Colombia: una mirada creativa del paro nacional
8 de febrero de 2023El 28 de abril de 2021 se iniciaron movilizaciones populares, juveniles y estudiantiles en muchos puntos clave del territorio colombiano, muchas de ellas se sostuvieron por más de 2 meses en demanda de una agenda gubernamental que considerara las garantías de los derechos humanos.
Las reformas tributarias, de salud, así como el régimen de contratación laboral y de pensiones fueron los puntos iniciales que despertaron las movilizaciones sociales sostenidas entre abril y junio del año 2021 en Colombia.
Esta movilización popular pacífica es considerada la más grande de la historia reciente de Colombia, tanto a nivel nacional, como local y regional, agruparon el cansancio a las problemáticas acumuladas de precarización económica y desigualdades que la pandemia y su manejo mostró y amplificó. Durante el paro nacional se efectuaron a nivel nacional 7.415 concentraciones, 3.415 bloqueos de vías, 2.475 marchas, 678 movilizaciones y 40 asambleas populares.
La política de ajuste neoliberal impuesta por el entonces presidente Iván Duque, afectaba la subsistencia de las mayorías populares. Las movilizaciones sumaron demandas sobre la renta básica, equivalente a 1 salario mínimo mensual, la matrícula cero para el ingreso a universidades, la revisión de los tratados de libre comercio y el cumplimiento de acuerdos (suscritos con estudiantes universitarios, comunidades campesinas e indígenas), y un llamado a los Acuerdos de Paz para su verdadero cumplimiento y la no fumigación de cultivos ilícitos.
En las visitas de la CIDH se constataron las denuncias de graves violaciones a derechos humanos, el desconocimiento del uso progresivo de la fuerza, la infiltración de grupos civiles armados, la estigmatización y criminalización de líderes sociales, además de la falta de seguridad para la integridad de quienes hacen labores de monitoreo y acompañamiento de DDHH. Esta situación acentuó la demanda social de desmantelamiento de la principal instancia responsable, el Escuadrón Móvil Antidisturbios conocido como ESMAD.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia reveló en su informe que entre el 28 de abril y el 15 de julio de 2021, durante el paro nacional se registraron 83 homicidios, se denuncia que presuntamente 44 de ellos fueron cometidos por la fuerza pública, especialmente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), incluyendo dos por inhalación de gases lacrimógenos y uno por atropellamiento de tanqueta. También se denunciaron 96 víctimas de violencia ocular y 35 de violencia sexual. Las observaciones y recomendaciones de organismos internacionales sobre la garantía de los derechos humanos llevaron a negociaciones que permitieron el acuerdo de desmovilización del paro nacional, con el compromiso del Estado de velar por los acuerdos de las mesas de diálogo.
Compartimos el poema escrito por el profesor Camilo E. Jiménez Camargo, de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, a propósito de la cercanía del segundo aniversario del paro nacional.
Mayo colombiano 2021
Criminalización y violación a los derechos humanos de estudiantes en América Latina y el Caribe.
En los últimos años, la CLADE viene expresando su preocupación ante la respuesta negativa de muchos Estados a los reclamos y demandas de estudiantes y docentes por mayor participación en el debate público y en la toma de decisiones sobre las políticas educativas. Existe un progresivo cierre del diálogo entre el Estado y los sujetos de la comunidad educativa en diversos países y, más que eso, una creciente criminalización de esos sujetos en contextos de protestas sociales.
Es en este escenario CLADE presentó en 2018 un Informe Regional: Criminalización y violación a los derechos humanos de estudiantes en América Latina y el Caribe. Reflexiones a partir de los casos de estudiantes secundarios y universitarios en Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras, dedicado a la situación de las y los estudiantes en América Latina y el Caribe como protagonistas de la defensa del derecho a la educación y de otros derechos humanos.
La preocupación por la situación de las personas que defienden los derechos humanos en Colombia ha sido reiteradamente expresada por la CIDH, que se ha manifestado sobre la falta de protección y medidas de seguridad, así como por la impunidad existente en relación con los actos perpetrados contra las personas que ejercen la defensa de los derechos humanos: defensoras y defensores, líderes sociales y comunales, estudiantes, periodistas. Se destaca, por ejemplo, la admisión en el año 2016 del caso de un estudiante asesinado en el marco de una manifestación universitaria y más recientemente, en noviembre de 2019, el fallecimiento de otro estudiante como resultado del uso desmedido de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional en el marco de una protesta. También CIDH ha reafirmado la importancia de su labor para la consolidación del Estado de Derecho y la transición hacia la paz en Colombia, y ha lamentado que la situación de la violencia siga en aumento sostenido desde la implementación del último Acuerdo de Paz.
No violencia: periodismo y educación
1 de febrero de 2023
Pía Figueroa
Co-Directora, Pressenza agencia internacional de noticias no violentas
La no violencia tiene milenios de antigüedad como metodología de protesta contra los diversos tipos de violencia. Entre quienes la proponen y defienden se encuentran los fundadores de distintas religiones, como Gautama Buda o Jesucristo. Mahatma Gandhi y Martin Luther King están entre los más conocidos practicantes de la no violencia en tiempos recientes. Silo es quizá el más destacado exponente latinoamericano de esta corriente.
La conciencia humana evoluciona con el tiempo. A pesar de los enormes niveles de violencia ejercidos para someter a las personas cada día, la humanidad no está en las mismas condiciones que hace siglos.
Se avanza en la erradicación de la violencia o, al menos, en hacer que ciertas formas de violencia sean obsoletas y rechazadas. Ya no arrojamos a nuestros enemigos a una arena para ser devorados por los leones, y la ilegalidad de la esclavitud es uno de los muchos elementos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Además, la lucha de las mujeres ha permitido ir avanzando hacia la igualdad, las parejas del mismo sexo pueden casarse en muchos países y las personas transexuales ganan una aceptación y visibilidad cada vez mayores.
Incluso es posible imaginar que, cuando la conciencia humana evolucione aún más, la capacidad de empatía llegará hasta el punto de generar una repulsión física hacia la violencia en los seres humanos, con las correspondientes correlaciones somáticas. Esto supondría un notable avance para las sociedades.
Una nueva conciencia, capaz de sentir repulsión hacia cualquier forma de violencia, llevaría a las personas a asumir actitudes no violentas en circunstancias de toda índole.
Una nueva conciencia, capaz de sentir repulsión hacia cualquier forma de violencia, llevaría a las personas a asumir actitudes no violentas en circunstancias de toda índole.
La labor del activista no violento, en cualquier ámbito, requiere de un trabajo personal permanente, de identificar y transformar comportamientos y actitudes violentas que no han sido elegidas intencionadamente, sino enseñadas y transmitidas por generaciones.
Hoy son muchos los ejemplos cotidianos de acción no violenta llevados a cabo en todas las latitudes, en múltiples niveles de acción social en los que personas, instituciones y organizaciones trabajan sin pausa para denunciar y erradicar distintas expresiones de violencia en la sociedad y promover la paz.
El periodismo no violento es un importante aporte, ya que genera espacios de sensibilización respecto al problema de la violencia, de comprensión de sus raíces y diferentes formas de manifestación, mientras respalda y promueve acciones encaminadas a erradicar estas prácticas.
Es gracias a un enfoque no discriminador y no violento que los medios de comunicación pueden operar grandes transformaciones en la cultura de los pueblos, incidiendo en las subjetividades y ayudando a transformar la mirada de individuos y conjuntos.
Pero el periodismo va de la mano de una educación no violenta, capaz de permear con esta nueva óptica toda la información que se comparte en las aulas, las mallas curriculares, las actitudes inclusivas de estudiantes y profesorado, la voluntad de superar las diferentes formas explícitas o larvadas de discriminación.
Pero el periodismo va de la mano de una educación no violenta, capaz de permear con esta nueva óptica toda la información que se comparte en las aulas, las mallas curriculares, las actitudes inclusivas de estudiantes y profesorado, la voluntad de superar las diferentes formas explícitas o larvadas de discriminación.
Justamente en las escuelas de periodismo es donde más se ha venido valorando el aporte del nuevo libro Periodismo No Violento – hacia un enfoque humanizador de la comunicación, así como de los Talleres prácticos que se desprenden de esta obra, a modo de manual, para la formación de las nuevas generaciones de profesionales de la comunicación en la histórica corriente de la no violencia activa, las consecuentes reflexiones y modificaciones de conducta que ello conlleva.
Nos complacemos con la acogida que nuestro libro ha tenido desde el Cono Sur de América a la región ecuatorial de nuestro Continente y, especialmente, con la enorme sintonía que los jóvenes y las muchachas estudiantes han expresado encontrar en él.
Son estas, las nuevas generaciones, quienes podrán aportar su sensibilidad no violenta a los diferentes campos en los que desplegarán su accionar.
Perú: contexto político inestable amenaza el derecho humano a la educación
30 de enero de 2023La educación peruana sufrió hoy temprano (viernes 27 de enero) otro golpe de parte del Ministerio de Educación. Por Decreto Supremo DS 002-2023 se disolvió el Consejo Nacional de Educación (CNE), órgano especializado, consultivo y autónomo, creado hace 22 años, adscrito al Ministerio de Educación (MINEDU).
El CNE ha sido el responsable por la elaboración, concertación, seguimiento y evaluación de los Proyectos Educativos Nacionales (PEN). El último PEN al 2036 fue producto de una amplia consulta nacional, se sustenta en el derecho humano a la educación y los principios de inclusión, equidad, calidad y afianza el derecho a la educación a lo largo de la vida.
¿Por qué se disuelve el CNE?
Según la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE), los dos últimos pronunciamientos del Consejo, que respondieron a un contexto extremadamente complejo para el país, no fueron del agrado del actual ministro que considera que ese órgano no puede expresar su discrepancia con políticas y acciones que vulneran los principios antes señalados. Esta reacción, plasmada en el DS 002-2023, es totalmente inusual y solo se explica por el carácter autoritario que está imperando de parte del Ejecutivo en el país, en consonancia con el legislativo.
“En diversos momentos, el CNE ha manifestado su opinión frente a las políticas educativas emanadas del congreso o del MINEDU, ya sea para aprobarlas u observarlas si, de alguna manera, limitaban o vulneraban el derecho a una educación de calidad con inclusión y equidad”, afirma la CPDE.
La Campaña explica que las numerosas gestiones por las que ha pasado el sector Educación, incluyendo los últimos cinco ministros de la gestión de Pedro Castillo, respetaron la autonomía del CNE al pronunciarse a favor del enfoque de género, de la regulación de la educación superior, en contra del retroceso en medidas necesarias a la educación bilingüe intercultural, entre varias otras, que no eran de su agrado, demostrando el comportamiento democrático que se espera de representantes de gobiernos que declaran serlo.
“La actual gestión afirma día a día su poder rechazando drásticamente, castigando cualquier posición tan solo discrepante, eliminando de un plumazo su esperado comportamiento democrático, pilar de la formación ciudadana que el PEN al 2036 propugna por convicción”, afirma la CPDE.
El CNE disuelto tenía vigencia hasta el 2026; según el decreto supremo mencionado, en 12 días ya se debe haber conformado el nuevo consejo, que reduce su número de 25 a 12 líderes educativos, en el que ya no cabe la pluralidad en su conformación que tenía el disuelto.
Según la Campaña, la apuesta es que el Consejo tenga como nuevos integrantes personas que den luz verde en silencio o con halagos a lo que pueda seguir haciendo esta gestión que gobierna por intereses particulares, cero ideología o posición política, cero EJE Personas de la Agenda 2030 que el Estado peruano suscribió.
Entrevista con Madeleine Zúñiga C.: coyuntura política y el derecho a la educación en Perú
En diálogo con CLADE, Madeleine Zúñiga C., coordinadora nacional de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación manifestó su preocupación por la compleja y difícil situación que atraviesa Perú, a su juicio es un contexto multidimensional que genera mucha incertidumbre.
Mira el video:
Según ella, la inestabilidad de las instituciones democráticas que vive Perú desde inicios de diciembre han generado para la profesora razones justificadas para las protestas, sin embargo debe reconocerse el acumulado histórico nacional sobre el centralismo, la discriminación y las denuncias de corrupción que ha atravesado a representantes gubernamentales.
Las calles se han sumado al llamado “que se vayan todos” lo cual ha sido ampliamente difundido por los medios de comunicación. El mayor detonante para la coordinadora nacional de la campaña peruana ha sido el intento de golpe de Estado, con el anuncio del cierre del congreso, del tribunal constitucional.
“Si bien Pedro Castillo construyó su liderazgo desde la lucha magisterial y gremialista docente, le faltaron condiciones para sostener la gobernabilidad, demostrando dificultades operativas ante los continuos ataques de las fuerzas conservadoras y de derecha que defendían sus propios intereses. Inicialmente el proceso de elecciones que le dio ganador a Pedro Castillo estaba cargado de mucha expectativa de cambio, lo cual con el paso del tiempo desembocó en reducción de muchas de las simpatías iniciales” dice Madeleine Zúñiga.
Amenazas contra el derecho humano a la educación
Para la coordinadora, el derecho humano más afectado ha sido la educación, así como el de salud que desde la pandemia venía con mucho debilitamiento.
Ha habido varios retrocesos en los últimos meses, en el recuento que realiza la coordinadora por un lado se deja en manos de propietarios de las universidades particulares las directivas de la instancia estatal encargada de acreditar y certificar la calidad. Por otro, al enfoque de género, se aprueba la ley número 31.498 fuertemente cuestionada, ya que atenta contra los derechos adquiridos y otorga a los padres de familia la potestad de aprobación o no de los contenidos y textos escolares, este espacio está liderado por el grupo “con mis hijos no te metas”.
Madeleine Zúñiga expresa su alerta con la censura del enfoque crítico en historia, así como el recorte de la capacitación docente de la educación intercultural bilingüe, a lo que se sumó la flexibilización de criterios de selección docente y el proceso de nombramiento que le apareja.
Criminalización y amedrentamiento de las movilizaciones
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos ubicada en Lima fue utilizada como sitio de acogida de personas que se movilizaron a la capital. Madeleine Zúñiga comparte su inquietud por las múltiples grabaciones de estudiantes que demostraban el ingreso de una tanqueta que dañó la puerta del recinto universitario, pudiendo hacerlo sin uso de la violencia, lo cual para la docente era una muestra de amedrentamiento, abuso y humillación de varias decenas de personas que fueron detenidas arbitrariamente. “No hay estado de emergencia que justifique la humillación (…) la gente se siente impotente, porque la gente ha hecho marchas por la paz, pero parece que no tiene ninguna fuerza”, afirmó.
La población se ve afectada en diversos sentidos, entre ellos las dificultades de transporte público y los cierres de vías que a su vez evidencian la escasez de alimentos e intercambios entre las regiones para bienes de subsistencia. El sector del turismo también ha mermado considerablemente, afectando las economías locales.
Fuerte incertidumbre para el inicio de clases
Existe una gran interrogante sobre las verdaderas condiciones de inicio de clase en Perú, previsto para el 13 de febrero. Además de lo que significa la organización operativa, se deben enfrentar dos desafíos indispensables. Madeleine Zúñiga señaló que existe “una gran desigualdad, injusticia e inequidad educativa, se hace presente en el acceso a la educación y en el acceso a los aprendizajes.”
Por un lado el esfuerzo especial por la reintegración de la población escolar que durante la pandemia dejaron de estudiar bien por no poder pagar las matrículas de centros particulares o tener la necesidad de trabajar para apoyar la economía familiar, al reingresar presencialmente las clases, una buena parte del estudiantado migró a la educación pública que se mostró insuficiente para garantizar la cobertura.
Por otro lado, la adaptación curricular que se debe considerar luego que el período de pandemia forzosamente hiciera mediación tecnológica de algunos contenidos, afectando para la docente los procesos de aprendizaje acordados para las respectivas etapas educativas.
El viernes 27 se dio a conocer un comunicado suscrito por consejeros/as y exconsejeros/as del Consejo Nacional de Educación, en el que expresan que estas disposiciones no sólo minan la razón de ser del Consejo, sino que contribuyen a debilitar aún más la vida democrática e institucional en Perú.
Adrián Falco, de Latindadd: Educación podría recibir 5% más del PIB si las corporaciones pagasen impuestos de manera justa
23 de enero de 2023¿Dónde está el dinero público?, ¿quién controla la inversión?, ¿en qué y cómo se invierte? Para Adrián Falco, co-presidente de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), son algunas de las preguntas claves del debate público que orientan estrategias superadoras de la pobreza y ofrezcan garantías de la justicia social.
Según el especialista, la educación pública es uno de los derechos que sufren grandes impactos del sistema injusto de tributación. La región latinoamericana y caribeña pierde cerca del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) en exoneraciones a grandes corporaciones, esto equivale al compromiso que deben asumir los Estados para el financiamiento educativo, marcado internacionalmente en al menos 6%.
Para Adrián Falco, es fundamental “regular para capturar la renta y volcar a la inversión pública a través del sistema tributario, que es la mejor manera de romper con la desigualdad endémica qué afecta a nuestra región”, y exigir “el rol del Estado como garante de la inversión, de los servicios públicos de calidad y de los derechos es central.”
Transformar los modelos tributarios exige comprenderlos
Comprender la génesis de la desigualdad, para transformarla, y así acortar o cerrar las brechas que impiden el desarrollo humano, implica a su vez conocer las causas y características del sistema tributario, así como las pérdidas que llevan aparejados dichos modelos. Según él, para concretar esta transformación se debe “mejorar la progresividad tributaria, quitar las exoneraciones, hay que trabajar en que los ganan más aporten más y lo que tienen menos en proporción” afirma el especialista, adicionalmente como sociedad civil sugiere “fortalecer nuestras narrativas para dialogar sobre el derecho humano a la educación a la hora de considerar la justicia fiscal”.
La región latinoamericana y caribeña tiene un sistema tributario absolutamente regresivo, colocando la carga impositiva en los sectores más vulnerables, grava el consumo y no el patrimonio. Esta situación exige fortalecer las narrativas desde la sociedad civil para encaminar los temas presupuestarios y fiscales que pueden articularse para favorecer el derecho humano a la educación.
Caminos para implementar la justicia fiscal
Es posible reorientar el dinero público para mejorar la inversión en educación proveniente de las pérdidas del sistema regional tributario. Esto se traduce en salarios dignos del personal docente, infraestructura escolar y otras condiciones de garantías de derechos en el ámbito educativo.
Adrián Falco subraya que se pierden cerca de 26.000 millones de dólares por cada año por impuesto a las grandes fortunas y especifica que el monto invertido en educación se va por tributos a las grandes empresas que equivale a “los 500 mil millones de dólares por año que perdemos por elusión fiscal, los 320 mil millones de dólares por año perdemos por evasión, el 5% de nuestro PIB (Producto Interno Bruto).
Iniciativas de justicia fiscal para el derecho a la educación
Dado el contexto, es indispensable profundizar un proceso de exigencia para sincerar la justicia fiscal, con modificaciones urgentes que reconduzca los recursos públicos para la consecución del derecho a la educación en los países de la región.
CLADE, junto a la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe impulsan el proceso de exigencia por sincerar la justicia fiscal, con modificaciones urgentes de al menos tres impuestos, a saber, reformulando el impuesto predial, impuesto a grandes fortunas y la fiscalización – regularización de recursos corporativos.
Escucha a Adrian Falco, Co-Presidente de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) en su intervención del evento: la Educación con justicia fiscal ¿dónde están los recursos para la educación?
Ministro Daniel Sponda, 5 claves para la educación: la alimentación, la infraestructura, el mobiliario, los textos y los ambientes escolares.
28 de noviembre de 2022En ocasión de la XII Asamblea de la CLADE se realizó en el Auditorio Juan Lindo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras – UNAH, el Foro Público “Financiación de la educación pública gratuita como mecanismo de transformación educativa y garantía del derecho humano a la educación”, en la mañana del martes 8 de noviembre.
La actividad principal contó con la participación de Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO – OREALC), y el Ministro de Educación de Honduras, Daniel Sponda, y la moderación de la Coordinadora General de la CLADE, Nelsy Lizarazo.
Cooperación regional para la educación transformadora
Las demandas de la sociedad civil exigen mayores compromisos con la garantía del derecho a la educación, los que se deben traducir en presupuesto dedicado a su protección, por ello se suman las solicitudes de fortalecer una educación estatal gratuita y de calidad, señalado en la Declaración Final de Tegucigalpa.
En ese sentido, CLADE dialogó con el Ministro de Educación de Honduras, Daniel Sponda, te invitamos a leer y escuchar sus declaraciones:
1- ¿Cómo aporta la educación a la justicia social en Honduras?
Daniel Sponda.- Nosotros estamos determinados a hacer de la Secretaría de Educación la estrategia del crecimiento del país. Reconocer que si hay una legislación que establece que un porcentaje del Producto Interno Bruto se debe destinar a la educación, entonces al crecer la economía del país, vamos a tener más recursos para invertir en educación.
En esta lógica neoliberal de 25 años atrás, nuestro sistema educativo y los profesores hemos estado muy enfrascados en alcanzar contenidos, en llegar a los estándares. Lamentablemente hemos dejado de tocar el alma de nuestros niños y niñas, necesitamos construir democracia, también que las escuelas agrícolas cuenten con buenos productores, además que sean buenos comerciantes, y sobre todo que sean solidarios.
Los elementos fundamentales que hoy no están en las mallas curriculares, como la solidaridad, la empatía, la construcción de la democracia, que deben ser ejes transversales de nuestro sistema, nos va a permitir construir la democracia y, esa va a ser la mayor ganancia, haciendo que nuestros estudiantes terminen su proceso educativo con calificación para integrarse de manera digna a la vida económicamente activa el país.
2.- ¿Cuál es la importancia para Honduras el diálogo con otras instituciones y otros gobiernos en materia educativa?
Daniel Sponda.- Estamos muy contentos por el evento [XII Asamblea Regional CLADE], pero somos conscientes que como país solos no vamos avanzar.
Es el trabajo colaborativo con otros países, como en la Coordinación Educativa Cultural de Centroamerica del Sistema de la Integración Centroamericana – CECC/SICA que se desarrolló hace algunos meses en Panamá, en el cual tomamos un acuerdo de manera unánime en el que se definieron los estándares de evaluación de la calidad regionales con relación a los contextos nacionales.
Recientemente, en el mes de mayo tuvimos un encuentro de alto nivel técnico en San Salvador, que culminó con el compromiso de generar una estructura regional en todos los países del SICA para hacer las evaluaciones, orientadas a los cinco elementos claves: la alimentación escolar, la infraestructura, el mobiliario, los libros de texto y los ambientes escolares.
Escuche la entrevista
Foro público por la financiación de educativa
La XII Asamblea Regional de la CLADE que se reunió en Tegucigalpa, Honduras entre el lunes 7 y el viernes 11 de noviembre, con más de 70 personas entre ellas docentes, estudiantes, personas investigadoras y activistas de derechos humanos, organizó el foro público “Financiación de la educación pública gratuita como mecanismo de transformación educativa y garantía del derecho humano a la educación”.
Declaración de Tegucigalpa: CLADE reitera el llamado a los Estados para que garanticen el financiamiento a la educación pública.
21 de noviembre de 2022“Que todos los Estados de la región de América Latina y Caribe garanticen el ejercicio pleno de los derechos humanos y la dignidad humana” afirman los 18 foros nacionales, 10 redes regionales y las 7 organizaciones internacionales que integran la red de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación a través de la Declaración final de la XII Asamblea Regional de la CLADE (en inglés), realizada entre los días 7 y 12 de noviembre en Tegucigalpa (Honduras).
El documento final del evento fue aprobado por la Asamblea y expresa el proceso de las reflexiones y debates durante la asamblea, así como la construcción colectiva sobre las preocupaciones compartidas en los contextos nacionales y en el ámbito regional en materia de derechos humanos.
Cuidado, transformación y Justicia social
La Asamblea sumó voces para relevar el cuidado, la transformación y la justicia social, como ejes centrales, incorporando lo generado en el encuentro presencial y las cuatro sesiones virtuales, reafirmando así la defensa de lo público estatal como camino para la superación de las discriminaciones y exclusiones.
“Que los Estados, sociedades, grupos organizados, coaliciones, redes, colectivos de comunicadores, e individuos amplíen los espacios y momentos para el cuidado con las personas, incluyendo el autocuidado, promoviendo la transformación necesaria para lograr la justicia social”, expresa el documento como parte de las demandas consideradas en el encuentro.
Demandas por los derechos humanos
En la declaración también se manifiesta el rechazo a “la deriva autoritaria en la región latinoamericana y caribeña, la violencia política de Estado, la persecución contra las personas defensoras de derechos humanos, personas jóvenes, manifestantes, organizaciones de la sociedad civil y contra la ciudadanía en general”.
Entre tanto se afirma “que la educación es un Derecho Humano universal, inalienable, irrenunciable, inherente a todas las personas, basado en principios de igualdad y no discriminación. Es un derecho habilitante para el ejercicio de los demás derechos humanos, y por tanto es indispensable para la promoción de la dignidad humana”.
Derechos digitales: los movimientos sociales ante la era digital
“En el aula nos parece que el acento debe estar puesto en los docentes, en la posibilidad en que los docentes aprendan a leer críticamente y a usar críticamente las tecnologías, pero que también se atrevan a usar nuevos recursos didácticos y pedagógicos producidos con software libre” afirmó Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE, en el encuentro regional “Por el derecho a un futuro digital justo y soberano”, realizado en el mes de octubre en la Casa Patria Grande “Presidente Néstor Carlos Kirchner”, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Este evento fue organizado por el espacio latinoamericano y caribeño Internet Ciudadana y el Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica (FCINA) y contó con la participación de especialistas, funcionarios de gobierno, legisladores, comunicadores, integrantes de organizaciones campesinas, educadores, cooperativas de producción tecnológica, académicas, sindicalistas, que enriquecieron los debates aportando miradas sectoriales al mosaico general. El encuentro tuvo como objetivo consolidar lo construido en estos años, por el espacio Internet Ciudadana, en términos de propuestas sobre el futuro digital que se quiere, el redireccionamiento de las tecnologías digitales hacia el bien común y al servicio de los pueblos, así como la necesidad de develar caminos y estrategias que permitan avanzar en la construcción de una internet libre y soberana.
“Si tenemos que construir nubes, construyamos nuestras propias nubes, donde podamos soñar nuestros sueños” esta frase de Leandro Monk (Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento, FACTTIC) habla sobre la necesidad del uso de tecnologías libres y que los pueblos tomen la gobernanza de las tecnologías para poder alcanzar un futuro digital justo y soberano.
Movimientos sociales en la era digital
El último panel del encuentro titulado: “Los movimientos sociales ante la era digital”, contó con la participación de seis panelistas de diferentes organizaciones de la región latinoamericana y caribeña que comentaron a partir de sus diferentes perspectivas los impactos de la era digital y las posibles soluciones colectivas a los problemas generados por este periodo.
Además de Nelsy Lizarazo de CLADE, participaron Perla Álvarez (coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC-La Vía Campesina, Paraguay); Pablo Antonini (Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO); Jordania Ureña (Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas, CSA, República Dominicana); Leandro Monk (Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento, FACTTIC) y Cecilia Ortmann (Docente e investigadora, Universidad de Buenos Aires).
Mira el encuentro completo:
powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.
Brasil post elecciones: el mayor desafío es evitar el avance del bolsonarismo en las escuelas
7 de noviembre de 2022En vísperas de la realización de la etapa presencial de la Asamblea Regional de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), conversamos con Andressa Pellanda, coordinadora de la Campaña Brasileña, sobre la importancia del trabajo de la red para garantizar el derecho humano a la educación.
Brasil acaba de celebrar una de sus elecciones más disputadas de los últimos tiempos. De un lado estaban los sectores de ultraderecha, representados por el actual presidente Jair Messias Bolsonaro, y, del otro, sectores más progresistas, cuyo candidato -y vencedor- fue Luiz Inácio Lula da Silva. Durante la entrevista, Andressa Pellanda relata el papel fundamental de la Campaña en la incidencia política y en el desafío de superación del movimiento de derecha que -incluso con la derrota de Bolsonaro- avanza en las escuelas y en la sociedad.
¡Buena lectura!
- Brasil acaba de elegir a un presidente progresista. ¿Cuál es el papel de la Campaña Brasileña de ahora en adelante?
Andressa Pellanda – La Campaña Nacional por el Derecho a la Educación nació el 5 de octubre de 1999, 11 años después de la promulgación de la Constitución Federal de Brasil, hecha el 5 de octubre de 1988, y el papel de la Campaña Brasileña – independientemente del contexto político- siempre ha sido la defensa de la Constitución, la democracia, la justicia social y el derecho a la educación como está escrito en la Carta Magna.
Después de todos estos años de gobiernos conservadores -que comenzaron con el golpe de Estado de 2016- volvemos a tener espacios y respiros para poder avanzar en la defensa del derecho a la educación en un ámbito democrático. Esta victoria de Lula [Luiz Inácio Lula da Silva] en esta elección representa una reanudación de la perspectiva democrática y de garantía de los derechos en Brasil, con la educación inmersa en ese contexto.
De esta forma, nuestro papel será seguir incidiendo para que tengamos mejoras en las políticas educativas y participar en todos los espacios de decisión posibles que se abran para la sociedad civil y trabajar para abrir más espacios de participación de la sociedad civil.
Un caso es el Foro Nacional de Educación, que fue desmontado en el gobierno de [Michel Temer], cuya Campaña era una de las integrantes. La idea es que podamos volver a participar, así como las demás entidades que se retiraron del foro cuando fue desmontado en el gobierno de Temer.
Seguramente tendremos que seguir ejerciendo un rol de control, vigilancia y presión social para que las políticas educativas avancen más en el camino del cumplimiento de lo que está previsto en nuestra Constitución.
También es importante fortalecer el trabajo de debate en las Conferencias de Educación, que fueron citadas por el mismo Lula en su discurso de victoria como uno de los ejes principales de la agenda de trabajo de su gobierno.
Sabemos que el gobierno de Lula será un gobierno de coalición, que ya les ha hecho señales a grupos con una postura política de centro y por lo tanto no será un gobierno que automáticamente reciba todas nuestras agendas progresistas, pero presenta, incomparablemente, un mejor escenario que el que teníamos hasta ahora, representando – simbólicamente – un hito que fortalece la democracia brasileña.
Seguramente tendremos que seguir ejerciendo un rol de control, vigilancia y presión social para que las políticas educativas avancen más en el camino del cumplimiento de lo dispuesto en nuestra Constitución.
- ¿Cómo fue el desempeño de la campaña brasileña en estas elecciones (incidencia política, carta a los candidatos, etc.)?
Andressa Pellanda – La Campaña tiene como prioridad en 2022 el trabajo de incidencia en las elecciones de octubre/noviembre de este año, ya que la definición del presidente y de los parlamentarios del Senado y de la Cámara Federal impactará el rumbo de la garantía de derechos, entre ellos el derecho a la educación, y de la propia democracia para los próximos años. Nuestra perspectiva dentro de la planificación estratégica y política fue precisamente poner la centralidad de la incidencia en las elecciones.
Lanzamos una carta de compromiso por el derecho a la educación con 40 puntos que van desde cuestiones estructurales de la economía y el estado brasileños, pasando por la financiación, el Plan Nacional de Educación (PNE), políticas de inclusión y diversidad y cuestiones específicas de etapas y modalidades, llegando a la Educación Superior, con la reanudación de las inversiones en investigación, ciencia y tecnología, y con acciones afirmativas como la ley de cuotas.
Llevamos la carta a todos los Estados, hicimos un lanzamiento nacional y la llevamos a las candidaturas de diputados estatales y federales, senadores y presidente para que, desde la firma del documento, los candidatos se comprometieran -si resultaran electos- con los 40 puntos. Obtuvimos 502 firmas de todos los cargos electos, de 26 de los 32 partidos, obteniendo un amplio espectro político, obteniendo la confirmación del apoyo de los entonces candidatos presidenciales Ciro Gomes y Lula. Esta carta es un resumen de la carta de la ciudad de Natal (RN) aprobada en la Conferencia Nacional Popular de Educación en julio de este año.
En los meses de noviembre y diciembre realizaremos reuniones y un diálogo nacional con un llamado a todas las candidaturas que firmaron el documento y, luego de este proceso, realizaremos diálogos regionales para territorializar la carta y llevarla a aquellas autoridades que firmaron el documento – 60% de las firmas – y hacer que esos compromisos salgan del papel.
- ¿Cuáles son los desafíos que enfrentará con relación a la lucha por el derecho a la educación en el escenario político, con nuevos y viejos gobernadores, diputados, senadores?
Andressa Pellanda – Nuestro Congreso Nacional sigue siendo muy desafiante. Tenemos una bancada de extrema derecha que ha aumentado con partidos como el PL (Partido Liberal), União Brasil, pero tenemos una bancada de izquierda, de autoridades que fueron electas con el compromiso de trabajar por garantizar el derecho a la educación. Aunque el Senado tiene representantes de la derecha, tenemos una importante representación del ala progresista.
Nuestro trabajo en el Congreso será muy duro, en un ambiente muy árido. Nuestro mayor desafío es regular el Sistema Nacional de Educación, culminar el proceso de regulación del Fundeb [Fondo para el Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y para la Valorización de los Profesionales de la Educación] y un desafío estructural que es la construcción del nuevo Plan Educación Nacional cuya vigencia comienza en menos de dos años.
El escenario brasileño, en términos de garantía de derechos para los próximos años, presenta desafíos muy duros. Esa fue la elección presidencial más disputada que hemos tenido. Le ganamos a Bolsonaro en la presidencia, pero necesitamos vencer al bolsonarismo en las escuelas y en la sociedad.
También vemos, poco después del final de las elecciones, la implementación del Proyecto de Ley de Educación en el Hogar (PL), cuya segunda audiencia contará con mi participación y se realizará dentro de dos semanas. El regreso de esta agenda presenta un escenario muy riesgoso, ya que con el fin del gobierno de Bolsonaro, la tendencia es que haya un movimiento para aprobar varios proyectos de ley que representan un retroceso a la garantía del derecho a la educación, como es el caso de la educación en el hogar. Nuestro papel es continuar en la resistencia a este tipo de proyectos.
El escenario brasileño, en términos de garantía de derechos para los próximos años, presenta desafíos muy duros. Esa fue la elección presidencial más disputada que hemos tenido. Le ganamos a Bolsonaro en la presidencia, pero necesitamos vencer al bolsonarismo en las escuelas y en la sociedad. Necesitamos acciones de mediano y largo plazo para que este escenario pueda revertirse.
- ¿Cuál será la agenda prioritaria de la campaña para 2023?
Andressa Pellanda – Nuestra agenda prioritaria para los próximos años fue aprobada por la Asamblea en enero de 2022 y tiene como lineamientos de política de construcción el Sistema Nacional de Educación, el nuevo PNE y el financiamiento vía Fundeb y la regulación del Costo de Calidad Estudiantil (CAQ) y el Sistema de Evaluación de la Educación Básica (Sinaeb) y, al mismo tiempo, continuaremos resistiendo las agendas conservadoras que han pautado el área y fueron destaques del gobierno de Bolsonaro, como la militarización de las escuelas, la educación en el hogar, la censura y los enfrentamientos a la libertad de cátedra.
También tenemos una agenda programática que toca las infancias y las adolescencias que son invisibles en Brasil, como las pertenecientes a pueblos indígenas, quilombolas, comunidades de migrantes, las que se encuentra en situación de calle, entre otros grupos que han sido marginados. Estamos en un gran frente intersectorial para visibilizar a estas poblaciones y también trabajamos para fortalecer la gestión democrática de las escuelas a través de la promoción y fortalecimiento de los gremios estudiantiles, en un fuerte trabajo con las juventudes en las escuelas.
Además, tenemos una agenda de producción de conocimiento y articulación con relación al conservadurismo y fundamentalismo religioso en un proyecto sobre religión y laicidad en la educación y, finalmente, tenemos un trabajo de fortalecimiento de la red propia de la Campaña, nuestras bases, diversidad de nuestros comités y movimientos que componen nuestra red y seguiremos trabajando para que la educación brasileña tenga un sistema transformador y antirracista a través del proyecto Seta, que es una iniciativa desarrollada en alianza con organizaciones educativas y movimientos negros de Brasil.
- ¿Cuál es la importancia de ser miembro de la CLADE y participar en su Asamblea?
Andressa Pellanda – Ser parte de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación permite intercambiar experiencias y análisis con países hermanos frente a los desafíos, además de aprender de esa diversidad y multiplicidad de miradas, de la producción de documentos formales y conocimiento no formal en esta red. También sumamos esfuerzos para que nuestra América Latina y el Caribe pueda crecer en el debate internacional, pueda incidir en ese debate para que las decisiones internacionales se tomen de manera más democrática, incorporando una agenda decolonial y de garantía de derechos de manera transversal con una interculturalidad, que es una marca importante en nuestra región.
La Asamblea de CLADE es un momento para reunir a todos los miembros de su red en vivo, especialmente después de la pandemia, y fortalecer el pacto colectivo para garantizar el derecho a la educación en América Latina y el Caribe y en el mundo.
Movimientos sociales de América Latina y el Caribe se reúnen para discutir sobre los derechos digitales en la región
12 de octubre de 2022
¿Qué derechos individuales y colectivos están siendo vulnerados por este modelo pro-empresarial e inconsulto? ¿Cómo adecuar la acción desde la comunidad y las políticas públicas en el ámbito digital para favorecer las aspiraciones de justicia social de los pueblos? ¿Cómo avanzar hacia tecnologías digitales abiertas, democráticas, equitativas y libres?
Para reflexionar sobre estos y muchos otros interrogantes en el área de los derechos digitales Internet Ciudadana -iniciativa latinoamericano y caribeña- conformada por organizaciones e individuos de distintos ámbitos, entre ellos la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) – se llevará a cabo entre el 13 y el 14 de octubre el encuentro “Por el derecho a un futuro digital justo y soberano”.
Será realizado de manera híbrida (presencialmente/ virtualmente) en Buenos Aires, Argentina, el encuentro tendrá como núcleo el análisis y el intercambio de propuestas de acción colectiva entre la comunidad y los Estados para recuperar el sentido democratizador de la tecnología digital.
Participación de la CLADE: movimientos sociales, educación y derechos digitales
Nelsy Lizarazo, participará del panel “Los movimientos sociales ante la era digital en el segundo día del encuentro (14/10)”, que también contará con la presencia de Leandro Monk (Facttic, Argentina); Perla Álvarez (Paraguay, CLOC-La Vía Campesina), Jordania Ureña (República Dominicana, Sec. Políticas Sociales CSA); Pablo Antonini (Argentina, FARCO ); Cecilia Ortmann (Argentina, Universidad de Buenos Aires) y la mediación de Carolina Osorio, de la CLADE.
“La comprensión de lo que significa, de lo que implica en términos de oportunidades, riesgos y amenazas la corporativización de las tecnologías digitales tan presentes en nuestras vidas es una tarea fundamental para efectivamente lograr las democracias reales”, afirma Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE.
Mira el vídeo:
>> Para participar, haz tu inscripción aquí.
