Foto: ONU

Educación y pandemia: CLADE lanza documento exploratorio respecto a la actividad parlamentaria

11 de mayo de 2021

En un contexto marcado por la crisis sanitaria regional y global, en el marco de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, se consideró fundamental realizar una aproximación a la actividad parlamentaria, de forma de poder identificar más directamente el tratamiento y respuestas que desde los ámbitos legislativos se estaba dando a la educación. 

El presente documento es el resultado de esta exploración, la que se llevó a cabo durante el año 2020 y abarcó el análisis de la actividad parlamentaria de 17 países de la región. 

En términos generales, luego de la exploración de 17 sitios oficiales parlamentarios y más de 15 fuentes temáticas documentales, y para el período temporal en que se situó el estudio, es posible afirmar que no se evidencia un desarrollo normativo específico y focalizado en la protección del derecho humano a la educación.


Actividad parlamentária y la adopción de leyes generales de carácter urgente

Más allá de las particularidades identificadas a nivel nacional y/o desde la mirada por subregiones, el documento da cuenta de la preponderancia de una actividad parlamentaria supeditada a la adopción de leyes generales de carácter urgente (bajo iniciativa del poder ejecutivo), centradas en la declaración de la emergencia sanitaria, así como una marcada tendencia hacia la adopción de medidas legislativas de impulso fiscal y protección a la economía real.  No se encuentra evidencia clara de que los parlamentos hayan integrado la protección del derecho humano a la educación como un factor decisivo en la gestión de la crisis provocada por el COVID-19, ni hacia un mayor compromiso de fortalecimiento de los sistemas de educación, ni leyes específicas que se hayan ocupado de dicho fortalecimiento integrando, en específico, el contexto COVID-19 y el manejo de los procesos de recuperación pospandemia.


Avance de una agenda prioritaria

Estas primeras exploraciones permiten afirmar la relevancia de un mayor liderazgo de los parlamentos en la protección del derecho humano a la educación. Se impone la urgencia de avanzar en una agenda prioritaria determinada por el contexto de pandemia y orientada a garantizar plenamente la educación y el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos, incluyendo los aspectos presupuestarios. 

Supone también la urgencia de considerar el abordaje del incremento de la desigualdad, la discriminación, la violencia, los particulares impactos desde la perspectiva de género, y otras brechas preexistentes agudizadas por el cierre de los establecimientos educativos, y los profundos impactos que ello representa en los proyectos de vida de niñas, niños y adolescentes. Una especial priorización al tratamiento de los derechos digitales e igualdad de acceso, esencial para el cumplimiento del derecho a la educación en un escenario en el que prima el confinamiento y la educación a distancia. También el fortalecimiento del rol fiscalizador de los parlamentos para asegurar la debida protección y evitar la adopción de medidas o proyectos que implican una regresión.


Más sobre la publicación

Invitamos a leer la publicación que además abarca elementos del contexto regional y mundial, del panorama económico y social, así como el debate, participación y movilización social por la defensa del derecho a la educación en el contexto de pandemia y las reivindicaciones claras y firmemente planteadas en torno no solo al derecho a la educación¹; y que también nos invita a reflexionar sobre el necesario e inminente rol estratégico de la educación en la fase de recuperación y la gestión integral de los impactos del contexto COVID 19.


¹ Entre otras, la necesidad de asegurar políticas sociales progresivas con estrategias de protección social y seguridad alimentaria; la importancia de la salud psíquica y del rol de la educación en la cohesión social; la necesidad de invertir más y con mayor calidad y del rol de fiscalización de los parlamentos para asegurarlo; la incorporación de la educación para la primera infancia como estrategia prioritaria; el aseguramiento de los sistemas públicos educativos e incluso la ampliación de sus coberturas con modalidades pedagógicas diversas; la agenda pendiente con el cierre de brechas educativas con los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendiente; la agenda de género en la educación pendiente y profundizada por las violencias y las prácticas nocivas naturalizadas.


Foto: AP_Colombia

“Alerta por una Colombia en paz: exigimos un alto a la militarización y el respeto a la protesta social”

4 de mayo de 2021

Garantías y libertades democráticas constitucionales a la movilización y la protesta; desmilitarización de las ciudades; el fortalecimiento de una masiva vacunación y no a la alternancia educativa sin condiciones de seguridad y salud son algunas de las demandas que la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación presenta en su pronunciamiento recién publicado. 

Firmado por más de 20 organizaciones y redes de la sociedad civil nacionales e internacionales, el comunicado también denuncia el Estado Colombiano por los casos de represión contra los y las manifestantes que llevan seis días de protestas en las principales ciudades y campos del país, especialmente en oposición a las reformas tributaria y de salud que impulsa el gobierno nacional. La represión violenta de las protestas ha resultado en 21 personas asesinadas, 208 heridas, 18 con mutilación por lesiones oculares, 10 casos de violencia sexual y violencias basadas en género, al menos 503 personas detenidas y 42 agresiones intencionales a defensores/as de derechos humanos o reporteros/as independientes. 

“Solicitamos a los organismos internacionales de Derechos Humanos (DDHH), como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de ONU, Misión de Verificación al Proceso de Paz de la ONU, Cruz Roja Internacional, MAPP OEA, Comisión Interamericana de DDHH, Misión Diplomática Acreditada en Colombia, y demás organizaciones internacionales, brindar el acompañamiento necesario al pueblo colombiano e instar al Estado y al gobierno de Colombia a respetar y garantizar la vida e integridad física y cultural de los y las manifestantes”, dice el posicionamiento.

Lee el comunicado completo:

COMUNICADO A LA OPICIÓN PÚBLICA

ALERTA POR UNA COLOMBIA EN PAZ, EXIGIMOS UN ALTO A LA MILITARIZACIÓN Y RESPETO A LA PROTESTA SOCIAL

Desde el 28 de abril el pueblo colombiano se está movilizando en el gran Paro Nacional frente a la Reforma Tributaria, que pretendía incrementar los impuestos a la población más empobrecida, precarizando aún más la vida de la ciudadanía en medio de  la actual crisis sanitaria por Covid-19; otras causas de la movilización han sido el hartazgo frente a la corrupción, la violación de los derechos humanos elementales, las políticas extractivistas, el desempleo, el incremento de la pobreza y del hambre, la privatización y pésima atención de la salud, que se evidencia con mayor fuerza en la pandemia, los recortes presupuestales a los programas sociales incluidas la educación y la salud, los asesinatos a líderes y lideresas sociales y el abuso del poder.

En Colombia, durante este gobierno los niños, niñas y jóvenes también han sido víctimas de distintas estrategias de deshumanización por parte de grupos armados ilegales y del Estado mismo. Las movilizaciones pacíficas de la ciudadanía colombiana, hacen parte del legítimo derecho a defender los derechos humanos, y el derecho a la reunión y manifestación pública, consagrados en el artículo 37 de la Constitución Política Nacional. En ese sentido, el uso desmedido de la fuerza por parte de algunos integrantes de la Fuerza Pública es inaceptable.

En medio de las manifestaciones, entre el 28 de abril y el 10 de mayo se han presentado los siguientes casos de vulneración de los derechos humanos por parte de  la fuerza pública del Estado  colombiano hacia los y las manifestantes en las principales ciudades y campos, que según la organización “Defender la Libertad Asunto de Todas”, han dejado a 52 personas asesinadas presuntamente por el accionar de la fuerza pública, 489 personas heridas, 33 por lesiones oculares, 48 personas lesionadas por armas de fuego, 15 víctimas de violencias  basadas en género, 435 personas presuntamente desaparecidas, 69 agresiones intencionales a defensores/as de derechos humanos o reporteros independientes , 1365 personas han sido detenidas, gran parte de ellas por medio de procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a torturas y o a tratos crueles e inhumanos, 709 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.

El Comité Nacional de Paro manifiesta su decisión y orientación de seguir en el paro y la movilización nacional levantando como objetivos centrales para este momento: Garantías y Libertades Democráticas, garantías constitucionales a la movilización y a la protesta.

Desmilitarización de las ciudades, cese de las masacres y castigo a los responsables. Y, así mismo, el desmonte del ESMAD.

Negociación con el Comité Nacional de Paro y con las organizaciones del Pliego de emergencia así resumido:

1. Retiro del proyecto de ley 010 de salud y el fortalecimiento de una masiva vacunación.

2. Renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual.

3. Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina). Subsidios a las MiPymes, empleo con derechos y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria.

4. Matrícula cero y no a la alternancia educativa sin condiciones de seguridad, salud y vacunación contra el COVID – 19 a toda la comunidad educativa del país.

5. No a la discriminación por razones de género, diversidad sexual y étnica y

6. No a las privatizaciones de los bienes públicos y la derogatoria del decreto 1174. Además, detener las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y las aspersiones aéreas con glifosato; y el retiro de la fuerza pública, ESMAD y GOES de las movilizaciones sociales.

Por ello, como organizaciones de la sociedad civil solicitamos al Estado colombiano adoptar de manera urgente medidas de protección a la vida, integridad personal, libertad personal, debido proceso, libertad de expresión, libertad de asociación, derecho de reunión, derecho a la participación y demás derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, los cuales se encuentran en grave riesgo por los hechos anteriormente descritos.

Solicitamos a los organismos internacionales de Derechos Humanos, como la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de ONU, Misión de Verificación al Proceso de Paz de la ONU, Cruz Roja Internacional, MAPP OEA, Comisión Interamericana de DDHH, Misión Diplomática Acreditada en Colombia, y demás organizaciones internacionales, brindar el acompañamiento necesario al pueblo colombiano e instar al Estado y al gobierno de Colombia a respetar y garantizar la vida e integridad física y cultural de los y las manifestantes y servir de garantes en la negociación del pliego arriba descrito.

¡POR EL DERECHO A UNA VIDA DIGNA!

4/5/2021
Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación

Apoyan y acompañan esta declaración:

  • Action Aid
  • Agencia Pressenza
  • Agenda Ciudadana por la Educación de Costa Rica
  • Asociación para el Desarrollo Campesino (ADC) – Colombia
  • Asociación Tierra de Esperanza
  • Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE)
  • Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE)
  • Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación
  • Campaña Lationamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)
  • Campaña Mundial por la Educación (CME)
  • Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE)
  • Campaña por el Derecho a la Educación de México (CADEM)
  • Coalición Panameña por el Derecho a la Educación
  • Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala
  • Contrato Social por la Educación en el Ecuador
  • COPROBA – Argentina
  • Educare – Argentina
  • Federación Internacional Fe y Alegría
  • Foro por el Derecho a la Educación Publica de Chile
  • Foro Venezolano por el Derecho a la Educación (Fodeve)
  • Fraternidad Franciscana Sembradores de la Palabra
  • Fundacion SES
  • Fundación VOZ
  • Instituto Edesio Passos
  • Jovenes Solidarios
  • Liderezas de Suba
  • Marcha Global contra el Trabajo Infantil – Sudamérica
  • Mujeres Indígenas de Pueblo Tolupan
  • Organización Mundial de Educación Preescolar – Región América Latina (OMEP-Latinoamérica)
  • Oxfam
  • Psinergia
  • Reagrupación Educación para Todos y Todas (REPT) Haití
  • Red Estrado Colombia
  • Red Global/Glocal por la calidad educativa
  • Red de Educación Popular Entre Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM) – Colectivo Nacional de Colombia
  • Natalia Cogliati
  • Susana Papale
  • Luz Marina Peña
  • Diego Arévalo Ligarda
  • Isabel Moyano Rojas

 

 


Foto: Jorge Fernandez | Unsplash

Chile: Encuentro de organizaciones para transformar la educación como derecho

16 de abril de 2021

Con más de 80 organizaciones de seis regiones de Chile se realizó el pasado 20 de marzo, el II Encuentro Nacional de Educación “Organizadxs para transformar la educación como un derecho social. Comunidades Educativas y del territorio en resistencia ante la radicalización del modelo mercantil”. El evento fue coordinado por el Foro por el Derecho a la Educación Pública, una coalición de actores sociales educativos, como continuidad al Encuentro desarrollado en 2020, al inicio de la pandemia.

El escenario de este II Encuentro se da en medio de un proceso constituyente y de alta represión y criminalización de movimientos sociales, una pandemia que no cesa y el despliegue de un Estado policial y autoritario, con asesinatos, mutilaciones, torturas, detenciones arbitrarias y violencia política sexual que se suman a la desprotección y el abandono del gobierno hacia las poblaciones más necesitadas durante las cuarentenas. La propuesta de la elite y el gobierno para este nuevo período histórico tiene rasgos dictatoriales, con un alcalde de Santiago dirigiendo una red de espionaje y delación de estudiantes en el INBA y el control militar en todos los territorios.

El panorama educativo es desconcertante, por el inicio de clases presenciales en el peor momento de la pandemia, con algunos establecimientos en clases y otros en teleeducación y con una importante desventaja en las condiciones que tienen estudiantes de menos recursos, sin acceso a Internet ni computadores, deserción escolar y una ausencia de participación efectiva de actores y actoras educativas organizadas.

Bajo este contexto, el Encuentro buscó avanzar en lo propositivo, fortaleciendo los vínculos con las organizaciones presentes y planteando propuestas para disputar el sentido común de los pueblos que habitan este territorio y desde las bases sociales incidir en el proceso constituyente. Las y los participantes se agruparon según temas de interés en: Derecho a la Educación, Sistema de Educación Pública, Financiamiento y Currículum; para enfatizar y ampliar las propuestas señaladas en el I Encuentro, como que la Educación debe ser garantizada y financiada por el Estado y que las condiciones que debe reunir para ser un derecho social son: Educación Pública gratuita, laica, integral, democrática, territorialista, no sexista, feminista, intercultural, pluricultural, anti–colonial, comunitaria, valoradora de la memoria histórica y comprometida con la defensa de los derechos humanos, garantizada a través de una asamblea constituyente, popular y/o soberana. Los documentos que sirvieron de base del trabajo de grupos fueron la Sistematización del I Encuentro Nacional de Educación y cuatro folletos elaborados por el Foro por el Derecho a la Educación Pública como aporte al debate constituyente sobre: Nuevo Sistema de Educación Pública en todos sus niveles (inicial, básica, media y técnico-superior), Derecho a la Educación y Libertad de Enseñanza, Financiamiento de la Educación en Chile y Currículum Comunitario por una Vida Digna.

Mira a continuación la grabación del “II Encuentro Nacional de Educación”


Movilización hacia otros territorios en Chile

Durante el encuentro, integrantes del Foro chileno utilizaron materiales educomunicativos para alimentar el debate. Además del encuentro, el Foro está desarrollando un trabajo junto a otras organizaciones del país para que la iniciativa se proyecte más a los territorios de Chile.

> Los folletos educomunicativos pueden descargarse aquí, en la web del Foro por el Derecho a la Educación Pública


 

Foro Construcción del Poder Constituyente en Chile

Ayer, 15 de abril, el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile, en alianza con OPECH, CEAAL, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER) y otras organizaciones, realizó un foro virtual para discutir y reflexionar sobre la experiencia social de Chile en relación a la construcción de una nueva Constitución junto a líderes y lideresas de ese movimiento ciudadano y político. Mira la grabación a continuación.


Mociones adoptadas en la XI Asamblea Regional de la CLADE

5 de abril de 2021

El compromiso con la lucha por la erradicación del trabajo infantil, la participación en la convocatoria de una Marcha Global por el Derecho a la Educación para el año 2021, y la demanda por la apertura inmediata del diálogo social y la negociación con los sindicatos de docentes para garantizar el derecho a la educación de calidad de las personas más vulneradas de Haití, son los temas de 3 mociones adoptadas por los miembros de la CLADE, en el marco de su XI Asamblea Regional.

Accede a las mociones, disponibles a continuación en 4 idiomas:

Español

Creole

Português

English


AME3916. BOGOTÁ (COLOMBIA), 21/01/2020.- Agentes de la policía antidisturbios bloquean el paso a manifestantes que participan en la jornada de protestas parte del Paro Nacional este martes, en Bogotá (Colombia). Organizaciones sociales y estudiantes realizan manifestaciones en contra del gobierno colombiano en algunas ciudades del país. La primera jornada de protestas del año en Colombia comenzó este martes con bloqueos en el transporte público y algunos disturbios en Bogotá, que colapsaron la movilidad en varias zonas de la capital, mientras en otras ciudades se preparan para realizar plantones en rechazo a la violencia y a las políticas del Gobierno. a protesta de este 21 de enero, la primera del año después de las masivas manifestaciones de noviembre y diciembre contra las medidas sociales y económicas del Gobierno de Iván Duque, fue convocada en esta ocasión por el Comité Nacional de Paro bajo el lema
Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Criminalización y Violación a los Derechos Humanos de Estudiantes en América Latina y el Caribe

Este Informe Regional está dedicado a la situación de las y los estudiantes en América Latina y el Caribe como protagonistas de la defensa del derecho a la educación y de otros derechos humanos.

Elaborado por la CLADE con el apoyo del Fondo de Asistencia Internacional de Estudiantes y Académicos Noruegos (Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund -SAIH), el documento pretende aportar a la identificación de cómo se manifiesta la criminalización y violación de los derechos humanos de estudiantes en América Latina y el Caribe, inicialmente a partir de la mirada y escucha de actores estudiantiles (universitarios y secundarios), defensores y defensoras de derechos humanos, en cuatro países en la región: Colombia, Chile, Honduras y Nicaragua.

Accede al informe aquí.


Foto: Ignacio Amenabar/Unsplash Chile

Chile: Rechazamos cualquier tipo de espionaje y persecución de estudiantes

18 de marzo de 2021

A través de la publicación de la página digital Interferencia, vino a público semana pasada el funcionamiento de un grupo de Whatsapp para espiar y delatar a estudiantes movilizadas/os por el derecho a la educación del establecimiento educacional público Internado Nacional Barros Arana (INBA). Ante este contexto, el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile (Fodep) publicó esta semana un pronunciamiento denunciando tales medidas. 

“Rechazamos todo tipo de persecución y criminalización hacia estudiantes, incluyendo este tipo de prácticas, que se suman a las expulsiones arbitrarias, seguimientos, agresiones, y la propia Ley Aula segura que ha legitimado este orden represivo en las escuelas y liceos”, afirmó en pronunciamiento el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile (Fodep).

Según el Foro, “sin pudor ni vergüenza, el actual alcalde de Santiago y candidato a la reelección, Felipe Alessandri, encabezaba un grupo de espionaje, delación y represión contra estudiantes del INBA, compuesto por efectivos de Carabineros de alta graduación de la 22° comisaría de Quinta Normal, funcionarios de la Dirección de Educación Municipal de Santiago y directivos y docentes del establecimiento que actuaban concertadamente y usando redes sociales para vigilar y posteriormente sancionar las actividades de dirigentes estudiantiles”.


>> Lee la nota completa

>> Escucha la entrevista sobre el caso realizada por ALER 


AME3916. BOGOTÁ (COLOMBIA), 21/01/2020.- Agentes de la policía antidisturbios bloquean el paso a manifestantes que participan en la jornada de protestas parte del Paro Nacional este martes, en Bogotá (Colombia). Organizaciones sociales y estudiantes realizan manifestaciones en contra del gobierno colombiano en algunas ciudades del país. La primera jornada de protestas del año en Colombia comenzó este martes con bloqueos en el transporte público y algunos disturbios en Bogotá, que colapsaron la movilidad en varias zonas de la capital, mientras en otras ciudades se preparan para realizar plantones en rechazo a la violencia y a las políticas del Gobierno. a protesta de este 21 de enero, la primera del año después de las masivas manifestaciones de noviembre y diciembre contra las medidas sociales y económicas del Gobierno de Iván Duque, fue convocada en esta ocasión por el Comité Nacional de Paro bajo el lema
Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Colombia: ¡Exigimos la protección de la vida y la integridad de jóvenes en todo el país!

3 de marzo de 2021

“La educación que necesitamos para el mundo que queremos es una educación que nos fortalezca como humanos, pensada desde lo humano para transformar y no simplemente para aprender a memoria un par de fórmulas y conceptos. [Es una educación que posibilite], transformar todo, aprender y crecer en función no del individuo sino de la sociedad, del medio ambiente. (…) Por eso es necesario manifestarse, salir, decir que necesitamos cambiar, necesitamos un mejor país (…)”, afirmó Gareth Steven Sella, estudiante colombiano, durante una de las manifestaciones en que participaba en su país para defender el derecho a la educación, en octubre de 2019. Su testimonio se dio en el marco de la Campaña #LaEducaciónQueNecesitamos para el Mundo que Queremos, desarrollada por la CLADE con el apoyo de UNICEF. 



Pasados un año y cinco meses de su testimonio, en la tarde del 24 de febrero de 2021,  Gareth fue agredido en uno de sus ojos por parte de un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) cuando participaba en una manifestación en la que se exigía del Estado colombiano la Matrícula Cero (gratuidad) para la educación pública superior y el desmantelamiento del ESMAD, justamente por sus recurrentes actos violentos contra estudiantes y jóvenes manifestantes desde hace varios años. 

Tras ese contexto de violencia y criminalización contra estudiantes, que culminó en la agresión a Gareth y centenas de estudiantes en el país, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación y otras organizaciones, movimientos sociales y especialistas de América Latina y el Caribe publican hoy, 3 de marzo, un pronunciamiento en el cual expresan su más categórico repudio a la “represión de los militantes sociales y educativos, que pone en riesgo su salud de manera irreparable, lamentando que se ensañe con jóvenes y adolescentes de manera brutal”.

 

Lee a continuación el pronunciamiento completo:

 

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO POR EL RESPETO A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD DE GARETH STEVEN SELLA


Las organizaciones abajo firmantes rechazamos la represión desmedida, el uso de armas y de ataques a los ojos por parte del ESMAD, de la policía y de organismos de seguridad del Estado colombiano hacia las personas que salen a manifestarse; específicamente rechazamos lo sucedido con
Gareth Steven Sella en la tarde del 24 de febrero de 2021, cuando haciendo parte de una manifestación en la que se exigía del Estado colombiano la Matrícula Cero para la educación pública superior y el desmantelamiento del ESMAD, justamente por sus actos violentos contra estudiantes y jóvenes manifestantes desde tiempo atrás,  fue agredido en uno de sus ojos por parte de un miembro del ESMAD.

En un diálogo con Blu Radio, el joven cineasta de 24 años aseguró que a él le habían disparado cuando estaba en la calle 23 con carrera Séptima (en el centro de Bogotá). “Yo me volteo y ahí me disparan, yo siento el golpe supremamente fuerte en mi cara y arrancó a moverme, a correr. Me toqué el ojo y me di cuenta de que no veía. Me asuste bastante”, explicó el joven.

Sella aseguró que el diagnóstico médico que le dieron en la Clínica San Ignacio arroja que la herida se produjo por el impacto de un arma. “Ellos lo tienen muy claro (los médicos). Las heridas hablan, esto no fue una piedra. Dios quisiera que hubiera sido una piedra, de pronto me hubiera cortado un poquito, un par de puntos y todo bien. Pero esta herida es profunda, es una herida por un impacto que removió todo dentro del ojo”, indicó.

Es una situación que de nuevo se repite y que ya había sucedido en ocasiones anteriores contra manifestantes.

Además de estos hechos, Gareth Steven ha recibido amenazas contra su vida por las declaraciones realizadas.

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación expresa su más categórico repudio a la represión de los militantes sociales y educativos, que pone en riesgo su salud de manera irreparable, lamentando que se ensañe con jóvenes y adolescentes de manera brutal. 

Desde las organizaciones sociales que adherimos a este pronunciamiento exigimos castigo a los responsables directos y a quienes dan las órdenes de reprimir estas manifestaciones legítimas y pacíficas. 

¡Exigimos la protección de la vida y la integridad de nuestros jóvenes en todo el país!

¡Decimos no a la impunidad!

                                                                                                                03 de marzo de 2021

Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación

Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación

Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación

Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación

Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala

Campaña por el Derecho a la Educación en México

Campaña Boliviana por el derecho a la educación

Contrato Social por la Educación en el Ecuador

Red Global/Glocal por la Calidad Educativa

Marcha Global Contra el Trabajo Infantil Sudamérica

Federación Internacional Fe y Alegría

Reagrupamiento Educación para Todas y Todos – Haití

Equipo Docentes Licenciatura en Educación Comunitaria y Derechos Humanos

Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos

Fundación Luis Felipe Vélez

Red de Educación de Personas Jóvenes y Adultas

Frente Amplio por la Educación, los Derechos y la Paz

Colectivo Voces y Colores

Grupo de Docentes de Educación de Personas Jóvenes y Adultas

Organización Mundial por la Educación Preescolar – OMEP

Asociación Nacional de Estudiantes Secundaristas – ANDES

Organización Continental y Caribeña de Estudiantes – OCLAE

Fundación Escuela para el Desarrollo – FEDE

Asociación de Directivos Docentes Oficiales del Quindío

Docentes de la Institución Educativa Antonio Nariño de La Tebaida

Movimiento por un Mundo Sin Guerras y Sin Violencia

Asociación Minga

Grupo COMUNICARTE

Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación

Fodeve – Foro Venezolano por el Derecho a la Educación

Luz Angélica Medina -Pastoral Social Bogotá 

Ruth Barreto – Red Tejiendo Sueños y Realidades

Germán Niño – CIASE 

María Elena Urbano Dorado – FLFV/CCDE

Cecilia Gómez – CCDE

Camilo Jiménez – UPN

Ángel Libardo Herreño – ILSA

Orlando Pulido – Docente Universitario

Nabor Infante – Docente de EPJA

Sandra Morales, Egresada EPJA

Ana Lucia Medina, Docente

Jesús Suarez – CADEM – México

Marcela Brown – CADE – Argentina

Pilar Herrera –Docente 

Eliana González – Egresada EPJA

Joel García P. – Antropólogo

Martha Roya – Coordinadora Docente

Claudia Marcela Muñoz Guzmán -FLFV

Luz Marina Vallejo Sánchez – FLFV Docente

Luz Adriana Isaza Vallejo – Abogada

Andrés Ramos –CCDE

Katherine Gómez – Gobierno Mayor 

Carolina Martínez

Hernando Muñoz – Rector

Sandra Milena Correa – Estudiante Educación Comunitaria y Derechos Humanos

Henry Rengifo Hurtado – Coordinador Docente

Luis Oscar Alvarez Macias CEP – Parras


ASPBAE condena del golpe de estado dado por los militares de Myanmar

12 de febrero de 2021

“Este descarado acto de desprecio por los principios democráticos y los derechos humanos por parte de los militares de Myanmar rompe la tenue transición a un gobierno civil iniciada en 2011, tras décadas de un gobierno militar autoritario. También se produce en un momento ya difícil para la población del país que se tambalea bajo los efectos adversos sin precedentes de la pandemia del COVID-19 en su salud, ingresos, acceso a los alimentos, empleos y bienestar en general”, afirmó la Asociación de Asia y el Pacífico Sur para la Educación Básica y de Adultos (ASPBAE), red regional de más de 200 organizaciones de la sociedad civil y personas que operan en unos 30 países del Asia Pacífico, en su pronunciamiento publicado esta semana tras el golpe de Estado de Myanmar, el 1 de febrero de 2021.

En su pronunciamiento, ASPBAE apoya a sus miembros y socios de la sociedad civil del país en su lucha por la democracia y los derechos humanos. “Como red regional de más de 200 organizaciones de la sociedad civil y personas que operan en unos 30 países del Asia Pacífico, las convicciones fundamentales de la ASPBAE se basan en la inviolabilidad de los derechos humanos y las libertades democráticas de las personas. Además, a través de su derecho a una educación transformadora y liberadora y a un aprendizaje permanente, la gente debería contar con los medios esenciales para combatir la pobreza, luchar contra todas las formas de discriminación y autoritarismo, construir una cultura de paz y permitirles participar activamente en el desarrollo y la gobernanza”.

Lee a continuación el pronunciamiento completo, traducido al español por Pressenza International Agency:

Declaración de ASPBAE de solidaridad con sus miembros y el pueblo de Myanmar

La Asociación de Asia y el Pacífico Sur para la Educación Básica y de Adultos (ASPBAE) se solidariza con sus miembros en Myanmar, la Thinking Classroom Foundation y Equality Myanmar, en su resistencia y condena del golpe de estado dado por los militares de Myanmar el 1 de febrero de 2021, que depuso a los líderes democráticamente elegidos del país y lo sometió a un estado de emergencia de un año de duración, en una flagrante falta de respeto a los procesos democráticos.

El golpe impidió la convocatoria del Parlamento recién elegido, que habría contado con una mayor presencia de la Liga Nacional para la Democracia (LND). La Liga Nacional para la Democracia obtuvo una victoria aplastante en las elecciones de noviembre de 2020, que, según los militares, se vieron empañadas por un fraude generalizado, a pesar de que la comisión electoral independiente del país certificó los resultados y los observadores internacionales consideraron que el proceso había sido libre y justo.

Este descarado acto de desprecio por los principios democráticos y los derechos humanos por parte de los militares de Myanmar rompe la tenue transición a un gobierno civil iniciada en 2011, tras décadas de un gobierno militar autoritario. También se produce en un momento ya difícil para la población del país que se tambalea bajo los efectos adversos sin precedentes de la pandemia del COVID-19 en su salud, ingresos, acceso a los alimentos, empleos y bienestar en general.

El presidente Win Myint, la consejera de Estado Aung San Suu Kyi y cientos de otros líderes políticos, activistas, estudiantes y periodistas han sido detenidos y privados de sus libertades civiles. Se cerraron medios de comunicación estratégicos. También se cortó el acceso a las sedes de sus organizaciones fuera del país a varios activistas, lo que sembró una sensación general de inseguridad, a pesar del papel fundamental que desempeñan en el apoyo al país.

Sin embargo, en los días siguientes al golpe militar, surgieron protestas y resistencias civiles, un signo de esperanza y afirmación de que el pueblo de Myanmar está desafiando al ilegítimo gobierno militar. Sindicatos de profesores y trabajadores, grupos de jóvenes y estudiantes organizaron manifestaciones pacíficas y muchos han participado en actos de desobediencia civil. Los funcionarios abandonaron su trabajo, la gente en sus casas golpeó ollas y sartenes en señal de protesta, y los ciudadanos organizaron la resistencia on-line al golpe, instando a todo el mundo, dentro y fuera del país, a resistir al régimen militar y defender la democracia y los derechos humanos a toda costa.

Desde la ASPBAE apoyamos a nuestros miembros y socios de la sociedad civil del país en su lucha por la democracia y los derechos humanos.

Como red regional de más de 200 organizaciones de la sociedad civil y personas que operan en unos 30 países del Asia Pacífico, las convicciones fundamentales de la ASPBAE se basan en la inviolabilidad de los derechos humanos y las libertades democráticas de las personas. Además, a través de su derecho a una educación transformadora y liberadora y a un aprendizaje permanente, la gente debería contar con los medios esenciales para combatir la pobreza, luchar contra todas las formas de discriminación y autoritarismo, construir una cultura de paz y permitirles participar activamente en el desarrollo y la gobernanza.

Por lo tanto, hacemos un llamamiento a nuestros miembros, socios y a la comunidad internacional para que utilicen sus voces e influencia para:

1. Solidarizarse con el pueblo de Myanmar y apoyar todas las formas de acciones solidarias que amplíen los llamamientos para restaurar la democracia, los derechos humanos y el bienestar de la población en el país.

2. Presionar a los militares de Myanmar para que pongan fin a su toma de poder ilegal y restauren inmediatamente la democracia y el gobierno civil en el país, respetando los resultados de las elecciones de noviembre de 2020.

3. Exigir la liberación inmediata de todos los líderes, activistas, estudiantes y periodistas detenidos, retirando todos los cargos formulados contra ellos y restaurando sus libertades civiles.

4. Resistir cualquier esfuerzo por parte de los militares para obstaculizar o impedir el flujo de los servicios de apoyo prestados por las organizaciones locales, nacionales e internacionales, especialmente a los sectores más marginados: las mujeres y las niñas, los niños, los grupos étnicos minoritarios, las personas con discapacidad, los de las comunidades pobres, las personas afectadas por las prolongadas guerras civiles en las distintas partes del país, y los que siguen sufriendo el impacto de la pandemia de COVID-19.

5. Apoyamos y nos mantenemos unidos a los profesores y estudiantes que siguen sumándose a los esfuerzos del pueblo y de las organizaciones de base para llevar a cabo diversas formas de resistencia a fin de desafiar la toma del poder por parte de los militares.

La ASPBAE se compromete a promover las libertades democráticas y los derechos humanos para todos.

Que el valor y la solidaridad sostengan al pueblo de Myanmar y a todos los que luchan por la restauración de la democracia.


Sesionó en el Foro Social Mundial 2021 la Asamblea “Hacia una agenda global: el derecho humano a la educación desde los movimientos”

1 de febrero de 2021

Con la participación de un centenar de delegadas/os de organizaciones que convergen en torno a la educación como derecho humano, se realizó este sábado (30) en el marco del Foro Social Mundial (FSM) 2021 la asamblea autogestionada «Hacia una agenda global: el derecho humano a la educación desde los movimientos».

La actividad fue organizada por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), la Agencia Pressenza, la Red Espacio sin Fronteras, la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, la Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM), la Organización Mundial para la Educación Preescolar (Omep) y Fe y Alegría.

En la apertura, abrió el diálogo Grant Kasowanjete, coordinador global de la Campaña Mundial por la Educación, quien puntualizó en la necesidad de asegurar un mayor financiamiento para la educación pública en los países del Sur global como uno de los principales desafíos para efectivizar el derecho humano a la educación.

De manera certera, señaló que “por cada dólar que llega en concepto de ayuda desde el Norte global, diez dólares son sustraídos a través de la deuda externa y otros mecanismos”, lo cual erosiona los erarios públicos y desfinancia el sistema, ya que el 90% de los presupuestos para la educación provienen de recursos propios.

Por su parte, Nelsy Lizarazo, desde la coordinación general de CLADE, enfatizó en la profundización a partir de la pandemia de la brechas de desigualdad preexistentes y un refinamiento de la estratificación y exclusión del trayecto educativo en sectores sociales con carencias de acompañamiento, conectividad o equipamiento adecuado, destacando las poblaciones rurales, migrantes, indígenas y personas con discapacidad, entre otras.

A su vez, indicó cómo ante la situación los gobiernos han entregado millonarias sumas de dinero y datos a las corporaciones, información que alimentará el negocio ya enorme de estas multinacionales de tecnología. Agregó además que la emergencia ha supuesto una mayor precarización de la condición docente con reducciones de presupuesto, disminución de salarios, una mayor carga laboral a lo que se suma la presión psicológica producida por el esfuerzo de los educadores para dar respuesta y superar las dificultades que supuso el reto tecnológico y pedagógico de educar a distancia.

A partir de estas caracterizaciones, se lanzó a modo de disparador la pregunta sobre los aprendizajes, fortalezas y desafíos identificados en este transcurso.

En una primera ronda de intervenciones se señalaron aspectos claves como la falta de infraestructura y la necesidad de desarrollo tecnológico comunitario con independencia de las grandes plataformas corporativas, el daño generado por la exclusión de millones de niños del proceso educativo o la disfuncionalidad de una planificación educativa homogénea ante la complejidad de realidades diversas.

Entre los aprendizajes se valoró la capacidad imaginativa de los educadores que lograron sobreponerse a condiciones adversas, la propensión al conocimiento de las niñas y niños más allá de la institucionalidad, la importancia del diálogo y el trabajo conjunto entre la escuela, padres y comunidad, el rol de la educación comunitaria junto a la incidencia favorable de los proyectos políticos progresistas frente al fracaso del sistema neoliberal.

La asamblea continuó su reflexión colectiva en relación a la agenda prioritaria de las regiones y lo común en dichas agendas.

En diálogo fluido y propositivo, los participantes indicaron que la lucha debe conducir ante todo, ante la violencia imperante en distintos territorios, a garantizar el derecho a la vida. Asimismo, a superar la inequidad en los niveles educativos entroncados en el sistema social, a ofrecer espacios educativos seguros, libres de agresión y abuso para niñas y niños al tiempo de fortalecer un nuevo relacionamiento social no depredador.

También se señaló la necesidad de impulsar una revolución política-pedagógica frente a las agendas neoliberales, potenciar el diálogo intergeneracional, en especial en relación a los adultos mayores y la importancia de implementar la Educación Sexual Integral como mecanismo para superar la violencia sexual que se ejerce contra niñas, adolescentes y las mujeres en general.

Por otra parte, se recalcó entre las prioridades globales la lucha para que el Derecho a la Educación no sea minimizado, la defensa y fortalecimiento del sistema público y contrarrestar la falacia de que los sistemas privados son mejores, la superación de la desigualdad y la discriminación educativa y la garantía de un adecuado financiamiento para la educación desde una perspectiva de derechos humanos.

A la hora del análisis de posibles ejes transversales para la acción común, se puso el acento en la indivisibilidad de los derechos humanos y en consecuencia, se propuso promover alianzas amplias entretejiendo luchas con las agendas de los demás derechos al tiempo de contribuir a fortalecer la organización y movilización social. Por otra parte, se remarcó la trascendencia de continuar con la generación de conocimiento conectándolo con mensajes y campañas que movilicen demandas.

Del mismo modo, se deslizó en el debate la sugerencia de un mayor intercambio sobre las modalidades utilizadas para visibilizar las buenas prácticas y lograr incidencia efectiva en relación a las reivindicaciones planteadas.

Entre las propuestas de acción conjunta se sugirió la creación de un observatorio, promover la educación liberadora en presencia del centenario de Paulo Freire, abrir los espacios para la expresión de las nuevas generaciones y la idea del Buen Vivir. Es preciso una sacudida de la acción política para repensar la educación en clave feminista y de equidad socioeconómica y articular las fuerzas para superar la enfermedad no solo física sino también de carácter mental que sufre la humanidad.

Finalmente la Asamblea aprobó un texto para ser propuesto e incluido en la declaración final del Foro Social Mundial 2021.

En el marco del presente FSM 2021, nos sumamos a la agenda de transformación en el ámbito global, articulada a los diversos campos de la lucha social y por derechos, reconociendo el rol catalizador que tiene la educación. La pandemia evidenció las desigualdades históricas dentro y fuera de los sistemas educativos, afectando a mujeres, niñas; personas con discapacidad; personas refugiadas y migrantes; comunidades indígenas; poblaciones rurales, entre otras. Evidenció asimismo la brecha digital y las respuestas de los gobiernos a ella, así como la necesidad de la construcción de una estrategia de soberanía digital.

A través de sistemas públicos de educación fortalecidos, es necesario resistir a las amenazas de las políticas de austeridad fiscal, endeudamiento de los países y al recorte del financiamiento de la educación, bien como a las múltiples tendencias de privatización. Desde la primera infancia, pasando por las juventudes y garantizando la educación de personas adultas, es imprescindible, en la post pandemia, replantear el sentido y finalidad de la educación, en un horizonte de búsqueda por los derechos de los pueblos y superación del patriarcado. Un modelo heterogéneo e intercultural, transformador e inclusivo; basado en el diálogo y seguro para las comunidades; valorando sus conocimientos y saberes locales, así como la colaboración solidaria y el compromiso con la protección de la vida.


Grabación del evento:


Manos de un niño escribiendo en un cuaderno con un lapís rojo
Lourdes Nique

Diálogo de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil en torno a los desafíos para la educación

18 de diciembre de 2020

Con la participación de integrantes de seis países de la región (Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú,  República Dominicana y Uruguay, el pasado jueves 8 de octubre tuvo lugar un nuevo  encuentro de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la  Educación en América Latina y el Caribe para dialogar en torno a la situación actual de la  región y acciones futuras*. 

La primera parte del evento se centró en un amplio intercambio sobre el escenario regional y  una mirada sobre las particularidades y desafíos presentes en algunos de los países de la  región (algunos de los cuales enfrentan crisis políticas y/o institucionales, cambios de  gobierno, procesos electorales en proceso o realizados recientemente), poniendo en destaque  los retos y desafíos que se presentan para la educación en el marco de la crisis sanitaria en  curso (COVID-19). 

Se señaló que, además de poner de relieve las vulnerabilidades preexistentes, la pandemia ha  desatado niveles de incertidumbre sin precedentes; impactos generalizados sobre el conjunto  de derechos humanos (civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales);  graves efectos económicos y sociales marcados por la profundización de la pobreza,  exclusión social y las desigualdades. 

Además, ha dejado al descubierto la fragilidad de las estructuras estatales para hacer frente a  la crisis sanitaria (sistemas de salud, protección social y educación); ha favorecido el  incremento de la violencia, del trabajo infantil y del trabajo doméstico de niños, niñas y  adolescentes. Este escenario está acompañado, en algunos casos, con la adopción de marcos  normativos y presupuestarios que suponen (de forma explícita o implícita) regresiones en  materia de derechos y políticas sociales, o políticas públicas que resultan insuficientes;  acuerdos con los organismos multilaterales bajo condiciones que afectarán los presupuestos  de salud y educación; emergencia de tendencias conservadoras que han ido sumando discriminaciones y desigualdades hacia los sectores históricamente excluidos o los derechos  de las poblaciones LGBTI; restricciones a la protesta y criminalización de reivindicaciones  de la ciudadanía, considerando además un escenario de movilización reducida, también como  consecuencia de la emergencia sanitaria.  

En lo que respecta al derecho a la educación, se intercambió sobre los profundos impactos  desencadenados por la suspensión de las actividades presenciales y el cierre de las  instituciones educativas (conllevando la clausura del año escolar, como en el caso de Bolivia,  o la incertidumbre en cuanto a la conclusión de los ciclos escolares en otros países),  implicancias en el logro de aprendizajes y rezago en todos los niveles educativos; impactos  en la vida de estudiantes incluso en el ámbito familiar (como incremento de la violencia, en  particular la violencia de género), discriminaciones a sectores más vulnerables, a niñas,  mujeres, pueblos indígenas y personas con discapacidad; profundas desigualdades entre el  ámbito urbano y rural; falta de cobertura de internet, brechas de acceso a las tecnologías y  plataformas virtuales (herramientas y redes digitales) afectando a niñas, niños y adolescentes  en zonas rurales y zonas urbanas más empobrecidas; el aumento de las brechas entre  estudiantes que asisten a establecimientos privados y quienes asisten a establecimientos  públicos, la exacerbación del trabajo de cuidado humano y reproductivo y de apoyo a la labor  educativa en las mujeres; aumento de estudiantes en los sistemas públicos por el cierre de los  establecimientos privados y la dificultad de los mismos para hacer frente este incremento. 

A su vez, la alerta por la implementación de políticas públicas y/o marcos normativos que  imponen modificaciones para el campo de la educación, suponen retrocesos en torno a la  participación social en el sistema educativo y/o propician avances hacia la privatización,  imponen una reducción o congelamiento de presupuesto educativo, reducción o supresión de  horas docentes, abren espacio a tendencias conservadoras (proyectos de educación sexual  desde perspectivas confesionales). 

La segunda parte del encuentro se centró en las líneas de acción y proyecciones de la Red  Mixta, en particular avanzar en un plan de trabajo bajo tres ejes prioritarios: reactivación del  proceso de animación de la Red; creación de Grupos de Trabajo Temáticos (Primera Infancia,  Financiamiento y privatización y Criminalización de las comunidades educativas) y  profundización de las articulaciones de la Red Mixta. Como acciones prioritarias para el  2020, el fortalecimiento de los aspectos comunicacionales de la Red y realizar una  recopilación de las modificaciones normativas que supongan implicancias para el campo del  derecho a la educación ya sea porque suponen retrocesos o porque se orientan a fortalecer y  garantizar más plenamente este derecho en el marco de la pandemia (medidas inspiradoras  y/o los desafíos más presentes y urgentes en la materia).  

Como propuesta a mediano plazo, queda planteada la posibilidad de realizar un análisis  regional que coloque el énfasis en las buenas prácticas que la sociedad civil y algunos estados  han promovido en el contexto COVID-19. A su vez, y como parte del eje de fortalecimiento  comunicacional, se propone revisar la cobertura mediática que se viene realizando a los temas  educativos en el contexto de la crisis sanitaria (tendencias, brechas, prácticas innovativas, ver  cómo los medios participan o no en la educación virtual o en la educación por medios;  movilización de la opinión pública, entre otras cuestiones).


* Esta síntesis ha sido elaborada tomando como base los contenidos de la relatoría de la reunión realizada por la consultora Ariadna Reyes Ávila