cuando empezó el proceso. Hemos estado organizados en contra de esa querella”, afirma Jocelyn Campos, estudiante de Administración Pública y Ciencias Políticas, vocera de la toma de la rectoría de la Universidad de Concepción.

“Dentro de lo que significó esta fecha y, en línea de esta conmemoración, decidimos hacer esta acción más directa que fue tomarnos la rectoría de la Universidad de Concepción porque, con anterioridad, ya se había señalado a la rectoría nuestra demanda para que retiren la querella que presentaron en el 2020, y culminó en la detención de 12 jóvenes que se manifestaron en Concepción en el marco del estallido social”, explicó Felipe Herrera, representante de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción (UdeC) y también vocero del movimiento.

Además de exigir la retirada de dicha querella, se buscó con la toma de la rectoría presionar por la realización de una reunión entre el rector Carlos Saavedra y representantes de los 12 jóvenes presos y de sus familias.

“Tomamos la rectoría a las 8h de la mañana del 19 de octubre, y ya antes de las 9h habíamos tenido contacto con la rectoría, señalando que podríamos conformar una reunión como voceros del movimiento, con el rector y otros representantes de la rectoría. Hubo esa reunión, en la cual el rector aceptó tener un encuentro con representantes y familiares de los 12 jóvenes. Luego, con el atendimiento de esta primera demanda, se decidió retirar la toma”, agregó Felipe Herrera.

El encuentro entre el rector Carlos Saavedra y representantes de los 12 jóvenes y sus familias se había agendado inicialmente para esta tarde (a las 15h, hora de Chile, en la casa de la rectoría), y estaba prevista en este contexto una concentración a las afueras de la rectoría para apoyar a que se retire la querella contra los 12 jóvenes. Sin embargo, la última información recibida es la de que esta reunión fue suspendida y todavía no tiene nueva fecha.


Represión y violencia

Además del caso de criminalización mencionado, hay denuncias de que carabineros actuaron de forma ilegal, amenazadora y represiva contra estudiantes movilizadas/os en la toma de la rectoría, haciéndoles inclusive control ilegal de identidad.

Según el medio Resumen, “dos jóvenes fueron detenidos ilegalmente al interior de la Universidad de Concepción y permanecieron secuestrados durante horas, por lo que fue interpuesto un recurso de amparo inmediatamente ante la gravedad de los hechos, que recuerdan la forma de actuar en dictadura y que viola flagrantemente la autonomía universitaria”.

“Como estudiantes organizadxs observamos la reanudación de las conversaciones entre las autoridades de la UdeC y los familiares de los 12 de forma positiva, e instamos a la comunidad a estar expectantes en la concreción de este acuerdo. Pero, a pesar de ello, no nos podemos quedar al margen de la situación de amedrentamiento que vivimos por parte de Carabineros y rechazamos cualquier acción que busque reprimir la protesta y lucha de quienes buscan una sociedad más justa e igualitaria”, afirman las y los estudiantes autoconvocadxs de la Universidad de Concepción, en posicionamiento.

>> Lee aquí el comunicado completo.

>> Escucha noticiero producido sobre este caso, por ALER.


Foto: CME/El País

Talibanes, activismo y derecho a la educación en Afganistán

9 de septiembre de 2021

“Si los talibanes prohíben el acceso de las niñas a colegios, daré clases por Facebook. Si limitan los estudios, subiré los libros a internet. Si cortan internet, mandaré libros por correo. No me rindo”, declaró la activista afgana Pashtana Durrani en un vídeo que se ha hecho viral en Twitter.

Con la misma determinación que demuestra Pashtana Durrani , y con motivo del Día Mundial para Proteger la Educación de Ataques, las y los activistas jóvenes de la Campaña Mundial por la Educación (CME) queremos manifestar nuestra solidaridad con el pueblo afgano, especialmente con las mujeres y las niñas, en el actual contexto de inseguridad, terror y represión.

>> Lee el texto completo en El País

 


Foto: CME

CME hace un llamamiento a la comunidad internacional para que apoyen a las instituciones democráticas de Afganistán

3 de septiembre de 2021

La Campaña Mundial por la Educación (CME) hace un llamamiento a todas las partes involucradas y a la comunidad internacional para que apoyen a las instituciones democráticas de Afganistán y aseguren el restablecimiento de las condiciones que garanticen el pleno estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la educación de las mujeres, las niñas y las personas con discapacidad. Eso afirma en declaración publicada el 25 de agosto tras la toma de posesión de Afganistán por los talibanes.

Según la CME, la posesión no sólo agravará las crisis humanitarias actuales en la región, sino que dejará a los afganos en riesgo de sufrir más abusos. En particular, las niñas, las mujeres y todos aquellos que no comparten sus opiniones políticas se verán más vulnerables. 

“La CME cree firmemente que invertir en educación en lugar de en las fuerzas armadas construirá una sociedad sostenible e inclusiva. Creemos que educar a las niñas y a las mujeres es fundamental para lograr una sociedad equitativa y democrática. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo afgano y, en particular, con las organizaciones de la sociedad civil que son miembros de la Campaña Mundial por la Educación”.

Lee el documento completo aquí


Foto: PxHere

ASPBAE: Nos mantenemos firmes para promover el derecho a la educación de todos y todas en Afganistán

23 de agosto de 2021

Protección y defensa de los derechos humanos y las libertades de todas las personas en Afganistán; detención de inmediato de la violencia;  garantía de una educación de calidad verdaderamente para todos y todas; y la protección de las escuelas y lugares de aprendizaje de cualquier violencia o conflicto. Esas son algunas de las demandas de la Asociación de Asia Pacífico Sur para la Educación Básica y de Adultos (ASPBAE) acerca de la toma de poder de los talibanes en el país.

Esas y otras demandas de la asociación fueron publicadas hoy (23) a través de un pronunciamiento. “La ASPBAE se solidariza con sus miembros, socios para el desarrollo y el pueblo de Afganistán mientras el país se enfrenta a otra toma de poder de los talibanes que amenazará los duramente reñidos progresos realizados en educación, democracia, derechos humanos y libertades fundamentales”, destaca el comunicado.

Según la red, las mujeres y las niñas, los grupos étnicos perseguidos, las minorías religiosas, las personas que promueven los derechos humanos y las libertades y quienes trabajan por una paz y un desarrollo verdaderamente inclusivos en todo Afganistán están cada vez más amenazados y temerosos por sus vidas y libertades. 

“Como red regional de más de 200 organizaciones de la sociedad civil e individuos que operan en alrededor de 30 países de Asia-Pacífico, incluido Afganistán, ASPBAE se mantiene firme en su misión de promover el derecho a la educación para todos, y en todas las situaciones, basado en principios básicos de defender la dignidad humana, la participación en la sociedad y la promoción de la tolerancia y la paz”, afirma. 

>> Lee el pronunciamiento completo en inglés

 


Foto: Facebook TeleAmazonas

Ecuador: Corte Constitucional ratifica la constitucionalidad de la LOEI

12 de agosto de 2021

Mediante Sentencia realizada este miércoles, 11 de agosto de 2021, la Corte Constitucional de Ecuador ha emitido su dictamen respecto a la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y declara la constitucionalidad de la Ley reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

La sentencia absuelve todos los puntos impugnados por los recurrentes, quienes buscaron mediante varios argumentos jurídicos que se declare la inconstitucionalidad de todas las reformas a la LOEI.

Según la organización El Contrato Social por la Educación Ecuador, la reforma modifica alrededor del 80% de la normativa que rige desde el año 2011. Ella tiene una visión incluyente e intercultural, incorpora el mejoramiento de instrumentos para enfrentar la violencia y el abuso sexual y para establecer una cultura de paz en los contextos educativos, contempla el cambio en los currículos, la reapertura de escuelas rurales, fomento de la Educación Intercultural Bilingüe, fortalecimiento de la etnoeducación, mejoramiento de condiciones para el desarrollo integral docente, entre otros. La Comisión de Educación de la Asamblea informó que recogieron aportes de diversos sectores para elaborar esta propuesta de reformas, entre ellos representantes de docentes.

La decisión de la Corte, que según especialistas legitima diversos avances en el derecho de la educación en Ecuador, solo fué tomada trás diversas protestas de organizaciones, activistas y educadores.

Historico

El mes de marzo de 2021 la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó el proyecto de Reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural – LOEI.

En el mes de mayo de 2021, la Corte Constitucional del Ecuador admitió para tramitar dos demandas de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la LOEI. Los demandantes afirmaron que los cambios aprobados no son sostenibles económicamente, principalmente los que se relacionan con el aumento salarial y la jubilación sin límite de edad. Esta acción suspendió temporalmente la vigencia de la Ley y motivó a docentes, familias y estudiantes a expresar su protesta.

El 12 de julio de 2021 más de 30 docentes iniciaron una huelga de hambre en las ciudades de Quito, Guayaquil, Portoviejo y Cuenca, en defensa de las reformas a la LOEI, piden a la Corte Constitucional que disponga la implementación de la normativa. Actualmente esta protesta se ha extendido a 12 de las 24 provincias del país, con un total de 80 manifestantes. Otras medidas adoptadas por los educadores fueron el encadenamiento, cierre de vías, y movilizaciones masivas en las provincias.

Frente a esta situación la Asamblea Nacional del Ecuador instaló el 28 de julio una Mesa de Concertación con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan levantar la medida de hecho. La mesa se reunió en 3 ocasiones a día seguido, con la participación de delegados de la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Unión Nacional de Educadores (UNE)

>> Mira el pronunciamiento completo de la organización El Contrato Social por la Educación Ecuador

 


Haití: “Estamos sin garantías constitucionales para la libertad de expresión, de organización”

30 de julio de 2021

“La gente está muy inquieta, esperando lo que va a venir o no sabiendo lo que va a venir, porque generalmente cuando hay este tipo de cosa o golpe de Estado, ahí siguen las represiones”, así explicó Willian Thelusmond, de la Reagrupación por la Educación para Todos y Todas al explicar el escenario que vivió los habitantes del país un día después del asesinato del presidente Jean-Bertrand Aristide, el 7 de julio de 2021. 

La entrevista fue realizada originalmente por Nelsy Lizarazo, coordinadora de la CLADE, en audio y hace parte del programa Cuatro Elementos, de Pressenza, el 8 de julio. 

Lee a continuación la entrevista completa: 

Nelsy Lizarazo: Hace un poco más de 24 horas del asesinato del presidente y quisiéramos saber, primero que todo, ¿Cuál es el clima que se vive en Haití? ¿Cómo están en este momento? ¿Cómo está la población?    

Willian Thelusmond: Humanamente es muy difícil entender. La población está en sus casas, hasta ahora no hay casi en las calles, no hay vehículos, realmente la gente no sale, se queda encerrada en su casa. La gente está muy inquieta, esperando lo que va a venir o no sabiendo lo que va a venir, porque generalmente cuando hay este tipo de cosa o golpe de Estado, ahí siguen las represiones.

Este gobierno tiene muchos grupos armados. Uno no sabe si este grupo va a salir a levantarse en contra de los miembros de la oposición, los miembros de la oposición del sector popular, en los barrios populares, entonces no sabemos por qué se ha hecho eso, y qué va a venir después.

La segunda preocupación, que viene desde hace unos días antes, es que hubo muchos grupos armados en las calles y estaban haciendo lo que querían y uno inmediatamente piensa si tal vez eso no es una preparación para una invasión militar, de otros países o para una nueva ocupación militar ya sea con la ONU o con los EEUU.

Si hoy hay una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, uno teme en casa desde ahora que decidan enviar otra misión. Esto puede suceder y lo rechazamos desde ahora y pedimos, también, solidaridad para que se diga “NO” a eso, a la ocupación militar que viene de allá. Solicitamos la solidaridad primero que todo. 

Las dos principales preocupaciones por el momento son: que por un lado haya la ocupación y la represión descarada y, por otro, el hecho de que estamos sin garantías constitucionales para la libertad de expresión, de organización porque los nuevos responsables políticos han decretado el Estado de Sitio.

Asesinaron al presidente y se quedó todo el aparato intacto y no hay ningún cambio, el control sigue y se podría decir que lo que pasó no viene de muy lejos.


Nelsy Lizarazo:¿Qué hipótesis hay sobre la responsabilidad de ese asesinato? ¿Qué se piensa al respecto? ¿Qué hipótesis hay en el escenario? 

Willian Thelusmond:  Hay dos escenarios que podrían ser verdaderos. Uno se inclina más a pensar que se podría tratar de una lucha interna para las próximas elecciones. Se trata de una coalición de poder muy heteróclita, con muchos grupos, de bandidos, de drogas (narcotráfico), hay de todo. Dentro de esta coalición, había un grupo que estuvo en el control por cinco años y hay dos integrantes en este grupo que quieren candidatearse a presidente para las próximas elecciones y parece que el presidente se estaba inclinando hacia uno, por eso quería hacer las elecciones muy temprano y lo más rápido posible.

El presidente acababa de darle, el domingo, la bendición a un grupo de ministros y ex primer ministro, diciendo que ya estaban libres y que podrían presentarse como candidatos. Es decir, que ellos ya no tenían deudas fiscales  y no tendrían que rendir cuentas de su gestión.  

Si el presidente no hubiera hecho eso, el primer ministro no podría ser candidato. Este hecho llamó la atención de que tal vez el asesinato puede tener origen del propio gobierno del presidente.

No creo que haya cuestiones para decir “mira, parece que es la oposición, la élite política”. Están buscando a los autores materiales, como decirle a un comando de extranjeros venezolanos y colombianos que hablaban inglés y español y vinieron con siete vehículos y ahora dicen que han matado a cuatro y han detenido a dos.


Nelsy Lizarazo: o sea, todo muy oscuro, muy raro 

Willian Thelusmond: Sí. La segunda hipótesis es que sí haya fuerzas en contradicción y entre el poder nacional y otros intereses extranjeros. El presidente no ha seguido las recomendaciones de la OEA [Organización de los Estados Americanos] por presión de la oposición, aunque la OEA lo estaba apoyando, así como los Estados Unidos. 

Pero lo que hizo en desacuerdo de la OEA fue algo muy tímido, como no haber hecho cambios en el consejo electoral. No creemos que para ellos hubiera sido necesario llegar tan lejos para conseguir del presidente lo que querían.

Nelsy Lizarazo: claro, por supuesto.

Willian Thelusmond: De cualquier manera, el grupo del poder que ha estado luchando contra es presidente no hubiera podido actuar totalmente solo, sin esa tolerancia, sin que se hayan hecho “a ciegas”, ¿verdad? 


Foto: Cristian Castillo | Unsplash

Educación y poder constituyente en Chile

20 de mayo de 2021

La Constitución política vigente promulgada en 1980 en dictadura (7 años después del golpe donde la elite toma el poder) tiene dos aspectos estructurales que permiten que el sistema educativo se haya puesto al servicio del proyecto político –económico neoliberal.  El primero, relega al Estado a un rol subsidiario respecto los privados.  El Estado pierde su iniciativa  educativa y sólo acude como apoyo y ayuda a otros agentes sociales que son los que impulsan la labor educativa en nuestro territorio: en consecuencia el Estado no garantiza el Derecho a la Educación a las personas.

Lo segundo, instala una determinada concepción de lo que se ha llamado históricamente en Chile la “libertad de enseñanza”. Así se consagra en la Constitución “el derecho de los padres a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos” y también “el derecho a cualquier ciudadana/o de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”. Este doble principio sí está garantizado por el Estado, no así el derecho la educación, que no está garantizado. [1]

Esta “libertad” tiene larga data en Chile, desde finales del siglo XIX. En esos tiempos, la elite terrateniente conservadora y latifundista (quien aliada a la iglesia católica mantenía el control del país) no quería que las escuelas católicas – en ese entonces el 70% de la matrícula aproximadamente – fuera supervisada por el Estado durante los primeros estertores del estado docente en Chile. Tal principio perduró en la siguiente Constitución de 1925 y permitió a la elite cierta autonomía a su labor educativa: de esta forma, el proyecto educativo de la elite seguía disputando conciencias, incluso con fondos del Estado. Sin embargo, como en casi toda Latinoamérica, el sistema educativo público se fortaleció, ya hacia el año 1970 el Estado sostenía directamente aproximadamente el 70% de la matrícula aproximadamente… en crecimiento.[2]

Antes de la Reforma Neoliberal, la educación pública en Chile venía consolidándose, no sólo a través de la gestión del Estado, también a través de las propuestas que las organizaciones sociales (principalmente docentes) que venían construyendo a través de sus luchas. La historia social en Chile muestra como durante el siglo XX sucesivos movimientos de docentes, de estudiantes y trabajadores fueron amalgamando un proyecto educativo popular. Un proyecto pedagógico laico, democrático, comunitario que fue en gran parte recogido por el proyecto de la Escuela Nacional Unificada, reforma educativa que el gobierno  de la Unidad Popular presentaría, junto a un proyecto de reforma constitucional,  en un  fatídico día de septiembre, cuando una oleada de sangre cayó sobre nuestro país. [3]

Con la Constitución del 80 la fórmula quedó a la medida del proyecto educativo religioso – empresarial. Combinó el Estado subsidiario con la libertad de elegir y ofertar, constituyéndose el mercado como patrón de funcionamiento para el sistema educativo chileno.

Sobre la base de la retracción de la iniciativa educativa estatal y la liberalización de una oferta subsidiada se diluyó la educación pública hasta  borrar incluso su significado histórico. En 30 años la matrícula de la educación obligatoria pasó al control de los privados. De un 22 % en 1982 a un 42% en 1990 a casi un 70 % (quizás más) en la actualidad. Durante los gobiernos democráticos el sistema subsidios a la oferta se extendió a la educación superior, la cual está en un 85 % controlada por los privados. Similar proceso se espera ocurra con la creciente cobertura de la educación parvularia.[4]

¿Qué es hoy la educación pública con estos porcentajes de matrícula? ¿Qué sentido de construcción social puede tener? El sentido de la educación, tema tan relevante para pensar la educación que queremos quedó, hace años, en manos de los privados ¿Qué privados son? ¿Representan lo público?  No son organizaciones comunitarias, sociales, menos populares las que gestionan las escuelas en Chile. En los años ochenta muchas de estas escuelas comenzaron a ser gestionadas por pequeños comerciantes que vieron en el “mercado educativo” una oportunidad de negocio. Un mal negocio, que sin recursos, sin alianzas y lo peor de todo sin proyecto, tenía un costo social y humano que muchos ya no quieren sostener.

¿Quién se hace cargo? No ha sido el Estado. La Constitución no lo promueve, ni lo permite.  Se “ha hecho cargo” en gran parte, el empresariado, que a través de fundaciones, corporaciones,  agencias,  programas, donaciones, subsidios y un complejo entramado de  alianzas público-privadas ha imprimido el sello mercantil al sistema educativo en Chile. Tras la retórica de la calidad han manipulado el sentido común de las personas, incluso de los mismos profesores, haciendo que la educación sea desde su propio origen una mercancía más en el proyecto político y económico empresarial. En este proyecto competimos por la educación, requerimos libertad de elección, porque si la educación no se traduce en un mejor empleo, no tiene ya ningún sentido.

El proyecto educativo neoliberal pasó de la pinochetista Constitución al sentido común nacional.  Las sistematizaciones existentes sobre las discusiones constituyentes hechas en los últimos años muestran una realidad compleja. Si bien la educación sigue siendo una amplia demanda ciudadana, la calidad y su gratuidad son la principal demanda mencionada por las asambleas y cabildos sistematizados hasta la fecha. Educación cívica y no sexista aparecen en forma muy secundaria.  Otros temas como la inclusión, la participación, el sentido de la educación, o lo comunitario prácticamente no aparecen. [5]

¿Qué cambio constitucional podría revertir esto? O mejor dicho, ¿es posible pensar una constitución sin un proyecto educativo que se oponga al proyecto de la elite?  No podemos repetir recetas anteriores y debemos apropiarnos del contexto. Para esto es importante cuestionar el norte educativo  del proyecto educativo de la elite. La lucha por la educación debe tener un nuevo Sur.

El “pacto por la paz” que dio origen a este cambio constitucional no tomó en cuenta los tiempos que requiere este proceso. Peor aún, no consideraron el tremendo error que puede significar lanzarse a legitimar un entramado constitucional sin haber avanzado conjuntamente en un proyecto popular anti neoliberal. En el caso de la Educación. el proyecto educativo popular neoliberal debe apostar a sacar a los empresarios y la Iglesia del control de la educación, pero para eso debe poner sobre la mesa un proyecto educativo que  vaya más allá de la calidad y la gratuidad, que portan en si  la reproducción de la competencia como un virus endémico del sistema escolar.

Este proyecto educativo popular para el siglo XXI debe basarse en las luchas de los movimientos sociales, tal como lo hizo el casi triunfante proyecto educativo popular que se fraguó en las luchas del siglo XX. Son las organizaciones de actores educativos, las que no firmaron ningún acuerdo son las que deben dar continuidad a este proceso.  ¿Educación y poder constituyente? El poder constituyente en educación comenzó con el siglo. El 2001 los estudiantes secundarios protagonizaron el mochilazo, el 2006 el pingüinazo[6] y el 2011 abrió un nuevo período de luchas intersectoriales que sacudieron el sentido común neoliberal con la revuelta popular en Octubre del 2019. Este período nos dejó una serie de propuestas[7] sobre las cuales las organizaciones debemos trabajar, difundir y formar (nos) para que, en un lapso más largo que los tiempos que da el pacto convencional, podamos conquistar el sentido común nacional.

Propuestas que hablan de una educación pública garantizada por el Estado, por supuesto que gratuita y de calidad, pero con un proyecto educativo popular, más allá del mercado, con sentido democrático y comunitario. Que permita a las comunidades repensar y construir los sentidos de la educación ante los desafíos del siglo XXI. Solo así podremos ejercer auténticamente poder constituyente, poner freno al desarrollo proyecto educativo de la elite y por fin realmente escribir la historia a nuestra manera.


[1] Más en detalle Folleto N° 1 “LA EDUCACIÓN ANTE EL MOMENTO CONSTITUYENTE -Foro por el Derecho a la Educación Pública ¿Qué dice la actual constitución?

[2] Entre el año 1925 y el año 1973 la Educación Pública aumentó de 500.000 a más de 3 millones de matriculados (Manuel Riesco). Riesco, M. (2007). La necesidad de reconstruir el sistema nacional de educación público desmantelado por la dictadura y la LOCE. Revista Pensamiento Educativo, PUC, 40, 243-261.

[3]  Algunos significados asociados a la Libertad de Enseñanza en la reforma constitucional propuesta por la Unidad Popular el año 1973: “La educación que se imparta a través del sistema nacional será democrática y pluralista, y no tendrá orientación partidaria oficial. Su modificación se realizará también en forma democrática, (…) Los organismos técnicos competentes harán la selección de los textos de estudio sobre la base de concursos a los cuales tendrán acceso todos los educadores idóneos, cualquiera que sea su ideología. Habrá facilidades equitativas para editar y difundir esos textos escolares, y los establecimientos tendrán libertad para elegir los que prefieran. (….)El ingreso y promoción de profesores e investigadores a la carrera académica se hará tomando en cuenta su capacidad y aptitudes. El personal académico es libre para desarrollar las enseñanzas conforme a sus ideas, dentro del deber de ofrecer a sus alumnos la información necesaria sobre las doctrinas y principios diversos y discrepantes. Los estudiantes universitarios tienen derecho a expresar sus propias ideas y a escoger, en cuanto sea posible, la enseñanza y tuición de los profesores que prefieran.

[4] A pesar de la tenaz oposición de las funcionarías de la Junta Nacional de Jardines infantiles, este sistema de subsidios se aprobó pase recientemente en el parlamento para aumentar la cobertura en la educación parvularia.

[5] Unidad Social, Universidad de Chile, Universidad Católica del Norte, Universidad de Tarapacá, Universidad de Tarapacá, Universidad Arturo Prat, Universidad de Santiago, Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad de Valparaíso, Universidad de Concepción, Universidad de La Frontera, Universidad de Los Lagos y Universidad Austral de Chile. (2021). Demandas prioritarias y propuestas para un Chile diferente: sistematización de 1.233 cabildos ciudadanos .disponible en https://doi.org/10.34720/wk9d-dp94 . ver también las sistematizaciones hechas a los encuentros locales autoconvocados realizados en todo Chile el 2016. Un buen artículo sobre el tema es Ihnen, C., Millaleo, S., & Soto, F. (2020). El debate constitucional sobre el derecho a la educación y su impacto en la ciudadanía. Revista de ciencia política (Santiago), 40(3), 699-728.

[6] Pingüinos se les llama en Chile a lxs estudiantes secundarixs.

[7] Para revisar algunas de ellas en la web del Foro por el Derecho a la Educación Pública. Libro:  Una década de luchas y propuestas por el derecho a la educación. Revisar Además documentos de sistematización. Encuentro Nacionales de Actores Educativos 2020-2021 y Folletos para el debate constituyente en la misma web.

 


Foto: ONU

Educación y pandemia: CLADE lanza documento exploratorio respecto a la actividad parlamentaria

11 de mayo de 2021

En un contexto marcado por la crisis sanitaria regional y global, en el marco de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, se consideró fundamental realizar una aproximación a la actividad parlamentaria, de forma de poder identificar más directamente el tratamiento y respuestas que desde los ámbitos legislativos se estaba dando a la educación. 

El presente documento es el resultado de esta exploración, la que se llevó a cabo durante el año 2020 y abarcó el análisis de la actividad parlamentaria de 17 países de la región. 

En términos generales, luego de la exploración de 17 sitios oficiales parlamentarios y más de 15 fuentes temáticas documentales, y para el período temporal en que se situó el estudio, es posible afirmar que no se evidencia un desarrollo normativo específico y focalizado en la protección del derecho humano a la educación.


Actividad parlamentária y la adopción de leyes generales de carácter urgente

Más allá de las particularidades identificadas a nivel nacional y/o desde la mirada por subregiones, el documento da cuenta de la preponderancia de una actividad parlamentaria supeditada a la adopción de leyes generales de carácter urgente (bajo iniciativa del poder ejecutivo), centradas en la declaración de la emergencia sanitaria, así como una marcada tendencia hacia la adopción de medidas legislativas de impulso fiscal y protección a la economía real.  No se encuentra evidencia clara de que los parlamentos hayan integrado la protección del derecho humano a la educación como un factor decisivo en la gestión de la crisis provocada por el COVID-19, ni hacia un mayor compromiso de fortalecimiento de los sistemas de educación, ni leyes específicas que se hayan ocupado de dicho fortalecimiento integrando, en específico, el contexto COVID-19 y el manejo de los procesos de recuperación pospandemia.


Avance de una agenda prioritaria

Estas primeras exploraciones permiten afirmar la relevancia de un mayor liderazgo de los parlamentos en la protección del derecho humano a la educación. Se impone la urgencia de avanzar en una agenda prioritaria determinada por el contexto de pandemia y orientada a garantizar plenamente la educación y el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos, incluyendo los aspectos presupuestarios. 

Supone también la urgencia de considerar el abordaje del incremento de la desigualdad, la discriminación, la violencia, los particulares impactos desde la perspectiva de género, y otras brechas preexistentes agudizadas por el cierre de los establecimientos educativos, y los profundos impactos que ello representa en los proyectos de vida de niñas, niños y adolescentes. Una especial priorización al tratamiento de los derechos digitales e igualdad de acceso, esencial para el cumplimiento del derecho a la educación en un escenario en el que prima el confinamiento y la educación a distancia. También el fortalecimiento del rol fiscalizador de los parlamentos para asegurar la debida protección y evitar la adopción de medidas o proyectos que implican una regresión.


Más sobre la publicación

Invitamos a leer la publicación que además abarca elementos del contexto regional y mundial, del panorama económico y social, así como el debate, participación y movilización social por la defensa del derecho a la educación en el contexto de pandemia y las reivindicaciones claras y firmemente planteadas en torno no solo al derecho a la educación¹; y que también nos invita a reflexionar sobre el necesario e inminente rol estratégico de la educación en la fase de recuperación y la gestión integral de los impactos del contexto COVID 19.


¹ Entre otras, la necesidad de asegurar políticas sociales progresivas con estrategias de protección social y seguridad alimentaria; la importancia de la salud psíquica y del rol de la educación en la cohesión social; la necesidad de invertir más y con mayor calidad y del rol de fiscalización de los parlamentos para asegurarlo; la incorporación de la educación para la primera infancia como estrategia prioritaria; el aseguramiento de los sistemas públicos educativos e incluso la ampliación de sus coberturas con modalidades pedagógicas diversas; la agenda pendiente con el cierre de brechas educativas con los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendiente; la agenda de género en la educación pendiente y profundizada por las violencias y las prácticas nocivas naturalizadas.


Foto: AP_Colombia

“Alerta por una Colombia en paz: exigimos un alto a la militarización y el respeto a la protesta social”

4 de mayo de 2021

Garantías y libertades democráticas constitucionales a la movilización y la protesta; desmilitarización de las ciudades; el fortalecimiento de una masiva vacunación y no a la alternancia educativa sin condiciones de seguridad y salud son algunas de las demandas que la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación presenta en su pronunciamiento recién publicado. 

Firmado por más de 20 organizaciones y redes de la sociedad civil nacionales e internacionales, el comunicado también denuncia el Estado Colombiano por los casos de represión contra los y las manifestantes que llevan seis días de protestas en las principales ciudades y campos del país, especialmente en oposición a las reformas tributaria y de salud que impulsa el gobierno nacional. La represión violenta de las protestas ha resultado en 21 personas asesinadas, 208 heridas, 18 con mutilación por lesiones oculares, 10 casos de violencia sexual y violencias basadas en género, al menos 503 personas detenidas y 42 agresiones intencionales a defensores/as de derechos humanos o reporteros/as independientes. 

“Solicitamos a los organismos internacionales de Derechos Humanos (DDHH), como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de ONU, Misión de Verificación al Proceso de Paz de la ONU, Cruz Roja Internacional, MAPP OEA, Comisión Interamericana de DDHH, Misión Diplomática Acreditada en Colombia, y demás organizaciones internacionales, brindar el acompañamiento necesario al pueblo colombiano e instar al Estado y al gobierno de Colombia a respetar y garantizar la vida e integridad física y cultural de los y las manifestantes”, dice el posicionamiento.

Lee el comunicado completo:

COMUNICADO A LA OPICIÓN PÚBLICA

ALERTA POR UNA COLOMBIA EN PAZ, EXIGIMOS UN ALTO A LA MILITARIZACIÓN Y RESPETO A LA PROTESTA SOCIAL

Desde el 28 de abril el pueblo colombiano se está movilizando en el gran Paro Nacional frente a la Reforma Tributaria, que pretendía incrementar los impuestos a la población más empobrecida, precarizando aún más la vida de la ciudadanía en medio de  la actual crisis sanitaria por Covid-19; otras causas de la movilización han sido el hartazgo frente a la corrupción, la violación de los derechos humanos elementales, las políticas extractivistas, el desempleo, el incremento de la pobreza y del hambre, la privatización y pésima atención de la salud, que se evidencia con mayor fuerza en la pandemia, los recortes presupuestales a los programas sociales incluidas la educación y la salud, los asesinatos a líderes y lideresas sociales y el abuso del poder.

En Colombia, durante este gobierno los niños, niñas y jóvenes también han sido víctimas de distintas estrategias de deshumanización por parte de grupos armados ilegales y del Estado mismo. Las movilizaciones pacíficas de la ciudadanía colombiana, hacen parte del legítimo derecho a defender los derechos humanos, y el derecho a la reunión y manifestación pública, consagrados en el artículo 37 de la Constitución Política Nacional. En ese sentido, el uso desmedido de la fuerza por parte de algunos integrantes de la Fuerza Pública es inaceptable.

En medio de las manifestaciones, entre el 28 de abril y el 10 de mayo se han presentado los siguientes casos de vulneración de los derechos humanos por parte de  la fuerza pública del Estado  colombiano hacia los y las manifestantes en las principales ciudades y campos, que según la organización “Defender la Libertad Asunto de Todas”, han dejado a 52 personas asesinadas presuntamente por el accionar de la fuerza pública, 489 personas heridas, 33 por lesiones oculares, 48 personas lesionadas por armas de fuego, 15 víctimas de violencias  basadas en género, 435 personas presuntamente desaparecidas, 69 agresiones intencionales a defensores/as de derechos humanos o reporteros independientes , 1365 personas han sido detenidas, gran parte de ellas por medio de procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a torturas y o a tratos crueles e inhumanos, 709 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.

El Comité Nacional de Paro manifiesta su decisión y orientación de seguir en el paro y la movilización nacional levantando como objetivos centrales para este momento: Garantías y Libertades Democráticas, garantías constitucionales a la movilización y a la protesta.

Desmilitarización de las ciudades, cese de las masacres y castigo a los responsables. Y, así mismo, el desmonte del ESMAD.

Negociación con el Comité Nacional de Paro y con las organizaciones del Pliego de emergencia así resumido:

1. Retiro del proyecto de ley 010 de salud y el fortalecimiento de una masiva vacunación.

2. Renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual.

3. Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina). Subsidios a las MiPymes, empleo con derechos y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria.

4. Matrícula cero y no a la alternancia educativa sin condiciones de seguridad, salud y vacunación contra el COVID – 19 a toda la comunidad educativa del país.

5. No a la discriminación por razones de género, diversidad sexual y étnica y

6. No a las privatizaciones de los bienes públicos y la derogatoria del decreto 1174. Además, detener las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y las aspersiones aéreas con glifosato; y el retiro de la fuerza pública, ESMAD y GOES de las movilizaciones sociales.

Por ello, como organizaciones de la sociedad civil solicitamos al Estado colombiano adoptar de manera urgente medidas de protección a la vida, integridad personal, libertad personal, debido proceso, libertad de expresión, libertad de asociación, derecho de reunión, derecho a la participación y demás derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, los cuales se encuentran en grave riesgo por los hechos anteriormente descritos.

Solicitamos a los organismos internacionales de Derechos Humanos, como la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de ONU, Misión de Verificación al Proceso de Paz de la ONU, Cruz Roja Internacional, MAPP OEA, Comisión Interamericana de DDHH, Misión Diplomática Acreditada en Colombia, y demás organizaciones internacionales, brindar el acompañamiento necesario al pueblo colombiano e instar al Estado y al gobierno de Colombia a respetar y garantizar la vida e integridad física y cultural de los y las manifestantes y servir de garantes en la negociación del pliego arriba descrito.

¡POR EL DERECHO A UNA VIDA DIGNA!

4/5/2021
Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación

Apoyan y acompañan esta declaración:

  • Action Aid
  • Agencia Pressenza
  • Agenda Ciudadana por la Educación de Costa Rica
  • Asociación para el Desarrollo Campesino (ADC) – Colombia
  • Asociación Tierra de Esperanza
  • Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE)
  • Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE)
  • Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación
  • Campaña Lationamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)
  • Campaña Mundial por la Educación (CME)
  • Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE)
  • Campaña por el Derecho a la Educación de México (CADEM)
  • Coalición Panameña por el Derecho a la Educación
  • Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala
  • Contrato Social por la Educación en el Ecuador
  • COPROBA – Argentina
  • Educare – Argentina
  • Federación Internacional Fe y Alegría
  • Foro por el Derecho a la Educación Publica de Chile
  • Foro Venezolano por el Derecho a la Educación (Fodeve)
  • Fraternidad Franciscana Sembradores de la Palabra
  • Fundacion SES
  • Fundación VOZ
  • Instituto Edesio Passos
  • Jovenes Solidarios
  • Liderezas de Suba
  • Marcha Global contra el Trabajo Infantil – Sudamérica
  • Mujeres Indígenas de Pueblo Tolupan
  • Organización Mundial de Educación Preescolar – Región América Latina (OMEP-Latinoamérica)
  • Oxfam
  • Psinergia
  • Reagrupación Educación para Todos y Todas (REPT) Haití
  • Red Estrado Colombia
  • Red Global/Glocal por la calidad educativa
  • Red de Educación Popular Entre Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM) – Colectivo Nacional de Colombia
  • Natalia Cogliati
  • Susana Papale
  • Luz Marina Peña
  • Diego Arévalo Ligarda
  • Isabel Moyano Rojas

 

 


Foto: Jorge Fernandez | Unsplash

Chile: Encuentro de organizaciones para transformar la educación como derecho

16 de abril de 2021

Con más de 80 organizaciones de seis regiones de Chile se realizó el pasado 20 de marzo, el II Encuentro Nacional de Educación “Organizadxs para transformar la educación como un derecho social. Comunidades Educativas y del territorio en resistencia ante la radicalización del modelo mercantil”. El evento fue coordinado por el Foro por el Derecho a la Educación Pública, una coalición de actores sociales educativos, como continuidad al Encuentro desarrollado en 2020, al inicio de la pandemia.

El escenario de este II Encuentro se da en medio de un proceso constituyente y de alta represión y criminalización de movimientos sociales, una pandemia que no cesa y el despliegue de un Estado policial y autoritario, con asesinatos, mutilaciones, torturas, detenciones arbitrarias y violencia política sexual que se suman a la desprotección y el abandono del gobierno hacia las poblaciones más necesitadas durante las cuarentenas. La propuesta de la elite y el gobierno para este nuevo período histórico tiene rasgos dictatoriales, con un alcalde de Santiago dirigiendo una red de espionaje y delación de estudiantes en el INBA y el control militar en todos los territorios.

El panorama educativo es desconcertante, por el inicio de clases presenciales en el peor momento de la pandemia, con algunos establecimientos en clases y otros en teleeducación y con una importante desventaja en las condiciones que tienen estudiantes de menos recursos, sin acceso a Internet ni computadores, deserción escolar y una ausencia de participación efectiva de actores y actoras educativas organizadas.

Bajo este contexto, el Encuentro buscó avanzar en lo propositivo, fortaleciendo los vínculos con las organizaciones presentes y planteando propuestas para disputar el sentido común de los pueblos que habitan este territorio y desde las bases sociales incidir en el proceso constituyente. Las y los participantes se agruparon según temas de interés en: Derecho a la Educación, Sistema de Educación Pública, Financiamiento y Currículum; para enfatizar y ampliar las propuestas señaladas en el I Encuentro, como que la Educación debe ser garantizada y financiada por el Estado y que las condiciones que debe reunir para ser un derecho social son: Educación Pública gratuita, laica, integral, democrática, territorialista, no sexista, feminista, intercultural, pluricultural, anti–colonial, comunitaria, valoradora de la memoria histórica y comprometida con la defensa de los derechos humanos, garantizada a través de una asamblea constituyente, popular y/o soberana. Los documentos que sirvieron de base del trabajo de grupos fueron la Sistematización del I Encuentro Nacional de Educación y cuatro folletos elaborados por el Foro por el Derecho a la Educación Pública como aporte al debate constituyente sobre: Nuevo Sistema de Educación Pública en todos sus niveles (inicial, básica, media y técnico-superior), Derecho a la Educación y Libertad de Enseñanza, Financiamiento de la Educación en Chile y Currículum Comunitario por una Vida Digna.

Mira a continuación la grabación del “II Encuentro Nacional de Educación”

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.


Movilización hacia otros territorios en Chile

Durante el encuentro, integrantes del Foro chileno utilizaron materiales educomunicativos para alimentar el debate. Además del encuentro, el Foro está desarrollando un trabajo junto a otras organizaciones del país para que la iniciativa se proyecte más a los territorios de Chile.

> Los folletos educomunicativos pueden descargarse aquí, en la web del Foro por el Derecho a la Educación Pública


 

Foro Construcción del Poder Constituyente en Chile

Ayer, 15 de abril, el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile, en alianza con OPECH, CEAAL, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER) y otras organizaciones, realizó un foro virtual para discutir y reflexionar sobre la experiencia social de Chile en relación a la construcción de una nueva Constitución junto a líderes y lideresas de ese movimiento ciudadano y político. Mira la grabación a continuación.